B.IA.LEGAL

SCP 0650/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
13 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
52828-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de seguridad jurídica; toda vez que: 1) El Juez y Secretario Abogado -ahora demandados-quienes conocieron su causa en suplencia legal al encontrarse de turno en las vacaciones judiciales, pese a que tenían conocimiento del señalamiento de audiencia de situación jurídica programada por el Juez titular para el 16 de diciembre de 2022 a horas 09:00, no efectuaron la notificación al Centro Penitenciario donde guarda detención preventiva e incumplieron llevar a cabo dicho acto procesal, y, 2) Ampliando la demanda tutelar, denuncia que en la audiencia de consideración de situación jurídica desarrollada el 20 del señalado mes y año, el Juez demandado mediante Auto Interlocutorio 363/2022 de igual data, de manera infundada dispuso ampliar su detención preventiva por quince días más, conminando al Ministerio Público para que en ese plazo formule el requerimiento formal conclusivo, cuando el lapso de la detención preventiva ya había vencido y estaba fuera del plazo previsto en el adjetivo penal. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2022 de 21 de diciembre, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada contra Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en la vía innovativa únicamente, por la dilación en el desarrollo de la audiencia de consideración de la situación procesal del accionante, todo conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación a las lesiones denunciadas respecto al Auto Interlocutorio 363/2022 de 20 de diciembre; manteniendo subsistentes los actos realizados en cumplimiento a la inicial concesión de tutela de la Jueza de garantías, de acuerdo a los fundamentos del presente fallo constitucional.

3° DENEGAR la tutela solicitada en relación Richard Sumi Poma, Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de la paz, por falta de legitimación pasiva. 4° Llamar severamente la atención a Wendy Luna Castro, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, por lo desarrollado en el acápite de III.5 Otras Consideraciones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad innovativa
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho en la sistematización de los tipos de acción de libertad vía jurisprudencia
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal subalterno en la acción de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0650/2025-S1 Sucre, 13 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52828-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 35/2022 de 21 de diciembre, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carmen Rosa Llujtaparu Quispe en representación sin mandato de Saddam Emir Carcasi Pari contra Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez; y, Richard Sumi Poma, Secretario Abogado, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2022, cursante de fs. 12 a 14, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, signado con el Código Único de Denuncia 201102062200192, fue imputado formalmente por la comisión del ilícito en flagrancia, requiriendo la Fiscalía se conceda el plazo máximo de treinta días para realizar actos indispensables de la investigación, de conformidad a los arts. 230 y 393 ter numeral I.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Es así que mediante Auto Interlocutorio 442/2022 de 16 de noviembre, el Juez de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de consideración de medidas cautelares aceptó el procedimiento inmediato, imponiéndole la medida extrema de detención preventiva por un lapso de treinta días; asimismo, en dicho actuado señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 16 de “noviembre” -lo correcto es diciembre- de 2022 a horas 09:00, ordenando al Secretario Abogado remitir -antecedentes- al Juzgado de turno por las vacaciones judiciales bajo responsabilidad, notificando a las partes además de instruirles que debían realizar el seguimiento al señalamiento indicado, quedando únicamente pendiente la notificación al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para la conexión del sindicado. El Juez y Secretario Abogado en suplencia -ahora demandados- no realizaron una revisión ni verificación del estado de la causa a momento de la recepción de los antecedentes, no siendo una justificación encontrarse con bastante saturación de trabajo por las vacaciones judiciales; además, pese a que tenían conocimiento del señalamiento de audiencia de situación jurídica indicada, no se realizó la notificación al Centro Penitenciario mencionado, incumpliendo llevar a cabo dicho acto procesal. Sumado a ello, la Fiscal de Materia asignada al caso tampoco presentó solicitud de ampliación de detención preventiva en su contra, a pesar que estaba notificada con el señalamiento de dicha audiencia, como por las recomendaciones efectuadas en la audiencia cautelar; incumpliendo todos ellos los principios ético morales ama quhilla, ama lulla y ama suwa y la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Por todo lo expuesto, refirió encontrarse ilegalmente detenido desde el 16 de diciembre de 2022 (tres días), por cuanto no se llevó a cabo su audiencia de consideración de situación jurídica, operando directamente su libertad sin necesidad de desvirtuar riesgos procesales, en razón a que la Fiscal de Materia no presentó solicitud de ampliación de su detención preventiva el 16 de diciembre de 2022, pese a que estaba legalmente notificada con el señalamiento de audiencia de situación jurídica conforme los alcances del art. 235 ter de la Ley 1173, soslayando inclusive que el Juez titular de la causa le ordenó presentar requerimiento conclusivo en el plazo de treinta días.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato alega la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de seguridad jurídica; citando al efecto, los arts. 8, 23, 115, 178, 125, 126 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga ordenar que en el día se lleve a cabo la audiencia de situación jurídica al no existir un pedido de ampliación por la Fiscal de Materia, con anterioridad al 16 de diciembre de 2022, debiendo aplicarse los arts. 231 bis y 239 inc. 2 del CPP en su favor, sea en el plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad el “20” -lo correcto es 21- de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 35 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El demandante de tutela a través de su abogado en audiencia, ratificó el contenido de la demanda tutelar presentada, añadiendo además lo siguiente: a) El día 16 de diciembre de 2022, el Juez -ahora demandado- indicó que no llevaría a cabo la audiencia porque no se notificó a la Fiscal de Materia, manifestando que conforme al art. 335 ter del CPP, las notificaciones efectuadas no serían suficientes, y por ello reprogramó el actuado para el 20 de igual mes y año; dicha suspensión sería ilegal y lesionaría su derecho a la libertad, desconociendo además el art. 160 del mismo cuerpo legal, relativo a las notificaciones; b) Posteriormente, en la nueva audiencia programada (cuatro días más tarde), el Ministerio Público debía demostrar las características de complejidad de caso; sin embargo, señaló que “...no procedería la libertad por el sentido normativo del plazo vencido de la situación jurídica en cuanto a que este delito habría sido cometido por un peruano (...) obviamente va a fugar por su naturaleza peruana…” (sic), refiriendo que tenían pericias pendientes y “confesó” que no presentó la acusación formal, requiriendo un plazo extra para poder cumplir este parámetro; ante lo cual, el Juez demandado pronunció el Auto Interlocutorio 363/2022 de 20 de diciembre, mediante el cual, de manera infundada dispuso ampliar su detención preventiva por quince días más, otorgándole el mismo plazo a la Fiscal de Materia, para que presente acusación formal en su contra, contraviniendo la naturaleza procesal del art. 221 del adjetivo penal; determinación contra la cual, no planteó recurso de apelación para que la Jueza de garantías pueda ingresar al fondo de la problemática planteada; c) El Juez ahora demandado, al resolver mantener su detención preventiva “cuando esta ya había cesado” (sic), por los criterios xenófobos expuestos por la Fiscal de Materia, no cumplió la fundamentación referida en el art. 233 del CPP; sumado a ello, la Fiscal de Materia no presentó ningún memorial que acredite lo vertido, tampoco indicó cuál era la complejidad del caso bajo las reglas de participación, pretendiendo valerse en la situación de que la ampliación se requería por actos de investigación pendientes, los cuales sólo pueden ser solicitados por un querellante o acusador particular; peor aún, la autoridad jurisdiccional al conceder lo solicitado cuando se incumplió el art 393 ter núm. I.3 del CPP, por el vencimiento del plazo el 16 de diciembre de 2022; es decir, mantener una detención “…más allá de los límites relacionados al derecho de legalidad pero sobre un fundamento inexistente porque si no hay acusación cuál es el fundamento tendría que estar vinculada a la formulación del requerimiento conclusivo 393 TER y la fiscal dice no acusado porque no tengo prueba…” (sic); d) El Juez de manera ilícita e indebida, le exigiría que desvirtúe los riesgos procesales manteniendo su detención preventiva sin ningún criterio jurídico valedero, lo cual no aplicaría en su situación jurídica bajo ninguna naturaleza de carácter procesal, por cuanto la doctrina estableció que si el Fiscal no solicita o no cumple con “la carga de alimentar la participación y complejidad del caso de forma escrita para que el imputado conozca el Juez no puede exigir ningún otro tipo de requisito más que aquella motivación y además fundamento probatorio sino que deberá en todo caso inmediatamente disponer la cesación en la detención preventiva…” (sic); e) El Juez incumplió lo dispuesto en el art. 239 del CPP, sin ingresar al fondo reconocería que no existiría acusación; empero, dispuso una medida “…prorrogando una competencia de manera lesiva al artículo 393 TER del procedimiento penal numeral 3 violando además la disposición del plazo previsto del artículo 130 y peor aún (…) parámetros del control jurisdiccional porque el juez al haber evidenciado ese acto procesal que no se había formulado la acusación debió extinguir el proceso por qué este elemento está claramente dispuesto en los plazos de las etapas pero no lo hizo (…) las disipaciones legales jurídicas por favor de los plazos máximos de una etapa preparatoria que se aplique al principio claramente identificado del artículo 134 vinculado al 393 TER en este caso nos indica la última parte si vencido el plazo de la etapa preparatoria en este caso sumarísima el fiscal no acusa para que haga en un plazo de 5 días no de 15 y menos podemos ampliar un plazo que fatalmente ha sido dispuesto a la fecha mi patrocinado no se ha visto beneficiado de medidas sobre las cuales en todo el derecho a defenderse en libertad por la ineficacia del fiscal y por la lesión manifiesta de fundamentación y la garantía del debido proceso en su modalidad derecho de defensa derecho de libertad…” (sic); y, f) Por todo lo expuesto, solicitó se conceda la tutela declarando nulo el Auto Interlocutorio 363/2022, ordenando de manera inmediata y sin esperar -turno-, el Juez aplique el art. 239 inc. 2) vinculado al 235 ter del CPP; es decir, en el día se disponga la aplicación de medidas cautelares no constitutivas en detención preventiva; asimismo, pidió disponer que la acusación sea presentada en el plazo máximo de cinco días computables “a partir del día 16 de noviembre” y no así en un plazo de quince días, pues este término no existe normativamente.

I.1.2. Informe de los demandados

Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, presentó informe escrito el 21 de diciembre de 2022, cursante a fs. 23 y vta., señalando lo siguiente: 1) El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Sadam Emir Carcasi Pari -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, radicaría en su despacho de manera temporal en cumplimiento al Instructivo 019/2022 -no indica la fecha- emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 2) La presente causa se remitió ante su despacho el 6 de diciembre de 2022, con audiencia de situación jurídica señalada para el 16 de igual mes y año a horas 09:00; empero, ante la imposibilidad de convocar a la audiencia en el horario mencionado debido a que tenía audiencias programadas con anterioridad, mediante providencia de 7 de diciembre de 2022, reprogramó la audiencia de situación jurídica para el mismo día 16 del citado mes y año a horas 09:30 (es decir, media hora después para no tener choque de audiencias), con dicho señalamiento se volvió notificar a todos los sujetos procesales incluido el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz para la conexión del imputado, diligencia realizada el 8 del referido mes y año; y, 3) El 16 de diciembre de 2022 a horas 09:30, se convocó a la audiencia de situación jurídica, en la cual no se tenía la presencia de la Fiscal de Materia sino solamente del imputado y su abogado, por lo que se reprogramó para el 20 de igual mes y año a horas 08:30; efectuada la misma, se pronunció el Auto Interlocutorio 363/2022, disponiendo la ampliación de la detención preventiva con el fin de asegurar la presencia del imputado en un eventual juicio oral, asimismo se ordenó la “comunicatoria” al Ministerio Público para que emita su requerimiento conclusivo en el plazo de cinco días, programando audiencia de situación jurídica procesal para el 4 de enero de 2023 a horas 09:00; finalmente, indicó que los argumentos expuestos en la acción de libertad son contradictorios ya que obrados demostraría lo contrario, razón por la que solicita se deniegue la tutela impetrada. Richard Sumi Poma, Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, presentó informe escrito el 20 de diciembre de 2022, cursante a fs. 32 y vta., con el mismo tenor que el informe indicado supra.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 35/2022 de 21 de diciembre, cursante de fs. 36 a 38, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 363/2022 de 20 de diciembre, por el cual se amplió la detención preventiva del accionante, ordenando se emita una nueva resolución bajo las siguientes consideraciones: i) Al tratarse de un procedimiento inmediato y al haberse dispuesto solamente treinta días de detención preventiva, y no existiendo fundamentación de parte contraria que exija o que acredite la necesidad de su ampliación, conforme el art. “23BIS” del CPP, se otorgue medidas sustitutivas a la detención preventiva a efectos de que pueda garantizarse la asistencia del imputado en el caso de presentarse una acusación fiscal, consistentes las mismas en una detención domiciliaria que debe fijar el sindicado, el cual tendrá que ser verificado por el personal subalterno del Juzgado, una fianza económica, arraigo y otros; y, ii) En cuanto al otro agravio que hizo conocer el abogado sobre la discriminación del impetrante de tutela por el hecho de ser de otra nacionalidad, se recomienda al Juez demandado que como autoridades y ante el conocimiento de los procesos debemos ser imparciales y no emitir ningún criterio contra la nacionalidad, raza, género u otro aspecto; y denegó en relación al Secretario Abogado demandado; toda vez que, no se estableció vulneración por parte de este funcionario. Decisión asumida con los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, y tiene por finalidad esencial precautelar los bienes jurídicamente protegidos como son la vida y la libertad de las personas, siempre que éstas se encuentren ilegalmente perseguidas indebidamente procesadas o privadas de su libertad, a objeto de que el juez de garantías constitucionales en conocimiento de tales conculcaciones, restablezca las formalidades legales, guarde la tutela a la vida, cese a la persecución indebida o restablezca las formalidades legales; en el caso de autos, a través de la fundamentación que realizó la parte demandante de tutela, así como de los antecedentes se llega a establecer que evidentemente lo que se vulneró es el debido proceso en relación a la libertad del solicitante de tutela, bajo los siguientes fundamentos: ha sido necesario consultar al abogado del proceso de origen y refirió que es un proceso por el cual se atorizó el ingreso al procedimiento inmediato; es decir, de conformidad al art. 393 ter del CPP, que establece los plazos en los cuales se deben desarrollar todos los actos investigativos; asimismo, se dispuso por el Juez de la causa, treinta días de detención preventiva contra el imputad;, por lo que, al concluir este plazo y la etapa preparatoria en este procedimiento inmediato, el Ministerio Público debió presentar un requerimiento conclusivo, este es el primer elemento y la base de esta acción de libertad; sin embargo, en la audiencia de consideración jurídica ante una escasa fundamentación de la Fiscal de Materia, que tiene la carga de fundamentar y demostrar la necesidad de ampliar una detención preventiva y ya no para una etapa preparatoria, el Juez demandado de oficio amplió la detención preventiva agregando que se irían a realizar actos investigativos, más aquello no corresponde, pues no puede otra autoridad suplir la omisión del Ministerio Público y resolver mantener una detención preventiva de forma oficiosa o extra petita como ocurre en el presente caso, es el juez quien señaló de forma expresa que existirían actos investigativos pendientes contradiciendo el procedimiento inmediato, estos son aspectos que evidentemente demostrarían que se vulneró el debido proceso en relación directa del ahora accionante; en este sentido, correspondería dar curso a la acción solicitada; y, b) En cuanto al otro agravio, referente a la emisión de una conminatoria que lesionaría el procedimiento, concediendo un plazo de quince días para presentar un requerimiento conclusivo; de su revisión se observaría que fue recibida por la Fiscalía Departamental el 20 de diciembre de 2022, advirtiendo simplemente el señalamiento del art. 134 del CPP, mas no indicó el tiempo en que debiera emitirse el requerimiento conclusivo, entendiendo que al señalar el precepto mencionado se refiere a los cinco días improrrogables que otorga la ley para la emisión del requerimiento; en ese sentido, no sería evidente lo manifestado, resultando una interpretación personal o subjetiva del abogado del accionante cuando mencionó que se otorgó quince días.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 442/2022 de 16 de noviembre, emitido por el Juez de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Saddam Emir Carcasi Pari -ahora accionante-, por el cual considerando el procedimiento inmediato, dispuso la detención preventiva del referido imputado por el lapso de treinta días, y señaló audiencia para considerar la situación procesal del sindicado para el 16 de diciembre de igual año a horas 09:00, asumiendo la previsión de dejar notificadas a las partes en audiencia y ordenando la remisión del expediente al Juzgado de turno por la vacación judicial (fs. 9 a 11). II.2. Por providencia de 6 de diciembre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, remitió el cuaderno de control jurisdiccional al Juez de turno por la vacación judicial conforme la Circular 19/2022-SP-TDJLP (fs. 26). II.3. Mediante decreto de 7 de diciembre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, señaló la audiencia de situación jurídica del imputado referida ut supra para el día viernes 16 de similar mes y año a horas 9:30, actuado programado de manera virtual, cursando también las diligencias de notificación al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, al Ministerio Público y a Saddam Emir Carcasi Pari –ahora impetrante de tutela-, todas efectuadas el 8 del mismo mes y año (fs. 27 al 30). II.4. Corre acta de audiencia de consideración de situación jurídica de 16 de diciembre de 2022 a horas 9:30, en la cual constaría la presencia del imputado y su abogado defensor, así como la ausencia del Ministerio Público; una vez que, fundamentó el abogado defensor, el Juez ahora demandado difirió el señalamiento para el 20 del mismo mes y año a horas 08:30; ante dicha determinación, la defensa interpuso recurso de reposición que fue rechazado (fs. 31 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de seguridad jurídica; toda vez que: 1) El Juez y Secretario Abogado -ahora demandados-quienes conocieron su causa en suplencia legal al encontrarse de turno en las vacaciones judiciales, pese a que tenían conocimiento del señalamiento de audiencia de situación jurídica programada por el Juez titular para el 16 de diciembre de 2022 a horas 09:00, no efectuaron la notificación al Centro Penitenciario donde guarda detención preventiva e incumplieron llevar a cabo dicho acto procesal, y, 2) Ampliando la demanda tutelar, denuncia que en la audiencia de consideración de situación jurídica desarrollada el 20 del señalado mes y año, el Juez demandado mediante Auto Interlocutorio 363/2022 de igual data, de manera infundada dispuso ampliar su detención preventiva por quince días más, conminando al Ministerio Público para que en ese plazo formule el requerimiento formal conclusivo, cuando el lapso de la detención preventiva ya había vencido y estaba fuera del plazo previsto en el adjetivo penal. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad innovativa; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho en la sistematización de los tipos de acción de libertad vía jurisprudencia; iii) La legitimación pasiva del personal subalterno en la acción de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad innovativa

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado.

En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 3El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 4El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.

Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.

En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.

Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.

Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.

Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)

El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho en la sistematización de los tipos de acción de libertad vía jurisprudencia

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0086/2018-S2 de 23 de marzo, asumió el siguiente razonamiento. El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado es ilustrativo). Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, 6El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

III.3. La legitimación pasiva del personal subalterno en la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo asumió el siguiente razonamiento. Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

7El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 8El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 9El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que estas o estos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad.

No obstante, la SC 0332/2010-R de 17 de junio estableció una excepción a esta regla, señalando que el personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contradigan lo dispuesto por la autoridad judicial o cometieran excesos en sus funciones que pudieran lesionar derechos fundamentales o garantías constitucionales, pero si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías, no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno. Más tarde, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril indicó que los funcionarios 10El FJ III.2, señala: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 11El FJ III.4, señala que: “Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo”. 12El FJ III.2, define: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ʽCon relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ʽEl personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos subalternos tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas. Como se puede advertir, la jurisprudencia emanada de este Tribunal, señala que el personal subalterno al no contar con poder de decisión jurisdiccional que pueda definir la situación jurídica de las partes en un proceso, carece de legitimación pasiva, entendiendo que su actuar se circunscribe a obedecer las órdenes del juez que tiene el control jurisdiccional; sin embargo, esta regla tiene su excepción en los casos en los cuales este personal, comete excesos en su labor o contradice lo dispuesto por las autoridades superiores o sus actos u omisiones vulneran derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes, casos en los cuales, tendría legitimación pasiva para ser demandado.

III.4. Análisis del caso concreto

En el caso objeto de análisis, el accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de seguridad jurídica; toda vez que: a) El Juez y Secretario Abogado -ahora demandados- quienes conocieron su causa en suplencia legal al encontrarse de turno en las vacaciones judiciales, pese a que tenían conocimiento del señalamiento de audiencia de situación jurídica programada por el Juez titular para el 16 de diciembre de 2022 a horas 09:00, no efectuaron la notificación al Centro Penitenciario donde guarda detención preventiva e incumplieron llevar a cabo dicho acto procesal, y, b) Ampliando la demanda tutelar, denuncia que en la audiencia de consideración de situación jurídica desarrollada el 20 de diciembre de 2022, el Juez demandado mediante Auto Interlocutorio 363/2022 de igual data, de manera infundada dispuso ampliar su detención preventiva por quince días más conminando al Ministerio Público para que en ese plazo formule el requerimiento formal conclusivo, cuando el plazo de la detención preventiva ya había vencido y se encontraba fuera del plazo previsto en el adjetivo penal. De la compulsa del expediente remitido en revisión, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Saddam Emir Carcasi Pari -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, en audiencia de medidas cautelares desarrollada el 16 de noviembre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 442/2022 de la misma fecha, donde considerando el procedimiento inmediato aplicado al proceso, y la concurrencia de los presupuestos legales dispuso la detención preventiva del referido imputado por el lapso de treinta días, por lo que señala audiencia para considerar la situación procesal con el siguiente tenor:

…para el día 16 de diciembre de 2022 a horas 9:00 a.m., debiendo el señor secretario remitir al juzgado de turno porque de existir vacación judicial existirá un juez nombrado para vacación judicial bajo responsabilidad del señor secretario del juzgado por lo que están siendo también indicado a las partes que deberán estar si existe un juez de fin de año tendrán que verificar por lo que la audiencia sí se está señalando para el 16 de diciembre 2022 a horas 9:00 a.m., de la mañana lo único que deberá hacer es notificarse al penal de San Pedro para su conexión del señor imputado (sic [Conclusión II.1]). Posteriormente por providencia de 6 de diciembre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, remite el cuaderno de control jurisdiccional al Juez de turno por la vacación judicial (Conclusión II.2); en este caso, al Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, quien mediante providencia de 7 de similar mes y año, reprograma la audiencia de situación jurídica del imputado referida precedentemente para el día viernes 16 de igual mes y año a horas 09:30 -es decir para el mismo día con media hora de diferencia-, con dicho decreto se notificó al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, al Ministerio Público y a Saddam Emir Carcasi Pari -ahora impetrante de tutela-, el 8 del mismo mes y año (Conclusión II.3); a la audiencia señalada se hicieron presentes el demandante de tutela y su abogado, pero ante la ausencia del Ministerio Público, el Juez demandado difirió la audiencia para el 20 del mismo mes y año a horas 08:30; ante dicha determinación, la defensa interpone el recurso de reposición que fue rechazado (Conclusión II.4). Determinada la problemática planteada y descritos los antecedentes corresponde efectuar el análisis y compulsa de los mismos a los fines de establecer si son o no evidentes las denuncias efectuadas en la demanda tutelar.

III.4.1. Respecto a la dilación para el desarrollo de la audiencia de consideración de la situación procesal

En el petitorio inicial de la demanda tutelar, el accionante impetraba se desarrolle la audiencia de consideración de su situación procesal; sin embargo, en la audiencia de consideración a la acción de libertad, reconoce que esta audiencia ya se llevó a cabo, lo que implica que la finalidad de la demanda tutelar desapareció, empero es posible activar la acción de libertad innovativa, cuyo objetivo es evitar que en el futuro se reitere esa conducta omisiva y dilatoria que afecta el derecho al debido proceso y a la libertad, al encontrarse al margen del ordenamiento jurídico vigente, conforme establece el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por lo cual es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

La demanda tutelar denuncia que el Juez titular del proceso penal que se le sigue, al momento de disponer la detención preventiva del accionante, señaló audiencia de consideración de su situación procesal para el 16 de diciembre de 2022 a horas 09:00, y que los antecedentes del proceso pasaron a conocimiento de la autoridad y funcionario ahora demandados por la vacación judicial, quienes no habrían revisado los antecedentes ni efectuaron la notificación al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; de manera tal, que no se desarrolló la audiencia programada.

Al respecto, de la descripción de los antecedentes efectuada, se constata que es evidente que el Juez titular señaló audiencia de consideración de su situación procesal para el 16 de diciembre de 2022 a horas 09:00; pero no es cierto, que el Juez y Secretario Abogado -ahora demandados-, no habrían revisado los antecedentes al momento de recepcionar los antecedentes, ya que remitidos los mismos por la vacación judicial, mediante providencia de 7 del mismo mes y año, el Juez reprogramó la audiencia para el mismo día, solamente media hora más tarde; es decir para las 09:30, con dicha providencia se cumplieron debidamente las notificaciones a las partes, aclarando además que conforme el informe de la autoridad demandada, esta reprogramación la efectuó porque ya tenía otra audiencia fijada con anterioridad. No obstante lo referido, el día y hora señalados no se hizo presente a la audiencia el Ministerio Público, por lo que el Juez de la causa, dispuso nuevamente la reprogramación de la audiencia para el 20 de diciembre de 2022 a horas 08:30, lo que ocasionó la dilación en la realización del actuado, ya que conforme el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, es procedente la acción de libertad traslativa o de pronto despacho cuando la audiencia de consideración -en este caso de la situación procesal- se suspenda por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; razonamiento aplicable en el caso objeto de análisis, porque el Ministerio Público fue debidamente notificado para dicho actuado conforme consta la diligencia cursante a fs. 29 del expediente constitucional (Conclusión II.3). Por todo lo expuesto, corresponde conceder la tutela impetrada por el ahora accionante contra el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por la dilación en la realización de la audiencia de situación jurídica del mismo, que recién se habría desarrollado el 20 de diciembre de 2022 a horas 08:30; es decir, posterior a la presentación de la demanda tutelar. Prosiguiendo con el análisis, resulta que en relación al Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, corresponde denegar la tutela impetrada, porque como funcionario subalterno él no tenía competencia para para evitar la suspensión de la audiencia de consideración de su situación procesal; por lo que, no cumple con la legitimación pasiva, ya que acorde a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el personal subalterno asume legitimación pasiva sólo cuando incurren en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas.

III.4.2. Respecto a la solicitud de anular el Auto

Interlocutorio 363/2022 20 de diciembre

En la audiencia de consideración de la demanda tutelar, la parte accionante amplió la acción de defensa, haciendo referencia a que en la audiencia de consideración de su situación jurídica desarrollada el 20 de diciembre de 2022, el Juez demandado dispuso mediante Auto Interlocutorio 363/2022 de la misma fecha, sin la debida fundamentación ampliar su detención preventiva por quince días más, cuando el lapso de la detención preventiva ya había vencido y sin que la Fiscal de Materia presente memorial acreditando sus fundamentos, agregando además que se hubiera conminado al Ministerio Público, para que en ese mismo lapso formule requerimiento conclusivo, desconociendo el plazo establecido en el adjetivo penal.

En relación a esta sub problemática es menester señalar que en la audiencia de consideración de la acción de libertad no estuvo presente el Juez demandado, por lo que no asumió conocimiento de la ampliación de la acción de libertad.

Si bien en la acción de libertad rige el principio de informalidad y es posible que la parte accionante pueda ampliar los fundamentos de la demanda tutelar, en el caso presente la ampliación persigue una finalidad distinta a la planteada en el memorial de la demanda tutelar, con la que el Juez demandado fue notificado y al no haber asumido conocimiento de la ampliación efectuada el referido Juez, este Tribunal se ve impedido de pronunciarse al respecto, porque implicaría la lesión al derecho a la defensa de la autoridad demandada; además de ello, porque contra dicha determinación no se agotó la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad, correspondiendo al respecto denegar la tutela impetrada.

III.5. Otras consideraciones

Es necesario realizar un análisis sobre la actuación efectuada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, quien constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 35/2022 de 21 de diciembre, y a tiempo de conceder la tutela impetrada en relación a la segunda problemática respecto a la cual ahora se deniega la tutela, dispuso dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 363/2022 -por el cual el Juez demandado habría dispuesto ampliar el plazo de la detención preventiva-, y ordenó que se otorgue medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del impetrante de tutela, desconociendo la competencia y las atribuciones señaladas a las autoridades jurisdiccionales constituidas en jueces o tribunales de garantías constitucionales, de acuerdo a lo establecido por los arts. 125 con relación al 196.I de la CPE, quienes ciertamente deben adquirir pleno convencimiento y certeza efectiva de cómo los hechos denunciados pudieron haber vulnerado los derechos fundamentales y garantías constitucionales que se invocan en la acción tutelar; y en consecuencia, disponer su restitución; sin embargo, ello no implica que la Jueza de garantías en la acción tutelar, se encuentre autorizada para asumir las competencias de un Tribunal de alzada -considerando que la Resolución era impugnable en la vía ordinaria-, peor aún sin que la autoridad demandada haya podido asumir defensa respecto a la ampliación de la acción de defensa. No obstante, en el marco de lo dispuesto por el art. 28.II del Código Procesal Consitucional, corresponde dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, a objeto de no generar disfunciones procesales.

Por otro lado, de acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que la presente acción de libertad fue resuelta por la Jueza de garantías el 21 de diciembre de 2022; sin embargo, se procedió a la remisión de los antecedentes a este Tribunal recién el 3 de enero 2023, conforme consta en el Cite 02/2023 de remisión del cuaderno de acción de libertad, cursante a fs. 42; evidenciándose el incumplimiento del plazo dispuesto por la parte in fine de los arts. 129.IV de la CPE y 38 del CPCo, que dispone: “La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución”; consiguientemente, resulta evidente la inobservancia de la norma procedimental en cuanto a la remisión oportuna de esta acción de defensa y consecuentemente, corresponderá llamar la atención a Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela respecto al Juez demandado, además de dejar sin efecto el Auto Interlocutorio impugnado -cuando no correspondía-; y, finalmente, denegar en relación al Secretario Abogado demandado, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2022 de 21 de diciembre, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada contra Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en la vía innovativa únicamente, por la dilación en el desarrollo de la audiencia de consideración de la situación procesal del accionante, todo conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación a las lesiones denunciadas respecto al Auto Interlocutorio 363/2022 de 20 de diciembre; manteniendo subsistentes los actos realizados en cumplimiento a la inicial concesión de tutela de la Jueza de garantías, de acuerdo a los fundamentos del presente fallo constitucional.

3° DENEGAR la tutela solicitada en relación Richard Sumi Poma, Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de la paz, por falta de legitimación pasiva. 4° Llamar severamente la atención a Wendy Luna Castro, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, por lo desarrollado en el acápite de III.5 Otras Consideraciones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 2El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente, esa presunta ilegalidad adquiere otras

alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 5El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.

en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0650_2025-S1.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): a620a8509dc8202203640c640ec3626d7e987bcd7a9f1f73f819570f723dd5f5

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