Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 15 de octubre de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de la garantía al fuero sindical y sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por su condición de padre progenitor relacionado al interés superior del menor; y, al acceso a la seguridad social; toda vez que, es constantemente removido de su puesto de trabajo -en el Vicerrectorado de la UAGRM- de manera arbitraria, sin respetar su inamovilidad laboral por gozar de fuero sindical y ser padre progenitor de una menor a un año, hecho que denunció ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, entidad que pronunció en su favor la Conminatoria de Cumplimiento a la Normativa Laboral – Respeto al Fuero Sindical JDTSC/CCHS/CONM. 15/2022, por la que conminó a su empleador dar cumplimiento a la normativa laboral vigente en respeto al fuero sindical; determinación que en sus argumentos estableció que no podía ser despedido ni removido de su puesto de trabajo hasta después de un año del cumplimiento de su gestión sindical, por lo que en consecuencia le corresponde el pago de sueldos devengados por el tiempo que fue retirado de la Universidad -desde el 30 de noviembre de 2019 hasta el 1 de marzo de 2021- por cuanto desde ese entonces ya gozaba de fuero sindical; determinación laboral que fue incumplida por la entidad empleadora pese a su notificación; razones por las que acudió a la justicia constitucional, solicitando le concedan la tutela, ordenando el cumplimiento integral de la citada Conminatoria.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 131 de 17 de noviembre de 2022, cursante de fs. 73 vta. a 75 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada únicamente en cuanto a la garantía de inamovilidad laboral que le asiste al accionante, disponiendo que la autoridad demandada restituya al prenombrado en su lugar de trabajo de origen, es decir, en oficinas de Vicerrectorado, sea en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación con este fallo constitucional, salvo que aun eso no hubiera ocurrido por la concesión de tutela inicial. 2° DENEGAR la tutela en cuanto a la solicitud de pago de sueldos devengados y respecto a los derechos al trabajo y a la seguridad social, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, únicamente en el supuesto que la Universidad demandada, al momento de la notificación con este fallo constitucional, ya hubiera cumplido con lo dispuesto efectuando el pago de salarios devengados ordenado, caso en el cual se mantendrá la decisión y efectos derivados de la Resolución de la Sala Constitucional, remitida en revisión.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0648/2024-S1 Sucre, 15 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 52674-2023-106-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 131 de 17 de noviembre de 2022, cursante de fs. 73 vta. a 75 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Pablo Pino Velásquez contra Vicente Remberto Cuellar Téllez, Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).
Mediante memorial presentado el 31 de octubre de 2022, cursante de fs. 32 a 43, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que, ingresó a trabajar en la UAGRM inicialmente bajo la suscripción de 4 contratos a plazo fijo, permaneciendo bajo esa modalidad de trabajo desde el mes de junio de 2015 hasta noviembre de 2019; y posteriormente, con un contrato laboral por tiempo indefinido suscrito el 1 de marzo de 2021, con el objeto de desarrollar funciones administrativas en la oficina de Vicerrectorado; en ese ínterin, denuncia que de manera arbitraria e ilegal fue removido en más de una oportunidad de su puesto de trabajo, esto sin considerar que goza de inamovilidad laboral por tener una hija menor a un año y además goza de fuero sindical. Al respecto refiere que los actos vulneratorios iniciaron con el Memorándo 760/2021 de 22 de octubre, de Disposición de Personal, por el cual la Dirección de Desarrollo Humano le comunica que a partir de esa fecha queda a disposición de personal de ese departamento; y luego, a través de Comunicación Interna 694/2021 de 23 de noviembre, nuevamente lo transfieren de forma temporal a las oficinas de Admisión Estudiantil (PSA).
Agrega que forma parte del Directorio de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, fungiendo labores sindicales, tal cual desprende la Resolución Ministerial (RM) 1223/2018 de 14 de noviembre, con mandato desde el 18 de octubre de 2018 hasta el 17 de octubre de 2020; y luego, por RM 040/21 de 21 de enero de 2021, se reconoció al Directorio de la COD de Santa Cruz, por el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2020 al 19 de noviembre de 2023, del cual también forma parte; lo que demuestra que se encuentra fungiendo el cargo de Secretario de Vinculación Estudiantil, y por tanto goza de inamovilidad laboral por fuero sindical; situación que puso en conocimiento del Rector de la UAGRM mediante Nota CITE: 07/2022 de 12 de enero. Añade que, conforme a lo mencionado supra, le corresponde inclusive el pago de sueldos devengados por el lapso de tiempo que estuvo desempleado, es decir, desde el 30 de noviembre de 2019 (fecha de finalización de su cuarto contrato a plazo fijo) hasta el 1 de marzo de 2021 (fecha de suscripción del contrato indefinido), por cuanto, debido a la garantía de inamovilidad laboral por fuero sindical de la que gozaba desde ese entonces, no podía ser despedido hasta un año después de la finalización de su gestión. En ese entendido, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz denunciando esos hechos arbitrarios; entidad que pronunció en su favor la Conminatoria de Cumplimiento a la Normativa Laboral - Respeto al Fuero Sindical JDTSC/JCCHS/CONM. 15/2022 de 13 de mayo, por la que conminó a la UAGRM dar cumplimiento a la normativa laboral vigente en respeto al fuero sindical; es decir, que al ser dirigente sindical, no puede ser despedido o removido de su puesto de trabajo, tampoco disminuirse sus derechos laborales, conforme establece art. 51.VI de la Constitución Política del Estado (CPE); sin embargo la casa superior de estudios le sigue removiendo de su lugar de trabajo, actos arbitrarios que iniciaron con el despido de su fuente laboral en 2019, dejándole sin salario por el tiempo de “…diciembre de 2019 a febrero de 2021…” (sic); y una vez reincorporado por el contrato indefinido de 1 de marzo de 2021, a la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional continúan transgrediendo su garantía de inamovilidad laboral, removiéndole de su puesto de trabajo de forma arbitraria, injustificada y sin su consentimiento. Finalmente indica que pese a haber notificado a la Universidad demandada con la Conminatoria descrita, dicha entidad de manera deliberada no dio cumplimiento a la misma pues sigue siendo removido de su puesto de trabajo, tal es así que mediante Comunicación Interna 598/2022 de 31 de agosto, le ordenaron el repliego al Departamento de Desarrollo Humano; cuando correspondía en cumplimiento de la Conminatoria mencionada, restituirle a sus funciones en las oficinas del Vicerrectorado; inobservancia comprobada por el Informe Verificación de Cumplimiento JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 121/2022 de 2 de septiembre, pronunciado por el Inspector de Trabajo de Santa Cruz, lo cual demuestra una franca lesión de sus derechos fundamentales, razón por la cual acude a la justicia constitucional en busca de la restitución de sus derechos y garantías lesionados.
El peticionante de tutela, considera lesionados la garantía al fuero sindical y sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por su condición de padre progenitor relacionado al interés superior del menor; y, al acceso a la seguridad social, citando al efecto los arts. 45, 46.I.1 y 2, 48.II, III y VI; 49.III, 60; y, 61.I de la CPE; y, 17.1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene el cumplimiento obligatorio, conforme a la fundamentación jurídica íntegra de la Conminatoria de Cumplimiento a la Normativa Laboral - Respeto al Fuero Sindical JDTSC/JCCHS/CONM. 15/2022 de 13 de mayo, por consiguiente, ordene a la UAGRM la restitución laboral en su puesto de trabajo en las oficinas de Vicerrectorado, más el pago de salarios devengados a ser calificados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 17 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 72 a 73, produciéndose los siguientes actuados:
El demandante de tutela a través de su abogado, en audiencia se ratificó en el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliando señaló lo siguiente: a) Fue objeto de transferencias arbitrarias e ilegales por la entidad demandada, desconociendo la garantía de inamovilidad laboral que prohíbe este tipo de actuaciones: primero por su condición de padre progenitor de una menor a un año; y segundo, por su calidad de dirigente sindical embestido de la garantía de fuero sindical; b) Durante toda la gestión 2020 fue retirado de la Universidad pese a que en 2018 fue electo en un cargo sindical y desde entonces gozaba de inamovilidad laboral por dicha garantía; por lo que desde “…diciembre de 2019 a enero de 2021 no se le ha pagado sueldo por su condición de dirigente sindical…” (sic); y, c) La autoridad demandada, en lugar de acatar la Conminatoria de Cumplimiento a la Normativa Laboral - Respeto al Fuero Sindical JDTSC/JCCHS/CONM. 15/2022, planteó recursos en la vía administrativa. Realizando intervención directa, el accionante en audiencia además señaló que no fue notificado con ningún documento -de restitución al cargo que pertenece-, señalando que le adeudan los sueldos devengados porque estaba declarado en comisión ante la COD de Santa Cruz, más al contrario, encontrándose delicado de salud por sus quimioterapias -al padecer de cáncer (no indica ni demuestra de qué tipo)-, le notificaron con su transferencia temporal nuevamente, hallándose en esa situación más de un año y hasta la fecha.
Vicente Remberto Cuellar Téllez, Rector de la UAGRM, a través de su apoderado presentó informe escrito el 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 63 a 64 vta., indicando lo siguiente: Los supuestos derechos vulnerados que alega el accionante ya fueron superados al emitirse la Comunicación Interna 598/2022 de 31 de agosto, la cual desprende su traslado al Departamento de Recursos Humanos (RR.HH.), para luego de manera interna transferirlo a las oficinas de Vicerrectorado, tal cual demuestra la Papeleta emitida por el Sistema de Registro y Control de Personal, donde figura como funcionario de esa dependencia. Asimismo, en cuanto a los sueldos, el impetrante de tutela percibe el mismo nivel y salario sin ninguna variación, verificable con la Planilla de Aportes Laborales adjunta; por lo que conforme al art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); las supuestas lesiones y hechos que motivaron la acción ya fueron superadas, inclusive antes de ser notificada con la demanda tutelar, correspondiendo declararse improcedente la acción o en su caso la denegatoria de la tutela solicitada. En audiencia, a través de su apoderado refirió que: De la Planilla de Aportes que adjuntó al informe, se evidencia que el accionante no ha dejado de percibir en este año -2022- ni un mes de sueldo, tampoco se le ha descontado monto alguno de su salario, teniendo como su último pago de sueldo del mes de octubre, es decir, desde enero a la fecha -17 de noviembre de 2022- con el mismo sueldo; igualmente, se verifica en la Boleta del Sistema Informático -no indica su fecha- con sello del Encargado de Registro y Control Administrativo de Desarrollo Humano de la UAGRM, donde el demandante de tutela “figura en oficinas del rectorado”, lo cual desvirtúa que “…él no se encuentra trabajando en las oficinas del vice rectorado y que el goza de los sueldos que venía percibiendo…” (sic), reiterando que: “…al emitirse internamente en Oficinas de Recursos Humanos la transferencia a vice rectorado como se puede demostrar con la boleta emitida del sistema de registro y control de personal donde figura como funcionario de la oficina de vice rectorado…” (sic); en consecuencia, todo lo expuesto es causal de improcedencia y denegatoria de tutela.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, a través de la Resolución 131 de 17 de noviembre de 2022, cursante de fs. 73 vta. a 75 vta., concedió la tutela con carácter provisional, disponiendo en consecuencia: 1) El cumplimiento de la Conminatoria de Cumplimiento a la Normativa Laboral - Respeto al Fuero Sindical JDTSC/JCCHS/CONM. 15/2022, mientras y entre tanto esté vigente la misma y no sea modificada por la autoridad administrativa o judicial competente; 2) Se concede el pago de sueldos devengados al establecer el cumplimiento total de la Conminatoria descrita, debiendo a efectos de su cuantificación acudir a la autoridad administrativa; y, 3) Considerando el estado de salud de Juan Pablo Pino Velásquez -según lo manifestado por él mismo y la parte demandada-, se establece que en todo momento debe resguardarse que tenga acceso al seguro de salud del cual goza como trabajador. Determinación asumida con base a los siguientes fundamentos: i) Respecto al presente caso, se tiene que la vasta jurisprudencia existente en materia laboral establece que el principio de subsidiariedad no se aplica cuando de por medio existe un derecho que está relacionado con grupo de protección reforzada, como en el caso de análisis, al tratarse de un padre progenitor con una hija menor a un año y además dirigente sindical, debidamente demostrado a través de la RM “40/2021”, que le reconoce su condición como dirigente en la cartera de Vinculación Estudiantil del Comité Ejecutivo de la COD de Santa Cruz y que conforme dicha Resolución debería cumplir su gestión hasta el 2023; ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el art. 51.VI de la CPE, tendría la protección reforzada por fuero sindical hasta después de un año de cumplido su mandato vale decir hasta 2024, aspecto que está contenido en la Conminatoria de Cumplimiento a la Normativa Laboral -Respeto al Fuero Sindical JDTSC/JCCHS/CONM. 15/2022; por lo que se ingresa al fondo de la problemática a los efectos de verificar si la Conminatoria descrita fue o no cumplida; ii) De los argumentos expuestos por la parte accionante y demandada, se establece que existe una duda razonable en el sentido del cumplimiento de la Conminatoria, tal cual lo ha planteado la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz y por tanto, ante esa duda se tiene que el art. 48.II de la Norma Suprema, establece que las normas laborales deben interpretarse y aplicarse bajo los principios de protección de los trabajadores; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de los trabajadores; y, iii) El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, estableció que las conminatorias deben cumplirse conforme las ha emitido el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sin perjuicio que la parte empleadora acuda ante las instancias llamadas por ley a objeto de dejarlas sin efecto; en ese sentido, bajo ese entendimiento se concluye que la UAGRM debe dar cumplimiento a la Conminatoria descrita supra; correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada, con aclaración que es de forma provisional mientras y entre tanto, esté vigente la misma.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta RM 1223/18 de 14 de noviembre de 2018, pronunciada por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en la que reconoce el Directorio de la COD de Santa Cruz, elegidos por la gestión que comprende del 18 de octubre de 2018 al 17 de octubre de 2020; entre los cuales figura Juan Pablo Pino Velásquez, ahora accionante, Secretario de Vinculación Estudiantil (fs. 5 a 8 vta.). II.2. Asimismo, cursa RM 040/21 de 21 de enero de 2021, pronunciada por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que en su artículo primero resuelve reconocer al Directorio de la COD de Santa Cruz, por la gestión que comprende del 20 de noviembre de 2020 al 19 de noviembre de 2023; entre los cuales figura el accionante como Secretario de Vinculación Estudiantil (fs. 9 a 11 vta.). Y mediante Nota CITE 07/2022 de 12 de enero, el Directorio de la COD de Santa Cruz puso en conocimiento de Vicente Remberto Cuellar Téllez, Rector de la UAGRM, ahora demandado, la Resolución Ministerial descrita supra, en la que se eligió al nuevo Comité Ejecutivo gestión 2020-2023, indicando que goza de fuero sindical (fs. 31). II.3. Por Memorando 760/2021 de 22 de octubre, el Jefe del Departamento de Desarrollo Humano de la UAGRM, comunica al impetrante de tutela que a partir de esa fecha queda “…a disposición de personal de este Departamento…” (sic); y, por Comunicación Interna 694/2021 de 23 de noviembre, nuevamente lo transfieren de forma temporal a Oficinas de Admisión Estudiantil (PSA) de la misma casa superior de estudios (fs. 2 y 3). II.4. Cursa certificado de nacimiento de AA, acaecida el 30 de enero de 2022, hija del ahora impetrante de tutela y Daniela Herrera Sevilla (fs. 29). II.5. Se tiene la Conminatoria de Cumplimiento a la Normativa Laboral -Respeto al Fuero Sindical JDTSC/JCCHS/CONM. 15/2022 de 13 de mayo, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, que en su parte considerativa refiere: “En tal sentido al haberse constatado la violación al Fuero Sindical conforme a los extremos previamente citados, mismos que no fueron desvirtuados por el empleador denunciado, al encontrarse asistido el trabajador por el Fuero Sindical, esta JEFATURA DEPARTAMENTAL DEL TRABAJO DE SANTA CRUZ: CONMINA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA LABORAL VIGENTE EN RESPETO AL FUERO SINDICAL, EN APLICACIÓN A LA NORMATIVA DESGLOSADA LINEAS ARRIBA, en favor del trabajador denunciante…” (sic [fs. 13 a 16]). II.6. Consta Comunicación Interna 598/2022 de 31 de agosto, pronunciada por el Jefe del Departamento de Desarrollo Humano de la UAGRM, con referencia “Repliego al Departamento de Desarrollo Humano”; por la cual le comunica al impetrante de tutela que a partir de la fecha debe retornar al Departamento mencionado (fs. 4). II.7. Por Informe Verificación de Cumplimiento JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 121/2022 de 2 de septiembre, el Inspector de Trabajo de Santa Cruz, concluyó que la parte empleadora no dio cumplimiento a la Conminatoria pronunciada en favor del ahora impetrante de tutela (fs. 21 y vta.). II.8. Consta la Papeleta del Sistema de Personal -sin fecha-, suscrita por Erick Paul Languidey Arteaga, Encargado de Registro y Control Administrativo del Departamento de Desarrollo Humano de la UAGRM, en la que se observa los siguientes datos: “NOMBRE: JUAN PABLO PINO VELÁSQUEZ; PROGRAMA 02011 OFICINA VICE-RECTORADO” (sic); y, por la Planilla de Aportes de 8 de noviembre de 2022, con sello del Departamento de Desarrollo Humano de la UAGRM, se tiene que el accionante percibió desde “marzo 2021” hasta “octubre 2022”, sueldos regulares (fs. 60 a 62). II.9. Consta el Oficio 626 de 15 de noviembre de 2022, pronunciado por el Jefe Departamental del Trabajo de Santa Cruz, dirigido al ahora accionante, en el que indica lo siguiente: “Se emitió Resolución de Recurso de Revocatoria 213/2022 de fecha 24 de agosto de 2022…” (sic); y, la UAGRM “…ha interpuesto recurso jerárquico (…) radicado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social…” (sic [fs. 70]).
El accionante denuncia la vulneración de la garantía al fuero sindical y sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por su condición de padre progenitor relacionado al interés superior del menor; y, al acceso a la seguridad social; toda vez que, es constantemente removido de su puesto de trabajo -en el Vicerrectorado de la UAGRM- de manera arbitraria, sin respetar su inamovilidad laboral por gozar de fuero sindical y ser padre progenitor de una menor a un año, hecho que denunció ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, entidad que pronunció en su favor la Conminatoria de Cumplimiento a la Normativa Laboral – Respeto al Fuero Sindical JDTSC/CCHS/CONM. 15/2022, por la que conminó a su empleador dar cumplimiento a la normativa laboral vigente en respeto al fuero sindical; determinación que en sus argumentos estableció que no podía ser despedido ni removido de su puesto de trabajo hasta después de un año del cumplimiento de su gestión sindical, por lo que en consecuencia le corresponde el pago de sueldos devengados por el tiempo que fue retirado de la Universidad -desde el 30 de noviembre de 2019 hasta el 1 de marzo de 2021- por cuanto desde ese entonces ya gozaba de fuero sindical; determinación laboral que fue incumplida por la entidad empleadora pese a su notificación; razones por las que acudió a la justicia constitucional, solicitando le concedan la tutela, ordenando el cumplimiento integral de la citada Conminatoria.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; b) La acción de amparo constitucional y el cumplimiento de resoluciones judiciales y administrativas; c) Sobre el Fuero Sindical y su protección reforzada. Jurisprudencia reiterada; d) Sobre las dimensiones de la cesación de los efectos del acto reclamado, como causal de improcedencia prevista en el art. 53.2 del CPCo. Diferencias entre la teoría del hecho superado y la sustracción de materia; e) Análisis del caso concreto; y, f) Otras consideraciones.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0916/2019-S2 de 4 de octubre, desarrolló el siguiente razonamiento: El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios. En este marco, la Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad (art. 62 de la CPE).
Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, no es el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar; por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento, recuperación y la lactancia, aspecto que da lugar a un amparo y trato diferencial justificado, a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que esta goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”. Entonces, a partir de obligaciones del estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas; de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, se encuentra la SC 1497/2011-R de 11 de octubre. Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y salud, el otrora Tribunal Constitucional en la SC 130/2005-R, de 10 de febrero de 2005, hace referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción.
En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, ha establecido que la garantía de inamovilidad laboral:
“… es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del 1 La SCP 0076/2012 de 12 de abril, señala: “(…) durante la gestación, periodo prenatal y posnatal, son etapas en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad, colocándola en una situación de desventaja material, lo cual no puede concebirse teniendo en cuenta que bajo el nuevo modelo constitucional, se pretende la eficacia máxima de los derechos. En ese sentido, es preciso que dichas etapas se desarrollen en condiciones adecuadas de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido”. 2La SC 1497/2011, señaló: ““De esta disposición constitucional, se desprende que la intención del Constituyente no fue únicamente proteger a la mujer en estado de gravidez, sino a la futura madre. Reconocimiento no sólo constitucional sino que se halla en innumerables tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia, que forman parte del bloque de constitucionalidad. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en el art. 25, señala: ‘La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales’. Estableciendo por su parte, el art. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que: ‘Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto’. La protección otorgada a este sector de la sociedad, cobra una importancia trascendental en cuanto involucra el derecho a la vida del nasciturus, que recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por lo que, la madre en estado de embarazo recibe protección especial. Debiendo al efecto, brindarle toda la atención y cuidados necesarios que le permitan el desarrollo de un embarazo normal preservando la vida del futuro ser. En secuela, si la madre no recibiera un apoyo específico, su embarazo podría verse gravemente afectado, en inobservancia de la protección integral que la sociedad y el Estado están constreñidos a otorgarle. Los fundamentos constitucionales de la protección a la mujer embarazada deben materializarse y no ser simples enunciados que desconozcan sus derechos; estando por ende, el Estado a través de sus autoridades y la sociedad, en la obligación de brindar una garantía especial y efectiva de los derechos de la maternidad. En especial cuando su desconocimiento, compromete el mínimo vital de la futura madre, del feto o recién nacido”. 3 La referida SC130/2005-R, en su F.J.III.1, señala: “En principio, corresponde señalar que en la Constitución Política del Estado, la protección a la vida del no nacido, encuentra sustento en los arts. 7 inc. a) y 193, pues es deber de las autoridades públicas, asegurar el derecho a la vida de “todas las personas”, y obviamente, al estar tutelada la maternidad, dicho amparo comprende la protección de la vida durante su proceso de formación y desarrollo, por ser condición para la viabilidad del nacimiento, que da origen a la existencia legal de las personas”. “En este sentido, cuando la Constitución, consagra el derecho a la vida de toda persona, protege a la mujer embarazada y garantiza la protección de los derechos de la infancia, no hace otra cosa que reiterar el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. Así lo proclaman también diversos tratados internacionales, como en el art. 4 inc. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”.
ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores” (las negrillas nos corresponden). Entonces, la interpretación finalista de la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la CPE, como expresión normativa y axiológica de la igualdad en razón de sexo (art. 14.I de la CPE), que establece que: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (énfasis añadido), está en el reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumple un año, finalidad que garantiza la Constitución, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo. Otro elemento que involucra la protección y resguardo de estos derechos se vincula con la obligación del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:
“I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal. VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados’ (las negrillas son nuestras). En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que ha sido reiterada en numerosos fallos constitucionales como la SCP 1006/2015-S2, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia que:
“… todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad”. Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional precisó que la protección que brinda la Constitución Política del Estado está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, así como los cargos electivos. La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre , refiriéndose a los padres progenitores que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, determina que dicha garantía también les es aplicable señalando que:
se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE.
4 El FJ.III.2 de la citada Sentencia expresa lo siguiente “… se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE-permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza". 5Cabe precisar que la SCP 1417/2012, cambió el entendimiento contenido en la SCP 1277/2012, que en su oportunidad estableció que la inamovilidad de la mujer embarazada y de la o el progenitor no podía ser aplicada a todos los funcionarios o funcionarias públicas, entre ellas, los funcionarios de libre nombramiento; entendimiento que en el marco de la jurisprudencia desarrollada, contenía un entendimiento restrictivo.
Por su parte, la SCP 0227/2013-L de 2 de abril efectúa pronunciamiento con relación a las servidoras y servidores públicos provisorios, determinando que la condición de servidora o servidor público provisorio no se encuentra fuera del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la CPE, por cuanto si bien dichos funcionarios no gozan de las prerrogativas previstas para los funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de padres progenitores. Asimismo, en cuanto a los servidores con cargos electivos, la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre entiende que respecto de dichos cargos, no hay inamovilidad funcionaria, pero sí acceso al sistema de seguridad social, porque no resultaría razonable extender el periodo de mandato por el que fueron electos. Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria de madre o padre progenitores, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo que no admite discriminación alguna, sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, salvo los supuestos de excepción establecidos por las disposiciones normativas y jurisprudenciales desarrolladas para el efecto.
6La citada Sentencia en el FJ.III.5. señala que “(…) al ser la protección que brinda el Estado, una respuesta a los derechos del binomio madre-hijo, su condición de servidora pública provisoria no se encuentra fuera del marco de dicho resguardo; es evidente que conforme al art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), los funcionarios que no se encuentren comprendidos en la carrera administrativa, no gozan de los derechos a los que hace referencia el parágrafo II del art. 7 del referido Estatuto; sin embargo, la situación de la accionante, resulta ser diferente, por cuanto la inamovilidad laboral que por mandato constitucional le asiste, responde a su condición de madre en estado de gestación, situación que representa para el Estado de primordial protección. 7El art. 71 del EFP, que refiere: “(CONDICION DE FUNCIONARIO PROVISORIO). Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7° de la presente Ley. El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional”. 8El FJ.III.8, expresa: La inamovilidad laboral es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras, a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores.
Sin embargo, al considerar esa garantía, se tiene que la inamovilidad no puede ser aplicada en todos los casos, ya que como se desarrolló anteriormente no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen ciertas características concretas. Es por ello que en los casos en los que se aplique la garantía de inamovilidad laboral podrían ser desvirtuadas las antedichas funciones públicas; así, a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0298/2019-S2 de 29 de mayo, desarrolló el siguiente entendimiento: Este Tribunal tiene como precedente constitucional, que la acción amparo constitucional no es la vía para solicitar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas; así la SC 1911/2004-R de 14 de diciembre, establece que al Tribunal Constitucional:
…no le está fijada la atribución de hacer cumplir las resoluciones firmes de otros órganos jurisdiccionales de la jurisdicción común, o las que emerjan de un procedimiento administrativo, sino que son estos los que tienen que hacerlas cumplir, así como resolver los incidentes que se presenten en su ejecución... El fundamento de la improcedencia de la acción de amparo constitucional para ejecutar resoluciones judiciales o administrativas, se encuentra en su propia finalidad, que no es otra, que ser una acción de defensa constitucional orientada a la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales; motivo por el cual, no es un medio coercitivo o compulsivo para lograr el cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas que tienen para sí los mecanismos e instancias para lograr su cumplimiento. Ahora bien, el citado precedente tiene dos excepciones: a) En los casos en los que la autoridad pública carezca de mecanismos legales o coercitivos tendientes al cumplimiento de su resolución, en cuyo caso de manera excepcional se abre la tutela que brinda la acción de amparo constitucional;
9El FJ III.3 establece: “…Consiguientemente, una vez agotada la vía administrativa, los recurrentes deben acudir ante el órgano competente para que, en ejecución de esos fallos, haga cumplir los mismos, no siendo el recurso de amparo constitucional la vía idónea para ese fin, habida cuenta que se activa solamente ante la vulneración clara y efectiva de un derecho fundamental; así, se ha establecido una línea jurisprudencial en los casos en que se solicitó la ejecución de sentencias pasadas con autoridad de cosa juzgada, en el sentido de que el carácter subsidiario del recurso de amparo constitucional, impide conocer un asunto en el que se impetre la ejecución de una sentencia, resolución o fallo, pues esa labor le corresponde al órgano que lo emitió (SSCC 0354/2003-R y 0889/2004-R); razonamiento aplicable también para la ejecución de resoluciones administrativas, pues es al propio órgano emisor de la resolución administrativa al que le corresponde ejecutar sus resoluciones…” . 10La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, refiriéndose a la acción de amparo constitucional en su FJ III.1, señala: “…se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio”.
11La SC 0730/2006-R de 25 de julio, en el FJ III.2, precisó que: “…tanto los jueces y tribunales jurisdiccionales ordinarios, como las autoridades fiscales se encuentran investidos de poderes y mecanismos legales a su alcance para ejecutar y hacer cumplir sus determinaciones aún en forma coercitiva, actuando dentro del marco de sus funciones; entre tanto ello no ocurra y no se agote esa vía, la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo constitucional impide ingresar al fondo de la problemática planteada y resolver los extremos denunciados; entendimiento que se sustenta en razón de que la labor de hacer cumplir una decisión fiscal o judicial no le corresponde a la jurisdicción constitucional y menos a través del recurso de amparo constitucional sino sólo agotada esa instancia y ante la reiterada omisión manifiesta del órgano encargado de su ejecución se abrirá la posibilidad de este recurso, no para la ejecución de la Resolución incumplida sino en resguardo de la garantía del debido proceso del cual emerge la obligatoriedad de las órdenes y resoluciones tanto judiciales como fiscales”. 12En vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, esta línea de entendimiento fue seguida por el Tribunal Constitucional de transición, Así, en la SC 0464/2010-R de 5 de julio, se precisó que es necesario que se solicite a la autoridad pertinente de la jurisdicción ordinaria, sea judicial o administrativa -según el caso-, el cumplimiento de la y, b) Si el órgano omite cumplir su deber de manera reiterada y ostensible, y se agota los medios legales para que tal órgano cumpla con su deber, se abrirá la jurisdicción constitucional, no para ejecutar las resoluciones, sino para materializar el derecho a la eficacia de los fallos. Respecto al primer supuesto, la SCP 1745/2013 de 21 de octubre, en su FJ III.3 concluye:
...únicamente es posible exigir al accionante que acuda ante la autoridad que pronunció la resolución -judicial o administrativa- para exigir su cumplimiento, cuando nuestro ordenamiento jurídico prevea las vías, recursos o medios para el efecto; más no así cuando estos no se encuentran expresamente previstos, pues de lo contrario, se impondrían exigencias desproporcionadas para la efectiva tutela de sus derechos y garantías constitucionales; las cuales no dependerían de la diligencia del accionante, sino de la voluntad de las autoridades judiciales para hacer cumplir su propia determinación. En cuanto al segundo supuesto, la SC 1911/2004-R de 14 de diciembre precisa, como excepción a la regla que la acción de amparo constitucional no es la vía para ordenar el cumplimiento de decisiones judiciales o administrativas que:
…sólo si el órgano omite cumplir su deber de manera reiterada y ostensible, y se han agotado los medios legales para que tal órgano cumpla con su deber, se abrirá la jurisdicción constitucional, no para ejecutar las resoluciones, sino para reparar una lesión al debido proceso o a otros derechos fundamentales, dado que la eficacia de las resoluciones se constituye en un derecho que emerge de las garantías del debido proceso, y la no ejecución lesiona tal derecho. Consecuentemente, deberá quedar claro que en este último supuesto, de omisión persistente de la autoridad judicial o administrativa en cumplir con su decisión, no obstante las reiteradas solicitudes de la parte, se abre el ámbito de tutela que brinda la acción de amparo constitucional, no para convertirse en un mecanismo ejecutor de la resolución judicial o misma; salvo en los casos en que la autoridad pública carezca de mecanismos legales o coercitivos tendientes al cumplimiento de su resolución, en cuyo caso de manera excepcional se abre la tutela. 13El FJ III.3, señala: “…no resultaría razonable ni conforme a dichos principios, exigirle al accionante que agote una vía inexistente, y menos que tenga que acudir en reiteradas oportunidades ante la autoridad que, agotando el procedimiento establecido por la ley, emitió una resolución favorable a su petición, pero que carece de los mecanismos para hacer cumplir dicha determinación; pues ello implicaría exigir al accionante que promueva un nuevo procedimiento ante la instancia judicial o administrativa, lo que no sólo demoraría la tutela inmediata a sus derechos, sino que, en la práctica, tornaría en ineficaz la resolución que le fuera favorable.
En ese sentido, a la luz del nuevo constitucionalismos plurinacional, comunitario y descolonizador que predica el respeto a los derechos y garantías constitucionales, resulta inaceptable continuar con una concepción que limita el acceso a la justicia constitucional e impide la tutela inmediata de los derechos, obligando al accionante a que incesantemente acuda ante la autoridad que pronunció la resolución y ante quien omitió su cumplimiento, pese a que le asistió la razón en una decisión final, judicial o administrativa, y a que no existen los medios legales para hacer efectiva la determinación”. 14En la misma línea de entendimiento se expresó el Tribunal de transición, entre otras la SC 1611/2010-R de 15 de octubre, que determina: “…si la autoridad pese a los medios a su alcance y su obligación de hacer cumplir sus propias resoluciones, no lo hace, esa actitud de dicha autoridad deviene en un acto ilegal o medida de hecho, por tanto, corresponderá que el agraviado interponga la acción de amparo constitucional contra la autoridad que emitió la resolución incumplida a objeto de que esta ejecute sus resoluciones a través de los mecanismos que el orden legal prevé, en cuyo caso este Tribunal verificará si efectivamente pese al reclamo de la parte, ha existido desidia o negligencia de la autoridad, y de ser evidente concederá la tutela a objeto de que haga cumplir sus fallos, más no así disponer el cumplimiento mismo, pues se reitera, ello corresponde a la jurisdicción ordinaria y/o autoridad pertinente, no así a este Tribunal”.
administrativa; sino que se abre su ámbito de tutela para proteger el derecho fundamental a la eficacia de los fallos.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0477/2022-S1 de 24 de junio, desarrolló el siguiente razonamiento:
El Fuero Sindical es el conjunto de medidas, destinada a la protección de todos aquellos que conforman un Sindicato, contra cualquier acto que pueda constituir perjuicio a su normal desarrollo en la actividad sindical, comprendiendo la prevención, el control y la reparación de los actos antisindicales. En consecuencia, el Fuero Sindical es la protección reforzada al trabajador y dirigente sindical, a fin de garantizar el ejercicio de la libertad sindical, otorgándole inamovilidad funcionaria, a fin de que no sea despedido, desmejorados sus condiciones de trabajo, trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un lugar distinto. La Constitución Política del Estado, en el art. 51.VI establece: “Las dirigentes y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical” (las negrillas son agregadas). Por su parte, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 1949, en el art. 1 expresa: “Los trabajadores deberán gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo”, agregando, “Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto (…) despedir a un trabajador o perjudicarle en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales…”. El Decreto Supremo No. 29539 de 1 de mayo de 2008 en su art. 2, establece en relación a la vigencia del fuero sindical: “El fuero sindical rige a partir de la fecha de elección del dirigente sindical respectivo”. En consecuencia, el Fuero Sindical tiene alcance desde el momento de la elección del dirigente y se extiende hasta un año después de la finalización de su mandato.
Estos entendimientos fueron desarrollados por la SCP 1864/2014de 25 de septiembre.
Las organizaciones sindicales en Bolivia, que son el resultado de la organización de la clase trabajadora, se hallan garantizadas no solo por normas de rango constitucional, sino también por normas especiales contenidas en la legislación laboral; en este marco, la Constitución Política del Estado, reconoce los derechos asociativos de las trabajadoras y los trabajadores determinando lo siguiente: “Artículo 51
I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley.
II. El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo. III. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad. IV. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices.
V. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable e indelegable. VI. Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical. VII. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus intereses”. Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respecto a las organizaciones sindicales, en el art. 1 del Convenio 98, adoptado en la trigésima segunda reunión en Ginebra el año 1949, sobre derecho de Sindicalización y de Negociación colectiva, ratificado por Bolivia mediante DL 07737 de 28 de julio de 1966, previene que: “1.Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. b) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”, lo cual significa que la protección estatal otorgada a un dirigente o dirigente sindical, tiene la finalidad de que pueda gozar del ejercicio pleno de sus funciones sindicales, no pudiendo ser despedido por esa su condición evitando de esta forma la restricción a su libertad sindical”. Precisando aún más el tema, corresponde hacer énfasis en lo referente a la garantía del fuero sindical, regulado en nuestra legislación laboral por el DL 38 de 7 de febrero de 1944 en actual vigencia, que establece: “ARTÍCULO 1. - Los obreros o empleados elegidos para desempeñar los cargos directivos de un Sindicato, no podrán ser destituidos sin previo proceso. Tampoco podrán ser transferidos en un empleo a otro, ni aun de una sección a otra, dentro de una misma empresa, sin su libre consentimiento.
(…) ARTÍCULO 5. - Todo empleador o representante del mismo que infringiese la disposición del Artículo 1o. del presente Decreto Ley o que impidiese directa o indirectamente el libre ejercicio de la actividad sindical, será sancionado por el Juez del Trabajo previo procedimiento sumario, con una multa pecuniaria de un mil a cinco mil bolivianos, y a una prisión de 15 días a dos meses”.
Precepto elevado a rango de Ley, mediante Ley 3352 de 21 de febrero de 2006 que prevé lo siguiente:
“ARTICULO UNICO. Elévese a rango de Ley de la República el Decreto Ley Nº 38, de 7 de febrero de 1944 de Fuero Sindical, con las siguientes modificaciones:
“Artículo 3º. Establecida la suficiente culpabilidad del obrero o empleado, dirigente, del Sindicato, el Juez del Trabajo determinará su retiro de acuerdo a lo establecido por el Artículo 16º de la Ley General del Trabajo. Para el caso de simple traslado el Juez del Trabajo, previo informe de la Inspección del Trabajo autorizará dicho traslado haciéndose constar en el mismo, el tiempo de duración y la remuneración respectiva, teniendo en cuenta que esta última no podrá ser inferior al salario o sueldo percibido por el obrero en su ocupación anterior. Artículo 5º. Todo empleador o representante del mismo que infringiese la disposición del Artículo 1º del presente Decreto Ley o que impidiese directa o indirectamente el libre ejercicio de la actividad sindical, será sancionado por el Juez del Trabajo previo procedimiento sumario con una multa pecuniaria de un mil a cinco mil bolivianos”.
Finalmente regulando los alcances de protección de esta garantía, el DS 29539 de 1 de mayo de 2008 establece lo siguiente:
“Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto determinar desde qué momento rige el fuero sindical a favor de los dirigentes sindicales y la obligación de rendir cuentas de su gestión. Artículo 2°.- (Vigencia del fuero sindical) Disponer que el fuero sindical al que se refiere la Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006, rige a partir de la fecha de elección del dirigente sindical respectivo. Artículo 3°.- (Rendición de cuentas de ex dirigentes sindicales) I. Los trabajadores que concluyan su mandato sindical deberán retornar a los mismos puestos de trabajo que ocupaban al momento de ser elegidos dirigentes sindicales.
II. Los ex Dirigentes Sindicales no podrán ser retirados de su fuente laboral, salvo la comisión de infracciones establecidas en los Artículos 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Decreto Reglamentario, teniendo la obligación, dentro dicho período, de rendir cuentas de su gestión conforme dispone el Decreto Supremo Nº 17287 de 18 de marzo de 1980”. De la normativa antes descrita, de forma general se tiene que el derecho de organización sindical, tiene como función principal el trato colectivo con los empleadores y con el Estado para fijar remuneraciones, adquirir nuevos derechos sociales y la defensa de los derechos ya adquiridos; a este objeto, nuestra legislación complementa el ejercicio de este derecho con la garantía del
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0391/2020-S1 de 26 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: El art. 53.2 del CPCo, establece como causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, la cesación de los efectos del acto reclamado; sobre el particular, la SC 0050/2004-R de 14 de enero, en su Fundamento Jurídico III.2, hace referencia a los alcances de este artículo, al indicar que:
Cuando deja de existir el acto ilegal denunciado, el recurso de amparo constitucional ya no tiene razón de ser ni objeto, puesto que no se puede pretender protección de un derecho fundamental o garantía constitucional, respecto a un supuesto acto u omisión de un particular o una autoridad, cuando desapareció la causa en la que se fundó el recurso; situación, que torna improcedente el recurso, por haber cesado los efectos del acto reclamado (…) De igual forma la SCP 1541/2014 de 25 de julio en su Fundamento Jurídico III.2, entiende que cuando cesa el acto denunciado de ilegal, el amparo constitucional ya no tiene razón de ser ni objeto, por cuanto “…no se puede pretender protección de un derecho fundamental o garantía constitucional, respecto a un supuesto acto u omisión de un particular o una autoridad, cuando desapareció la causa en la que se fundó la acción…” (sic). Del análisis de la norma jurídica y de la jurisprudencia precedentemente fuero sindical cuyo concepto y finalidad fue precisada en la SCP 0111/2014 de 10 de enero en los siguientes términos: “Previamente, resulta necesario definir que se ha de entender por fuero sindical, para lo cual Guillermo Cabanellas, establece que es 'la garantía que se otorga a determinados trabajadores, motivada en su condición representativa sindical, para no ser despedidos, trasladados, ni modificadas sus condiciones de trabajo, sin justa causa'. Y el mismo autor, agrega que: 'El fuero sindical representa la garantía que los Poderes Públicos otorgan a los trabajadores que, actuando en cargos directivos o representativos de sindicatos legalmente constituidos, necesitan, por razón del contrato de trabajo que los vincula a un empresario o patrono, una protección suficiente para el ejercicio de su actividad sindical'.
Por su parte Mario Pasco Cosmópolis, establece como definición de fuero sindical al 'conjunto de privilegios, vale decir, las medidas legales de carácter especial destinadas a proteger a los dirigentes sindicales y a garantizarles libertad de acción en el ejercicio de sus funciones', y finaliza señalando que: 'es la protección contra la amenaza de despido, el traslado arbitrario u otras formas de persecución o discriminación a causa de su actividad gremial'.
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, aspira a que la aplicación del fuero sindical sea extensiva a todos los trabajadores sindicalizados y no únicamente a los dirigentes, aunque para estos últimos puede admitirse un grado superior de protección, debido a que se encuentran expuestos en mayor medida a ser perjudicados por el empleador.
Consecuentemente, se puede establecer que el fuero sindical es aquel conjunto de medidas destinadas a brindar protección a todos aquellos que conforman un sindicato contra cualquier acto que pueda constituir un perjuicio a su normal desarrollo en la actividad sindical y comprende la prevención, el control y la reparación de los actos antisindicales” (las negrillas son ilustrativas).
De lo expuesto, se tiene claro que el art. 51 de la CPE, reconoce en forma irrestricta el derecho a la sindicalización de todas las trabajadoras y los trabajadores, organizaciones que gozan de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus bases y las entidades matrices; derecho que a su vez está conformado por el fuero sindical, que constituye un conjunto de garantías que el Estado otorga a los dirigentes sindicales para facilitar el cumplimiento de sus funciones en el marco de la normativa antes descrita, derecho que de acuerdo a la citada normativa, se hace efectiva inclusive hasta un año después de haber finalizado la gestión sindical; periodo en el cual no podrán ser objeto de un retiro intempestivo sin causa legal justificada, no se les disminuirán sus derechos sociales injustificadamente, ni se les someterá a persecución ni privación de ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical. 16Este entendimiento también fue asumido por la SCP 0671/2018-S2 de 17 de octubre y por la SCP 0215/2019-S2 de 10 de mayo.
citada, se entiende como acto reclamado, al hecho lesivo -acción u omisión-denunciado de ilegal o arbitrario, cuyo efecto justamente es la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales; en ese entendido, se debe tomar en cuenta que emergen dos causales de improcedencia: a) La cesación de los efectos del acto reclamado; es decir, de la vulneración de los derechos fundamentales o garantías constitucionales; y, b) La desaparición del acto reclamado; vale decir, del acto lesivo denunciado. En ambos casos, ya no tiene razón de ingresar al estudio de la trilogía de la problemática planteada -conformada por el acto lesivo, el derecho supuestamente vulnerado y la pretensión- que se constituye en la materia justiciable o en el objeto de análisis de la acción de amparo constitucional; pues, opera la carencia de objeto procesal, que se constituye en un hecho procesal -valga la redundancia- que da lugar a la declaración de improcedencia de esta acción tutelar, ya que cualquier resolución que pudiera emitir la jurisdicción constitucional, sería ineficaz para la protección de los derechos fundamentales. Entonces, sobre la base de lo señalado precedentemente, la carencia de objeto procesal, resulta ser la consecuencia jurídica de la cesación de los efectos del acto reclamado o hecho superado; o, de la desaparición del acto reclamado o sustracción de materia; en ese contexto, amerita precisar las características y las diferencias de las referidas circunstancias o dimensiones en las que se puede presentar esta figura procesal como causal de improcedencia:
1) La cesación de los efectos del acto reclamado o teoría del hecho superado ; se produce cuando la parte demandada voluntariamente, dejó de lesionar el derecho denunciado, restituyéndolo hasta antes de la citación con la acción de amparo constitucional ; es decir, que como consecuencia del obrar del demandado, se superó, reparó o cesó la vulneración de derechos fundamentales; consiguientemente, al terminar su afectación, la tutela que podría otorgarse, se torna inoportuna e ineficaz.
Al respecto, la referida SCP 1541/2014 de 25 de julio, sistematizó los requisitos establecidos por la jurisprudencia para aplicar esta causal de improcedencia:
1) La oportunidad procesal para entender que los efectos del acto reclamado terminaron es hasta antes de ser notificado el demandado con la acción de amparo constitucional, por cuanto si es posterior a dicha diligencia debe ingresarse al fondo de lo peticionado en el amparo (desde la SC 0254/2001-R de 2 de abril); 2) La decisión o acto que hace cesar los efectos del acto reclamado debe ser notificada legal y válidamente al accionante (desde las SSCC 0638/2003-R, 0691/2003-R, 0932/2003-R); y, 3) No es aplicable la causal de denegatoria del amparo constitucional por cesación de los efectos del acto reclamado si no existen pruebas que demuestren tal cesación (SC 0136/2002-R de 19 de febrero). Este entendimiento fue asumido por las SSCC 0039/2006-R, 0470/2006-R y 1640/2010-R; Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1290/2016, 0671/2018-S2 y 0215/2019-S2, entre otras.
2) Desaparición del acto reclamado o sustracción de materia;
se genera como consecuencia de: 2.i) Una circunstancia sobreviniente ajena a la voluntad de las partes, que modifica los hechos y pretensiones que sustentan la acción de amparo constitucional, y como resultado de ello, desaparecen los supuestos denunciados y la pretensión solicitada se torna imposible de llevarse a cabo ; y, 2.ii) Una situación sobreviniente que modifica los hechos y pretensiones, como consecuencia que el accionante perdió todo el interés en la satisfacción de su pretensión. Consiguientemente, en ambos casos la jurisdicción constitucional no puede pronunciarse sobre el objeto procesal -trilogía del problema jurídico-, porque ya no tiene elementos fácticos que lo sustenten, cuyo petitorio del que deviene es insubsistente, y por lo tanto, la resolución constitucional no surtiría ningún efecto jurídico en la satisfacción de la pretensión.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su jurisprudencia estableció algunas circunstancias en las que puede operar la sustracción de materia, cuando: a) Se suscita la modificación, abrogación o derogación de una norma jurídica objeto de control de constitucionalidad; o, cuando haya sido declarada inconstitucional; pues, desaparece la disposición jurídica, y con ello, su efecto y vigencia, por lo que, deja de existir en el ordenamiento jurídico del Estado, lo que impide desarrollar el juicio de constitucionalidad y pronunciarse sobre el fondo de la problemática planteada; b) Un acto administrativo acusado de lesionar derechos fundamentales dejó de existir, obligando a la jurisdicción constitucional a no pronunciarse sobre la pretensión, inhibiéndose del conocimiento de fondo de la problemática planteada ; c) No existe la posibilidad material o jurídica para que la solicitante de tutela pueda lograr su pretensión, cuando una resolución administrativa o judicial queda sin efecto jurídico como consecuencia lógica de la anulación de otra resolución administrativa o judicial, de la cual depende su vigencia; y, d) Se suscita la muerte del impetrante de tutela, siempre que su derecho alegado de vulnerado, sea intrasmisible; lo cual no se constituye en óbice para la reparación de su lesión a los componentes de su familia, cuando corresponda; o para la tutela de los derechos emergentes de tal suceso a favor de los mismos.
Además, debe tomarse en cuenta que para que se produzca la sustracción de materia, el objeto procesal debe existir al momento de interponerse la acción de tutela y desaparecer antes del pronunciamiento de la Sentencia; toda vez que, el hecho sobreviniente que hace desaparecer la materia justiciable o el objeto procesal de la acción tutelar, no depende del obrar del demandado, sino, de un acontecimiento ajeno a su voluntad, que puede producirse incluso después de la citación a los demandados con la acción de amparo constitucional, que de todas formas hace insubsistente la pretensión del impetrante de tutela, donde cualquier fallo constitucional resulta ineficaz, como se analizó precedentemente.
A diferencia del hecho superado, donde el factor condicionante es que la cesación de la vulneración de los derechos, se realice antes de la citación a los demandados con la acción de amparo constitucional, justamente porque, la cesación de los efectos del acto lesivo se produjo como consecuencia del obrar voluntario del demandado que logró la satisfacción o reparación objeto de pretensión de la acción tutelar, antes de conocer la demanda de tutela interpuesta en su contra.
Asimismo, es necesario hacer referencia a la SCP 1894/2012 de 12 de octubre, reiterada por la SCP 2202/2013 de 16 de diciembre y por la SCP 1621/2014 de 19 de agosto, entre otras; en cuyo Fundamento Jurídico III.1, señaló:
En este sentido, el art. 53 inc. 2) del CPCo, prevé como una de las figuras de sustracción de la materia o del objeto procesal a situaciones: “…cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado”(sic), para lo cual al menos debe verificarse que: i) Las pruebas aportadas por las partes, conforme sus pretensiones otorgan la certeza de que la pretensión procesal se ha extinguido; y, ii) Con el objeto de no afectar el procedimiento constitucional es preciso señalar que para determinar la sustracción del objeto procesal o materia por la cesación de los efectos del acto reclamado, el acto lesivo denunciado debe ser restituido antes de la citación con el Auto de admisión de la acción de amparo constitucional.
En este mismo sentido, la SC 0998/2003-R de 15 de julio, refirió al respecto: “...la cesación del acto ilegal en el sentido del citado precepto, radica básicamente en el hecho de que la resolución o acto de la autoridad o particular denunciado de ilegal, por su voluntad o por mandato de otra autoridad superior, hubiere quedado sin efecto antes de la notificación con el amparo al que hubiere dado lugar, vale decir, que si bien se produjo la lesión, ésta se reparó de motu proprio del legitimado pasivo”. Esta Sentencia Constitucional Plurinacional, considera a la cesación de los efectos del acto reclamado como una de las figuras componentes de la sustracción de materia; toda vez que, entiende a la sustracción de materia como una previsión desarrollada por la doctrina procesal que consiste en la imposibilidad de un juez o tribunal para pronunciarse sobre una determinada pretensión, dadas dos circunstancias: 1) Porque desaparecieron los argumentos de hecho y derecho; y, 2) Porque el hecho dejó de vulnerar el derecho denunciado. En ambos casos la tutela que podría otorgarse resultaría inoportuna e ineficaz.
Sin embargo, a partir de este razonamiento, se generaron confusiones sobre estos presupuestos procesales, modificando la verdadera naturaleza jurídica y significado del hecho superado o cesación de los efectos del acto lesivo y la sustracción de materia o desaparición del acto lesivo; utilizando estas figuras procesales indistintamente como si se tratara de la misma causal de improcedencia para denegar la tutela, ya sea porque el acto que causó la lesión o amenazó con la vulneración de derechos constitucionales se reparó, cesó o desapareció, configurando estas causales de improcedencia como si se tratara de un hecho superado, tal cual lo señaló la SCP 0696/2019-S2 de 12 de agosto -entre otras-, o como si fuese una sustracción de materia como lo indicó la SCP 1621/2014 -entre otras-.
Por estas razones, es necesario que este Tribunal, a través de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, realice las conceptualizaciones, diferenciaciones y aclaraciones respecto a estas dos figuras procesales, tal cual se efectuó precedentemente; pues considera, que antes de generar entendimientos sobre una figura procesal constitucional, siempre se debe partir del análisis de la normativa que rige nuestro ordenamiento jurídico constitucional, tomando en cuenta que cada problemática planteada tiene sus propias peculiaridades; es por estos motivos, que para analizar las diferencias entre hecho superado y sustracción de materia, se tomó en cuenta que en la tradición jurisprudencial se suscitan dos causales de improcedencia que devienen de la interpretación del art. 53.2 del CPCo con relación a la cesación de los efectos del acto reclamado; siendo que ambos casos se suscitan, por una carencia de objeto procesal o materia justiciable.
Entendiendo como objeto procesal en materia constitucional, a la trilogía del problema jurídico planteado; siendo que la carencia del mismo, se suscita ante una desaparición del acto lesivo, cesación o satisfacción de los derechos fundamentales o cuando la pretensión se hace insubsistente, constituyéndose en causales de improcedencia de esta acción de tutela. En este marco se distinguen dos dimensiones como causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional por carencia de objeto procesal, que encuentran diferencias en las siguientes características: i) Cuando se repara, se satisface o cesa la lesión al derecho fundamental por voluntad del propio demandado, la tutela se torna inoportuna; produciéndose de esta forma una cesación de los efectos del acto lesivo denominado también teoría del hecho superado; y, ii) Cuando desaparece el acto lesivo por voluntad del accionante o por hechos sobrevinientes ajenos a la voluntad de las partes, que hacen insubsistente la pretensión y la tutela resulta ineficaz, opera la desaparición del acto lesivo o teoría de la sustracción de materia.
Cabe señalar, que no basta el cese de los efectos del acto lesivo y la desaparición del acto lesivo, sino que es necesario que sea total; es decir, que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, aspecto que permitirá declarar la improcedencia por esta causal (las negrillas nos pertenecen).
El accionante denuncia que es constantemente removido de su puesto de trabajo en el Vicerrectorado de la UAGRM, de manera arbitraria y sin respetar su inamovilidad laboral por gozar de fuero sindical y ser padre progenitor de una menor a un año, hecho que denunció ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, obteniendo en su favor la Conminatoria de Cumplimiento a la Normativa Laboral – Respeto al Fuero Sindical JDTSC/CCHS/CONM. 15/2022, por la que conminó a su empleador dar cumplimiento a la normativa laboral vigente en respeto al fuero sindical; y entre sus argumentos estableció que no podía ser despedido ni removido de su puesto de trabajo hasta después de un año del cumplimiento de su gestión sindical, por lo que en consecuencia le corresponde a su vez el pago de sueldos devengados por el tiempo que fue retirado de la Universidad -desde el 30 de noviembre de 2019 hasta el 1 de marzo de 2021- por cuanto desde ese entonces ya gozaba de fuero sindical; determinación laboral que fue incumplida por la entidad empleadora pese a su legal notificación; motivos por los cuales considera la vulneración de la garantía al fuero sindical y sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por su condición de padre progenitor relacionado al interés superior del menor; y, al acceso a la seguridad social. Identificada la problemática jurídica a resolver en el caso de autos, se tiene que a tiempo de la interposición de esta acción tutelar, el accionante se encontraba envestido por la garantía de inamovilidad laboral, por su condición de padre progenitor de una menor a un año, lo que fue demostrado por el certificado de nacimiento de AA, acaecida el 30 de enero de 2022, cursante a fs. 29. En ese sentido, cabe precisar que en cuanto al principio de subsidiariedad, la vasta jurisprudencia constitucional, fue clara al establecer que en mérito a la protección reforzada de la garantía de inamovilidad laboral y del derecho a la estabilidad laboral de la madre gestante y de los padres progenitores hasta el año de edad del hijo o hija, dicho principio se flexibiliza, no siendo exigible que se agoten los mecanismos de defensa previamente a activar la justicia constitucional, por cuanto su protección no puede estar supeditada a aspectos enteramente formales. Asimismo, incumbe aclarar que para resolver el caso concreto no es aplicable la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio -como resolvió la Sala Constitucional-, por cuanto dicho fallo constitucional unifica la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; de ahí que, al no concurrir los presupuestos de hecho, no es posible aplicar la referida unificación jurisprudencial. Efectuadas dichas precisiones, se ingresa al análisis correspondiente: En cuanto a la solicitud de pago de sueldos devengados Efectuada dicha precisión, a objeto de ingresar a examinar la problemática expuesta en este punto, es necesario conocer el contexto de origen de la misma; de ahí que, de los argumentos expuestos por el accionante -no controvertidos por la entidad demandada- se establece que entre la UAGRM y el peticionante de tutela existió una relación laboral, bajo la modalidad de contrato de trabajo a plazo fijo, habiendo suscrito en su totalidad cuatro contratos, siendo el último con vigencia desde el 3 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2019, verificable por el Formulario del Estado de Ahorro Previsional de BBVA PREVISIÓN Administradora del Fondo de Pensiones (AFP) de 10 de octubre de 2022 (fs. 22 a 26); con un corte o interrupción de la relación laboral hasta el 1 de marzo de 2021, fecha en la que hubiera sido recontratado por la misma institución, esta vez con un contrato de trabajo indefinido. Ahora bien, el accionante refiere que desde antes de la fecha en que fue interrumpida su relación laboral, conforme se menciona en el párrafo anterior, ya fungía como dirigente sindical ejerciendo el cargo de Secretario de Vinculación Estudiantil de la COD de Santa Cruz, conforme demuestra mediante la RM 1223/18, pronunciada por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en la que reconoce el Directorio de la COD de Santa Cruz, con periodo de mandato desde el 18 de octubre de 2018 al 17 de octubre de 2020 (Conclusión II.1). Razones por las cuales indica que le corresponde el pago de sueldos devengados por ese lapso de tiempo que estuvo sin trabajo, por cuanto no podía ser despedido de su fuente laboral al estar munido de la garantía del fuero sindical. Sin embargo, al respecto cabe puntualizar que la acción de amparo constitucional se rige por el principio de inmediatez, conforme establece el art. 129.II del CPE, que determina el plazo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, precepto concordante con el art. 55 del CPCo; ahora bien, según indica el propio accionante, hubiera sido desvinculado indebidamente bajo el argumento de finalización de su contrato de trabajo a plazo fijo el 30 de noviembre de 2019 y que a partir de esa fecha hasta que fue reincorporado a través de un contrato de trabajo indefinido el 1 de marzo de 2021, la parte demandada le debería pagar sueldos devengados; no obstante, para que este Tribunal pueda ingresar a verificar si hubo lesión al no haberse pagado esos sueldos, el reclamo a la justicia constitucional debió hacerlo dentro del plazo de seis meses, empero no lo hizo; por lo que, al no haber formulado su reclamo en tiempo oportuno, dejó transcurrir superabundantemente el plazo para hacerlo, correspondiendo denegar la tutela impetrada sobre dicho aspecto, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la cuestión planteada. Respecto a la denuncia de inamovilidad laboral Por otra parte, el accionante señaló que el último contrato de trabajo suscrito con la entidad demandada el 1 de marzo de 2021, para desempeñar funciones en oficinas del Vicerrectorado, tiene el carácter indefinido y, que en vigencia del mismo fue objeto de arbitrariedades, al haber sido removido de su puesto de trabajo de manera reiterada, sin respetar su inamovilidad laboral por gozar de fuero sindical y ser padre progenitor, constituyendo este extremo acoso laboral, solo por ser dirigente sindical, motivo por el que acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, entidad que pronunció la Resolución de Conminatoria de Cumplimiento a la Normativa Laboral – Respeto al Fuero Sindical JDTSC/CCHS/CONM. 15/2022, que en su parte considerativa refiere: “En tal sentido al haberse constatado la violación al Fuero Sindical conforme a los extremos previamente citados, mismos que no fueron desvirtuados por el empleador denunciado, al encontrarse asistido el trabajador por el Fuero Sindical, esta JEFATURA DEPARTAMENTAL DEL TRABAJO DE SANTA CRUZ: CONMINA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA LABORAL VIGENTE EN RESPETO AL FUERO SINDICAL, EN APLICACIÓN A LA NORMATIVA DESGLOSADA LINEAS ARRIBA, en favor del trabajador denunciante…” (Conclusión II.5). En ese orden, pese al conocimiento de la determinación laboral, la entidad ahora demandada mediante la Comunicación Interna 598/2022 de 31 de agosto, suscrita por el Jefe del Departamento de Desarrollo Humano de la UAGRM, nuevamente comunicó al accionante que a partir de esa fecha debía retornar al Departamento mencionado -repliego-(Conclusión II.6), circunstancia que denota la inobservancia de la Resolución, corroborada a su vez por el Informe de Verificación de Cumplimiento JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 121/2022, del Inspector de Trabajo de Santa Cruz, que concluyó que la parte empleadora no dio cumplimiento a la Conminatoria pronunciada en favor del ahora impetrante de tutela (Conclusión II.7). Por su parte, la parte demandada interpuso los recursos administrativos que le franquea la ley, tal cual desprende el Oficio 626 de 15 de noviembre de 2022, pronunciado por el Jefe Departamental del Trabajo de Santa Cruz (Conclusión II.9), encontrándose pendiente de resolución su recurso jerárquico. No obstante, ese aspecto no es óbice para ingresar al fondo de la cuestión planteada por pertenecer el accionante a grupos de atención prioritaria, porque gozaba de inamovilidad laboral por ser padre progenitor. Ahora bien, el art. 48 de la CPE, que señala: “VI. (…) Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”, concordante con el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, que establece: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozaran de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo” (énfasis añadido); con esa garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo no se admite discriminación alguna, sea cual fuese la modalidad de trabajo; e inclusive el accionante gozaba de inamovilidad por fuero sindical demostrado a través de la RM 040/21, protegido a su vez por el art. 51.VI de la Norma Suprema: “Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical”; con base en lo cual, el accionante no podía ser removido de su puesto laboral ni perseguido en el ejercicio de sus funciones de dirigente sindical, razones por las cuales corresponde conceder la tutela al haberse evidenciado que la entidad demandada no respetó la garantía de inamovilidad laboral, por cuanto si bien la entidad empleadora no desvinculó al impetrante de tutela, no protegió su inamovilidad laboral, por los cambios en su lugar de trabajo, siendo el último traslado efectuado a través de la Comunicación Interna 598/2022; hechos que demuestran la vulneración denunciada. Asimismo, debe tomarse en cuenta que si bien se tiene comprendido que la presente acción tutelar no es un medio coercitivo o compulsivo para lograr el cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas que tienen para sí los mecanismos e instancias para lograr su cumplimiento, también es evidente que existen excepciones, una de estas es cuando la autoridad pública carezca de mecanismos legales o coercitivos tendientes al cumplimiento de su resolución, en cuyo caso de manera excepcional se abre la tutela que brinda la acción de amparo constitucional. En este contexto, en el presente caso, existiendo una determinación: Conminatoria de Cumplimiento a la Normativa Laboral -Respeto al Fuero Sindical JDTSC/JCCHS/CONM. 15/2022, que dispone el respeto al fuero sindical y además, siendo que el accionante pertenece a un grupo de protección reforzada por ser padre progenitor, es que acude a esta instancia para la protección de sus derechos, pues si bien permanece en su fuente laboral, no se respetaron sus derechos y garantías constitucionales pese a sus reiterados reclamos, vale decir, su inamovilidad laboral. Por otro lado, es preciso remitirnos al informe presentado por el demandado que pidió denegar la tutela, por considerar que la lesión de derechos denunciados fue superada al emitirse la Comunicación Interna 598/2022 de 31 de agosto, donde “…se pide su traslado al Departamento de Recursos Humanos para luego de manera interna transferirlo a las oficinas de vicerrectorado” (sic), conforme a la documentación que adjuntó (Conclusión II.6). Empero, de acuerdo al entendimiento del Fundamento Jurídico III.4, sobre el hecho superado, el factor condicionante para la aplicación de esta doctrina del “hecho superado” en la relación a la cesación de la vulneración de derechos, es que se realice antes de la citación con la demanda de acción de amparo constitucional, por un acto administrativo voluntario del demandado y, además, haya logrado la satisfacción o reparación del objeto de la solicitud de tutela interpuesta en su contra, no obstante el cese de los efectos del acto lesivo debe ser total; aspecto no desvirtuado por el ahora demandado en la presente acción tutelar, por cuanto no es suficiente la Comunicación Interna 598/2022 que refiere al retorno del accionante al departamento de Desarrollo Humano, pues si bien el demandado indicó que de forma interna se transfirió al impetrante de tutela a oficinas del Vicerrectorado, esto no pudo ser constatado de forma real, no siendo suficiente la documental adjunta por el demandado, sino que es necesario la extensión de una comunicación interna o su similar, donde figure que el accionante es reestablecido a la oficina donde denunció fue removido.
Finalmente, toda vez que por la Planilla de Aportes de 8 de noviembre de 2022, del Departamento de Desarrollo Humano de la UAGRM, se tiene que el accionante percibió desde su ingreso en “marzo 2021” hasta “octubre 2022” -fecha de interposición de la acción-, ingresos fijos y regulares (Conclusión II.8), extrayendo de ahí que no ha dejado de percibir salarios en ningún momento, razones por las que no corresponde ordenar el pago de sueldos devengados u otros derechos, por cuanto no se ha demostrado que hubiera dejado de percibir salarios y/o afectado sus derechos al trabajo y a la seguridad social por interrupción o despido de su fuente laboral.
De la revisión de antecedentes, se tiene que la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 131 de 17 de noviembre de 2022, concedió la tutela solicitada, disponiendo conceder el pago de sueldos devengados al establecer el cumplimiento total de la Conminatoria, debiendo el accionante a efectos de su cuantificación acudir a la autoridad administrativa. En el marco de este antecedente y considerando que el Tribunal Constitucional Plurinacional, de conformidad al art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), se encuentra facultado de dimensionar los efectos de las resoluciones constitucionales emitidas; en consecuencia, corresponde en el presente fallo dimensionar los efectos del mismo, por la concesión de la tutela que realizó la Sala Constitucional, que pudo generar efectos jurídicos -considerando además el plazo ya transcurrido-, con lo cual podrían verse afectadas las partes; consiguientemente, ante la posibilidad de tal despliegue procesal, los mismos no pueden retrotraerse, debiendo permanecer incólumes. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 131 de 17 de noviembre de 2022, cursante de fs. 73 vta. a 75 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada únicamente en cuanto a la garantía de inamovilidad laboral que le asiste al accionante, disponiendo que la autoridad demandada restituya al prenombrado en su lugar de trabajo de origen, es decir, en oficinas de Vicerrectorado, sea en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación con este fallo constitucional, salvo que aun eso no hubiera ocurrido por la concesión de tutela inicial. 2° DENEGAR la tutela en cuanto a la solicitud de pago de sueldos devengados y respecto a los derechos al trabajo y a la seguridad social, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, únicamente en el supuesto que la Universidad demandada, al momento de la notificación con este fallo constitucional, ya hubiera cumplido con lo dispuesto efectuando el pago de salarios devengados ordenado, caso en el cual se mantendrá la decisión y efectos derivados de la Resolución de la Sala Constitucional, remitida en revisión. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
15 III.2. Marco constitucional y normativo del derecho al fuero sindical
17 Sobre el particular, la SCP 2202/2013 de 16 de diciembre, señala: “Sobre dicha causal de improcedencia, la jurisprudencia de este Tribunal, precisó que encuentra sustento en el hecho que la resolución o acto ilegal generado por la autoridad o persona demandada -denunciado como vulnerador de derechos fundamentales o garantías constitucionales-, ya sea por voluntad propia o por mandato de otra autoridad superior, queda sin efecto antes de la citación con la acción de defensa, cesando en consecuencia los efectos del acto reclamado de ilegal, siendo que si bien se produce la lesión, ésta es reparada por decisión propia del legitimado pasivo”. 18Por ejemplo, cuando se responde a la petición o se reincorpora al accionante antes de la citación con la acción tutelar al demandado
19 Las circunstancias que serán desarrolladas posteriormente. 20Este razonamiento se realizó sobre la base del entendimiento efectuado en la SC 0047/2005 de 18 de julio, reiterado por la SCP 0532/2012 de 9 de julio, entre otras; y, en la SCP 1239/2014 de 16 de junio. 21Este entendimiento emerge de la SCP 0642/2014 de 25 de marzo.
22 Criterio asumido de la SCP 1149/2014 de 10 de junio.
23 Por ejemplo, por fallecimiento de un paciente o de otros accionantes que pretendían la tutela de sus derechos, siempre que los mismos se constituyan en derechos intransmisibles, operando la sustracción de materia solo para el demandante de tutela fallecido.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0648_2024-S1.pdf · páginas 1 a 28.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3a41a0df6c70434c417ecdc008f6ac075c8f0e1f74da19ce59eabeceede69378
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