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SCP 0652/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 27 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
27 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
50002-2022-101-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, inamovilidad laboral, remuneración justa, igualdad material, vida, salud y seguridad social en mérito a que la autoridad y funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, mediante memorándum CITE RR.HH. 52/2022, agradecieron los servicios que brinda a dicha instancia municipal en el cargo de Responsable de Desarrollo Agropecuario, sin considerar que, al tener como dependiente y cuidado a su hijo menor de edad de quince años que tiene una discapacidad múltiple física y motora de 91%, cuenta con inamovilidad laboral conforme la normativa vigente. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 114/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 93 a 95 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Inamovilidad laboral como derecho de las personas al cuidado de una persona con discapacidad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0652/2024-S4 Sucre, 27 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 50002-2022-101-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 114/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 93 a 95 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Carlos Daza Jiménez contra Enrique Leaño Palenque, Alcalde; Jaime Soto Vallejos, Secretario de Desarrollo Económico; y, Ericka Lorena Pérez Gonzales, Directora de Gestión de Recursos Humanos (RR.HH.), todos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales de 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 1; y, 30 a 47; y, de subsanación de 30 del mismo mes y año (fs. 51 a 52) el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante memorándum 209/10 de 21 de mayo de 2010, firmado por el Alcalde y el Jefe de RR.HH. de la citada gestión del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, fue designado como Responsable del Área de Desarrollo Agropecuario de la mencionada institución municipal; el mismo año –2010– fue notificado con memorándum de agradecimiento; empero, al haber planteado acción de amparo constitucional, fue restituido en su cargo, al haber demostrado que cuenta con inamovilidad laboral. Sin embargo, la nueva autoridad y funcionarios municipales hoy demandados, por memorándum CITE RR.HH. 52/2022 de 10 de marzo, nuevamente agradecieron sus servicios, es decir procedieron a su desvinculación laboral, sin considerar que, al tener un hijo menor que tiene un “tipo de discapacidad MULTIPLE deficiencia FISICA MOTORA con porcentajes de 91%” (sic), cuenta con inamovilidad laboral. Ante este acto que considera lesivo a sus derechos laborales, activó Recurso de Revocatoria, denegado mediante Resolución Administrativa S.M.D.E. AFEC 001/2022 de 18 de marzo, considerando ello y que se trata de los derechos de un menor de edad con discapacidad, alegó la abstracción de la subsidiariedad que opera en la acción de amparo constitucional, sin intentar activar el Recurso jerárquico.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, denunció, la lesión de sus derechos al trabajo, inamovilidad laboral, remuneración justa, igualdad material, vida, salud y seguridad social, citando al efecto los arts. 14, 15, 16, 21, 22, 35, 46.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la autoridad y funcionarios municipales demandados, procedan a su inmediata reincorporación laboral, de forma permanente e indefinida como trabajador administrativo de planta en el cargo de Responsable de Desarrollo Agropecuario.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 23 de septiembre de 2022 según consta en el acta, cursante de fs. 79 a 92 vta.; presentes el solicitante de tutela, acompañado de su abogado y la autoridad y funcionarios municipales demandados, mediante su representante legal, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional, haciendo énfasis en que, su inamovilidad laboral se encuentra acreditada con documentación que establece que tiene un hijo menor de edad con discapacidad.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionarios municipales demandados

Enrique Leaño Palenque, Alcalde; Jaime Soto Vallejos, Secretario de Desarrollo Económico; y, Erika Lorena Gonzales, Directora de Gestión de RR.HH., todos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, mediante informe escrito presentado el 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 76 a 78 vta., manifestaron lo siguiente: a) El accionante al conocer el memorándum de destitución CITE RR.RR. 52/20922, activó Recurso de Revocatoria, por el cual se emitió la Resolución Administrativa (RA) 001/2022 de 18 de marzo; empero, lo que correspondía, era plantear contra esta determinación Recuso Jerárquico, al omitir esta impugnación el solicitante de tutela, ha consentido los actos que hoy reclama como lesivos de sus derechos fundamentales, siendo por lo tanto improcedente su pretensión demandada mediante esta acción de amparo constitucional; y, b) Considerando que el Auto Definitivo emitido por la autoridad jurisdiccional en materia familiar, revocó la guarda que tenía el impetrante de tutela en relación al menor de edad con discapacidad, otorgando esta guarda a la madre del mismo, éste ya no se encuentra en cuidado del menor de edad, habiendo perdido el derecho invocado. En audiencia tutelar, se vertieron los mismos argumentos antes descritos.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 114/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 93 a 95 vta., concedió “parcialmente” la tutela solicitada, dejando sin efecto el memorándum de agradecimiento de servicios CITE RR.HH. 52/2022, ordenado en consecuencia la inmediata reincorporación del accionante a su fuente laboral en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, decisión asumida de conformidad a los siguientes fundamentos: 1) La jurisprudencia constitucional ha establecido que, respecto a las personas con discapacidad, el Estado y la sociedad deben asumir conductas que impliquen la no discriminación de este grupo de atención prioritaria; 2) El art. 70 de la CPE, establece que, toda persona con discapacidad goza de los derechos a ser protegido por su familia y por el Estado; a una educación y salud integral gratuita; a la comunicación en lenguaje alternativo; y, a trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna; por otro lado, el art. 34.II de la Ley 223 de 2 de marzo de 2012 –Ley General para Personas con Discapacidad–, garantiza la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad; finalmente el Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004, dispone que, la inamovilidad también beneficiará a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, que sean menores de dieciocho años; 3) En atención a la protección reforzada al grupo de personas discapacitadas, y aun cuando existen mecanismos administrativos pendientes de resolución, no puede ser aplicable en este caso la exigencia de la subsidiariedad o agotamiento de procedimiento internos; 4) Si bien es evidente que el padre no tiene la guarda del menor de edad, no es menos cierto que este cumple con la asistencia familiar, por lo cual la inamovilidad laboral en su caso se encuentra justificada; y, 5) Sin que haya existido un debido proceso y omitiendo valorar la inamovilidad laboral del hoy accionante, los demandados han lesionado su derecho al trabajo y a una remuneración justa, lo que conlleva a declarar la nulidad del memorándum de agradecimiento de servicios.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 13 de mayo de 2024, cursante a fs. 102, la Comisión de Admisión de este Tribunal, dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria de la Contraloría General del Estado, la Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico dependiente del Ministerio de Salud y Deportes y del Juzgado Público de Familia Tercero del departamento de Chuquisaca; no obstante, y según informe remitido a esta instancia por el citado Juzgado, en el cual se dio a conocer que, la causa familiar por la cual se solicitó información se encontraba asignada a otro Juzgado, mediante Decreto Constitucional de 4 de julio de 2024, cursante a fs. 126, se peticionó al Juzgado Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca remitir documentación del proceso familiar con Número de Registro Judicial (NUREJ) 201101590, manteniendo suspendido el plazo para la resolución de la demanda tutelar, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 4 de septiembre de 20214 cursante a fs. 264; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorándum RR.HH. 52/2022 de 10 de marzo, firmado por Jaime Soto Vallejos, Secretario Municipal de Desarrollo Económico; y, Ericka Lorena Gonzales, Directora de Gestión de RR.HH., ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; mediante el cual, prescindieron de los servicios que prestaba Roberto Carlos Daza Jiménez –hoy accionante– al citado ente municipal en el cargo de Responsable de Desarrollo Agropecuario (fs. 3). II.2. Consta Carnet de Discapacidad correspondiente a AA, de quien se advierte un tipo de discapacidad múltiple física y motora del 91% (fs. 4); certificado de nacimiento de AA, emitido el 29 de junio de 2022, teniéndose como datos que, el menor a la señalada fecha, tendría quince años cumplidos, siendo su padre Roberto Carlos Daza Jiménez y su madre Paula Mariana Ortega Ríos (fs. 5). II.3. Por Nota CGE/SG/-334/2024 de 7 de junio y presentado a este Tribunal el 17 del mismo mes y año, Nora Mamani Cabrera, Contralora General del Estado a.i., en cumplimiento del Decreto Constitucional de 13 de mayo de 2024, remitió a esta Relatoría, Informe CGE/SCSL/GR-DJBR/INF-968/2024 de 3 de junio, emitido por Cristiam Beymar Gonzales Herrera, Auxiliar – Encargado de Archivo de la Contraloría General del Estado; por el cual, se hace conocer que, Paula Mariana Ortega Ríos, dependiente de la Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico, presentó su declaración jurada el 22 de abril de 2024, por actualización durante el ejercicio del señalado cargo (fs. 119 a 122 vta.). II.4. Por Nota AISEM/DAJ/UGJ/CE/00047/24 de 28 de mayo de 2024, firmada por Verónica Casablanca Villca, Directora General Ejecutiva de la Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento (AISEM), y remitida a este Tribunal el 7 de junio de mismo año, se informó de manera documentada que, Paula Mariana Ortega Ríos, fue designada mediante memorándum AISEM/DGE/MEM/0180/21 de 30 de noviembre de 2021, en el cargo de Profesional en Infraestructura dependiente de la Dirección Técnica de la AISEM, presentando a esa fecha regularmente sus servicios, además, informan de que tienen conocimiento de la situación de salud de su hijo, por lo cual en aplicación del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, goza de inamovilidad laboral (fs. 260 y vta.). II.5. Por memorial presentado a este Tribunal el 17 de julio de 2024, en cumplimiento del Decreto Constitucional de 4 del mismo mes y año, Juan Quiroga Ortíz, Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca, remitió informe documentado de la causa familiar, de homologación seguida por Paula Mariana Ortega Ríos contra Roberto Carlos Daza Jiménez, en sus partes más importantes se destaca que: i) El 1 de febrero de 2011, fue homologado acuerdo familiar por el cual se dispone en favor de la madre la guarda del menor de edad AA, hijo de ambos, quien presenta encefalopatía crónica (parálisis cerebral), comprometiéndose el padre, hoy accionante, a pagar una asistencia familiar de Bs3 000.- (tres mil bolivianos ii) Por Auto de 22 de mayo de 2012 y previo acuerdo de las partes, a solicitud del padre, se disminuyó la asistencia familiar a Bs2 000.- (dos mil bolivianos); iii) Mediante Auto definitivo de 2 de diciembre de 2013, y solicita de la madre se incrementó la asistencia familiar a Bs 2 500.- (dos mil quinientos bolivianos); iv) Mediante Auto Definitivo de 15 de julio de 2014, y a petición del padre de disminuyó la asistencia familiar a Bs2 000.- (dos mil bolivianos); v) A través de Autos Interlocutorios de 2015, se dispuso que le padre pague $us500.- (quinientos dólares estadounidenses), para que el menor de edad junto a su madre viajen a la República Argentina y también para que el progenitor cubra el 50% del valor de una silla de ruedas que debía usar AA; vi) Por Resolución de 5 de agosto de 2017, se dispuso que AA quedaría en cuidado y guarda del padre, obligando a la madre al pago de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) por concepto de asistencia familiar, así como el pago de $us500.-(quinientos dólares estadounidenses), para su tratamiento médico; vii) Por Auto Definitivo 115/2019 de 26 de agosto, y a solicitud de la madre, se revocó la guarda de AA en favor del padre –hoy impetrante de tutela– otorgando la guarda del referido menor de edad a Paula Mariana Ortega Ríos madre del mismo, debiendo el padre pagar una asistencia familiar de Bs2 000.- (dos mil bolivianos), además se ordenó de que ambos progenitores reciban orientación psicológica; viii) Por Auto Definitivo de 26 de noviembre de 2021, se ordenó que el padre pague el 50% de los gastos médicos de AA; ix) Mediante Auto de Vista 78/2022, y a solicitud y de por medio una apelación del padre, se redujo la asistencia familiar a Bs1 200.- (mil doscientos bolivianos); y, x) El 24 de marzo de 2023, el padre de AA, petición una nueva reducción de la asistencia familiar la cual fue declarada improbada. A efecto de corroborar lo informado, se acompañó: a) Auto Definitivo 115/2019 de 26 de agosto emitido por Juan Quiroga Ortíz, Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca, mediante el cual revocó la guarda de AA en favor de Roberto Carlos Daza Jiménez, disponiendo que el menor de edad e hijo de años, quede al cuidado y guarda de Paula Mariana Ortega Ríos, madre de éste, y que el padre pague por concepto de asistencia familiar Juan Quiroga Ortíz, Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca; b) Memorial presentado el 20 de septiembre de 2021 al Juzgado Público de Familia Séptimo de Chuquisaca, mediante el cual, Paula Mariana Ortega Ríos, argumentado que el padre de AA, a dos años que se dispuso la guarda a su favor, no se ha preocupado de la salud de su hijo, impetrando que se ordene al referido padre el menor de edad, que remita sus papeletas de pago al Juzgado como se había acordado, así como el reembolso de Bs8 803.- (ocho mil ochocientos tres bolivianos), que corresponde al 50% del pago de la silla de ruedas que fue adquirida en favor del menor de edad; c) Auto de Vista 78/2023 de 14 de marzo, emitido por la Sala Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por medio del cual se redujo la asistencia familiar obligada la padre de AA a Bs1 200.- (mil doscientos bolivianos); y, d) Por Auto Definitivo 79/2023 de 24 de marzo emitido por Juan Quiroga Ortíz, Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca, se declaró improbada la petición de reducción de asistencia familiar impetrada por el hoy accionante, quien alegó que, “Por las constantes demandas efectuado por la demandante se ha visto afectado en su salud física y emocional y ha renunciado al cargo de desarrollo agropecuario del GAMS a partir del 03 de enero de 2023” (sic); por lo cual, solicitó una reducción de la asistencia familiar a Bs500.- (quinientos bolivianos [fs. 134 a 228 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, inamovilidad laboral, remuneración justa, igualdad material, vida, salud y seguridad social en mérito a que la autoridad y funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, mediante memorándum CITE RR.HH. 52/2022, agradecieron los servicios que brinda a dicha instancia municipal en el cargo de Responsable de Desarrollo Agropecuario, sin considerar que, al tener como dependiente y cuidado a su hijo menor de edad de quince años que tiene una discapacidad múltiple física y motora de 91%, cuenta con inamovilidad laboral conforme la normativa vigente. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Inamovilidad laboral como derecho de las personas al cuidado de una persona con discapacidad

Al respecto la SCP 0850/2023-S4 de 4 d septiembre y aludiendo a la SCP 1628/2022-S4 de 12 de diciembre, sostuvo que: “El DS 29608 modificó el art. 4 del DS 27477, de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 4.-(OBLIGACIÓN DE CONTRATACIÓN PREFERENTE). I. El Poder Ejecutivo conformado por sus Entidades, Instituciones, Superintendencias y Empresas Públicas (sean de carácter descentralizado, desconcentrado, autárquico o de cualquier otra naturaleza); las Fuerzas Armadas; Policía Nacional; Prefecturas de Departamento; así como, los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local; tendrán la obligación de contratar a las personas con discapacidad, en un promedio mínimo de cuatro por ciento (4%) del total de su personal…’.

Así también lo entendió la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, que en su art. 2.I estableció la inserción laboral obligatoria al referir que: ‘Todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al cuatro por ciento (4%) de su personal’. De una interpretación sistemática del art. 4 del DS 29608, y tomando en cuenta los principios de preferencia e integralidad que hacen parte de la normativa, se puede deducir que el fin de esta disposición es otorgar estabilidad laboral a la persona discapacitada, y a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, previendo para tal caso la preferencia de contratación sobre este y las personas que tengan bajo su dependencia a personas discapacitadas; en tal sentido, el artículo referido debe alcanzar no solo a las personas con discapacidad, sino también, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentra a cargo de una o más personas con discapacidad menores de deciocho años o con discapacidad grave o muy grave, esto, con el objetivo de obedecer a la cuestión teleológica de la construcción normativa que pretende una protección reforzada sobre una población vulnerable como son los discapacitados; y más aún, si se trata de un menor de edad discapacitado, por la necesidad y deber que tiene el Estado y su conjunto, de velar siempre por el interés superior del menor, así lo estableció la Norma Suprema en su art. 60 al señalar que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’. Ahora bien, a partir del entendimiento asumido por este Tribunal, se tiene por evidente, que uno de los pilares fundamentales en la protección y resguardo de los derechos de una persona con discapacidad o de quienes tienen a su cargo una o varias personas con esa condición, es la estabilidad laboral, entendida como un derecho fundamental para aquellos que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, de cuya realidad se hace exigible una protección reforzada. En ese marco, considerando que la estabilidad laboral se funda en los principios de igualdad, solidaridad y dignidad humana, es que se ha establecido que la persona con discapacidad, o en su defecto la madre o padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, tiene preferencia de contratación en una u otra entidad; sin embargo, dicho trato privilegiado, en aplicación del principio de favoris debilis, debe traducirse en que dicha contratación no puede quedar sujeta a un tiempo o plazo que imponga el empleador; pues, por una parte, la situación de indefensión manifiesta debida a una discapacidad, al igual que esta, no habrá de desaparecer; por el contrario, más allá de perdurar, corre el riesgo de agravarse y consecuentemente, precisar de mayores atenciones; y, de otro lado, el establecimiento de un término de duración de la relación laboral, en los casos señalados en este acápite, únicamente generarán 24 al trabajador (discapacitado o a cargo de una persona con discapacidad) una constante angustia e inseguridad sobre su situación laboral cada vez que esté por finalizar el vínculo contractual o en definitiva, concluya el plazo pactado en su contratación. En este espíritu, se hace necesario complementar la referida SCP 1628/2022-S4 de 12 de diciembre, estableciendo que la estabilidad laboral de una persona con discapacidad o de quien tenga a una a su cargo, implica que la misma tenga la seguridad de mantener su empleo de manera permanente, continua, a largo plazo y sin discriminación alguna, que le brinde para sí y su entorno familiar la seguridad económica necesaria para su subsistencia. Sin olvidar que la citada estabilidad, no solo incumbe conservar la fuente laboral de la persona con discapacidad o de aquella que tiene una a su cargo en dicha condición, sino también garantizar las condiciones necesarias y adecuadas para el ejercicio pleno de los derechos de este grupo de individuos, estableciendo además de la preferencia laboral en razón a la protección constitucional de este sector vulnerable; la igualdad de la que deben gozar respecto del acceso a los beneficios laborales dispuestos por ley. No obstante y sin perjuicio de lo señalado, conviene aclarar que la estabilidad laboral reconocida a una persona con discapacidad o a quien la tenga a su cargo, no es un derecho absoluto, en razón a que el empleador tiene la posibilidad de dar por concluida la relación laboral, al estar condicionada la misma a una buena conducta del trabajador o trabajadora en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley, y es determinado al interior de un debido proceso y solo en virtud de una justa causa y de cuyo resultado sea imposible la reincorporación o reubicación del trabajador o trabajadora; situación en la cual se entenderá que el retiro laboral es justificado” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de sus derechos invocados, en mérito a que la autoridad y funcionarios municipales del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre demandados, mediante memorándum CITE RR.HH. 52/2022 de 10 de marzo, agradecieron los servicios que brinda a dicha instancia municipal en el cargo de Responsable de Desarrollo Agropecuario (Conclusión II.1.), sin considerar que, al tener como dependiente y cuidado a su hijo menor de edad de quince años que tiene una discapacidad múltiple física y motora de 91% (Conclusión II.2.), cuenta con inamovilidad laboral conforme la normativa vigente. En ese marco, y aun cuando se advierte que el solicitante de tutela si bien interpuso el Recurso de revocatoria; empero, no activó el Recurso Jerárquico a fin de resolver su denuncia por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, alegado además como incumplimiento de la subsidiariedad por los demandados, lo que implicaría una observación a la falta de agotamiento de mecanismos internos; en virtud a que, la abstracción de la subsidiaridad en el “….recurso de amparo constitucional, es también aplicable a los trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y que de manera directa puedan lesionar los derechos y garantías de la persona discapacitada” (SCP 1483/2011-R de 10 de octubre), es pertinente, ingresar a analizar la demanda planteada por el hoy impetrante de tutela de manera directa. Conforme a lo señalado y los hechos que derivaron en la activación de esta acción de amparo constitucional; en concreto, que el accionante reclama que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales al no respetar su inamovilidad laboral debido a que se encuentra en cuidado y relación de dependencia de su hijo menor de edad que tiene una discapacidad física y motora, del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, en consideración a la obligación que el Estado tiene de resguardar de manera reforzada los derechos de las personas con discapacidad, todas las entidades públicas o privadas, que generen y/o administren recursos públicos, tiene la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave o muy grave, aspecto que en el mismo entendimiento de protección reforzada a este grupo de atención prioritaria, o de quienes tienen a su cargo una o varias personas con esa condición, también incumbe la necesidad de una estabilidad laboral, lo que implica, que la persona con discapacidad o quien se encuentre a su cuidado, tenga la seguridad de mantener su empleo de manera permanente, continua, a largo plazo y sin discriminación alguna, o dicho de otro modo, tenga el derecho a la inamovilidad laboral.

En ese contexto, y en análisis de la documentación e informe remitido a este Tribunal por el Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca (Conclusión II.5.), se hace evidente que, desde 26 de agosto de 2019, y en mérito al Auto Definitivo 115/2019 de 26 de agosto emitido por Juan Quiroga Ortíz, Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca, AA menor de edad por el cual el solicitante de tutela reclama contar con el derecho de inamovilidad laboral, se encuentra en cuidado y guarda de Paula Mariana Ortega Ríos, madre de éste; es decir, que al momento de presentar la acción de amparo constitucional –22 de agosto de 2022–, el impetrante de tutela tenia pleno conocimiento de que la guarda y cuidado de AA le correspondían por determinación judicial a la madre de éste; por otro lado, de los informes remitidos a este Tribunal por la Directora General Ejecutiva de la Agencia de Infraestructura den Salud y Equipamiento; y, la Contralora General del Estado a.i., se tiene que la madre de AA, desde el 30 de noviembre de 2021, tiene una relación laboral con la Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, además que esta instancia en conocimiento de la situación de salud de AA, señala que la misma cuenta con inamovilidad laboral (Conclusiones II.3. y II.4.). En ese marco, al corroborarse de manera clara que el hoy accionante no se encuentra al cuidado y guarda de AA, además que la progenitora cuenta con el referido derecho a la inamovilidad laboral por la relación de guarda y cuidado de la persona con discapacidad, no se advierte lesión de derecho alguno, en particular de la inamovilidad laboral; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder “parcialmente” no compulsó de manera adecuada a los antecedentes de la jurisprudencia constitucional aplicable al caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 114/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 93 a 95 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0652_2024-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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