Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de junio de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de motivación; toda vez que, solicitó la cesación de su detención preventiva porque transcurrió más de cuarenta y dos meses sin que exista sentencia condenatoria ejecutoriada; sin embargo, el Juez a quo mediante Auto Interlocutorio 163/2022 de 28 de diciembre, rechazó su petición; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental y el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 15/2023 de 19 de enero, declarando improcedente el mismo, sin realizar una adecuada compulsa sobre lo alegado, ni una correcta aplicación de la línea jurisprudencial en este tipo de casos, no existiendo los suficientes y razonables fundamentos jurídicos, “…consumando la violación del derecho al debido proceso con afectación directa al derecho a la libertad…” (sic), con una motivación arbitraria. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 21 de enero, cursante de fs. 231 a 235, emitida por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0652/2025-S1 Sucre, 13 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52855-2023-106-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 01/2023 de 21 de enero, cursante de fs. 231 a 235, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Omar Ventura Sanga en representación sin mandato de Evo Clemente Paco contra Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Mediante memorial presentado el 19 de enero de 2023, cursante de fs. 1 y fs. 77 a 81, el accionante, a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, con Código Único de Denuncia (CUD) 110101052000037, por la presunta comisión del delito de asesinato, fue condenado de forma ilegal a doce años de privación de libertad, por el tipo penal de homicidio. En noviembre de 2022, solicitó cesación de la detención preventiva en razón de estar detenido injusta e ilegalmente por más de cuarenta y dos meses, sin que exista sentencia condenatoria ejecutoriada; así el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital -de turno en la vacación judicial-, emitió el Auto Interlocutorio 163/2022 de 28 de diciembre, disponiendo el rechazo de su petición, “…señalando únicamente que al existir dos sentencias constitucionales, la 827/2013 de 11 de junio de 2013 y la 156/2016-S2 de 29 de febrero, sería aplicable la segunda al caso de autos, sin tomar en lo más mínimo en cuenta, que mi petición estaba basada en la aplicación de la jurisprudencia del estándar más alto y la sentencia en vigor…” (sic), siendo que la “827/2013” es la que de mejor manera protege y resguarda los derechos fundamentales. Habiendo interpuesto el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 163/2022, el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista “s/n/2023” de 19 de enero, declarando la improcedencia de los motivos del referido recurso, sin realizar una adecuada compulsa sobre lo alegado en el mismo, ni una correcta aplicación de la línea jurisprudencial en este tipo de casos, no existiendo los suficientes y razonables fundamentos jurídicos, “…consumando la violación del derecho al debido proceso con afectación directa al derecho a la libertad…” (sic), con una motivación arbitraria.
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de motivación, citando al efecto los arts. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 9.1 y 3 con relación al 14.2 inc. c) del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista “s/n/2023” y se ordene que se dicte un nuevo Auto de Vista resolviendo el recurso de apelación incidental, conforme a los fundamentos expuestos por sus autoridades; así como, con una aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, y correcta aplicación e interpretación de la línea jurisprudencial del estándar más alto y la sentencia constitucional en vigor, bajo una adecuada compulsa de antecedentes, “…APLICANDO LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS INTERNACIONALES” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual de consideración de la presente acción tutelar el 21 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 229 a 231, produciéndose los siguientes actuados:
El demandante de tutela, a través de su representante sin mandato, se ratificó en el tenor íntegro de la acción de libertad.
Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe presentado el 21 de enero de 2023, cursante de fs. 227 a 228, refirió que: a) Se dictó una Sentencia condenatoria contra el ahora peticionante de tutela, por la comisión del delito de homicidio, imponiéndole una pena de doce años de privación de libertad, presentándose apelación restringida contra dicho fallo y posteriormente se interpuso recurso de casación, emitiéndose el “Auto Supremo” que dejó sin efecto el “Auto de Vista”, ordenándose que se dicte nuevo Auto de Vista; b) Consta que el solicitante de tutela está detenido preventivamente desde junio de 2019 y la Sentencia condenatoria es de noviembre de 2020; c) En el caso, se tiene correcta y debida fundamentación, no siendo evidente que exista una errónea interpretación y aplicación del art. 239.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP), normativa que exige como requisito de la cesación de la detención preventiva que ésta hubiera durado veinticuatro meses sin que se dictara sentencia, siendo correctamente aplicada por el Juez a quo , en base a los principios de legalidad y taxatividad, “…dicha norma no exige que la sentencia este ejecutoriada…” (sic); y, d) No puede aplicarse la SCP 0827/2013 de 11 de junio, debido a que los entendimientos asumidos en ésta fueron modulados por la SCP 0156/2016-S2 de 29 de febrero, la cual sin margen de error expresa que, como efecto de la sola emisión de la sentencia, el imputado ya no puede acogerse a la cesación, “…sin que pueda hablarse de una sentencia ejecutoriada como lo interpretó la SCP 0827/2013. De lo expuesto se tiene que, sin lugar a duda se ha cambiado la línea jurisprudencial, respecto a la sentencia constitucional que pretende, que se aplique el ahora apelante, no pudiendo aplicarse esa sentencia constitucional, que ya no tiene vigencia…” (sic).
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, mediante la Resolución 01/2023 de 21 de enero, cursante de fs. 231 a 235, denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) El Tribunal Constitucional, en las sentencias constitucionales que mencionó la parte accionante, analizó el art. 239.4 del CPP y en el 2013 realizó una interpretación de dicha norma bajo los lineamientos de la doctrina del estándar de protección más alto de los derechos fundamentales; 2) Considera que en la “sentencia 827/2013” se analizó dicha disposición legal en base a la referida doctrina, sin que existiera necesidad, porque el espíritu de la norma no cambió en ningún momento, siempre se refirió a la sentencia emitida y no a la ejecutoriada y aunque los fundamentos del Juez a quo son distintos en relación a los contenidos en el Auto de Vista o impugnado mediante esta acción, “…de manera clara y precisa no existía la necesidad de efectuar dicho análisis para ver de qué manera se iban a proteger los derechos del encausado hoy sometido a detención preventiva en condiciones que le sean más favorables no había necesidad de ellos la norma siempre se ha referido a una sentencia simplemente emitida y no ejecutoriada bajo ese entendimiento y tomando en cuenta que ya pesaban sobre el accionante una sentencia emitida que lo condena a una pena de 12 años por la presunta comisión del delito de homicidio antes de la solicitud de cesación a la detención preventiva…” (sic); 3) No era posible disponer de oficio la cesación a la detención preventiva arguyendo la necesidad de aplicar la sentencia pronunciada en la gestión 2013; y, 4) En consecuencia, tanto la Resolución que resolvió la cesación a la detención preventiva emitida por el Juez a quo, de turno en la última vacación judicial y el Auto de Vista ahora impugnado, no lesionaron ningún derecho fundamental del encausado -ahora demandante de tutela- y al contrario respondieron al entendimiento correcto que refleja también la “sentencia constitucional 156/2016”.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el memorial de 9 de diciembre de 2022, dirigido al “SEÑOR JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 2° (DE TURNO DURANTE LA VACACIÓN JUDICIAL) DE LA CAPITAL - SUCRE - CHUQUISACA -DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” (sic), por el cual Evo Clemente Paco el -ahora accionante- solicitó la cesación a la detención preventiva conforme a lo previsto por el art. 239.4 del CPP (fs. 2 a 4 vta.). II.2. Consta el Auto Interlocutorio 163/2022 de 28 de diciembre -emitido por el Juez de Sentencia en lo Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca-por el cual dispuso el rechazo de la solicitud de cesación a la detención preventiva, impetrada en favor del ahora peticionante de tutela, por la comisión del delito de homicidio (fs. 5 a 7 vta.). II.3. Cursa el memorial presentado el 6 de enero de 2023, dirigido al “SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 5° (DE TURNO DURANTE LA VACION JUDICIAL) DE LA CAPITAL - SUCRE -CHUQUISACA - DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” (sic), por el cual, el ahora impetrante de tutela “PRESENTA RECURSO DE APELACION” y solicitó revocar el Auto Interlocutorio 163/2022 de 28 de diciembre y conceder la cesación a su detención preventiva (fs. 8 a 9). II.4. Consta el Auto de Vista 15/2023 de 19 de enero, emitido por el Vocal demandado, por el cual declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora solicitante de tutela, con los fundamentos expuestos en las partes considerativas, disponiendo mantenerse su detención preventiva (fs. 222 a 224 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de motivación; toda vez que, solicitó la cesación de su detención preventiva porque transcurrió más de cuarenta y dos meses sin que exista sentencia condenatoria ejecutoriada; sin embargo, el Juez a quo mediante Auto Interlocutorio 163/2022 de 28 de diciembre, rechazó su petición; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental y el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 15/2023 de 19 de enero, declarando improcedente el mismo, sin realizar una adecuada compulsa sobre lo alegado, ni una correcta aplicación de la línea jurisprudencial en este tipo de casos, no existiendo los suficientes y razonables fundamentos jurídicos, “…consumando la violación del derecho al debido proceso con afectación directa al derecho a la libertad…” (sic), con una motivación arbitraria. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, ii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de motivación; toda vez que, solicitó la cesación de su detención preventiva porque transcurrió más de cuarenta y dos meses sin que exista sentencia condenatoria ejecutoriada; sin embargo, el Juez a quo mediante el Auto Interlocutorio 163/2022 de 28 de diciembre, rechazó su petición; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental y el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 15/2023 de 19 de enero, declarando improcedente el mismo, sin realizar una adecuada compulsa sobre lo alegado, ni una correcta aplicación de la línea jurisprudencial en este tipo de casos, no existiendo los suficientes y razonables fundamentos jurídicos, “…consumando la violación del derecho al debido proceso con afectación directa al derecho a la libertad…” (sic), con una motivación arbitraria.
De antecedentes se tiene el memorial de 9 de diciembre de 2022, dirigido al “SEÑOR JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 2° (DE TURNO DURANTE LA VACACIÓN JUDICIAL) DE LA CAPITAL -SUCRE - CHUQUISACA - DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” (sic), por el cual el ahora demandante de tutela solicitó la cesación a la detención preventiva conforme a lo previsto por el art. 239.4 del CPP (Conclusión II.1) y el Auto Interlocutorio 163/2022 de 28 de diciembre -emitido por el Juez de Sentencia en lo Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca-, por el cual dispuso el rechazo de la solicitud de cesación a la detención preventiva, impetrada en favor del ahora impetrante de tutela, por la comisión del delito de homicidio (Conclusión II.2).
Asimismo, el peticionante de tutela mediante el memorial de 6 de enero de 2023, dirigido al “SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 5° (DE TURNO DURANTE LA VACION JUDICIAL) DE LA CAPITAL - SUCRE - CHUQUISACA - DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” (sic), “PRESENTA RECURSO DE APELACION” y solicitó revocar el Auto Interlocutorio 163/2022 de 28 de diciembre y conceder la cesación a su detención preventiva (Conclusión II.3).
De igual manera, el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 15/2023 de 19 de enero, por el cual declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora solicitante de tutela, con los fundamentos expuestos en las partes considerativas, disponiendo mantenerse su detención preventiva (Conclusión II.4), conforme al siguiente razonamiento:
Refiriendo que, el art. 239.4 del CPP, establece la cesación de la detención preventiva si en el plazo de veinticuatro meses no se dicta una sentencia; de antecedentes se tiene que, ya se dictó una Sentencia condenatoria contra el ahora accionante por la comisión del delito de homicidio, imponiéndole una pena de doce años de privación de libertad, fallo contra el cual se interpuso recurso de apelación restringida y posteriormente, recurso de casación, emitiéndose el “Auto Supremo” que dejó sin efecto el “Auto de Vista” y ordenándose que se dicte un nuevo Auto de Vista; asimismo, conforme indicó el apelante -ahora accionante- está detenido preventivamente desde junio de 2019, “…constando que la sentencia condenatoria es de noviembre de 2020” (sic).
Considerando que, en el caso, existe una correcta y debida fundamentación, y no es evidente una errónea interpretación y aplicación del art. 239.4 del CPP, al contrario la normativa fue correctamente aplicada por el Juez a quo, en base a los principios de legalidad y taxatividad; por lo que, el referido precepto legal no exige que la sentencia esté ejecutoriada.
También, razonó que no puede aplicarse la SCP 0827/2013 de 11 de junio, debido a que los entendimientos asumidos en la misma fueron modulados por la SCP 0156/2016-S2 de 29 de febrero, “…sentencia que sin margen de error expresa que, como efecto de la sola emisión de la sentencia, el imputado ya no puede acogerse a la cesación, sin que pueda hablarse de una sentencia ejecutoriada como lo interpretó la SCP 0827/2013” (sic).
Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se entenderá como motivación la misma que se encuentre relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes para que la autoridad competente sustente su decisión.
Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista 15/2023 de 19 de enero, que declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora demandante de tutela, se advierte que el mismo no vulnera el contenido esencial del derecho a una resolución motivada, porque cumplió con la segunda finalidad, vinculada a lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; por cuanto, dicho fallo contiene una motivación suficiente dado que establece las razones del por qué el caso analizado se subsume a los fundamentos jurídicos, toda vez que, considera que al dictarse una Sentencia condenatoria contra el ahora peticionante de tutela por la comisión del delito de homicidio imponiéndole una pena de doce años de privación de libertad, no se subsume al art. 239.4 del CPP que indica que cesará la detención preventiva cuando exceda de veinticuatro meses sin que se hubiera dictado sentencia, el referido precepto legal no exige que la sentencia esté ejecutoriada, por lo que el marco de lo señalado en el referido Fundamento Jurídico III.1, efectúa una adecuada calificación jurídica del hecho, y por ende, una motivación suficiente del análisis del caso.
En conclusión, se evidencia que el Vocal ahora demandado al emitir el Auto de Vista cuestionado no vulneró el derecho a la motivación de las resoluciones; consiguientemente, corresponde la denegatoria de la tutela con relación a esta denuncia. Asimismo, al estar debidamente motivado el Auto de Vista cuestionado se tiene que el derecho a la libertad del ahora accionante no fue vulnerado, correspondiendo la denegatoria respecto de la pretensión de tutela. Por todo lo expuesto, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 21 de enero, cursante de fs. 231 a 235, emitida por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0652_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): fe07254b03a568e53a21e1784ab7fa8f4658b5e0c7ac637c704595694c450403
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