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SCP 0644/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 18 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
18 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
47335-2022-95-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 20 a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Tarija; y en consecuencia, resuelve CONCEDER la tutela solicitada; disponiendo que, de no haberlo hecho, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, remita en el día la apelación incidental interpuesta por el impetrante de tutela.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0644/2023-S4 Sucre, 18 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47335-2022-95-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 30/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 20 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grover Montaño Nogales contra Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de abril de 2022, cursante a fs. 1; y, de 5 a 6 vta., el accionante, expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva el 13 de abril de 2022 a las 10:30, en dicha audiencia el Ministerio Público indicó que presentó en su contra acusación; por lo que, impetró que continúe con detención preventiva en el Centro Penitenciario de Morros Blancos de Tarija, dicha solicitud no tuvo fundamentación alguna; posteriormente, el Juez a cargo de la audiencia dio la palabra a la defensoría de la Niñez y Adolescencia que ratificó lo solicitado por el Ministerio Público. En consecuencia, planteó recurso de apelación incidental de forma verbal en la audiencia de cesación a la detención preventiva; en ese sentido, se apersonó en reiteradas ocasiones ante el Tribunal Departamental de Justicia para solicitar información sobre dicho recurso; empero, no obtuvo respuesta; por lo que, el 2 de abril de 2022, presentó un memorial solicitando varios puntos que tampoco fueron resueltos. Añadió que, hasta la presentación de la acción de defensa, es decir nueve días después de haber presentado su apelación incidental, los antecedentes no fueron remitidos ante el Tribunal de alzada; siendo que, al estar detenido preventivamente, su caso debió ser atendido con celeridad y sin dilación alguna.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, denunció la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad, citando al efecto el art. 8.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, se disponga que la autoridad ahora demandada cumpla con su trabajo y remita los antecedentes a la Sala Penal de turno a la brevedad posible del caso signado con Código Único (CU) 605102072200051.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 28 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 19 a 20; presentes la parte accionante, el Ministerio Público; y, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, ratificó inextenso su demanda de acción de libertad y ampliándola a través de su abogado en audiencia señalo que: a) Ante la lectura del informe de la autoridad ahora demandada; sería falso que, fue en el día que se remitió los antecedentes ante el Tribunal de alzada para que se resuelva su apelación incidental, siendo que el art 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); establece que, es en el plazo de veinticuatro horas que se debe de remitir los mismos ante el Tribunal competente hecho que no se cumplió en el presente caso; b) El Ministerio Público hubiese emitido en su contra acusación fiscal y como dispone el art. 325.I del CPP, la Jueza o Juez de la causa tiene que remitir esa acusación en el plazo también de veinticuatro horas bajo su responsabilidad; hecho que tampoco ocurrió en su caso, en ese sentido se estarían vulnerando sus derechos fundamentales y el bloque de constitucionalidad; puesto que, desde el 13 de abril de 2022, fecha en la que se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva; y en la que, formuló su apelación, transcurrieron diez días sin que se remitan sus antecedentes ante el Tribunal de alzada; y, c) Impetró que se ordene a la autoridad, a que cumpla con su trabajo y remita ante a la Sala Penal de turno a la brevedad posible sus antecedentes, al encontrarse en total estado de indefensión y estando guardando detención preventiva.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, a través de informe escrito de 28 de abril de 2022, cursante a fs. 18 y vta., manifestó lo siguiente: 1) La presente acción de defensa debe ser rechazada; puesto que, el ahora impetrante de tutela, dentro del proceso planteó recurso de apelación incidental y al mismo tiempo una acción de libertad; y que por el principio de seguridad jurídica no se puede plantear dos recurso; es decir, vía ordinaria y constitucional; 2) No es evidente que hubiese incurrido en dilación respecto al caso; puesto que, existe una víctima menor de edad, y al tratarse de un detenido preventivo se actuó rápido; el sindicado se encuentra detenido, porque fue el Ministerio Público quien presentó en su contra acusación fiscal; 3) Indicó que, en el día firmó el acta del Auto interlocutorio 102/2022 de 13 de abril, así como la nota de remisión Cite Of. 84/2022 de remisión ante la Sala Penal de turno, habiendo así cumplido con el plazo previsto por Ley; siendo esa, la tarea propia de la secretaria del Juzgado; es decir, cada servidor judicial tiene sus propias funciones; consecuentemente, la dilación denunciada por el hoy solicitante de tutela, fue ocasionada por el personal de apoyo jurisdiccional, lo que implica que la acción tutelar es errónea y mal dirigida. Por lo señalado, impetró que por la conducta de la secretaria y oficial de diligencia que hacen de auxiliar, se remitan antecedentes ante el régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Gabriel Alarcón, representante del Ministerio Público; en audiencia, indicó que al haberse reparado la situación del accionante, cuya lesión fue objeto de la presente acción de defensa, corresponde resolver conforme lo que establece el Código Procesal Constitucional.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Tarija, mediante Resolución 30/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 20 a 24, concedió la tutela solicitada, por haberse vulnerado el derecho a la libertad del hoy impetrante de tutela, en lo que se refiere a imprimir celeridad en los trámites y cumplimientos de plazo; puesto que, la remisión de antecedentes, fue posterior a la presentación de la acción tutelar; en tal sentido, dispuso remitir antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a los fines correspondientes; decisión asumida, con base en los siguientes fundamentos: i) Se llevó a cabo la audiencia de control de cesación a la detención preventiva el 13 de abril de 2022, donde el ahora solicitante de tutela planteó recurso de apelación; al respecto, el art. 251 del CPP, establece que dentro del plazo de veinticuatro horas se debe de remitir la apelación a la Sala Penal de turno, si bien la “SCP 1053/2016-S1”, flexibilizó dicho plazo hasta tres días como máximo, cuando exista mucha carga procesal o si hubiese algún justificativo, al no haberse remitido el cuaderno de apelación dentro de dichos plazos, la autoridad ahora demanda incurrió en retardación, falta de celeridad y diligencia; en consecuencia, no cumplió con su responsabilidad de Jueza; y si bien, la autoridad demandada manifestó que sí hubiese cumplido con esa obligación el 14 de abril de 2022; y que recién fue remitido el legajo el 28 de igual mes y año, siendo el envió responsabilidad del apoyo jurisdiccional del juzgado, es la Jueza quien tiene la dirección del Juzgado; y consecuentemente, la obligación de hacer que se respeten los plazos, haciendo el seguimiento de las funciones de su personal; ii) Según la sentencia constitucional antes citada, el personal de apoyo jurisdiccional no tiene legitimación pasiva, eso como regla y existe excepciones; de la cual, se tiene el supuesto cuando “emerjan de incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado”, situación que no se verificó; por lo que existe duda razonable, ya que la Jueza o Juez es la única persona responsable de lo que ocurre en el Juzgado, por lo que, la autoridad ahora demandada podía en este caso haber llamado la atención al personal en su momento oportuno y no esperar a que se tenga que plantear un acción de libertad para recién verificar si el personal de apoyo jurisdiccional hizo bien o no su trabajo y manifestar que hizo conocer esa situación al Consejo de la Magistratura; y, iii) Sin embargo, a efectos de dilucidar responsabilidad administrativa se remitirá a conocimiento a esa instancia disciplinaria para determinar si lo que la Jueza señaló está de acuerdo a lo sucedido o si solo fue una excusa para descargar su responsabilidad; en cuanto a la acusación presentada el 12 de abril de 2022, debió también remitirse en el plazo de veinticuatro horas al Juzgado correspondiente; sin embargo, de acuerdo a la competencia, únicamente se emite pronunciamiento sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; por lo que, se concluyó señalando que la autoridad ahora demandada no cumplió con los plazos procesales respecto a la remisión de la apelación incidental a la Sala Penal para la revisión de la Resolución de la Jueza.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de cesación a la detención preventiva y Auto Interlocutorio 102/2022 de 13 de abril; en la que, Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija –ahora demandada–, rechazó la solicitud antes citada, interpuesta por Grover Montaño Nogales –ahora accionante–; disponiendo que continúe con la medida extrema impuesta, porque existe acusación formal; asimismo, ordenó la remisión del cuaderno de control jurisdiccional y la acusación fiscal al Juez de Sentencia de turno del departamento de Tarija; en consecuencia, el ahora accionante planteó apelación incidental en contra de dicha resolución; por lo que, se concedió la misma y se ordenó, que por Secretaria se remitan los antecedentes ante la Sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 14 a 15).

II.2. Por memorial de 21 de abril de 2022, el ahora impetrante de tutela solicitó a la autoridad hoy demandada, que se remitan antecedentes para su sorteo ante el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, se le otorgue copia de dicha remisión y se le otorgue una copia del acta de audiencia de 13 de abril de 2022 (fs. 4) II.3. Consta nota con fecha de recepción de 28 de abril de 2022, con sello de plataforma de atención al cliente del Tribunal Departamental de Justicia, de remisión de expediente en grado de apelación incidental en original, contra la resolución de 13 de abril de 2022, emitida por la autoridad demandada –con fecha de 14– de igual mes y año; a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento (fs. 17).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El solicitante de tutela, denunció la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad y a la libertad; toda vez que, habiendo presentado apelación incidental contra la Resolución de 13 de abril de 2022, que determinó mantener su detención preventiva; ésta no fue remitida al Tribunal de alzada; no obstante, su impugnación fue presentada en la misma fecha, en la que se le impuso la medida; en consecuencia, transcurrieron más de veinticuatro horas de dilación, afectando la resolución de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El recurso de apelación incidental previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal. Jurisprudencia reiterada

El art. 251 de la Norma Procesal Penal, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres −Ley 1173 de 3 de mayo de 2019−, con relación a la apelación incidental establece que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son añadidas). El mencionado precepto legal determina que una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. Asimismo, señala que el Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Al respecto, la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, refirió que: “La teleología de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía. En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, (…) se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo. Consiguientemente, las autoridades que imparten justicia en materia penal, deben considerar que el legislador ha diseñado una apelación incidental especial, distinta a la naturaleza y procedimiento que prevé el art. 403 del CPP, por ello, no deben confundir la aplicación de la norma, procediendo a dilatar indebidamente la tramitación rápida, expedita y eficaz establecida por el art. 251 del citado Código, pues ésta última norma inclusive le otorga la facultad al Tribunal superior de corregir omisiones del Juez cautelar y por ello, de manera fundamentada y motivada, puede aprobar o revocar la decisión inferior restableciendo en su caso y si corresponde, la libertad del imputado o procesado” (énfasis añadido).

III.2. La celeridad en la remisión del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada y la acción traslativa o de pronto despacho. Jurisprudencia reiterada

La SC 0900/2010-R de 10 de agosto, citando a la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas son nuestras). De igual forma, sobre esta consigna, la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, ratificando lo señalado en la SC 0387/2010-R de 22 de junio, expresó que: “…a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero’” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, denunció la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad y a la libertad; toda vez que, habiendo presentado apelación incidental contra la Resolución de 13 de abril de 2022, que determinó mantener su detención preventiva; ésta no fue remitida al Tribunal de alzada; no obstante, su impugnación fue presentada en la misma fecha en la que se le impuso la medida; en consecuencia, transcurrieron más de veinticuatro horas de dilación, afectando la resolución de su situación jurídica.

De la documental que se adjunta a la presente acción de defensa; se tiene que, mediante Auto Interlocutorio 102/2022; la Jueza ahora demandada, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva planteada por el ahora impetrante de tutela, disponiendo que continúe bajo la medida extrema, debido a la existencia de acusación formal, ordenando asimismo, la remisión del cuaderno de control jurisdiccional y la acusación fiscal al Juez de Sentencia de turno del departamento de Tarija; en consecuencia, el ahora solicitante de tutela planteó apelación incidental en contra de dicha resolución; la misma fue concedida, disponiéndose que por Secretaria se remitan los antecedentes ante la Sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; empero, ante el incumplimiento de dicha determinación, el ahora solicitante de tutela impetró por memorial de 21 de abril de 2022, a la autoridad hoy demandada, que se remitan antecedentes para su sorteo ante el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (Conclusiones II.1 y II.2).

En ese sentido se tiene que, por nota con fecha de recepción de 28 de abril de 2022 y sello de plataforma de atención al cliente del Tribunal Departamental de Justicia, la autoridad demandada remitió expediente en grado de apelación incidental en original, nota –con fecha de 14– de igual mes y año; a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento (Conclusión II.3).

En ese contexto; se tiene que, el recurso de apelación incidental fue planteado por el ahora solicitante de tutela el mismo día de que se emitió la resolución que dispuso que continúe con dicha medida; sin embargo, los antecedentes no fueron remitidos al Tribunal de apelación dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP, cuando resultaba imprescindible que la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso penal, cumpla con lo previsto en la referida norma; es decir, enviar los actuados correspondientes al Tribunal superior, dentro del plazo de veinticuatro horas. Sin embargo, de lo anotado precedentemente, se observa que el recurso de apelación planteado por el ahora accionante contra la resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva el 13 de abril de 2022, no se remitió en alzada, sino hasta la interposición de esta acción de libertad –28 de igual mes y año–; es decir, quince días después de interpuesto el recurso de apelación por parte del hoy impetrante de tutela, dilación que supera abundantemente el plazo establecido en el art. 251 del adjetivo penal, ocasionando que la situación jurídica del solicitante de tutela quedara en un estado de incertidumbre; por lo que, la autoridad demandada se apartó ostensiblemente de lo previsto en la referida disposición legal, y la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, respecto a la celeridad de todos los trámites relacionados con la libertad de las personas y específicamente a la diligencia que se debe guardar con relación al recurso de apelación de acuerdo al art. 251 de la norma procesal penal, que prevé que, una vez presentado el mismo, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas (Fundamento Jurídico III.2); empero, en el caso concreto, conforme ya se señaló, la impugnación no fue remitida hasta la interposición de la presente acción de defensa. En consecuencia al evidenciarse la lesión del principio de celeridad en directa vinculación al derecho a la libertad del accionante, cuya situación jurídica fue indebidamente dilatada por varios días, corresponde conceder la tutela solicitada, bajo los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; exhortándose a la autoridad demandada, a cumplir con los plazos establecidos por ley, a fin de evitar la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en la Norma Suprema, y el boque de constitucionalidad. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 20 a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Tarija; y en consecuencia, resuelve CONCEDER la tutela solicitada; disponiendo que, de no haberlo hecho, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, remita en el día la apelación incidental interpuesta por el impetrante de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0644_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): d02fb507358285c634009c3e908ec0624f9e2e9f603a2e8c65e69c0584468ac1

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