Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 10 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de impugnación y de legalidad; puesto que, los Vocales hoy accionados, a través del Auto de Vista 482/2022 de 29 de noviembre, declararon inadmisible su recurso de apelación formulado contra el Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022, que anuló obrados; bajo el argumento de que no se presentó dentro del plazo legalmente establecido, sin considerar que contra ese Auto Interlocutorio solicitó aclaración y complementación, emitiéndose el respectivo Auto Complementario de 21 de octubre de igual año, con cuya notificación empezó a correr el plazo para recurrir; por lo que, se cumplió el plazo para plantear el mencionado recurso de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El derecho a la impugnación; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 057/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 69 a 72, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en su elemento de impugnación; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 482/2022 de 29 de noviembre, debiendo los Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitir un nuevo auto de vista conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de legalidad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0642/2025-S1 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 55627-2023-112-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 057/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 69 a 72, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Trifón Jhonny Llave Muñoz contra Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
El accionante por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 49 a 52 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso ejecutivo seguido por Toribio Arturo Villca Mamani contra Dionel Herrera Mamani se emitió la “Sentencia Judicial N° 554/2010”, condenando al ejecutado al pago de la suma de $us13 000.- (trece mil dólares estadounidenses), más intereses legales. Ejecutoriada esa Sentencia en fase de ejecución de la misma, por Auto de 10 de marzo de 2014, se señaló audiencia pública de remate del 50% (cincuenta por ciento) de las acciones del ejecutado -en el bien inmueble embargado-, se dispuso la citación de las acreedoras Miguelina Flores de Aparicio y Aguida Betty Calle Veliz, la referida citación fue publicada mediante aviso de remate. Luego se señaló la segunda audiencia pública de remate; en la cual, se adjudicó el 50% del bien inmueble, registrando su derecho en las Oficinas de Derechos Reales (DD.RR.) el mismo año, siendo legítimo propietario desde esa fecha. Después de ocho años del registro de su derecho de propiedad, Aguida Betty Calle Veliz -hoy tercera interesada-, en colusión con el ejecutado el 24 de marzo de 2022, solicitó nulidad procesal, emitiéndose el Auto Interlocutorio de 2 de septiembre del mismo año; en el que, la Jueza de la causa ordenó que su persona sea notificada de manera personal o en su domicilio real; en ese sentido, se procedió a notificar a todos los sujetos procesales; por lo que, el 13 de octubre del indicado año, solicitó aclaración y complementación de dicho Auto Interlocutorio, que fue admitido sin observación alguna y resuelto por Auto -Complementario- de 21 del referido mes y año, sin expresar ninguna fundamentación y/o motivación sobre su solicitud; en ese sentido, a partir del Auto Complementario de 21 de octubre de 2022, y sus notificaciones, corrió el plazo para recurrir en apelación. Con el Auto Complementario de 21 de octubre de 2022, fue notificado el 26 de igual mes y año; por lo que, el 28 de ese mes y año, formuló recurso de apelación, el cual fue corrido en traslado a las partes procesales por decreto de 31 del referido mes y año, mediante Auto de 11 de noviembre de dicho año, se concedió el mismo ante el Tribunal de alzada, radicando ese recurso en la Sala Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, los Vocales ahora accionados, quienes sin mayores argumentos fácticos, jurídicos y probatorios emitieron el Auto de Vista 482/2022 de 29 de noviembre, declarando inadmisible dicho recurso de apelación con el simple argumento de que no se planteó dentro del plazo establecido por ley, sin considerar que contra el Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022, solicitó aclaración y complementación, y de conformidad a lo establecido por el art. 262.I del Código Procesal Civil (CPC), se cumplió el plazo para formular el mencionado recurso de apelación.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de impugnación y de legalidad; citando al efecto los arts. 24, 115.II, 117, 119, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.2) y 3) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 482/2022 de 29 de noviembre -emitido por los Vocales hoy accionados-; y, b) Se ordene la admisión del recurso de apelación planteado el 28 de octubre de 2022, en la forma y en el fondo del mismo, y sea con las “condonaciones” establecidas por ley.
Celebrada la audiencia pública el 11 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 65 a 68 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Del informe de los Vocales hoy accionados se advierte un acto honesto, al reconocer que hubo una omisión respecto al cómputo de plazos procesales y al enmendar su error, aunque el mismo debió ser durante la tramitación de la causa, no después de interpuesta la acción de defensa que le ocasionó perjuicios; 2) El hecho de no revisar minuciosamente los antecedentes no les exime de responsabilidades; y, 3) Existió un error en cuanto al cómputo de los plazos legales, omitiendo considerar su memorial de aclaración y complementación. Ante la intervención de la ahora tercera interesada, indicó que: i) No tiene legitimación para indicar que existen otros terceros interesados y que debían estar presentes en audiencia, siendo ellos quienes tendrían que activar algún reclamo en la vía que corresponda; ii) Aguida Betty Calle Veliz fue identificada como tercera interesada, al ser quien formuló un incidente de nulidad y no así algún otro acto procesal; por lo que, con el fin de no vulnerar sus derechos, solicitó su notificación en calidad de tercera interesada, a pesar de no tener la condición de sujeto procesal; iii) No existen actos consentidos y no se puede analizar qué tipo de auto es el que fue emitido y si suspendió el plazo para plantear el recurso de apelación, que no fue considerado por el Tribunal de alzada, el cual reconoció honestamente en su informe que no se puede ingresar a realizar un nuevo análisis de los antecedentes del proceso o una nueva revisión; debido a que, el Tribunal de garantías no tiene esa facultad; iv) En cuanto a la solicitud de audiencia de conciliación, es un derecho de su persona y no tiene nada que ver con el recurso de apelación en absoluto y no puede causar ningún efecto legal; v) El consentir un acto, implicaría retirar la presente acción de defensa y señalar que se equivocó, porque acudiría a la conciliación; ese es el mecanismo procesal y ese argumento no tiene ninguna base legal, ni un fundamento para su consideración; y, vi) No se puede generar incertidumbre al denegar la tutela solicitada; debido a que, los Vocales hoy accionados reconocieron que evidentemente cometieron un error; por lo que, se debe conceder la misma en función al reconocimiento efectuado por los miembros del Tribunal de alzada, que deben abrir su competencia e ingresar a analizar el fondo y la forma del recurso de apelación formulado.
Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe presentado el 10 de mayo de 2023, cursante a fs. 63 y vta., manifestaron que por la sobrecarga que tiene la Sala a su cargo, a partir de un error involuntario no se consideró la solicitud del memorial de aclaración y complementación formulado por el accionante contra el Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022, que fue resuelto por Auto de 21 de octubre de ese año, siendo notificado el nombrado con ese último Auto el 26 del citado mes y año, y el recurso de apelación presentado el 28 del referido mes y año, fue planteado dentro del plazo establecido por ley. En ese sentido, solicitan que el Tribunal de garantías proceda conforme a ley.
Aguida Betty Calle Veliz, a través de su abogado, en audiencia, manifestó que: a) Si bien existe una confesión de los Vocales hoy accionados de que no compulsaron un memorial de aclaración y complementación presentado por el accionante; sin embargo, la Sala Constitucional debe velar por el cumplimiento de los requisitos formales de la presente acción de amparo constitucional; debido a que, no se identificó, ni notificó a los terceros interesados Toribio Arturo Villca, Dionel Herrera Mamani y Miguelina Flores de Aparicio, vulnerando sus derechos fundamentales; b) Teniendo en cuenta lo determinado por la SCP 0469/2015-S2 de 7 de mayo; en el presente caso, no es necesario ingresar al fondo -de lo reclamado-; ya que, no se cumplió con el requisito de mencionar a los terceros interesados; c) Ante la carencia de los presupuestos para realizar la interpretación de la legalidad ordinaria, se debe rechazar la acción de defensa planteada, denegando la tutela solicitada; d) No se estableció qué tipo de auto es el que resolvió el incidente de nulidad, si fue un auto interlocutorio simple, motivado o definitivo; y ante esa omisión se tiene que, de acuerdo a lo establecido por el art. 226.III del CPC, se limita la aclaración, enmienda y complementación a las sentencias, autos de vista y autos supremos; y al no identificar el tipo de auto que fue emitido, pretende que sean los Vocales hoy accionados quienes establezcan de qué tipo de auto se trata; e) Si fuera un auto interlocutorio simple, no procede la complementación y enmienda, tampoco interrumpe el plazo para la presentación del recurso de apelación; por lo que, ante la falta de aplicación de ese extremo, no se puede otorgar la tutela solicitada; y, f) Por la copia de un memorial que se presentó y que cursa en el expediente del proceso ejecutivo, se tiene que el accionante, el 28 de marzo de 2023; es decir, mucho tiempo después de que se emitió el Auto de Vista 482/2022, asumió que los autos emitidos fueron correctos, solicitó una audiencia de conciliación para resolver los extremos de cómo recuperar el dinero que invirtió al momento de adjudicarse el bien inmueble rematado; por lo que, la sola solicitud de esa audiencia dio a entender que estuvo de acuerdo con dicho Auto de Vista y ante la existencia de un acto consentido, no corresponde otorgar la tutela solicitada; por lo que, se debe denegar la misma.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 057/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 69 a 72, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 482/2022, debiendo los Vocales hoy accionados emitir un nuevo auto de vista, tomando en cuenta los fundamentos expuestos en esa Resolución, así como todos los antecedentes referidos por el accionante; bajo los siguientes argumentos: 1) Del contenido del Auto de Vista 482/2022 y del informe presentado por los Vocales ahora accionados; en el que, señalan que por un error involuntario no consideraron el memorial de solicitud de aclaración y complementación contra el Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022; se tiene que, en el argumento expuesto en dicho informe, los mencionados Vocales admitieron de manera clara que no consideraron el referido memorial, que el recurso de apelación fue planteado el 28 de octubre del mismo año, y haciendo el cómputo -respectivo- reconocen que ese recurso se formuló dentro del plazo establecido por ley; y, 2) La situación descrita no permite ingresar a otros aspectos; en dicho sentido, al vulnerarse los derechos mencionados por el accionante, se hace atendible la concesión de la tutela solicitada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 24 de marzo de 2022, ante la Jueza Pública Civil y Comercial Quinta de la Capital del departamento de Oruro, Aguida Betty Calle Veliz -hoy tercera interesada- planteó un incidente de nulidad, alegando que dentro del proceso ejecutivo seguido por Toribio Arturo Villca Mamani contra Dionel Herrera Mamani, no fue citada en su calidad de acreedora en dicho proceso, solicitando la nulidad de obrados hasta el Auto de 10 de igual mes de 2014; por el que, se señaló la primera audiencia de remate del bien inmueble de propiedad del ejecutado (fs. 18 a 22). II.2. A través de Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022, emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial Quinta de la Capital del departamento de Oruro, entre otras determinaciones, anuló obrados “hasta fs. 413-413 vlta., inclusive (auto de aprobación del remate)…” (sic [fs. 24 a 27]); con ese Auto Interlocutorio fue notificado Trifón Jhonny Llave Muñoz -ahora accionante-, el 12 de octubre del citado año, y por memorial presentado el 13 de dicho mes y año, solicitó aclaración y complementación del mismo (fs. 30 a 31 vta.), emitiendo la mencionada Jueza el Auto Complementario el 21 del señalado mes y año, disponiendo sin lugar a la complementación y enmienda, debiendo remitirse al Auto Interlocutorio de 2 de septiembre del referido año (fs. 33), siendo notificado el accionante con ese Auto Complementario el 25 de octubre de igual año (fs. 35). II.3. Por memorial presentado el 28 de octubre de 2022, ante la Jueza Pública Civil y Comercial Quinta de la Capital del departamento de Oruro, el accionante formuló recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de igual año, pidiendo, entre otros aspectos, que el mismo sea revocado y se deje sin efecto la nulidad procesal dispuesta, manteniendo incólume los actos procesales anulados (fs. 37 a 39 vta.).
II.4. Cursa Auto de Vista 482/2022 de 29 de noviembre, pronunciado por Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionados-, quienes declararon inadmisible el recurso de apelación planteado por el accionante (fs. 44 a 46 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de impugnación y de legalidad; puesto que, los Vocales hoy accionados, a través del Auto de Vista 482/2022 de 29 de noviembre, declararon inadmisible su recurso de apelación formulado contra el Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022, que anuló obrados; bajo el argumento de que no se presentó dentro del plazo legalmente establecido, sin considerar que contra ese Auto Interlocutorio solicitó aclaración y complementación, emitiéndose el respectivo Auto Complementario de 21 de octubre de igual año, con cuya notificación empezó a correr el plazo para recurrir; por lo que, se cumplió el plazo para plantear el mencionado recurso de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El derecho a la impugnación; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 1853/2013 de 29 de octubre, señala que: “El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180.II, al disponer: ʽSe garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales ʼ, lo que implica que todo procedimiento en el ámbito privado o público, debe prever un mecanismo para recurrir del acto o resolución que se considere lesivo a un derecho o interés legítimo de alguna de las partes a objeto que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, demandado como agravio, en que hubiere incurrido la autoridad pública o privada. Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo” (las negrillas son nuestras). La SCP 0502/2024-S1 de 2 de septiembre, establece que: "…El derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo con el derecho a la defensa y al debido proceso, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8.2 inc. h) de la CADH, habiéndose previsto por el orden constitucional vigente y las leyes que nos rigen, recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, de considerar lesionados sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, pues la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa, así lo señala este Tribunal en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio, entre otras” (las negrillas nos corresponden).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de impugnación y de legalidad; puesto que, los Vocales hoy accionados, a través del Auto de Vista 482/2022 de 29 de noviembre, declararon inadmisible su recurso de apelación formulado contra el Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022, que anuló obrados; bajo el argumento de que no se presentó dentro del plazo legalmente establecido, sin considerar que contra ese Auto Interlocutorio solicitó aclaración y complementación, emitiéndose el respectivo Auto Complementario de 21 de octubre de igual año, con cuya notificación empezó a correr el plazo para recurrir; por lo que, se cumplió el plazo para plantear el mencionado recurso de apelación. De la revisión de antecedentes, se evidencia que dentro del proceso ejecutivo seguido por Toribio Arturo Villca Mamani contra Dionel Herrera Mamani, el accionante se adjudicó el 50% de las acciones del ejecutado sobre el bien inmueble rematado, logrando inscribir su derecho en los registros públicos el 2014, como lo reconoce en su memorial de acción de amparo constitucional.
En ese sentido, el 24 de marzo de 2022, la ahora tercera interesada planteó incidente de nulidad, alegando que no fue citada con el proceso ejecutivo en su calidad de acreedora, solicitando la nulidad de obrados hasta el Auto de 10 de igual mes de 2014; por el que, se señaló la primera audiencia de remate del bien inmueble de propiedad del ejecutado (Conclusión II.1.); dicho incidente fue resuelto por Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022, emitido por la Jueza de la causa, quien entre otras determinaciones, anuló obrados, inclusive hasta la decisión que aprobó el remate; una vez notificado el accionante con ese Auto Interlocutorio el 12 de octubre del referido año, solicitó aclaración y complementación del mismo, emitiéndose el Auto Complementario de 21 de igual mes y año, disponiendo sin lugar a dicha solicitud, siendo notificado el accionante con ese Auto Complementario el 25 del señalado mes y año (Conclusión II.2.); por lo que, el 28 de octubre de 2022, el accionante formuló recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022 (Conclusión II.3.); y una vez, radicados los antecedentes ante la Sala Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, los Vocales hoy accionados pronunciaron el Auto de Vista 482/2022; por el que, declararon inadmisible el mencionado recurso planteado por el accionante, señalando que el nombrado fue notificado el 12 de octubre de 2022, con el Auto Interlocutorio de 2 de septiembre del citado año, formulando recurso de apelación contra ese Auto Interlocutorio el 28 de octubre de igual año; es decir, al décimo segundo día, fuera del plazo de tres días que prevé el art. 262.1 del CPC y de manera extemporánea (Conclusión II.4.). Establecidos los antecedentes procesales, de la problemática identificada en la presente acción de amparo constitucional, se evidencia que el accionante precisa como los actos conculcatorios de su derecho a la impugnación, a las determinaciones asumidas por los Vocales hoy accionados en el Auto de Vista 482/2022, denunciando que dicho Auto de Vista declaró inadmisible su recurso de apelación formulado contra el Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022; argumentando que no se presentó ese medio de impugnación dentro del plazo legalmente establecido, sin considerar que contra ese Auto Interlocutorio solicitó aclaración y complementación, emitiéndose el respectivo Auto Complementario de 21 de octubre de 2022, con cuya notificación empezó a correr el plazo para recurrir; por lo que, se cumplió dicho plazo para formular el mencionado recurso de apelación. Por consiguiente, de los argumentos expuestos por los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 482/2022, al considerar que el accionante fue notificado con el Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022, el 12 de octubre del citado año, y formuló su recurso de apelación el 28 de igual mes y año, recurrió en apelación al décimo segundo día y después de vencido el plazo correspondiente; es decir, de manera extemporánea y fuera del plazo de tres días que prevé el art. 262.1 del CPC; sin embargo, de esas alegaciones se advierte que los Vocales hoy accionados no tomaron en cuenta que luego de que se notificó al accionante con el citado Auto Interlocutorio -de 2 de septiembre de 2022-, solicitó aclaración y complementación del mismo, lo que demuestra que efectivamente los referidos Vocales no tomaron en cuenta esa situación al emitir el citado Auto de Vista, declarando inadmisible el recurso de apelación sin considerar ese mecanismo procesal al momento de realizar el cómputo del plazo para recurrir en apelación; extremo que evidencia la vulneración del derecho a la impugnación en el marco de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, al declararse la inadmisibilidad del referido recurso de apelación, desconociendo los verdaderos antecedentes; aspecto que fue reconocido por los Vocales ahora accionados en su informe presentado dentro de esta acción de defensa, al manifestar que por la sobrecarga procesal, a partir de un error involuntario no se consideró la solicitud del memorial de aclaración y complementación presentado por el accionante, y que el recurso de apelación de 28 de octubre de 2022, fue planteado dentro del plazo establecido por ley. En ese contexto, corresponde conceder la tutela solicitada por el accionante con relación al derecho al debido proceso en su elemento de impugnación; al ser evidente que los Vocales hoy accionados, no consideraron el memorial de aclaración y complementación al momento de realizar el cómputo del plazo para plantear el recurso de apelación, siendo en ese sentido la declaratoria de inadmisibilidad de ese medio de impugnación, una decisión irregular y vulneratoria de ese derecho; por lo que, se debe dejar sin efecto el Auto de Vista 482/2022, y en su lugar emitir uno nuevo que refleje los antecedentes omitidos y precedentemente analizados. Al no fundametar adecuadamente la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de legalidad, por las determinaciones asumidas por los Vocales hoy accionados, no corresponde emitir pronunciamiento alguno al respecto, debiendo denegarse la tutela sobre el mismo. Finalmente, y con relación a los argumentos expuestos por la ahora tercera interesada, es necesario hacer notar que: a) Si bien es evidente que no se identificaron a otros posibles terceros interesados dentro la presente acción de defensa; sin embargo, debido a los aspectos antes analizados y el reconocimiento expreso de parte de los Vocales hoy accionados, de no considerar el memorial de aclaración y complementación, lo que en definitiva afectó el cómputo del plazo para formular el recurso de apelación, y que por ese motivo no correspondía declarar la inadmisibilidad de ese recurso de apelación; no se considera fundamental la participación de otros terceros interesados, dado que su posible intervención no modificará la falta de consideración de dicho memorial y los resultados consiguientes; b) Respecto a que el art. 226.III del CPC limita la aclaración, enmienda y complementación a sentencias, autos de vista y autos supremos; se tiene que la jurisprudencia contenida en la SCP 0621/2024-S3 de 7 de agosto, establece que: “…es admisible la presentación oportuna de la solicitud de aclaración, complementación y enmienda respecto a un auto interlocutorio simple, con la consiguiente suspensión del plazo de la impugnación, en cumplimiento al principio pro actione…” (…) “La jurisprudencia constitucional, con diferentes razonamientos, se pronunció en este sentido, concluyendo textualmente que ‘…contra cualquier determinación judicial se puede pedir aclaración, enmienda y complementación…’”; y, c) Con relación a la solicitud de conciliación efectuada por el accionante. De la lectura de esa solicitud (fs. 61 y vta.) se advierte que el argumento expuesto coincide con el mismo que fue consignado en el recurso de apelación presentado contra el Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022 (fs. 38 vta.); ya que, no se trata de una alegación diferente que demuestre algún acto consentido de su parte a lo dispuesto en el Auto de Vista 482/2022, sino de un similar reclamo que se mantuvo desde que formuló dicho recurso de apelación; por lo que, no resulta evidente que se hubiese dado a entender alguna conformidad con lo establecido en el referido Auto de Vista. Por todo lo expuesto, se evidencian no ser ciertos los reclamos expuestos por la tercera interesada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 057/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 69 a 72, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en su elemento de impugnación; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 482/2022 de 29 de noviembre, debiendo los Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitir un nuevo auto de vista conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de legalidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0642_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): ff1847d112077f3c03640c0ef6ee728d99b312d27837a4aa9702d1547dfc7905
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