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SCP 0642/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de julio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47174-2022-95-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, de los principios de celeridad e igualdad; toda vez que, Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 03/2022 de 31 de enero, negándole la cesación de la detención preventiva; por tal razón, decidió impugnar esa determinación; sin embargo, hasta la presentación de este mecanismo constitucional dicha impugnación no fue remitida en alzada, siendo presuntamente responsables también el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento y la Encargada Distrital La Paz del Consejo de la Magistratura al no viabilizar el reemplazo de dicha Jueza; ya que, se encontraba suspendida, así como, del personal de apoyo judicial; y por otro lado, Luis Gonzalo Yépez Portugal, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del indicado departamento -quien fue designado como suplente-, aducía que no podía ingresar al despacho de la mencionada Jueza por no contar con las llaves donde aparentemente se encontraría el expediente; por tales razones su recurso de apelación no siguió su cauce normal estando pendiente de revisión su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 22/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 41 a 45, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con relación a Luis Gonzalo Yépez Portugal, Juez de Sentencia Penal Primero; y, Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera, ambos de la Capital del departamento de La Paz, a quienes se llama la atención severamente por la demora innecesaria en la remisión de la apelación incidental del 31 de enero de 2022, formulado por el accionante; y, 2° DENEGAR la tutela, respecto a Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui, Encargada Distrital La Paz del Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. De la acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0642/2023-S2 Sucre, 5 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47174-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 22/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 41 a 45, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio García Borda en representación sin mandato de Marco Huanca Vargas contra Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui, Encargada Distrital La Paz del Consejo de la Magistratura; Luis Gonzalo Yépez Portugal, Juez de Sentencia Penal Primero; y, Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera ambos de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de abril de 2022, cursante de fs. 1 a 2 vta., el accionante a través de su representante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, solicitó cesación de la detención preventiva; pretensión que fue rechazada; por ello, formuló recurso de apelación incidental; sin embargo, dicha impugnación transcurridos dos meses no fue remitida, con la excusa de que el expediente estaría en el despacho de la Jueza de la causa y aparentemente el suplente no podía ingresar; asimismo, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz “…TAMPÓCO DA FACULTAD PARA LA SUPLENCIA…” (sic); por su parte, el “…CONSEJO NO HACE NADA…”(sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, de los principios de celeridad e igualdad, citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, ordenando se remita dentro de las veinticuatro horas su apelación incidental, así como, se envié antecedentes al Ministerio Público para una investigación.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 38 a 40 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido del memorial de la acción de libertad y ampliándolo señaló que: a) El 18 de febrero de 2022, Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -codemandada-, celebró audiencia de cesación de la detención preventiva; negada tal pretensión interpuso apelación incidental; conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, contaba con tres días para la remisión de la misma, que no se cumplió; b) La referida autoridad una vez notificada con este mecanismo constitucional recién efectuó el envió de su impugnación y los antecedentes en original; y, c) En diversas ocasiones se apersonó a la oficina de Luis Gonzalo Yépez Portugal, Juez de Sentencia Penal Primero de la referida Capital y departamento -codemandado-, quien fungía como suplente de la citada Jueza, ante quien puso en conocimiento la falta de atención a su recurso formulado, obteniendo como respuesta que no contaba con acceso al despacho de la aludida al no tener las llaves.

I.2.2. Informe de los demandados

Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 22 de abril de 2022, cursante a fs. 10 y vta., sostuvo que: 1) En la presidencia a su cargo no se vulneraron los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal o de circulación; tampoco se estaba persiguiendo, deteniendo o procesando indebidamente al accionante; 2) Carece de legitimidad pasiva; ya que, en esta acción de defensa, no existe justificación procesal constitucional adecuada, en que se fundamente cómo lesionados los derechos constitucionales del peticionante de tutela; y, 3) En virtud al art. 52 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determinó la suplencia de la Jueza codemandada, en mérito a la suspensión de esa autoridad dispuesta por Memorándum 513/2022/P.-TDJ de 21 de marzo, designando suplente al Juez codemandado, desde el 21 de marzo al 20 de abril de ese año, para que dé continuidad al desarrollo de los procesos que cursan en aquel despacho. Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui, Encargada Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura a través de informe escrito de 22 de abril de 2022, cursante de fs. 27 a 28, y en audiencia de garantías indicó que: i) En la dependencia que dirige no existía registros de nota, queja o denuncia efectuada por el solicitante de tutela contra la Jueza codemandada, ni personal a cargo de la misma; ii) La referida autoridad contaba con dos suspensiones mediante Memorándums CMLP/URH/SD 23/2022 de 18 de febrero, del 21 del indicado mes al 20 de marzo de igual año; y, CMLP/URH/SD 31/2022 de 17 de marzo, del 21 de igual mes al 20 de abril del señalado año; por lo cual, estaba vigente la suplencia de otro juez, siendo además responsabilidad de los funcionarios de apoyo judicial la remisión de antecedentes al tribunal de alzada; iii) La instancia que regenta, efectúa diferentes actividades descritas por el art. 193 de la CPE, mismas que son distintas a las jurisdiccionales; y, iv) No cuenta con facultad para remitir documentación de un juzgado a otro. Luis Gonzalo Yépez Portugal, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, por escrito desplegado el 22 de abril de 2022, cursante a fs. 15, manifestó que: a) Estuvo en suplencia del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la misma Capital y departamento, hasta el 21 del indicado mes y año; b) El 20 del señalado mes y año, Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del referido Juzgado, le informó que pudieron ubicar el proceso penal signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 20300975; y, c) El 22 del mencionado mes y año, personal de apoyo del merituado despacho remitió aquella causa ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, aclarando que desconocía los motivos de la dilación; puesto que, los anteriores cuatro secretarios renunciaron a sus funciones. Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 22 de abril de 2022, cursante de fs. 22 a 23, y en audiencia de garantías indicó que: 1) Retornó a sus funciones el 21 del señalado mes y año; ya que, estuvo cumpliendo una injusta sanción disciplinaria; 2) Era cierto que celebró el verificativo de cesación de la detención preventiva del peticionante de tutela, quien impugno su decisión; empero, el anterior secretario de su despacho no labró el acta correspondiente; por ello, tal diligencia no pudo ser cumplida; y, 3) El art. 56 del CPP, establece las funciones y deberes del secretario entre las que se encuentra la redacción de actas. En audiencia de garantías se otorgó la palabra a Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del precitado Juzgado, quien si bien no fue demandada a petición del Juez de garantías aclaró que el Auto Interlocutorio 03/2022 que negó la cesación de la detención preventiva fue emitido el 31 de enero de 2022.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 22/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 41 a 45, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Se adjuntó nota recepcionada la supra mencionada fecha de remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada para resolver la apelación incidental formulada por el peticionante de tutela contra el Auto Interlocutorio 03/2022; y, ii) Conforme la SCP 0444/2020-S3 de 2 de septiembre, es previsible la improcedencia de esta acción de defensa por sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal cuando los hechos que la originaron hubieran cesado por corrección o subsanación de la situación fáctica que generó la presunta lesión.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 03/2022 de 31 de enero, Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -codemandada-negó la solicitud de cesación de la detención preventiva de Marco Huanca Vargas -accionante- (fs. 16 a 17 vta.). II.2. Consta Memorándum CMLP/URH/SD 23/2022 de 18 de febrero, expedido por Denis Vidal Claros, Encargado de Recursos Humanos (RR.HH.) de la Oficina Departamental La Paz del Consejo de la Magistratura, comunicando la suspensión del ejercicio de funciones a la citada Jueza, desde el 21 de mismo mes hasta el 20 de marzo del indicado año (fs. 33). II.3. Por Memorándum CMLP/URH/SD 31/2022 de 17 de marzo, el mencionado funcionario, puso a conocimiento de una nueva suspensión del ejercicio de funciones a la aludida a computarse del 21 del señalado mes, hasta el 20 de abril del indicado año (fs. 32). II.4. A través de Memorándum 513/2022/P.-TDJ de 21 de marzo, Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandado-, designó a Luis Gonzalo Yépez Portugal, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del referido departamento -codemandado-, en suplencia de la Jueza codemandada desde la referida fecha al 20 de abril del señalado año (fs. 14). II.5. Cursa nota recepcionada el 22 de abril de 2022, firmada por Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz; por el cual, remite los antecedentes a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, para que resuelva la apelación incidental formulada por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 03/2022 (fs. 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, de los principios de celeridad e igualdad; toda vez que, Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 03/2022 de 31 de enero, negándole la cesación de la detención preventiva; por tal razón, decidió impugnar esa determinación; sin embargo, hasta la presentación de este mecanismo constitucional dicha impugnación no fue remitida en alzada, siendo presuntamente responsables también el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento y la Encargada Distrital La Paz del Consejo de la Magistratura al no viabilizar el reemplazo de dicha Jueza; ya que, se encontraba suspendida, así como, del personal de apoyo judicial; y por otro lado, Luis Gonzalo Yépez Portugal, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del indicado departamento -quien fue designado como suplente-, aducía que no podía ingresar al despacho de la mencionada Jueza por no contar con las llaves donde aparentemente se encontraría el expediente; por tales razones su recurso de apelación no siguió su cauce normal estando pendiente de revisión su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció lo siguiente: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En lo concerniente a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus –ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”.

III.2. De la acción de libertad innovativa

La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, precisó que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aún cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada’. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, mas al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) ‘…la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. (…) De lo señalado, queda en evidencia que el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de detenciones ilegales es el producto de una interpretación garantista de la naturaleza de la acción de libertad; sin embargo, esto no debe ser en ningún caso óbice para que este razonamiento pueda ser también aplicado a otras modalidades protectivas de la acción de libertad, como el caso de la persecución indebida, la cual al igual que la detención puede haber cesado; empero, la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad fue consumada, por ello a efectos de determinar la responsabilidad del caso, y de construir una matriz jurisprudencial preventiva de la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá también en estos casos pronunciarse en el fondo de la problemática a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades’. Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. (…) En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes que cursan en esta acción de defensa, consta Auto Interlocutorio 03/2022 de 31 de enero, pronunciado por Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -codemandada-, quien negó la solicitud de cesación de la detención preventiva de Marco Huanca Vargas -accionante- (Conclusión II.1); de otra parte, se tienen los Memorándums CMLP/URH/SD 23/2022 de 18 de febrero y CMLP/URH/SD 31/2022 de 17 de marzo, de suspensión de funciones de la prenombrada por los periodos del 21 de febrero al 20 de marzo y 21 del indicado mes al 20 de abril del 2022, respectivamente (Conclusiones II.2 y 3); asimismo, a través de Memorándum 513/2022/P.-TDJ de 21 de marzo, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento -demandado-, designó al Juez de Sentencia Penal Primero de la citada Capital y departamento -codemandado-, en suplencia de la codemandada desde el 21 de marzo al 20 de abril del señalado año (Conclusión II.4); finalmente, consta nota recepcionada el 22 de similar mes y año, firmada por Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Primero de la referida Capital y departamento, de remisión de los antecedentes a la Sala Penal Primera del aludido Tribunal Departamental de Justicia; para que, resuelvan la apelación incidental formulada por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 03/2022 (Conclusión II.5). Ahora bien, la problemática planteada radica en la demora incurrida en la remisión de los antecedentes para dilucidar el recurso de apelación incidental formulada por el peticionante de tutela, contra el Auto Interlocutorio 03/2022, impidiendo de esa manera que la situación jurídica del aludido sea revisada; alegando por ello que se hubiera lesionado sus derechos a la libertad y al debido proceso; así como, de los principios de celeridad e igualdad. Conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se precisa que la autoridad administrativa o judicial, debe atender las tramitaciones a su cargo en el plazo otorgado por la norma; más aún, cuando se trata de privados de libertad, y si estos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad, pueden activar la presente acción de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar la resolución del actuado procesal impetrado. Bajo ese contexto, se advierte que la Jueza codemandada conoció y resolvió la solicitud de cesación de la detención preventiva del peticionante de tutela emitiendo el Auto Interlocutorio 03/2022, y habiendo apelado esa determinación no se enviaron los antecedentes ante el Tribunal de alzada hasta el 22 de abril de 2022 -producto de esta acción de defensa-; por cuanto, si bien es cierto que la aludida estuvo en un periodo de suspensión de funciones por sanciones disciplinarias, la merituada Resolución data de 31 de enero del señalado año, y la mencionada autoridad fue suspendida el 21 de febrero del indicado año, habiendo transcurrido ese lapso de tiempo sin que cumpla con la obligación que tenía de instruir a su personal de apoyo judicial efectuar la remisión de dicha impugnación.

De acuerdo al Memorándum 513/2022/P.-TDJ, el Juez codemandado estuvo en suplencia legal del despacho donde cursaba el expediente del peticionante de tutela del 21 de marzo al 20 de abril de 2022, en ese entendido, se encontraba constreñido a remitir los antecedentes de la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 03/2022 mientras tenía bajo su cargo tal causa; lo que, no aconteció Por lo expuesto, se advierte que la impugnación formulada el 31 de enero de 2022, por el impetrante de tutela no fue remitida hasta el 22 de abril de igual año a horas 12:30, por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del referido departamento; generándose una dilación indebida de casi tres meses; asimismo, dicho envío fue realizado de forma posterior a la presentación de esta acción de defensa cuyo ingreso data del 21 de idéntico mes y año a horas 16:08, habiendo sido notificada la Jueza codemandada a horas 10:00 del 22 de similar mes y año; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada, en la modalidad innovativa de esta acción tutelar; en ese entendido, la omisión cometida por los Jueces demandados que provocó detrimento a los aludidos derechos del peticionante de tutela ya cesó, o fue superada por haberse enviado los antecedentes en original ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; es así que, al configurarse los extremos establecidos en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y evidenciándose el retardo injustificado, este Tribunal no puede convalidar la señalada lesión, más aun cuando se encuentra involucrada la libertad física; por cuanto, la finalidad de la presente acción de defensa, no es solamente la de determinar la finalización del hecho lesivo, sino también disponer que los servidores públicos y la colectividad en su conjunto se inhiban de asumir conductas de esa naturaleza que contravienen el orden constitucional y por consiguiente, son susceptibles de sanción. Finalmente, en cuanto al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y la Encargada Distrital La Paz del Consejo de la Magistratura, hoy demandados, no es posible endilgarles responsabilidad alguna; toda vez que, no detentaban el control jurisdiccional de la causa del impetrante de tutela ni estaban constreñidos a efectivizar el envío de la apelación incidental; en virtud a ello, es previsible denegar la tutela con relación a ellos. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 22/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 41 a 45, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con relación a Luis Gonzalo Yépez Portugal, Juez de Sentencia Penal Primero; y, Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera, ambos de la Capital del departamento de La Paz, a quienes se llama la atención severamente por la demora innecesaria en la remisión de la apelación incidental del 31 de enero de 2022, formulado por el accionante; y, 2° DENEGAR la tutela, respecto a Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui, Encargada Distrital La Paz del Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0642_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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