Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 15 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y al debido proceso; puesto que, la Fiscal de Materia demandada rechazó sus solicitudes de emisión de informe complementario, vinculados al peritaje psicológico forense de 24 de mayo de 2023, lo que le impide contar con un elemento que considera necesario para sustentar una solicitud de cesación a la detención preventiva. Ante ello, la autoridad demandada señala que, las solicitudes del impetrante de tutela no cumplieron los presupuestos legales previstos para la ampliación del dictamen pericial, toda vez que no se evidenció que el mismo sea ambiguo, insuficiente o contradictorio ni que la petición hubiese sido formulada conforme a la normativa procesal aplicable. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 16 de septiembre, cursante de fs. 85 a 87 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0645/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58392-2023-117-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 07/2023 de 16 de septiembre, cursante de fs. 85 a 87 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ferrer Ayala Rocabado en representación sin mandato de Víctor Hugo Poppe Sánchez contra Katerin Oriett Rojas Rodríguez, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 14 de septiembre de 2023, cursante a fs. 1 y 9 a 12, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, se dispuso la realización de una pericia psicológica, misma que fue practicada y plasmada en el peritaje psicológico forense de 24 de mayo de 2023. Bajo ese contexto, con la finalidad de sustentar una solicitud de cesación a la detención preventiva, mediante memorial de 16 de agosto de 2023, solicitó al Ministerio Público la emisión de un informe complementario con relación al referido dictamen pericial, invocando al efecto el art. 214 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, dicha solicitud mereció requerimiento fiscal de 17 de igual mes y año, mediante la cual Katerin Oriett Rojas Rodríguez, Fiscal de Materia -ahora demandada- dispuso “…ESTESE AL PERITAJE DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023…” (sic).
Posteriormente, mediante memorial de 5 de septiembre de 2023, reiteró su solicitud bajo la denominación de informe pericial complementario, insistiendo en la necesidad de contar con mayores elementos para desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP y viabilizar la cesación de su detención preventiva; no obstante, dicha petición fue nuevamente rechazada mediante requerimiento fiscal de 8 del mismo mes y año, que dispuso “…ESTESE AL REQUERIMIENTO FISCAL DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023…” (sic). Al respecto, la negativa de la autoridad demandada vulnera sus derechos, pues le impide contar con un elemento necesario para sustentar su solicitud de cesación a la detención preventiva, pese a la jurisprudencia constitucional que respalda la posibilidad de requerir este tipo de actuaciones.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal y al debido proceso, citando al efecto los arts. 14.III, 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se dejen sin efecto los requerimientos fiscales de 17 de agosto y 8 de septiembre de 2023; y, b) Se disponga que la autoridad fiscal demandada emita los requerimientos correspondientes para viabilizar la ampliación de la pericia, en el marco de la normativa aplicable.
Celebrada la audiencia pública el 16 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 82 a 84, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Katerin Oriett Rojas Rodríguez, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: 1) La acción de libertad fue planteada de manera amplia, cuando debía circunscribirse a la protección del derecho a la libertad personal, aclarando que la restricción de libertad del accionante no es atribuible al Ministerio Público, sino a una determinación jurisdiccional; 2) El proceso penal se sigue por la presunta comisión del delito de violación, en el que la víctima sería una menor de edad y persona con discapacidad, por lo que corresponde aplicar un enfoque de protección reforzada; asimismo, no impidió la realización de actos procesales orientados a la cesación de la detención preventiva; 3) Conforme al art. 204 del CPP, se realizó una pericia psicológica que no fue observada oportunamente; posteriormente, se autorizó la emisión de un informe psicológico adicional; sin embargo, las solicitudes posteriores de informe complementario no cumplieron los presupuestos previstos en el art. 214 del citado Código, al no evidenciar que el dictamen pericial sea ambiguo, insuficiente o contradictorio; y, 4) No existió vulneración al derecho a la libertad personal, toda vez que el Ministerio Público dio respuesta a las solicitudes conforme a derecho, siendo la restricción de libertad consecuencia de una determinación judicial.
El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 07/2023 de 16 de septiembre, cursante de fs. 85 a 87 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El impetrante de tutela tiene derecho a solicitar al Ministerio Público la ampliación del dictamen pericial o la realización de una nueva pericia; empero, dicho derecho debe ser ejercido conforme a procedimiento, debiendo fundamentarse de manera expresa si el dictamen resulta ambiguo, insuficiente o contradictorio, máxime cuando se encuentra vinculado al derecho a la libertad personal, en el marco de una eventual solicitud de cesación a la detención preventiva; ii) En el caso concreto, dicha solicitud no fue formulada conforme a los presupuestos legales previstos, toda vez que el accionante impetró la emisión de un informe complementario y, posteriormente, un informe pericial complementario, sin adecuar su petición a las figuras procesales previstas por el art. 214 del CPP, ni fundamentar los extremos exigidos por dicha norma, advirtiéndose, además, que, bajo dicha denominación, pretendió incorporar nuevos puntos periciales; y, iii) Al no haberse dado curso a las solicitudes formuladas por el impetrante de tutela en la forma en que fueron planteadas, no se advierte vulneración de sus derechos a la libertad personal ni al debido proceso.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa peritaje psicológico forense de 24 de mayo de 2023, emitido por Raúl Alejandro Aráoz Cutipa, Psicólogo, mediante el cual se da respuesta a los cuatro puntos de pericia solicitados (fs. 14 a 40). II.2. A través de acta de audiencia pública y Auto Interlocutorio 216/2023 de 18 de julio, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, declararon sin lugar la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por Víctor Hugo Poppe Sánchez -hoy accionante- (fs. 42 a 54). II.3. Por memorial de 16 de agosto de 2023, el impetrante de tutela solicitó la emisión de informe complementario al peritaje psicológico forense precisado en la Conclusión II.1, mereciendo la emisión del requerimiento fiscal de 17 de igual mes y año, por el cual Katerin Oriett Rojas Rodríguez, Fiscal de Materia -ahora demandada-, dispuso: “…Estese al peritaje realizado de fecha 24 de Mayo de 2023…” (sic [fs. 2 a 4]). II.4. Consta memorial de 5 de septiembre de 2023, mediante el cual el accionante reiteró su solicitud de informe complementario al peritaje psicológico forense, mereciendo la emisión del requerimiento fiscal de 8 de ese mes y año, a través del cual la Fiscal de Materia demandada dispuso nuevamente “…Estese a requerimiento fiscal de fecha 17 de agosto de 2023…” (sic [fs. 5 a 7]).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y al debido proceso; puesto que, la Fiscal de Materia demandada rechazó sus solicitudes de emisión de informe complementario, vinculados al peritaje psicológico forense de 24 de mayo de 2023, lo que le impide contar con un elemento que considera necesario para sustentar una solicitud de cesación a la detención preventiva. Ante ello, la autoridad demandada señala que, las solicitudes del impetrante de tutela no cumplieron los presupuestos legales previstos para la ampliación del dictamen pericial, toda vez que no se evidenció que el mismo sea ambiguo, insuficiente o contradictorio ni que la petición hubiese sido formulada conforme a la normativa procesal aplicable. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 214 del CPP establece lo siguiente: “Cuando los dictámenes sean ambiguos, insuficientes o contradictorios, se ordenará su ampliación o la realización de una nueva pericia por los mismos peritos o por otros distintos”. Entonces, cuando se trata de una “ampliación” estamos frente a una figura procesal dirigida a superar ambigüedades, insuficiencia de información o contradicciones de un medio de prueba ya existente o producida. No se busca sustituirla, renovarla o generar un nuevo elemento probatorio como sucede con la producción de una nueva pericia, sino que se busca aportar mayores elementos en cuanto al mismo objeto pericial, a fin de preservar la coherencia, suficiencia y fiabilidad del conocimiento especializado dentro del proceso. Así, dentro de este paradigma, el informe pericial complementario constituye una cuestión accesoria al dictamen original, pues su existencia depende de éste y se justifica únicamente cuando el contenido del peritaje evidencia vacíos, imprecisiones, contradicciones u omisiones que impiden alcanzar una adecuada comprensión técnica de los aspectos sometidos a conocimiento del perito. Ahora bien, el citado artículo no establece un plazo para que las partes puedan solicitar la complementación del dictamen; no obstante, esta ausencia de regulación no significa que dicha facultad pueda ejercerse por las mismas sin límite temporal alguno, pues, como toda actuación procesal, su ejercicio se encuentra sujeto a las facultades que las partes tienen según la estructura del proceso, por lo que la facultad de solicitar la complementación del dictamen es susceptible de preclusión. La preclusión tiene como función ordenar el normal desarrollo de la actividad procesal mediante la sucesión de etapas dotadas de una finalidad específica. Es así que, las facultades procesales del art. 214 del CPP como ejercicio de las partes procesales no pueden ser comprendidas como entidades abiertas de forma indefinida, sino que las mismas deben ejercerse en el momento en el que resultan funcionalmente pertinentes, de ahí que se tiene que presentada la acusación las partes ya no pueden alterar la prueba producida durante la etapa preparatoria aspecto que en su caso ya solo puede determinarse por el juez o tribunal competente como prueba o medida extraordinaria. Entonces, si bien el art. 214 del CPP no establece un plazo de caducidad para solicitar un informe pericial complementario, aquello no significa que dicha facultad pueda ejercerse por las partes de manera indefinida, pues, observando el principio de preclusión, la solicitud debe formularse desde que la parte conoce el contenido del dictamen hasta antes de que la facultad de la parte precluya para producir y por tanto modificar la prueba existente.
Delimitado como está el ámbito de análisis, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación, el nombrado solicitó la realización de una pericia psicológica forense en su persona. Como resultado de dicha actuación, Raúl Alejandro Araoz Cutipa, Psicólogo, emitió el peritaje psicológico forense de 24 de mayo de 2023, atendiendo a los cuatro puntos de pericia previamente fijados por la autoridad requirente (Conclusión II.1) y sobre los cuales en su momento no se efectuó ninguna objeción. Posteriormente, con base en los elementos de convicción existentes hasta ese momento, entre ellos el referido dictamen pericial, el impetrante de tutela promovió solicitud de cesación a la detención preventiva; no obstante, celebrada la audiencia correspondiente, mediante Auto Interlocutorio 216/2023 de 18 de julio, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, declararon sin lugar la solicitud, manteniendo subsistente la medida cautelar de carácter personal (Conclusión II.2). Luego de dicha determinación jurisdiccional, y con el propósito de obtener mayores elementos de convicción que, a su criterio, permitieran sustentar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, mediante memorial de 16 de agosto de 2023, el accionante solicitó al Ministerio Público la emisión de un informe complementario respecto del peritaje psicológico forense de 24 de mayo del mismo año, invocando al efecto el art. 214 del CPP. En respuesta, mediante requerimiento fiscal de 17 de agosto de igual año, la Fiscal de Materia demandada dispuso únicamente: “…Estese al peritaje realizado de fecha 24 de Mayo de 2023…” (sic [Conclusión II.3]). Ante dicha respuesta, el impetrante de tutela reiteró su petición mediante memorial de 5 de septiembre de 2023, insistiendo en la necesidad de contar con un informe pericial complementario; sin embargo, mediante requerimiento fiscal de 8 del mismo mes y año, la autoridad demandada reiteró su anterior determinación, disponiendo nuevamente “…Estese a requerimiento fiscal de fecha 17 de agosto de 2023…” (sic [Conclusión II.4]).
Ahora bien, en el caso analizado, ninguno de los requerimientos fiscales cuestionados satisface ese estándar de fundamentación, pues, tanto el requerimiento de 17 de agosto como el de 8 de septiembre, ambos de 2023, se limitaron a disponer que el accionante esté al dictamen pericial ya realizado; sin embargo, debe observarse que encontrándose el caso para juicio y tomando en cuenta que se solicita complementar una prueba a analizarse en el fondo del asunto entonces considerando lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional la falta de adecuada fundamentación carece de relevancia constitucional entendida desde la SC 1262/2004-R 10 de agosto, como que: “…esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”. Es decir, si bien en el caso concreto el impetrante de tutela vinculó su solicitud de informe pericial complementario al ejercicio de su derecho de promover una solicitud de cesación a la detención preventiva y, de esa forma, obtener su libertad ya no tenía facultad para modificar a través de un informe complementario la prueba presentada para el juicio, oral público y contradictorio; en ese contexto, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 16 de septiembre, cursante de fs. 85 a 87 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0645_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3943fdd8b05b3feb8e31baa731319f711628f9bb38d5685f5d40ca579fd4759e
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