Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 15 de abril de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, de los derechos a la defensa, a la libertad y a la dignidad; toda vez que, por Auto Interlocutorio de 9 de agosto de 2023, la autoridad jurisdiccional, aceptó la solicitud de cesación de la detención preventiva, otorgándole medidas sustitutivas; decisión que fue apelada por la representante fiscal, dando como resultado el Auto de Vista 459/2023, donde la Vocal demandada revocó y dejó sin efecto la determinación en primera instancia y ordenó emitir una nueva resolución, sin pronunciarse sobre el fondo ni resolver su situación jurídica. Ante ello, la autoridad demandada negó el contexto de lesividad denunciado, sosteniendo que: i) El accionante omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos lesionados, tampoco explica que la fundamentación sea incorrecta o irracional; asimismo, no demuestra cómo y de qué manera el Auto de Vista impugnado se apartó de los marcos legales de la sana crítica y equidad; y, ii) El Auto Interlocutorio de 9 de agosto de 2023, carece de fundamentación y motivación, aspectos que fueron reclamados por el Ministerio Público; por ello, aplicando el test de proporcionalidad conforme sostienen los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 012/2023 de 8 de septiembre, cursante de fs. 69 a 77, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos y términos dispositivos del Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0652/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58384-2023-117-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 012/2023 de 8 de septiembre, cursante de fs. 69 a 77, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dorian Daniel Marca Soliz contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2023, cursante a fs. 1 y 34 a 43, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Cristina Calla Machaca en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la autoridad jurisdiccional por Auto Interlocutorio de “24” de marzo de 2023, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba. Con el fin de desvirtuar el riesgo procesal de fuga -art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP)- solicitó cesación a su detención preventiva, para ello, acompañó Certificado de No Violencia (CENVI) y Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP); así como, certificado de permanencia y disciplina del referido Centro Penitenciario, es así que, la autoridad jurisdiccional a través del Auto Interlocutorio de 9 de agosto de 2023, dispuso su libertad, decisión que fue apelada por el Ministerio Público, radicando en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Instalada la audiencia de apelación incidental, el Fiscal de Materia en su intervención no expuso agravios ni expresó argumentos claros sobre la vulneración a derechos y garantías; además, sostuvo alocuciones incoherentes como si se tratara de una audiencia de medida cautelar; sin embargo, Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia Cochabamba -ahora demandada- mediante Auto de Vista -459/2023- de 31 de agosto, declaró procedente el recurso de apelación y revocó el Auto Interlocutorio de 9 de agosto de ese año, ordenando se emita nueva resolución, impidiendo de esa manera pronunciamiento de fondo que resuelva su situación jurídica; por tales motivos, alega falta de fundamentación, motivación y congruencia.
Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, derechos a la defensa, a la libertad y a la dignidad, citando al efecto los arts. 115.II, 116.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DADH) y, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, la Vocal demandada emita nueva resolución que confirme o rechace el recurso de apelación deducido por el Ministerio Público y sea con base a la SCP 0295/2012 de 8 de junio.
Celebrada la audiencia pública el 8 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 68 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, en audiencia de garantías, ratificó in extenso su memorial de acción amparo constitucional.
Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante de fs. 65 a 67, sostuvo que: a) El accionante omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos lesionados, no explicó que la fundamentación sea incorrecta o irracional, tampoco demostró cómo y de qué manera el Auto de Vista 459/2023, se apartó de los marcos legales de la sana crítica y equidad; b) Las acciones de defensa no se constituyen en un recurso casacional ni otra instancia de revisión a lo resuelto por la jurisdicción ordinaria, entendimientos asumidos por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 de febrero y 0032/2015-S2 de 16 de enero; y, c) El Auto Interlocutorio de 9 de agosto de 2023, carecía de fundamentación y motivación, aspectos que fueron reclamados por el Ministerio Público, por ello, aplicando el test de proporcionalidad conforme sostienen los arts. 256 y 410 de la CPE, además, considerado que la víctima es menor de edad, recovó dicha Resolución y ordenó la emisión de nuevo fallo; por cuanto, el referido Auto de Vista impugnado, contiene fundamentos lógicos jurídicos.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución 012/2023 de 8 de septiembre, cursante de fs. 69 a 77, concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 459, ordenando a la Vocal demandada emita nueva resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Por Auto Interlocutorio de 9 del citado mes y año, la autoridad jurisdiccional aceptó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante; empero, dicha resolución fue revocada por Auto de Vista de 31 de igual mes y año; en consecuencia, declaró procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público y ordenó la emisión de nuevo fallo en el plazo de cuarenta y ocho horas; 2) Del análisis del Auto de Vista cuestionado, se tiene que la Vocal demandada no ingresó al fondo de los reclamos, ni resolvió la situación jurídica, si bien se revocó el mencionado Auto Interlocutorio; empero, ello conlleva en realidad un “eufemismo” que esconde la decisión de anular obrados, cuando de manera inequívoca no le está permitido, argumento asumido la SCP 0122/2015-S2 de 23 de febrero, el Tribunal de alzada no le está permitido anular obrados cuando verifique que el Juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar; y, 3) El art. 398 del CPP, establece la competencia y los presupuestos a efectos que el Tribunal de alzada se pronuncie sobre los agravios interpuestos en grado de apelación, importando el deber de confirmar o revocar previo el análisis de fondo de una resolución, pero no anular ni mucho menos de oficio, contraviniendo de esa manera lo dispuesto por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), provocándose de esa manera una lesión al debido proceso con relación a la libertad del impetrante de tutela, situación que debe ser corregida.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa acta de audiencia y Auto Interlocutorio de 9 de agosto de 2023, emitida por la autoridad jurisdiccional, en la cual dispuso aceptar la solitud de cesación de la detención preventiva a favor Dorian Daniel Marca Soliz -hoy accionante-, otorgándole medidas sustitutivas a la detención preventiva; seguidamente, la representación fiscal amparada en el art. 251 del CPP interpuso recurso de apelación incidental contra dicha Resolución (fs. 56 a 59 vta.).
II.2. Por Auto de Vista 459/2023 de 31 de agosto, Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, declaró “PROCEDENTE la apelación formulada por la representante del Ministerio Público; en consecuencia, REVOCA Y DEJA SIN EFECTO el AUTO DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023…” (sic), disponiendo que la autoridad jurisdiccional emita nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas una vez devuelto el cuaderno de apelación (fs. 60 a 64).
El accionante denuncia la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, de los derechos a la defensa, a la libertad y a la dignidad; toda vez que, por Auto Interlocutorio de 9 de agosto de 2023, la autoridad jurisdiccional, aceptó la solicitud de cesación de la detención preventiva, otorgándole medidas sustitutivas; decisión que fue apelada por la representante fiscal, dando como resultado el Auto de Vista 459/2023, donde la Vocal demandada revocó y dejó sin efecto la determinación en primera instancia y ordenó emitir una nueva resolución, sin pronunciarse sobre el fondo ni resolver su situación jurídica. Ante ello, la autoridad demandada negó el contexto de lesividad denunciado, sosteniendo que: i) El accionante omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos lesionados, tampoco explica que la fundamentación sea incorrecta o irracional; asimismo, no demuestra cómo y de qué manera el Auto de Vista impugnado se apartó de los marcos legales de la sana crítica y equidad; y, ii) El Auto Interlocutorio de 9 de agosto de 2023, carece de fundamentación y motivación, aspectos que fueron reclamados por el Ministerio Público; por ello, aplicando el test de proporcionalidad conforme sostienen los arts. 256 y 410 de la CPE; además, considerando que la víctima es menor de edad, revocó esa Resolución y ordenó la emisión de nuevo fallo; por cuanto, el Auto de Vista impugnado, contiene fundamentos lógicos jurídicos. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0209/2025-S2 de 7 de abril, citando a su vez, la SC 1554/2004-R de 27 de septiembre, dispuso que: “…las autoridades recurridas no consideraron que el objeto del recurso de apelación contra la Resolución de cautelares, es precisamente la aplicación de tales medidas, entonces, no podía dejar de pronunciarse sobre el objeto de la alzada, por cuanto ello importa denegación de justicia, que ligada a la libertad, importa a su vez la privación indebida de ese derecho, debiendo tomarse en cuenta que las vocales debieron resolver la apelación aprobando o revocando la Resolución -si es que existían elementos probatorios que determinaban que no le era aplicable al representado del recurrente la detención preventiva- pero en ningún momento podía anular obrados por defectos absolutos pues las autoridades demandadas tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución revisada , ya que ése es justamente el objeto del recurso…”. Dicho análisis fue complementado con el razonamiento desarrollado en la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre que expresamente señala “…al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa” (las negrillas nos pertenecen).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se observa que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la autoridad jurisdiccional por Auto Interlocutorio de 9 de agosto de 2023, determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del solicitante de tutela (Conclusión II.1). Dicha Resolución fue recurrida en grado de apelación y como resultado fue la emisión del Auto de Vista 459/2023 de 31 de agosto, donde la Vocal demandada declaró “PROCEDENTE la apelación formulada por la representante del Ministerio Público, en consecuencia, REVOCA Y DEJA SIN EFECTO el AUTO DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023…” (sic), disponiendo que la autoridad jurisdiccional emita nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas una vez devuelto el cuaderno de apelación (Conclusión II.2). Ahora bien, conforme a la delimitación del objeto procesal de la presente acción tutelar, se infiere que el reclamó está dirigido a cuestionar que el Auto de Vista 459/2023 impugnado, dejó sin efecto el Auto Interlocutorio de 9 de agosto de 2023, sin pronunciarse sobre el fondo ni resolver la situación jurídica del impetrante de tutela. Consiguientemente, este Tribunal advierte que, el Auto de Vista 459/2023 cuestionado transgrede la garantía del debido proceso vinculado directamente con el ejercicio del derecho la libertad del accionante; toda vez que, si bien correspondía a la Vocal demandada emitir una resolución aprobando o revocando el Auto Interlocutorio de 9 de agosto de 2023, de ninguna manera podía dejar sin efecto una resolución con el objeto de que la autoridad jurisdiccional dicte un nuevo pronunciamiento; puesto que, en la tramitación de impugnaciones de resoluciones referentes a la ampliación, modificación o rechazo de medidas cautelares, se tratan temas vinculados al derecho a la libertad, por lo mismo, no es posible dejar en incertidumbre la situación jurídica de los imputados; por lo que, corresponde al Tribunal de alzada resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sostienen sus decisiones vinculadas a la detención preventiva o a cualquier medida cautelar personal asumida. En tal sentido, de conformidad al razonamiento establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, los Tribunales de alzada tienen suficiente competencia para revisar y modificar las resoluciones impugnadas en grado de apelación; puesto que, justamente el objeto de un recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP, posee dicho objeto; es decir, resolver cuestiones referentes a la ampliación o rechazo de la detención preventiva. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 012/2023 de 8 de septiembre, cursante de fs. 69 a 77, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos y términos dispositivos del Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0652_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): ebe908910c3de091df6d082e714de7d08ae0f7d129ff3fc5df0e964d5f29a279
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