Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión del derecho al debido proceso y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, se procedió a la ampliación de investigación en su contra; en ese antecedente y por el tiempo trascurrido, el 30 de agosto de 2021, solicitó a la Jueza de la causa el respectivo control jurisdiccional por vencimiento del plazo, pedido que motivó se emita el 6 de septiembre de 2021 la conminatoria a la autoridad fiscal ahora demandada, y notificada el 13 de similar mes y año; empero, desde la merituada notificación y pese a los proveídos reiterativos de 22 de septiembre y 4 de octubre de 2021, dicha autoridad no emitió el respectivo requerimiento conclusivo en la presente causa investigativa pese a que la misma ya se encuentra vencida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; b) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 514/2021 de “18” -lo correcto es 19- de diciembre, cursante de fs. 50 a 52 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas el Fiscal de Materia a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita la resolución conclusiva de la investigación preliminar dentro la presente causa, salvo que por el tiempo transcurrido ya lo hubiese efectivizado, sea conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0644/2023-S1 Sucre, 14 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrado Relator: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 46120-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 514/2021 de “18” -lo correcto es 19- de diciembre, cursante de fs. 50 a 52 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mónica Clemencia Ramírez Marquez en representación sin mandato de Fernando Marcelo Rejas Trigo contra Eddy Junior Flores Quispe, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 18 de diciembre de 2021, cursante de fs. 38 a 43 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y de otros, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, “del caso gases lacrimógenos”, el Fiscal de Materia -ahora demandado- solicitó a la Jueza de la causa ampliación de investigación en su contra, misma que se tuvo presente; es así que el 30 de agosto de 2021 hizo conocer a la autoridad judicial que el plazo para la investigación ya había precluido, y por decreto de 31 del mismo mes y año, se conminó al Fiscal Departamental de La Paz, para que a su vez conmine al Fiscal de Materia a que en el plazo de cinco días presente alguno de los requerimientos consignados en los numerales 1 y/o 3 del art. 301 del Código Procesal Penal (CPP). Posteriormente el 21 de septiembre de 2021 presentó memorial “haciendo conocer la inexistencia del pronunciamiento del Fiscal asignado al caso” (sic), por lo que la autoridad judicial mediante providencia de 22 de igual mes y año dispuso “… notifíquese a Representante del Ministerio Público para que a efectos que remita a este despacho judicial informe del presente memorial y sea en el plazo de 24 horas de su legal notificación” (sic), misma que fue notificada el 28 del indicado mes y año a la autoridad fiscal, quien presentó un informe alegando “…conforme revisión del cuaderno de investigaciones y del sistema JL1 del Ministerio Público, se establece que el presente caso se encuentra en etapa investigativa ETAPA PREPARATORIA tal cual se desprende la Resolución de Ampliación de Imputación Formal presentada en fecha 07 de septiembre de 2021” (sic); es así que, por memorial de 1 de octubre de 2021 reiteró se conmine nuevamente al Fiscal asignado al caso; emitiéndose el 4 del mismo mes y año la providencia bajo el siguiente tenor “se tiene presente ofíciese al fin impetrado” (sic), es por ello, que la misma se notificó mediante Oficio TDJLPZ-J3IADMCVHMCLPZ-CITE 299/2021 de 11 de octubre de 2021, el 13 de igual mes y año; empero, hasta la fecha no existe respuesta alguna por parte del Fiscal de Materia, siendo evidente que la etapa preliminar se encuentra vencida debido a que transcurrió más del tiempo establecido por ley, y aun no cursa una resolución conclusiva en etapa preliminar, encontrándose en total indefensión.
La parte accionante alegó como lesionados sus derecho al debido proceso y a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene que en el plazo de veinticuatro horas el Fiscal de Materia emita su requerimiento conclusivo de etapa preliminar y sea con las formalidades de ley.
Celebrada la audiencia pública virtual 19 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 46 a 49 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción tutelar, y ampliando la misma señaló que: a) El Fiscal de Materia confunde la etapa preparatoria cuando el proceso está en la etapa preliminar; por lo tanto, no se encuentra imputado; b) El art. 300.I del CPP señala que no existe ampliación de plazo de la etapa preliminar, la cual se encuentra vencida desde el 27 de mayo de 2021; por lo que, dicha autoridad fiscal tendría la obligación de hacer conocer a la Jueza de la causa la ampliación del plazo bajo responsabilidad; y, c) Por motivos de trabajo se encuentra entre las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, por lo que su abogada se apersonó a la fiscalía a notificarse conforme a derecho, y dado que ha trascurrido superabundantemente el tiempo, nadie puede ser investigado de forma indefinida, por lo que solicita se le conceda la tutela impetrada.
Eddy Junior Flores Quispe, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: 1) El proceso penal seguido en contra del ahora accionante, se encuentra realizando diferentes investigaciones, con el objetivo de esclarecer la verdad histórica de los hechos; por lo que, ante la pluralidad de sujetos, el Ministerio Público, emitió una serie de citaciones, las cuales no se efectivizaron en los plazos correspondientes debido a que se encontraba realizando allanamientos de domicilios, que han posibilitado conocer la situación jurídica del ahora impetrante de tutela; por lo que, se emitió una citación a afectos de que pueda asumir defensa; 2) El peticionante de tutela no acudió al llamado de la autoridad fiscal, a objeto de prestar su declaración informativa; por lo que, causó asombro ante la citación con la acción de libertad de pronto despacho; en la cual, solicitó que en el término de veinticuatro horas se emita un requerimiento conclusivo de rechazo o de imputación; 3) Se ha respondido a las conminatorias emitidas por el Juez de la causa, señalando que el caso es complejo y existe pluralidad de sujetos; por lo que, se está estableciendo un cronograma dentro de la investigación; 4) El 20 de diciembre de 2021, se citó al peticionante de tutela, a objeto de que preste su declaración informativa, esperando se haga presente y no refiera excusa alguna; 5) El “caso gases lacrimógenos” ha generado otro proceso; en el cual, el accionante se encuentra investigado; y, 6) Conforme al art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), existe cuatro presupuestos formales, de los cuales no se ha demostrado cual le estaría siendo vulnerado.
El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 514/2021 de “18” -lo correcto es 19- de diciembre, cursante de fs. 50 a 52 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante demostró que estaría siendo investigado en el caso gases lacrimógenos junto a otras personas y que habría solicitado a la Jueza de la causa conmine al Fiscal de Materia a emitir resolución; empero, dicha autoridad señaló que el impetrante de tutela recién prestará su declaración informativa el “próximo miércoles”, evidenciándose que al estar investigado no existe acto que vulnere derechos del sindicado; ii) Al tratarse de un tema complejo, se debe tener presente que existe ampliación de imputación formal en contra de otras personas, dando curso a que se inicie la etapa preparatoria la cual se encontraría vigente; iii) Los “Jueces de Instrucción Penal” son competentes para el control de la investigación; por lo que, el Ministerio Público y la Policía Nacional actuaran bajo su control y jurisdicción; por lo que, los actos y omisiones presuntamente cometidos por estos deben ser denunciados ante el Juez cautelar, como el encargado del ejercicio del control jurisdiccional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2021, dirigido ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, el Fiscal de Materia -ahora demandado- informó la ampliación de investigación en contra de Fernando Marcelo Rejas Trigo -ahora accionante- por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros (fs. 29), recibiendo en respuesta la providencia de 28 de marzo -lo correcto es mayo- de 2021, en sentido de que se tenía presente la ampliación de la investigación formulada por el representante del Ministerio Público en contra del peticionante de tutela (fs. 29 vta.). II.2. Cursa memorial presentado el 30 de agosto de 2021, por el ahora accionante, dirigido la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, solicitando control jurisdiccional, conforme al art. 54.I, 300 y 301 del CPP, puesto a que se inició la investigación en su contra el 27 de mayo del indicado año, y a la fecha se encontraría vencida (fs. 30), cursando providencia de 31 de agosto del mismo año; por el que, se dispuso que por Secretaría en aplicación del art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) se realice la conminatoria previa revisión de los plazos procesales (fs. 31). II.3. Mediante Resolución de 6 de septiembre de 2021, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Tercero, conminó al Fiscal Departamental de La Paz, para que a su vez conmine al Fiscal de Materia a que en el plazo de cinco días presente alguno de los requerimientos consignados en los numerales 1 y/o 3 del art. 301 del CPP (fs. 32). II.4. A través de memorial presentado de 21 de septiembre de 2021, el ahora impetrante de tutela solicitó a la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, ante la falta de pronunciamiento del vencimiento de la etapa preliminar, y en el plazo de veinticuatro horas se emita resolución conclusiva de la etapa preliminar (fs. 33), mereciendo decreto de 22 de igual mes y año, en el que, se señaló que previo a considerar a lo que en derecho corresponda se notifique al representante del Ministerio Público, para que a efectos remita informe en el plazo de veinticuatro horas (fs. 34).
II.5. Por memorial presentado el 1 de octubre de 2021, dirigido ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, el ahora peticionante de tutela, solicitó que ante el vencimiento de la etapa preliminar corresponde la emisión de conminatoria ante el Fiscal de Distrito (fs. 35 a 36). Por Oficio TDJLPZ-J3IADMCVHMCLPZ-CITE 299/2021 de 11 de similar mes y año, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia de su similar Tercero, notificó al Fiscal Departamental de La Paz, con el exordio de: “Se tiene presente, ofíciese al fin impetrado” (sic) -siendo recepcionada ésta el 13 de igual mes y año a horas 08:36- (fs. 37 y vta.).
El accionante denuncia la lesión del derecho al debido proceso y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, se procedió a la ampliación de investigación en su contra; en ese antecedente y por el tiempo trascurrido, el 30 de agosto de 2021, solicitó a la Jueza de la causa el respectivo control jurisdiccional por vencimiento del plazo, pedido que motivó se emita el 6 de septiembre de 2021 la conminatoria a la autoridad fiscal ahora demandada, y notificada el 13 de similar mes y año; empero, desde la merituada notificación y pese a los proveídos reiterativos de 22 de septiembre y 4 de octubre de 2021, dicha autoridad no emitió el respectivo requerimiento conclusivo en la presente causa investigativa pese a que la misma ya se encuentra vencida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; b) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; y, c) Análisis del caso concreto.
Con relación a la aplicación del debido proceso como expresión del estándar jurisprudencial más alto en las acciones de libertad, incumbe remitirnos a lo desarrollado en la SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio; toda vez que, la Magistrada relatora en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional efectuó un cambio de razonamiento, ante la existencia de dos líneas contradictorias entre sí, mismas que expresaban entendimientos distintos en cuanto a la procedencia de la acción de libertad, cuando se denunciaba vulneración al debido proceso; a tal fin, y cumpliendo la obligación que tiene este Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo guardián de la Constitución Política del Estado, de velar por la supremacía de la Norma Suprema, ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, mandato conferido en el art. 196 de la CPE, determinó aplicar los entendimientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, glosados en su Fundamento Jurídico
estándar jurisprudencial más alto; es decir, aquel fallo que ha desarrollado una interpretación más favorable y progresiva del derecho, entendiendo que:
“…el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad…” (las negrillas son ilustrativas). En esa misma línea y siguiendo dichos entendimientos, la indicada SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio en su Fundamento Jurídico III.2 desarrolló más ampliamente los razonamientos expresados en la SCP 2233/2013 sobre la aplicación del estándar más alto, misma que advirtió dos aspectos importantes para aplicar el referido estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, uno de ellos cuando se advierta la existencia de dos líneas contradictorias, señalando que el juzgador está obligado a vincularse al entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial y no solamente a partir de un criterio temporal; para lo cual describiendo el contenido de la SCP 2233/2013, la precitada SCP 0153/2020-S1 señalo que:
“Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación” (las negrillas son añadidas). Bajo esa comprensión y los razonamientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, la Magistrada relatora en la mencionada SCP 0153/2020-S1, inicio en su Fundamento Jurídico III.3 el análisis integral y dinámico de la línea jurisprudencial respecto a la protección del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, a efectos de identificar el precedente en vigor; así, señaló que entre los primeros razonamientos emitidos por el Tribunal Constitucional se tiene a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que establece que la activación de la vía constitucional a través de la acción de libertad, cuando se denuncia vulneraciones al debido proceso no alcanza a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión; en ese mismo sentido la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció el agotamiento previo de todos los medios ordinarios antes de acudir a esta jurisdicción, puesto que las lesiones al debido proceso debían ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, exceptuando los casos en que por dichas vulneraciones del debido proceso se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Siguiendo, esos entendimientos la SCP 0153/2020-R de 24 de julio, incluyó ambos condicionamientos como presupuestos que se deben concurrir a efectos de activar la acción de libertad en busca de protección de lesiones al derecho al debido proceso; es decir: 1) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad; presupuestos, que fueron exigiéndose de manera uniforme por esta instancia constitucional, y denegándose la tutela ante la inconcurrencia de los mismos en reiterados fallos.
Luego de ese desarrollo, la SCP 0153/2020-S1 señalo que dicho razonamiento jurisprudencial, fue seguida en diferentes fallos emitidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional de manera uniforme y reiterada, incluida por la Magistrada relatora, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1, 1133/2016-S2, 0859/2017-S3, 0495/2018-S3, 0768/2019-S3 y 1094/2019-S1, entre otras; agregando que la misma reflexión; es decir, la exigencia de la vinculación directa del acto ilegal con el derecho a la libertad, también se fue aplicando en los casos en los que se invocaba tutela vía acción de libertad en los procedimientos para otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, denegándose las mismas; por tal razón cita las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio. En tal sentido y continuando con ese análisis dinámico, la tantas veces señalada SCP 0153/2020-S1, citó a la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, la cual a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, moduló la línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad, que exige que la causalidad de los actos u omisiones denunciados deben tener directa vinculación con la supresión o limitación del derecho a la libertad, estableciendo que:
“En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad” (las negrillas son añadidas).
A partir de estos razonamientos en dicha SCP 0153/2020-S1, la Magistrada relatora concluyó en que debía ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales, por mandato de los arts. 13.I y 256.I de la CPE, considerando que debe buscarse siempre la interpretación más amplia y progresiva de los derechos que este mismo Tribunal haya efectuado en diferentes fallos, los cuales entran en el catálogo del estándar jurisprudencial más alto, por lo que, en cuanto a la invocación de tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, determinó acoger los criterios de la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, al considerar que la misma se constituye en el precedente en vigor, al haber superado ampliando la exigencia de una causalidad directa de los actos u omisiones con el derecho a la libertad, siendo suficiente una vinculación indirecta que el proceso penal conlleva, posibilitando a este Tribunal Constitucional Plurinacional garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Por lo que, en el entendido que dicho razonamiento condice con el carácter progresivo de la norma fundamental y garantiza el acceso efectivo a la justicia constitucional cuando se invoca tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, la ya citada SCP 0153/2020-S1, en apego al estandar más alto de protección de los derechos señalo que es atendible cuando: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del impetrante de tutela, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.
La Norma Suprema en su art. 410.II, establece que:
“La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.
A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principio, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad -art. 2 de la CPE-. En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otras resoluciones; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Esta misma Sentencia citada, en un entendimiento, relevante sostuvo que:
fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado”. Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su vasta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en el art. 178.I de la CPE, que dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también en el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “ La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios. Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio, reiterada por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre, 0900/2010 de 10 de agosto, 1157/2017 de 15 de noviembre; 0052/2018-S2 de 15 de marzo, entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.
El accionante denuncia la lesión del derecho al debido proceso y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, se procedió a la ampliación de investigación en su contra; en ese antecedente y por el tiempo trascurrido, el 30 de agosto de 2021, solicitó a la Jueza de la causa el respectivo control jurisdiccional por vencimiento del plazo, pedido que motivó se emita el 6 de septiembre del indicado año la conminatoria a la autoridad fiscal ahora demandada, y notificada el 13 de similar mes y año; empero, desde la merituada notificación y pese a los proveídos reiterativos de 22 de septiembre y 4 de octubre de 2021, dicha autoridad no emitió el respectivo requerimiento conclusivo en la presente causa investigativa pese a que la misma ya se encuentra vencida. Identificada la problemática, a fines de su compulsa, corresponde remitirnos a los antecedentes del legajo procesal constitucional; y, en ese orden se tiene que el 27 de mayo de 2021, el Fiscal de Materia -ahora demandado-presentó memorial, dirigido a la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, solicitando la ampliación de investigación en contra de Fernando Marcelo Rejas Trigo -ahora accionante- por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, recibiendo en respuesta la providencia de 28 de marzo -lo correcto es mayo- de 2021, en sentido de que se tenía presente la ampliación de la investigación formulada por el representante del Ministerio Público (Conclusión II.1); asimismo, mediante memorial de 30 de agosto del mismo año, el impetrante de tutela solicitó a la Jueza de la causa, control jurisdiccional debido al vencimiento, puesto se inició la investigación en su contra el 27 de mayo de 2021, y a la fecha se encontraría vencido; por lo que a través de providencia de 31 de agosto del indicado año se dispuso que por Secretaria se realice la conminatoria previa revisión de los plazos procesales (Conclusión II.2). Por lo que, la autoridad judicial el 6 de septiembre de 2021, conminó al Fiscal Departamental de La Paz, para que a su vez conmine al Fiscal de Materia a que en el plazo de cinco días presente alguno de los requerimientos consignados en los numerales 1 y/o 3 del art. 301 del CPP (Conclusión II.3). Es así que, el accionante el 21 del indicado mes y año, pidió a la Jueza de la causa se conmine al Fiscal de Materia, ante la falta de pronunciamiento del vencimiento de la etapa preliminar para que en el plazo de veinticuatro horas emita resolución conclusiva de la etapa preliminar, mereciendo decreto de 22 de igual mes y año, en la que señaló que previo a considerar a lo que en derecho corresponda se notifique al representante del Ministerio Público, para que a efectos remita informe en el plazo de veinticuatro horas (Conclusión II.4); asimismo, el 1 de octubre de 2021, el accionante solicitó a la Jueza de la causa que ante el vencimiento de la etapa preliminar corresponde la emisión de conminatoria ante el Fiscal de Distrito; en consecuencia por Oficio TDJLPZ-J3IADMCVHMCLPZ-CITE 299/2021 de 11 del indicado mes y año la autoridad judicial, notificó al Fiscal Departamental de La Paz con el exordio de: “Se tiene presente, ofíciese al fin impetrado” -siendo recepcionada ésta el 13 de igual mes y año a horas 08:36- (sic [Conclusión II.5]). En ese contexto, con base en la problemática identificada, cabe previamente señalar que la acción de libertad se constituye en la acción de defensa idónea para tutelar la lesión del derecho al debido proceso, siempre y cuando se presenten las siguientes circunstancias: i) Cuando exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o de persona, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación ordinarios dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad;salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual puede ser presentado de forma directa (Fundamento Jurídico III.1) criterio arribado en observancia del principio del estándar de protección más alto de derechos y garantías sobre el cual actúa este Tribunal. En el presente caso, el hecho denunciado, si bien no se encuentra directamente vinculado con la restricción de su derecho a la libertad personal, ya que ello se suscitó en mérito a la omisión de la autoridad fiscal demandada en la emisión del requerimiento conclusivo dentro la causa investigativa -fase preliminar- por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros; empero, sí se encuentra indirectamente vinculado, porque pese al vencimiento de la referida fase, y la no existencia del requerimiento conclusivo, implica que la investigación en contra del impetrante de tutela se encuentra latente con los efectos emergentes del proceso penal. Ahora bien, superada esa fase compulsiva, en el análisis de la problemática denunciada, conforme a los antecedentes del legajo procesal constitucional se tiene que, en el presente caso, el Fiscal de Materia -ahora demandado-efectivamente presentó el 27 de mayo de 2021, el informe de ampliación de investigación dirigido a la Jueza de la causa, solicitando ampliación de la investigación en contra del ahora accionante; recibiendo en respuesta la providencia del 28 del mismo mes y año, bajo el tenor: “Se tiene presente la Ampliación de Investigación formulada por el Representante del Ministerio Público en contra de FERNANDO MARCELO REJAS TRIGO por el presunto de USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, INCUMPLIMIENTO DE DEBERSES Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO establecido en el Art. 146 y 154 del CP Y 27 DE LA LEY 004” (sic). Posteriormente el 30 de agosto de 2021, solicitó a la autoridad judicial, control jurisdiccional, debido a que la ampliación de la investigación se encontraba vencida; por lo que dicha autoridad emitió la Resolución de 6 de septiembre del indicado año, disponiendo que el Fiscal de Materia en el plazo máximo de cinco días computables a partir de su notificación, presente alguno de los requerimientos consignados en los numerales 1 y/o 3 del art. 301 del CPP, y notificada a la Fiscalía Departamental de La Paz el 13 del citado mes y año (fs. 32); empero, ante su incumplimiento el ahora accionante a través de memorial de 21 de septiembre de 2021, solicitó a la Jueza de la causa se conmine al Fiscal de Materia, por la falta de pronunciamiento; para que, en el plazo de veinticuatro horas emita resolución conclusiva de la etapa preliminar; siendo así, que por decreto de 22 de similar mes y año, se dispuso que previo a considerar a lo que en derecho corresponda se notifique al representante del Ministerio Público, para que remita informe en el plazo de veinte cuatro horas. Posteriormente ante incumplimiento de lo supra requerido por escrito de 1 de octubre de 2021, reiteró que al vencimiento de la etapa preliminar corresponde se emita conminatoria ante el Fiscal de Materia, a lo cual la autoridad judicial por decreto de 4 del indicado mes y año señaló “se tiene presente ofíciese al fin impetrado” (sic); siendo así, que la misma se notificó con el Oficio TDJLPZ-J3IADMCVHCLPZ-CITE 299/2021 el 13 de octubre de 2021; actuados que no fueron rebatidos ni contrapuestos con elementos objetivos por la autoridad fiscal demandada, quien se limitó solo a referir que dentro del proceso “denominado gases lacrimógenos”, se encuentra realizando diferentes investigaciones, y ante la pluralidad de sujetos el Ministerio Público emitió una serie de citaciones, las cuales no se efectivizaron en los plazos correspondientes debido a que se encontraba realizando allanamientos de domicilios, que han posibilitado conocer la situación jurídica del ahora accionante. El prenombrado no acudió al llamado de la autoridad fiscal, a objeto de prestar su declaración informativa, se respondio a las conminatorias emitidas por el Juez de la causa señalando que el caso es complejo y existe pluralidad de sujetos; por lo que, se está estableciendo un cronograma dentro de la investigación; y, que conforme al art. 125 CPE existe cuatro presupuestos formales, de los cuales no se ha demostrado cual le estaría siendo vulnerado al impetrante de tutela. Argumentos que como se advertirá evidencian que dicha autoridad hasta la interposición de la presente acción tutelar -18 de diciembre de 2021-no dio cumplimiento a la Resolución de 6 de septiembre de 2021, que le fue notificada el 13 de igual mes y año, evidenciando una demora de noventa días calendario, incurriendo la autoridad demandada en una dilación excesiva; por lo que bajo ese contexto factico, resulta pertinente remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que al respecto precisó:
“…el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios”. En consecuencia bajo dichos preceptos fácticos y normativos se advierte que el actuar de la autoridad fiscal demandada fue arbitraria y contraria a la normativa penal vigente, afectando el derecho al debido proceso del accionante, colocandolo en absoluto estado de incertidumbre y provocando una dilación injustificada; por lo que, corresponde conceder la tutela. Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 514/2021 de “18” -lo correcto es 19- de diciembre, cursante de fs. 50 a 52 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas el Fiscal de Materia a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita la resolución conclusiva de la investigación preliminar dentro la presente causa, salvo que por el tiempo transcurrido ya lo hubiese efectivizado, sea conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas: i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto. ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto (el resaltado nos pertenece).
2 La SCP 0153/2020-S1, en su FJ. III. 3 desarrollo: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son añadidas). A partir de dicho razonamiento jurisprudencial, esta instancia contralora de garantías, en la resolución de los casos, de manera uniforme y reiterada siguió la referida reflexión mediante las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015- S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras. Asimismo, respecto de la invocación de tutela vía acción de libertad ante observaciones o negativa de otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, dichas denuncias fueron denegadas siguiendo las mismas razones a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio, entre tantas.
3 La citada SCP, continúo señalando: “…de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad. (…) En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad” (el resaltado nos pertenece).
“Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.), bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos 4En su F.J.III.1 indicó que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución.” 5La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: “Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales- principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales “antinomias” que salven la coherencia del sistema normativo).”
6 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.” 7En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0644_2023-S1_id64279.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): ce1041c7af1ae977758816c209a72d945a1670164c6d432eed6568b7cf59650a
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