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SCP 0650/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 15 de abril de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
15 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
59122-2023-119-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la libertad; y, los principios de celeridad y seguridad jurídica; en razón a que, el Vocal demandado, a través del Auto de Vista 238/2023 de 5 de octubre, ratificó el Auto Interlocutorio de 11 de septiembre del mismo año; por el cual, se amplió por segunda vez, el plazo de duración de la detención preventiva impuesta en su contra; esto, dejando de lado el principio de temporalidad de las medidas cautelares, dispuesto por los arts. 233.3 y 239.2 del CPP, que se refieren al plazo de la detención preventiva; mismo que, no puede ser ampliado de manera indefinida, como se hizo en su caso. El Vocal demandado no presentó informe escrito alguno ni se conectó a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 7 de octubre de 2023, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 238/2023 de 5 de octubre, a efecto de que el Vocal demandado, o quien se encuentre ejerciendo el cargo emita nuevo fallo en el marco de los razonamientos expuestos precedentemente, salvo que, por el tiempo transcurrido, la situación jurídica del accionante ya hubiese sido definida.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El carácter dinámico de las medidas cautelares y la carga de fundamentación de las solicitudes posteriores de ampliación del plazo de la detención preventiva
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0650/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 59122-2023-119-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 7 de octubre de 2023, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Augusto Fernández Becerra y Prima Cirilo Sotori en representación sin mandato de Javier Mamani Villca contra Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de octubre de 2023, cursante a fs. 1 y 12 a 13 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Durante la audiencia de 11 de agosto de 2023, se efectuó la verificación de su situación jurídica, donde el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, amplió su detención preventiva por un mes más, disponiendo la realización de la audiencia de verificación para el 11 de septiembre del mismo año; estableciendo que, dicho plazo no debía superar el mes dispuesto; empero, el día de celebración de la audiencia programada, el Fiscal de Materia, solicitó por segunda vez, la ampliación del plazo de la referida medida extrema por otros dos meses; ante ello, la autoridad judicial otorgó nueva ampliación por otro mes, mediante Auto Interlocutorio de igual data. Ante esa decisión, interpuso recurso de apelación incidental, que radicó ante Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado- quien, a través del Auto de Vista

-238/2023- de 5 de octubre, ratificó de manera íntegra el Auto Interlocutorio que fue apelado, pese a que dicha apelación se fundamentó con base en el art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual señala que, los plazos son perentorios y vencen al cumplimiento de estos; además, constaba en antecedentes que se otorgó nuevo plazo; vulnerando de esta manera su derecho a la libertad, “…pues se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad…” (sic).

I.1.2. Derecho y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene que el Vocal demandado disponga su libertad inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 7 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 33 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando señaló que: a) Mediante el Auto de Vista de “06 de febrero” -se entiende 238/2023- se dejó de lado el principio de temporalidad de las medidas cautelares, dispuesto por los arts. 233.3 y 239.2 del CPP, que se refieren al plazo de la detención preventiva; mismo que, no puede ser ampliado de manera indefinida, causando inseguridad jurídica; y, b) El Vocal demandado, ratificó integralmente el Auto Interlocutorio de 11 de septiembre de 2023, vulnerando sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la libertad; así como, el principio a la seguridad jurídica; por lo que, a través de la presente acción tutelar, pretendió que el prenombrado dicte nueva resolución otorgándole su libertad por el vencimiento del plazo de la detención preventiva.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no presentó informe escrito ni se conectó a la audiencia virtual, pese a su citación cursante a fs. 18 y vta; sin embargo, Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria de la citada Sala Penal, por informe escrito presentado el 9 de octubre de 2023, cursante a fs. 28, informó que el Vocal demandado se encontraba declarado en comisión para su participación en las “terceras jornadas judiciales” a realizarse del 9 al 13 de ese mes y año, adjuntando documental relativa a la misma.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución de 7 de octubre de 2023, cursante de fs. 34 a 38, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista 238/2023, resolvió la apelación interpuesta por el accionante contra el Auto Interlocutorio de 11 de septiembre de igual año, el cual dispuso la ampliación del plazo de la detención preventiva en su contra por segunda vez; en dicha resolución, el Vocal demandado, se pronunció de forma expresa y clara con relación a los motivos o argumentos planteados por el abogado de la defensa, en virtud del límite competencial que corresponde a los tribunales de alzada, pues no podía pronunciarse con relación a los argumentos no apelados ni discutidos ante el Juez de instancia, por lo dispuesto en el art. 398 del CPP, referente al límite de actuación de los tribunales de alzada; 2) Los argumentos del impetrante de tutela durante la audiencia de apelación, no fueron considerados por el Vocal demandado en virtud a que no fueron planteados ante el Juez de instancia, pues, los argumentos de la apelación se refirieron a “…la imposibilidad de una ampliación existiendo ya en el proceso una anterior ampliación…” (sic); y, lo debatido ante el Juez de la causa, se basó en la ampliación solicitada por el Ministerio Público “…se sustentó en estar fundada la nueva ampliación en los mismos argumentos que en su momento determinaron la primera ampliación en el Auto de 11 de agosto de 2023…” (sic). En este marco, la acción solicitada no se constituye en una nueva instancia de revisión de las resoluciones de los tribunales ordinarios; por cuanto, el Vocal demandado, no se pronunció con relación a los argumentos que en su momento no fueron debatidos en primera instancia; empero, sí resolvió la pretensión elevada en apelación; en consecuencia, no existió la vulneración de los derechos alegados; y, 3) El Auto de Vista 238/2023, en cumplimiento del principio de congruencia, se pronunció efectuando el control y seguimiento a la exposición efectuada por la defensa del peticionante de tutela en audiencia de apelación, constatada con los argumentos sostenidos ante el Juez de la causa, para llegar a las conclusiones asumidas en dicha Resolución de alzada; por ende, no existió la reclamada lesión de derechos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por acta de audiencia y Auto Interlocutorio de 11 de septiembre de 2023, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, dispuso la ampliación de la detención preventiva de Javier Mamani Villca -ahora accionante- hasta el 11 de octubre del citado año, señalando audiencia de verificación de situación jurídica para la misma fecha; asimismo, ordenó la notificación del Director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Sacaba a efectos del cumplimiento de los requerimientos de 24 y 25 de agosto del mismo año, debiendo informarse oportunamente a la Fiscal de Materia de la causa la realización de los actos investigativos requeridos; entre ellos, la entrega del informe de pericia y la declaración anticipada. En el mismo acto, el impetrante de tutela planteó recurso de apelación incidental que mereció la emisión del Auto Interlocutorio del mismo día; por el cual, el citado Juez ordenó la remisión de los antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 7 a 11 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 238/2023 de 5 de octubre, Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy demandado-, resolvió declarar improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 11 de septiembre de 2023, confirmando el mismo (fs. 30 a 32).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la libertad; y, los principios de celeridad y seguridad jurídica; en razón a que, el Vocal demandado, a través del Auto de Vista 238/2023 de 5 de octubre, ratificó el Auto Interlocutorio de 11 de septiembre del mismo año; por el cual, se amplió por segunda vez, el plazo de duración de la detención preventiva impuesta en su contra; esto, dejando de lado el principio de temporalidad de las medidas cautelares, dispuesto por los arts. 233.3 y 239.2 del CPP, que se refieren al plazo de la detención preventiva; mismo que, no puede ser ampliado de manera indefinida, como se hizo en su caso. El Vocal demandado no presentó informe escrito alguno ni se conectó a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El carácter dinámico de las medidas cautelares y la carga de fundamentación de las solicitudes posteriores de ampliación del plazo de la detención preventiva

El régimen de medidas cautelares personales tiene una naturaleza esencialmente dinámica, pues su imposición, mantenimiento, modificación o cesación dependen de las circunstancias existentes en cada momento del proceso. Una medida cautelar no causa estado, ya que responde a necesidades procesales contingentes que pueden aparecer, disminuir, transformarse o desaparecer durante el devenir del proceso, tal como establece el art. 221 del CPP; por ello, la resolución que impone una medida cautelar debe ser entendida como la valoración de una situación concreta en un momento determinado, tal como una fotografía del estado de la causa al momento de su emisión; sin embargo, el proceso no permanece detenido en esa fotografía, sino que continúa avanzando. Ahora bien, el plazo de duración de la detención preventiva constituye una expresión concreta de esa naturaleza dinámica, es por ello que el art. 233.3 del CPP exige como requisito para la detención preventiva que el Ministerio Público fundamente el plazo de su duración y los actos investigativos que realizará dentro de ese término, debiendo la autoridad jurisdiccional fijarlo con base en criterios objetivos, concretos y razonables, conforme establece el art. 235 ter del citado Código; en ese sentido, se forma una tríada entre la privación de libertad, el plazo solicitado y la actividad investigativa que lo justifica. Bajo esa comprensión, se entiende que el plazo de la detención preventiva es el periodo que la autoridad judicial considera razonablemente necesario para ejecutar determinados actos investigativos; en otras palabras, el plazo y los actos investigativos se validan recíprocamente, pues el plazo debe ser suficiente para realizar los actos, estos deben ser relevantes para justificar la duración de la privación. Como consecuencia del vencimiento del plazo, el art. 239.2 del CPP establece la cesación de la detención preventiva, siempre que no se hubiera solicitado su ampliación; previsión que se encuentra ligada al art. 233.3 del citado Código, el cual permite que el plazo sea ampliado a petición fundada del fiscal, pero limita esa posibilidad en los casos donde la ampliación responda a la complejidad de la causa; esto significa que no es suficiente señalar que todavía existen actos investigativos pendientes, sino que debe exponerse qué características concretas del caso hicieron insuficiente el plazo inicialmente concedido y cuánto tiempo adicional resulta razonablemente necesario. Esta exigencia adquiere una importancia mayor cuando se presenta una segunda solicitud de ampliación sustentada en los mismos actos investigativos que ya justificaron una ampliación anterior. En tal situación, aparece una contradicción que no puede ser ignorada por la autoridad judicial, pues cuando en la primera solicitud, el Ministerio Público sostuvo que, requería un plazo adicional para realizar determinadas actuaciones; y posteriormente, vuelve a solicitar más tiempo porque esas mismas actuaciones continúan pendientes; entonces, en la segunda petición no resulta razonable cuestionar únicamente si falta algún acto investigativo por realizar, sino qué ocurrió durante el plazo previamente concedido; puesto que, analizar ambas solicitudes como si fueran idénticas significaría desconocer que, entre una y otra, transcurrió un periodo durante el cual el imputado permaneció privado de libertad precisamente para conminar la ejecución de esos actos investigativos.

De ello se entiende que, cada ampliación constituye una nueva injerencia en el derecho a la libertad y, el hecho de que la persona ya se encuentre detenida no neutraliza la afectación generada por el tiempo adicional solicitado; por esta razón, la carga de fundamentación debe ser directamente proporcional a cada solicitud posterior de ampliación; siendo que, mientras en una primera petición de ampliación corresponde explicar la complejidad del caso, identificar los actos que continúan pendientes y demostrar por qué requieren un tiempo adicional; en una segunda o posterior solicitud basada en esos mismos actos, además de mantener aquella fundamentación, debe explicarse razonablemente por qué no fueron ejecutados dentro del plazo concedido con anterioridad y adoptar las medidas pertinentes. Por lo tanto, esta explicación debe permitir conocer: i) Qué actuaciones realizó efectivamente el Ministerio Público durante el periodo anterior; ii) Cuándo fueron ordenados los actos pendientes; iii) Qué gestiones se efectuaron para lograr su cumplimiento; iv) Qué circunstancias impidieron la conclusión de los actos y cuáles actos o conminatorias serían necesarios para superar las mismas; y, v) Por qué el nuevo tiempo solicitado resulta razonable.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes procesales se advierte que, mediante Auto Interlocutorio de 11 de septiembre de 2023, el Juez de la causa dispuso ampliar, por segunda vez y durante un mes adicional, el plazo de la detención preventiva del accionante. Esa determinación se sustentó, esencialmente, en la existencia de actos investigativos pendientes de realización, los cuales fueron individualizados por la autoridad judicial. Así señaló que, Santos Condori Quispe, funcionario policial, pese a la conminatoria de 24 de agosto de 2023, no remitió la transcripción de la información obtenida de los dispositivos móviles secuestrados; asimismo, indicó que la declaración anticipada de la víctima adolescente no pudo concretarse; siendo que, la audiencia señalada para el 7 de septiembre de ese año, fue suspendida por inasistencia de los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y, fue fijada para el día siguiente; empero, tampoco pudo desarrollarse debido al estado emocional de la adolescente, pese al tiempo destinado a procurar que se tranquilizara; además, se presentaron dificultades técnicas que impedían escuchar con claridad el interrogatorio. Finalmente, respecto de la valoración psicológica, hizo referencia a la nota de 25 de agosto de igual año, mediante la cual se programaron tres sesiones para el mes de septiembre, que aún no habían sido realizadas. Sobre esa base, el Juez de la causa concluyó que las particularidades descritas revelaban la complejidad del caso y que, en aplicación del principio de razonabilidad, resultaba necesario ampliar la detención preventiva para posibilitar la producción de los actos investigativos pendientes, garantizando el acceso a la justicia de la víctima adolescente y la consideración de su interés superior. Contra esa determinación, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, alegando que el Ministerio Público solicitó, el 11 de agosto de 2023, una primera ampliación de la detención preventiva, concedida por un mes adicional, y una segunda extensión resultaba contraria al carácter temporal y excepcional de la medida, así como a los arts. 233.3 y 239.2 del CPP. Al resolver el recurso de apelación incidental mediante Auto de Vista 238/2023 de 5 de octubre, el Vocal demandado sostuvo que dicho agravio no fue planteado en esos mismos términos ante el Juez de instancia, pues en la audiencia el peticionante de tutela se limitó a cuestionar que la segunda ampliación se sustentaba en los mismos argumentos que justificaron la primera; en consecuencia, consideró que no podía pronunciarse sobre una cuestión introducida recién en alzada; dado que, los arts. 396.3 y 398 del CPP, circunscriben la competencia del Tribunal de alzada a los puntos expresamente cuestionados. Posteriormente, el Vocal demandado ingresó al control de la determinación impugnada y concluyó, de manera general, que el Juez de la causa había identificado los supuestos fácticos que sustentaban su decisión y los subsumió en el marco normativo aplicable; señaló que, la resolución judicial se refirió a nuevos elementos acompañados por el Ministerio Público, entre ellos los requerimientos dirigidos a Santos Condori Quispe, funcionario policial, para la extracción y análisis de la información contenida en los dispositivos móviles secuestrados, cuyo informe continuaba pendiente. Sostuvo que, permanecía pendiente la declaración anticipada de la víctima, actuación cuya necesidad fue advertida en la audiencia de 11 de agosto de 2023; a ese efecto, recordó que su realización fue frustrada, primero, por la inasistencia de funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y, posteriormente, por el estado emocional de la víctima y las dificultades técnicas de comunicación presentadas durante el acto; asimismo, expresó que la complejidad exigida para ampliar la detención preventiva no debía limitarse a las características del hecho investigado o a sus dificultades probatorias, sino que comprendía también el deber de debida diligencia reforzada, destinado a garantizar el acceso a la justicia de la víctima adolescente. Finalmente, se refirió a la valoración psicológica programada mediante nota de 25 de agosto de 2023 y concluyó que, el Juez de la causa justificó razonablemente la ampliación por un mes adicional, al considerar que, dicho plazo permitiría producir los actos investigativos pendientes y proteger los derechos de la menor de edad víctima, conforme a su interés superior; añadió que, también permanecía vigente el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, vinculado directamente con la situación de vulnerabilidad de la prenombrada. Ahora bien, para establecer si la fundamentación expuesta por el Tribunal de alzada resulta constitucionalmente suficiente, corresponde remitirse a los razonamientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, donde se estableció que el plazo de duración de la detención preventiva debe ser solicitado de manera fundamentada por el Ministerio Público, la víctima o el querellante, pero su determinación corresponde exclusivamente a la autoridad jurisdiccional, quien debe fijarlo con base en criterios objetivos, concretos y razonables. Asimismo, la proximidad del vencimiento del plazo inicialmente dispuesto no impide que la detención preventiva sea ampliada cuando exista una solicitud debidamente fundamentada y la extensión resulte necesaria por razones vinculadas con la complejidad del caso y con la realización de actos investigativos relevantes. Respecto de la complejidad del caso, ésta debe determinarse a partir de las circunstancias particulares que dificulten objetivamente el desarrollo de la investigación dentro de un plazo razonable, entre ellas pueden considerarse, por ejemplo, las siguientes: a) La dificultad de obtención o producción de la prueba; b) La pluralidad de sujetos procesales, víctimas o testigos; y, c) El tiempo transcurrido desde la comisión del hecho, el contexto en el que éste ocurrió, la eventual vulnerabilidad de la víctima y cualquier otra circunstancia objetivamente relevante. No obstante, la invocación del interés superior de la víctima o del deber de debida diligencia no releva a la autoridad judicial de justificar por qué la prolongación de la privación de libertad del imputado resulta estrictamente necesaria; de igual modo, la protección reforzada de la víctima y las garantías del imputado no son principios incompatibles ni excluyentes; por el contrario, deben ser armonizados mediante una motivación que explique por qué los actos pendientes son relevantes, qué impedimentos objetivos frustraron su realización, si tales obstáculos son atribuibles o no a los órganos estatales y por qué no resulta posible asegurar su producción mediante una medida menos gravosa. En ese marco, el control efectuado por el Tribunal de alzada, no satisfizo las exigencias de fundamentación descritas. El Vocal demandado se limitó, esencialmente, a reproducir las diligencias pendientes y las razones expuestas por el Juez de instancia, para concluir que la ampliación era necesaria por la complejidad del caso y por el deber de garantizar el acceso a la justicia de la víctima. Sin embargo, no explicó de qué manera cada una de esas circunstancias justificaba concretamente una segunda prolongación de la detención preventiva ni examinó si la falta de ejecución de las diligencias se debía a dificultades objetivas propias de la investigación o a deficiencias atribuibles a los órganos encargados de su realización y en su caso no se determinó la adopción de medidas para asegurar la realización de actos investigativos faltantes. Esta omisión resulta especialmente relevante respecto a la falta de entrega del informe sobre los dispositivos móviles, pues el propio Juez de origen; señaló que, el funcionario policial encargado incumplió una conminatoria anterior. La inactividad o negligencia de los órganos estatales no puede trasladarse automáticamente al imputado mediante la prolongación de su privación de libertad, pues para justificar constitucionalmente la ampliación, era necesario explicar qué medidas fueron adoptadas para asegurar el cumplimiento de la diligencia, por qué éstas resultaron insuficientes y, de qué forma el mantenimiento de la detención preventiva contribuiría efectivamente a su realización. La misma exigencia era aplicable a la declaración anticipada de la víctima y a la valoración psicológica, aunque las circunstancias vinculadas con la edad, la vulnerabilidad y el estado emocional de la adolescente debían ser consideradas con especial cuidado, el Tribunal de alzada tenía que establecer, por qué tales dificultades convertían objetivamente al caso en complejo, cuál era la previsión razonable para concretar las actuaciones y por qué su realización exigía mantener al accionante privado de libertad, no bastaba afirmar, de manera general, que se debía proteger el acceso a la justicia de la víctima, pues dicho principio, aun siendo constitucionalmente relevante, no sustituye el juicio de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad exigible para mantener una medida cautelar personal. Asimismo, si bien no existe una prohibición legal absoluta que limite el número de ampliaciones de la detención preventiva, cada nueva extensión exige una fundamentación más rigurosa, precisamente porque prolonga una medida excepcional que afecta intensamente el derecho a la libertad. Cuanto mayor sea el tiempo de duración de la detención preventiva, mayor debe ser la carga argumentativa de la autoridad jurisdiccional para demostrar que la medida continúa siendo indispensable, que los actos pendientes no responden a una falta de diligencia estatal y que no existe una alternativa menos gravosa para alcanzar los fines procesales perseguidos. Por otro lado, aunque el Tribunal de alzada debía revisar el Auto Interlocutorio de 11 de septiembre de 2023, dentro de los límites establecidos por los agravios formulados, ello no le impedía examinar los antecedentes indispensables para determinar si la segunda ampliación, respondía a circunstancias nuevas y objetivamente diferenciables de aquellas que justificaron la anterior ampliación. No se trataba de revisar oficiosamente resoluciones firmes ni de exceder su competencia, sino de efectuar un control integral de la razonabilidad de la nueva extensión, para saber si la segunda ampliación estaba sustentada en hechos nuevos o si simplemente reiteraba los fundamentos previamente utilizados, era necesario contrastar la Resolución cuestionada con la decisión inicial y con la primera ampliación.

Por consiguiente, el Auto de Vista 238/2023, no satisface los estándares de fundamentación y motivación exigibles para confirmar una segunda ampliación de la detención preventiva. El Vocal demandado, no efectuó un control suficiente sobre la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida ni explicó por qué las diligencias pendientes justificaban mantener la privación de libertad del impetrante de tutela y no podían ser realizadas bajo otras medidas cautelares. En consecuencia, corresponde conceder la tutela respecto al derecho a la libertad física del peticionante de tutela, vinculado con la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, y dejar sin efecto el Auto de Vista 238/2023, disponiendo que el Vocal demandado emita una nueva resolución conforme a los razonamientos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre que, por el tiempo transcurrido, la situación jurídica del solicitante de tutela no hubiese sido ya modificada o definida. Finalmente, respecto del principio de celeridad invocado por el accionante, no se advierte que los hechos denunciados se encuentren relacionados con una demora en la tramitación o resolución del recurso, sino con la insuficiencia de la fundamentación empleada para confirmar la ampliación de la detención preventiva; por ello, no corresponde conceder la tutela respecto de dicho principio. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 7 de octubre de 2023, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 238/2023 de 5 de octubre, a efecto de que el Vocal demandado, o quien se encuentre ejerciendo el cargo emita nuevo fallo en el marco de los razonamientos expuestos precedentemente, salvo que, por el tiempo transcurrido, la situación jurídica del accionante ya hubiese sido definida. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0650_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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