B.IA.LEGAL

SCP 0642/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 14 de octubre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
14 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
52654-2023-106-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, habiendo suscrito varios contratos con el GAM de La Paz, representado por la Administración del Bioparque Municipal Vesty Pakos, fue removido de su fuente laboral de manera intempestiva al no haber sido recontratado, hecho que denunció ante la Jefatura del Trabajo de ese departamento, entidad que pronuncio en su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022, que no fue cumplida por su empleador; razones por las que acude a la justicia constitucional, solicitando se ordene a la autoridad demandada el cumplimiento estricto de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022 de 13 de septiembre, dispuesta por el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; 2) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 297/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 91 a 95, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia, se determina: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la entidad demandada proceda al cumplimiento inmediato de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022 de 13 de septiembre, pronunciada por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, en todos sus términos y condiciones, sea en el plazo máximo de veinticuatro horas, a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional, salvo que ya lo hubiere cumplido o en su caso se tenga una resolución en la vía administrativa o laboral que haya dejado sin efecto la citada conminatoria.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0642/2024-S1 Sucre, 14 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 52654-2023-106-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 297/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 91 a 95, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Grover Chávez Quispe contra Hernán Iván Arias Duran, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 22 a 26 vta., el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que ingresó a trabajar de “Guarda Fauna” en el Bioparque Municipal Vesty Pakos, administrado por el GAM de La Paz, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2022, bajo la suscripción de nueve contratos continuos, habiendo permanecido tres años y seis meses en la misma dependencia, realizando labores permanentes y propias de la entidad; empero, sin justificación alguna ni proceso previo fue despedido al no haber sido recontratado. Ante tal agravio, realizó denuncia ante la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, solicitando su reincorporación laboral; instancia administrativa que emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022 de 13 de septiembre, ordenando su inmediata reincorporación, al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y labores que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; determinación que puso en conocimiento de la entidad demandada a través del memorial presentado el 21 de septiembre de 2022, solicitando su cumplimiento;

empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa no existe respuesta alguna y menos acató ni cumplió la misma. Añade que el 7 de octubre de 2022 fue notificado con la Resolución Administrativa (RA) 705-22 de 7 de octubre de 2022, que resuelve rechazar el recurso de revocatoria presentado por el GAM de La Paz, confirmando la Conminatoria impugnada.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela alega como lesionado sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

El accionante solicita se conceda la tutela y se ordene a la autoridad demandada el cumplimiento estricto de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022 de 13 de septiembre, dispuesta por el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional el 1 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 88 a 90 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El demandante de tutela a través de su abogado, ratificó íntegramente en los términos de su demanda tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del GAM de La Paz, a través de su representante legal, presentó informe escrito el 29 de noviembre de 2022, cursante de fs. 80 a 86, señalando lo siguiente: a) Existe un Contrato Eventual Para Personal No Permanente ZO-74/2022 de 1 de febrero, con plazo de vigencia de 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2022, como personal eventual del accionante, en el cargo de “Guardafauna” de la Unidad Desconcentrada Municipal Bioparque Municipal Vesty Pakos, siendo un cargo eventual para personal no permanente; b) El ahora impetrante de tutela no fue despedido ni destituido sino más bien se ha llegado a una conclusión de contrato, y la justificación para su no recontratación se debe a la existencia de informes negativos que recomendaban su alejamiento, tal es el caso de los Informes con CITE: GAMLP/DEESP/UMD-BMVP/CMFS/ROIP/ 05/2022 de 23 de junio y GAMLP/SMGAER/UMD-BMVP/CMFS/ANQ/ 01/2022 de 24 de junio, sobre Evaluación del Personal del Área de Conservación y Manejo de Fauna Silvestre, realizado a raíz de la muerte de noventa y dos animales del zoológico, que concluyó la no contratación del accionante; vale decir, de la Ficha de Evaluación del prenombrado se evidencia que no cumplía con sus responsabilidades, no existía compromiso -en su trabajo- con los animales que necesitaban de su atención, por lo que se dispuso la discontinuidad del contrato, en dicha evaluación no fue el único funcionario valorado y con ese resultado, sino también hubo otros con evaluaciones positivas; por lo que, siendo que los animales son seres vulnerables y merecen diferentes cuidados especiales que conllevan más atención, al ordenar la reincorporación del prenombrado se pone en peligro la vida y bienestar “de estos seres indefensos”; c) La Conminatoria de Reincorporación emitida por la Autoridad del Trabajo no se encuentra fundamentada ni motivada, menos se pronuncia respecto a la normativa especial e interna institucional representada por los arts. 6 del Estatuto del Funcionario Público (EFP); 60 del Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001; y, Decreto Municipal “007” que aprueba el Reglamento para la Contratación de Personal del GAM de La Paz; en consecuencia, el impetrante de tutela no está sujeto a la Ley General del Trabajo por tanto no le asiste el derecho a la estabilidad laboral, menos se encuentra sujeto a las excepciones como inamovilidad laboral por paternidad o discapacidad; siendo que los contratos suscritos con el prenombrado se rigen por las disposiciones del sector público; d) La orden de pago de sueldos y salarios devengados en favor del demandante de tutela implicaría un grave daño económico al Bioparque Municipal mencionado y además que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no se encuentra habilitado para establecer los mismos, esto en observancia del art. 73.8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y la SCP 0083/2014-S3 de 27de noviembre; y, e) La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 -Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales-, cuya aplicación se materializa mediante la Resolución Ministerial (RM) “137/22” -siendo correcto 1377/22- de 1 de noviembre de 2022, establece los criterios de readecuación de la norma vigente, toda vez que el DS 0495 de 1 de mayo de 2010 -que instruía al trabajador recurrir a la acción de amparo constitucional o al juez en materia laboral-, quedó formalmente derogado, instituyendo nuevos parámetros, como ser: “2. En trámites de Acción de Amparo Constitucional (…) bajo el principio de legalidad, las SALAS CONSTITUCIONALES DEBERÁN DERIVAR ANTECEDENTES ANTE EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y/O EN SU DEFECTO POR COMPETENCIA AL JUEZ DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA QUE TRAMITE EL PROCESO SUMARÍSIMO EMITIENDO LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO” (sic); por consiguiente, en cumplimiento de la subsidiariedad corresponde declinar competencia ante el juez del trabajo, solicitando se deniegue la tutela pretendida. En audiencia reiteró los argumentos de su informe escrito, añadiendo que: La SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio contiene precedente jurídico respecto a la suscripción de contratos sucesivos de trabajo en el sector público en base a la normativa que rige este sector, que no da lugar a que opere la conversión de los contratos de plazo fijo a contratos indefinidos.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 297/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 91 a 95, concedió -en parte- la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada se sirva dar estricto cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022; y, con relación a los salarios devengados y otros, una vez que retorne de su revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se dispondrá lo que en derecho corresponda conforme a Ley. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) El objeto de la acción de amparo constitucional se traduce en el cumplimiento de la Conminatoria, por lo cual corresponde al “Tribunal de garantías” referirse a los entendimientos asumidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional así como al estándar de protección más alto en relación al derecho al trabajo vinculado con decisiones que asumen las Jefaturas del Trabajo, así, la SC 0177/2012 de 14 de mayo, estableció “…la protección a las conminatorias de reincorporación laboral…” (sic) que fue consolidada por las SSCCPP 0015/2018-S4 de 23 de febrero y 0058/2018-S3 de 19 de marzo, que efectuaron reconducción de la línea jurisprudencial en el entendido que a la jurisdicción constitucional no le corresponde efectuar un análisis de mérito en cuanto a la determinación que asumen las Jefaturas del Trabajo; y luego, el mencionado Tribunal en su Sala Plena, a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio unificó la línea jurisprudencial de los precedentes jurisprudenciales emitidos por sus diferentes Salas, con relación al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, denunciada a través de la acción de amparo constitucional, de ahí que: 1.i) La activación de los recursos administrativos en el presente caso no suspende el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral; 1.ii) En cuanto a la suscripción de varios contratos sucesivos por el accionante y la entidad demandada, que constituyen contratos a plazo fijo determinándolos eventuales, no se puede efectuar un análisis sobre la calidad y condición de los contratos suscritos, aspecto que corresponde ser conocido por la autoridad jurisdiccional laboral; y, 1.iii) Respecto a los argumentos de la entidad demandada sobre la existencia de informes negativos que recomiendan el alejamiento del área de conservación del accionante, estos no pueden ser evaluados, toda vez que el objeto de la acción de amparo constitucional no se trata de un proceso administrativo sancionador que hubiera iniciado el GAM de La Paz; y, 2) En cuanto al cumplimiento de la Ley 1468 y su Protocolo y, que esta Sala Constitucional debe derivar antecedentes conforme a dicha normativa al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social y/o en su defecto por competencia al Juez del Trabajo para que tramite el proceso sumario, emitiendo la correspondiente resolución de cumplimiento; sin embargo, conforme a la fecha de sorteo mediante Número de Registro Judicial (NUREJ), se establece que la presente acción fue recibida el 21 de octubre de 2022 y la Conminatoria es de 13 de septiembre de igual año; antes de entrar en vigencia la Ley 1468.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Constan Contratos de Trabajo a Plazo Fijo: a) ZO-043/2019 de 31 de diciembre de “2018”, con vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; b) ZO-013/2020 de 31 de diciembre de “2019” con vigencia desde el 1 de enero al 31 de julio de 2020; c) ZO-068/2020 de 1 de agosto, con vigencia desde el 1 de agosto al 31 de octubre de 2020; d) ZO-083/2020 de 1 de noviembre, con vigencia desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020; e) ZO-020/2021 de 31 de diciembre de “2020”, con vigencia desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2021; f) ZO-048/2021 de 1 de septiembre, con vigencia desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2021; g) ZO-74/2021 de 5 de noviembre, con vigencia desde el 5 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021; h) ZO-09/2022 de 31 de diciembre de “2021”, con vigencia desde el 1 al 31 de enero de 2022; e, i) ZO-61/2022 de 1 de febrero, con vigencia desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2022; todos suscritos por el GAM de La Paz, representado por la Administración del Bioparque Municipal Vesty Pakos y Franz Grover Chávez Quispe -ahora accionante-, como empleado municipal eventual en el cargo de “Guarda Fauna” (fs. 13 a 21). II.2. Mediante carta presentada el 17 de agosto de 2022, el ahora accionante se dirigió a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, denunciando que el 30 de junio de ese año, concluyó su contrato -con la entidad demandada- “y ese mismo día, me comunican que no iban a recontratarme sin darme los motivos” (sic), solicitando su reincorporación y -el pago- de derechos laborales y sociales que correspondan (fs. 12). II.3. Cursa Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022 de 13 de septiembre, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, por la que conminó la inmediata reincorporación del trabajador Franz Grover Chávez Quispe, ahora impetrante de tutela, al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, es decir, como “Guarda Fauna” en el Bioparque Municipal Vesty Pakos, administrado por el GAM de La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su reincorporación; determinación notificada al empleador el 21 de septiembre de 2022, conforme desprende el cargo de recepción (fs. 4 a 7). II.4. Se tiene la RA 705-22 de 7 de octubre de 2022 por la cual el Jefe Departamental del Trabajo de La Paz, resolviendo el recurso de revocatoria interpuesto por el GAM de La Paz, RECHAZÓ el mismo y CONFIRMÓ la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022 (fs. 9 a 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, habiendo suscrito varios contratos con el GAM de La Paz, representado por la Administración del Bioparque Municipal Vesty Pakos, fue removido de su fuente laboral de manera intempestiva al no haber sido recontratado, hecho que denunció ante la Jefatura del Trabajo de ese departamento, entidad que pronuncio en su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022, que no fue cumplida por su empleador; razones por las que acude a la justicia constitucional, solicitando se ordene a la autoridad demandada el cumplimiento estricto de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022 de 13 de septiembre, dispuesta por el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; 2) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0206/2021-S1 de 25 de junio, reiterada por la SCP 0269/2021-S1 de 21 de julio, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: En todos los casos en los que se denunciaron despidos ilegales, como el incumplimiento de las Resoluciones de Conminatoria de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, este despacho siempre tuvo como uno de sus principales objetivos el tratar de materializar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, disponiendo el cumplimento integral de las conminatorias de reincorporación laboral, que se vieron reflejados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0016/2018-S2 de 28 de febrero, 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, 0985/2019-S2 de 21 de octubre (cumplimiento integral de conminatoria), como también en los Votos Disidentes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/2018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-S2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre, entre otras. Lo que implica que siempre hubo una actitud consecuente sobre la necesidad de tutelar los derechos de estabilidad laboral y al trabajo, mediante la aplicación del estándar más alto de protección tal y como lo estableció la SCP 0814/2018-S2, que sistematizó y contextualizó la línea jurisprudencial sobre este tema en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2. Posteriormente, con el objeto de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Constitución Política del Estado, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sala Plena, a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:

1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:

1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación; 1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional

-abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador; 1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; 1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada, aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, 1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso:

UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:

1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones… (negrillas agregadas). La Resolución de Doctrina Constitucional ratificó las líneas jurisprudenciales garantistas emitidas por este despacho por medio de sus Sentencias y Votos Disidentes, precitados anteriormente, lo que implica que la unificación de jurisprudencia vincula al mismo Tribunal Constitucional Plurinacional a materializar los derechos fundamentales de los trabajadores, aplicando los entendimientos más favorables y con el estándar más alto de protección, reconociendo que estos derechos tienen un carácter progresivo en su protección e implementación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, principios que no tienen un techo en su aplicación y que siempre se buscará la manera más efectiva de tutelar los derechos fundamentales.

III.2. Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral

El Voto Disidente de la SCP 0123/2018-S2 de 16 de abril, reiterado posteriormente por la SCP 0160/2020-S1 de 27 de julio, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: El 1 de mayo de 2006 se dictó el DS 28699, que en sus arts. 10 y 11, establece la posibilidad que cualquier persona que se encuentre sometida al régimen laboral y crea que fue injustamente despedida o alejada de su fuente laboral -salvo las causas de despido previstas por el art. 16 de la LGT-, pueda acudir ante el ahora Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reclamando su derecho a la estabilidad laboral o el pago de beneficios sociales; en contraposición al derogado art. 55 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, que permitía libremente rescindir los contratos de trabajo. Posteriormente, el 1 de mayo de 2010, se emitió el DS 0495, que en su Artículo Único modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 28699, señalando:

En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo (las negrillas son nuestras). Además, incluyó los parágrafos IV y V, con los siguientes textos: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (únicamente) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución”; se aclara que la palabra únicamente fue declarada inconstitucional por la SCP 0591/2012 de 20 de julio. Por su parte, el parágrafo V indica: “V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral” (las negrillas de ambos textos normativos son incorporadas); se entiende que esto ocurre en la fase de la conminatoria. Por su parte, la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la aplicación del DS 0495, en su art. 3 refiere:

ARTÍCULO 3.- (Acciones Constitucionales). Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral (las negrillas son incorporadas). Vale decir, que ante la inobservancia del plazo para que un empleador ejecute una resolución de reincorporación de un trabajador a su fuente laboral, éste último puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional, en procura de la reparación de los derechos que considere afectados. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; efectivamente, la señalada SCP 0177/2012, tuvo el siguiente razonamiento en el Fundamento Jurídico III.3:

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional solo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. 3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral (las negrillas nos corresponden). Por lo referido, las conminatorias de reincorporación emitidas por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, deben ser cumplidas de manera obligatoria, sin perjuicio que puedan ser impugnadas por el empleador o parte patronal en la vía administrativa o judicial; no obstante, mientras se suscite dicho aspecto, la conminatoria pronunciada debe ser ejecutada con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los trabajadores, otorgándoles seguridad jurídica y estabilidad laboral, siendo posible en caso de inobservancia, la formulación de una acción de amparo constitucional, para la restitución de los derechos lesionados. Por otra parte, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunciaba sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la SCP 0177/2012, aprobó la resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la SCP 1608/2012 de 24 de septiembre, entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispuso la cancelación de sueldos devengados. No obstante, lo anotado precedentemente, la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, refirió que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, bajo el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que fue reiterado por la SCP 1130/2017-S3 de 31 de octubre, entre otras. Al respecto, posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, entre ellas, la SCP 0016/2018-S2 y la SCP 0028/2018-S2, ambas de 28 de febrero, confirmaron las Resoluciones emitidas por los Tribunales de garantías que concedieron la tutela y dispusieron la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, ambas de 15 de marzo, hizo extensiva la tutela al pago de sueldos devengados y beneficios sociales, que la ley establece desde el día de su desvinculación ilegal. Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse que una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE), es su progresividad, que implica, por una parte; que los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, no son un catálogo cerrado, sino que, de manera permanente se amplían en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprende de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la referida CPE.

Por otra parte, el principio de progresividad, supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas, lo que significa que, en materia de Derechos Humanos, no corresponde la regresividad, es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos. El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2491/2012, 0210/2013, 1617/2013, entre muchas otras. Así en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló que el principio de progresividad establece la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de Derechos Humanos, en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-. Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituye una afectación al principio de progresividad. En el marco del principio de progresividad, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; metodología, que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior-que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Conforme a lo anotado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe señalar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012, 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia del derecho al trabajo, estabilidad laboral y el derecho a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán sobre la base de los principios de, entre otros, protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Cabe aclarar, que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como lo indicó la jurisprudencia constitucional, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela. Por otra parte, las citadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, se pronuncian sobre los sueldos devengados y otros beneficios, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o la garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece que: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; norma constitucional que es coherente con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, y en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad- que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene varios elementos. Así, para la Corte IDH, la reparación supone la restitución integral del derecho que fue vulnerado, es decir, el restablecimiento del derecho a la situación anterior a su violación; pero también implica la adopción de otras medidas como la indemnización, que es la reparación por daños materiales físicos o mentales, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso; la rehabilitación, en los casos que corresponda, comprendiendo la atención médica y psicosocial requerida; la satisfacción pública, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad; y, las garantías de no repetición, que tienen por objeto adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de las vulneraciones a derechos. Entonces, a partir de todo lo desarrollado, se tienen las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo:

i) Procede la acción tutelar de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa; ii) La competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajador; y, iii) La concesión de la tutela supone la adopción de medidas de reparación como la indemnización, en concreto, tratándose de incumplimiento de conminatoria de reincorporación, la cancelación de los sueldos devengados desde la desvinculación ilegal constatada por la autoridad de trabajo y demás beneficios sociales que le correspondan al trabajador.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, existiendo una relación laboral con el GAM de La Paz, a través de la Administración del Bioparque Municipal Vesty Pakos -entidad municipal demandada-, fue retirado de su fuente de trabajo de manera injustificada al no haber sido recontratado, motivo por el cual acudió ante la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, pronunciándose en su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022, que ordenó su inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, más el pago de sus salarios devengados y otros derechos; no obstante, el demandado, a pesar de haber sido legalmente notificado con dicha Resolución, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar, no cumplió la misma. Previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, corresponde pronunciarse en cuanto al presunto incumplimiento del principio de subsidiariedad alegado por la autoridad demandada por la “readecuación de la norma vigente”, al respecto cabe aclarar que la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 -Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales-, vigente a la fecha de emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no es aplicable al caso concreto, puesto que la referida norma ingresó en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2022; y, el accionante acudió a la instancia administrativa el 17 de agosto de ese año -conforme desprende la carta descrita en la Conclusión II.2- y la Conminatoria que ordena su reincorporación, fue pronunciada el 13 de septiembre de igual año; es decir, fue emitida con anterioridad a la vigencia de la citada Ley 1468, debiendo aplicarse en consecuencia el procedimiento anterior, bajo el marco de lo previsto por la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021. Ahora bien, de acuerdo a los datos adjuntos al expediente, se evidencia que el accionante y el GAM de La Paz, representado por la Administración del Bioparque Municipal Vesty Pakos, suscribieron los Contratos de Trabajo a Plazo Fijo descritos a continuación: i) ZO-043/2019 de 31 de diciembre de “2018”, con vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; ii) ZO-013/2020 de 31 de diciembre de “2019” con vigencia desde el 1 de enero al 31 de julio de 2020; iii) ZO-068/2020 de 1 de agosto, con vigencia desde el 1 de agosto al 31 de octubre de 2020; iv) ZO-083/2020 de 1 de noviembre, con vigencia desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020; v) ZO-020/2021 de 31 de diciembre de “2020”, con vigencia desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2021; vi) ZO-048/2021 de 1 de septiembre, con vigencia desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2021; vii) ZO-74/2021 de 5 de noviembre, con vigencia desde el 5 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021; viii) ZO-09/2022 de 31 de diciembre de “2021”, con vigencia desde el 1 al 31 de enero de 2022; y, ix) ZO-61/2022 de 1 de febrero, este último con vigencia desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2022 -fecha que el impetrante de tutela refiere haber sido despedido sin justificación alguna-para ejercer el cargo de “Guarda Fauna” (Conclusión II.1). Ante esa situación, el prenombrado acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz denunciando su retiro injustificado, instancia que luego del trámite correspondiente emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022, por la que ordenó la inmediata reincorporación del impetrante de tutela, al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, es decir, como “Guarda Fauna” en el Bioparque Municipal Vesty Pakos, administrado por el GAM de La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su reincorporación; decisión que fue notificada a la entidad ahora demandada el 21 de septiembre de 2022, conforme desprende el cargo de recepción (Conclusión II.3). No obstante, pese a tener conocimiento de dicha determinación, la entidad demandada, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar -21 de octubre de 2022- no procedió a la reincorporación laboral ordenada, extremo reconocido en su informe escrito de 29 de noviembre de igual año y en audiencia de consideración de esta acción tutelar, bajo el argumento que el accionante no cumple con el perfil requerido para el cargo de “Guarda Fauna”; es decir, que no muestra compromiso con el cuidado de los animales que están a su cargo, entre otros; interponiendo en su lugar, recurso de revocatoria contra la Conminatoria descrita supra, que fue resuelto con la emisión de la RA 705-22 por la cual el Jefe Departamental del Trabajo de La Paz, RECHAZÓ el recurso y CONFIRMÓ la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022 (Conclusión II.4). De acuerdo a dichos extremos, se concluye que la parte demandada, no cumplió con la citada Conminatoria de Reincorporación Laboral, objeto de la presente acción de defensa, inobservando las disposiciones constitucionales y legales, ocasionando que el accionante acuda a la justicia constitucional, que, conforme el entendimiento del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, tiene como competencia, limitarse únicamente a verificar el incumplimiento de la Conminatoria, sin que le corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación, conforme a la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, que vincula a éste Tribunal, a unificar criterios sobre todos los casos en los que se denuncie el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, correspondiendo entonces verificar su emisión, notificación al empleador y su incumplimiento, debiendo en esa circunstancia disponer el cumplimento integral de la conminatoria de reincorporación laboral, sin omitir ninguna de sus determinaciones. En ese entendido, en el presente caso, es pertinente conceder la tutela solicitada y disponer el cumplimiento inmediato de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022, pronunciada por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, en los términos resueltos, es decir, la reincorporación del accionante, el pago de sueldos devengados y la reposición de todos sus derechos laborales y sociales afectados. Finalmente, es preciso remitirnos al informe presentado por la autoridad demandada que pidió denegar la tutela, por considerar que la Conminatoria de Reincorporación pronunciada por la autoridad administrativa no se encuentra fundamentada ni motivada, al no haber tomado en cuenta la normativa especial e interna institucional y el precedente establecido en la SCP 0562/2017-S2 que establece que en las instituciones públicas no opera la conversión de contratos a plazo fijo por indefinidos, por cuanto la tácita reconducción se aplica al sector privado que está amparado en la Ley General del Trabajo y no procede para el sector público; con lo que argumenta que el trabajador no fue despedido ni destituido sino más bien se ha llegado a una conclusión de su contrato. Al respecto corresponde señalar que la entidad demandada no consideró que dichos entendimientos fueron superados a partir de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, emitida por Sala Plena de este Tribunal, que concluyó que ante la denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, a la jurisdicción constitucional estrictamente le corresponde velar por el cumplimiento de dicha conminatoria, encontrándose “…imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria”; jurisdicción ordinaria laboral que puede ser activada por el empleador -para cuestionar lo dispuesto en la Conminatoria de referencia- con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación del trabajador. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder -en parte- la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 297/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 91 a 95, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia, se determina: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la entidad demandada proceda al cumplimiento inmediato de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 353/2022 de 13 de septiembre, pronunciada por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, en todos sus términos y condiciones, sea en el plazo máximo de veinticuatro horas, a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional, salvo que ya lo hubiere cumplido o en su caso se tenga una resolución en la vía administrativa o laboral que haya dejado sin efecto la citada conminatoria. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.4, señala: “… cuando el DS 0495 y la RM 868/10, disponen una única instancia para resolver administrativamente la reincorporación del trabajador, afectan el derecho al debido proceso en su elemento de acceso a una segunda instancia, de las partes que acceden a este mecanismo de resolución de conflictos, que pueden ser el trabajador como el empleador, debiendo por ello expulsarlas del ordenamiento jurídico, para que en aplicación del debido proceso consagrado por el art. 115.II de la CPE, las partes tengan acceso a una segunda instancia administrativa en reclamo de la conminatoria a la reincorporación, sin perjuicio de la vía judicial”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0642_2024-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 486dd1a361cc9a51907d8e29fe7f7cc1c9f20d50be3be0a137d6ba50e91da87f

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