Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
Los accionantes a través de su representante denunciaron la vulneración de sus derechos, señalando que: a) Fueron víctimas de violencia familiar, psicológica y económica, por parte de Jazmín Escalante Oliveira quien además ejerció ciberacoso en su contra a través de medios telemáticos; b) Plantearon denuncia por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar y Económica ante el Alcalde del Municipio de Guanay del departamento de La Paz, sin embargo, hasta la formulación de esta acción tutelar el personal del SLIM de Guanay del referido departamento no realizó ninguna acción. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en su modalidad innovativa con relación a Jhonn Rider Escalante Oliveira y Salmen Bandeira Oliveira, por la evidente dilación en que incurrió la autoridad demandada en la tramitación de la denuncia de violencia familiar, psicológica y económica, conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; 2º DENEGAR la tutela en cuanto a la codemandada Jazmín Escalante Oliveira; y, 3º EXHORTAR a la autoridad edil demanda, que ante las denuncias de violencia en razón de género, en lo posterior no vuelva a incurrir en dilaciones que van en contra de los derechos de las víctimas de violencia.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0653 /2025-S3 Sucre, 30 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53287-2023-107-AL Departamento La Paz En revisión la Resolución 001/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Skarlet Nayely Escalante Conde por sí y en representación sin mandato de Jhonn Rider Escalante Oliveira y Salmen Bandeira Oliveira contra Víctor Ticona Yujra, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Guanay del departamento de La Paz; y, Jazmín Escalante Oliveira.
Por memorial presentado el 18 de enero de 2023, cursantes de fs. 6 a 7 vta., los accionantes, expresaron que:
Al fallecimiento de María Fátima Oliveira Vaca, (madre de los accionantes), el 1 de agosto de 2022, en la localidad de San Borja – Beni, la codemandada Jazmín Escalante Oliveira, evito que participen en los actos fúnebres y antes de su deceso en sus últimos días con vida prohibió que se comuniquen con su madre. Estos últimos días incluso hizo llamadas telefónicas vía celular a Jhon Rider Escalante Oliveira expresando que: “no te va a tocar nada de la herencia” (sic.), ejerciendo de esa forma violencia psicológica y económica amenazándolo de forma constante. Pero las amenazas y acoso no concluyen ahí, pues, la coaccionante Salmen Bandeira Oliveira incluso recibe acoso de la codemandada a través de la cuenta de facebook de su hija -Dulce María Cabrera Escalante-, constituyéndose en un ciberacoso a su persona.
Al ser evidentes estos actos de violencia, el 17 de enero de 2023, denunciaron ante el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Guanay del departamento de La Paz a la codemandada Jazmín Escalante Oliveira, por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar, psicológica y económica, solicitando además la remisión del caso ante el Ministerio Público, sin embargo, hasta la formulación de esta acción no se realizaron los trámites correspondientes para la atención ni llenaron la ficha para su remisión ante la fiscalía, a pesar de la celeridad que exige la atención de los delitos vinculados a violencia familiar o doméstica.
Los accionantes no señalaron ningún derecho como vulnerado tampoco mencionaron ninguna norma constitucional como vulnerada.
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene al Alcalde del GAM de Guanay del departamento de La Paz remita al SLIM la solicitud para que se atienda de inmediato lo solicitado en el memorial en el marco de la debida diligencia y la “SCP 0074/2020-S4” y emita la ficha de coordinación ante el SLIM de Guanay del departamento de La Paz y el “SLIM de San Borja” a fin de que se efectúen las valoraciones psicológicas y sociales de los accionantes e iniciar la acción penal correspondiente; y, b) En cuanto a la codemandada debe otorgarse la tutela transitoria a fin de que cesen los actos de violencia psicológica y el ciberacoso por medios telemáticos.
Celebrada la audiencia pública, se realizó el 19 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 42 a 44 vta., produciéndose los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestaron que: 1) El accionante Jhonn Rider Escalante Oliveira también sufrió violencia a través de los medios telemáticos como son el WhatsApp y el Facebook, donde le dicen “maricon” “homosexual” (sic), mellando su dignidad, con el único fin de generar violencia psicológica, para concluir con la violencia económica; y, 2) Salmen Bandeira Vaca -lo correcto es Salmen Bandeira Oliveira- también sufre de violencia psicológica llegando inclusive a los golpes. Después de la intervención del demandado, el abogado del impetrante de tutela añadió que: i) Jhonn Rider Escalante Oliveira, se encontraba en el municipio de Guanay del departamento de La Paz desde el 17 de enero de 2023, y acompañado de su hija, la coaccionante Escarlet Nayeli Escalante Conde, fue a presentar la demandada ante el SLIM, pero en esa oficina, le indicaron que debía ingresar por Secretaría General del Alcalde Municipal, pues debía ser primero de su conocimiento y después debía retornar a preguntar; y, ii) El 18 de enero de 2023, fue a preguntar pero no tuvo respuesta por lo que presentaron esta acción tutelar y horas después aproximadamente a horas 20:55, la abogada responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) se comunicó pidiendo que Jhonn Rider Escalante Oliveira se presente en la oficina a las horas 10:00 de la mañana y Salmen Bandeira Oliveira las horas 11:00 de la mañana, por lo que, se le aclaró que esta última vivía en San Borja del departamento del Beni y por eso solicitaron que se efectué la valoración en ese municipio; y, iii) Debido a que ya se tiene horario para la valoración que es para horas 10:00 del 19 de enero de 2022, vale decir, en minutos más, ya se estaría cumpliendo lo solicitado.
Victor Hugo Ticona Yujra, Alcalde del GAM de Guanay del departamento de La Paz a través de su abogada Pamela López Quispe, en audiencia de esta acción tutelar, cursante a fs. 43 y vta., solicitó se deniegue la tutela señalando que: a) Estaba sorprendido con la formulación de esta acción tutelar, dado que por fotocopia legalizada de la Hoja de Ruta 52 de 17 de enero de 2023, recepcionada a horas 15:30, se tomó conocimiento de la denuncia de violencia intrafamiliar, psicológica y económica ejercida contra Jhonn Rider Escalate Oliveira que fue derivada a la Dirección de Asuntos Jurídicos que el 18 de ese mismo mes y año, en horas de la mañana derivó a la Unidad del SLIM, que también funge como Defensoría de la Niñez y Adolescencia ordenando que se aperture el caso conforme señala la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, por lo cual, no se advierte dilación alguna; b) De la lectura del memorial de denuncia se advirtió que no contenía lugar de ubicación ni algún número telefónico de referencia para atender la solicitud con relación a Jhonn Rider Escalante Oliveira; si bien manifiestó ser Presidente de la comunidad Nueva Generación, tal comunidad no existe ya que, solo existe una Cooperativa llamada Nueva Generación que está lejana al municipio de Guanay del departamento de La Paz; c) Tampoco es posible movilizarse desde el municipio de Guanay del referido departamento a Nueva generación en dos o tres horas, considerando que no se hizo ni siquiera la coordinación con el SLIM solamente se presentó este memorial de acción de libertad de forma directa; d) De igual forma se tiene el informe de Gabriela Nava Bautista que en suma refiere de que se habría cumplido con todas las formalidades de atención; e) Tampoco existía ningún dato del abogado de los denunciantes, viéndose obligados a acudir hasta el Registro Público de Abogados para encontrar su dirección y de ahí recién poder encontrar la dirección de los denunciantes; y, f) Se ha remitido la nota con CITE SLIM-DNA TS 001-2023, dirigido al SLIM de San Borja para poder coordinar y se realice la valoración psicológica a Salmen Bandeira Oliveira quien radica en la localidad de San Borja del departamento del Beni, por lo cual, se evidencia que no existió vulneración alguna de derechos. Jazmín Escalante Oliveira, no presentó informe ni se apersonó a la audiencia de acción de libertad, pese a su legal notificación, cursante s fs. 9.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 001/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 45 a 48, denegó la tutela con relación al Alcalde del GAM de Guanay del departamento de La Paz, por haber evidenciado que se realizaron todos los actos administrativos extrañados de acuerdo a la Ley 348 y que en ese momento están realizando los informes solicitados por la parte accionante; y, dado que el hecho generador vulnerador de derechos, ya se ha cumplido, ya no puede proseguirse con esta acción de libertad con relación a esta autoridad; y, concedió la tutela con relación a Jazmín Escalante Oliveira, ordenándole cesar los actos de violencia telemática, psicológica y económica ejercidos contra Skarlet Nayeli Escalante Conde, Jhonn Rider Escalante Oliveira y Salmen Bandeira Oliveira bajo alternativa de Ley, de igual forma una vez recibido los informes psicológicos y sociales la parte accionante tiene el derecho de poder presentar la acción que corresponda en contra de la misma si así lo considera conveniente y pedir a la autoridad encargada de las investigaciones, las medidas de protección que corresponda, fundamentando su decisión: 1) Con relación a Víctor Ticona Yujra, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Guanay del referido departamento; al abogado de los accionantes, manifestó que el 19 de enero de 2023; vale decir, el mismo día de celebración de la acción de libertad, a horas 10:00 se realizarían los informes psicológicos y los informes sociales respectivos, y que en San Borja la responsable del SLIM del departamento del Beni, ya habría tomado los informes; y, 2) Respecto a la codemandada Jazmín Escalante Oliveira, siendo que ésta no presentó informe ni se apersonó a la audiencia de acción de libertad, se esgrime que los fundamentos del abogado de la defensa son ciertos y veraces.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 17 de enero de 2023, por el cual, Jhonn Rider Escalante Oliveira denuncio a Jazmín Escalante Oliveira, ante el SLIM de Guanay del departamento de La Paz, por la presunta comisión de los delitos de Violencia Familiar y Económica y pidió la remisión al Ministerio Público (fs. 1 a 5). II.2. Se tiene el recetario del Servicio Único de Salud de Salmen Bandeira Oliveira con diagnóstico de trastorno de ansiedad, fobia, confusión de 18 de enero de 2023 (fs. 12), de igual se forma, se tiene el recetario del Medico Gineco Obstetra de 16 de febrero de 2022 (fs. 13). II.2. Cursa Hoja de Ruta 52 de 17 de enero de 2023, por el cual el Secretario Municipal del GAM de Guanay de la provincia de Larecaja del departamento de La Paz, remitió a la Dirección de Asunto Legales la denuncia de delito de Violencia Familiar y Económica; recibida en esta última instancia el 18 de enero de 2023 a horas 11:52; misma que, fue remitida en el día ante el DNA–SLIM para la apertura del caso, recibido a horas 14:50. (fs. 28). II.3. Se tiene el Informe Cite: G.A.M.G./DNA-SLIM/GANB-01/20223, de la Abogada Responsable del DNA-SLIM del GAM de Guanay del departamento de La Paz, donde entre otros puntos informó que se coordinó la entrevista psicológica con la víctima Jhonn Rider Escalante Oliveira para el 19 de enero de 2023 a horas 10:00, (fs. 29 y 30). II.4. Mediante la Ficha de Coordinación la trabajadora social de la DNA-SLIM de Guanay del departamento de La Paz solicitó cooperación interinstitucional a la Responsable de la DNA-SLIM de “San Borja-Beni”, solicitando que se coordine la valoración psicológica y social a Salmen Bandeira Oliveira radicada en dicha localidad a la brevedad posible (fs. 29 y 34).
Los accionantes a través de su representante denunciaron la vulneración de sus derechos, señalando que: a) Fueron víctimas de violencia familiar, psicológica y económica, por parte de Jazmín Escalante Oliveira quien además ejerció ciberacoso en su contra a través de medios telemáticos; b) Plantearon denuncia por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar y Económica ante el Alcalde del Municipio de Guanay del departamento de La Paz, sin embargo, hasta la formulación de esta acción tutelar el personal del SLIM de Guanay del referido departamento no realizó ninguna acción. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0156/2019-S2 de 24 de abril, al respecto señaló que: “El derecho de acceso de la justicia que garantiza la protección efectiva del sistema judicial a las personas y sus derechos, fue precisada en la SC 0600/2003-R de 6 de mayo] en el Fundamento Jurídico III.2, cuando indicó: …la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica.
Por su parte, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1, estableció que dicho derecho implica: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. En situaciones de violencia, el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad que tiene toda mujer, independientemente de su edad, que sufrió un hecho de violencia contra su vida, integridad física, psicológica, sexual, economía o patrimonio, a acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no solo para denunciar el hecho de violencia, sino también recibir una respuesta efectiva que repare y restablezca sus derechos lesionados. De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva una obligación para el Estado en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra ella; sino de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas, a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción por parte de un servidor público resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, en delitos de violencia contra la mujer, el Estado a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar conforme al estándar de la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; en ese sentido, el Estado boliviano instituyó normas de desarrollo internas contenidas en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- que es una norma específica en materia de violencia en razón de género, aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, independientemente de su edad; normas que deben ser aplicadas, de manera especial en los procesos judiciales y administrativos por violencia en razón de género, y que en su Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia y establece, en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas, 3) el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia. Por otra parte, en el Título V, ‘Legislación penal’, en el Capítulo III, la Ley 348 establece los principios procesales en el art. 86 que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: ‘2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento’. De lo anotado se concluye que el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, independientemente de su edad, sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o adultas mayores, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, tomando en cuenta además que en los supuestos en lo que se hallen involucradas niñas y adolescentes, el análisis merecerá un enfoque interseccional o de discriminación múltiple, dada la complejidad y la diversidad de factores que la sitúan en una situación de vulnerabilidad; referidas a su condición de menor de edad y mujer en situación de violencia” (las negrillas son ilustrativas).
La SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, sobre la acción de libertad innovadora desarrolló que: “…la SC 1489/2003-R de 20 de octubre demostró que promovido el recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían ordinariamente punible en la instancia penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constata la existencia de una privación ilegal de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; Pensamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010 . (…) …la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre… sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovadora- , aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectoras de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el procesamiento indebido vinculado con el derecho a la libertad física o personal. (…) Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica principalmente, en que todo acto que implica desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evite que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco… la SCP 2491/2012… establece:…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen de la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; impidiendo de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico establece expresamente la existencia de esta figura, en el arte. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: 'Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señaladas, a efectos de establecer las responsabilidades que corresponden'” (las negrillas nos corresponden).
Los accionantes a través de su representante denunciaron la vulneración de sus derechos, señalando que: a) Fueron víctimas de violencia familiar, psicológica y económica, por parte de Jazmín Escalante Oliveira quien además ejerció ciberacoso en su contra a través de medios telemáticos; b) Plantearon denuncia por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar y Económica ante el Alcalde del Municipio de Guanay del departamento de La Paz, sin embargo, hasta la formulación de esta acción tutelar el personal del SLIM de Guanay del referido departamento no realizó ninguna acción. Identificado el acto lesivo corresponde remitirse a los antecedentes del caso donde los accionantes denunciaron que antes del fallecimiento de su madre, la codemandada no les permitía hablarle, ya en el velorio, les impidió el ingreso a la casa funeral, actos que no cesaron, siendo que al momento de interponer esta acción al accionante Jhonn Rider Escalante Oliveira, le llamaba para amenazarlo indicándole que no le tocaría la herencia, o palabras como “maricón”, “homosexual” (sic.), vertidas a través de WhatsApp o Facebook de igual forma la coaccionante, Salmen Bandeira Vaca -lo correcto es Oliveira- también señaló que sufre ciberacoso a través de la página de Facebook. Al constituirse estas actitudes en hechos insoportables que no les permiten vivir bien, decidieron formular denuncia ante la Dirección de SLIM, sin embargo, conforme señalaron en audiencia, éstos le indicaron que debían remitirse ante el Alcalde del GAM de Guanay del señalado departamento. En ese marco lo hicieron, empero hasta la formulación de esta acción tutelar de 18 de enero a horas 15:00, no se realizó ningún acto en procura de investigar y sancionar estos hechos de violencia (Conclusión II.1). De los antecedentes descritos, se puede advertir que los accionantes denunciaron ser víctimas de Violencia Intrafamiliar y si bien uno de los denunciantes ahora accionante es varón, no es menos cierto que conforme a la SCP 346/2018-S2 de 18 de julio, las disposiciones de la Ley 348 se amplían a toda persona en situación de vulnerabilidad, independientemente de su género. En ese contexto corresponde remitirse a la jurisprudencia constitucional anotada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que indica que las autoridades jurisdiccionales y administrativas como parte del acceso a la justicia deben otorgar respuestas efectivas que reparen y restablezcan los derechos lesionados de las víctimas de violencia desde investigar hasta sancionar los actos de violencia, debiendo actuar en todo momento conforme al estándar de la debida diligencia y celeridad en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, por lo que, deben actuar de forma “pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas” cuando se trate de hechos que involucran grupos vulnerables. Bajo este marco jurisprudencial, se analizarán los dos actos lesivos denunciados por los accionantes, por una la denuncia contra el Alcalde del GAM de Guanay del departamento de La Paz y por otro lado la denuncia contra la particular demandada. Con relación a la denuncia contra el Alcalde del GAM de Guanay Al respecto, cabe señalar que, si bien en el informe del Alcalde del GAM de Guanay del departamento de La Paz, la Asesora Legal señaló que se demoraron porque no existía dirección para encontrar a los denunciantes, y, que ya se tendría programada la fecha de elaboración de informes sociales y psicológicos, (Conclusiones II.2 y II.3) no es menos cierto, que hubo dilación en la atención, pues el accionante el 17 de enero de 2022, acudió al el SLIM a presentar su denuncia que lejos de ser aceptada de inmediato, fue observada enviándolo a dejar su memorial a Secretaría General del Alcalde Municipal de Guanay del departamento de La Paz, para que después retorne a preguntar. Al día siguiente fue a preguntar, pero no tuvo respuesta; por lo que, presentaron esta acción tutelar el 18 de enero de 2022, a horas 16:15, luego, aproximadamente a horas 20:55, la abogada responsable de la DNA recién, se comunicó con Jhonn Rider Escalante Oliveira para pedirle que se presente en la oficina a las horas 10:00 de la mañana y Salmen Bandeira Oliveira a las horas 11:00 de la mañana, aclarándose que como se indicó en el memorial de denuncia ésta vivía en “San Borja-Beni” y por eso solicitaron que se efectué la valoración en ese municipio, lo que permite concluir que al momento de formular la acción tutelar, aun no existía la programación de esas entrevistas. De igual forma el accionante señala que acudió al SLIM y le dijeron que primeramente acuda ante el Alcalde, donde al momento de percatarse que la denuncia se refería a un hecho de violencia intrafamiliar, debieron actuar con la debida diligencia y celeridad, pues debe tomarse en cuenta que conforme al art. 50.II de la Ley 348, los GAM’s tienen la obligación de organizar los Servicios Legales Integrales; y en su caso, verificar que los SLIM´s, actúen y atiendan también con la debida diligencia estas denuncias. Siendo que los SLIM’s están impelidos de actuar con la debida diligencia en la tramitación de las denuncias de violencia intrafamiliar. Todo lo señalado permite evidenciar que existió una dilación de más de veinticuatro horas en la atención de la denuncia de violencia familiar, psicológica y económica, que no se adecua al procedimiento que debe existir en estos casos, pues ante un hecho de violencia la atención debe ser inmediata precisamente para generar la contención de las víctimas tal como señala la Ley 348, por esa razón; si bien, es evidente que el acto lesivo denunciado a través de esta acción, ya fue enmendado, no es menos evidente que no hubo una atención oportuna, por lo que, en este caso haciendo uso de la acción de libertad innovativa anotada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada, con el objeto de evitar que en el futuro se repitan las acciones ilegales denunciadas por los servidores públicos demandados. Con relación a la denuncia contra Jazmín Escalante Oliveira Respecto a la denuncia contra Jazmín Escalante Oliveira, cabe señalar que ésta no presentó informe ni participó en la audiencia de acción de libertad; pese a su legal notificación; sin embargo, las denuncias de violencia familiar, psicológica y económica denunciada por los impetrantes de tutela, serán dilucidadas una vez, promovida la denuncia por el SLIM, conforme a la Ley 348. Lo mismo ocurre con la denuncia por ciberacoso por medios telemáticos que deberán ser investigados en el marco del debido proceso.
En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado en parte la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en su modalidad innovativa con relación a Jhonn Rider Escalante Oliveira y Salmen Bandeira Oliveira, por la evidente dilación en que incurrió la autoridad demandada en la tramitación de la denuncia de violencia familiar, psicológica y económica, conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; 2º DENEGAR la tutela en cuanto a la codemandada Jazmín Escalante Oliveira; y, 3º EXHORTAR a la autoridad edil demanda, que ante las denuncias de violencia en razón de género, en lo posterior no vuelva a incurrir en dilaciones que van en contra de los derechos de las víctimas de violencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0653_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 93986b0294576e494d8fe81e41a1d744e9b42fcad9a81b01038a6ba9c875cfed
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