B.IA.LEGAL

SCP 0654/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 15 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
15 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
49061-2022-99-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, a la igualdad y al debido proceso; puesto que, fue privado de su libertad ante la ejecución de un Mandamiento de Apremio de 5 de julio de 2021, emitido en el proceso de asistencia familiar seguido por Flavia Villarpando “Villca” -demandante- contra su persona, quien presentó una planilla de liquidación indicando datos incorrectos sobre el monto de la asistencia familiar, y siendo notificado con el mismo el 16 de octubre de 2020, al cual presentó memorial de observación; sin embargo, el Juez ahora accionado de manera ilegal procedió a aprobar dicha planilla de liquidación el 1 de ese mismo mes y año, quince días antes a su notificación, motivo por el que no pudo tener conocimiento de esa planilla de liquidación, viciando de nulidad todo lo actuado; por lo que, contra el decreto de 1 de octubre de igual año, que aprobó esa planilla de liquidación, interpuso recurso de reposición, haciendo constar que la notificación con la liquidación fue el 16 del mismo mes y año y que estaba observada, la cual no fue aceptada y en el recurso de apelación fue rechazada bajo el argumento de que dicha impugnación no procede contra decretos de mero trámite, dejándolo en absoluto estado de indefensión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/22 de 8 de julio de 2022, cursante de fs. 184 a 188 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de conformidad con los razonamientos y fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.
  2. III.2. Cumplimiento de la asistencia familiar e imposibilidad legal de diferirse por recurso o procedimiento alguno
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0654/2024-S3 Sucre, 15 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49061-2022-99-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/22 de 8 de julio de 2022, cursante de fs. 184 a 188 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gilberto Alanoca Pairo contra Primo Felipe Flores Rodríguez, ex Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz; y, Juan José Gutiérrez Olivera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Puerto Suárez del referido departamento -en suplencia legal del mencionado Juzgado-.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 7 de julio de 2022, cursante de fs. 16 a 18, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso de asistencia familiar seguido por Flavia Villarpando “Vilca” -demandante- contra su persona radicado en el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, se fijó una asistencia familiar de Bs700.- (setecientos bolivianos); en ese sentido, la demandante presentó una planilla de liquidación de asistencia familiar indicando datos incorrectos como ser que la suma de dicha obligación era de Bs1 000.- (mil bolivianos) y que solamente hubiese cancelado Bs13 300.-(trece mil trecientos bolivianos); por lo que, conforme a procedimiento fue notificado el 16 de octubre de “2021” -siendo lo correcto 2020-, presentando dentro del tercer día observaciones a esa liquidación; sin embargo, el Juez hoy accionado de manera ilegal y vulnerando su derecho al debido proceso procedió a aprobar la planilla de liquidación el 1 de octubre de “2021” -siendo lo correcto 2020-, sin que hubiese sido notificado; es decir que, procedió a aprobar una planilla de liquidación quince días antes que se tenga conocimiento de la misma, vulnerando el procedimiento establecido en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, y convirtiendo el proceso nulo en todos sus actos. Señala que en conocimiento del decreto de 1 de octubre de “2021” -siendo lo correcto de 2020-, el cual aprobó la planilla de liquidación, interpuso recurso de reposición impugnando “con prueba en mano” que la notificación con la planilla de liquidación fue el 16 de octubre de ese año y que existía observación a la misma de acuerdo al art. 415.“II” -siendo lo correcto “I”- del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, el cual fue resuelto por Auto Interlocutorio 74/2020 de 23 de noviembre, el mismo que fue objeto de recurso de apelación rechazándose dicho recurso bajo el argumento que no procede ese recurso contra decretos de mero trámite; dejándolo en completo estado de indefensión; puesto que, con base en datos falsos, lo condenaron a pagar el monto de Bs66 700.- (sesenta y seis mil setecientos bolivianos) y estando en trámite el recurso de apelación, la aprobación de la planilla de liquidación, Juan José Gutiérrez Olivera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz -hoy coaccionado-, en suplencia legal, odenó se libre Mandamiento de Apremio de 5 de julio de 2021, disponiendo que sea conducido a la “cárcel pública” hasta que pague el monto de Bs66 000.- (sesenta y seis mil bolivianos) monto que no guarda relación con los importes depositados y demostrados en los memoriales ante el Juez ahora accionado quien “hasta la fecha” -se entiende de interposición de esta acción de defensa- no se pronunció sobre dichos memoriales y en los que se demuestra haber cancelado más de Bs32 660.- (treinta y dos mil seiscientos sesenta bolivianos) por concepto de asistencia familiar. Finalmente, producto del Mandamiento de Apremio de 5 de julio de 2021 el “5 de octubre de 2022”, fue detenido y conducido a la “carceleta pública” hasta que pague el monto de Bs66 000.- que no adeuda a la demandante y que fue aprobado de manera ilegal.

I.1.2. Derechos, ganrantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, a la igualdad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 115.I, 117, 119 y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad y que en el proceso se restituya a su cauce legal anulando obrados hasta el vicio más antiguo, cual es la ilegal aprobación de la planilla de liquidación efectuada por el Juez hoy accionado el 1 de octubre de 2021.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 180 a 183 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accioante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Juan José Gutiérrez Olivera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 8 de julio de 2022, cursante de fs. 167 a 170 vta.; manifestó que: a) Ante la acefalía generada a renuncia del Juez ahora accionado, fue comunicado mediante circular que debía asumir la suplencia legal en junio de 2021, misma que duró hasta diciembre de ese año; b) Existe un proceso de asistencia familiar en curso del cual emerge la obligación de cancelar una cantidad de dinero por concepto de asistencia familiar devengada; sin embargo, al no tener acceso al expediente desde diciembre del “pasado año”; debido a que, dejó de ejercer la suplencia, el obligado -accionante- tenía pleno conocimiento que adeudaba asistencia familiar en favor de su hijo menor de edad, desde el 16 de octubre de 2020; es decir, que hace más de ocho meses que sabía que existía una planilla de liquidación de asistencia familiar devengada; c) El accionante tuvo conocimiento por mucho tiempo que se ordenó librar mandamiento de apremio en su contra; empero, no intentó amortizar la deuda, que respecto al monto podía estar discutida; además, que el pago de asistencia familiar devengada es ineludible y no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno; d) El recurso de apelación interpuesto ratificó la aprobación de la planilla de liquidación, el cual no interrumpe ni difiere el cumplimiento de la asistencia familiar conforme lo establece el art. 443.II del CFPF; y, e) Al ejercer en suplencia legal perdió competencia no pudiendo enmendar la supuesta vulneración; sin embargo, el accionante no realizó ningún reclamo a la “actual” autoridad judicial que ejerce la competencia del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del mencionado departamento, quien podría reparar la presunta vulneración si es que existiese, siendo imposible ya por ello resolver o pronunciarse sobre ese proceso de asistencia familiar y por cuya deuda se dispuso librar mandamiento de apremio corporal; en razón a ello, carece de legitimación pasiva para ser accionado en la presente acción de defensa; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada. Primo Felipe Flores Rodríguez, ex Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz; mediante informe presentado el 8 de julio de 2022, cursante a fs. 171 y vta., indicó que en el expediente de asistencia familiar cursa el Auto Interlocutorio 74/2020, emitido por su autoridad en ese entonces en calidad de Juez del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del referido departamento, dicho Auto fue recurrido en recurso de apelación por el accionante, y fue ratificado por la instancia superior; en ese sentido, llama la atención que se interponga una acción de libertad contra su persona cuando no es sujeto pasivo, debiendo accionarse contra los Vocales que “ratificaron” -se entiende emitieron- el Auto de Vista de 6 de diciembre de 2021.

I.2.3. Resolución

La Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/22 de 8 de julio de 2022, cursante de fs. 184 a 188 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la inmediata libertad del accionante y reencausando el proceso a su elemento del “debido proceso”, la nulidad de obrados hasta “fs. 90” en el que cursa el decreto de 1 de octubre de 2020, que vulnera las reglas para la aprobación de liquidación establecidas en el art. 415 del CFPF; todo ello bajo los siguientes fundamentos: 1) En cuanto a la planilla de liquidación presentada “por el accionante” -siendo lo correcto demandada- de manera errónea se indicó que el monto de asistencia familiar era de Bs1 000.- y no Bs700.-, cabe señalar que si bien el análisis de las pruebas en un proceso judicial corresponde a los “jueces de instancia”; empero, siendo que el accionante manifestó como agravio que el Juez hoy accionado a tiempo de aprobar la planilla de liquidación, no valoró el importe de asistencia familiar, al respecto el Auto de 23 de septiembre de 2014, tiene fijada una asistencia familiar de Bs700.-; sin embargo, en la planilla de liquidación presentada por la beneficiaria -demandante-, estaría de manera errónea, indicando que la asistencia familiar mensual era de Bs1 000.- y con base en dicho importe procedió a realizar la liquidación, pese a que la referida Planilla fue observada por el accionante, hecho que constituye la vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y valoración de la prueba; 2) Con relación a que el Juez ahora accionado hubiese aprobado la planilla de liquidación quince días antes que fuera notificado al accionante; ya que, se tiene que el mismo fue notificado el 16 de octubre de 2020 con dicha planilla de liquidación y el decreto de 1 de igual mes y año, que corre en traslado al accionante, en la cual se aprueba la liquidación, contraviniendo el procedimiento establecido por el art. 415 del CFPF, que prevé que una vez presentada la liquidación de pago de asistencia devengada, que será puesta a conocimiento de la otra parte quien podrá observar en el plazo de tres días, vencido éste plazo de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de asistencia familiar, intimando el pago dentro del tercer día; precepto normativo que fue desconocido por el Juez hoy accionado; puesto que, aprobó la planilla de liquidación el 1 del mismo mes y año, quince días antes de que el accionante sea notificado con la citada liquidación, lo cual constituye vulneración al debido proceso en el incumplimiento de las normas procesales implicando un “indebido proceso”; 3) El recurso de apelación se encuentra normado por el art. 371 del CFPF, el cual es concordante con el art. 388 del citado Código, que señala las reglas del recurso de apelación en efecto devolutivo, correspondiendo a las autoridades judiciales observar las normas de pertinencia, motivación y fundamentación, resolver los recursos y de la lectura del Auto Interlocutorio 74/2020, este carece de motivación, fundamentación y congruencia, debido a que en ningún caso se refiere a los puntos que sostiene el recurso de reposición interpuesto y el Auto de Vista de 6 de diciembre de 2021 al no pronunciarse en el fondo vulneró los derechos del accionante a la igualdad jurídica, al acceso a la justicia y a recurrir; 4) Con relación a la reiterada presentación de memoriales a efecto de que se revierta la situación de inseguridad jurídica, “indebido proceso" y persecución indebida, el 28 de julio de 2021, se presentó un memorial que fue atendido el 4 de marzo de 2022, lo que demuestra que la “autoridad jurisdiccional” incurrió en retardación de justicia y vulneró los derechos del accionante a una “resolución pronta y oportuna” dentro de los plazos legales de toda petición; y, 5) El accionante sufrió las consecuencias de un “indebido proceso” porque sus peticiones no fueron atendidas con la debida celeridad, correcta valoración de las pruebas aportadas dentro del proceso de asistencia familiar que derivaron en un ilegal proceso y una indebida privación de libertad del accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 25 de agosto de 2020, ante el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, por el que Flavia Villarpando “Villca” -demandante- dentro de la causa 270/2016, en la que se encuentra como demandado Gilberto Alanoca Pairo -ahora accionante- adjunto la planilla de liquidación de asistencia familiar teniéndose como deuda total Bs66 700.- (fs. 1 y 2 vta.). II.2. Por decreto de 26 de agosto de 2020, Primo Felipe Flores Rodríguez, entonces Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, dispuso que en previsión del art. 415.I del CFPF, se ponga a conocimiento del obligado -accionante- la planilla de liquidación de asistencia familiar presentada por la demandante, quien debía observar la misma en el plazo de tres días a partir de su legal notificación, bajo la advertencia de aprobarla en caso de no ser objetada (fs. 3). Asimismo, el 16 de octubre de igual año, se notificó al accionante con el memorial de 25 de agosto de ese año, que adjuntó la planilla de liquidacion y el referido decreto (fs. 111).

II.2.1. Consta memorial presentado el 21 de octubre de 2020, ante el Juez ahora accionado, por el cual el accionante observó la planilla de liquidación de asistencia familiar, indicando que fue notificado con una liquidación presentada por la demandante que no correspondería a la verdad, y que realizó pagos de asistencia familiar a la cuenta bancaria 119-2-1-07399-4 del Banco PRODEM Sociedad Anónima (S.A. [fs. 4 y vta.]).

II.2.2. Cursa memorial de 30 de septiembre de 2020, dirigido al Juez hoy accionado, por el cual, la demandante solicitó la aprobación de la planilla de liquidación de asistencia familiar y que se intime a su cumplimiento; ya que, el accionante fue notificado con la referida planilla; memorial con el que fue notificado el accionante el 17 de noviembre de igual año, de acuerdo a nota marginal y formulario de notificación (fs. 5 y 118).

II.2.3. Por decreto de 1 de octubre de 2020, el Juez ahora accionado, aprobó la planilla de liquidación presentada por la demandante, indicando que no hubiese observación a la misma, intimando al pago de la asistencia familiar al obligado -accionante- dentro del tercer día bajo advertencia de proceder de acuerdo a los arts. 127.II y 415.III del CFPF, manifestando que el cumplimiento de la asistencia familiar es exigible por mensualidad vencida y su oportuno suministro no puede diferirse por recurso alguno (fs. 6).

II.2.4. Cursa memorial presentado el 21 de octubre de 2020, ante el Juez ahora accionado, en el que el accionante observó e indicó que fue notificado con una planilla de liquidación de asistencia familiar presentada por la demandante que no correspondería a la verdad, al señalar que hubiese cumplido regularmente con el pago de asistencia familiar, solicitó que se conmine a la demandante a presentar el extracto de la cuenta bancaria 119-2-1-07399-4 del Banco PRODEM S.A. (fs. 116 y vta.). Mereciendo decreto de 22 de ese mismo mes y año, determinando el Juez hoy accionado “Estese a procedimiento y lo resuelto en los decretos de fs. 87 y fs. 90…” (sic [fs. 116 vta.]); determinación judicial que fue notificada a la demandante el 16 de noviembre de igual año (fs. 117).

II.2.5. Consta Memorial de 20 de noviembre de 2020, dirigido al Juez hoy accionado, por el cual el accionante, interpuso recurso de reposición bajo el argumento que por decreto de 1 de octubre de ese año, se hubiese declarado aprobada la planilla liquidación de asistencia familiar presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA); empero, se hubiese incurrido en error; ya que, fue notificado con la referida panilla de liquidación el “17 de octubre” de igual año; puesto que, el 20 del citado mes y año, observó dicha planilla, no siendo lógico que se proceda a su aprobación, ameritando por ello reposición del decreto de 1 de octubre de igual año, y que se modifique el referido decreto, disponiendo que el Banco PRODEM S.A. remita el extracto de la cuenta bancaria 119-2-1-07399-4 (fs. 7 y vta.). II.3. Por Auto Interlocutorio 74/2020 de 23 de noviembre, el Juez ahora accionado, resolvió el recurso de reposición interpuesto por el accionante, indicando que no corresponde la reposición solicitada, manteniendo incólume el decreto de 1 de octubre de 2020, bajo el criterio de la primacía del interés superior del niño, niña y adolescente el cual se antepone ante cualquier derecho de los padres; y, la asistencia familiar debe ser pagada cada mes a su vencimiento, no pudiendo por ello tomarse en cuenta una observación con depósitos realizados recién en octubre “del año en curso” cuando la liquidación es del 13 de diciembre de 2013 hasta el 13 de agosto de 2020; es decir, que el obligado -accionante-efectuó un depósito en octubre para observar la planilla de liquidación, siendo que ese depósito nunca será considerado en dicha liquidación, debido a que cuando lo hicieron no existía el mismo (fs. 8). II.4. Cursa memorial presentado el 25 de noviembre de 2020, ante el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, por el cual la demandante, solicitó se expida mandamiento de apremio contra el accionante (fs. 9); mereciendo el decreto de 8 de diciembre de igual año, en el cual se determinó que previo a librar el mandamiento de apremio, se notifique a las partes con el Auto Interlocutorio 74/2020 (fs. 10). II.5. Consta memorial presentado el 18 de enero de 2021, ante el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, a través del cual el accionante interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 74/2020, solicitando se anulen obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la notificación con la planilla de liquidación practicada a su persona (fs. 12 a 13 vta.). II.6. Por Auto de Vista de 6 de diciembre de 2021, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmaron el Auto Interlocutorio 74/2020, bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante presentó previamente recurso de reposición contra el decreto de 1 de octubre de igual año, donde el Juez hoy accionado mediante Auto Interlocutorio 74/2020 mantuvo incólume el mismo; por lo que, el accionante interpuso recurso de apelación contra el referido Auto Interlocutorio; y, ii) El recurso de apelación sobre el Auto Interlocutorio 74/2020 es inapropiado; puesto que, el recurso idóneo era el de reposición bajo alternativa de apelación conforme establece el art. 368 del CFPF; por lo que, la falta de técnica recursiva del recurrente torna en ineficaz el recurso interpuesto (fs. 156 a 157 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, a la igualdad y al debido proceso; puesto que, fue privado de su libertad ante la ejecución de un Mandamiento de Apremio de 5 de julio de 2021, emitido en el proceso de asistencia familiar seguido por Flavia Villarpando “Villca” -demandante- contra su persona, quien presentó una planilla de liquidación indicando datos incorrectos sobre el monto de la asistencia familiar, y siendo notificado con el mismo el 16 de octubre de 2020, al cual presentó memorial de observación; sin embargo, el Juez ahora accionado de manera ilegal procedió a aprobar dicha planilla de liquidación el 1 de ese mismo mes y año, quince días antes a su notificación, motivo por el que no pudo tener conocimiento de esa planilla de liquidación, viciando de nulidad todo lo actuado; por lo que, contra el decreto de 1 de octubre de igual año, que aprobó esa planilla de liquidación, interpuso recurso de reposición, haciendo constar que la notificación con la liquidación fue el 16 del mismo mes y año y que estaba observada, la cual no fue aceptada y en el recurso de apelación fue rechazada bajo el argumento de que dicha impugnación no procede contra decretos de mero trámite, dejándolo en absoluto estado de indefensión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.

Jurisprudencia reiterada

La SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, citando a su vez los entendimientos tomados por la jurisprudencia constitucional, sobre este presupuesto procesal, señaló que:«Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa. En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”’» (las negrillas son nuestras).

III.2. Cumplimiento de la asistencia familiar e imposibilidad legal de diferirse por recurso o procedimiento alguno

La SCP 0331/2018-S1 de 16 de julio, en atención a la normativa procesal que establece la finalidad de la asistencia familiar en vinculación al interés superior del niño, niña y adolescente, estableció que: «Con la finalidad de abordar este elemento esencial de materialización de la asistencia familiar, adquiere particular importancia el precisar el marco contextual, contenido y extensivo de la asistencia familiar, en este sentido corresponder remitirnos al art. 109 del CF -Ley 603-, que determina: “ARTÍCULO 109. (CONTENIDO Y EXTENSIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR). I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes”. Bajo este marco normativo, el mismo Código, a tiempo de normar el instituto de la asistencia familiar, en cuanto a su cumplimiento -coercitivo-y ejecución, estableció: “ARTÍCULO 127. (APREMIO CORPORAL E HIPOTECA LEGAL).

I. La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial.

II. Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial

ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado. III. El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre las partes, no pudiendo ser mayor a tres (3) meses. La o el deudor será otra vez apremiado si no satisface su obligación en el nuevo plazo. IV. Si transcurridos tres (3) meses persistiera el incumplimiento de la oferta de pago, la autoridad judicial dispondrá la hipoteca legal sobre los bienes de la o del deudor, que se mandará inscribir de oficio”. “ARTÍCULO 415. (EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR).

I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días.

II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día.

III. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad. IV. El apremio no excederá el tiempo de seis (6) meses en su ejecución, que se ejecutará por un periodo de seis (6) meses, cumplido los cuales se podrá solicitar la libertad. V. Si la asistencia fijada fuere porcentual, los aumentos de sueldos, salarios y rentas determinarán el reajuste automático de las pensiones de asistencia familiar, de manera que subsista en forma constante el porcentaje fijado. VI. La petición de cese, aumento o disminución de la asistencia familiar, se sustanciará conforme al procedimiento de resolución inmediata, sin que se interrumpa la percepción de la asistencia ya fijada. En caso de cese o disminución, regirá desde la fecha de la correspondiente resolución, y en caso de aumento, la nueva suma fijada correrá desde la citación con la petición.

VII. El cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial”.

Ahora bien, realizando una precisión normativa constitucional como de instrumentos supra nacionales, la SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en cuanto a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, establece: ‘Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’. ‘Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’. La normativa legal precedente, emerge de un proceso paulatino de modificación a la legislación nacional, para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia reconocidos en instrumentos internacionales; cuyo hito trascendental, surge a partir de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ‘Convención sobre los Derechos del Niño’ Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25 el 20 de Noviembre de 1989, (ratificada por el Estado boliviano el 14 de mayo de 1990 mediante Ley 1152); a través de la cual, se estableció un cambio de paradigma en la concepción de la niñez y adolescencia, al reconocer a los menores como sujetos de derechos y partícipes de su propio desarrollo, bajo la premisa del respecto por el ‘interés superior del niño’, constituyéndose en la esencia reguladora de la normativa a desarrollarse en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, traduciéndose en la responsabilidad de protegerlos a través de una efectiva tutela legal y judicial. La Convención sobre los Derechos del Niño estipuló -entre otros aspectos-: ‘Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’.

(...)

Los lineamientos de estos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando:

La Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’, adherida por Decreto Supremo (DS) 16575 de 13 de junio de 1979 (elevado al rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993), establece:

‘ARTÍCULO 19

Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado’”.

Bajo este paraguas jurídico-normativo interno como del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y respeto del principio del interés superior del niño, que se constituye en principio rector y básico que fue gradualmente incorporado, y que es considerado esencialmente como principio interpretativo de las medidas que puedan afectar directa o indirectamente a los niños, niñas o adolescentes; postulado del cual se denota su prevalencia a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, cuando el mandato constitucional es imperativo al establecer el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que abarca la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE- y la normativa que regula el instituto de la asistencia familiar cuando, taxativamente establece su contenido y garantiza la provisión de este derecho de los niños, niñas y adolescentes, determinando la observancia coercitiva de dicho derecho y obligación, con la posibilidad de que opere el apremio corporal en caso de incumplimiento y precisamente por su trascendencia vital, al comprender los recursos que garanticen lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta del beneficiario -art. 109.I del CF-. A partir de la connotación e importancia social del oportuno suministro de la asistencia familiar, la normativa especial familiar concordante con el plexo jurídico constitucional y convencional, expresamente estableció que el cumplimiento de dicha obligación “...no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, -arts. 127.I y 415.VII del CF-, razonamiento normativo por el que se afianza el principio del interés superior del niño, a través de esta medida concerniente y atingente a la preminencia y garantía de sus derechos, esencialmente al oportuno suministro de la asistencia familiar, ante la imposibilidad de proveer para sí mismo los medios necesarios para su subsistencia y desarrollo integral.

Así también, al ser la asistencia familiar un instituto que precisamente por esa trascendencia social constituye un derecho y obligación de las familias, la misma puede involucrar beneficiarios que no serán necesariamente menores de edad, es así que, las previsiones normativas reguladas en la normativa especial precedentemente citadas, no establecen una diferenciación sobre la cualidad de los beneficiarios a tiempo de la ejecución y cumplimiento de la asistencia familiar, interpretándose a partir de ello, que la imposibilidad de diferir el cumplimiento de la asistencia familiar abarca y alcanza al universo de beneficiarios» (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, a la igualdad y al debido proceso; puesto que, fue privado de su libertad ante la ejecución de un Mandamiento de Apremio de 5 de julio de 2021, emitido en el proceso de asistencia familiar seguido por Flavia Villarpando “Villca” -demandante- contra su persona, quien presentó una planilla de liquidación indicando datos incorrectos sobre el monto de la asistencia familiar, y siendo notificado con el mismo el 16 de octubre de 2020, al cual presentó memorial de observación; sin embargo, el Juez ahora accionado de manera ilegal procedió a aprobar dicha planilla de liquidación el 1 de ese mismo mes y año, quince días antes a su notificación, motivo por el que no pudo tener conocimiento de esa planilla de liquidación, viciando de nulidad todo lo actuado; por lo que, contra el decreto de 1 de octubre de igual año, que aprobó esa planilla de liquidación, interpuso recurso de reposición, haciendo constar que la notificación con la liquidación fue el 16 del mismo mes y año y que estaba observada, la cual no fue aceptada y en el recurso de apelación fue rechazada bajo el argumento de que dicha impugnación no procede contra decretos de mero trámite, dejándolo en absoluto estado de indefensión.

A partir de la problemática identificada, de los antecedentes cursantes en obrados se tiene que en el proceso de asistencia familiar seguido por Flavia Villarpando “Villca” -demandante- contra el accionante, quien como parte beneficiaria el 25 de agosto de 2020 presentó memorial de planilla de liquidación de asistencia familiar, ante el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, señalando como deuda total Bs66 700.-(Conclusión II.1.); ante esa solicitud el Juez hoy accionado dispuso que conforme al art. 415.I del CFPF, dicha planilla de liquidación sea puesta a conocimiento del accionante a efecto de que sea observada en el plazo de tres días desde su legal notificación, advirtiendo que en caso de no ser objetada sería aprobada; en ese sentido, el Juez ahora accionado por decreto de 26 de agosto de igual año, dispuso que se ponga a conocimiento del obligado -accionante- dicha planilla, cumpliéndose con la notificación al mismo, con ese acto procesal el 16 de octubre de igual año, (Conclusión II.2.); asi también, se evidencia en el cuaderno procesal que por decreto de 1 de octubre de ese año, el Juez hoy accionado, aprobó la planilla de liquidación presentada por la demandante, manifestando “…que no hay observación a la planilla presentada…” (sic), intimando al pago de la asistencia familiar al obligado -accionante- a ser efectivo al tercer día bajo advertencia de proceder conforme a lo dispuesto por los arts. 127.II y 415.III del CFPF (Conclusión II.2.3.).

Posteriormente, se evidencia que el accionante, por memorial presentado el 21 de octubre de 2020, observó la planilla de liquidación de asistencia familiar, mereciendo la misma, el decreto de 22 de similar mes y año, indicando el Juez hoy accionado “estese a procedimiento y lo resuelto en los decretos de fs. 87 y fs. 90…” (sic [Conclusión II.2.4.]).

En ese contexto, el accionante por memorial presentado el 20 de noviembre de 2020, dirigido al Juez ahora accionado interpuso recurso de reposición contra el decreto de 1 de octubre de ese año, pidiendo que el mismo sea modificado y se disponga que el Banco PRODEM S.A. remita el extracto de la cuenta bancaria 119-2-1-07399-4 (Conclusión II.2.5); por lo que, por Auto Interlocutorio 74/2020, el Juez hoy accionado, resolvió el recurso de reposición interpuesto por el accionante, señalando que no corresponde la reposición solicitada, manteniéndo incólume el decreto de 1 de octubre de 2020, bajo el interés superior del niño, niña y adolescente que se antepone ante cualquier derecho de los padres; y, la asistencia familiar debe ser pagada cada mes a su vencimiento, no pudiendo tomarse en cuenta una observación con depósitos realizados recién en octubre “del año en curso” cuando la liquidación es del 13 de diciembre de 2013 al 13 de agosto de 2020; es decir, que el accionante efectuó un depósito en octubre para observar la planilla de liquidación, siendo que ese depósito nunca será considerado en dicha liquidación (Conclusión II.3.).

No efectuándose el pago correspondiente, mediante memorial de 30 de junio de 2021, la beneficiaria -demandante- solicitó la emisión de Mandamiento de Apremio contra el accionante; respecto de lo cual, por decreto de 2 de julio de ese mismo año, Juan José Gutiérrez Olivera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz -ahora coaccionado-, en suplencia legal, ordenó a través de Secretaría del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del mencionado departamento que se expida Mandamiento de Apremio contra el accionante por concepto de asistencia familiar, comisionando su ejecución a cualquier agente y/o efectivo policial, sin facultad de allanamiento, de conformidad con lo dispuesto por el art. 127.II del CFPF, constando dicho Mandamiento contra el obligado -accionante- por el monto de Bs66 000.-como asistencia familiar, emitido el 5 de julio de 2021; decisión notificada a la actora el 20 del mismo mes y año.

Finalmente se evidencia que, por memorial presentado el 18 de enero de 2021, ante el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, el accionante interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 74/2020, solicitando se anulen obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, la notificación con la planilla de liquidación practicada a su persona (Conclusión II.5.); impugnación que mereció el Auto de Vista de 6 de diciembre de 2021, emitido por los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, los cuales confirmaron citado Auto Interlocutorio.

Ahora bien, de los motivos que suscitan la presente acción de defensa se tiene que el accionante cuestiona el hecho de haberse aprobado la planilla de liquidación de asistencia familiar, acto procesal que hubiese sido de conocimiento del mismo el 16 de octubre de 2020; sin embargo, por decreto de 1 del mismo mes y año, se habría aprobado dicha planilla de liquidación presentada por la demandante, considerando por ello la vulneración de sus derechos a la libertad en sus esferas personal y de locomoción, debido a la emisión y ejecución del Mandamiento de Apremio de 5 de julio de 2021, librado contra el accionante por la falta de pago de la asistencia familiar en beneficio de los hijos de la demandante, lo cual se debería y fuera producto de la falta de las diligencias de notificación con la aprobación de la planilla de asistencia familiar; es decir, que lo que se cuestiona es la falta de notificaciones realizadas al accionante como obligado de cubrir la asistencia familiar, pretendiéndose que se disponga su inmediata libertad y que se restituya el proceso a su cauce legal, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, el cual sería la ilegal aprobación de la planilla de liquidación realizada el 1 de octubre de 2020; cuestionamiento que se encuentra dirigido a refutar una falta de notificación y que debió ser de conocimiento de la autoridad judicial que en su momento se encontraba a cargo del despliegue procesal con la finalidad de conseguir en esa instancia la protección de sus derechos; por lo que, antes de buscar la protección constitucional, correspondía que los supuestos actos ilegales sean puestos en conocimiento de la autoridad judicial a través de los mecanismos y medios idóneos y eficaces y de acuerdo a las vías intraprocesales existentes en el procedimiento especial como la interposición del incidente de nulidad procesal previsto en los arts. 248 y ss. del CFPF, permitiendo que en la instancia ordinaria se verifique la viabilidad de los reclamos, y sólo en caso de persistir los supuestos actos ilegales una vez agotadas las instancias impugnativas, recién acudir a la jurisdicción constitucional en busca de la protección tutelar.

Criterio que se encuentra conforme con los razonamientos expresados en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, en el que se expuso la aplicación excepcional del principio de subsidiariedad en la acción de libertad, ante la existencia de mecanismos intraprocesales idóneos y específicos de defensa a efecto de restituir los supuestos actos ilegales denunciados en esta acción de defensa; por lo que, acorde a lo expuesto precedentemente, el accionante no agotó los mecanismos intraprocesales previstos en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, correspondiendo por ello la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad debiendo; en consecuencia, denegarse la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de lo cuestionado con relación a lo referido a la falta de notificación.

Por otro lado cabe mencionar que, si bien por decreto de 1 de octubre de 2020, fue aprobada la planilla de liquidación presentada por la demandante, en la cual se mencionó que no se hubiese observado la referida planilla, intimando por ello el Juez ahora accionado al pago de la asistencia familiar al obligado -accionante- dentro del tercer día; dicha decisión fue impugnada a través del recurso de reposición, el cual procede contra decretos o autos interlocutorios, con la finalidad de que la autoridad judicial que los emitió, advertida de su error, pueda modificarlos o en su caso dejarlos sin efecto; norma que de igual manera establece que procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios; situación que de manera alguna implica el agotamiento de las vías intraprocesales pertinentes; puesto que, lo cuestionado dentro de la presente acción de defensa, es que se procedió a aprobar la planilla de liquidación, quince días antes de que tenga conocimiento del mismo, cuestionando en sí el contenido de dicha planilla y no la falta de notificación, que como se dijo, procedía el incidente de nulidad procesal ante la existencia de ese supuesto acto ilegal de la ausencia de notificación; asimismo, corresponde indicar que de acuerdo al art. 415.VII del CFPF, el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial; puesto que, el mandato constitucional resulta imperativo al garantizar la prioridad del interés superior del niño, niña y adolescente, y dentro del ámbito del instituto de la asistencia familiar se encuentra garantizada la obligación de provisión a los niños, niñas y adolescentes, protección que expresamente constriñe al obligado a cumplir con ese mandato constitucional de manera coercitiva a través del apremio corporal; es por ello que las decisiones asumidas por los Jueces hoy accionados, primero relacionada a que no correspondería la reposición al decreto de 1 de octubre de igual año, aludiendo al interés superior del niño, niña y adolescente y que ese derecho se antepone ante cualquier derecho de los padres, también refirió que no podía tomarse en cuenta una observación con un depósito realizado recién en octubre del “año en curso” -se entiende de 2020- siendo que la liquidación es desde el 13 de diciembre de 2013 hasta el 13 de agosto de 2020 “…ósea que maliciosamente el obligado realiza un depósito en el mes de octubre para observar la planilla siendo que ese deposito nunca va ser considerado en dicha liquidación por que cuando lo hicieron no existía el mismo…” (sic); y segundo relacionado al Mandamiento de Apremio de 5 de julio de 2021, el cual fue emitido de conformidad con lo dispuesto por el art. 415.III del CFPF; y ante la falta de cumplimiento del pago de la asistencia familiar, y las connotaciones de protección a los beneficiarios de dicho pago; por lo que, los Jueces ahora accionados no vulneraron los derechos aludidos por el accionante en la presente acción de defensa, debiendo por ello igualmente denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/22 de 8 de julio de 2022, cursante de fs. 184 a 188 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de conformidad con los razonamientos y fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0654_2024-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): db92007332a751fa9b355b5ad85541de83c6eaea406ee767a0271a9a55156e66

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