Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 18 de julio de 2023
Concede la tutela
El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso que se proceda a la detención domiciliaria de su persona, previo cumplimiento de las condiciones impuestas; entre ellas, la presentación de dos garantes solventes, arraigo y su presentación ante el Juez de la causa, de cuya emergencia, mediante memorial de 26 de abril de 2022, presentó garantes solventes, solicitó se libre el correspondiente mandamiento detención domiciliaria y se le extienda nuevo mandamiento de arraigo, para lo cual adjuntó la documental exigida al efecto; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no se le extendió la documentación requerida ni se efectivizó su detención domiciliaria, ocasionándose con ello, una dilación indebida para la resolución de su situación jurídica, lo que decanta en el perjuicio en su libertad tomando en cuenta que se encuentra detenido desde el 1 de abril de 2022.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que en el día, el Juez de Instrucción Penal de Pucarani del departamento de La Paz, dé cumplimiento a lo dispuesto por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto de la detención domiciliaria otorgada al ahora accionante, debiendo ordenar al Secretario del citado Juzgado, expedir el oficio a Migración para el arraigo solicitado y elaborar el acta de la presentación de los garantes solventes y demás actuados necesarios, a fin de viabilizar y hacer efectiva la detención domiciliaria, si así correspondiere.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0648/2023-S4 Sucre, 18 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47407-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Olegario Pari Mamani contra Mauricio Ocampo, Juez de Instrucción Penal de Pucarani del departamento de La Paz y Ariel Mamani, Secretario del referido Juzgado.
Mediante memorial presentado el 29 de abril de 2022, cursante de fs. 1 a 4, el accionante expuso lo siguiente:
Se le sigue un proceso penal por el supuesto delito de violencia familiar; en el que, se emitió la Resolución 031/2022 de 31 de marzo, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro, resolución que fue apelada por su persona y remitida ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que en audiencia de 13 de abril de 2022, dispuso revocar la Resolución 031/2022, ordenando que su persona quede en libertad previa presentación de dos garantes solventes, arraigo y su presentación ante el Juzgado, trámite que debía ser realizado por ante el Juzgado de origen, una vez sea devuelto el cuaderno procesal. Sin embargo desde dicha fecha, 13 de abril de 2022, al no haber sido devueltos los antecedentes con la citada Resolución emitida por la Sala Penal Segunda, se vio obligado a presentar una anterior acción de libertad en contra del Secretario Abogado y del Auxiliar ambos de la Sala de alzada, misma que fue resuelta por Resolución 12/2022 de 22 de abril, concediendo la tutela impetrada; por lo que, cumplida la misma y remitidos los antecedentes al citado Juzgado de Instrucción Penal Mixto de Puracani, la parte accionante por memorial de 26 de igual mes y año, presentó documentación de los dos garantes solventes, el mandamiento de libertad y para el arraigo de su persona; sin embargo, recién el 29 de abril de 2022, se emitió el proveído a tanta insistencia de su defensa; empero, el Secretario no quiso extender el mandamiento de libertad y el arraigo, refiriendo que primero debían firmar los garantes, por cuyo efecto su defensa solicitó que en el día se proceda a la firma requerida; existiendo negativa a esa petición en razón a que el Secretario había manifestado que el “martes” cesaba sus funciones; por lo que no, le era posible recibir a los garantes ni extender los oficios correspondientes para la detención domiciliaria y el arraigo de su persona, actuación que le causa dilación, retardación de justicia y perjuicio en su libertad tomando en cuenta que se encuentra detenido desde el 1 de igual mes y año.
El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 178.I, 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y se disponga que en el día se reciba a los garantes solventes, se elabore el acta de los mismos, se extienda el mandamiento de libertad y el correspondiente arraigo de su persona.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15 vta., presentes la parte accionante y, ausentes la autoridad y funcionario demandados, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela ratificó in extenso su demanda de acción de libertad y ampliando la misma, señaló que: a) El 26 de abril de 2022, ingresó un memorial pidiendo se extienda el mandamiento de detención domiciliaria y se reciban a los dos garantes solidarios económicamente demostrados, adjuntado al efecto, una lista de documentos a Pucarani que acredita que esos garantes tienen domicilio con registro en Derechos Reales (DD.RR.), sobre inmuebles con números de matrículas y testimonios de compra-venta, facturas de luz y agua, croquis de domicilio, cédulas de identidad y abundante documentación para asegurar el resultado; b) Lamentablemente el día de hoy (29 de abril de 2022), su defensa se constituyó en horas de la mañana y conversó de forma directa con el Secretario Ariel Mamani, quién le hizo aguardar hasta el mediodía a la espera de la emisión del proveído con la respuesta a su solicitud de mandamiento de detención domiciliaria, la presentación de los dos garantes y los arraigos correspondientes; obteniendo como respuesta que el Secretario del Juzgado de Pucarani iba a cesar en sus funciones el día martes, siendo esto lesivo a su derecho a la libertad, ya que no habrá quién le extienda y viabilice la recepción de los garantes y los oficios correspondientes; c) Desde el lunes 26 de igual mes y año, fecha en la que ha ingresado a despacho su memorial, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, ya transcurrieron cuatro días sin que se extienda un mandamiento detención domiciliaria, tal cual se ha dispuesto por la Sala Penal Segunda; y, d) La autoridad de control jurisdiccional debe disponer su libertad; por lo que, solicitó se conmine y emplace al Secretario de Juzgado Ariel Mamani, que en el día se le entregue los oficios para la oficina de Migraciones y se extienda el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria.
Mauricio Ocampo, Juez de Instrucción Penal de Pucarani del departamento de La Paz y Ariel Mamani, Secretario del referido Juzgado, no remitieron informe alguno ni se hicieron presentes a la audiencia de esta acción tutelar.
La Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 10/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 21 a 23, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el día, bajo responsabilidad, se cumpla tanto por el Juez de Instrucción Penal de Pucarani del departamento de La Paz y el Secretario del referido Juzgado, hoy demandados, con todo lo dispuesto en la Resolución emitida por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 13 de abril de 2022 y/o en la que se dispuso otorgar la detención domiciliaria del ahora accionante, imponiéndole medidas sustitutivas a la detención preventiva y se cumplan con expedir todos los oficios requeridos, por sobre todo, el de arraigo solicitado y el acta correspondiente de la presentación de los garantes solventes y demás actuados, a fin de cumplirse con la detención domiciliaria en caso de corresponder; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) De toda la documentación adjunta a esta acción tutelar, no se tiene la providencia que mereció la solicitud de extensión de nuevo mandamiento de arraigo a nombre del ahora accionante, ni que dé cuenta de que la misma se hubiese dictado o no dentro del plazo legal que establece el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 2) Se generó un estado de incertidumbre sobre la solicitud efectuada por el ahora impetrante de tutela, el mismo que señala que si bien el día de hoy –29 de igual mes y año– recién salió de despacho el cuaderno procesal respectivo; sin embargo, del mismo no se tiene la certeza de lo dispuesto por el Juez hoy demandado y menos se ha hecho presente alguno de los oficios solicitados en el citado memorial de 26 de abril de 2022, a fin de procederse a la obtención de todos y cada uno de los documentos a efectos de advertir el cumplimiento de los mismos que ya han sido dispuestos por el Tribunal de alzada, para que Oscar Olegario Pari Mamani, pueda obtener su mandamiento de detención domiciliaria; 3) Se lesionaron sus derechos constitucionales al debido proceso, de acceso a la justicia pronta oportuna y sin dilaciones, ya que al no contar con los oficios requeridos, el citado accionante no puede hacer eficaz la detención domiciliaria que se habría dispuesto por la respectiva Sala ad que; es decir, obstaculizándose por las autoridades demandadas que los mismos se hagan eficaces; 4) Por otro lado, con relación a todo lo argumentado y la documentación producida en la audiencia tutelar, se tuvo que la parte demandada no se hizo presente ni ha desvirtuado los reclamos efectuados por el impetrante de tutela; motivo por el cual, cabe aplicar la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo; respecto a la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; 5) Las autoridades demandadas en una acción de libertad, tienen la carga de la prueba y se hallan constreñidas a desvirtuar la lesión o amenaza de lesión del derecho que se les atribuye, siempre que la denuncia haya sido puesta a su conocimiento y de acuerdo a las formalidades previstas por Ley, en su defecto se tendrían por probados los hechos consignados en la denuncia; 6) La documentación adjuntada y producida en la audiencia de esta acción de defensa por la parte accionante, merece toda la credibilidad correspondiente; toda vez que, refleja los argumentos expuestos en esta audiencia para contrastar su solicitud; 7) La presente acción de libertad también tiene carácter correctivo, sustentado por la SCP 1228/2014 de 16 de junio, a fin de evitar que se agrave las condiciones de una persona detenida, ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra, agravamiento que toma indebida la privación de libertad personal y que se constituye en otra de las causales de procedencia prevista en el art 125 de la CPE, y 17 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, 8) Se aclaró y exhortó al Secretario demandado, en quien recaiga tal cargo, que debe cumplir sus funciones a cabalidad, entre tanto y hasta cuando éste se encuentre ejerciendo ese rol, ya sea guardando el plazo correspondiente o en su caso aguardar la notificación con la aceptación, y desarrollar todas sus labores sin dejar pendientes a efectos de no vulnerar derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene lo siguiente: II.1 Mediante memorial presentado el 26 de abril de 2022, dirigido al Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz, el accionante, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó garantes, solicitó se libre el correspondiente mandamiento detención domiciliaria y mediante Secretaría del Juzgado se le extienda nuevo mandamiento de arraigo, para lo cual adjuntó la documental exigida al efecto (fs. 11 a 13).
El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso que se proceda a la detención domiciliaria de su persona, previo cumplimiento de las condiciones impuestas; entre ellas, la presentación de dos garantes solventes, arraigo y su presentación ante el Juez de la causa, de cuya emergencia, mediante memorial de 26 de abril de 2022, presentó garantes solventes, solicitó se libre el correspondiente mandamiento detención domiciliaria y se le extienda nuevo mandamiento de arraigo, para lo cual adjuntó la documental exigida al efecto; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no se le extendió la documentación requerida ni se efectivizó su detención domiciliaria, ocasionándose con ello, una dilación indebida para la resolución de su situación jurídica, lo que decanta en el perjuicio en su libertad tomando en cuenta que se encuentra detenido desde el 1 de abril de 2022.
Al respecto la SCP 0027/2018-S4 de 7 de marzo, refirió que: “En caso de omisión de parte de las autoridades demandadas de presentar su informe, ya sea escrito u oral, dentro de las acciones tutelares, la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, determinó lo siguiente: ‘…en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados, el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido’. El mismo entendimiento asumió la jurisprudencia contenida en la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, al expresar que: ‘…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley’. Al respecto la SCP 0101/2014-S1 de 24 de noviembre, haciendo una síntesis del entendimiento constitucional sobre la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados, ha expresado que: ‘…la incomparecencia voluntaria de la autoridad demandada y la ausencia de su informe, no obstante su citación para el efecto, el Tribunal Constitucional en su SC 0038/2011-R de 7 de febrero, se ha pronunciado respecto a la presunción de veracidad de los hechos denunciados, expresando: ‘Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos de la accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos’.
Bajo el contexto jurisprudencial ut supra, y de lo establecido por el art. 35.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), una vez notificada la autoridad jurisdiccional demandada, ésta podrá contestar a la acción de defensa o informar antes o durante la audiencia pública, por lo tanto, ante la omisión de prestar el correspondiente informe, ya sea escrito u oral en audiencia de la acción tutelar, o en caso de prestarlo no desvirtúa ni niega los extremos denunciados, entonces corresponderá dar por probados los extremos denunciados por la parte accionante, al presumirse la veracidad de los mismos” (las negrillas nos corresponden).
Sobre el particular, la SCP 0179/2018-S4 de 14 de mayo, estableció que: “La jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0044/2010-R de 20 de abril, partiendo de lo desarrollado por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó la clasificación doctrinal del hábeas corpus, comprendiendo en dicha clasificación, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual, ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentran aquellos actos dilatorios en las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad física o personal, entre ellas, los trámites de cesación a la detención preventiva (SC 0078/2010-R, de 3 de mayo, SCP 0110/2012 de 27 de abril, entre otras), la demora en expedir mandamiento de libertad no obstante haberse concedido la libertad y cumplido las condiciones impuestas, tratándose, por ejemplo de medidas cautelares ( SCP 0071/2012 de 12 de abril). Al respecto también se tiene la SCP 2443/2012 de 22 de noviembre, que señaló: ‘Este tipo de acción, fue descrito en la SCP 0907/2012 de 22 de agosto, al referir: «Por medio de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; asimismo, una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal constituye desconocimiento de la garantía del debido proceso, con la consecuencia inmediata de la restricción de la libertad física en una especie de condena anticipada. En ese sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, refiriéndose a la celeridad en las actuaciones procesales y el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad, dejó establecido que: «Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes». (…) La misma Sentencia Constitucional, siguiendo ese entendimiento señaló que: «…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud»’. Conforme a lo señalado, se advierte que la acción de libertad de pronto despacho tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona de la cual pese a ya haberse dispuesto la cesación de la detención preventiva, esta no se ejecuta de manera diligente” (el resaltado es nuestro).
La misma la SCP 0179/2018-S4, respecto del principio de celeridad al que debe estar sometida la administración de justicia, señaló que: “El art. 178.I de CPE, establece que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…’ En concordancia con la mencionada Norma Suprema, el art. 115.II determina: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, de lo que se establece que la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad.
jurisdiccional
Al respecto, la SCP 0557/2012 de 20 de julio, estableció que: “Debido a que el personal subalterno de los juzgados, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, su función se limita a acatar órdenes o instrucciones de su superior. La salvedad a la falta de legitimación pasiva, se presenta cuando incurran en excesos que signifiquen contrariar o alterar la determinación de la autoridad jurisdiccional y que implique la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales; si el órgano jurisdiccional, conocedor del acto u omisión del funcionario subalterno, no reconduce el procedimiento y lo convalida, asume la responsabilidad, deslindando al funcionario (así la SC 1093/2010-R de 17 de junio)”.
El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso que se proceda a la detención domiciliaria de su persona, previo cumplimiento de las condiciones impuestas; entre ellas, la presentación de dos garantes solventes, arraigo y su presentación ante el Juez de la causa, de cuya emergencia, mediante memorial de 26 de abril de 2022, presentó garantes solventes, solicitó se libre el correspondiente mandamiento detención domiciliaria y se le extienda nuevo mandamiento de arraigo, para lo cual, adjuntó la documental exigida al efecto; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar –29 de abril de 2022– no se le extendió la documentación requerida ni se efectivizó su detención domiciliaria, ocasionándose con ello, una dilación indebida para la resolución de su situación jurídica, lo que decanta en el perjuicio en su libertad tomando en cuenta que se encuentra detenido desde el 1 de igual mes y año. De lo sostenido por el impetrante de tutela, se tiene que dentro del proceso penal que se le sigue por el supuesto delito de violencia familiar, se emitió la Resolución 031/2022 de 31 de marzo, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro, resolución que fue apelada por su persona y remitida ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que en audiencia de 13 de abril de 2022, dispuso revocar la Resolución 031/2022, ordenando que su persona quede en libertad previa presentación de dos garantes solventes, arraigo, y su presentación ante el Juzgado de la causa, trámite que debía ser realizado por ante el Juzgado de origen, una vez sea devuelto el cuaderno. Sin embargo desde dicha fecha, 13 de abril de 2022, al no haber sido devueltos los antecedentes con la citada resolución emitida por la Sala Penal Segunda, se vio obligado a presentar una anterior acción de libertad en contra del Secretario Abogado y del Auxiliar ambos de la Sala de alzada, misma que fue resuelta por Resolución 12/2022 de 22 de abril, concediendo la tutela impetrada, por lo que, cumplida la misma y remitidos los antecedentes al citado Juzgado de Instrucción Penal Mixto de Pucarani, la parte accionante por memorial de 26 de abril de 2022, presentó documentación de los dos garantes solventes, solicitó el mandamiento de detención domiciliaria y el correspondiente arraigo; sin embargo, refiere que recién el 29 del mismo mes y año, se hubiera emitido el proveído a tanta insistencia de su defensa, empero el Secretario no quiso extender el mandamiento de libertad y el arraigo, refiriendo que primero debían firmar los garantes, por cuyo efecto su defensa solicitó que en el día se proceda a la firma requerida; existiendo negativa a esa petición en razón a que el Secretario hubiera manifestado que el “martes” cesaba sus funciones, por lo que no le era posible recibir a los garantes ni extender los oficios correspondientes para la detención domiciliaria y el arraigo de su persona. Al respecto, remitiéndonos al principio de presunción de veracidad, descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tomará como ciertos los extremos relatados por el solicitante de tutela en el memorial de acción de libertad como de la ampliación efectuada en audiencia; toda vez que, el Juez y el Secretario demandados pese a su notificación no presentaron informe desvirtuando los hechos lesivos del derecho a la libertad del accionante ni concurrieron a la audiencia de la presente acción tutelar. De igual forma es necesario aclarar que si bien el accionante hace mención a que el Juez de la causa hubiese emitido un decreto el 29 de abril de 2022; empero, al no cursar el mismo en el cuaderno constitucional, no se tiene certidumbre respecto de lo dispuesto en el, por la autoridad judicial, tampoco se advierte la extensión de los oficios requeridos; en lo que, concierne a la solicitud del arraigo y la presentación de los garantes personales, a través del memorial de 26 del mismo mes y año, que dieran lugar a la obtención del mandamiento de detención domiciliaria; consiguientemente, se tiene por cierto, el hecho de que la autoridad judicial no dio cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justica de La Paz. En tal circunstancia, considerando que el Tribunal de alzada, revocó la resolución que dispuso la detención preventiva del accionante y en su lugar ordenó medidas sustitutivas como es la detención domiciliaria, correspondía que una vez radicada la causa en el Juzgado de origen, la autoridad demandada, previa verificación de los requisitos impuestos, los mismos que según refiere el peticionario de tutela, fueron cumplidos a cabalidad mediante el memorial de 26 de abril de 2022, ordene al Secretario de su Juzgado, expida el mandamiento correspondiente; elabore el acta de presentación de los garantes personales; así como, la remisión del oficio a Migración a fin de tramitarse el arraigo respectivo; lo que en los hechos, no se advierte hubiera sido cumplido por el Juzgador. De lo que se infiere que este último, incurrió en actos y omisiones dilatorias al no tramitar la petición del accionante respecto de su detención domiciliaria, pese a estar ordenado por el Tribunal de alzada, resultando evidente que el Juzgador no cumplió con su deber de celeridad dispuesto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, lesionando los derechos fundamentales y garantías constitucionales del impetrante de tutela; incurriendo en una retardación de justicia en la expedición del mandamiento de detención domiciliaria, ya que era deber del Juez conforme a ley, verificar si el imputado cumplió con las medidas sustitutivas que le fueron impuestas. Por otra parte, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, no corresponde ingresar al análisis de fondo de la acción presentada contra el Secretario del Juzgado; en razón a que, no se tiene actuado alguno que ordene a dicho funcionario emitir los correspondientes oficios requeridos, ni expida el respectivo mandamiento; por lo que, carece de legitimación pasiva al interior de esta acción de defensa; sin embargo, cabe recordar al Secretario demandado, o quien ostente ese cargo, que una vez puesta en su conocimiento la providencia que resuelva la solicitud impetrada mediante memorial de 26 de abril de 2022, éste tiene el deber de actuar con la debida celeridad y diligencia, a fin de dar cumplimiento inmediato a las órdenes del Juzgador, y evitar dilaciones innecesarias en la tramitación de la detención domiciliaria otorgada al accionante. Consiguientemente, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 29 de abril, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que en el día, el Juez de Instrucción Penal de Pucarani del departamento de La Paz, dé cumplimiento a lo dispuesto por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto de la detención domiciliaria otorgada al ahora accionante, debiendo ordenar al Secretario del citado Juzgado, expedir el oficio a Migración para el arraigo solicitado y elaborar el acta de la presentación de los garantes solventes y demás actuados necesarios, a fin de viabilizar y hacer efectiva la detención domiciliaria, si así correspondiere. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0648_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4e2c9766e840f7d3bd1887d01bff84ee1c2c960b7e3baf1f5cc3017c7103738c
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