B.IA.LEGAL

SCP 0643/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 18 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
18 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
47312-2022-95-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela denuncia la vulneración de derecho a la libertad, a recurrir, tutela judicial efectiva y debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, alegando que formuló apelación contra el rechazo a su solicitud de cesación a la detención preventiva; no obstante, la Vocal demandada declaró su improcedencia a través de Auto de Vista de 12 de abril de 2022, argumentando carencia de expresión de agravios, cuando de la propia revisión del contenido del aludido Auto de Vista y las grabaciones de la audiencia, puede evidenciarse lo contrario; y, pese a que en un inicio no consideró el recurso de apelación por los motivos de referencia; sin embargo, en la última parte de su resolución refirió sin ningún tipo de fundamentación ni motivación que “NO HAY LESION GROSERA AL AGRAVIO” (sic), dando a entender que estuviera resolviendo alguno, generando con ello incongruencia interna. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 001/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Consideraciones sobre el retiro de demanda
  2. III.2. De la fundamentación y motivación de las resoluciones como parte del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0643/2023-S4 Sucre, 18 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47312-2022-95-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 001/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhermy Villanueva Rodríguez contra Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de abril de 2022, cursante de fs. 1 a 8, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de “Apropiación Indebida de Aportes” (sic) previsto en el art. 345 del Código Penal (CP), presuntamente porque la aerolínea Lloyd Aéreo Boliviano Sociedad Anónima (LAB S.A.) no había realizado en diferentes gestiones el depósito de los aportes de sus trabajadores a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s), proceso que nunca le fue notificado legalmente; no obstante, pese a que se encontraba recluido en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, efecto de un mandamiento de apremio emitido dentro de un proceso laboral, fue nuevamente aprehendido ilegalmente en el citado Centro Penitenciario, “es decir que se me aprehendió sobre lo aprehendido, algo irracional y absurdo nunca antes visto en la práctica jurídica” (sic), aspecto que fue reclamado en la vía correspondiente, extremo que solo aclara para fines de antecedentes procesales.

Añadió que, habiendo presentado solicitud de cesación a su detención preventiva, fue resuelta el 24 de marzo de 2022, por la Jueza de Sentencia Penal Octava del departamento de Cochabamba, quién ilegalmente la rechazó; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que mereció el Auto de Vista de 12 de abril de igual año, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –compuesto por la Vocal hoy demandada‒, a través del cual fue declarado improcedente, ya que presuntamente “no se habría cumplido con los requisitos formales y no señalarse los aspectos cuestionados de la resolución apelada, no se habría cumplido con la carga argumentativa de los puntos de agravio” (sic), vulnerando con ello sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Pues de la revisión del acta de apelación y de las grabaciones de la audiencia, las cuales fueron proporcionadas por la Oficina Gestora, se evidenció de manera concreta la exposición de manera amplia los agravios y planteamientos denunciados, los cuales además demuestran la existencia de defectos inconvalidables y revisables aún de oficio, consistentes en: “1° Resolución apelada de 24/03/2022. 2° El punto de agravio: ʽerrónea valoración de las pruebas y por ende errónea fundamentación y motivación o lo que es lo mismo valoración irrazonable de la pruebas y fundamentación y motivación irrazonableʹ; 3° La identificación de los aspectos cuestionados señalándose considerandos, fojas y párrafos; y 4° La argumentación de los puntos de agravio, como ser que, el juez A quo valoró de manera irrazonable los elementos de prueba acompañados para acreditar domicilio; la declaración de los testigos DAVID VILLANUEVA SORUCO (padre del acusado), FREDDY CHURA QUISPE (cuñado del acusado), informe policial de 14/03/2022 emitido por la unidad de registro de la FELCC de La Paz, facturas de Luz del domicilio, certificación de domicilio del padrón biométrico (todos documentación complementaria a un anterior registro de verificación domiciliaria), se argumentó que esta documentación de valorarse correctamente en el marco de razonabilidad y tomando en cuenta la realidad social conforme al Art. 234 párrafo último y 7 del CPP, demostraban fehacientemente un domicilio habitual y habitable; y entre otros fundamentos y mención de normas contradecidas y la explicación porqué se consideraban irracional las exigencias del Juez Aquo. También se dio lectura inclusive de las partes de la resolución cuestionada…” (sic). Por lo que la autoridad demandada debió resolver de manera íntegra y efectiva su recurso; no obstante, omitió su consideración rehuyendo a su responsabilidad y competencia, dejándolo en incertidumbre respecto a su situación jurídica, manteniéndolo en indebida detención, lesionando su derecho a recurrir, pues la interposición del mismo no trata de una simple cuestión formal, sino que debe garantizar su eficacia a través de un examen integral de la resolución recurrida.

Finalmente, sostuvo que dicha Resolución también adolece de incongruencia interna; puesto que, en un inicio si bien no consideró el recurso de apelación por no cumplir con la carga argumentativa; empero, en la última parte de su resolución refirió sin fundamentación y motivación que “NO HAY LESION GROSERA AL AGRAVIO” (sic), dando a entender como si estuviera resolviendo, lo que resulta inaceptable.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, a recurrir, tutela judicial efectiva y debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia: a) Se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista de 12 de abril de 2022 y se ordene la emisión de nueva Resolución debiendo resolverse los agravios; y, b) Se condene en costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 19 de abril de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 25 a 26, presente el Ministerio Público y ausentes la parte solicitante de tutela y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no se conectó a la audiencia de acción de libertad; no obstante, mediante memorial de 19 de abril de 2022, cursante a fs. 18, hizo conocer el retiro de su acción de libertad, solicitando se acepte la misma.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 19 de abril de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., refirió que: 1) Del análisis del Auto de Vista cuestionado, puede evidenciarse que no es arbitrario, emitido efecto de la apelación formulada por el hoy accionante, sujetándose la decisión en el art. 398 del CPP, que establece que los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, absolviendo cada uno de los puntos apelados, constando en el aludido Auto de Vista de manera fundamentada del porqué se declaró su improcedencia, ya que producto del análisis y aplicación de la SCP 0244/2018-S2 de 12 de junio y el Auto Supremo 286/2017 de 18 de abril, por regla general los recursos deben interponerse en las condiciones “no solo de tiempo” sino también de forma, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución, los que constituyen el agravio, de donde deviene la configuración del control normativo como competencia del Tribunal ad quem, contenida en el artículo de referencia, de donde resulta que justamente la carga argumentativa de estos cuestionamientos delimita su intervención; 2) El Auto de Vista contiene fundamentos claros, encontrándose dentro de la exigencia prevista en el art. 124 del adjetivo penal; 3) Señala el solicitante de tutela que se vulneró su derecho a la libertad; empero, debe considerarse que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, las lesiones al debido proceso pueden ser tuteladas a través de la acción de libertad, cuando el acto ilegal haya vulnerado la libertad, siendo que, en este caso no existe tal lesión y que ello a su vez provoque un estado de indefensión, pues el accionante viene siendo procesado ante autoridad competente, existiendo pleno reconocimiento de sus derechos fundamentales; 4) El hoy solicitante de tutela no precisó de forma concreta como se interrelaciona su libertad con los actos ejercidos por el Tribunal de alzada, limitándose a cuestionar el señalado Auto de Vista que lesionó el debido proceso, la congruencia, la tutela efectiva, dejándolo en estado de indefensión, y manteniéndolo en una indebida detención preventiva, exponiendo su propio análisis valorativo; 5) La jurisdicción constitucional no puede inmiscuirse en la revisión de la legalidad ordinaria; 6) y, El Auto de Vista objeto de la presente acción de libertad fue debidamente fundamentado y motivado, explicándose las razones fácticas y jurídicas por las cuales se determinó declarar la improcedencia del recurso de apelación interpuesto por el accionante; y, 7) Las medidas cautelares personales no causan estado, ya que por el principio de revisabilidad son modificables aún de oficio, conforme lo establece el art. 250 de CPP, pudiendo el impetrante de tutela solicitar la modificación de estas, a través de su representante legal, demostrando objetivamente su pretensión; argumentos en torno a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Claudia Rocío Paredes Olmos, representante del Ministerio Público, en audiencia manifestó que, habiendo sido presentado el memorial de 19 de abril de 2022, de retiro de acción de libertad peticionado por el solicitante de tutela, no existe motivo o razón para que la misma se lleve a cabo; por lo que, deja en consideración de la Sala Constitucional lo que se disponga.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 001/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 27 a 28 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) La SCP 0619/2005-R de 7 de junio, estableció que la protección que otorga la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca todas las formas que pueda ser vulnerado, sino queda reservada para aquellos casos en los que el acto lesivo denunciado se constituya en la causa directa para su restricción y supresión, además de existir absoluto estado de indefensión; y, ii) El accionante denuncia que el Auto de Vista ahora cuestionado, carece de la debida fundamentación, motivación y congruencia, pudiendo advertirse que éste se encuentra con detención preventiva, la cual fue asumida en función a normativa aplicable al caso, por autoridad competente (Juez Penal); por lo tanto, la Resolución dictada por la Sala Penal Segunda del referido Tribunal de ninguna manera afecta o es el motivo de su detención preventiva; en consecuencia, los argumentos vertidos por el impetrante de tutela no son aplicables a esta acción de defensa, ya que debió acudir a la acción de amparo constitucional, conforme lo señalado en la jurisprudencia constitucional citada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Acta de audiencia de apelación incidental de medida cautelar desarrollada el 12 de abril de 2022, en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –compuesto por la Vocal hoy demandada‒, donde fue emitido el Auto de Vista de la misma fecha, mediante el cual se declaró la improcedencia del recurso de apelación formulado por Jhermy Villanueva Rodríguez ‒ahora impetrante de tutela‒ (fs. 21 a 24). II.2. Por memorial presentado el 19 de abril de 2022, el accionante, hizo conocer a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el retiro de su acción de libertad, solicitando sea aceptada (fs. 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela denuncia la vulneración de derecho a la libertad, a recurrir, tutela judicial efectiva y debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, alegando que formuló apelación contra el rechazo a su solicitud de cesación a la detención preventiva; no obstante, la Vocal demandada declaró su improcedencia a través de Auto de Vista de 12 de abril de 2022, argumentando carencia de expresión de agravios, cuando de la propia revisión del contenido del aludido Auto de Vista y las grabaciones de la audiencia, puede evidenciarse lo contrario; y, pese a que en un inicio no consideró el recurso de apelación por los motivos de referencia; sin embargo, en la última parte de su resolución refirió sin ningún tipo de fundamentación ni motivación que “NO HAY LESION GROSERA AL AGRAVIO” (sic), dando a entender que estuviera resolviendo alguno, generando con ello incongruencia interna. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Consideraciones sobre el retiro de demanda

La SCP 1417/2022-S4 de 10 de octubre, precisó: “Respecto al desistimiento o retiro de la acción de libertad, el art. 126.II de la Constitución Política del Estado (CPE); establece que, en ningún caso podrá suspenderse la audiencia de la acción de libertad, ya sea por ausencia del demandado, o inasistencia o abandono; en virtud a lo cual, la autoridad jurisdiccional, de forma obligatoria y bajo responsabilidad dictará sentencia, misma que podrá ordenar, la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad o la remisión del caso ante el Juez competente. Asimismo, el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional Plurinacionales (CPCo); dispone que, la audiencia de acción de libertad, debe realizarse el día y hora señalados, a efecto de establecer las responsabilidades que correspondan, citando al efecto: ʽaun habiendo cesado las causas que originaron la acción de libertad…ʹ. Por lo expuesto; se advierte que, el desistimiento de la acción de libertad, no está reconocido como posibilidad, en ninguna etapa de la tramitación del mecanismo de defensa, incluso por mandato constitucional, la audiencia de acción libertad no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia (art. 126.II de la CPE), debido a que esta acción tutelar, está orientada a brindar una pronta y efectiva protección de los derechos a la vida y a la libertad, en sus esferas física y de locomoción, los mismos que se constituyen en un derecho fundamental, por cuanto su restricción acompaña la mayoría de la veces a la limitación en el ejercicio de otros derechos fundamentales, por lo cual, no es admisible la aceptación de desistimiento o retiro de la acción tutelar en ninguna etapa de su tramitación. En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0103/2012, 2133/2013 y 0340/2014, refiriéndose al momento procesal en el que resulta factible el retiro de la acción de libertad, y cambiando el razonamiento asumido anteriormente en las SSCC 1229/2010-R y 1425/2011-R, entre otras -que permitían el desistimiento y/o retiro de la demanda ante la restitución del derecho lesionado-, expresó lo siguiente: ʽConforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública; es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública)ʹ. En ese entendido, este Tribunal a través de la SCP 0470/2018-S4 de 27 de agosto, modulando los razonamientos de las Sentencias Constitucionales antes citadas, señaló lo siguiente ʽ…constituye una modulación a la línea jurisprudencial desarrollada anteriormente por este Órgano de justicia constitucional y que debe ser aplicado, al tratarse de una protección más amplia y progresiva de resguardo de los derechos, pues dada la configuración de este tipo de acciones, a diferencia del resto, por los bienes constitucionales protegidos y tutelados, no existe una etapa de admisibilidad que se ocupe de la revisión de cuestiones formales, precisamente en razón al principio de informalidad que rige a este tipo de recursos extraordinarios; por lo tanto, no resulta razonable desde el punto de vista constitucional, admitir el retiro o desistimiento de la acción una vez que fue presentada, debiendo en consecuencia, una vez interpuesta, concluir hasta la emisión de un fallo que conceda o deniegue la tutela impetrada, según correspondaʹ. En consecuencia; se entiende que, pese a que una persona desista o retire su demanda de acción de libertad después o antes del señalamiento de día y hora de audiencia pública, de todas formas la misma debe ser resuelta; en razón a que, el acceso a la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, busca además de resguardar los derechos subjetivos de las personas, evitar la reiteración de omisiones o conductas que lesionen los bienes constitucionales protegidos dentro del ámbito de su protección, como son la vida, la integridad física, la libertad personal o de locomoción, o situaciones que constituyan persecución o procesamiento ilegales o indebidos; es decir, el resguardo a la dimensión objetiva de los derechos en el marco de las obligaciones del Estado” (las negrillas y el subrayado son nuestras).

III.2. De la fundamentación y motivación de las resoluciones como parte del debido proceso

La SCP 0026/2021-S4 de 1 de abril, al respecto precisó: “Con relación a este tópico, la SCP 0447/2020-S3 de 27 de agosto, citando a la SCP 0598/2019-S1 de 22 de julio, precisó que: ʽEl derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el art. 115.II de la CPE, el cual dispone: «El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones», a su vez, el art. 117.I de la misma Norma Suprema, señala: «Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…». Es así que, el debido proceso en cuanto a su núcleo esencial y los elementos constitutivos del mismo, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, entre otras, a través de la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, que señaló: ʽLa reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la CPEabrg ahora por el art. 115.II de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otrasʹ. En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso, este Tribunal, en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: ʽ…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un falloʹ, requisito que tiene mayor importancia en los tribunales de última instancia. En ese contexto, los citados entendimientos reiterados ampliamente por la jurisprudencia constitucional resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales, administrativas o por el Ministerio Público, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: ʽ…la motivación «es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión». El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos expresados por el administrador de justicia, quien recurre a las normas del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, es decir que tanto la fundamentación como la motivación se constituyen en elementos esenciales de toda resolución pues son estructurantes del debido proceso como garantía jurisdiccional, más aún cuando se trata de conocer y resolver solicitudes que involucran la resolución de la situación jurídica de un privado de libertadʹ” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

Con carácter previo a ingresar a considerar el fondo del problema jurídico expuesto, es necesario aclarar en cuanto al retiro de la demanda que, de acuerdo a la línea jurisprudencial contenida en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el acto solicitado por el hoy accionante no se encuentra reconocido en ninguna etapa de la tramitación de la acción tutelar como una posibilidad, ello porque la audiencia de consideración de la acción libertad no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia, pues por su naturaleza se encuentra orientada a brindar una pronta y efectiva protección al derecho a la libertad en sus diferentes esferas, el cual constituye un derecho fundamental, por cuanto su restricción casi siempre limita el ejercicio de otros derechos fundamentales; razón por la que, no es admisible la aceptación de su retiro o desistimiento en ninguna etapa. Ahora bien, puntualizado dicho aspecto e ingresando al problema jurídico planteado, se tiene que el impetrante de tutela denuncia como vulnerados sus derechos invocados en esta acción tutelar, alegando que la Vocal demandada, no consideró su recurso de apelación argumentando carencia de expresión de agravios, lo cual conforme el propio contenido del Auto confutado y las grabaciones de la audiencia no sería evidente; no obstante, pese a asumir tal determinación en la última parte de su resolución refirió sin ningún tipo de fundamentación ni motivación que, “NO HAY LESION GROSERA AL AGRAVIO” (sic), dando a entender que estuviera resolviendo alguno, generando con ello incongruencia interna. Al respecto, teniendo presente el contexto de la denuncia, corresponde inicialmente conocer los fundamentos que constituyeron objeto de la apelación por parte del solicitante de tutela, para posteriormente remitirnos al contenido del Auto de Vista cuestionado, con la finalidad de verificar si lo que se alega a través de esta acción tutelar resulta ser o no evidente; teniéndose de acuerdo a los datos que informa el acta de audiencia de apelación, que el apelante identificó como puntos de agravio los siguientes: a) La vulneración al debido proceso en sus elementos “valoración razonada de la prueba”, fundamentación y valoración razonable, ya que en la resolución de aplicación de medidas cautelares se determinó la ausencia del arraigo natural, lo cual –según su criterio‒ devino de un informe ilegal y falso, que respaldaría el fundamento del a quo, respecto a que no contaría con domicilio, razón por la que se incorporaron los numerales 1 y 2 del art. 234 del CPP; y, b) Ausencia de valoración de la Certificación emitida por Migración que da cuenta de la ausencia de flujo migratorio; por lo que, el numeral 2 del artículo de referencia tampoco concurriría, tampoco consideró la situación socioeconómica del imputado y el hecho que podía habitar perfectamente en una vivienda así se trate de una habitación como varias personas así lo hacen, extremo que permitiría que la Jueza de primera instancia deba aceptar “este domicilio” y no realizar observaciones que en su criterio resultan arbitrarios “sumado a la implementación de otros datos también en su criterio que no fueron expresados y que tampoco fueron motivo de análisis en la primera resolución de cesación de detención preventiva, solicitando en concreto se declare la procedencia del recurso de apelación” (sic). Por otro lado, se tiene que, el Auto de Vista confutado en el Considerando III (análisis del caso en concreto), precisó que: 1) Para que el Tribunal de alzada ingrese al análisis necesariamente requiere de la identificación específica de cuáles son los aspectos que se cuestiona del fallo apelado, prueba de ello es que el art. 396.3 del adjetivo penal, incorpora como regla general para la sustanciación del recurso que, el apelante indique, precise o especifique los aspectos cuestionados de la resolución, los que se equiparan en doctrina al agravio, entendido como la lesión a un derecho cometido en una resolución judicial por haberse aplicado inexactamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso, extensible en el sistema procesal penal boliviano, jurisprudencia y sana crítica; por lo que, corresponde expresar cada agravio identificando la parte de la resolución que le causa vulneración, citar el precepto legal violado, la jurisprudencia omitida, el elemento del sistema de la sana crítica inobservado o la valoración de la prueba, los cuales de ser incumplidos impide que el Tribunal ad quem apertura su competencia para verificar aquello que no fue identificado, pues de acuerdo al art. 398 de la norma procesal penal, los Tribunales de alzada centraran sus resoluciones a los aspectos cuestionados; 2) En el caso, conforme lo manifestado en audiencia, si bien el apelante identificó la lesión al debido proceso, la generación del agravio que se vería reflejada en la ausencia de valoración razonable de la prueba, ausencia de fundamentación y motivación razonable; sin embargo, no identificó en qué parte de la resolución constaría estos dos elementos y en cuanto a la valoración razonable de la prueba no mencionó qué elemento de prueba fue valorado fuera de los alcances de la sana crítica, porque no debe olvidarse que cuando se ataca este aspecto, el Tribunal de alzada debe analizar o realizar el control de la logicidad del razonamiento de la autoridad de instancia, con el objeto de verificar el iter lógico expresado en la resolución, y que este se encuentra con las reglas del recto entendimiento humano, si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las reglas de la sana crítica, cuales son la lógica, la experiencia y la psicología, controlando de esta manera que los mismos hayan sido observados en las conclusiones a las que llegó la autoridad de primera instancia; 3) En cuanto a la valoración de la prueba, refirió que las observaciones de la autoridad de instancia, devinieron precisamente de la valoración que efectuó de los datos procesales y de los medios de prueba puestos a su conocimiento, el cual no podía ser considerado como implementación, pues era producto de su labor intelectiva de otorgar valor a un medio de prueba; por lo que, la conclusión cuando se advirtió que no existían los requisitos de habitabilidad necesarios para comprender que una vivienda constituye domicilio o arraigo natural del imputado, no se “ha inobservado” el porqué; es decir qué norma que disposición legal o qué jurisprudencia estaría siendo omitida por la a quo, para emitir esa conclusión producto de la identificación de los elementos que le genera la convicción en sentido negativo de que no existe precisamente esas condiciones de habitabilidad, sumado a ello cuando se ataca la ausencia de fundamentación y motivación razonable no puede perderse de vista que la fundamentación es la identificación de la premisa normativa en la que se sustenta el fallo, teniéndose en el Considerando II la alusión al art. 239.1 del CPP, que fue interpretado con apoyo de la jurisprudencia constitucional y sobre cuya base se realiza y aborda el planteamiento de la parte imputada y la motivación que hace referencia a la serie de razonamiento lógico-jurídico que permiten entender por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa, que en definitiva son estas conclusiones las que debían ser atacadas por el apelante, identificando cual de esos razonamientos son los que en su criterio refleja la generación de un agravio, lo cual no sucedió; por lo que, argüir elementos relativos a su situación socioeconómica, cuando era evidente que el art. 234 del adjetivo penal, refería que las circunstancias señaladas en el numeral 1 del citado artículo se valoran siempre teniendo presente la situación socioeconómica de la persona imputada, y en el caso de no existir derecho propietario, contrato de arrendamiento o anticresis en favor del imputado, sería por sí misma entendida como falta de domicilio o residencia habitual, debido a lo cual, la Jueza a quo no estaría exigiendo la acreditación de un derecho propietario o la presentación de contratos formales de arrendamiento o anticresis, sino observó la carencia de elementos que respaldan la habitabilidad de la vivienda; y, 4) Respecto a la presentación del certificado de migración o cualquier otro medio de prueba que pretenda incorporar la parte imputada, esta debe estar orientada a desvirtuar los supuestos fácticos identificados en la resolución de aplicación de medidas cautelares, no así otros aspectos que no hayan sostenido la construcción de los riesgos de fuga u obstaculización, “bajo esta premisa se advierte no existe los agravios que han sido escuetamente referidos por la parte ahora apelante y mucho menos existe una lesión grosera que permita que este Tribunal ejerza la facultad fiscalizadora excepcional” (sic), pues los razonamientos de la autoridad de instancia fueron correctamente basados en el art. 239.1 del CPP, tomando en cuenta que la jurisprudencia constitucional identifica y resalta que es al imputado a quién le corresponde desvirtuar los fundamentos que motivaron la aplicación de la medida cautelar. Por lo que, declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el hoy accionante; en consecuencia, confirmó la Resolución de 24 de marzo de 2022. Realizado el contraste de ambos aspectos, no se tiene como cierta la denuncia que realiza el impetrante de tutela a través de esta acción tutelar, pues de acuerdo a la ilustración precedente los intelectos realizados por la Vocal demandada explican de manera clara y razonable porqué el recurso de apelación interpuesto por el prenombrado carecía de carga argumentativa y por tanto de inexistencia de agravios, precisando que si bien se había denunciado lesión al debido proceso en torno a la ausencia de fundamentación y motivación razonable, no se había identificado que parte de la resolución adolecería de dichos aspectos; asimismo, hizo hincapié en torno al cuestionamiento relativo a la valoración razonable, señalando que no se habría individualizado que elemento de prueba fue considerado fuera de los marcos de la sana crítica y el recto entendimiento humano, en cuanto a la omisión valorativa sostuvo que no se hizo mención de manera concreta qué pruebas no habrían sido valoradas; sumado a ello, tampoco se había observado qué norma, disposición legal o jurisprudencia estaría siendo soslayada con el entendimiento al que arribó la autoridad a quo respecto a la acreditación de los requisitos de habitabilidad. Aspecto sobre el cual además precisó que al momento de valorar el elemento domicilio –art. 234.1 del adjetivo penal‒ se tenía presente la situación socioeconómica de la persona imputada, en cuyo contexto además aclaró que la inexistencia de derecho propietario, contrato de arrendamiento o anticresis en favor del imputado, era entendida como falta de domicilio o residencia habitual; entendimiento a partir del cual resaltó que, en el caso concreto la Jueza a quo no exigió la acreditación de un derecho propietario o la presentación de contratos formales de arrendamiento o anticresis, sino realizó observaciones en torno a la carencia de elementos que respaldaban la habitabilidad de la vivienda, para finalmente dejar sentado que la prueba que la parte imputada presente – haciendo énfasis en el certificado de migración‒ debía encontrarse orientada a desvirtuar los riesgos procesales en sí mismos no así otros aspectos. En esa misma línea de análisis, corresponde señalar que si bien es evidente que la autoridad demandada después de haber realizado la fundamentación de motivos por los que consideró que no se habría cumplido con la expresión de agravios de manera tal que posibilite un análisis de fondo del Auto de Vista ahora confutado, finalizó señalando: “bajo esta premisa se advierte no existe los agravios que han sido escuetamente referidos por la parte ahora apelante y mucho menos existe una lesión grosera que permita que este Tribunal ejerza la facultad fiscalizadora excepcional” (sic); no obstante, dicho aspecto no constituye de manera alguna un postulado que genere incongruencia como pretende hacer creer el impetrante de tutela, sino más bien resulta una conclusión final respecto de lo analizado (falta de carga argumentativa en cuanto de los agravios planteados). Extremos que evidencian que la Vocal demandada expuso de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, en observancia a los parámetros que hacen el debido proceso establecidos en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional; por lo que, al no resultar evidente lo reclamado por el accionante, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 001/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0643_2023-S4.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8d571858ce64cb0c876ddb2c607e515210a9cc2228a4a0b1709173ff6cbae48d

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