B.IA.LEGAL

SCP 0648/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 15 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
15 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
59110-2023-119-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia que la Vocal demandada vulneró sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia de la resolución; al juez natural e imparcial; a la libertad; y, a la defensa; en razón a que, por Auto de Vista de 12 de julio de 2023, declaró improcedente su recurso de apelación incidental contra el rechazo de su cesación a la detención preventiva; incurriendo en los siguientes vicios argumentativos: a) Omitió el análisis de los agravios planteados; b) No describió los elementos de prueba ni justificó por qué el informe pericial presentado no desvirtuaba el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; y, c) Actuó con parcialidad favorable a la víctima, atribuyéndole frases no dichas en audiencia para desvirtuar dicho riesgo procesal sobre su condición de hijo, padre y esposo. Con relación a la lesión de derechos que se le atribuye, la Vocal demandada argumentó que: 1) El Auto de Vista de 12 de julio de 2023, fue dictado conforme a la ley y la jurisprudencia aplicable, con fundamentos claros y motivados; el impetrante de tutela realizó una descripción subjetiva que no refleja sus verdaderos fundamentos; 2) Resolvió la el recurso de apelación incidental con base en los agravios expuestos, valorando integralmente los datos del proceso, la vulnerabilidad de la víctima y la fuerza empleada; la prueba pericial debe valorarse en juicio oral -art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 7 de octubre de 2023, cursante de fs. 83 a 88 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, ante la evidenciada lesión de los derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia de la resolución, en el marco de lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista de 12 de julio de 2023, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, debiendo pronunciar una nueva resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación con este fallo constitucional y de conformidad a los fundamentos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, ello no se hubiera ya cumplido; y/o variado la situación jurídico procesal del accionante por el carácter temporal e instrumental de las medidas cautelares personales; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada con relación a los derechos al debido proceso en su elemento al juez natural e imparcial; a la libertad; y, a la defensa, conforme los argumentos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la motivación y fundamentación de las resoluciones en materia de cesación de detención preventiva: Alcance del control de la valoración probatoria en segunda instancia en el marco del art. 239.1 del CPP
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0648/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 59110-2023-119-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 7 de octubre de 2023, cursante de fs. 83 a 88 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Álvaro Sotomayor Almanza en representación sin mandato de Carlos Córdova Peñaloza contra Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de octubre de 2023, cursante a fs. 1 y 29 a 40, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Actualmente, se encuentra cumpliendo la medida extrema de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; restricción de la libertad que supera el año de duración y que se sustenta únicamente en la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -peligro efectivo para la víctima-, dicha medida se halla inserta dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de violación, seguido a denuncia de Eulalia Quispe Romero -hoy tercera interesada-. En ese contexto, el 13 de junio de 2023, impetró la cesación de su detención preventiva fundado en el art. 239.1 del señalado Código; petición que fue denegada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del citado departamento, bajo el argumento de considerar que aún persistía subsistente el riesgo procesal contenido en el referido artículo.

Contra el Auto Interlocutorio de 13 de junio de 2023, interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto por Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada- mediante el Auto de Vista de 12 de julio de igual año, el cual declaró improcedente el recurso y confirmó la subsistencia de la medida cautelar. En relación a la persistencia del riesgo procesal comprendido en el art. 234.7 del CPP, la Vocal demandada consideró válida la construcción efectuada por el Tribunal a quo, tomando en cuenta las características del hecho, la situación de vulnerabilidad de la víctima -mujer-, las condiciones asimétricas de poder y la fuerza empleada por el imputado, lo que impedía a la víctima repeler la agresión. Asimismo, estableció que, si bien acompañó un informe pericial tendiente a demostrar que no constituiría un peligro para la sociedad ni para la víctima, dicho peritaje debía ser valorado en la etapa procesal correspondiente -juicio oral-, añadiendo que las condiciones personales del imputado -ser hijo, padre y esposo- no impedirían, por sí mismos, que sea considerado un peligro para la víctima. Finalmente, la Vocal demandada determinó que, al encontrarse el proceso a puertas del juicio oral, correspondía aplicar lo establecido en el art. 221 del CPP. No obstante, la Vocal demandada resolvió el recurso de apelación incidental como si se tratara de una audiencia de cesación a la detención preventiva, cuando debió limitarse estrictamente, conforme al art. 398 del CPP, al análisis de los agravios planteados y a la vulneración de derechos constitucionales denunciada. Por otro lado, el Auto de Vista de 12 de julio de 2023, no expresó los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de normas legales aplicables y descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes, así como el valor otorgado a los medios de prueba, limitándose a una relación escueta y genérica de los argumentos del Tribunal a quo y de los hechos, sin justificar por qué el informe pericial no resultaba suficiente para desvirtuar el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, máxime cuando en medidas cautelares la motivación requiere ser reforzada -SC 0752/2002-R y la SCP 0276/2018-S2 ambas de 25 de junio-. Sumado a ello, la Vocal demandada habría resuelto más allá de lo pedido al señalar que pretendía desvirtuar el peligro para la víctima invocando su calidad de hijo, padre y esposo, extremo que nunca fue alegado, máxime cuando el argumento real se basaba en una pericia psicológica que concluía que no es un peligro efectivo para la víctima. Con ello, se vulneró el principio de congruencia, pues se introdujeron elementos ajenos a la controversia planteada en la apelación.

Asimismo, la autoridad demandada incurrió en parcialidad al inventar palabras no dichas en audiencia, señalando que su persona pretendía desvirtuar el riesgo procesal invocando que “…no sería peligro por ser hijo, padre y situación de esposo…” (sic). Esta distorsión deliberada evidencia, una inclinación favorable hacia la víctima y una falta de neutralidad objetiva. De manera que, continúa detenido por el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, el cual, fue desvirtuado mediante la prueba pericial y la declaración anticipada de la víctima rendida en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), donde señaló que las relaciones fueron consentidas, que no fue correctamente valorada.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia de la resolución; al juez natural e imparcial; a la libertad; y, a la defensa, citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1, 8.2 inc. b) y 25.I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se anule el Auto de Vista de 12 de julio de 2023, disponiendo que se dicte uno nuevo con carácter de urgencia y ordene su libertad inmediata; b) Se ordene a la Vocal demandada, que dicte un nuevo Auto de Vista debidamente fundamentado y motivado; c) Se disponga el pago de costas, costos, daños y perjuicios; y, d) Se llame severamente la atención “…por resolver correctamente los agravios que se causa” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia bajo la modalidad mixta el 7 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 81 a 82, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, en audiencia, justificó su inasistencia alegando problemas estomacales que requirieron su atención en la “Clínica Santa Rita”, comprometiéndose a presentar la documentación respaldatoria el “lunes” siguiente a dicho acto procesal y reiteró la vulneración de su derecho a la libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante de fs. 77 a 80 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista de 12 de julio de 2023, fue dictado con plena sujeción a las normas procesales penales y a la jurisprudencia constitucional vigente. Tras escuchar los fundamentos orales de las partes, resolvió el recurso de apelación incidental con una correcta valoración de los antecedentes remitidos en grado de apelación, emitiendo una determinación con fundamentos claros, precisos y suficientemente motivados, conforme a lo dispuesto por el art. 124 del CPP. El accionante, en su escrito de acción de libertad, se limitó a una descripción subjetiva de los antecedentes que no reflejan los verdaderos fundamentos del Auto de Vista impugnado; 2) En la audiencia de 12 de julio de 2023, resolvió el recurso de la apelación incidental con base en los agravios expuestos por el abogado del imputado hoy accionante, específicamente en relación al art. 234.7 del CPP, y realizó una valoración integral de los datos del proceso, considerando los elementos indiciarios y la construcción efectuada por el a quo sobre las características del hecho, la situación de vulnerabilidad de la víctima y la fuerza empleada. Si bien el impetrante de tutela acompañó un informe pericial, este debe ser valorado en la etapa procesal correspondiente (juicio oral); al encontrarse el proceso a puertas del juicio, corresponde aplicar el art. 221 del adjetivo penal para garantizar la presencia del acusado; 3) No actuó de forma parcializada ni con injerencia contra el solicitante de tutela. Los argumentos de este sobre supuestas “palabras inventadas” constituyen una interpretación equivocada; sus reclamos son razonamientos subjetivos que no demuestran parcialidad alguna, y la resolución fue emitida con objetividad y apego a los antecedentes del caso; y, 4) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0909/2014 de 14 de junio y 0077/2012 de 16 de abril, establecen que el recurso de apelación incidental no constituye una nueva instancia para admitir nueva prueba, sino que el Tribunal de alzada debe circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución -art. 398 del CPP-, limitando su competencia a controlar la correcta valoración de la prueba por el juez inferior conforme a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, las denuncias del accionante debieron plantearse en la vía ordinaria, pues la justicia constitucional no es supletoria de la falta de diligencia procesal.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 7 de octubre de 2023, cursante de fs. 83 a 88 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista de 12 de julio de 2023, sí cuenta con fundamentación y motivación suficiente, se ajustó a los parámetros del art. 398 del CPP y a la jurisprudencia aplicable, aunque sea concisa, pues explicó la necesidad de realizar una valoración integral de los datos del proceso, tomando en cuenta los elementos indiciarios y la construcción del riesgo procesal efectuado por el Tribunal a quo tales como las características del hecho, vulnerabilidad de la víctima, fuerza empleada, condición de mujer. Asimismo, que el informe pericial presentado por el accionante debe ser valorado en la etapa de juicio oral y que, al estar a puertas del juicio, corresponde garantizar la presencia del acusado; ii) La detención preventiva del impetrante de tutela no es ilegal ni indebida, pues fue dictada mediante resolución fundada y motivada el 14 de junio de 2022, y confirmada por el Auto de Vista cuestionado. Adicionalmente, la persistencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP fue justificado por la autoridad demandada dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales; y, iii) El solicitante de tutela pretende que la justicia constitucional realice una nueva valoración de la prueba y controle la legalidad ordinaria, lo cual no es propio de la acción de libertad que no constituye un mecanismo supletorio para sustituir el trámite de cesación a la detención preventiva previsto en el art. 239 del señalado Código. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional establece que la apelación incidental no admite nueva prueba ni se convierte en una nueva instancia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Auto Interlocutorio de 13 de junio de 2023, pronunciado por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante el cual se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por Carlos Córdova Peñaloza -hoy accionante- con base en el art. 239.1 del CPP, al considerar concurrentes los elementos previstos en los arts. 233.1 y 234.7 del citado Código (fs. 62 vta. a 65 vta.). II.2. Cursa Acta de audiencia pública y Auto de Vista de 12 de julio de 2023, pronunciado por Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-. Dicho Auto de Vista declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio de 13 de junio de ese año, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del mismo departamento (fs. 7 a 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia que la Vocal demandada vulneró sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia de la resolución; al juez natural e imparcial; a la libertad; y, a la defensa; en razón a que, por Auto de Vista de 12 de julio de 2023, declaró improcedente su recurso de apelación incidental contra el rechazo de su cesación a la detención preventiva; incurriendo en los siguientes vicios argumentativos: a) Omitió el análisis de los agravios planteados; b) No describió los elementos de prueba ni justificó por qué el informe pericial presentado no desvirtuaba el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; y, c) Actuó con parcialidad favorable a la víctima, atribuyéndole frases no dichas en audiencia para desvirtuar dicho riesgo procesal sobre su condición de hijo, padre y esposo. Con relación a la lesión de derechos que se le atribuye, la Vocal demandada argumentó que: 1) El Auto de Vista de 12 de julio de 2023, fue dictado conforme a la ley y la jurisprudencia aplicable, con fundamentos claros y motivados; el impetrante de tutela realizó una descripción subjetiva que no refleja sus verdaderos fundamentos; 2) Resolvió la el recurso de apelación incidental con base en los agravios expuestos, valorando integralmente los datos del proceso, la vulnerabilidad de la víctima y la fuerza empleada; la prueba pericial debe valorarse en juicio oral -art. 221 del CPP- para garantizar la presencia del acusado; 3) No hubo parcialidad ni injerencia; los reclamos sobre “palabras inventadas” son subjetivas y no demuestran imparcialidad; el Auto de Vista cuestionado es objetivo; y, 4) Conforme a la jurisprudencia constitucional, la apelación incidental no admite nueva prueba; el Tribunal de alzada se circunscribe a lo cuestionado -art. 398 del adjetivo penal- y controla la correcta valoración de la prueba bajo sana crítica; la jurisdicción ordinaria es la vía idónea; la justicia constitucional no constituye una instancia supletoria. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la motivación y fundamentación de las resoluciones en materia de cesación de detención preventiva: Alcance del control de la valoración probatoria en segunda instancia en el marco del art. 239.1 del CPP

La jurisprudencia constitucional ha sido enfática al señalar que el deber de fundamentación y motivación también alcanza a los tribunales de apelación. En este entendido, la SCP 0633/2018-S2 de 8 de octubre, ha establecido los criterios esenciales que deben ser tomados en cuenta al momento de considerar solicitudes de cesación de detención preventiva en el marco de lo previsto en el art. 239.1 del CPP, a fin de definir la situación jurídica de los imputados en el marco del debido proceso, estableciendo lo siguiente: “…resulta evidente que como criterios esenciales, deben asumirse los siguientes: a) Debida ponderación respecto a cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y cuáles los nuevos elementos de convicción aportados a objeto de demostrar que ya no concurren o denoten la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; b) Fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones dictadas, por cuanto al estar vinculadas a la libertad de los imputados, la exigencia en dicho sentido, es aún mayor; c) Valoración integral de los medios probatorios en el marco de las reglas del debido proceso; no siendo viable apartarse de los marcos legales de razonabilidad y equidad, ni omitirla arbitrariamente; d) Efectuar una evaluación integral sobre los parámetros y criterios objetivos a fin de determinar la persistencia o no de los peligros procesales, realizando un test sobre los aspectos favorables o desfavorables, que informen al caso, no siendo viable sustentarse en cuestiones subjetivas y sin respaldo alguno; y, e) Todas las exigencias anotadas, deben ser cumplidas tanto en primera instancia, como en segunda, por los Tribunales de alzada” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

Como elementos relevantes del caso, se evidencia que luego de haberse dispuesto la detención preventiva del accionante, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 13 de junio de 2023, rechazó la solicitud de cesación de dicha medida cautelar interpuesta por el nombrado, con base en el art. 239.1 del CPP, al considerar persistente únicamente el riesgo del art. 234.7 del mismo Código (Conclusión II.1). Contra esa decisión, interpuso recurso de apelación incidental que fue resuelto por la Vocal demandada por Auto de Vista de 12 de julio de igual año, declarándolo improcedente y confirmando la determinación impugnada (Conclusión II.2).

El Auto de Vista hoy cuestionado, constituye el acto judicial que el impetrante de tutela considera lesivo a sus derechos constitucionales y que motiva el presente control de constitucionalidad tutelar, en atención a los agravios que integran el objeto procesal. En ese contexto, el accionante denunció que la Vocal demandada omitió el análisis de los agravios planteados, propio de un Tribunal de alzada. A efectos de verificar este extremo, se extraen del recurso de apelación incidental los siguientes agravios sustanciales: i) El Auto Interlocutorio de 13 de junio de 2023, carece de fundamentación y motivación; ii) No justificó por qué persiste el peligro efectivo para la víctima, pese a su declaración jurada y declaración anticipada que manifestó no encontrarse amedrentada; no señaló los elementos concretos que acreditan el riesgo real y objetivo, recurriendo a afirmaciones abstractas y subjetivas “escudadas” en perspectiva de género; y, iii) Omitió identificar el valor probatorio otorgado a la pericia psicológica de 10 de mayo de 2023, que concluyó en la inexistencia de trastornos mentales y emocionales en la personalidad del imputado, riesgo bajo para la víctima, ausencia de rasgos psicopáticos, falta de intencionalidad de causar daño, limitándose los jueces técnicos de manera escueta a establecer que la prueba es insuficiente para desvirtuar un riesgo procesal de peligro efectivo para la víctima, sin explicar el por qué. En relación con ellos, del contenido del Auto de Vista de 12 de julio de 2023, se advierte que, la Vocal demandada, en el CONSIDERANDO II, que constituye la parte que motiva de la decisión, menciona textualmente que:

“…la construcción que el Tribunal Aquo en este caso la Juez de Sipe Sipe ha efectuado en relación al numeral 7) por las características en las que se hubiesen desarrollado el hecho en el cual la señora Eulalia Quispe Romero es víctima, hace a una situación de vulnerabilidad a las condiciones de asimétricas también existentes y la fuerza que se empleó, así como la condición de mujer, toda vez que por esa misma situación es que la misma a tiempo de presentar la denuncia sostienen de que no obstante de haber procurado defenderse, pero la fuerza que el imputado hubiese impartido en contra la misma, no ha logrado rebatir esa fuerza para impedir el hecho denunciado en ese sentido, si bien es cierto que a la fecha se hubiera acompañado documentación en relación a un Informe Pericial referente a la situación actual en la que se encuentra el imputado como es señalándose de que el mismo no sería un peligro para la sociedad, eso por las condiciones de ser un hijo, de ser padre y también por la situación de esposo por esas condiciones que le impedirían ser un peligro para la víctima. Al respecto, cabe mencionar que Informe Pericial tiene que ser valorado en la etapa que corresponde y en este estado tomando en cuenta de que se encuentran a puertas de desarrollarse juicio oral, corresponde aplicarse lo establecido por el Art. 221 del CPP, es así que conforme lo manifestado por el Representante del Ministerio Publico en sentido de que se tiene que garantizar la presencia del acusado en el desarrollo del proceso, hasta que se resuelva su situación jurídica y con ello garantizarse asimismo la aplicación de la ley, consiguientemente tomando en cuenta que el Tribunal de Sentencia únicamente ha realizado una valoración integral de los hechos aplicando para ello también las Sentencias Constitucionales que hacen al estado de vulnerabilidad de la víctima quien no obstante de tener la edad de 22 años en su condición de mujer, de ser esposa y de haberlo reconocido de manera directa al imputado en el Mercado de Ramadas, esta autoridad entiende que el Tribunal de Sentencia ha realizado una correcta valoración de todos los datos del proceso y observa de que la documentación que se ha acompañado no desvirtúa la construcción inicial que se hubiese realizado en referencia al numeral 7) del Art 234…” (sic). De los argumentos descritos se advierte que, en efecto, la Vocal demandada no se pronunció sobre los agravios de la impugnación de manera específica. El Auto de Vista de 12 de julio de 2023, es deficiente argumentativamente, pues no ofrece razones de corrección judicial respecto del Auto Interlocutorio impugnado, en cuanto a si la declaración anticipada de la víctima -quien habría señalado no sentirse amedrentada- enerva el riesgo procesal; omite el alegato de apelación relativo a que el Tribunal inferior aplicó el peligro efectivo de forma abstracta y subjetiva; no identifica las pruebas que acreditan dicho peligro procesal; y no aclara si este se sustentó únicamente en un enfoque de género, tal como fue apelado. En correlación con lo anterior, el accionante denuncia que el Auto de Vista cuestionado, en su razonamiento autónomo, tampoco describió los elementos de convicción que sustentan el riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP, ni justificó por qué el Informe Pericial Psicológico de 10 de mayo de 2023 -que señalaba un riesgo bajo para la víctima-, era insuficiente, limitándose a reproducir genéricamente los mismos argumentos del Tribunal inferior. Y en efecto, de los argumentos antes glosados, se evidencia que este se limitó a señalar que corresponde realizar una valoración integral de los datos del proceso, tomando en cuenta los elementos indiciarios y todo el trabajo anterior desarrollado en relación con el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP. Acto seguido, reprodujo la construcción efectuada por la jueza a quo -que impuso la medida cautelar- sobre la vulnerabilidad de la víctima, las condiciones asimétricas, la fuerza empleada y la condición de mujer sin vincularlo al caso de manera concreta. Seguidamente, se refirió al informe pericial -de 10 de mayo de 2023-presentado como prueba de descargo, señalando que dicho peritaje debe ser valorado en la etapa que corresponde sin efectuar mayor fundamentación solo lo aseverado y que, al encontrarse el proceso a puertas del juicio oral, resulta aplicable el art. 221 del CPP, a fin de garantizar la presencia del acusado.

Pese a que, el Tribunal de alzada tiene la obligación de explicar de manera clara, razonada y autónoma la concurrencia o no de los presupuestos que justificaron el rechazo a la solicitud de cesación de la detención preventiva. Esta obligación no se satisface con la mera reproducción o validación acrítica de los argumentos del juzgador a quo, sino que exige verificar las inferencias realizadas. En concreto, conforme al precedente glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, y en el marco del art. 239.1 del CPP, se halla compelido a examinar: a) Si identificó correctamente los motivos originales que fundaron la detención preventiva; b) Si realizó una valoración adecuada de los nuevos elementos de convicción aportados por el imputado; c) Si valoró racional y objetivamente la persistencia o cese de los peligros procesales -peligro de fuga u obstaculización-evitando apreciaciones subjetivas; y, d) Si emitió una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, expresando las razones de hecho y de derecho que sustentan su decisión. En el caso concreto, la Vocal demandada omitió el referido control, pues reprodujo acríticamente la construcción del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP efectuado por la jueza que impuso la medida cautelar, basada en categorías como vulnerabilidad de la víctima, condiciones asimétricas, fuerza empleada y condición de mujer. Dicha reproducción carece de una motivación que exprese, de manera explícita, los elementos probatorios en los que se sustentó dicha conclusión -limitándose a inferirse del relato de la denuncia sobre la fuerza empleada-, sin que se expongan, en contraste con aquellos motivos originales, las razones que justifiquen la valoración y contraste de las nuevas pruebas supuestamente omitidas, cuya consideración desvirtuaría la persistencia del riesgo procesal.

Este déficit argumentativo adquiere especial relevancia, pues la propia autoridad demandada reconoció que el accionante acompañó un informe pericial. Ante ello, se limitó a señalar que debe ser valorado en juicio oral, sin ofrecer un análisis intermedio que demuestre por qué no afecta la concurrencia del riesgo procesal en la etapa de cesación, conforme al art. 239.1 del CPP. En consecuencia, respecto de tales denuncias, corresponde conceder la tutela impetrada, respecto a tales extremos denunciados en el punto a) y b) del objeto procesal. Otro aspecto relacionado con lo anterior es la introducción de elementos no alegados para desvirtuar el peligro -como su condición de hijo, padre y esposo-. Al respecto, de los argumentos del Auto de Vista de 12 de julio de 2023, descritos con anterioridad, se colige que la alusión a dicha condición no constituye un elemento ajeno incorporado unilateralmente por la Vocal demandada, sino que se circunscribe a un hecho notoriamente presente en la estrategia defensiva y en la prueba pericial de 10 de mayo del citado año aportada. En otros términos, fue extraído directamente de la fundamentación del recurso de apelación incidental presentado en audiencia por la propia parte acusada -hoy accionante- (fs. 7 vta.), fundado en una de las conclusiones de la pericia psicológica -tercer punto-, relativo a la existencia o no de criterios objetivos de peligrosidad del impetrante de tutela. Dicha conclusión comprendía la referencia derivada de la evaluación afectiva asociada a su condición de hijo, esposo y padre. No habiéndose acreditado dicha incongruencia sobre dicho punto, tampoco puede inferirse la parcialidad judicial denunciada por la supuesta invención de palabras no dichas en audiencia -como la referencia a que el informe pericial indicaría que ya no sería peligroso por ser hijo, padre y esposo-. Asimismo, la alegada inclinación favorable a la víctima carece de respaldo objetivo y se sustenta en una interpretación subjetiva de la recurrente, que no desvirtúa la presunción de imparcialidad jurisdiccional. Por ello, corresponde denegar la tutela solicitada respecto de este extremo -punto c) del objeto procesal-. En cuanto al derecho a la libertad, no corresponde pronunciarse, pues su análisis queda supeditado a los fundamentos de la nueva resolución que deberá emitirse en cumplimiento de este fallo constitucional. Respecto a los derechos al juez natural y a la defensa, la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa, al no precisar las causas ni acreditar su vulneración. Por consiguiente, la tutela respecto de estos últimos debe ser denegada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 7 de octubre de 2023, cursante de fs. 83 a 88 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, ante la evidenciada lesión de los derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia de la resolución, en el marco de lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista de 12 de julio de 2023, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, debiendo pronunciar una nueva resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación con este fallo constitucional y de conformidad a los fundamentos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, ello no se hubiera ya cumplido; y/o variado la situación jurídico procesal del accionante por el carácter temporal e instrumental de las medidas cautelares personales; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada con relación a los derechos al debido proceso en su elemento al juez natural e imparcial; a la libertad; y, a la defensa, conforme los argumentos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0648_2026-S2.pdf · páginas 1 a 12.

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