Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la salud, al debido proceso, a la defensa, al trabajo y a la “celeridad”; toda vez que, la Oficial de Diligencias demandada no practicó de forma inmediata la notificación con la determinación del Juez de la causa, respecto a dejar sin efecto la orden de apremio dispuesta en su contra por el pago de asistencia familiar; poniendo en riesgo su libertad física, su trabajo y la posibilidad de obtener recursos para cumplir con dicha obligación y, la manutención de su madre quien se encuentra a su cargo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0643/2023-S2 Sucre, 5 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47204-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Onnasis Michael Molina Saucedo contra Anahi Nadia Alberto Aguilar, Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 20 de abril de 2022, cursante de fs. 4 a 5, el accionante expuso que:
Se tramita en el Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, proceso por asistencia familiar en su contra, dentro del cual, el 14 de abril de 2022, el Juez de la causa emitió la providencia que señaló textualmente “…PONGASE EN CONOCIMIE[N]TO DE LA PARTE CONTRARIA Y DESCUENTESE EL MISMO AL MOMENTO DE DEJARSE SIN EFECTO EL MANDAMIENTO DE APREMIO ORDENADO A FS. 346…” (sic), mismo era importante para su defensa; debido a que, se deja sin efecto el mandamiento de apremio en su contra y era posible, en supuesto de no practicarse la comunicación procesal de forma inmediata, que dicha orden pudiera ser ejecutada; lo que, le imposibilitaría continuar trabajando y pagar la asistencia familiar demandada, y la manutención de su madre a quien tiene a su cargo. El 19 de abril de 2022, solicitó a la Oficial de Diligencias demandada practique la notificación de la providencia indicada con la debida prontitud y de forma inmediata al encontrarse en riesgo su libertad; no obstante, la nombrada le manifestó que no podría realizar la misma sino “hasta la próxima semana”, atentando de esa forma su derecho a la libertad y desconociendo el principio de celeridad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la salud, al debido proceso, a la defensa, al trabajo y a la “celeridad”, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115.II, 116.I, 117.I, 119.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.1, 2 y 3, 8.2, 17.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, conminando a la demandada a practicar la notificación al abogado de la parte contraria en el proceso de asistencia familiar para la devolución del mandamiento de apremio emitido en su contra.
Celebrada la audiencia pública el 21 de abril de 2022, según consta en acta cursante a fs. 16 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó los términos expuestos en su demanda tutelar, y ampliándolos manifestó que: a) Se dejó sin efecto el mandamiento de apremio librado en su contra dentro del proceso de asistencia familiar; b) Para efectivizar dicha orden, era necesaria esa notificación de la disposición judicial; no obstante, la demandada se negó a practicarla de forma inmediata, poniendo en riesgo su libertad física y su derecho al trabajo; c) Si no se proceda con esa diligencia y se ejecuta el mandamiento de aprehensión, se encontraría imposibilitado de trabajar y generar recursos para cancelar la asistencia familiar demandada y mantener a su madre a quien tiene a su cargo; y, d) Corresponde conceder la tutela solicitada y se deje sin efecto el mandamiento de apremio. Ante la consulta del Juez de garantías, precisó que no canceló la totalidad de la asistencia familiar; sin embargo, la liquidación se encontraba en fase de apelación, misma que no pudo ser resuelta debido a la falta de notificaciones.
Anahi Nadia Alberto Aguilar, Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 21 de abril de 2022, cursante a fs. 15 y vta., y en audiencia de garantías manifestó que: 1) El 19 del mismo mes y año, se apersonó al referido Juzgado la abogada del peticionante de tutela requiriendo la notificación de la providencia de 14 del mismo mes y año; por lo que, indicó que la realizaría en el transcurso de ese día; 2) Dicha diligencia no se pudo efectuar, debido a que el expediente de aquella causa fue puesto en despacho; por ello, el 20 del mes y año indicados, se realizó la notificación; y, 3) Se hizo notar que el Juez del mencionado despacho judicial en ningún momento dejó sin efecto el mandamiento de apremio, conforme la provincia de 19 abril de 2022, en la cual expresamente se señaló que: “…‘Se le hace notar al obligado que el juez EN NING[Ú]N MOMENTO DEJ[Ó] SIN EFECTO EL AUTO DE FS. 346 y lo que dispuso en el decreto de fecha 14 de abril de 2020 es que si el dep[ó]sito efectuado por el Sr. Onasis Molina de fs. 366 debería ser descontado al momento de dejarse sin efecto el mandamiento de apremio’…” (sic); por lo que, no existió vulneración a ningún derecho constitucional.
El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 23/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 17 a 18, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante no demostró que la Oficial de Diligencias demandada hubiera limitado, suprimido o conculcado su derecho de libertad, máxime si el Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del citado departamento, el 4 de marzo de 2022, expresamente aclaró a través de providencia que no dejó sin efecto el Auto por el cual se ordenó el apremio del impetrante de tutela; y, ii) La acción de libertad planteada no se ajusta a los alcances del art. 125 de la CPE.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 12 de abril de 2022, ante el Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, el impetrante de tutela adjuntó depósito bancario, mereciendo el decreto de 14 del mismo mes y año, que expresó: “…Arrímese a sus antecedentes el depósito bancario adjunto, póngase en conocimiento de la parte contraria y descuéntese el mismo al momento de dejarse sin efecto el mandamiento de apremio ordenado a fs. 346” (sic [fs. 11 y vta.]). II.2. Cursa providencia de 19 de abril de 2022, dictada por el aludido Juez, quien aclaró que, en ningún momento dejó sin efecto el mandamiento de apremio emitido en contra del peticionante de tutela (fs. 13 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la salud, al debido proceso, a la defensa, al trabajo y a la “celeridad”; toda vez que, la Oficial de Diligencias demandada no practicó de forma inmediata la notificación con la determinación del Juez de la causa, respecto a dejar sin efecto la orden de apremio dispuesta en su contra por el pago de asistencia familiar; poniendo en riesgo su libertad física, su trabajo y la posibilidad de obtener recursos para cumplir con dicha obligación y, la manutención de su madre quien se encuentra a su cargo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SC 0582/2011-R de 3 de mayo, haciendo mención a la SC 0102/2010-R de 10 de mayo, sostuvo que: “…acción de libertad, constituye una garantía instrumental de rango constitucional, que garantiza el ejercicio y respeto del derecho a la libertad personal y de locomoción, inclusive ahora, el derecho a la vida, cuando ésta se encuentra afectada por la restricción o supresión de la libertad, cuya finalidad es hacer frente a una situación de arbitrariedad proveniente de autoridades y/o particulares…”. En el mismo sentido, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (el resaltado es nuestro).
Sobre el referido tema, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, indicó que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus –ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (negrillas añadidas).
El peticionante de tutela interpone la presente acción de libertad manifestando que, se tramita en su contra proceso familiar por asistencia familiar, dentro del cual se dispuso librar mandamiento de apremio para que cancele dicha obligación; sin embargo, la orden hubiera sido dejada sin efecto por providencia de 19 de abril de 2022, misma que para que cause efecto, debe ser notificada de forma inmediata a la partes; empero, la Oficial de Diligencias demandada se negó practicar la comunicación procesal posponiendo su realización en una semana, desconociendo que su libertad física se encuentra en riesgo, y por ello, debe actuar de manera célere e inmediata. Para resolver la problemática planteada, corresponde precisar que la acción de libertad conforme el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se configura para la protección de atentados contra el derecho a la vida, afectación de los derechos tanto a la libertad física y de locomoción, contra actos u omisiones que constituyan procesamiento indebido y aquellos que impliquen persecución de la citada naturaleza. De la misma forma, teniendo en cuenta que el impetrante de tutela identifica su acción de libertad en la modalidad de pronto despacho, se aclara que la misma, según lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, es viable cuando se configuren dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. En ese orden de razonamiento, teniendo en cuenta que el accionante identifica como hecho lesivo la dilación en la comunicación procesal de la notificación con la providencia de 14 de abril de 2022, la cual expresa: “…Arrímese a sus antecedentes el depósito bancario adjunto, póngase en conocimiento de la parte contraria y descuéntese del mismo al momento de dejarse sin efecto el mandamiento de apremio ordenado a fs. 346” (sic [Conclusión II.1]), y que en criterio del peticionante de tutela dejó sin efecto el mandamiento de apremio ordenado en su contra; por lo que, corresponde advertir que el referido decreto en ningún momento dispuso tal situación; es decir, la notificación que se señala debió ser practicada de forma inmediata, no tiene relación de causalidad con el riesgo a la libertad física del solicitante de tutela; toda vez que, se practique o no aquella comunicación procesal, la orden de apremio se encuentra vigente, independiente de la notificación; esta conclusión se encuentra respaldada también por la providencia de 19 del mismo mes y año, en el cual el Juez del proceso familiar en cuestión, aclaró que no dejó sin efecto el aludido mandamiento; debido a que, el mismo esta condicionado al pago de la obligación de asistencia familiar; lo que, conforme a los datos de la citada causa y la declaración del impetrante de tutela no aconteció en la audiencia de garantías (Conclusión II.2); consecuentemente, el acto identificado de lesivo no representa objetivamente una afectación a la libertad física del accionante; en ese entendido, no se encuentra dentro de los alcances de protección de este mecanismo de defensa; bajo el mismo razonamiento, la celeridad de la notificación de la providencia de 19 de abril de 2022, que se reclama, tampoco se constituye una dilación indebida que afecte su libertad física, y que haga viable la concesión de la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho; toda vez que, -se reitera- en ningún momento la autoridad judicial dejó sin efecto el mandamiento de apremio, e independientemente de que se practique la comunicación procesal el apremio ordenado para el cumplimiento de pago de la asistencia familiar, no esta supeditado a la notificación y las actividades que pueda realizar la Oficial de Diligencias demandada, sino al pago de dicha obligación; de ahí que, bajo esas circunstancias tampoco es posible conceder la tutela reclamada en la modalidad de pronto despacho. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0643_2023-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 106f18e819ae37adaf29ce7dfea1b03344facd4b0f73674ec49df5b8eab902cb
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