B.IA.LEGAL

SCP 0646/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 18 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
18 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
47379-2022-95-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y favorabilidad del imputado; toda vez que, habiendo sido sometido a dos audiencias de consideración de medidas cautelares, en dos distintos casos, en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; por órdenes superiores, emanadas por el ahora demandado Director de la FELCV de El Alto, los funcionarios policiales el 25 de abril de 2022, procedieron a la ejecución de un mandamiento de detención preventiva, trasladándolo al penal de Chonchocoro, en contraposición a otro mandamiento primigenio que ordenaba su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro, apartándose de dicha forma del debido proceso; puesto que ante la circunstancia referida, correspondía que informen a la autoridad judicial competente sobre aquella contradicción y soliciten se aclare al juzgador qué mandamiento debía ser ejecutado, y no tomarse atribuciones que no le competían.

En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, y en su caso, si corresponde, conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 26 de abril, cursante de fs. 7 a 9 vta., emitida por la Jueza de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. La activación paralela de jurisdicciones en el trámite de apelación incidental a la detención preventiva
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0646/2023-S4 Sucre, 18 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47379-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2022 de 26 de abril, cursante de fs. 7 a 9 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristian Denis Aponte Sanjinez en representación sin mandato de Sandro Hernán Acarapi Murillo contra Walter Lenz Altamirano, Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de El Alto.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de abril de 2022, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 23 de abril de 2022, fue sometido a dos audiencias de consideración de medidas cautelares, en dos distintos casos, en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz. La primera audiencia fue desarrollada a las 11:00, en la cual de determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. La segunda audiencia se desarrolló en la misma fecha a las 16:30, en la que también se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, ingresando en consecuencia en contradicción e incongruencia en la determinación asumida por la autoridad judicial prenombrada, quien emitió dos mandamientos de detención preventiva, uno para San Pedro y otro para Chonchocoro, ante tal situación contradictoria interpuso el recurso de apelación. Refiere el accionante, que personal policial, por órdenes superiores, el 25 de abril procedió a la ejecución y traslado de su personó al Centro Penitenciario Chonchoro de La Paz, en contraposición al mandamiento primigenio que ordenaba la detención preventiva del imputado en el Centro Penitenciario de San Pedro, apartándose de dicha forma del debido proceso; razón por la cual, ante esa situación peculiar correspondía que informen a la autoridad judicial competente sobre la contradicción referida y solicitar que especifique qué mandamiento debía ser ejecutado, y no así el personal policial tomarse atribuciones que no le competen.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y favorabilidad del imputado, citando al efecto los arts. 109, 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 3 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles (PIDC); y, 1, 2, 3, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela reponiéndose los defectos legales y se ordene a la autoridad policial ahora demandada conduzca al imputado a celdas policiales de la FELCV, hasta que se resuelva la contradicción mediante el recurso de apelación interpuesto en audiencia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 26 de abril de 2022, conforme consta en al acta cursante de fs. 10 a 11, presentes el accionante y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante mediante su abogado, se ratificó en el contenido íntegro de su acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Walter Lenz Altamirano, Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de El alto del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: a) La aplicación de medidas cautelares que conoció fue realizada en horas de la mañana, por el delito de violencia familiar o doméstica, en la que la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva del ahora accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; posteriormente, en horas de la tarde, se desarrolló otra audiencia ante la misma autoridad jurisdiccional, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, habiéndose dispuesto la detención del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz; sin embargo, el abogado de la defensa solicitó en esa segunda audiencia, que se disponga la detención del imputado en el penal de San Pedro, solicitud que a la que la autoridad jurisdiccional mantuvo el criterio de disponer la detención en el penal de Chonchocoro; b) La FELCV, en cumplimento de la norma ejecutó el mandamiento de detención preventiva en el Penal de Chonchocoro de La Paz; razón por la que, no correspondía consultar al Juez; y, c) El sindicado tiene dos causas diferentes instauradas en su contra, existiendo la duda de cuál de los mandamientos de detención preventiva debía ser ejecutado; empero, se debe señalar que la autoridad jurisdiccional, ya se pronunció al respecto, razón por la que la Policía Boliviana en ningún momento ejerció persecución ilegal indebida contra el accionante.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 09/2022 de 26 de abril, cursante de fs. 7 a 9 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El art. 125 de la CPE y la DCP 0104/2017, establecen el alcance y la finalidad de una acción de libertad, estableciendo que toda persona que considere que su vida se encuentra en peligro, que es ilegalmente perseguida o que se encuentra indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir de manera oral o escrita por sí o por cualquier persona a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal y solicitar se guarde su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya sus derecho a la libertad; 2) El accionante solicitó en audiencia, se disponga u ordene a los funcionarios policiales, su remisión a las celdas de la FELCV, a efectos de que se resuelva en qué centro penitenciario debe cumplir la detención preventiva; es decir ya sea en el Penal de San Pedro o en el Centro Penitenciario de Chonchocoro; sin embargo, se debe tener presente lo establecido por la jurisprudencia constitucional, en el sentido que la acción de libertad no puede ser desnaturalizada en su finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo paralelo, que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; 3) El principio de subsidiariedad en la acción de libertad, ha sido instituida para evitar la activación paralela de la jurisdicción ordinaria, en especial cuando esta última se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que imposibilita ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, al poder crearse una disfunción procesal; 4) En el presente caso, la parte accionante señaló que cuando se emitió la Resolución 122/2022, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, en la cual se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz; habiendo solicitado el imputado, se complemente, enmiende y aclare, en qué centro penitenciario debía cumplir su detención preventiva, haciendo referencia que en horas de la mañana, en otra audiencia de medidas cautelares, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; 5) Sin embargo, dicha petición fue rechazada y no fue corregida por la autoridad judicial competente, razón por la que interpuso recurso de apelación, que fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, lo que implica que no se puede activar la jurisdicción ordinaria y la constitucional de forma simultánea; toda vez que, existe un recurso de apelación contra la determinación del Juez cautelar que dispuso la detención preventiva del ahora accionante; y, 6) Asimismo, se debe tener presente que los funcionarios policiales a momento de ejecutar el mandamiento de detención preventiva, únicamente dieron cumplimiento a una disposición emanada por autoridad competente, no pudiendo los mismos, cuestionar el lugar donde debe cumplirse la detención preventiva.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se tiene lo siguiente: II.1. De acuerdo al Acta de audiencia de acción de libertad desarrollada el 26 de abril, el impetrante de tutela, refirió que interpuso recurso de apelación contra la Resolución de 23 de abril de 2022, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro La Paz, alegando principalmente incongruencia al existir dos mandamientos de detención preventiva, en los que por una parte se dispuso su detención en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa y el otro mandamiento que disponía su detención en el Centro Penitenciario Penal de San Pedro de La Paz, por la presunta comisión del delito de violencia familiar; dicha apelación, por el impetrante de tutela fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 10 a 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y favorabilidad del imputado; toda vez que, habiendo sido sometido a dos audiencias de consideración de medidas cautelares, en dos distintos casos, en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; por órdenes superiores, emanadas por el ahora demandado Director de la FELCV de El Alto, los funcionarios policiales el 25 de abril de 2022, procedieron a la ejecución de un mandamiento de detención preventiva, trasladándolo al penal de Chonchocoro, en contraposición a otro mandamiento primigenio que ordenaba su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro, apartándose de dicha forma del debido proceso; puesto que ante la circunstancia referida, correspondía que informen a la autoridad judicial competente sobre aquella contradicción y soliciten se aclare al juzgador qué mandamiento debía ser ejecutado, y no tomarse atribuciones que no le competían.

En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, y en su caso, si corresponde, conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

El art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad tiene por objeto tutelar los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro y cuando ésta sea objeto de persecución ilegal, indebido procesamiento u objeto de privación de libertad en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en tales situaciones, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal y solicitar se guarde tutela a su vida, a la libertad física y de locomoción interponiendo a tal efecto, los recursos previstos por la normativa legal. En tal sentido, para que sea viable la protección de los derechos citados supra, a través de esta acción tutelar, con carácter previo se deben agotar los mecanismos de defensa que tenga expeditos el justiciable, conforme al ordenamiento procesal, haciendo uso de los medios y recursos legales que sean idóneos, eficientes y oportunos para el restablecimiento de sus derechos; en consecuencia, la acción de libertad operará únicamente en los casos de no haberse reparado efectivamente las lesiones invocadas, pese a la utilización de estas vías. El Tribunal Constitucional, a través de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, respecto a la subsidiariedad excepcional del hábeas corpus ‒actualmente acción de libertad‒ determinó que: “…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (las negrillas nos corresponden). En ese mismo sentido, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados, empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” . Conforme a este entendimiento, no es posible revisar aquellos actos o decisiones de las autoridades demandadas, cuando las supuestas irregularidades que impliquen persecución o detención indebida, ya fueron reclamadas oportunamente ante la autoridad competente y que revisadas hayan sido confirmadas o revocadas por el tribunal ad quem, pues el recurso de habeas corpus ‒ahora acción de libertad‒ no puede ser utilizado para constituir otra instancia, al margen de las señaladas en la ley.

III.2. La activación paralela de jurisdicciones en el trámite de apelación incidental a la detención preventiva

En situaciones en las cuales la parte accionante acudió a la vía constitucional impugnando la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional, estando pendiente la resolución del recurso de apelación incidental que hubiera interpuesto en su defensa, este Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que: “Las vulneraciones denunciadas por el ahora accionante, deben ser consideradas, valoradas y resueltas necesariamente por el Tribunal de apelación, siendo que la justicia constitucional no puede emitir resoluciones paralelas ni contrapuestas a la justicia ordinaria, por lo que no es posible ingresar al análisis de fondo de la causa” (SCP 0400/2012 de 22 de junio).

Bajo ese entendimiento, la SCP 1429/2012 de 24 de septiembre, en un caso en el que el accionante interpuso, por una parte, recurso de apelación incidental y, por otra, la acción de libertad, activando tanto la vía ordinaria como la constitucional, denegó la tutela sin ingresar al análisis de fondo de dicha problemática, estableciendo que: “…se pretendió activar de forma paralela las vías de defensa previstas en el ordenamiento jurídico, lo cual no puede ser permitido. Además de revisar los mecanismos legales efectivos y activados por el representante del accionante, se puede colegir que la apelación incidental planteada aún se encuentra pendiente de Resolución y antes de que se resuelva su situación jurídica a través de la vía ordinaria, este no puede acudir de manera simultánea a la vía constitucional” señalando además que: “…la acción de libertad puede ser interpuesta una vez agotados los mecanismos intraprocesales existentes en la vía ordinaria sin que exista recurso pendiente de resolución y cuando no se ha corregido los derechos denunciados como vulnerados…” (las negrillas nos corresponden).

Por tanto, la jurisprudencia constitucional, fue constante al establecer la imposibilidad de activar simultáneamente la jurisdicción ordinaria y la constitucional, con la finalidad de que ambas, de manera paralela, resuelvan un mismo asunto, situación que implicaría una innecesaria e irregular duplicidad de fallos respecto a un mismo asunto, sólo por el uso abusivo y temerario de este recurso, en flagrante desconocimiento del principio de seguridad jurídica.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y favorabilidad del imputado; toda vez que, habiendo sido sometido a dos audiencias de consideración de medidas cautelares, en dos distintos casos, en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; por órdenes superiores, emanadas por el ahora demandado Director de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz, los funcionarios policiales el 25 de abril de 2022, procedieron a la ejecución de un mandamiento de detención preventiva, trasladándolo al penal de Chonchocoro, en contraposición a otro mandamiento primigenio que ordenaba su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, apartándose de dicha forma del debido proceso; puesto que ante la circunstancia referida, correspondía que informen a la autoridad judicial competente sobre aquella contradicción y soliciten se aclare al juzgador qué mandamiento debía ser ejecutado, y no tomarse atribuciones que no le competían. Expuesto el problema jurídico a resolver, con carácter previo, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo, corresponde verificar si el accionante agotó los recursos idóneos que la ley franquea para la reclamación de sus derechos, presupuesto que permitiría a esta instancia constitucional ingresar al fondo de la problemática planteada.

Conforme se evidencia del acta de audiencia de la presente acción de defensa, cursante en la Conclusión II.1 del presente fallo, así como lo denunciado en el memorial de acción de libertad, el accionante señaló que interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución de 23 de abril de abril de 2022, emanada dentro de la audiencia de medidas cautelares por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro La Paz, refiriendo además que dentro de los agravios de su impugnación, alegó la contradicción surgida por la emisión dos mandamientos incongruentes entre sí, puesto que en uno se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; y en el otro mandamiento, como ya se señaló anteriormente se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz.

Ahora bien, el impetrante de tutela refirió que dicho recurso de apelación fue remitido ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, situación que implica que dicha apelación se encuentra pendiente de resolución; es decir, que en el caso presente, el accionante de manera paralela interpuso la presente acción de libertad, en la que también denunció la contradicción surgida respecto a cuál de los dos mandamientos de detención preventiva debió ser ejecutada por los funcionarios policiales; circunstancia que implica la activación simultanea de dos jurisdicciones para denunciar el mismo hecho, sin esperar que a través del recurso idóneo que ya fue activado, el Tribunal de alzada reconsidere, valore y resuelva los agravios denunciados por el apelante, soslayando así la subsidiariedad de la acción de libertad, que obliga a quienes pretenden su tutela agotar mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir sus derechos vulnerados.

En el presente caso, si bien el accionante interpuso el recurso idóneo para solicitar la revisión de su situación jurídica y la contradicción respecto a los dos mandamientos, no esperó la resolución del mismo, ergo, la efectividad del mismo, lo que supone el no agotamiento “efectivo” del recurso planteado, por lo que con base en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, este Tribunal se encuentra impedido de analizar de fondo la problemática planteada; por cuanto la activación paralela de esta acción tutelar, causaría un conflicto entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, provocando una duplicidad de fallos sobre un mismo asunto; por tales circunstancias corresponde, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes del caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 26 de abril, cursante de fs. 7 a 9 vta., emitida por la Jueza de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Rene Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0646_2023-S4.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1e4db577ed2edb878f2700ee8d9b3e0c86a440e45f42ab8f1836d807cf234dcb

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