Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de agosto de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad, a la libertad personal y a la seguridad personal; puesto que, librándose mandamiento de libertad en su favor por el cumplimiento del pago de asistencia familiar que adeudaba, los funcionarios del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz se negaron a recepcionar el mismo, bajo el justificativo de que no existía personal en ese momento debido a los desfiles y actos cívicos en conmemoración del aniversario del departamento de La Paz, provocando que continúe indebidamente detenido en dicho Centro Penitenciario. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 213/22 de 17 de julio de 2022, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, disponiendo que el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, de manera inmediata ejecute el mandamiento de libertad librado en favor de Fredy Marín Calamani Villca, debiendo prever y activar todos los mecanismos necesarios para tal efecto tomando en cuenta que se trata del derecho a la libertad del nombrado, a menos que el mismo por el transcurso del tiempo ya hubiese sido ejecutado. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto al Director Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0648/2024-S3 Sucre, 14 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49807-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 213/22 de 17 de julio de 2022, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Claudia Flores Mayta en representación sin mandato de Fredy Marín Calamani Villca contra Franz Laura Berrios, Director Departamental del Régimen Penitenciario; y, David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro, ambos del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 16 de julio de 2022, cursante de fs. 9 a 10 vta., manifestó que, en el proceso de asistencia familiar iniciado contra Fredy Marín Calamani Villca -accionante-, ante el adeudo de asistencia familiar fue aprehendido y conducido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Bajo esos antecedentes, se efectuó el depósito total del monto adeudado, a ese efecto el Juez Público de Familia Séptimo de El Alto del departamento de La Paz emitió el Mandamiento de Libertad el 15 de dicho mes y año; en la misma fecha el Auxiliar del indicado juzgado, se constituyó en el referido Centro Penitenciario para la notificación con el mandamiento de libertad antes mencionado; sin embrago, no se le permitió el ingreso bajo el pretexto de que el personal policial se encontraba en los actos conmemorativos del “16 de julio”, a pesar que ya eran las 15:10 horas; es decir, aún dentro del horario de atención regular al público; asimismo, se le indicó que para que su libertad sea efectiva debía aguardar hasta el “día lunes” 18 del citado mes y año, lo que implicaría transcurrir tres días privado indebidamente de su libertad. En consecuencia, esa supuesta vulneración fue ratificada en la audiencia virtual de consideración de esta acción de defensa del 17 del citado mes y año, conforme consta en el acta cursante de fs. 20 a 21 vta.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad, a la libertad personal y a la seguridad personal; citando a tal efecto los arts. 21.7 22, 23.I y II, de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.
David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a través de su abogado en audiencia manifestó que: a) El abogado del accionante se entrevistó con la encargada de la oficina de Kardex quien le manifestó que no se recibiría ninguna “acción de libertad”; la referida unidad es distinta a dicho Centro Penitenciario; ya que se encuentra a cargo de los funcionarios dependientes de la dirección departamental; es decir, son funcionarios civiles, que debieron cumplir con sus obligaciones de participar en el desfile cívico de “16 de julio”, siendo ese el motivo por el que no se recibió el mandamiento de libertad; y, b) No se ejecutó el mandamiento de libertad, porque previamente se deben revisar todos los antecedentes del privado de libertad; asimismo, el funcionario policial tiene que verificar la existencia y veracidad del mandamiento de libertad; por lo que, incluso si el mandamiento de libertad hubiese sido recepcionado, necesariamente se tendrían que cumplir los procedimiento para su ejecución. Ante la pregunta efectuada por el Juez de garantías, aclaró que la encargada de la unidad de Kardex es dependiente del Régimen Penitenciario Franz Laura Berrios, Director Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz, a través de su abogado, se adhirió a lo manifestado por el Director del Centro Penitenciario ahora coaccionado.
El Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en, Juez de garantías, por Resolución 213/22 de 17 de julio de 2022, cursante de fs. 14 a 16, concedió -en parte- la tutela solicitada respecto al Director del Centro Penitenciario hoy coaccionado; y, denegó en cuanto al Director Departamental de Régimen Penitenciario ahora accionado; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) El cumplimiento en la ejecución del mandamiento de libertad necesariamente dependerá de la verificación de requisitos que viabilicen el cumplimiento del referido mandamiento, que deberá efectuarse con la debida celeridad y en los tiempos que permita dicha labor; 2) Las autoridades ahora accionadas no lograron justificar el actuar del personal encargado de recepcionar el mandamiento de libertad ya que según el informe del Auxiliar del Juzgado Público de Familia Séptimo de El Alto del indicado departamento, como tampoco se pudieron verificar las condiciones exigidas para su viabilidad, ya que no se contaba con el personal respectivo; 3) Si bien el Director del Centro Penitenciario hoy coaccionado indicó que la Encargada de Kardex es quien también recibe los mandamientos de libertad y que tenían que hacerse cargo de los actos del desfile -se entiende por el aniversario del departamento La Paz, y tomando en cuenta el horario en el que se presentó el citado mandamiento, el trámite de igual manera se hubiese dilatado al existir normas que cumplir como la verificación de los antecedentes del imputado -accionante-, así como la veracidad de dicho mandamiento; sin embargo, esos aspectos no justifican el incumplimiento de la norma previo a la ejecución del mandamiento de libertad ni la falta de recepción del mismo; 4) De conformidad a lo descrito al verificarse que la dilación en la ejecución del referido mandamiento se debió a la negligencia del personal del Centro Penitenciario San Pedro del indicado departamento y su Director; ya que son quienes deben controlar el personal a su cargo cumpla con sus funciones acreditándose la responsabilidad respecto de dicha dilación al mencionado Director hoy coaccionado; 5) Respecto al Director Departamental del Régimen Penitenciario ahora coaccionado, se tiene que no existe elemento probatorio que demuestre el conocimiento por parte de dicha autoridad del mandamiento de libertad en cuestión o la negativa del cumplimiento del mismo, circunstancia que da lugar a denegar la tutela solicitada en cuanto a esa autoridad hoy accionada; y, 6) Finalmente, se exhorta a la Dirección del Régimen Penitenciario de La Paz a realizar las gestiones y trámites administrativos necesarios para subsanar las falencias administrativas alegadas por ésta, con la finalidad de que en futuras actuaciones se proceda garantizando la mayor celeridad posible en aquellas solicitudes que tengan vinculación directa con el derecho a la libertad. En vía de explicación, complementación y enmienda, el Director del Centro Penitenciario ahora coaccionado, solicitó al Juez de garantías que aclare respecto al cumplimento inmediato “…de que usted está señalando (…) que va a tener que ser en el día, que se ponga en movimiento todo el poder judicial y que se remita el día de mañana…” (sic). En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías, emitió el Auto de 17 de julio de 2022, cursante a fs. 16, indicando que tienen conocimiento las partes procesales se tiene que hacer la verificación de veracidad del mandamiento de libertad, en consecuencia, se complementó estableciendo que la libertad del accionante deberá ser dispuesta a primera hora “del día lunes” -se entiende 18 de julio de 2022-, tomando en cuenta la referida verificación a realizarse.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso el sorteo conforme al orden correlativo de las acciones traslativas o de pronto despacho clasificadas a la Sala voluntaria o piloto; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, según orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Libertad de 15 de julio de 2022, emitido por María Eugenia Vásquez de Cáceres, Jueza Pública de Familia Séptima de El Alto del departamento de La Paz en favor de Fredy Marín Calamani Villca -ahora accionante- (fs. 5).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad, a la libertad personal y a la seguridad personal; puesto que, librándose mandamiento de libertad en su favor por el cumplimiento del pago de asistencia familiar que adeudaba, los funcionarios del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz se negaron a recepcionar el mismo, bajo el justificativo de que no existía personal en ese momento debido a los desfiles y actos cívicos en conmemoración del aniversario del departamento de La Paz, provocando que continúe indebidamente detenido en dicho Centro Penitenciario. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Dentro de la clasificación doctrinal de la acción de libertad, respecto a la finalidad que esta persigue, la traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las vulneraciones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad; es por ello que, la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra consagrado en los arts. 178.I y 180.I de la CPE; por lo tanto, un actuar contrario a este principio, supone la lesión al derecho a la libertad, previsto por el art. 23.I de la Norma Suprema.
En ese marco, con relación a la celeridad en las solicitudes de personas privadas de libertad y su protección mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0427/2020-S4 de 9 de septiembre; señaló que: “Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, determinó lo siguiente: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.
La SCP 0381/2015-S3 de 8 de abril, que efectuó una recopilación de la línea jurisprudencial emitida por este Tribunal con relación a las dilaciones indebidas en ejecución de mandamientos de libertad, en consecuencia; señaló que: “…la jurisprudencia constitucional refrendó la obligatoria observancia a la prescripción contenida en el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), que establece: ‘Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno…’, aclarando que si bien la autoridad encargada de recintos penitenciarios debe verificar como medida de seguridad el cumplimiento de requisitos previos a la ejecución del mandamiento de libertad, ello no debe implicar una dilación injustificada en dicha ejecución (SC 0323/2003-R de 17 de marzo)”’.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad, a la libertad personal y a la seguridad personal; puesto que, librándose mandamiento de libertad en su favor por el cumplimiento del pago de asistencia familiar que adeudaba, los funcionarios del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz se negaron a recepcionar el mismo, bajo el justificativo de que no existía personal en ese momento debido a los desfiles y actos cívicos en conmemoración del aniversario del departamento de La Paz, provocando que continúe indebidamente detenido en dicho Centro Penitenciario.
Expuesta la problemática venida en revisión, corresponde el análisis de la misma; en ese sentido, de la revisión de antecedentes se tiene que mediante memorial presentado el 15 de julio de 2022, ante el Juzgado Público de Familia Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, el accionante a través de su representante sin mandato, adjuntó boleta de Bs40 033,33 (cuarenta treinta tres mil 33/100 bolivianos), como pago del adeudo de asistencia familiar; por lo que solicitó se emita el correspondiente mandamiento de libertad, al estar detenido en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (fs. 4).
En respuesta a dicha solicitud, se tiene el mandamiento de libertad librado por la Jueza Pública de Familia Séptima de El Alto del departamento de La Paz (fs. 5), que ordenó se ponga en inmediata libertad al accionante, siempre que no estuviera detenido por otras causas o montos pendientes de pago; asimismo, cursa el Informe de 15 de julio de 2022, emitido por el Auxiliar del referido Juzgado, informando que se apersonó en esa fecha al Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento con la finalidad de ejecutar el mandamiento de libertad emitido en favor del accionante; sin embargo, al llegar al lugar señalado, el “oficial” a cargo del control de la puerta de ingreso a la Gobernación de dicho Centro Penitenciario, le indicó que no sería posible recepcionar el mandamiento de libertad y que retornara directamente el “día Lunes” -18 de julio de 2022-, debido a que no se contaba en ese momento con personal, mismos que estarían participando de los desfiles por el aniversario del referido departamento (fs. 6).
Ahora bien, con carácter previo es necesario señalar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico II.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es sólida al determinar que los encargados de los Centros Penitenciarios tienen la obligación de ejecutar inmediatamente el mandamiento de libertad, previa verificación de su autenticidad e inmediata comprobación de la existencia o no de otros contra el privado de libertad.
El informe del Auxiliar del Juzgado Público de Familia Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, permite evidenciar que el mandamiento de libertad emitido por la Jueza de ese Juzgado, no siguió su curso de trámite para su eventual materialización; puesto que, ni siquiera fue recibido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, y por consiguiente, no se procedió con el correspondiente trámite de verificación, ni se realizó el protocolo a tal efecto, con la finalidad de procurar la ejecución del mismo, si es que así correspondía, de no existir otras situaciones que impidan la libertad del accionante; por lo que, esa omisión provocó una demora innecesaria en dicha tramitación, siendo que conforme al art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), no existía razón alguna para no recibir el mandamiento de libertad, y luego de su verificación ejecutarlo, sin eximir el deber jurídico que tiene el Director de dicho Centro Penitenciario hoy coaccionado de tomar los recaudos correspondientes de comprobación antes de dar curso a dicho mandamiento.
En ese sentido, la falta de recepción del mandamiento de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, para su tramitación, denota una omisión que incidió en carencia de celeridad como elemento del derecho al debido proceso, vinculado a la libertad del accionante, contraviniendo al entendimiento plasmado en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; en ese contexto, se tiene que entender que la labor que cumple David Rodolfo Machicado Cuela, Director de dicho Centro Penitenciario, ahora coaccionado, conlleva por un lado la dirección y control del Centro Penitenciario a su cargo y por consiguiente de los funcionarios del mismo, y por otro lado el control de las labores que se cumplen vinculadas a los privados de libertad dentro del mismo, entre estas la recepción de mandamientos de libertad que se constituyen en órdenes judiciales que deben ser cumplidas -que se reitera evidentemente deben ser previamente verificadas- sin que pueda negarse la recepción de estos ni de ninguna orden judicial por ninguna circunstancia, lo que conlleva que su labor no se limite al cumplimiento de funciones en el horario laboral establecido, sino que debió procederse a la recepción del mandamiento de libertad en cuestión, precautelando los derechos del accionante; empero, sin omitir la propia responsabilidad de comprobación que tiene el Director del Centro Penitenciario donde deben ejecutarse, conforme establece la norma y la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional. En ese marco, al producirse una indebida omisión ante la negativa de recepción del mandamiento de libertad emitido en favor del accionante, que generó a su vez en una dilación en la verificación y posterior ejecución del mismo, corresponde conceder la tutela solicitada en los parámetros expuestos.
Finalmente, respecto a Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz hoy accionado; la parte accionante no proporcionó elementos que demuestren que dicha autoridad hubiese conocido el mandamiento de libertad en cuestión; por lo que, no se advierte cuál la omisión o actuación ilegal que hubiese causado vulneración de derechos; en consecuencia, se deniega la tutela solicitada respecto a esa autoridad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder -en parte- la tutela solicitada respecto al Director del Centro Penitenciario de San Pedro; y, denegar respecto al Director Departamental de Régimen Penitenciario, ambos del departamento de La Paz, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 213/22 de 17 de julio de 2022, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, disponiendo que el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, de manera inmediata ejecute el mandamiento de libertad librado en favor de Fredy Marín Calamani Villca, debiendo prever y activar todos los mecanismos necesarios para tal efecto tomando en cuenta que se trata del derecho a la libertad del nombrado, a menos que el mismo por el transcurso del tiempo ya hubiese sido ejecutado. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto al Director Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0648_2024-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 069a601fdeb502477779df34b6a0f8325b735b16395a17e8b9d4d1dbd0b6481e
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