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SCP 0647/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
47328-2022-95-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, con los fundamentos precedentes, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 21 a 23 vta., dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0647/2023-S2 Sucre, 5 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 47328-2022-95-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 05/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 21 a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Neida Julia Flores Aguilar en representación sin mandato de José Luis Ramírez Rocha contra Brigitte Shirley Zapata Gutiérrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de abril de 2022, cursante de fs. 3 a 5 vta., el accionante a través de su representante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio; de acuerdo al informe del asignado al caso, no se determinó la probabilidad de autoría; motivando ello, que en la audiencia de 13 de abril de 2022, se le hubiere concedido la cesación de la detención preventiva; sin embargo, a la fecha se encuentra ilegalmente detenido en el Centro Penitenciario “San Pablo” de Quillacollo de Cochabamba, por dilación indebida en la emisión del mandamiento de libertad; toda vez que, para la procedencia del mismo, la Jueza de la causa solicitó previamente presentar certificado de arraigo, domiciliario y depósito de fianza, mismos que fueron presentados, sin tener respuesta hasta el momento; lo que constituye falta de control jurisdiccional que ocasionó la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado al principio de celeridad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculados al principio de celeridad procesal, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y se ordene su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de abril de 2022, según consta en acta cursante a fs. 20 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Retiro de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su demanda; destacando que el motivo para la interposición de la presente acción tutelar, fue conseguir la restitución de su derecho a la libertad; sin embargo, en horas de la mañana se le entregó el mandamiento respectivo que ya se está ejecutando; ante lo cual, presentó memorial retirando esta acción de defensa, ratificándose en el mismo.

I.2.2. Informe de la demandada

Brigitte Shirley Zapata Gutiérrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, remitió informe escrito de 28 de abril de 2022, cursante de fs. 17 a 18, por el que solicitó como en audiencia, se declare “improcedente” la acción de libertad planteada, en mérito a los siguientes argumentos: a) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio, el prenombrado solicitó la cesación de su detención preventiva que fue concedida, habiéndole impuesto medidas sustitutivas, entre otras, arraigo y fianza económica; b) Previo a emitir el mandamiento de libertad, el demandante de tutela debía presentar los certificados de arraigo y domiciliario, como también el depósito de la fianza económica fijada; disposición cumplida el 27 de abril de 2022 a horas 9:39, solicitando la emisión del mandamiento de libertad; empero, ello no pudo efectivizarse, en razón a que su persona no se encontraba en su despacho, al haber sido declarada en comisión del 25 al 27 del mes y año citados, por tener que asistir al encuentro “Dejando huellas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres” de acuerdo a lo dispuesto por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sin que ello constituya que incurrió en dilación indebida, puesto que su ausencia fue justificada; y, c) En cuanto tuvo conocimiento del memorial presentado por el demandante de tutela, lo providenció y emitió el respectivo mandamiento de libertad que no pudo ser ejecutado por el horario; empero, a la fecha y en horas de la mañana, fue efectivizado.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Blanke Sharianne Jaldín Calizaya, representante del Ministerio Público, en audiencia expresó: No tener ningún pronunciamiento; toda vez que, en la localidad de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, se evidenció que fueron comisionados otros jueces de instrucción a un evento que se realizó a nivel nacional; sin embargo, el Ministerio Público estuvo efectuando sus actividades con normalidad, ya que desde la Fiscalía General del Estado, se envió una “coordinadora especializada de la ciudad de Sucre”.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 21 a 23 vta., denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: 1) El 27 de abril de 2022 a horas 9:39, el accionante presentó los certificados de arraigo y domiciliario, como el depósito judicial de la fianza económica fijada, solicitando se expida el mandamiento de libertad; que mereció el Auto de la misma fecha, por el que se dispuso su libertad, que fue notificada el 28 de igual mes y año a horas 8:20, como la comisión instruida al Gobernador del Centro Penitenciario “San Pablo” de Quillacollo de Cochabamba en la misma fecha a horas 9:05; es decir, dentro de las veinticuatro horas, cumpliendo con el plazo; sin vulnerar el principio de celeridad relacionado con la libertad del impetrante de tutela y que sea atribuible a la autoridad judicial demandada; 2) Lo referido se corroboró con la presentación del memorial de la parte accionante de 28 de abril de 2022 a horas 9:23; y, con la reiteración en audiencia de su voluntad de retirar y desistir de la acción de libertad, en consideración a que la Jueza demandada en horas de la mañana, entregó el mandamiento de libertad en su favor; y, 3) La autoridad jurisdiccional demandada, fue declarada en comisión a partir del 25 al 27 de ese mes y año, mediante providencia de 22 de igual mes y año, en atención al oficio OF. SP- SS-467/2021 de 20 de abril, emitido por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; por lo que, mal se podía alegar la existencia de dilación indebida en la extensión del mandamiento de libertad.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Mediante providencia de 22 de abril de 2021, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró en comisión, entre otros, a Brigitte Shirley Zapata Gutiérrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del mismo departamento -demandada-, los días 25, 26 y 27 de igual mes, en cumplimiento al Of. SP- SS-467/2022 de 20 de abril, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (fs. 15 y vta.). II.2. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Luis Ramirez Rocha -accionante-, por la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio, se le concedió la cesación de detención preventiva, debiendo previamente a ser emitido el mandamiento de libertad, presentar los certificados de arraigo y domiciliario como el depósito judicial de la fianza económica fijada, lo que, fue cumplido y presentado el 27 de abril de 2022 a horas 9:39, providenciando en la misma fecha disponiendo la libertad del impetrante de tutela (según lo aseverado por el Tribunal de garantías, que tuvo acceso al expediente procesal [fs. 22 a 23]). II.3. El impetrante de tutela interpuso esta acción de libertad el 27 de abril de 2022 a horas 15:57 (fs. 2). II.4. La Jueza demandada el 28 de abril de 2022 a horas 8:20, notificó con el mandamiento de libertad al accionante, y 9:05 al Gobernador del Centro Penitenciario “San Pablo” de Quillacollo de Cochabamba (conforme expresa el Tribunal de garantías, que tuvo acceso al expediente procesal [fs. 22 a 23]). II.5. El peticionante de tutela por memorial presentado el 28 de abril de 2022 a horas 9:23, puso en conocimiento del Tribunal de garantías, que a primeras horas del día de la audiencia pública señalada para la consideración de esta acción tutelar, se le entregó el mandamiento de libertad en su favor; por lo que, retiraba y desistía de la misma (fs. 19).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denuncia que la Jueza demandada, vulneró sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculados al principio de celeridad procesal; toda vez que, no obstante de haber cumplido con la presentación de los certificados de arraigo y domiciliario, así como del depósito judicial de la fianza fijada, hasta la fecha la autoridad judicial precitada, no emitió el mandamiento de libertad en su favor. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Principio de celeridad en la tramitación de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad

Con relación a la celeridad procesal vinculada al derecho a la libertad, el extinto Tribunal Constitucional, a través de la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.

III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0044/2010 de 20 de abril, refiriéndose al antes habeas corpus, ahora acción de libertad, indicó que: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (negrillas adicionadas). En el marco de lo antecedido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0093/2012 de 19 de abril y 1233/2012 de 7 de septiembre, entre otras, determinó que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:“… se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad (…) todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio imputado” (énfasis añadido). De lo cual se colige que el mecanismo constitucional idóneo para todo acto u omisión que tenga como resultado una dilación procesal y esté vinculado a la libertad del accionante y que afecte la debida celeridad, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

El Tribunal Constitucional extinto, a través de la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, reiterada por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, estableció lo siguiente:“…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (énfasis añadido). Criterio seguido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0094/2018-S2, 0052/2018-S2 y 0463/2018-S2, entre otras. En tal virtud, toda autoridad administrativa o jurisdiccional que no actúe con la debida celeridad en la tramitación de solicitudes o en los procesos en los cuales la libertad de las personas dependa de la resolución de los mismos, causando dilaciones indebidas lesiona los derechos señalados. Con relación a la celeridad procesal vinculada al derecho a la libertad, el extinto Tribunal Constitucional, a través de la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.

III.3. Cumplimiento de medidas sustitutivas y la emisión del mandamiento de libertad

Respecto a este tópico, la SCP 0067/2020-S3 de 16 de marzo, remitiéndose a otros entendimientos jurisprudenciales señala: ”La jurisprudencia constitucional en relación a la efectivización de la libertad, cuando se ha dispuesto la cesación de la detención preventiva, a través de la SCP 0388/2012 de 22 de junio, citando a la SCP 1194/2011-R de 6 de septiembre, precisó que: ‘“Con relación a la efectivización de la libertad, tratándose de los casos de cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas al imputado, este Tribunal en la SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, estableció: '...para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva' (SC 1447/2004-R de 6 de septiembre). En consecuencia, el juez (…), una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite, pues de lo contrario, el rechazo se torna injustificado convirtiéndose en una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado”’ (entendimiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0181/2018-S1 y 0888/2018-S3, entre otras).

III.4. La oportunidad procesal para el retiro y desistimiento de la acción de libertad

Respecto a este tópico, la jurisdicción constitucional se ha pronunciado en sus fallos uniformes, entre otros en la SCP 0597/2018-S2 de 8 de octubre, señalando que: “La oportunidad procesal para el retiro o desistimiento de la acción de libertad, tuvo diferentes entendimientos jurisprudenciales; sin embargo, a partir de la SCP 0103/2012 de 23 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2 se establece que los mismos, únicamente pueden ser presentados hasta antes del señalamiento de día y hora de la audiencia pública, por las siguientes razones jurídicas: a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-. b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada. La citada SCP 0103/2012, entiende que pese a que una persona desista o retire su demanda de acción de libertad después del señalamiento de día y hora de audiencia pública, de todas formas debe resolverse la misma, en razón a que el acceso a la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, busca además de resguardar derechos subjetivos de las personas, evitar la reiteración de omisiones o conductas que lesionen los bienes constitucionales protegidos dentro del ámbito de su protección, como son la vida, la integridad física, la libertad personal o de locomoción, o situaciones que constituyan persecución o procesamiento ilegales o indebidos; es decir, el resguardo a la dimensión objetiva de los derechos en el marco de las obligaciones del Estado”.

III.5. Análisis del caso concreto

Conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada precedentemente en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la oportunidad para presentar desistimiento de la acción de libertad o su retiro, es antes del señalamiento del día y hora de la audiencia pública para su consideración y resolución; en mérito a que el acceso a la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, busca además de resguardar derechos subjetivos de las personas, evitar la reiteración de omisiones o conductas que lesionen los bienes constitucionales protegidos dentro del ámbito de su protección. Es así que, en autos, el accionante a través de su representante mediante memorial presentado el 28 de abril de 2022 a horas 9:23, desistió de la acción tutelar, después que el Tribunal de garantías fijó el actuado procesal para esa fecha y notificó a las partes; circunstancia por la cual, se ingresará al análisis de la misma.

En ese cometido y planteada la problemática, conocidos los antecedentes y datos del proceso, se advierte que la dilación y falta de celeridad vinculada a los derechos a la libertad y al debido proceso denunciada a través de esta acción tutelar no es evidente; toda vez que, como afirma el accionante, por memorial presentado el 27 de abril de 2022 a horas 9:39, adjuntando los certificados de arraigo y domiciliario, así como el depósito judicial de la fianza económica que le fue fijada, solicitó a la autoridad judicial ahora demandada, emita en el día, el mandamiento de libertad en su favor, que mereció la providencia de la misma fecha -según lo afirmado por el Tribunal de garantías en su Resolución-, por la que se dispuso su libertad (Conclusión II.2); como en efecto aconteció, en virtud a que al día siguiente 28 de igual mes y año a horas 8:20, se notificó al impetrante de tutela con el mandamiento de libertad emitido en su favor, como al Gobernador del Centro Penitenciario “San Pablo” de Quillacollo de Cochabamba a horas 9:05 (Conclusión II.4); es decir, dentro de las veinticuatro horas de la petición, lo que desvirtúa que la autoridad demandada hubiere lesionado el principio de celeridad procesal vinculado a sus derechos a la libertad y al debido proceso; teniendo presente además que dicha autoridad jurisdiccional acreditó que en la fecha de presentación del memorial por parte del accionante solicitando el referido mandamiento de libertad, se encontraba declarada en comisión; sin haber incurrido en dilación alguna; más aún, cuando el impetrante de tutela por memorial presentado el 28 de abril de 2022, día en el que se realizó la audiencia pública de consideración de esta acción tutelar, desistió de la acción de libertad, argumentando que a primeras horas de la mañana de esa fecha le fue entregado el mandamiento de libertad (Conclusión II.5). Lo expuesto, determina no se abra el ámbito de protección de la acción de libertad, que ha sido instituida, entre otras finalidades para la protección y restablecimiento del derecho a la libertad, que no es el caso presente al advertir que la Jueza demandada actuó sin incurrir en una demora innecesaria y falta de celeridad; sino contrariamente, dentro de un marco de razonabilidad, sin vulnerar los derechos invocados por el demandante de tutela; correspondiendo, la denegatoria de la tutela pedida. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, con los fundamentos precedentes, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 21 a 23 vta., dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sistematizó toda la línea jurisprudencial, sobre la posibilidad y oportunidad de desistir o retirar la acción de libertad, que pueden resumirse así: i) No se admite el retiro ni el desistimiento de la acción de libertad -SSCC 0188/2004-R de 9 de febrero y 0929/2003-R de 3 de julio, entre otras-; ii) No es posible el retiro ni el desistimiento después de admitida la acción de libertad -por todas, la SC 0031/2005-R de 10 de enero-; y, iii) No es posible desistir ni retirar la acción de libertad, cuando hubo cesación del acto lesivo -por todas, las SSCC 1425/2011-R de 10 de octubre y 1229/2010-R de 13 de septiembre-.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0647_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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