Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de abril de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de sus garantías al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, el Vocal demandado de forma errónea, incongruente y sin ningún tipo de fundamentación y motivación quitó el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP que fue determinado por el Juez inferior en la audiencia de medidas cautelares, sosteniendo equivocadamente que el mismo nunca fue establecido en primera instancia; por otro lado, no fundamentó en ninguna parte de su fallo la existencia del riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del referido Código, siendo que el mismo fue objeto de fundamentación por las partes y formó parte de la resolución de medidas cautelares. Ni el Vocal demandado ni las nuevas autoridades componentes de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, remitieron informe ni asistieron a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 53/2023 de 24 de abril, cursante de fs. 291 a 296, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0643/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57418-2023-115-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 54/2023 de 24 de abril, cursante de fs. 291 a 296, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Liliana Sánchez Rojas, Rocío Magdalena Gonzales Alcocer y Lider Candia contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 5 y 25 de enero de 2023, cursantes de fs. 146 a 151; y, 156 y vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Misael Nallar Viveros, Rodrigo Gonzales Arrazola y Esteban Beltrán Muñoz, por la presunta comisión del delito de asesinato respecto a tres efectivos policiales suscitado en el municipio de Porongo, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante el Auto Interlocutorio -268/2022- de 24 de junio, dispuso la detención preventiva de los antes nombrados considerando los presupuestos establecidos al efecto, entre ellos el riesgo procesal contenido en el art. 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), tras el ocultamiento de elementos de prueba con relación al imputado Misael Nallar Viveros. No obstante, y siendo que esta determinación fue apelada, mediante el Auto de Vista 289 de 12 de julio de 2022, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, pese a confirmar en todas sus partes la autoría de los tres imputados y ratificar la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234 y 235 del CPP; de forma errónea e incongruente quitó el peligro de obstaculización inserto en el art. 235.1 del señalado Código y que fue determinado por el Juez de la causa en la audiencia de medidas cautelares. En efecto el Vocal demandado no determinó sobre qué pruebas se quitó el mencionado riesgo procesal; tampoco contiene una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes obviando los fundamentos que sustentaron la determinación del “ocultamiento” a fin de establecer la concurrencia del peligro de obstaculización; no describió de manera expresa los supuestos de hecho para quitar dicho riesgo procesal; no valoró de manera concreta y explicita todos y cada uno de los fundamentos expuestos por las partes en la audiencia de medidas cautelares de 24 de junio de 2022; no determinó el nexo de causalidad entre lo peticionado por las partes y lo resuelto por el Juez de la causa en el señalado acto procesal, limitándose a realizar una lectura de una inexistente acta, debiéndose tener en cuenta que en el acta de la fecha mencionada, si se dispuso el riesgo procesal establecido en el art. 235.1 del CPP en su vertiente de ocultamiento. Por otro lado, el Vocal demandado no fundamentó en ninguna parte de su fallo la existencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, siendo que el mismo fue objeto de fundamentación de las partes y formó parte de la Resolución de medidas cautelares emitida por parte del Juez inferior.
Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto de forma parcial el Auto de Vista 289, y se ordene la emisión de un nuevo fallo debidamente fundamentado, motivado, congruente y razonable “…resolviendo todos los agravios de mi Recurso de Apelación…” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 24 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 283 a 290 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó y reiteró el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional. A tiempo de absolver los cuestionamientos por parte de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, afirmó que en posteriores audiencias se sustentó la inexistencia del riesgo procesal inserto en el art. 235.1 del CPP con relación a Missael Nallar Viveros por la equivocada fundamentación realizada por el Vocal demandado.
Ever Álvarez Orellana, entonces Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y Vocal de la similar Segunda a tiempo de practicarse la citación con el señalamiento de audiencia cursante a fs. 280, no asistió a la audiencia ni remitió informe alguno. De igual manera, pese a que los actuales Vocales de la Sala Penal Primera del mencionado Tribunal, fueron citados con el señalamiento de audiencia de la acción de amparo constitucional, cuya diligencia cursa de fs. 281 a 282, no remitieron informe alguno ni asistieron a la audiencia.
Misael Nallar Viveros, imputado dentro del proceso penal de referencia, por informe escrito, cursante de fs. 258 a 261, ratificado y reiterado en audiencia, manifestó lo siguiente: a) En la audiencia de medidas cautelares la parte accionante jamás apeló la resolución emitida respecto al riesgo procesal contenido en el art. 235.1 del CPP en relación a su persona, sino de los otros dos imputados Rodrigo Gonzales Arrazola y Esteban Beltrán Muñoz, esto vinculado al supuesto ocultamiento de las armas de fuego; b) En la audiencia de apelación incidental de 12 de julio de 2022, tanto la defensa de Liliana Sánchez Rojas -ahora accionante- y José David Candía Orozco, solicitaron que se ratifique el “Auto interlocutorio” emitido por el Juez inferior, por lo que se sobre entiende que estaban de acuerdo con la decisión asumida por esa autoridad; c) Al no apelar el Auto Interlocutorio 268/2022 no se puede ahora reclamar vulneración de derecho alguno, haciendo inviable la presente acción tutelar, al carecer la parte accionante de legitimación activa; d) No se cumple con el principio de subsidiariedad por cuanto la parte impetrante de tutela no hizo uso de la solicitud de complementación y enmienda, a objeto de subsanar el error en el que supuestamente incurrió el Vocal demandado; e) Tampoco se cumplió con el principio de la inmediatez por cuanto si bien la presente acción tutelar fue interpuesta faltando siete días para el vencimiento del plazo de los seis meses, no obstante la demanda fue observada, debiéndose considerar la línea jurisprudencial establecida en las SSCC 0962/2011-R de 22 de junio y 0270/2011-R de 29 de marzo, que establece que la presentación de la acción de amparo constitucional no interrumpe el pazo, habiendo transcurrido en el presente caso más de siete meses desde el presunto agravio; y, f) La parte accionante no demostró las afirmaciones que realiza tras la escueta prueba aportada de su parte. Argumentos con base a los cuales solicita se deniegue la tutela impetrada.
Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito, cursante de fs. 265 a 268 vta. ratificado y reiterado en audiencia, señaló lo siguiente: 1) Del acta de audiencia de medidas cautelares puede advertirse que la parte civil, si interpuso el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 268/2022; y, 2) El Vocal demandado, alejándose de la verdad material que se registra en el acta de audiencia de medidas cautelares a la cual debía remitirse, en relación al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, refirió que en el caso correspondía confirmar lo dispuesto por el Juez a quo en sentido de dejar desvirtuado dicho riesgo procesal, cuando el mismo quedó latente por la disposición de la referida autoridad inferior.
Pese a su notificación cursante de fs. 165 a 166, el citado Viceministerio no remitió escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías programada.
El mencionado Comando Departamental, no asistió a la audiencia ni remitió escrito alguno pese a su notificación cursante de fs. 167 a 168.
Marcos Arce Gandarias, Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia ni remitió escrito alguno, pese a su notificación cursante de fs. 169 a 170.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 54/2023 de 24 de abril, cursante de fs. 291 a 296, denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: i) De la lectura a la parte dispositiva del Auto de Vista 289, no se advierte que lo que ahora reclama la parte accionante en sentido de que se hubiera declarado por enervado el riesgo procesal establecido en el art. 235.1 del CPP en favor de Misael Nallar Viveros sea evidente, pues en el mencionado fallo de alzada textualmente se estableció: “…enervándose el riesgo procesal previsto en el articulo 234 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal en cuanto al imputado Misael Nallar Viveros; en lo demás, la resolución queda incólume y subsistente” (sic), debiéndose considerar que la parte resolutiva de todo fallo es la que tiene efectos inter partes, dado que a partir de ella se establece la medida de lo determinado, siendo de cumplimiento obligatorio para las partes; y, ii) A partir de lo expuesto, no se advierte la relevancia constitucional de dejar sin efecto el Auto de Vista 289, ya que no tendría un efecto modificatorio en el fondo de la decisión. En vía de complementación y enmienda la parte accionante solicitó se aclare si el Vocal demandado en la fundamentación del Auto de Vista 289 quitó o no el riesgo procesal contenido en el art. 235.1 del CPP, porque en el razonamiento de la citada autoridad el mencionado riesgo nunca estuvo vigente, riesgo procesal que en posteriores audiencias quedó descartado por la fundamentación realizada por la citada autoridad en el mencionado fallo de alzada, tal es el caso de la audiencia de 28 de septiembre de 2022 y 28 diciembre de ese año. Respecto a lo cual, la Sala Constitucional aclaró que en ningún momento se negó la afirmación realizada de su parte, si no que se estableció que la parte vinculante del fallo es la parte dispositiva, en la que solo se tuvo por enervado el riesgo procesal establecido en el art. 234.4 del CPP, manteniendo incólume todos los demás riesgos determinados por la resolución de primera instancia, por lo que la parte considerativa no tiene efecto alguno.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 304 a 306); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de fundamentación oral de medida cautelar de 24 de junio de 2022, desarrollada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Misael Nallar Viveros, Rodrigo Gonzales Arrazola y Esteban Beltrán Muñoz por la presunta comisión del delito de asesinato, en la que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, a través del Auto Interlocutorio 268/2022 de ese fecha, respecto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, refirió: “…el numeral 1) del art. 235 del CPP., con relación únicamente con la vertiente ocultamiento, se va activar para el imputado Misael Nallar…” (sic), disponiendo respecto a los tres imputados la aplicación de la detención preventiva, oportunidad en la que la parte civil, interpuso el recurso de apelación incidental respecto al señalado riesgo procesal, empero en relación a los coimputados, Rodrigo Gonzales Arrazola y Esteban Beltrán Muñoz (fs. 178 a 212 vta.). II.2. Consta acta de audiencia virtual de apelación a la medida cautelar de 12 de julio de 2022 en la que se advierte que la parte civil sustentó su recurso de apelación incidental solicitando se establezca el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, no solo sobre Misael Nallar Viveros, sino también respecto a Esteban Beltrán Muñoz y Rodrigo Gonzales Arrazola, aspecto que fue resuelto a través del Auto de Vista 289 de la citada fecha, en el que Ever Álvarez Orellana, entonces Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesta por la parte civil al igual que el recurso de los imputados Rodrigo Gonzales Arrazola y Esteban Beltrán Muñoz; y, admisible e procedente parcialmente el recurso de apelación incidental interpuesto por el imputado Misael Nallar Viveros, con lo que revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 268/2022, declarando por enervado el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP, en cuanto al último nombrado, y manteniendo incólume y subsistente todo lo demás de la resolución impugnada (fs. 213 a 255).
Los accionantes denuncian la lesión de sus garantías al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, el Vocal demandado de forma errónea, incongruente y sin ningún tipo de fundamentación y motivación quitó el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP que fue determinado por el Juez inferior en la audiencia de medidas cautelares, sosteniendo equivocadamente que el mismo nunca fue establecido en primera instancia; por otro lado, no fundamentó en ninguna parte de su fallo la existencia del riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del referido Código, siendo que el mismo fue objeto de fundamentación por las partes y formó parte de la resolución de medidas cautelares. Ni el Vocal demandado ni las nuevas autoridades componentes de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, remitieron informe ni asistieron a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Por su parte, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, señaló que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas son nuestras).
Con carácter previo a abordar la problemática de fondo, corresponde referirnos a los cuestionamientos efectuados por el tercero interesado e imputado Misael Nallar Viveros respecto a la procedencia de la presente acción de amparo constitucional, referidos a que el recurso de apelación incidental formulado por la parte civil -ahora accionante- no estaba dirigido respecto a su persona por lo que al no haber apelado, la misma no ostentaría de legitimación para la interposición de la presente acción tutelar; y a que tanto la defensa de Liliana Sánchez Rojas y José Candía -parte civil-, solicitaron que se ratifique el Auto Interlocutorio emitido por el Juez inferior, sobreentendiéndose que estaban de acuerdo con la decisión asumida por esa autoridad. Sobre el particular los accionantes se constituyen en parte civil dentro del proceso penal de referencia por lo que acreditan legitimación activa pero además sobre la subsidiariedad se tiene que el agravio que denuncian a través de la presente acción constitucional recién se habría presentado con la resolución ahora impugnada. Asimismo, se observó la falta de cumplimiento del principio de subsidiariedad, por la no activación de la solicitud de complementación y enmienda; no obstante, cabe referir que la misma no se constituye en un mecanismo idóneo a efectos de pretender la modificación de una determinación ya asumida por la autoridad judicial, con lo que tampoco se puede exigir su agotamiento previo.
En relación a la inobservancia del principio de inmediatez, bajo la consideración de que la interposición de la acción de amparo constitucional no interrumpe el plazo de los seis meses, teniendo en cuenta que la acción tutelar en el presente caso fue observada, debe señalarse que conforme lo establece el art. 129 de la CPE, la acción de amparo constitucional puede interponerse dentro de los seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada con la última decisión administrativa o judicial, lo que en el caso operó el 12 de julio de 2022 cuando se emitió el Auto de Vista 289 en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, en la que estuvo presente la parte accionante, por lo que desde esa fecha hasta el 5 de enero de 2023, fecha de interposición de la presente acción tutelar, se advierte que la misma se encuentra dentro de plazo. Ahora bien, respecto a que la presentación de la acción de amparo constitucional suscitada el 5 de enero de 2023 no debía considerarse, pues la demanda fue observada, dicho criterio no tiene base jurídico normativa a fin de su consideración, pues las sentencias que señala como línea jurisprudencial no refieren el criterio que expresa, por el contrario, la SCP 0962/2011-R de 22 de junio hace referencia a la posibilidad de suspender el plazo de la inmediatez respecto a la acción de amparo constitucional en la que no se ingresó al análisis de fondo, y en ese mérito el hecho de que la demanda haya sido observada por aspectos formales no implica desconocer la fecha de su interposición, siendo un aspecto totalmente diferente el desarrollo y trámite de la acción tutelar desde que la misma fue admitida, demora suscitada en el caso que no puede ser considerada a efectos establecer el incumplimiento del principio de inmediatez como pretende la defensa del hoy tercero interesado. Superadas como se encuentran los cuestionamientos a la procedencia de la acción de amparo constitucional, corresponde abordar la problemática planteada. Sobre el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP Al respecto, se cuestiona que el Vocal demandado de forma errónea, incongruente y sin ningún tipo de fundamentación y motivación quitó el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP que fue determinado por el Juez inferior en la audiencia de medidas cautelares, sosteniendo equivocadamente que el mismo nunca fue establecido en primera instancia. A fin de absolver este primer y principal reclamo, se hace necesario comprender lo suscitado en el caso a partir de la descripción de los actuados desarrollados en el proceso, específicamente respecto a los riesgos procesales determinados en relación a los imputados. Así, y conforme se advierte de antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público contra Misael Nallar Viveros, Rodrigo Gonzales Arrazola y Esteban Beltrán Muñoz por la presunta comisión del delito de asesinato, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz a través del Auto Interlocutorio 268/2022 de 24 de enero, respecto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, refirió lo siguiente: “Con relación al peligro de obstaculización, para el imputado Misael Nallar, el numeral 1) del art. 235 del CPP., ha referido el Ministerio Publico destrucción, modificación, ocultamiento, falsificación de elementos de pruebas, refiriendo de que cuando se realizó el allanamiento del taller donde se fue encontrado el vehículo motorizado, se pudo establecer y se pudo evidenciar que se había realizado la sustracción del DVR de las cámaras de seguridad, asimismo ha manifestado que este hecho tiene directamente relacionado con relación al imputado Misael Nallar, toda vez que es un elemento necesario para poder determinar los movimientos que se realizaron ese dia y las horas indicadas a través de este deber, a la fecha se desconoce su paradero, por lo que el numeral 1) del art. 235 del CPP., con relación únicamente con la vertiente ocultamiento, se va activar para el imputado Misael Nallar, con relación al co imputado Rodrigo Gonzales (…) se va a activar con relación a esa vertiente, influencia negativa sobre el testigo, identificado como Guztavo Rodríguez, a los fines de que informe falsamente o se comporte de manera reticente, no así el numeral 1) del art. 235 del CPP (…) con relación al ciudadano Esteban Beltrán el numeral 1) no ha sido fundamentado por el Ministerio Público, así que se va a pasar a considerar el numeral 2)…” (sic [Conclusión II.1]). De lo que se advierte que el peligro de obstaculización establecido en el numeral 1 del art. 235 del CPP, únicamente fue establecido respecto al hoy tercero interesado Misael Nallar Viveros a partir de la sustracción del DVR de las cámaras de seguridad, y no así respecto a Rodrigo Gonzales Arrazola y Esteban Beltrán Muñoz. Es así que la parte civil, concretamente Liliana Sánchez Rojas y Rocío Magdalena Gonzales Alcocer a través de su defensa técnica, interpusieron en la misma audiencia de medidas cautelares, recurso de apelación incidental precisamente respecto al citado peligro de obstaculización, refiriendo que dicho riesgo procesal no solamente debe ser establecido en relación a Misael Nallar Viveros, sino también respecto a Rodrigo Gonzales Arrazola y Esteban Beltrán Muñoz, empero ello relacionado al supuesto ocultamiento de las armas (fs. 212). Así, en la audiencia de apelación incidental (Conclusión II.2), el recurso interpuesto por la parte civil, se sustentó bajo los siguientes argumentos: “Con referencia a la apelación del auto interlocutorio de 24 de junio de 2022, la parte civil solamente se alzó por el art. 235 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal (…) hasta la fecha (…) no pudimos encontrar las 3 armas, señor Vocal este elemento tuvo necesariamente (…) que ser verificado por el juez cautelar porque en la vagoneta Rush blanca se encontró los casquillos, en la camioneta de la Policía también se encontró disparos y casquillos, en los cuerpos también se encontró que fueron producto de armas militar o armas de fuego de guerra, ¿pero dónde están las armas? Señor Vocal, ese es el elemento de ocultamiento que realizaron, no solo el señor Misael Nallar Viveros sino también el señor Esteban Beltrán Muñoz y Rodrigo Gonzalo Arrazola, los cuales en base a la verdad material solicitamos que simplemente se aplique dicha verdad material y se ordene la existencia de ese riesgo procesal art. 235 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal (…) pidiendo (…) se modifique y se tenga por existente dicho riesgo procesal” (sic [fs. 232]). De lo expuesto por la parte civil, se tiene que el sustento argumentativo de su apelación estuvo enfocado en el supuesto “ocultamiento” de las tres armas a las que se hace referencia, y por lo cual solicitaron que el riesgo procesal contenido en el art. 235.1 del CPP, se tenga por concurrente, no solo para Misael Nallar Viveros, sino también respecto a los otros dos imputados. Así, mediante el Auto de Vista 289 (Conclusión II.2) el Vocal demandado a tiempo de resolver el recurso de apelación de la parte civil, manifestó el siguiente criterio: “…la defensa de las víctimas expresan que la autoridad jurisdiccional no ha valorado que los imputados pueden ocultar o destruir elementos de prueba como las armas, ese ha sido el fundamento principal de la apelación de la parte civil, tanto expuesto por el Abg. Juan Pablo Ibañez, Abg. Fernando Vaca Bonilla y Abg. Paniagua. Al respecto, cabe manifestar que de acuerdo al art. 235 del Código de Procedimiento Penal parte in fine, evidentemente tiene que fundamentarse un riesgo procesal en elementos objetivos, no en presunciones, lo que quiere decir que el Ministerio Público y la víctima, en este caso la parte civil tienen que fundamentar con elementos de prueba sobre el comportamiento y conducta del imputado, de qué forma han ocultado o destruido elementos de prueba, o de qué forma pueden obstaculizar la investigación. En el presente caso, se han limitado a indicar que los imputados ‘pueden’ ocultar o destruir esos elementos de prueba como las armas, sin embargo, no ha referido en qué elementos de prueba presentados por el Ministerio Público y la parte civil, se está respaldando esa supuesta conducta de los imputados que puedan incurrir en este riesgo procesal, por lo cual la autoridad jurisdiccional en el auto recurrido a realizado una fundamentación correcta al no establecer ese riesgo procesal, puesto que no se tiene respaldo legal o respaldo de un elemento de prueba objetivo para que pueda establecerse que se encuentra latente este riesgo procesal de obstaculización” (sic [fs. 252 y 253]). Bajo la consideración de los antecedentes descritos, resulta evidente que la apelación interpuesta por la parte víctima del proceso penal estuvo enfocada a la falta de establecimiento del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP en relación a los imputados Rodrigo Gonzales Arrazola y Esteban Beltrán Muñoz y vinculado al supuesto ocultamiento de las armas, que en efecto no fue determinado en primera instancia, y no respecto a Misael Nallar Viveros. En correspondencia a ello, la conclusión efectuada por el Vocal demandado en sentido de establecer que la autoridad judicial a quo realizó una fundamentación correcta al no haber establecido dicho riesgo procesal, fue manifestado en coherencia al planteamiento recursivo efectuado, es decir se refirió a la falta del establecimiento del peligro de obstaculización inserto en el art. 235.1 del CPP respecto a los imputados Rodrigo Gonzales Arrazola y Esteban Beltrán Muñoz, debiendo remarcar que efectivamente dicho aspecto no fue establecido por el Juez cautelar, resultando claro que la referencia realizada de su parte de ninguna manera se refería a dejar sin efecto el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP que fue determinado sobre Misael Nallar Viveros respecto a la supuesta sustracción de las cámaras de seguridad, ya que ello no fue objeto de análisis al no formar parte del reclamo recursivo. En ese sentido, no podría considerarse que la conclusión arribada por la autoridad demandada, se refería al riesgo procesal contenido en el art. 235.1 del CPP que fue establecido respecto a Misael Nallar Viveros, no siendo evidente que el Vocal demandado haya “quitado” dicho riesgo procesal considerándolo inexistente, dado que la aseveración que realizó fue efectuada respecto al agravio formulado que como se dijo se refería al supuesto ocultamiento de las armas solicitándose que el peligro de obstaculización sea también establecido sobre los otros dos imputados, razonamiento de la autoridad de alzada concordante con la parte dispositiva de su fallo que revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 268/2022 solo en lo que respecta al riesgo procesal contenido en el art.
234.4 del CPP en relación al antes nombrado, siendo expresa tal determinación al manifestar que en lo demás la resolución de primera instancia quedaba incólume y subsistente, lo que engloba al establecimiento de la existencia del riesgo procesal contenido en el art. 235.1 del CPP relacionado sobre el hoy tercero interesado Misael Nallar Viveros. Bajo ese contexto, y siendo que lo que reclama la parte accionante en cuanto a este riesgo procesal no resulta evidente, habiéndose verificado que la conclusión efectuada por la autoridad demandada fue referida en congruencia con la formulación recursiva efectuada, corresponde respecto a dicho aspecto denegar la tutela solicitada. Sobre el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP Al respecto, la parte accionante denuncia que el Vocal demandado no fundamentó en ninguna parte de su fallo la existencia del riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, siendo que el mismo fue objeto de fundamentación por las partes y formó parte de la resolución de medidas cautelares. Conforme se advierte de la descripción realizada a los antecedentes del proceso, contrariamente a lo referido por la parte accionante en la presente acción tutelar, debe tenerse presente que en la sustanciación del recurso de apelación incidental interpuesto de su parte, fue expreso al manifestar que dicho mecanismo de impugnación fue activado únicamente en relación al riesgo procesal contenido en el art. 235.1 del CPP, no siendo evidente que se hayan formulado agravios respecto al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del señalado Código al que ahora se hace referencia, por lo que en ese marco, tampoco podría exigirse al Vocal demandado la emisión de un pronunciamiento fundamentado al respecto y en sí reprochársele una eventual incongruencia omisiva, debiendo enfatizar que el sustento argumentativo realizado solamente estuvo enfocado en la falta de pronunciamiento sobre dicho riesgo procesal cuestionando la fundamentación del fallo de alzada, sin efectuar mayor argumento que en su caso visibilice su relevancia constitucional, por lo que en el presente caso corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otro fundamento, asumió la decisión correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 53/2023 de 24 de abril, cursante de fs. 291 a 296, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0643_2026-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 481e4e731cba60f956395adf6315dfd5ac9c4789467d03c4aba6bfb058e87739
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