B.IA.LEGAL

SCP 0645/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 24 de septiembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
24 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
49577-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denunció lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, solicito cesación a la detención preventiva, audiencia que fue obstaculizada para que se lleve a cabo, por más de un mes, por razones injustificadas.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 39/2022 de 9 de agosto, cursante de fs. 44 a 45, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa y de pronto despacho, respecto a Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; 2º DENEGAR la tutela impetrada, con relación a Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; y, 3º Exhortar al Juez demandado –Javier Rubén Cahuasa Torrez– a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad innovativa
  2. III.2. El principio de celeridad en la administración de justicia
  3. III.3. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y el habeas corpus de pronto despacho
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0645/2024-S4 Sucre, 24 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 49577-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 39/2022 de 9 de agosto, cursante de fs. 44 a 45, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Germán López Huanca contra el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de agosto de 2022, cursante de fs. 1; y, 19 a 21, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público, a denuncia de Doris Elia Choque, por la presunta comisión del delito violencia familiar o doméstica; al encontrarse ilegalmente detenido por el lapso de nueve meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; razón por la cual, el 15 de julio de 2022, solicitó la cesación a la detención preventiva; sin embargo, el Juez ahora demandado después de casi una semana, lesionado lo establecido en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, al obstaculizar para la realización de la audiencia; ante tal situación, planteó una acción de libertad; empero, con la finalidad de seguir creándole perjuicio, de forma maliciosa y mancomunada la citada autoridad se allanó a una recusación; generando de esa manera, mayor dilación.

De esa forma el 2 de agosto del mencionado año, reiteró su solicitud de cesación de dicha medida; empero, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz hizo caso omiso; situación que, desde su primer y segundo requerimiento, transcurrió más de un mes, obstaculizando con ello que se lleve adelante su audiencia de cesación a la detención preventiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 7, 8.I, 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 9.1 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se lleve a cabo, su audiencia de cesación a la detención preventiva en una plazo no mayor a las veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 9 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 41,42 y 43, presentes el accionante a través de su abogada defensora y la representante del Ministerio Público; y, ausente la parte demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogada defensora, en audiencia ratificó términos expuestos de su demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, a través de informe escrito de 9 de agosto de 2022, cursante a fs. 24; señaló que, el referido proceso penal fue sorteado a Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del referido Tribunal, el 20 de julio de igual año, conforme se tiene del libro de registro de causas nueva empero, habiéndose posteriormente recusado a esta autoridad, quien se allanó a la misma; se remitieron los antecedentes a su persona recién el 9 de agosto de 2022, radicándose la causa mediante decreto de igual fecha; y, por el cual se señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 10 de agosto del citado año a las 18:00, misma que se encontraría debidamente notificada cumpliendo los plazos establecidos.

Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no se presentó a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ni remitió informe escrito alguno.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 39/2022 de 9 de agosto, cursante de fs. 44 a 45, denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: a) Al existir señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva; no habría vulneración por parte de Mónica Judid Cuentas Silva Jueza codemandada, que actualmente está en conocimiento de la presente tramitación en etapa de juicio oral, no siendo posible atribuirle responsabilidad a la misma; por cuanto, no se presentó documentación alguna referente a que a la precitada autoridad se le hubiere reclamado el señalamiento de audiencia; b) Con relación a Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez demandado, carecería de legitimación pasiva; toda vez que, se allanó a la recusación presentada por el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Caranavi del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, situación que le impide realizar actuados en la presente causa; y, c) La parte solicitante de tutela incurrió en error al no dirigir correctamente sus reclamos; toda vez que, la autoridad que estaba tramitando la causa era Javier Rubén Cahuasa Torrez, como Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz y no así como miembro del Tribunal de Sentencia Penal Primero del mismo municipio, aspecto que debió ser tomado en cuenta por el accionante a momento de presentar su acción de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado 26 de julio de 2022 al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, Marco German López Huanca –ahora accionante–, solicitó cesación a su detención preventiva (fs. 4 a 7). II.2. Consta Proveído de 27 de julio de 2022; por el que, Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz – hoy de demandado–, observó la firma faltante del impetrante de tutela, en el memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva en el cual se que acredite su consentimiento (fs. 9).

II.3. Cursa memorial presentado 1 de agosto de 2022 por el SLIM del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz de Caranavi dirigido al Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal del mismo municipio; por el cual, planteó la recusación contra dicha autoridad con la finalidad de no generar susceptibilidad (fs. 39 vta. a 40). II.4. Mediante Resolución JS-87/2022 de 1 de agosto, Javier Rubén Cahuasa Torrez –autoridad ahora demandada–, se allanó a la recusación formulada por el representante del SLIM Caranavi; y en consecuencia, se apartó del conocimiento del proceso penal (fs. 16 a 17). II.5. Consta Nota CITE: OF.350/2022 de 9 de agosto; a través del cual, la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, remitió a Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza de igual Tribunal y Juzgado –ahora codemandada–, el expediente en original para su prosecución de su trámite procesal (fs. 34). II.6. Cursa decreto de 9 de agosto de 2022; por el que, Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, radicó el proceso penal de referencia y señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 10 de igual mes y año a las 18:00 (fs. 33 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denunció lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, solicito cesación a la detención preventiva, audiencia que fue obstaculizada para que se lleve a cabo, por más de un mes, por razones injustificadas.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la acción de libertad innovativa

Sobre el particular, la SCP 0585/2013 de 21 de mayo, ha formulado el siguiente entendimiento: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aún cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa-permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012, 'la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada' (las negrillas son nuestras).

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional.”

III.2. El principio de celeridad en la administración de justicia

Al respecto, la jurisprudencia constitucional mediante la SCP 0071/2012 de 12 de abril, ha señalado que: “El art. 178.I de CPE, establece que: 'La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…'. En concordancia con la mencionada norma constitucional, el art. 115.II de la citada Ley Fundamental que determina: «El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones», de lo que se establece que la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad. La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: '…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente'. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras. En el orden normativo, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad 'comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia'” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y el habeas corpus de pronto despacho

En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal, con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva” (las negrillas nos corresponden). Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad−, introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela impetrada que brinda la acción de libertad al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el mismo que se encuentra reconocido implícitamente por el art. 125 de la CPE. En efecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, justificó su inclusión en el ordenamiento constitucional boliviano determinando lo siguiente: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen «…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…», e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…” (las negrillas son nuestras). En similar forma la SC 0571/2012 de 20 de julio, refirió que “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: '… el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad'” (las negrillas son agregadas). Bajo los entendimientos jurisprudenciales señalados, conforme concluyó la SCP 2115/2012 de 8 de noviembre, indica que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad”.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante, denunció lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, solicito cesación a la detención preventiva, audiencia que fue obstaculizada –se entiende por parte de Javier Rubén Cahuasa Torrez– para que se lleve a cabo, por más de un mes, por razones injustificadas. Ahora bien, de la revisión de antecedentes desarrollado en Conclusiones de este fallo constitucional y lo aseverado por las partes; se tiene que, dentro del proceso penal seguido en contra del –ahora peticionante de tutela–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 26 de julio de 2022, Marco German López Huanca, presentó memorial solicitando la cesación a su detención preventiva (Conclusión II.1), obteniendo como respuesta el proveído de 27 de julio de 2022, por el que, Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero Juzgado, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz –ahora demandado–, observó la firma faltante del nombrado, en el escrito de dicha medida que acredite su consentimiento (Conclusión II.2). Posteriormente, mediante Resolución JS-87/2022 de 1 de agosto, la autoridad –ahora demandada–, se allanó a la recusación formulada por el representante del SLIM de Caranavi del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; y en consecuencia, se apartó del conocimiento del proceso penal (Conclusión II.3); por tal razón, a través de Nota CITE: OF.350/2022 de 9 de agosto; la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, remitió a Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza del citado Tribunal y Juzgado –hoy codemandada–, el expediente en original para su prosecución de su trámite procesal (Conclusión II.4); en tal razón, por decreto de 9 del mismo mes y año, la aludida autoridad, radicó el expediente en su Juzgado y señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 10 de igual mes y año a las 18:00 (Conclusión II.5). Previamente corresponde señalar que, si bien el acto lesivo en esta acción tutelar desapareció pues se señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 10 de agosto de 2022 a las 18:00 empero; en cumplimiento al desarrollo jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, referido a la acción de libertad innovativa; que establece, que aún el acto lesivo se haya extinguido como sucede en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada y verificar si resulta evidente la denuncia de dilación, alegado por el accionante; y, de advertirse la misma, evitar que se incurran en futuras dilaciones de esta naturaleza, que transgreden el orden constitucional y vulneran derechos fundamentales y garantías constitucionales, protegidos por la acción de libertad que se revisa. Así, con la finalidad de realizar un adecuado estudio de la problemática traída en revisión, se procederá a analizar la misma, punto por punto, de la siguiente manera:

III.3.1. En cuanto Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez demandado

De acuerdo a lo denunciado por el impetrante de tutela, desde la citada fecha –15 de julio de 2022–, que solicitó la cesación a la detención preventiva y que de la revisión de los antecedentes adjuntos al expediente, se puede advertir por sello de recepción del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, que el mencionado memorial fue presentado el 26 de julio del mismo año; no resulta ser evidente que transcurrió un mes, hasta la presentación de esta acción tutelar, sin que se hubiera cumplido el señalamiento de audiencia; de la mencionada solicitud; empero, la indicada autoridad, al observar mediante proveído de 27 del mismo mes y año, la firma faltante del imputado en el mencionado escrito que según el solicitante de tutela, generó un acto lesivo por lo que, en ese momento interpuso una acción de libertad en contra de Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del referido Tribunal y Juzgado, en la que se solicitó que se excuse del conocimiento de la causa ante la denuncia que interpuso en su contra y el consiguiente proceso disciplinario que se encontraba en trámite; en tal sentido, ante la solicitud del SLIM Caranavi sobre la recusación de su autoridad –1 de agosto–, se allanó mediante Resolución de la misma fecha, con la finalidad de que no se genere susceptibilidad y se cause perjuicio a ninguna de las partes procesales

Consiguientemente, dada la cronología de los actos procesales, se tiene por evidente que el Juez demandado, incurrió en dilación indebida; toda vez que, de la emisión de la Resolución JS-87/2022 de 1 de agosto, por la que se allanó a la recusación y en consecuencia, se apartó del conocimiento del proceso penal, hasta la remisión del expediente a la Jueza del mismo Tribunal y, para que continúe con la tramitación de la causa –9 de Juzgado agosto de 2022–, transcurrieron ocho días ocasionando que la situación jurídica del impetrante de tutela quedara en un estado de incertidumbre. Al respecto debe considerarse que, al haber dispuesto la autoridad ahora demandada la remisión del expediente, el 1 de agosto, dicha autoridad debió garantizar que su Secretaria de Juzgado, cumpla con las funciones emergentes del cargo al que fue designada, en el presente caso, traducidas en la remisión de los antecedentes como resultado de la recusación planteada por el SLIM. Al no haber actuado de este modo, inobservó lo establecido en la referida disposición legal así como la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; toda vez que, es el mecanismo idóneo en caso de existir vulneración a la celeridad y busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentren privadas de libertad; en esa virtud, de la revisión de los antecedentes, se estableció que luego de la emisión de la Resolución por la que esta autoridad demandada se allanó a la recusación y por ende se apartó del conocimiento de esta causa, de forma injustificada el expediente fue remitido recién ocho días después a la Jueza correspondiente; en consecuencia, este Tribunal evidencia que en el presente caso existió vulneración del derecho al debido proceso y a la celeridad, vinculados a la libertad personal del solicitante de tutela, conforme se tiene desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por lo que, corresponde en este punto de análisis conceder la tutela impetrada.

III.3.2. Con relación a Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza codemandada

A través de informe escrito presentado el 9 de agosto de 2022, cursante a fs. 24, señaló que el referido proceso fue sorteado a Javier Rubén Cahuasa Torrez, , el 20 de julio de igual año, conforme se tiene del libro de registro de causas nuevas, habiéndose posteriormente recusado a esta autoridad, quien se allanó a la misma; razón por la que, se remitieron los antecedentes a su persona recién el 9 de agosto de 2022, radicándose la causa mediante decreto de igual fecha y señalando audiencia de cesación a la detención preventiva para el 10 de agosto de 2022 a las 18:00, mismo que se encuentra debidamente notificado cumpliendo los plazos establecidos (Antecedente I.2.2).

Consiguientemente, dichas circunstancias, dada la cronología de los actos procesales, no se acredita una dilación indebida que merezca la protección de los derechos fundamentales reclamados a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho respecto de esta autoridad, pues en el marco del entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional; se tiene que, la Jueza codemandada señaló audiencia de cesación a la detención preventiva al día siguiente de radicada la causa en su despacho, otorgando la celeridad e impulso procesal correspondiente a la causa; en consecuencia, corresponde al respecto denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 39/2022 de 9 de agosto, cursante de fs. 44 a 45, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa y de pronto despacho, respecto a Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; 2º DENEGAR la tutela impetrada, con relación a Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; y, 3º Exhortar al Juez demandado –Javier Rubén Cahuasa Torrez– a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0645_2024-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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