Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta y oportuna, así como a los principios de celeridad y dirección judicial del proceso; puesto que la Jueza ahora accionada vulnerando el art. 239.2 del CPP señaló la audiencia de cesación de la detención preventiva, que solicitó el “7” de marzo de 2022 para el 16 de ese mes y año, y sin mayor fundamento suspendió dicha audiencia programada, debido a que habría fijado en otro proceso, audiencia de medidas cautelares con aprehendido en la misma fecha y hora, dejando en incertidumbre su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 04/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Disponer que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, de forma inmediata, señale nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por el hoy accionante el 8 de marzo de 2022, conforme a procedimiento y resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, siempre y cuando aquello no hubiese ocurrido aún. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto al principio de “dirección judicial del proceso” conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0650/2023-S3 Sucre, 27 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 46718-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Wilson López Suárez en representación sin mandato de Eologio Jorge Choque contra María Luisa Saavedra Rioja, Jueza de Instrucción Penal Primera de Yacapani del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 8 a 11, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis, en grado de tentativa conforme al art. 8, ambos del Código Penal (CP), en audiencia de medidas cautelares de 31 de agosto de 2021, se dispuso su detención preventiva por el plazo de ciento cincuenta días; es decir, hasta el 31 de enero de 2022; sin embargo, en dicha fecha no se instaló audiencia para considerar su situación jurídica; por lo que el “7” de marzo de 2022, presentó solicitud de cesación de su detención preventiva conforme lo establece el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que determina la cesación por el vencimiento del plazo dispuesto para la misma, sin exigir la existencia de nuevos elementos.
En ese entendido, por decreto de 9 de marzo de 2022, la Jueza ahora accionada señaló audiencia virtual para el 16 de ese mes y año a las 14:45 horas, -vulnerando el segundo párrafo del art. 239.2 CPP-, instalado dicho actuado procesal, el Secretaria del Juzgado informó que la Jueza hoy accionada habría fijado audiencia cautelar con aprehendido en otro proceso, en la misma fecha y hora; es así, que sin más razones o fundamentos suspendió la audiencia de cesación de su detención preventiva, causándole por ello incertidumbre sobre su situación jurídica.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta y oportuna, así como a los principios de celeridad y dirección judicial del proceso, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, la Jueza ahora accionada fije a la brevedad día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva para el 18 de marzo de 2022.
Celebrada la audiencia virtual el 18 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 25, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) La audiencia que solicitó debió llevarse adelante el 11 de marzo de 2022 de acuerdo al art. 239.2 del CPP, que establece cuarenta y ocho horas para fijar dicho actuado procesal; b) Llama la atención para que se programara otra audiencia en la misma fecha y hora; y, c) Si la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva fue suspendida, suponiendo que los fundamentos de la autoridad jurisdiccional eran ciertos, la realización de una nueva audiencia no debió superar el plazo previsto por el art. 239 del CPP, que es de cuarenta y ocho horas.
María Luisa Saavedra Rioja, Jueza de Instrucción Penal Primera de Yacapani del departamento de Santa Cruz, en audiencia manifestó que: 1) Se remitió acta de suspensión de audiencia donde el Secretario claramente indicó que se suspendió la audiencia del accionante porque se encontraban en una audiencia cautelar con aprehendido dentro del caso FELCC-YAPACANI 073/2022; 2) El accionante solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva el 9 de marzo de 2022 y se señaló audiencia para el 16 de ese mes y año a las 14:45 horas y toda vez que en provincia los juzgados no cuentan con plataforma de notificaciones y las mismas muchas veces tiene que ser de forma presencial por la oficial de diligencias en los domicilios procesales, incluso el accionante se encuentra detenido en el Centro Readaptación Productiva de Montero (CERPROM), por lo que se dispuso su notificación personal debido a que cuando se realiza de forma virtual a través de WhatsApp aducen que no recibieron la notificación, siendo ese el motivo por el cual otorgó cinco días hábiles para señalar audiencia cautelar; y, 3) El 16 de marzo de 2022 recibió tres imputaciones formales, señalando la primera para las 9:30 horas, en el caso FELCV 69/2022 sobre violencia familiar o doméstica, que se instaló casi a las 10:00 horas por cuestión de traslado del imputado, el cual duró dos horas y media, cuando tenían otra audiencia para las 10:30 horas, caso FELCV 168/2022 por el delito de violencia familiar o doméstica, misma que se instaló a las 13:00 horas que concluyó casi a las 14:00 horas, y la última audiencia era en el caso FELCC-Yapacani 073/2022 por el delito de robo, programada para las 14:00 horas, pero se instaló a las 14:30 horas concluyendo aproximadamente a las 15:15 horas, realizándose a esta audiencia un cuarto intermedio para instalar la audiencia del accionante, actuado en el que se encontraba solo el accionante y su defensa, no estaba presente el Fiscal de Materia ni la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Yapacani del departamento de Santa Cruz, y al no poder realizar dos audiencias al mismo tiempo, suspendió la audiencia del accionante para el 22 de marzo de 2022, siendo que no se encontraban presentes todos los sujetos procesales, debiendo notificarles y además remitir el correspondiente oficio al Centro de Readaptación Productiva de Montero (CERPROM) para que el accionante esté presente en audiencia, debiendo prever el tiempo para aquello.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 04/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 25 a 27 vta., concedió la tutela solicitada, sin costas; bajo los siguientes fundamentos: i) La Jueza ahora accionada pudo habilitar horas extraordinarias a efectos de precautelar los derechos de las partes, más aun cuando la última audiencia culminó a las 15:15 horas, siendo la jornada laboral hasta las 16:00 horas; ii) No existe una razón válida para que la Jueza ahora accionada hubiese suspendido la audiencia programada para el 16 de marzo de 2022; y, iii) Habiéndose señalado audiencia para el 22 de marzo de 2022 debe llevarse ese actuado procesal bajo responsabilidad de la Jueza ahora accionada, habilitando incluso día y horas extraordinarias.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 8 de marzo de 2022, dirigido a María Luisa Saavedra Rioja, Jueza de Instrucción Penal Primera de Yacapani del departamento de Santa Cruz -ahora accionada- a través del cual Eologio Jorge Choque -ahora accionante- solicitó la cesación de su detención preventiva en base al art. 239.1 y 2 del CPP (fs. 3 a 6 vta.); recibiendo en respuesta, el Decreto de 9 de marzo de 2022, que señaló audiencia virtual de cesación a la detención preventiva para el 16 de ese mes y año a las 14:45 horas (fs. 7). II.2. Cursa Acta de audiencia virtual de cesación de la detención preventiva del accionante por el delito de tentativa de violación de niña, niño y adolescente con agravante de 16 de marzo de 2022, donde se suspendió y señaló nueva audiencia virtual de cesación de la detención preventiva para el 22 de marzo de 2022 (fs. 18).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta y oportuna, así como a los principios de celeridad y dirección judicial del proceso; puesto que la Jueza ahora accionada vulnerando el art. 239.2 del CPP señaló la audiencia de cesación de la detención preventiva, que solicitó el “7” de marzo de 2022 para el 16 de ese mes y año, y sin mayor fundamento suspendió dicha audiencia programada, debido a que habría fijado en otro proceso, audiencia de medidas cautelares con aprehendido en la misma fecha y hora, dejando en incertidumbre su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta y oportuna, así como a los principios de celeridad y dirección judicial del proceso; puesto que la Jueza ahora accionada vulnerando el art. 239.2 del CPP señaló la audiencia de cesación de la detención preventiva, que solicitó el “7” de marzo de 2022 para el 16 de ese mes y año, y sin mayor fundamento suspendió dicha audiencia programada, debido a que habría fijado en otro proceso, audiencia de medidas cautelares con aprehendido en la misma fecha y hora, dejando en incertidumbre su situación jurídica. De la revisión de antecedentes, se tiene el memorial presentado el 8 de marzo de 2022, dirigido a la Jueza ahora accionada, a través del cual el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva establecido por el art. 239.1 y 2 del CPP; recibiendo en respuesta, el Decreto de 9 de marzo de 2022, que señaló audiencia para el 16 de ese mes y año a las 14:45 horas (Conclusión II.1.); y, el Acta de audiencia de 16 de marzo de 2022, donde se señaló nueva audiencia virtual de cesación de la detención preventiva para el 22 de marzo de 2022 (Conclusión II.2.).
La problemática a resolver versa sobre la presunta dilación de la Jueza ahora accionada en resolver la situación jurídica del accionante, correspondiendo referir por ello, el contenido del art. 239 del CPP, que trata sobre la cesación de las medidas cautelares personales, el cual fue modificado por el art. 2.III de la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, que dispone taxativamente:
“(Cesación de las Medidas Cautelares Personales). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención. (…)
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.” (las negrillas son nuestras). Corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, activándose en ese caso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la cual busca acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas. En ese contexto, se tiene que evidentemente el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva el 8 de marzo de 2022 al amparo del art. 239.1 y 2 del CPP, pedido que fue atendido por la Jueza ahora accionada por el decreto de 9 de marzo de 2022, donde señaló audiencia para el 16 de ese mes y año, fecha que se encuentra fuera del plazo establecido por la normativa procesal penal para las causales establecidas por el art. 239.1 y 2 del CPP, que determina que se debe señalar audiencia para el efecto en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, es así que la Jueza ahora accionada inobservó lo dispuesto por el citado artículo.
Asimismo, al suspender la audiencia que fue programada para el 16 de marzo de 2022 a las 14:45 horas, porque “…desde horas 09:30 de la mañana el día de hoy este juzgado se encuentra con audiencias cautelares siendo la presente caso Felcc 073/2022 por el delito de hurto la que estamos realizando en este momento, audiencia que tiene plazo para realizarla, merced a esta situación se suspende la presente audiencia y se señala nueva fecha de audiencia para el día martes 22 de marzo...” (sic); sin embargo, por encontrarse la Jueza ahora accionada en ese momento en otra audiencia de imputación formal con aprehendido (fs. 18), también existió dilación indebida por la no realización de la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, siendo que la existencia de una audiencia con aprehendido en otro proceso penal no se constituye en sí mismo en un justificativo para suspender una audiencia de cesación de la detención preventiva de otra persona -en este caso el accionante- que se encuentra privada de libertad, por lo que correspondía que la Jueza ahora accionada reorganice la realización de sus audiencias, de modo que pueda llevar adelante la otra audiencia que se encontraba celebrando y la audiencia del accionante que estaba programada con anterioridad, extremo que pudo realizar en el entendido que la audiencia por la que se suspendió la audiencia del accionante, concluyó “casi a las 15:15 pm” -así se tiene del informe oral emitido por la Jueza ahora accionada en audiencia-; es decir, luego de media hora de que la audiencia del accionante se instalara y fuera suspendida, pudiendo haberse llevado a cabo dicho actuado procesal; se debe aclarar que la causa de suspensión de la citada audiencia no se debió a la ausencia del Ministerio Público o de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Yapacani del departamento de Santa Cruz, como quiso hacer entender la Jueza ahora accionada en su informe, extremo que tampoco se hubiese constituido en un óbice para la realización de la citada audiencia, conforme el art. 113.II del CPP modificado por la Ley 1173 que refiere que no se podrá suspender la audiencia por dichos extremos. Si bien, ante la suspensión de la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, la Jueza ahora accionada fijó nuevo día y hora de audiencia al efecto, para el 22 de marzo de 2022, se debe considerar al respecto que, ese nuevo señalamiento debió efectuarse en el plazo de cuarenta y ocho horas, conforme se encuentra establecido en el art. 113.II del CPP, modificado por la Ley 1173, más aun cuando no se justificó la eventual existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, y no luego de seis días de suspendida la audiencia de cesación, considerando además que transcurrió catorce días desde que el accionante realizó su solicitud de cesación de la detención preventiva.
En ese entendido, se evidencia que existió dilación injustificada en el presente caso, en razón a que la Jueza ahora accionada provocó una demora injustificada en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante; consecuentemente, la Jueza ahora accionada con su actuar negligente vulneró el derecho a la libertad del accionante vinculado el derecho al debido proceso en su elemento de celeridad y a la justicia pronta y oportuna, por lo que se debe actuar esta acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; correspondiendo, en este caso conceder la tutela solicitada. Finalmente, ante la referencia a la lesión a la “dirección judicial del proceso”. El mismo constituye generalmente un principio procesal, por lo que no se encuentra dentro del alcance de protección de esta acción dentro de la acción de defensa debiéndose denegar la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 04/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Disponer que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, de forma inmediata, señale nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por el hoy accionante el 8 de marzo de 2022, conforme a procedimiento y resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, siempre y cuando aquello no hubiese ocurrido aún. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto al principio de “dirección judicial del proceso” conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0650_2023-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2b22d3aeb06ca8c56e53de3f6a5ec84c314f2a4fb0e376fff9edc3598b54dffe
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