Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de junio de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento valoración objetiva de las pruebas y a la libertad física y de locomoción; toda vez que, en mérito al Informe de Acción Directa de 28 de diciembre de 2022, elaborado por el Policía Interventor -ahora demandado-, se inició un proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, encontrándose aprehendidos injusta e ilegalmente por cuanto lo consideran totalmente falso y digitalizado, con base en el cual, el Ministerio Público los imputó formalmente y solicitó la medida cautelar de detención preventiva; por lo que, solicitan se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se anule el Informe señalado, ordenando su libertad inmediata. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía boliviana; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-014/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 28 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0649/2025-S1 Sucre, 13 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52812-2023-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AL-014/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 28 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Ignacio Udaeta Ortiz, José Antonio Maldonado, Pamela Torrez Martínez, Rebeca Medina Sacco y Susana Katherine Del Llano Méndez contra Joel Velásquez Vargas, Policía Interventor de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).
Por memorial presentado el 30 de diciembre de 2022, cursante de fs. 11 a 16 vta., los accionantes, expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señalan que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, previsto en el art. 223 del Código Penal (CP); el 28 de diciembre de 2022 aproximadamente a las 22:30, fueron aprehendidos en la calle Baldivieso, donde se encuentra la Fiscalía Departamental de Cochabamba, siendo conducidos posteriormente a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la laguna Alalay, iniciándose el proceso penal a raíz de un Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa de 28 de diciembre de 2022, pronunciado por Joel Velásquez Vargas, Policía Interventor -ahora demandado-, con el cual se argumentó la comisión del delito en flagrancia, afectando directamente sus intereses y amenazando sus derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción, con dicho informe que carece de pruebas para determinar que hubieran formado parte de la turba que hizo destrozos en puertas de la Fiscalía Departamental mencionada, con base en el cual el Ministerio Público procedió a imputarlos formalmente requiriendo la aplicación de medidas cautelares personales en su contra. El Informe referido en el punto diez, sobre el breve detalle del hecho, describe lo siguiente:
“’En fecha 28 de Diciembre de 2022 a Aprox. hrs. 22:30 p.m. Aprox. cuando me encontraba cumpliendo servicio en la unidad policial U.T.O.P. (Unidad Táctica de Operaciones Policiales), por instrucción de Radio Patrulla 110 me constituía a la calle Baldivieso y calles Salamanca debido a que la Sra. Sgto. 1º Elvira Morales Romero seguridad de la fiscalía departamental dependiente del segundo batallón de seguridad física’ quien pidió apoyo a la central de radio patrullas donde se encontraba una turba de personas que realizaba protestas y destrozos de los ambientes de la fiscalía departamental de Cochabamba, a horas 22:35 pm. llegué a los ambientes de la fiscalía departamental de Cochabamba donde evidentemente se encontraba una turba enardecida queriendo tomar las instalaciones de la FISCALÍA quienes Habían intentado ingresar a la fuerza no pudiendo burlar la seguridad perimetral de la misma FISCALÍA arrojaron piedras destrozando vidrios e intentaron destrozar la puerta principal tratando de quemar la puerta con una llanta de vehículo, y al momento de la intervención policial y por instrucción del Comando departamental se aprehendió a 5 personas quienes se encontraban en la turba que habían ocasionado los destrozos de la fiscalía. Los mismos responden a los siguientes nombres. 1.- Sra. REBECA MEDINA SACCO (…) 2.- Sr. MARCO IGNACIO UDAETA ORTIZ (…) 3.- Sr. JOSÉ ANTONIO MALDONADO (…) 4.- Sra. SUSANA DEL LLANO MÉNDEZ (…) 5.- Sra. PAMELA TORREZ MARTÍNEZ (…). Por tal motivo se trasladó a los mismos a dependencias de la FELCC (…) en calidad de aprehendidos por Destrucción y deterioro de los bienes del Estado (FISCALIA) dejando el caso al Sgto. My. Waldo Yana Ticona DIV. y MANEJO Y CONTROL de CRISIS de la FELCC” (sic). El cual contiene los siguientes defectos procesales: a) No realizó ninguna acción directa más al contrario solo fue a cumplir con las órdenes del Comando Departamental de la Policía, aprehendiendo a cinco personas él solo, sin la ayuda de ningún otro colega; b) No se identificó a ninguna persona del hecho ocurrido porque no menciona cuál de los aprehendidos participó de la acción delictiva causando deterioro y daños en la infraestructura de la Fiscalía, tal como determinan los arts. 227 y 230 del Código de Procedimiento Penal (CPP); c) No determinó con qué objeto causaron daño o si hizo un secuestro de los objetos utilizados para el hecho delictivo, ni menciona ninguna declaración de Elvira Morales Romero como denunciante y testigo del hecho, ya que no consta su firma o declaración del hecho delictivo en la acción directa, vulnerando el art. 295.2 del Adjetivo Penal; d) No se observa algún levantamiento de planos, fotografías del vidrio roto o de la puerta quemada, menos grabación de video o algún objeto recolectado e instrumentos relacionados con el delito que respalden la acción directa realizada por el Policía Interventor, incumpliendo los requisitos exigidos y determinados en los arts. 295 y 296 del CPP, que refieren los requisitos para una aprehensión dentro del marco del debido proceso y el principio de legalidad; e) No se acredita que Elvira Morales Romero pidió apoyo a las 22:30; ni se entrevista a la prenombrada para reafirmar la existencia de una turba de personas, menos que los cinco aprehendidos sean los directos artífices y autores del delito; no se demuestra que llegó a horas 22:35; tampoco el destrozo de vidrios, porque no acompaña ningún registro fotográfico ni video de la puerta forzada o quemada con llanta; entre otros; y, f) Finalmente, indicaron que el Acta de Acción Directa no contiene ningún elemento de convicción que acredite y los sindique como autores del hecho delictivo, menos se acredita flagrancia puesto que el informe asegura que ellos estaban en la turba sin afirmar a qué se refiere, es decir, fue una turba de personas no identificadas y aprehendió a cualquier persona. Respecto a la aprehensión, indicaron que existen requisitos fundamentales y de cumplimiento obligatorio para su realización, tal cual establece el art. 226 del CPP, que determina que el Fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años; lo mencionado acredita que se realizó una privación de libertad ilegal, tomando en cuenta que el delito imputado cuyo mínimo legal es menor a dos años, es decir de uno a seis años; asimismo, el art. 227 del mismo cuerpo legal, que faculta la aprehensión por parte de la Policía, tampoco aplica en el presente caso, existiendo un defecto absoluto en el procedimiento realizado, habiendo efectuado un análisis errado del Policía Interventor ahora demandado. Resaltan que en ningún momento participaron de la supuesta toma de instalaciones o destrozos de la Fiscalía, simplemente se encontraban en el sector como simples espectadores, habiéndose incumplido el Protocolo de Intervención Policial fueron privados de su libertad sin indagar o identificar si ellos eran los responsables de dichos actos. Acreditando que su aprehensión fue totalmente direccionada, adjuntan el Informe “001/2022” emitido por Elvira Morales Romero, Encargada del control de la puerta de la Fiscalía y es ella quien llamó a Radio Patrulla pidiendo refuerzo policial, empero en su declaración existe incongruencia puesto que afirma que al promediar las 21:30 las personas empezaron a arrojar piedras hacia la institución y es ahí cuando solicitó refuerzo policial; de lo cual observan que refiere el horario 21:30, y el Informe de Acción Directa del Policía Interventor menciona otra hora (22:30), esta descoordinación de horario es muestra clara que la Policía obró de mala manera. Finalmente, al encontrarse aprehendidos injusta e ilegalmente en celdas policiales, por cuanto en base al Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa de 28 de diciembre de 2022, el cual consideran totalmente falso y digitalizado, el Ministerio Público los imputó formalmente y solicitó la medida cautelar de detención preventiva en su contra, por lo que presentan acción de libertad en la vía preventiva a objeto de impedir la lesión de su derecho fundamental a la libertad física, en función a que las acciones y determinaciones asumidas por la autoridad demandada sin tenerlos claramente identificados, atenta contra sus intereses y amenaza sus derechos.
La parte accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento valoración objetiva de las pruebas y a la libertad física y de locomoción, citando al efecto los arts. 22 y 23.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia se anule el Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa de 28 de diciembre de 2022 y se ordene su libertad inmediata.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad se realizó el 30 diciembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 27 y vta., produciéndose los siguientes actuados:
La parte accionante no asistió a la audiencia tutelar pese a su notificación cursante a fs. 20 y 21.
Joel Velásquez Vargas, Policía Interventor de la UTOP, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia tutelar, pese a su citación legal cursante a fs. 18 y 19; sin embargo, el Asesor Legal del Comando Departamental de la Policía de Cochabamba, presente en audiencia sostuvo que el demandado se encontraba en un operativo y por ello no pudo asistir; refiriendo en su representación qué este actuó dentro del marco de la ley, asimismo, que la acción de libertad presentada no podía ser tutelada en mérito a la subsidiariedad excepcional, pidiendo se deniegue la tutela.
Carlos Renato García Rueda, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó lo siguiente: “hoy a horas 13:00” se fijó audiencia para que se defina la situación jurídica de los accionantes y los mismos se sometieron a procedimiento abreviado, beneficiándose con la suspensión condicional de la pena; debiendo aplicarse la subsidiariedad y denegar la tutela solicitada.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución AL-014/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 28 a 34 vta., denegó la tutela solicitada por inobservancia de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, aspecto que impide a la jurisdicción constitucional efectuar un análisis de fondo sobre la problemática expuesta; decisión asumida con los siguientes fundamentos: 1) En el presente caso se evidencia que los hechos denunciados esencialmente giran sobre una aprehensión que se califica como indebida por no existir propiamente flagrancia u originarse en la ejecución de un mandamiento escrito emitido por autoridad competente, generando aquello que, al presente los demandantes de tutela se encuentren privados de su libertad; al respecto corresponde en aplicación del criterio que sustenta la subsidiariedad excepcional que debe exigirse a tiempo de resolver una acción de libertad, no pueda ingresarse al revisar si tales denuncias tienen mérito o no, debido a que es plausible lo aseverado por el Fiscal que concurrió a la audiencia tutelar, que indicó que los impetrantes de tutela se habrían sometido a procedimiento abreviado y les fue concedido el beneficio de la suspensión condicional de la pena, sin haber denunciado que hubieran sido objeto de una aprehensión ilegal; y, 2) De lo que se desprende que no existe vulneración de derechos o garantías que deban ser reparados, y en el supuesto de que dichas referencias no fueran exactas, se tiene evidencia que los impetrantes de tutela actualmente se encontrarían bajo control jurisdiccional, toda vez que de las literales acompañadas a la demanda tutelar, se colige que existe un informe al Juez de Instrucción Penal de turno sobre el inicio de la investigación, imputación formal por el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y ulteriormente debían ser presentados en calidad de aprehendidos ante la autoridad jurisdiccional para que en audiencia considere la aplicación de la medida cautelar impetrada por el Ministerio Público o salidas alternativas, donde los accionantes deberán efectuar los reclamos aludidos a fin de que la misma pueda efectuar un control de la legalidad formal y material de dichas aprehensiones, en su labor de control jurisdiccional de la causa; en el presente caso no concurren los supuestos establecidos en la SC 1888/2013 de 29 de octubre, para presentar la acción de libertad de forma directa, debiendo acudir los accionantes con su reclamo ante el Juez que conoce su causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa de 28 de diciembre de 2022, pronunciado por Joel Velásquez Vargas, Policía Interventor de la UTOP -ahora demandado- (fs. 8 a 10); e informe de inicio de investigaciones e imputación formal con aprehendidos realizada por la Comisión de Fiscales de Materia, ante el Juez de Instrucción Penal, dentro del proceso penal seguido de oficio por el Ministerio Público contra Marco Ignacio Udaeta Ortiz, José Antonio Maldonado, Pamela Torrez Martínez, Rebeca Medina Sacco y Susana Katherine Del Llano Méndez -ahora accionantes- por la presunta comisión del delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional (fs. 2 a 7). II.2. Mediante proveído de 30 de diciembre de 2022, pronunciado por el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, se providencia el memorial señalado en la Conclusión precedente, indicando que se tiene presente el inicio de investigación e imputación formal con solicitud de aplicación de medidas cautelares, programando audiencia cautelar virtual de para el día viernes 30 de diciembre de 2022 a horas 13:00 (fs. 25 y vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento valoración objetiva de las pruebas y a la libertad física y de locomoción; toda vez que, en mérito al Informe de Acción Directa de 28 de diciembre de 2022, elaborado por el Policía Interventor -ahora demandado-, se inició un proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, encontrándose aprehendidos injusta e ilegalmente por cuanto lo consideran totalmente falso y digitalizado, con base en el cual, el Ministerio Público los imputó formalmente y solicitó la medida cautelar de detención preventiva; por lo que, solicitan se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se anule el Informe señalado, ordenando su libertad inmediata. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía boliviana; y, ii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0077/2018-S2 de 23 de marzo, complementada por el Voto Disidente de la SCP 0262/2018-S2 de 18 de junio y la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, desarrolló el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo.
través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…)
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el subrayado es nuestro). 2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3El FJ III.5, menciona: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 4El FJ III.4, indica: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo, la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R. Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”. 5El FJ III.4, refiere: “De donde se establece que la resolución que resuelva un incidente de nulidad por defectos absolutos, puede ser impugnada mediante un recurso idóneo, como es la apelación, ya sea incidental, si es interpuesta en la etapa preparatoria; o restringida, si es en el juicio oral, por lo que en los supuestos en que la norma procesal penal prevea de manera específica, medios de defensa oportunos para resguardar el derecho a la libertad ante situaciones en las que una persona se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, dichos mecanismos procesales deben ser activados con carácter previo e intra-proceso, operando por ello de manera excepcional la subsidiariedad la acción de liberta”. 6El FJ III.3, expresa: “La SC 0636/2010-R de 19 de julio, respecto a la apelación de incidentes de actividad procesal defectuosa, señaló lo siguiente: ‘De otro lado el capítulo IV del Título I del libro primero de la segunda parte del código de procedimiento penal, tiene como nomen juris «Excepciones e incidentes», cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss del CPP, precisando: «las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…», por ello dentro de un sentido amplio de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del CPP, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia constitución´”. 7El FJ III.2, menciona: “De lo anterior es posible concluir, que ante el rechazo de un incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto durante la etapa preparatoria, corresponderá a los litigantes, por mandato constitucional, en uso de su derecho a impugnación, interponer apelación incidental; y sólo en caso de no obtener una resolución que atienda favorablemente a su solicitud, entonces recién quedará expedita la vía de la presente acción. Así la SCP 0639/2012 de 23 de julio, afirmó: ‘…en consecuencia asumiendo la interpretación amplia de los alcances del art. 403 del CPP desarrollada por la jurisprudencia glosada, concluimos que toda resolución de carácter incidental pronunciada en la etapa preparatoria del proceso penal, es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación incidental previsto en la norma adjetiva penal antes citada´”. 8El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.
presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
9El FJ III.4, determina:
“Primer supuesto:
Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto:
Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas son introducidas). 10El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (...)
Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros). Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; 2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa. Por lo que, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías- lesivos a derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, no procediendo, por tanto, la activación directa de la acción de libertad.
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento valoración objetiva de las pruebas y a la libertad física y de locomoción; toda vez que, en mérito al Informe de Acción Directa de 28 de diciembre de 2022, elaborado por el Policía Interventor -ahora demandado-, se inició un proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, encontrándose aprehendidos injusta e ilegalmente por cuanto lo consideran totalmente falso y digitalizado, con base en el cual, el Ministerio Público los imputó formalmente y solicitó la medida cautelar de detención preventiva.
De la compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se tiene que Marco Ignacio Udaeta Ortiz, José Antonio Maldonado, Pamela Torrez Martínez, Rebeca Medina Sacco y Susana Katherine Del Llano Méndez -ahora accionantes- fueron aprehendidos el 28 de diciembre de 2022 a las 22:30, iniciándose un proceso penal en su contra a raíz del Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa de 28 de diciembre de 2022, pronunciado por Joel Velásquez Vargas, Policía Interventor de la UTOP -ahora demandado-, con el cual se argumenta la comisión del delito destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional en flagrancia, sindicándoles de formar parte de la turba que hizo destrozos en puertas de la Fiscalía Departamental de Cochabamba; asimismo, consta informe de inicio de investigaciones e imputación formal con aprehendidos realizada por la Comisión de Fiscales de Materia ante el Juez de Instrucción Penal de turno (Conclusión II.1). Asimismo, cursa proveído de 30 de diciembre de 2022, pronunciado por el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante el cual resuelve el memorial señalado supra, indicando tener presente el inicio de investigación e imputación formal con solicitud de aplicación de medidas cautelares, programando audiencia cautelar virtual de para el día viernes 30 de diciembre de 2022 a horas 13:00 (Conclusión II.2). En síntesis, según indican los accionantes, el Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa de 28 de diciembre de 2022, pronunciado por el funcionario policial ahora demandado, contiene una serie de errores o defectos procesales y carece de pruebas para atribuirles la comisión del hecho delictivo, menos se acredita flagrancia, arguyendo que no participaron de la supuesta toma de instalaciones o destrozos de la Fiscalía, sino que se encontraban en el sector como simples espectadores, de modo que su privación de libertad es injusta e ilegal por cuanto el funcionario policial -demandado- no indagó ni verificó si ellos eran los verdaderos responsables, existiendo defectos absolutos en el procedimiento de su aprehensión; asimismo, con base en dicho Informe, el Ministerio Público los imputó formalmente y solicitó la medida cautelar de detención preventiva en su contra; situación que amenaza su derecho fundamental a la libertad física. Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, ante denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías, se debe acudir ante el juez de instrucción penal que es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa. Entendimiento que resulta aplicable al caso concreto, por cuanto ante la supuesta aprehensión arbitraria desarrollada por el efectivo policial ahora demandado y los demás agravios descritos en la presente acción de libertad; correspondía que los impetrantes de tutela, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, previamente reclamen la supuesta vulneración de sus derechos a través de los mecanismos de defensa previstos legalmente, ante la autoridad a cargo del proceso, en este caso el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; para luego recién, en caso de no lograr la reparación de sus derechos, una vez agotada la instancia ordinaria, acudir a la justicia constitucional; razón por la cual corresponde denegar la tutela por incumplimiento a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Sumado a ello, del acta de audiencia de consideración de esta acción tutelar -fs. 27 y vta.- se extrae que el Fiscal de Materia advirtió que participó en la audiencia de aplicación de medidas cautelares señalada para el día viernes 30 de diciembre de 2022 a horas 13:00 y que los accionantes se sometieron a la salida alternativa de procedimiento abreviado, beneficiándose con la suspensión condicional de la pena; aspecto que refuerza la denegatoria indicada, sin que ello implique el análisis de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-014/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 28 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a
11 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0649_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): d2c5860c130ddefe449e228ae97a7acd288d2c2f8d3dacd76fd940f1a81ee8a4
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