Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 14 de octubre de 2024
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral relacionados a su derecho a la vida; toda vez que, existiendo una relación laboral con la entidad demandada, fue retirado de su fuente de trabajo de manera injustificada, motivo por el cual acudió ante la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, pronunciándose en su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/325/2022, que ordenó su inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, más el pago de sus salarios devengados y otros derechos; sin embargo, el demandado, a pesar de haber sido legalmente notificado con dicha Resolución, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar, no cumplió la misma, extremo que se encuentra demostrado con el Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-312/2022, emitido el 28 de septiembre de 2022, por la Inspectora del Trabajo; ante tales circunstancias, solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga el cumplimiento íntegro de la determinación de reincorporación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; ii) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 289/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 120 a 124, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda de departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER totalmente la tutela solicitada, disponiendo que la entidad demandada proceda al cumplimiento inmediato de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/325/2022 de 19 de agosto, pronunciada por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, en todos sus términos y condiciones, sea en el plazo máximo de veinticuatro horas, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0646/2024-S1 Sucre, 14 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 52672-2023-106-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 289/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 120 a 124, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Raúl Roly Ortuño Condori contra Aparicio Flores Lucas, Administrador Regional La Paz a.i. de la Caja Nacional de Salud (CNS).
Mediante memorial presentado el 7 de octubre de 2022, cursantes de fs. 83 a 91, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que ingresó a trabajar en 2015 en la CNS inicialmente en el Hospital Obrero 1 de la ciudad Nuestra Señora de La Paz, bajo la suscripción de varios contratos irregulares, extendiéndose por las gestiones 2018, 2019, 2020 y parte de 2021, siendo “…que mi empleador de manera por demás dolosa (…) me hacían suscribir contratos pero con la promesa de otorgarme un nuevo contrato me hacían trabajar por meses ad onorem, sin una retribución…” (sic). El 29 de octubre de 2021, suscribió un contrato que tenía vigencia desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de igual año, en el cargo de Trabajador Manual del “HODE ONCOLÓGICO” dependiente de la Administración Regional La Paz de la CNS y posterior a la fecha de conclusión del contrato señalado, de manera continua siguió prestando funciones, configurándose la “RECONDUCCIÓN TACITA” conforme lo establecido en el art. 21 de la Ley General de Trabajo (LGT).
Posteriormente, el 26 de enero de 2022 le hicieron suscribir un nuevo contrato irregular con plazo de vigencia desde el 14 de enero hasta 30 de junio del citado año, y concluida la fecha indicada, le prohibieron el ingreso a su fuente laboral, por lo que acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, denunciando su despido ilegal, además puso en conocimiento que prestó servicios de manera continua y, que los contratos suscritos no fueron visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por lo que, no adquirieron la eficacia jurídica prevista en el art. 22 de la LGT; instancia administrativa que luego del trámite correspondiente emitió a su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 325/2022 de 19 de agosto, que ordenó su inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, más el pago de salarios devengados y demás derechos laborales y sociales hasta su efectiva reincorporación. Determinación notificada a la entidad ahora demandada el 31 de agosto de 2022. Finalmente, manifiesta que por el Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-312/2022 de 28 de septiembre, pronunciado por la Inspectora del Trabajo de La Paz, sobre verificación de reincorporación laboral, se acredita el incumplimiento a la precitada Conminatoria de Reincorporación, lo cual evidencia una franca lesión de sus derechos fundamentales, por lo que pide se aplique el lineamiento doctrinal establecido en la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, que enaltece el respeto al “principio” constitucional de estabilidad laboral, señalando que las conminatorias de reincorporación deben ser cumplidas en su integridad y sin dilaciones.
Considera lesionados sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral relacionados al derecho a la vida; citando al efecto los arts. 15, 18, 46, 48.I, II y III, 49.III y 70 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga el cumplimiento íntegro de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 325/2022 de 19 de agosto, debiendo du empleador realizar su reincorporación a la CNS Regional La Paz “HODE ONCOLÓGICO – TRABAJADOR MANUAL” y proceder al pago de los salarios devengados y demás derechos laborales y sociales hasta la fecha de su reincorporación efectiva.
La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 17 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 115 a 119, produciéndose los siguientes actuados:
El demandante de tutela a través de su abogada, se ratificó en el contenido íntegro de su demanda de amparo constitucional, y ampliando, en el desarrollo de la audiencia, señaló lo siguiente: a) La Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, establece un lineamiento básico del derecho a la estabilidad laboral, unificando que las conminatorias de reincorporación deben ser cumplidas de manera íntegra; además, consolida a favor del trabajador la estabilidad laboral, que podrá verse afectada únicamente cuando medien circunstancias consideradas en los arts. 16 y 19 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Reglamento, en el presente caso dicha circunstancia no se produjo; b) Ahora bien, por lealtad procesal indica que debido a la presentación de esta acción de amparo constitucional, la entidad demandada convocó al trabajador -accionante- y le entregaron un contrato de trabajo “con la codificación C3927-2022” con vigencia desde el 17 al 30 de octubre de 2022, refiriendo el citado contrato en su cláusula tercera que no se extendería más de la fecha indicada, vulnerando la estabilidad laboral que le confiere la Resolución de Reincorporación; no obstante, reconoce que firmó dicho contrato y recibió un sueldo por “14 días” del mes de octubre del año indicado, aclarando que conforme a la SCP 0689/2013 de 13 de junio, dicha situación no significa que se ha cumplido totalmente la determinación de la autoridad administrativa laboral, habiendo suscrito únicamente por la necesidad de trabajar; y, c) Solicita que la justicia constitucional disponga el cumplimiento íntegro de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 325/2022, conforme determina la jurisprudencia constitucional. Ante las preguntas de la Sala Constitucional indicó que pese a la firma del Contrato 3927 considera que la finalidad de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 325/2022 no ha sido cumplida toda vez que no se le restituyo el seguro de corto y largo plazo, menos el pago de sueldos devengados; asimismo, aclaró que el Contrato mencionado tiene vigencia desde el 19 de octubre al 30 de diciembre de 2022, siendo un contrato eventual.
Carlos Víctor Álvarez Córdova, Administrador Regional La Paz a.i. de la CNS, a través de su abogado apoderado, mediante informe cursante a fs. 110 a 113, señaló que: 1) Es cierto y evidente la CNS Regional La Paz ha suscrito con el accionante siete contratos temporales, desde el 2015 hasta 2022, aclarando que esos contratos no fueron continuos, por lo tanto existió interrupciones laborales: del primer al segundo contrato existe “1018” -días-; del tercero al cuarto 198 días; y, del quinto al sexto 123 días; no existiendo continuidad para que pueda ser considerada una relación laboral indefinida; 2) Tuvieron conocimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 325/2022, el 31 de agosto de 2022 y, en atención a dicha determinación, la Unidad de Asesoría Legal emitió el Informe Legal CITE AL-I-1285/2022 de 9 de septiembre, recomendando su cumplimiento; por lo que emitieron el Memorándum 1689/2022 procediendo a la suscripción del Contrato C-3927/2022, siendo evidente que el mismo establece una fecha de inicio y finalización que se debe a la certificación presupuestaria asignada. Al respecto aclara que la entidad se encuentra enmarcada en lo dispuesto por la Ley General del Trabajo y la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 9 de julio de 1990-, y sus subsistemas; por lo que debido al principio de legalidad presupuestal cuando emita cualquier acto administrativo que genere obligaciones de contenido económico, cuenten con una reserva y disponibilidad presupuestaria dando un carácter esencial y cierto para horrar pagos bajo conceptos de salarios y las respectivas partidas presupuestarias, bajo el control establecido por los regímenes establecidos por la Ley 1178, Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001 y el “R.E.S.A.P.” que para operar y corresponder a la contratación de personal debe necesariamente recabar la debida certificación presupuestaria; motivos por los que la elaboración de contratos son por tiempo limitado y conforme al presupuesto asignado bajo ese concepto y partida presupuestaria que hacen a la contratación de personal; y, 3) Se encuentra pendiente de resolución su recurso jerárquico planteado contra la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 325/2022, repitiendo los agravios formulados ante la instancia administrativa y con ello, solicitando se deniegue la tutela pretendida. En audiencia refirió que el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social ha ordenado -se entiende a través de la Jefatura Departamental de La Paz-aproximadamente 150 reincorporaciones, por lo que solicitaron refuerzo presupuestario de la Partida 121 personal eventual de la gestión 2022; viéndose afectada la institución por las determinaciones de la entidad administrativa laboral, por lo que están activando los recursos administrativos “que en una gran cantidad están saliendo a favor” de la CNS; y, respecto al contrato de trabajo con fecha límite al 31 de diciembre de 2022, la CNS se rige por la Ley 1178 y el Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, no pudiendo comprometer y ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados; por lo que al ordenar suscribir contratos con plazo indefinido “nos estarían haciendo incurrir en error”, debiéndose como toda institución pública al Plan Operativo Anual (POA); por tanto mientras no se revoque la conminatoria, la institución va dar cumplimiento a la misma, siendo un hecho superado al encontrarse a la fecha el accionante trabajando bajo un contrato vigente.
La Sala Constitucional Segunda de departamento de La Paz, mediante Resolución 289/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 120 a 124, concedió en parte la tutela solicitada, ordenando que la entidad demandada cumpla a cabalidad la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 325/2022, respetando la actividad de trabajo en el futuro a favor del accionante, correspondiendo realizar el trámite requerido a efectos de cumplir en su integridad la Conminatoria de referencia; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante refiere haber prestado servicios como Trabajador Manual del Hospital Obrero 1 de la CNS desde la gestión 2015, de forma sucesiva y con intervalos hasta la gestión 2022; sin embargo, lo despidieron de forma intempestiva e injustificada, pese a que durante los recesos continuó prestando funciones sin contar con contrato ni percibir salario alguno y, ante dicha situación acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz denunciando su despido injustificado; instancia que luego del trámite correspondiente pronuncio la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 325/2022, ordenando su inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, más el pago de salarios devengados; no obstante, la entidad demandada, hasta la fecha de emisión del informe sobre verificación de reincorporación laboral -28 de septiembre de 2022- y la interposición de esta acción tutelar -7 de octubre de igual año-, no dio cumplimiento a la precitada Conminatoria; ii) De acuerdo a los antecedentes se tiene que evidentemente hasta dicha fecha no se habría cumplido la Resolución de Reincorporación; posteriormente, en conocimiento “de dicha Conminatoria” se habría suscrito un nuevo contrato eventual con el ahora accionante, vigente desde el 17 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2022, que al presente estaría cumpliendo funciones; aspecto que es observado por el impetrante de tutela, en sentido que si bien admite que suscribió el contrato, el mismo es de carácter eventual hasta el 30 de diciembre de 2022; por otra parte, hace notar que no se hubiera cumplido en lo que respecta al pago de salarios devengados y demás derechos sociales, dispuesto en la Conminatoria; iii) El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, asumió lineamiento jurisprudencial aplicable al caso, estableciendo que la Resolución de Reincorporación es de cumplimiento inmediato y que su inobservancia habilita la actuación de la jurisdicción constitucional, a menos que en su tramitación se evidencie violaciones al debido proceso, citando al respecto la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, que establece ante la denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe verificar únicamente su emisión e incumplimiento, sin ingresar en cuestiones de fondo ni verificar posibles lesiones al debido proceso en relación al empleador, toda vez que la tutela que brinda esta jurisdicción es provisional; y, iv) Ahora bien, en el presente caso la situación laboral del accionante resulta incierta, toda vez que habría cumplido funciones, “…y que es más, de acuerdo al último contrato suscrito seria únicamente hasta el 30 de diciembre de 2022, situación esta que no justifica de ninguna manera en cuanto al cumplimiento efectivo de la conminatoria, sin embargo de haberse suscrito dicho contrato, por lo que se observa en cuanto al cumplimiento íntegro, sin embargo de haberse dispuesto la restitución del trabajador y que el mismo no puede ser considerado por la parte y por esta sala en sentido que se dio estricto cumplimiento al mismo, toda vez que se debe considerar en forma favorable con referencia a su actividad de trabajo en la gestión 2023, toda vez que de subsanarse en forma temporal no se estaría cumpliendo a cabalidad el mismo” (sic). Concluyendo que la Conminatoria de Reincorporación habría sido cumplida en parte y no en los cánones exigidos. Concluida la audiencia, el accionante solicitó complementar el plazo de cumplimiento -se entiende de la Conminatoria-; y por su parte, la CNS pidió aclaración en cuanto al pago de salarios devengados, habiendo argumentado refiriendo normativa y sentencias constitucionales donde claramente establece que “no es ésta instancia” ni el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social quienes pueden determinar si se tiene que pagar los sueldos devengados, desde qué fecha o cuánto es el monto; aspectos que fueron representados y no considerados. Al respecto, la Sala Constitucional indicó que el trámite correspondiente a efectos que se dé cumplimiento íntegro de la conminatoria de referencia, no debe exceder el plazo de un mes; y en cuanto a lo solicitado por la parte demandada indicó que en el presente caso se aplicó la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 y no el precedente señalado por el demandado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Constan varios Contratos de Prestaciones de Servicios (Trabajador Eventual) C-1796/15 de 21 de octubre de 2015, con vigencia desde esa data hasta el 31 de diciembre de 2015; C-02674/18 de 17 de octubre de 2018, con vigencia desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2018; C-00736/19 de 31 de diciembre de “2018”, con vigencia desde el 2 de enero hasta el 28 de junio de 2019; Contrato incompleto de 15 de febrero de 2020; C-01223/21 de 15 de enero de 2021, con vigencia desde el 4 de enero hasta el 30 de junio de 2021; C-6131/21 de 29 de octubre de 2021, con vigencia desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021; y, C-1373/2022 de 26 de enero, con vigencia desde el 14 de enero hasta el 30 de junio de 2022; todos suscritos por la Administración Regional La Paz de la CNS y Raúl Roly Ortuño Condori -ahora accionante-(fs. 20 a 38). II.2. Cursa Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 325/2022 de 19 de agosto, pronunciada por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, por la que conminó la inmediata reincorporación del demandante de tutela, al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación; es decir, como Trabajador Manual en el “HODE ONCOLÓGICO” dependiente de la Administración Regional La Paz de la CNS, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales y sociales hasta su efectiva reincorporación; determinación notificada a la entidad empleadora el 31 de agosto de 2022, conforme desprende el cargo de recepción (fs. 14 a 17). II.3. Por Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-312/2022 de 28 de septiembre, pronunciado por la Inspectora del Trabajo de La Paz, sobre verificación de reincorporación laboral del trabajador ahora accionante, se concluyó que “a la fecha de verificación realizada” no se dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 325/2022 (fs. 18 y vta.). II.4. Se tiene Contrato de Prestación de Servicio C-3927 Trabajador Eventual Reincorporación por orden del Ministerio de Trabajo Programa 72-02 (Necesidad de Servicio) de 22 de octubre de 2022, suscrito por Aparicio Flores Lucas, Administrador Regional La Paz a.i. de la CNS y el ahora accionante, por necesidad extraordinaria de servicios de manera temporal, como Trabajador Manual nivel 23 con cargo a la Partida 12100 (Personal Eventual del Programa 72-02 (Necesidad de Servicio) dependiente del “HODE” ONCOLÓGICO de la Regional La Paz “y en cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ N° 325/2022”, con vigencia desde el 17 de octubre al 30 de diciembre de 2022 (fs. 107 a 108). II.5. Cursa memorial presentado el 20 de octubre de 2022, por el que Aparicio Flores Lucas, Administrador Regional La Paz a.i. de la CNS, presenta recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa (RA) 702-22 de 7 de octubre de 2022, que a su vez resolvió el recurso de revocatoria interpuesto de su parte contra la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 325/2022, rechazando y confirmando la conminatoria descrita (fs. 104 a 106).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral relacionados a su derecho a la vida; toda vez que, existiendo una relación laboral con la entidad demandada, fue retirado de su fuente de trabajo de manera injustificada, motivo por el cual acudió ante la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, pronunciándose en su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/325/2022, que ordenó su inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, más el pago de sus salarios devengados y otros derechos; sin embargo, el demandado, a pesar de haber sido legalmente notificado con dicha Resolución, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar, no cumplió la misma, extremo que se encuentra demostrado con el Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-312/2022, emitido el 28 de septiembre de 2022, por la Inspectora del Trabajo; ante tales circunstancias, solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga el cumplimiento íntegro de la determinación de reincorporación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; ii) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0206/2021-S2 de 25 de junio, reiterada por la SCP 0269/2021-S1 de 21 de julio, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:
En todos los casos en los que se denunciaron despidos ilegales, como el incumplimiento de las Resoluciones de Conminatoria de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, este despacho siempre tuvo como uno de sus principales objetivos el tratar de materializar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, disponiendo el cumplimento integral de las conminatorias de reincorporación laboral, que se vieron reflejados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0016/2018-S2 de 28 de febrero, 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, 0985/2019-S2 de 21 de octubre (cumplimiento integral de conminatoria), como también en los Votos Disidentes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/2018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-S2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre, entre otras. Lo que implica que siempre hubo una actitud consecuente sobre la necesidad de tutelar los derechos de estabilidad laboral y al trabajo, mediante la aplicación del estándar más alto de protección tal y como lo estableció la SCP 0814/2018-S2, que sistematizó y contextualizó la línea jurisprudencial sobre este tema en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2. Posteriormente, con el objeto de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Constitución Política del Estado, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sala Plena, a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:
1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:
1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;
1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional
-abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;
1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;
1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada, aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;
1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,
1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso:
UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:
1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones… (negrillas agregadas). La Resolución de Doctrina Constitucional ratificó las líneas jurisprudenciales garantistas emitidas por este despacho por medio de sus Sentencias y Votos Disidentes, precitados anteriormente, lo que implica que la unificación de jurisprudencia vincula al mismo Tribunal Constitucional Plurinacional a materializar los derechos fundamentales de los trabajadores, aplicando los entendimientos más favorables y con el estándar más alto de protección, reconociendo que estos derechos tienen un carácter progresivo en su protección e implementación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, principios que no tienen un techo en su aplicación y que siempre se buscará la manera más efectiva de tutelar los derechos fundamentales.
El Voto Disidente de la SCP 0123/2018-S2 de 16 de abril, reiterado posteriormente por la SCP 0160/2020-S1 de 27 de julio y otras, asumió el siguiente razonamiento:
El 1 de mayo de 2006 se dictó el DS 28699, que en sus arts. 10 y 11, establece la posibilidad que cualquier persona que se encuentre sometida al régimen laboral y crea que fue injustamente despedida o alejada de su fuente laboral -salvo las causas de despido previstas por el art. 16 de la LGT-, pueda acudir ante el ahora Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reclamando su derecho a la estabilidad laboral o el pago de beneficios sociales; en contraposición al derogado art. 55 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, que permitía libremente rescindir los contratos de trabajo. Posteriormente, el 1 de mayo de 2010, se emitió el DS 0495, que en su Artículo Único modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 28699, señalando:
En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo (las negrillas son nuestras). Además, incluyó los parágrafos IV y V, con los siguientes textos: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (únicamente) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución”; se aclara que la palabra únicamente fue declarada inconstitucional por la SCP 0591/2012 de 20 de julio. Por su parte, el parágrafo V indica: “V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral” (las negrillas de ambos textos normativos son incorporadas); se entiende que esto ocurre en la fase de la conminatoria. Por su parte, la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la aplicación del DS 0495, en su art. 3 refiere:
ARTÍCULO 3.- (Acciones Constitucionales).
Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral (las negrillas son incorporadas).
Vale decir, que ante la inobservancia del plazo para que un empleador ejecute una resolución de reincorporación de un trabajador a su fuente laboral, éste último puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional, en procura de la reparación de los derechos que considere afectados. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; efectivamente, la señalada SCP 0177/2012, tuvo el siguiente razonamiento en el Fundamento Jurídico III.3:
1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.
2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional solo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.
3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral (las negrillas nos corresponden). Por lo referido, las conminatorias de reincorporación emitidas por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, deben ser cumplidas de manera obligatoria, sin perjuicio que puedan ser impugnadas por el empleador o parte patronal en la vía administrativa o judicial; no obstante, mientras se suscite dicho aspecto, la conminatoria pronunciada debe ser ejecutada con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los trabajadores, otorgándoles seguridad jurídica y estabilidad laboral, siendo posible en caso de inobservancia, la formulación de una acción de amparo constitucional, para la restitución de los derechos lesionados. Por otra parte, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunciaba sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la SCP 0177/2012, aprobó la resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la SCP 1608/2012 de 24 de septiembre, entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispuso la cancelación de sueldos devengados. No obstante, lo anotado precedentemente, la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, refirió que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, bajo el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que fue reiterado por la SCP 1130/2017-S3 de 31 de octubre, entre otras. Al respecto, posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, entre ellas, la SCP 0016/2018-S2 y la SCP 0028/2018-S2, ambas de 28 de febrero, confirmaron las Resoluciones emitidas por los Tribunales de garantías que concedieron la tutela y dispusieron la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, ambas de 15 de marzo, hizo extensiva la tutela al pago de sueldos devengados y beneficios sociales, que la ley establece desde el día de su desvinculación ilegal.
Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse que una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE), es su progresividad, que implica, por una parte; que los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, no son un catálogo cerrado, sino que, de manera permanente se amplían en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprende de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la referida CPE. Por otra parte, el principio de progresividad, supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas, lo que significa que, en materia de Derechos Humanos, no corresponde la regresividad, es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos. El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2491/2012, 0210/2013, 1617/2013, entre muchas otras. Así en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló que el principio de progresividad establece la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de Derechos Humanos, en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-. Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituye una afectación al principio de progresividad. En el marco del principio de progresividad, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; metodología, que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Conforme a lo anotado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe señalar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012, 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia del derecho al trabajo, estabilidad laboral y el derecho a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán sobre la base de los principios de, entre otros, protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Cabe aclarar, que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como lo indicó la jurisprudencia constitucional, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela. Por otra parte, las citadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, se pronuncian sobre los sueldos devengados y otros beneficios, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o la garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece que: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; norma constitucional que es coherente con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, y en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad- que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene varios elementos. Así, para la Corte IDH, la reparación supone la restitución integral del derecho que fue vulnerado, es decir, el restablecimiento del derecho a la situación anterior a su violación; pero también implica la adopción de otras medidas como la indemnización, que es la reparación por daños materiales físicos o mentales, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso; la rehabilitación, en los casos que corresponda, comprendiendo la atención médica y psicosocial requerida; la satisfacción pública, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad; y, las garantías de no repetición, que tienen por objeto adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de las vulneraciones a derechos. Entonces, a partir de todo lo desarrollado, se tienen las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo:
i) Procede la acción tutelar de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa;
ii) La competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajador; y, iii) La concesión de la tutela supone la adopción de medidas de reparación como la indemnización, en concreto, tratándose de incumplimiento de conminatoria de reincorporación, la cancelación de los sueldos devengados desde la desvinculación ilegal constatada por la autoridad de trabajo y demás beneficios sociales que le correspondan al trabajador.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral relacionados a su derecho a la vida; toda vez que, existiendo una relación laboral con la entidad demandada, fue retirado de su fuente de trabajo de manera injustificada, motivo por el cual acudió ante la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, pronunciándose en su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/325/2022, que ordenó su inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, más el pago de sus salarios devengados y otros derechos; no obstante, el demandado, a pesar de haber sido legalmente notificado con dicha Resolución, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar, no cumplió la misma. Previo a ingresar al análisis, corresponde precisar que la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 -Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales-, vigente a la fecha de emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no es aplicable al caso concreto puesto que la referida norma ingresó en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2022; y, el accionante acudió a la vía administrativa el 28 de julio de ese año conforme desprende la denuncia escrita cursante a fs. 8 a 9 y la Conminatoria fue pronunciada el 19 de agosto de igual año; es decir, fue emitida con anterioridad a la vigencia de la citada Ley 1468, debiendo aplicarse en consecuencia el procedimiento anterior, bajo el marco de lo previsto por la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021. Ahora bien, de acuerdo a los datos adjuntos al expediente, se evidencia que el accionante y la Administración Regional La Paz de la CNS, entidad ahora demandada, suscribieron los Contratos de Prestación de Servicios: C-1796/15 de 21 de octubre de 2015; C-02674/18 de 17 de octubre de 2018; C-00736/19 de 31 de diciembre de “2018”; Contrato incompleto de 15 de febrero de 2020; C-01223/21 de 15 de enero de 2021; C-6131/21 de 29 de octubre de 2021; y, C-1373/2022 de 26 de enero, este último con vigencia desde el 14 de enero hasta el 30 de junio de 2022, fecha que el impetrante de tutela refiere haber sido despedido sin justificación alguna (Conclusión II.1).
Ante esa situación, el demandante de tutela acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz denunciando su retiro injustificado, instancia que luego del trámite correspondiente, emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/325/2022 de 19 de agosto, por la que conminó la inmediata reincorporación del prenombrado, al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación; es decir, como Trabajador Manual en el “HODE ONCOLÓGICO” dependiente de la Administración Regional La Paz de la CNS, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales y sociales hasta su efectiva reincorporación (Conclusión II.2). Determinación que fue notificada a la parte demandada el 31 de agosto de 2022; empero, tal disposición hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar -7 de octubre de igual año- no fue cumplida, extremo demostrado a través del Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-312/2022 de 28 de septiembre, sobre verificación de reincorporación laboral del trabajador, pronunciado por la Inspectora de Trabajo de La Paz (Conclusión II.3). Resolución que además de acuerdo al informe prestado por el demandado, habría sido impugnada en la vía administrativa: inicialmente a través del RECURSO DE REVOCATORIA, resuelto mediante la RA 702-22 de 7 de octubre de 2022, pronunciada por el Jefe Departamental del Trabajo de La Paz, que resolvió RECHAZAR el recurso y CONFIRMAR la Conminatoria impugnada; decisión contra la cual, a su vez interpuso RECURSO JERÁRQUICO el 20 de octubre de igual año (Conclusión II.5), cuyo resultado no consta en antecedentes, entendiéndose que a la fecha de la audiencia de garantías se encontraba pendiente de resolución. Por su parte la entidad demandada arguyó que, en cumplimiento a la Conminatoria de referencia, suscribió con el accionante el Contrato de Prestación de Servicio C-3927 Trabajador Eventual Reincorporación por orden del Ministerio de Trabajo Programa 72-02 (Necesidad de Servicio) que tiene por objeto la prestación de servicios por necesidad extraordinaria de manera temporal, como Trabajador Manual nivel 23 con cargo a la Partida 12100 (Personal Eventual del Programa 72-02 (Necesidad de Servicio) dependiente del “HODE” ONCOLÓGICO de la Regional La Paz, con vigencia desde el 17 de octubre al 30 de diciembre de 2022 (Conclusión II.4). Al respecto, el accionante en la audiencia de garantías reconoció que firmó dicho Contrato y recibió sueldo por los “14 días” del mes de octubre del año indicado, aclarando que considera que la finalidad de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 325/2022 no ha sido cumplida toda vez que no se le restituyó el seguro de corto y largo plazo, menos el pago de sueldos devengados; asimismo, hizo hincapié en que se trata de un contrato eventual con plazo de vigencia hasta el 30 de diciembre de ese año, que no le asegura estabilidad laboral, cuando la Conminatoria de referencia “…no determina que el contrato sea solamente por un tiempo de dos meses…” (sic), habiendo suscrito únicamente por la necesidad de trabajar. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de este fallo constitucional, ante la denuncia de vulneración del derecho al trabajo y a la estabilidad e inamovilidad laboral, por despido injustificado -sin haberse incurrido en las causales establecidas en el art. 16 de la LGT-, que derivó en la emisión de una conminatoria de reincorporación laboral por el Trabajo, Empleo y Previsión Social, siendo la finalidad de la jurisdicción constitucional el resguardo de los derechos fundamentales cuando estos son amenazados, a efectos de otorgar una tutela provisional inmediata: “Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación…”; siendo en estos casos labor de la jurisdicción constitucional verificar la emisión de la conminatoria, su notificación al empleador y su incumplimiento, debiendo en esa circunstancia disponer el cumplimento integral de la conminatoria de reincorporación laboral, sin omitir ninguna de sus determinaciones. En ese marco, en el caso concreto se evidencia que la entidad demandada y el accionante suscribieron el Contrato de Prestación de Servicio C-3927 que establece una vigencia desde el 17 de octubre al 30 de diciembre de 2022, siendo -a decir suyo- un hecho superado el alegado incumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 325/2022 emitida por la Autoridad del Trabajo; no obstante, esta reincorporación fue efectuada bajo términos y condiciones que no garantizan la estabilidad laboral del trabajador; además, no se efectivizó el pago de sueldos devengados y demás derechos laborales y sociales hasta su efectiva reincorporación, conforme fue ordenado a través de la Conminatoria descrita supra; en consecuencia, se evidencia la vulneración de los derechos invocados en la presente acción tutelar, toda vez que dicho cumplimiento no lo hizo en estricto apego a lo ordenado por ella; en ese sentido, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial precedente, que dispone que la ejecución de la conminatoria de reincorporación laboral necesariamente debe cumplirse en forma íntegra, donde el empleador ejecute todos los aspectos que hubieran sido dispuestos por la Jefatura Departamental de Trabajo, por cuanto no está permitido acatarla en forma parcial; por lo que, con base en los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada.
Concluyendo el análisis efectuado, cabe remarcar que esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación del trabajador, de manera que no implica el desconocimiento del derecho a la defensa de la parte empleadora; por cuanto, dicha entidad puede acudir a la jurisdicción laboral para cuestionar lo dispuesto en la Conminatoria de referencia, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional, tomando en cuenta que la competencia de la justicia constitucional se limita a verificar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; labor que es propia de la jurisdicción ordinaria. Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 289/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 120 a 124, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda de departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER totalmente la tutela solicitada, disponiendo que la entidad demandada proceda al cumplimiento inmediato de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/325/2022 de 19 de agosto, pronunciada por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, en todos sus términos y condiciones, sea en el plazo máximo de veinticuatro horas, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.4, señala: “… cuando el DS 0495 y la RM 868/10, disponen una única instancia para resolver administrativamente la reincorporación del trabajador, afectan el derecho al debido proceso en su elemento de acceso a una segunda instancia, de las partes que acceden a este mecanismo de resolución de conflictos, que pueden ser el trabajador como el empleador, debiendo por ello expulsarlas del ordenamiento jurídico, para que en aplicación del debido proceso consagrado por el art. 115.II de la CPE, las partes tengan acceso a una segunda instancia administrativa en reclamo de la conminatoria a la reincorporación, sin perjuicio de la vía judicial” (las negrillas son nuestras).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0646_2024-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): e74bcaefff3f305d1a93e56ad74545e3ff74cf984757dc3a7b036859a5e3ec68
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