B.IA.LEGAL

SCP 0641/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 9 de octubre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
9 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
65778-2024-132-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la estabilidad laboral, a la vida digna y sin discriminación y a los principios de interés superior del menor de edad y de verdad material; toda vez que, ejerciendo funciones como personal administrativo del Hospital de Poconas dependiente del SEDES de Chuquisaca, recibió memorándum de agradecimiento de servicios desvinculándola de sus funciones; es así que recurrida tal determinación, por la vía de revocatoria y jerárquico, finalmente la autoridad ahora demandada emitió la Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de diciembre de 2023; por la cual, confirmó su desvinculación incurriendo en los siguientes agravios: a) No cumplió con reincorporarle a sus funciones, pese a conocer la condición de discapacidad y vulnerabilidad de su hijo, que fue anunciada de manera textual en su recurso jerárquico, sin tomar en cuenta la protección reforzada con la que cuenta al haber sido diagnosticado con autismo; asumiendo una decisión manifiestamente arbitraria ya que omite aplicar el marco constitucional y convencional que protegen a los niños con discapacidad y que por ende, garantizan la estabilidad laboral de sus padres; manifestando por ello, un trato discriminatorio que impide el derecho a la vida digna de su hijo; aun cuando la discapacidad de su hijo fue acreditada por informe médico revalidado por la CNS de 14 de noviembre de 2023; b) Incurrió en motivación arbitraria; ya que, sin justificación ni razonabilidad alguna, se apartó de los estándares …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 117/2024 de 15 de julio, cursante de fs. 243 a 246 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso, a la estabilidad laboral, a la vida digna y sin discriminación, disponiendo:

a) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de diciembre de 2023, debiendo emitirse una nueva en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su notificación con esta resolución constitucional si es que la situación de la impetrante de tutela no hubiera sido ya subsanada por efectos de la Resolución de la Sala Constitucional.

b) La reincorporación de la peticionante de tutela al mismo cargo más el pago de sueldos devengados y demás beneficios sociales.

c) La autoridad demandada debe ejecutar programas continuos de capacitación para los funcionarios de su dependencia sobre temas de protección reforzada a menores de edad y personas con discapacidad a partir de los enfoques diferenciales; aspecto que, a su cumplimiento deberá ser informado a la Sala Constitucional.

d) Se debe indemnizar a la ahora accionante, por el daño generado con su desvinculación laboral, debiendo la Sala Constitucional considerar tal aspecto en ejecución de sentencia.

2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la presunta discriminación generada por la autoridad demandada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad
  2. III.2. De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño
  3. III.3. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  4. III.4. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  5. III.5. Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0641/2024-S1 Sucre, 9 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 65778-2024-132-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 117/2024 de 15 de julio, cursante de fs. 243 a 246 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marinela Fátima Polo Hurtado contra Damián Condori Herrera, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de junio de 2024, cursantes de fs. 51 a 64 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Es madre de un niño diagnosticado con autismo que, a través de Memorándum de 1 de agosto de 2018, fue designada como Jefa de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Chuquisaca; el 2 de agosto de 2019, se le comunicó a través de Memorándum su asignación a la Dirección Central dependiente de la misma instancia y el 5 de agosto del mismo año, fue designada como Jefa de la Unidad de RR.HH. de esa entidad. Posteriormente, a través de Memorándum de 18 de marzo de 2020, se le comunicó su transferencia como personal administrativo del Hospital de Poconas, con los mismos haberes y el mismo ítem; pero, pese a su excelente desempeño laboral, el 7 de septiembre de 2023, Juan José Fernández Murillo, Director Técnico y Daniel Junior Siles Chávez, Jefe de la Unidad de RR.HH., ambos del SEDES de Chuquisaca, le desvincularon arbitrariamente alegando que de acuerdo al art. 5 inc. b) del Estatuto del Funcionario Público (EFP) sería funcionaria de libre designación.

Contra tal determinación, interpuso recurso de revocatoria, mismo que fue rechazado por Resolución U.A.J./A.G.J. 26/2023 de 10 de octubre; y posteriormente, activó recurso Jerárquico haciendo conocer expresamente que su hijo fue diagnosticado con autismo; sin embargo, mediante Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de diciembre de 2023, el ahora demandado confirmó la Resolución impugnada, dejando subsistente el memorándum de desvinculación de sus funciones, aclarando que el ítem otorgado “8386” corresponde a un técnico administrativo dependiente del SEDES de Chuquisaca. Por lo descrito, se observa que la autoridad demandada, incurrió en los siguientes agravios: No cumplió con reincorporarle a sus funciones, pese a conocer la condición de discapacidad y vulnerabilidad de su hijo, que fue anunciada de manera textual en su recurso jerárquico, sin tomar en cuenta la protección reforzada con la que cuenta al haber sido diagnosticado con autismo; asumiendo una decisión manifiestamente arbitraria ya que omite aplicar el marco constitucional y convencional que protegen a los niños con discapacidad y que por ende, garantizan la estabilidad laboral de sus padres; manifestando por ello, un trato discriminatorio que impide el derecho a la vida digna de su hijo; aun cuando la discapacidad del mismo fue acreditada por informe médico revalidado por la Caja Nacional de Salud (CNS) de 14 de noviembre de 2023; debiendo considerarse la SCP 0051/2024-S2 que estableció que en aplicación del principio de verdad material, no es necesaria la certificación del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS). Incurrió en motivación arbitraria, ya que, sin justificación ni razonabilidad alguna, se apartó de los estándares más altos de protección a los menores de edad con discapacidad, omitiendo considerar y por tanto fundamentar y motivar su decisión en relación a la condición de su hijo, ejecutando para ello, un test de proporcionalidad como exigen los estándares internacionales más altos.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la estabilidad laboral, a la vida digna y sin discriminación y a los principios de interés superior del menor de edad y de verdad material citando al efecto, los arts. 13.I, 60, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) 8, 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 2, 3 y 4 de la Convención de Derechos del Niño (CDN).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de diciembre de 2023; b) Ordenar su inmediata reincorporación al cargo del cual le desvincularon arbitrariamente, garantizando su estabilidad laboral; y, c) La reparación integral de daños, asumiéndose los siguientes criterios de reparación de daños “1. Medidas de restitución: La restitución inmediata a mi fuente de trabajo más el pago de los sueldos devengados y todos los beneficios sociales que correspondan. 2. Medidas de satisfacción pública: Publicación de la Sentencia a pronunciarse en la presente acción de amparo constitucional, así como una disculpa pública por la réplica de prácticas discriminatorias contra niños con discapacidad en el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca. 3. Garantías de no repetición: Con la finalidad de evitar la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, consideramos esencial la capacitación de servidoras y servidores públicos que se encuentran en el área de RR.HH. y que participan en los procesos administrativos, para que apliquen los enfoques diferenciales en sus decisiones y éstas sean compatibles con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Es importante resaltar que para establecer esta garantía de no repetición, no es necesario que el Tribunal Constitucional Plurinacional confirme la concesión de tutela, sino puede ser dispuesta a partir de la concesión de tutela por los tribunales de garantía, esto en razón a que, desde el deber de la debida diligencia reforzada que debe ser aplicada en problemas jurídicos vinculados a niñas, niños y adolescentes, ya la Corte IDH, en el caso Angulo Lozada Vs. Bolivia, estableció el deber de prevención de toda autoridad judicial, el cual incluso se ejerce de oficio y con vocación transformadora, para así brindar una real protección a las niñas, niños y adolescentes. 4. Indemnización: Que se disponga, en ejecución de fallos, conforme al art. 39 del CPCo, la reparación por los daños materiales e inmateriales causados” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública se realizó el 15 de julio de 2024, según consta en acta cursante de fs. 229 a 242, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela, a través de su abogada, ratificó in extenso el contenido de su demanda y ampliándolo añadió lo siguiente: i) Se presentó documentación que acredita la situación de discapacidad del menor de edad quien fue diagnosticado con autismo; y, si bien se señala que para acreditar tal aspecto se debe presentar el certificado que otorga CODEPEDIS, el Ministerio de Salud a través de su reglamentación estableció que esta certificación solo se otorga a partir de los tres años; por lo que, se debe tener en cuenta la SCP 0051/2024-S4 que estableció en aplicación del estándar más alto, que la protección no puede estar condicionada a un carnet; ya que, debió aplicarse dicho entendimiento por la autoridad ahora demandada, a partir de un análisis del principio de verdad material; y, ii) El informe presentado por el ahora demandado respalda plenamente las vulneraciones argumentadas bajo confesión expresa, pues ahí se señala que no había necesidad de pronunciarse sobre el punto de la situación de discapacidad de su hijo menor de edad, argumento que carece de toda razonabilidad, supliendo los deberes de motivación.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Damián Condori Herrera, Gobernador del GAD de Chuquisaca, a través de sus representantes legales, en audiencia y a través de informe cursante de fs. 220 a 228, solicitaron se deniegue la tutela solicitada en razón de los siguientes argumentos: a) Llama la atención que la solicitante de tutela informó la situación de su hijo menor de edad recién al momento de interponer su recurso jerárquico, siendo esta una instancia que no admite producción de prueba salvo que sea solicitado por la parte interesada, además que la misma solo comunica un posible hecho pues ella señala textualmente que “todo dependerá de las evaluaciones” sin solicitar de manera expresa se apertura un periodo de prueba conforme establece el art. 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; b) El mencionado artículo, establece la apertura de un término de prueba en etapa recursiva siempre y cuando haya nuevos hechos o documentos no considerados en el expediente; para lo cual, se habilita un plazo de diez días; y, al momento de presentarse el recurso jerárquico, en ningún momento se solicitó la apertura de este plazo; por lo tanto, no correspondía analizar la simple mención que la accionante realizó; c) Llama la atención que la impetrante de tutela, una vez desvinculada recién se haya dado la tarea de obtener documentación pertinente respecto al supuesto diagnóstico y condición de su hijo; por lo que, se debe cuestionar la veracidad de dicho diagnóstico; d) El Manual de Proceso y Procedimientos para la Calificación, Registro y Carnetización de Discapacidad, aprobado mediante Resolución Ministerial 0756 de 22 de diciembre de 2022, establece que para la calificación del autismo, se debe tomar en cuenta que el diagnóstico no es un criterio que por sí solo determinará el grado de discapacidad, debiendo enfatizar en los criterios y parámetros establecidos en el baremo de valoración de situaciones de minusvalía; sin embargo, se adjunta a la presente acción tutelar dos informes que no refieren los parámetros establecidos en dicho manual; aspecto que, debe ser tomado en cuenta ya que al momento de la evaluación el menor contaba con dos años y dos meses de edad; e) El área de discapacidad, dependiente de la Unidad de Promoción de la Salud del SEDES, en respuesta a la nota con CITE: GADCH/DGJ/JGP “225/2024”, señala que tiene conocimiento del hijo de la ahora peticionante de tutela y del diagnóstico que se presentó en dos oportunidades por parte de la madre, teniendo que en principio la madre se presentó con un informe y luego con otro, lo que hizo pensar que existía manipulación del certificado médico. También señalaron que el equipo de calificación de discapacidad, no realizó ninguna valoración del menor ya que conforme a procedimiento, esto se puede realizar solo a partir de los tres años; es decir, que el autismo solo puede ser detectado a partir de esa edad y que la madre prepotentemente exigía se le entregue el carnet de discapacidad, pese a que se le explicó que conforme al procedimiento no se podía realizar el diagnóstico al menor de edad; y, f) La solicitante de tutela se dio la tarea de intentar obtener por todos los medios incluso bajo presión y amenazas el carnet de discapacidad, aun sabiendo que por la edad de su hijo no correspondía realizar la evaluación y que inclusive podría tratarse de otro tipo de diagnóstico y no así de autismo, todo esto convenientemente de forma posterior a la notificación con el memorándum de agradecimiento de servicios, lo que les hace pensar que al no tener otro argumento para revocar su despido y lograr su reincorporación está utilizando argumentos que podrían o no ser reales; por lo que, no corresponde conceder la tutela; además que en el recurso jerárquico la accionante no hizo como referencia de sus agravios sufridos que se estuviera lesionando el derecho del menor, ya que el tema impugnado era otro.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 117/2024 de 15 de julio, cursante de fs. 243 a 246 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de diciembre de 2023, debiendo la autoridad demandada emitir una nueva resolución; exhortando además al ahora demandado a asumir acciones administrativas de capacitación al personal de esa institución sobre derechos humanos y consideración del estándar más alto. Determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: 1) De la revisión y análisis de la Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de diciembre de 2023, ahora cuestionada, se constata que efectivamente la autoridad demandada omitió considerar el antecedente de discapacidad referido por la recurrente en el Recurso Jerárquico; y si bien, es evidente que a tiempo de interponer dicho recurso únicamente se pone en conocimiento a la autoridad demandada la condición médica de su hijo menor de edad, sin acreditar de manera documental ni precisar su argumento sobre el posible diagnóstico, que además lo plantea como una probabilidad y no como una certeza, indicando que puede confirmarse o no a través de los Informes médicos; que la autoridad demandada, en la Resolución cuestionada, no efectuó pronunciamiento alguno sobre el tema; 2) Es necesario precisar, que si bien la autoridad demandada, no contaba con la certeza que podría otorgar la documental necesaria para constatar la situación de discapacidad y así efectuar el análisis respectivo y pronunciarse sobre la condición de discapacidad del menor a cargo de la trabajadora; atendiendo precisamente a esta situación especial de vulnerabilidad de un menor de edad cuyos derechos podrían verse lesionados con su decisión, con las facultades que le otorga el procedimiento administrativo pudo abrir excepcionalmente un periodo probatorio a efectos de contar con la prueba documental necesaria, para luego de su análisis y valoración, determinar si es o no evidente el argumento de discapacidad esgrimido por la recurrente y en esa medida emitir la resolución conforme a derecho y a los parámetros del debido proceso. Sin embargo, al no encontrarse este análisis en la Resolución cuestionada, porque la autoridad demandada no hizo uso de sus facultades disponiendo la apertura de periodo probatorio a fin de verificar lo argumentado, corresponde a esta jurisdicción determinar que la autoridad jerárquica en uso de su potestad administrativa, aperture periodo probatorio a fin de recibir toda la prueba pertinente, necesaria y analizar esta situación en concreto, entendiendo que conforme a la teoría de las autorestricciones, la jurisdicción constitucional está limitada de poder analizar o valorar prueba y determinar una situación que únicamente le compete a la autoridad jerárquica administrativa; 3) Entendiendo que efectivamente se encuentran involucrados los derechos de un menor que podrían verse afectados de manera indirecta con la decisión, es preciso un pronunciamiento de la autoridad demandada sobre este aspecto, considerando la normativa legal y jurisprudencia aplicable al tema en cuestión, los antecedentes procesales y la prueba que pueda ser producida eventualmente por la parte ahora impetrante de tutela, además de los estándares jurisprudenciales más altos de protección reforzada del menor involucrado; evidenciándose además del informe presentado por la autoridad demandada que no existió la intención de lesionar derechos fundamentales del menor, sino que no se conocía de la prueba necesaria y suficiente para ser analizada y que merezca un pronunciamiento; y, 4) Se observa que, la autoridad demandada no contó con los antecedentes relativos al estado de salud o de discapacidad del menor que se encontraría bajo tutela de la ahora peticionante de tutela; empero, conforme a la facultad establecida en el art. 88 у siguientes de la Ley 2341 y a los principios de amplitud, flexibilidad e informalismo que rige la admisión y producción probatoria en sede administrativa; siendo que, tuvo conocimiento de una circunstancia de hecho relativa a la discapacidad de un menor de edad dependiente de la trabajadora que estaba haciendo desvinculada del GAD de Chuquisaca, correspondía a la autoridad demandada, dentro de los términos que establece el procedimiento administrativo, conforme a sus potestades y facultades, abrir excepcionalmente un periodo de prueba para la producción de prueba en instancia jerárquica, a los fines de evidenciar o no la veracidad de las afirmaciones de la recurrente en recurso jerárquico respecto a la situación de discapacidad de su hijo menor que podría devenir en otra situación que lleve a considerar la inamovilidad de la trabajadora, prevaleciendo precisamente el enfoque interseccional, el interés superior del niño, más aun cuando cuenta con discapacidad; situación que la autoridad administrativa está obligada atender con prioridad en base a ese principio de proteccionismo con vinculación al interés superior y la verdad material para llegar a determinar si corresponde una protección reforzada, lo que no se observa en el caso concreto, debiendo la autoridad demandada emitir criterio al respecto para que este Tribunal no ingrese en supletoriedad de una función que le corresponde exclusivamente, debiendo determinarse la concesión de la tutela parcial, sobre el debido proceso adjetivo en relación a los elementos de fundamentación y motivación vinculados con el principio del interés superior del niño y verdad material.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 11 de septiembre de 2024, cursante a fs. 251, se solicitó documentación complementaria, en cuyo mérito se dispuso la suspensión del cómputo del plazo para la emisión de la presente Sentencia, habiéndose reanudado dicho plazo, de acuerdo a decreto de 25 de septiembre del citado año, cursante a fs. 255.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorándum CITE: DIR.TEC. 0198/2020 de 18 de marzo, por el cual María Eva Navarro Sandoval, Directora Técnica del SEDES de Chuquisaca, transfirió a Marinela Fátima Polo Hurtado -ahora solicitante de tutela- para desempeñar funciones como personal administrativo en el Hospital de Poconas, manteniéndose con el Item “8386” (fs. 38). II.2. Consta Memorándum CITE: URRHH 491/2023 de 7 de septiembre, por el cual Daniel Junior Siles Chávez, Jefe de la Unidad de RR.HH. y Juan José Fernández Murillo, Director Técnico, ambos del SEDES de Chuquisaca, agradecieron por sus servicios a la ahora accionante, como responsable de personal del Hospital de Poconas dependiente de la indicada instancia, con Item “8386”; justificando tal determinación en razón a que la misma es funcionaria de libre designación (fs. 37). II.3. A través de Memorial presentado el 11 de septiembre de 2023, la ahora impetrante de tutela promovió recurso de revocatoria, solicitando se revoque el Memorándum CITE: URRHH 491/2023 de 7 de septiembre de agradecimiento de servicios, dejándose sin efecto cualquier intento de despido (fs. 26 a 30 vta.).

II.4. Mediante Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria

U.A.J./A.G.J. 26/2023 de 10 de octubre, Juan José Morales Murillo, Director Técnico del SEDES de Chuquisaca, dispuso confirmar el Memorándum CITE: URRHH 491/2023 de 7 de septiembre, de agradecimiento de servicios a la ahora peticionante de tutela (fs. 39 a 50). II.5. Por Memorial presentado el 25 de octubre de 2023, la ahora solicitante de tutela promovió Recurso Jerárquico; por el cual, solicitó suspender la ejecución del Memorándum de agradecimiento y revocar el mismo; manifestando en la parte in fine de su acápite denominado “I. Antecedentes”:

Finalmente, Señor Gobernador, comunicó a su autoridad que tengo un hijo de nombre NNN de 2 años y 2 meses de edad, que actualmente está en evaluación Psicológica y de acuerdo a diagnóstico médico clínico aseveran que tendría autismo, todo dependerá de las evaluaciones que están a punto de terminar. En caso de concretarse está ingrata noticia haré conocer esta situación al SEDES Ch. con documentos que acrediten la discapacidad. En consecuencia, informo este antecedente para que su autoridad pueda tomar todos los recaudos de esta situación que atinge a toda mi familia, por el posible mal estar de mi niño (sic [fs. 31 a 36]). II.6. Consta Informe Psicológico de 25 de octubre de 2023, emitido por Mirna Soraya Márquez Mendoza, Psicóloga Clínica, quien determinó que el hijo menor de edad de la ahora accionante dentro de la escala de Autismo “C.A.R.S.” habría obtenido una puntuación de 41, lo que indica presencia de un autismo “medianamente moderado” concluyendo que el mismo contaría con un diagnóstico de “(F84) Trastorno Generalizado de desarrollo” (fs. 3 a 5).

II.7. Mediante Informe Médico “Revalidado por la Caja Nacional de Salud”

(sic) de 14 de noviembre de 2023, Raquel Moreno Lora, Neuróloga Infantil certificó que el menor de edad, hijo de la ahora impetrante de tutela, de dos años y un mes de edad se encontraría con un diagnóstico de “Trastorno Autista, Trastorno Hipotónico Sensorial, Cambios Conductuales” (sic [fs. 6]).

II.8. Cursa Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de

diciembre de 2023, a través de la cual el ahora demandado dispuso, confirmar la Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria U.A.J./A.G.J. 26/2023 de 10 de octubre, manteniendo incólume el Memorándum de agradecimiento de servicios URRHH 491/2023 de 7 de septiembre; en razón de los siguientes argumentos manifestados, en suma:

i) Aclara que, los funcionarios que tienen calidad de provisorios, no son titulares de derechos conforme el art. 7-II del EFP y que no es necesario agotar un proceso disciplinario para su destitución, pues tales prerrogativas son reconocidas tan solo a los servidores públicos incorporados a la carrera administrativa tal cual lo determina el art. 41 del mismo cuerpo legal, en ese sentido los provisorios no gozan de inamovilidad laboral al no haber sido su ingreso a la función pública resultado de procesos de reclutamiento o selección de personal; y en el caso de la peticionante de tutela, desde su nombramiento -como ella misma reconoce- como Jefe de la Unidad de RR.HH. dependiente del SEDES de Chuquisaca, hasta su agradecimiento a través de memorándum 491/2023 de 7 de septiembre, aclarando que la misma no ingresó a prestar servicios a través de convocatoria pública o examen de competencia; es decir, no fue parte de un proceso de reclutamiento o selección de personal; por lo que, su ejercicio de funciones obedece a una decisión de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la institución, ya que como ella misma señala, fue invitada por el Director Técnico del SEDES de Chuquisaca en un cargo de estricta confianza. Agrega, que conforme la SCP “0526/2016”, se estableció que para dar lugar al despido justificado de los servidores públicos provisorios no se requiere ningún procedimiento, pues simplemente se les comunicará el cese de sus funciones sin necesidad de invocar la comisión de falta alguna; ii) No corresponde la fundamentación o motivación del memorándum, ya que la ahora solicitante de tutela, ingresó a trabajar a un cargo jerárquico como funcionaria de libre nombramiento, y al ser funcionaria provisoria su retiro puede ser inmediato; aclarando además que la SC 1068/2011-R de 11 de julio, expresó claramente que los funcionarios de libre nombramiento son provisorios, infiriéndose de ello, que sus funciones son temporales o provisionales, estableciendo finalmente que el derecho a la inamovilidad laboral no es un derecho absoluto y que no es aplicable en el ámbito administrativo cuando se trata de funcionarios provisorios o de libre nombramiento que tienen características de ser cargos de confianza y especialidad; iii) La recurrente prestó funciones de confianza y nivel jerárquico durante las gestiones 2018 y 2019 siendo posteriormente transferida en la gestión 2020 a prestar funciones administrativas, como Responsable de Personal del Hospital de Poconas, conforme de la revisión de antecedentes; por lo que, tampoco podría argüir tener antigüedad que pretende invocar erradamente para tratar de beneficiarse con la antigüedad que solo corresponde a los cargos administrativos; teniendo que la recurrente no fungió como funcionaria de carrera; ya que, el memorándum de agradecimiento de servicios no constituye un acto ilegal que haya afectado sus derechos, habiendo actuado la MAE del SEDES de Chuquisaca conforme a las atribuciones conferidas por ley a tiempo de disponer de su cargo y en consecuencia al determinar su alejamiento no se demostró lesión alguna; iv) Se concluye que Marinela Fátima Polo Hurtado, tenía calidad de funcionaria provisoria; por lo que, el acto administrativo que se pretende dejar sin efecto y sobre el cual se origina la presente pretensión no lesionaron derecho alguno; En ese marco y toda vez que, la presente Resolución debe manifestarse en el fondo, bajo el carácter informal del procedimiento administrativo, para el caso concreto se advierte que, la recurrente no ha demostrado tener la calidad de funcionaria de carrera, por el contrario al contar con la calidad de servidora pública provisoria, solo corresponde la comunicación del cese de sus funciones sin invocar la comisión de ninguna falta; así mismo respecto a la Resolución de Revocatoria recurrida, goza de la motivación por remisión suficiente para crear convicción de que lo decidido en ella tiene la fundamentación necesaria; por lo que, el Director Técnico del SEDES de Chuquisaca, autoridad que resolvió el recurso de revocatoria ahora recurrido, actuó en dicho recurso bajo los preceptos normativos aplicables y habría interpretado correctamente la norma al caso de autos (fs. 9 a 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la estabilidad laboral, a la vida digna y sin discriminación y a los principios de interés superior del menor de edad y de verdad material; toda vez que, ejerciendo funciones como personal administrativo del Hospital de Poconas dependiente del SEDES de Chuquisaca, recibió memorándum de agradecimiento de servicios desvinculándola de sus funciones; es así que recurrida tal determinación, por la vía de revocatoria y jerárquico, finalmente la autoridad ahora demandada emitió la Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de diciembre de 2023; por la cual, confirmó su desvinculación incurriendo en los siguientes agravios: a) No cumplió con reincorporarle a sus funciones, pese a conocer la condición de discapacidad y vulnerabilidad de su hijo, que fue anunciada de manera textual en su recurso jerárquico, sin tomar en cuenta la protección reforzada con la que cuenta al haber sido diagnosticado con autismo; asumiendo una decisión manifiestamente arbitraria ya que omite aplicar el marco constitucional y convencional que protegen a los niños con discapacidad y que por ende, garantizan la estabilidad laboral de sus padres; manifestando por ello, un trato discriminatorio que impide el derecho a la vida digna de su hijo; aun cuando la discapacidad de su hijo fue acreditada por informe médico revalidado por la CNS de 14 de noviembre de 2023; b) Incurrió en motivación arbitraria; ya que, sin justificación ni razonabilidad alguna, se apartó de los estándares más altos de protección a los menores de edad con discapacidad, omitiendo considerar y por tanto fundamentar y motivar su decisión en relación a la condición de su hijo, ejecutando para ello, un test de proporcionalidad como exigen los estándares internacionales más altos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; 2) De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño; 3) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 4) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso 5) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; y, 6) Análisis del caso concreto.

III.1. Inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0610/2020-S1 de 13 de octubre; 0679/2020-S1 de 3 de noviembre; 0285/2021-S1 de 21 de julio; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: Inicialmente corresponde remitirnos a la normativa que regula este aspecto; por ello, la Constitución Política del Estado, a lo largo de sus disposiciones prevé las siguientes prerrogativas y derechos respecto de las personas con discapacidad:

Artículo 14.

(…)

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona (el resaltado nos corresponde).

Artículo 45. (…)

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales (las negrillas adicionadas).

Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Artículo 71

I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad.

II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.

III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.

Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley. Artículo 300.

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción:

(…)

30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.

Artículo 302.

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: (…)

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. Por su parte, la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, denominada Ley General Para Personas con Discapacidad, con relación al derecho a la inamovilidad laboral de este sector social, prescribe: Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades Artículo 34.- (Ámbito de Trabajo)

I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.

II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que

justifiquen debidamente su despido.

III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.

Las personas con discapacidad deberán contar con IV. una fuente de trabajo (las negrillas son añadidas). Por su parte, el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, refiere lo siguiente:

Artículo 3°. - (Principios rectores) La aplicación del presente Decreto Supremo estará regida por los siguientes principios:

Principio de preferencia. - Por el que las instituciones públicas y privadas deben considerar con carácter preferente a personas con discapacidad para el acceso, promoción y capacitación laboral, proporcionándoles las condiciones de trabajo necesarias para facilitar su desempeño en tareas para las que sean aptas, evitando todo tipo de discriminación fundada en su discapacidad o deficiencia.

Principio de integración. - Por el que se deben adoptar los mecanismos más adecuados para posibilitar la activa incorporación material, laboral y social de las personas con discapacidad en sus lugares de trabajo, a través de procedimientos idóneos que permitan su integración plena.

Principio de estabilidad laboral. - Por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno. Principio de normalización. - Por el que las instituciones deberán contar con condiciones materiales y físicas apropiadas en cuanto a infraestructura, transporte que, cuando sea posible para la institución, deberá servir para llevar y recoger a las personas desde sus domicilios hasta las fuentes de trabajo, equipamiento y seguridad, que permitan a las personas con discapacidad desenvolverse con normalidad.

Principio de Calificación. - Por el que las personas con discapacidad podrán participar en exámenes y calificación para ascensos en las instituciones y entidades públicas y privadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades físicas y mentales, en igualdad de condiciones y respetando el derecho preferente en la decisión (el subrayado y negrillas nos corresponden). Artículo 5°.- (Inamovilidad)

I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley.

II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2° (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente” (el resaltado es ilustrativo).

Efectuada la precisión normativa respecto al derecho de las personas con discapacidad y sobre el derecho a la inamovilidad laboral del mismo grupo etáreo; incumbe remitirnos a las reflexiones desarrolladas por la máxima instancia de control constitucional; en ese sentido, abordando el derecho de este grupo social, la línea jurisprudencial, fue uniforme y desarrollada en muchas sentencias, siendo una de las primeras la SCP 0235/2007-R de 10 de abril, que en esencia refirió que corresponde otorgar una tutela reforzada a las personas con discapacidad y/o que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, salvo casos expresamente previstos en la ley, garantizando de esa forma su inamovilidad laboral; entendimiento, que fue reiterado en numerosas sentencias, entre ellas, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero que refiere:

La inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social (las negrillas son añadidas). Asimismo, en un supuesto, en el cual el trabajador suscribió contrato 1Fundamento Jurídico III.2. “…el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en sí mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales.

Consiguientemente, se establece que, la recurrente no podía ser retirada de su fuente de trabajo, al tener una hija discapacitada bajo su dependencia, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno, conforme establecen los instrumentos normativos establecidos al efecto…”. 2“En ese orden de ideas, de los Fundamentos Jurídicos III.2. desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se extrae que en función a los valores y principios de igualdad y justicia, las personas con capacidades diferentes, son consideradas como un grupo de atención prioritaria, cuyos derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser tutelados de manera inmediata, prescindiendo de cualquier formalidad o aspecto tendiente a dilatar su pronto y efectivo restablecimiento; bajo ese razonamiento, la Ley de la Persona con Discapacidad y el DS 29608, concordantes con los preceptos contenidos en la Ley Fundamental, enaltecen la exclusiva protección a las personas con capacidades diferentes y a los padres o tutores que los tengan bajo su dependencia, estableciendo su inamovilidad laboral como resguardo de sus derechos fundamentales como el trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración justa que le asegure una vida digna para sí y su familia.

La inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social.

laboral indefinido, y fue desvinculado del mismo sin considerar que tenía a su cargo un hijo con discapacidad, la SCP 0580/2019-S2 de 22 de julio, sustentado en su Fundamento Jurídico III.2, indicó:

…de estas actuaciones se advierte que la autoridad administrativa, no consideró en absoluto la observancia de los principios laborales constitucionalizados respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, que impone su aplicación en los casos controvertidos privilegiando la protección de los trabajadores, como se tiene explicitado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; puesto que implica la continuidad y estabilidad laboral para el caso de personas que tienen a su cargo personas con discapacidad, de tal modo que la entidad empleadora no puede cesar de sus funciones al impetrante de tutela, de manera arbitraria o injustificada, puesto que esta medida no solo afecta al trabajador, sino a su entorno familiar y de manera particular a la persona discapacitada que se encuentra a su cargo. Por ello, corresponde otorgar la tutela del accionante, respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuar ése estado de protección, en sede judicial (el subrayado nos corresponde). Bajo ese contexto jurisprudencial, es posible concluir que, las personas con discapacidad tienen derecho a la inamovilidad laboral, así como las personas que tienen bajo su guarda y protección a una persona discapacitada, extremo que tiene correspondencia y sustento en el nuevo modelo constitucional, en el cual el constituyente precisó que los derechos fundamentales, son directamente aplicables por mandato del art. 109.I de la CPE, mismo que debe ser comprendido en concordancia con el art. 70 de la misma Norma Suprema al referir que, las personas con discapacidad gozan de protección y del derecho al trabajo en condiciones adecuadas conforme a sus posibilidades; asimismo, es importante agregar que, dichos preceptos constitucionales, en el marco de los arts. 13.IV y 256.I de la referida Ley Fundamental, deben ser interpretados a la luz del bloque de constitucionalidad, buscando una interpretación y aplicación progresiva y garantista en favor de este sector social considerado vulnerable; en ese entender, el contenido de instrumentos internacionales que conforman el 3III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia

A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos de las personas con discapacidad, son reconocidos en la Ley Fundamental de manera específica y en los Instrumentos Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. En efecto, la garantía de inamovilidad laboral de este grupo de atención prioritaria está consagrado en el art. 70 de la CPE; en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD); art. 4.1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC); la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975; y, El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. La garantía de inamovilidad laboral, está instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017… (…)

Conforme a dicha norma, la garantía de inamovilidad laboral alcanza a la persona con discapacidad o a la trabajadora o trabajador que tiene a su cargo una persona con discapacidad; garantía que encuentra su fundamento en la dignidad humana; así como, en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad material en las oportunidades de trabajo y la satisfacción de los derechos involucrados, como parte de las obligaciones del Estado; con la aclaración que dicha protección no es absoluta; por cuanto, se mantiene en tanto la o el trabajador cumpla con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.

mencionado bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 del Texto Constitucional; como, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.

III.2. De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2021-S1 de 21 de julio; 0380/2021-S1 de 25 de agosto; 0678/2021-S1 de 18 de noviembre; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:

Al respecto, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; en ese marco el art. 60 de la CPE siguiendo los lineamientos del numeral 2 de la citada normativa internacional establece que:

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado (las negrillas nos corresponden) Ahora bien, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto analizó que:

En esa perspectiva, los arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos… (el resaltado es ilustrativo).

Posteriormente este Tribunal, en la SCP 0125/2017-S1 de 9 de marzo, reiterada entre otros por la SCP 0172/2018-S1 de 10 de mayo, señaló que:

…Introduciendo así el principio del interés superior del niño, como una directriz de cumplimiento obligatorio, y con poder coercitivo para todos los Estados partes, al considerarse una norma de Derecho Internacional de aplicación general, puesto que implica un cambio de mentalidad respecto al tratamiento de esta población, ya que de la doctrina de situación irregular en la que se encontraban los mismos, ahora en el marco de la doctrina de la protección integral, que conceptualiza al niño como un sujeto de derechos, sin discriminación alguna. Ahora bien, para entender qué significa el interés superior del niño, es necesario su abordaje conceptual, es así, que para Baeza, es «el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar», asimismo, para Gatica y Chaimovic «debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña», por otra Zermatten señala que «el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia».

En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño’” (las negrillas son nuestras).

Al respecto, también es pertinente señalar lo establecido por el Código Niña Niño y Adolescente (CNNA), que refiere sobre la necesidad de que dicho precepto legal debe interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; al efecto, en su art. 12 inc. a) entiende dicho principio como:

…toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas (el resaltado nos pertenece).

En ese sentido, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, que en relación a la temática del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente señala:

A partir de ello, se instituye en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos la doctrina de la protección integral, que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo cual implica el respeto desde su forma de ser, la visualización de su necesidades tanto físicas como emocionales, que les permitan lograr un desarrollo integral en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que involucra que el Estado, la familia y la sociedad deban brindarles las condiciones para ello de manera obligatoria y prioritaria en el marco del interés superior del niño, que fue logrado a través de un largo proceso de reconocimiento material de esta población, ya que durante mucho tiempo se encontraban en una situación irregular de desconocimiento de sus derechos, pues eran objetos y no podían ejercer sus derechos; empero, ahora en la medida que se les dé prioridad en todos los ámbitos de prevención, protección y atención dependerá también el desarrollo de una sociedad armónica.

Justamente por ello, todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas, entonces debemos despojarnos de la mentalidad patriarcal que llevamos y maximizar nuestro esfuerzo para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en la condiciones y oportunidades para su tránsito a las otras etapas de la vida.

Es así que Bolivia al ser suscribiente de la Convención sobre los Derechos de Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconoce el principio del interés superior del niño en el art. 60 de la CPE cuando señala que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, de ahí que este principio se transversaliza en todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia (negrillas añadidas).

De acuerdo al marco legal y jurisprudencial señalado precedentemente, se llega a concluir que de manera general las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera; por cuanto, ese compromiso emana de normas internacionales, lo que genera responsabilidad internacional en caso de incumplirlas, así como de la Constitución Política del Estado que por el principio de primacía constitucional corresponde ser acatada en cada decisión que se asuma, en este caso en lo que respecta a los menores de edad y su protección reforzada en respeto del interés superior de los mismos; finalmente, siguiendo esos mandamientos legales, dicha protección también está contemplada en la normativa especial, como se tuvo a bien citar en el Código Niña, Niño y Adolescente; toda esa normativa debe primar y más aún ante normativa que genera duda al respecto o no contemple dicho principio. Consiguientemente, es evidente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad, aspecto que se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, gobiernos autónomos departamentales y municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrá en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad.

III.3. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0049/2020-S1 de 13 de julio; 0077/2020-S1 de 17 de julio; 0364/2020-S1 de 20 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (el resaltado nos corresponde).

7 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.4. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0333/2020-S1 de 14 de agosto, 0365/2020-S1 de 20 de agosto; y, 0378/2020-S1 de 24 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso; puesto que, en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

9 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la 10 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

III.5. Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0771/2021-S1 de 6 de diciembre, 0811/2022-S1 de 22 de agosto, 1196/2023-S1 de 26 de octubre entre otros; mismos que describen lo siguiente:

Previamente, es necesario dejar en claro que, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad sobre las diferentes modalidades de acciones constitucionales y de defensa conforme prevé el art. 202 de la CPE, emitiendo resoluciones con un conjunto de razonamientos relacionados al estudio sobre los supuestos que son de su conocimiento 11 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

que, en muchos de los casos se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales; bajo esa comprensión, el constituyente ha previsto que toda persona, grupo social o autoridad con legitimación activa reconocida que se sientan perjudicadas en el ejercicio material de sus derechos, pueden interponer las acciones constitucionales contra los actos u omisiones que consideren lesivas buscando la tutela constitucional en resguardo de sus derechos, ejerciendo de esta forma su pleno derecho de acceso a la justicia conforme prevé el art. 115.I de la Norma Suprema, arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Bajo ese entender, y en cuanto a la comprensión sobre el derecho al acceso a la justicia, la SC 600/2003-R de 6 de mayo, manifestó lo siguiente:

…según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter´, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como ´derecho a la jurisdicción´ (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal (el resaltado es nuestro).

Por su parte, la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3.4 epigrafiado como “Derechos a la tutela judicial efectiva”, manifestó que:

La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley (el resaltado nos corresponde). De dicha jurisprudencia, se extrae que, el acceso a la justicia no solamente gravita en acudir a las instancias jurisdiccionales o administrativas competentes invocando se resguarden sus derechos mediante una resolución, sino que estas decisiones a ser emitidas deben ser ejecutadas y cumplidas en su verdadera dimensión y precisión; toda vez que, al no materializarse dicha ejecución y cumplimiento efectivo de lo dispuesto se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, generando contrariamente incertidumbre y desamparo en las personas que obtuvieron resguardo de sus derechos mediante resoluciones que en muchas ocasiones son cumplidas parcialmente o en definitiva no son cumplidas totalmente, o en la tarea de cumplirlas otorgan un alcance diferente desfigurando lo establecido en el fallo conforme lo señaló la SC 1206/2010-R de 6 se septiembre; así, en el caso de las demandadas constitucionales emergentes de las diferentes acciones constitucionales, el art. 203 de la CPE prevé que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (las negrillas y subrayado son adicionados), al respecto la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre, indicó que las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general, que luego recogiendo estos entendimientos, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre, concluyó que, la parte vinculante de 12 “En consecuencia, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.I de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío; esto, en razón a que el acceso a la justicia no implica sólo la posibilidad de presentar una causa ante un tribunal y que éste emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado sino que, además, tal acceso debe ser efectivo. Es por eso, que la CIDH, determinó que el Estado, tiene la obligación de implementar todas las medidas para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y no puede apartarse del cumplimiento de éstas, so pena de incurrir en violación a la protección judicial prevista en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al deber derivado del art. 2 del mismo instrumento internacional. Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación del derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado”. 13 El FJ III.1 señala que: “El carácter vinculante y obligatorio de las Resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo previsto por el art. 203 de la CPE, de forma taxativa, determina lo siguiente ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; así también el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: ‘Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares’, y en concordancia con el art. 19 del citado código, establece: ‘Las Sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicaran en la Gaceta Constitucional Plurinacional, cuya periodicidad será mensual. El Tribunal Constitucional Plurinacional difundirá sus resoluciones, además de los mecanismos electrónicos, a través de los medios que vea conveniente’, cuyo entendimiento permite especificar que la publicación de las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten importancia ya que no sólo son de carácter ilustrativo o de información, sino por su carácter vinculante el conocimiento oportuno de las mismas es imprescindible, especialmente para la jurisdicción ordinaria, para el uso profesional y el estudio en genera”. 14 El FJ III.1 indicó que: “Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios.

En ese marco, incumbe precisar respecto a lo previsto por el mencionado art. 203 de la Norma Suprema, ya que de ella se extrae dos principios o características elementales relacionados a la vinculatoriedad y la obligatoriedad que si bien a primera vista supondría un alcance similar; sin embargo, las mismas difieren conforme se verá seguidamente, pero antes incumbe señalar que toda resolución constitucional, se funda en razones o reflexiones (ratio decidendi) desarrolladas que sirven de sustento para la decisión final expresada en la parte resolutiva -por tanto-.

Bajo esa comprensión: a) El carácter vinculante de las decisiones constitucionales, se encuentra en los razonamientos desarrollados, que deben ser aplicados por los jueces y tribunales a casos análogos; esto implica que, las reflexiones o razones desplegadas en las resoluciones deben ser aplicadas a otros casos con hechos similares o análogos, otorgando de esta forma certeza y seguridad jurídica a los justiciables en el entendido que al tener conocimiento que el Tribunal Constitucional dio una determinada solución a un caso parecido al suyo, con seguridad acudirá a la misma instancia constitucional para obtener similar solución (pretensión que posteriormente deberá ser compulsada por la instancia constitucional a objeto de verificar la analogía o no del caso concreto). En ese marco, el carácter vinculante de las decisiones constitucionales se constituye en un principio relevante dentro la justicia constitucional y debe ser entendida desde dos dimensiones, la dimensión horizontal y la vertical; en tal sentido, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los jueces y tribunales ordinarios de menor jerarquía; y, por su parte, b) El carácter obligatorio de las decisiones constitucionales, se encuentra en la parte dispositiva -por tanto- de las resoluciones, misma que debe ser cumplida por las partes procesales de forma obligatoria; es decir, en este caso, la obligatoriedad del cumplimiento de la decisión asumida está prevista para las partes intervinientes dentro los procesos constitucionales o excepcionalmente para aquellas no intervinientes que la instancia constitucional así lo justifique en cada caso concreto; extremo, que cobra mayor relevancia en amparos constitucionales y acciones de libertad como muestras, donde se dilucidan derechos subjetivos que merecen tutela inmediata que conlleva a la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución constitucional conforme prevén los arts. 125.IV y 129.IV de la CPE.

Consecuentemente, y a efectos de ahondar en el verdadero acceso a la justicia y su tutela efectiva, incumbe focalizar sobre el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales y su ejecución, que conllevan un cumplimiento inmediato, conforme prevé el art. 15. del Código Procesal Constitucional (CPCo), que bajo el epígrafe (CARACTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS), en su parágrafo I, prevé que: “Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general”, contenido legal que tiene su sustento constitucional en el citado art. 203 de la CPE que dice: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (resaltado añadido); en tal sentido, como se vio la obligatoriedad como caracteristica esencial de las resoluciones constitucionales radica en que las partes procesales cumplan inmediatamente con lo dispuesto en las resoluciones emergentes de las acciones constitucionales como amparos constitucionales, acciones de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento o acciones populares.

No obstante, ante el incumplimiento de las decisiones constitucionales, el legislador ordinario mediante los arts. 16 y 17 del CPCo, ha previsto la ejecución y cumplimiento de las resoluciones bajo los siguientes términos:

Artículo 16.- (Ejecución)

I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción.

II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo el corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo. Artículo 17.- (Cumplimiento de resoluciones)

I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones.

II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda.

III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger. De las normas procesales constitucionales descritas, se extrae inicialmente que, la ejecución de toda resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al juzgado o tribunal que conoció la acción y en casos de demora o incumplimiento en la ejecución, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la atribución de conocer y resolver las mismas a través del instituto procesal denominado “queja”; empero, en esta parte incumbe precisar dos aspectos que tienen relación con el cumplimiento y ejecución inmediata de las resoluciones constitucionales emergentes de aquellas que previamente son resueltas por los jueces y tribunales de garantías; primero, una resolución constitucional adquiere la calidad de cosa juzgada cuando en revisión es emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificando o revocando la inicial decisión asumida por el juez o tribunal de garantías, sólo después de este acto procesal emerge el tratamiento del instituto procesal de la “queja” para verificar la demora o su incumplimiento; y, segundo, cuando una resolución emerge del desarrollo de la audiencia efectuada ante el juez o tribunal de garantías, su ejecución es inmediata conforme lo prevén los arts. 126.IV (acción de libertad), 129.V (amparo constitucional), 131.III y IV (acción de protección y privacidad), 134.IV y V (acción de cumplimiento), y 136 (acción popular), todos de la CPE, ello supone que no es exigible la remisión previa de la resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional para ejecutar las decisiones emitidas por los jueces y tribunales de garantías.

Ahora bien, con referencia al cumplimiento (art. 17 CPCo), la disposición procesal refiere que, tanto los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública o remitir antecedentes ante la autoridad administrativa con la finalidad de imponer las sanciones que correspondan; asimismo, tienen la potestad de aplicar multas progresivas a la autoridad o persona (individual o colectiva), sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran emerger; regulación, que encuentra sustento constitucional en el carácter inmediato de las acciones de defensa que por su naturaleza protectiva de las garantías y derechos fundamentales, merecen atención prioritaria y reparación inmediata de los derechos vulnerados. Consecuentemente, está claro que los jueces, tribunales y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen las amplias prerrogativas para ejercer las acciones necesarias a efectos de hacer cumplir sus decisiones acudiendo a la fuerza pública e imponer multas progresivas o inclusive remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por atentado a las garantías constitucionales, conforme dispone el art. art. 127 de la Norma Suprema, que señala:

I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las

decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales.

II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley” (resaltado ilustrativo). Previsión constitucional, que es aplicable para todas las acciones de defensa por mandato de la misma Norma Suprema.

De lo ampliamente descrito, es posible concluir en que, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos constitucionales, cuando los mismos: 1) No son acatados, 2) Son cumplidos parcialmente, 3) Se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, al no ser concretados en la medida de lo determinado; y, 4) Cuando su cumplimiento es tardío (SC 1206/2010-R de 6 de septiembre); consecuentemente, una vez puestas en conocimiento de los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, estas instancias, se encuentran facultadas para adoptar las medidas necesarias que sean requeridas para el cumplimiento efectivo de las resoluciones, pudiendo asumir las siguientes acciones: i) Requerir la intervención de la fuerza pública, ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda, iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley (art. 127 de la CPE).

Consecuentemente, tratándose de resoluciones emergentes de procesos constitucionales en las cuales se compulsan denuncias sobre conculcaciones a derechos y garantías constitucionales, su cumplimiento por parte de los demandados o accionados debe ser inmediato conforme a la naturaleza de las acciones de defensa; toda vez que, al no efectivizar o materializar dicho cumplimiento se vulnera el derecho al acceso a la justicia y su tutela efectiva conforme prevé el art. 115.I de la CPE, concordante con los arts. 8.1 y 25 de la CADH, y el art. 14.1 del PIDCP. En ese orden, conforme a lo ampliamente desarrollado y en estrecha relación con el art. 9.4 de la Norma Suprema, que prevé como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, las autoridades constitucionales (jueces y tribunales) al ser parte integrante del Estado como operadores de la justicia constitucional, tienen el deber constitucional y legal de ejercer todas las acciones necesarias destinadas a garantizar la ejecución y cumplimiento inmediato de sus resoluciones en resguardo de los accionantes que acudieron a la justicia constitucional en busca de tutela, so pena de ser sancionados conforme a la Norma Suprema y disposiciones legales.

III.6. Análisis del caso concreto

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la estabilidad laboral, a la vida digna y sin discriminación y a los principios de interés superior del menor de edad y de verdad material; toda vez que, ejerciendo funciones como personal administrativo del Hospital de Poconas dependiente del SEDES de Chuquisaca, recibió memorándum de agradecimiento de servicios desvinculándola de sus funciones; es así que recurrida tal determinación, por la vía de revocatoria y jerárquico, finalmente la autoridad ahora demandada emitió la Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de diciembre de 2023; por la cual, confirmó su desvinculación incurriendo en los siguientes agravios: a) No cumplió con reincorporarle a sus funciones, pese a conocer la condición de discapacidad y vulnerabilidad de su hijo, que fue anunciada de manera textual en su recurso jerárquico, sin tomar en cuenta la protección reforzada con la que cuenta al haber sido diagnosticado con autismo; asumiendo una decisión manifiestamente arbitraria ya que omite aplicar el marco constitucional y convencional que protegen a los niños con discapacidad y que por ende, garantizan la estabilidad laboral de sus padres; manifestando por ello, un trato discriminatorio que impide el derecho a la vida digna de su hijo; aun cuando la discapacidad de su hijo fue acreditada por informe médico revalidado por la CNS de 14 de noviembre de 2023; b) Incurrió en motivación arbitraria; ya que, sin justificación ni razonabilidad alguna, se apartó de los estándares más altos de protección a los menores de edad con discapacidad, omitiendo considerar y por tanto fundamentar y motivar su decisión en relación a la condición de su hijo, ejecutando para ello, un test de proporcionalidad como exigen los estándares internacionales más altos.

De las Conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que: a través de Memorándum CITE: DIR.TEC. 0198/2020 de 18 de marzo, se transfirió a la ahora impetrante de tutela para que pase a ejercer funciones como personal administrativo del Hospital Poconas con el Item “8386” (Conclusión II.1); sin embargo, a través de Memorándum CITE: URRHH 491/2023 de 7 de septiembre, se le agradeció por los servicios prestados, justificando tal determinación en razón a que la misma es funcionaria de libre designación (Conclusión II.2) Tal determinación fue recurrida por la vía de revocatoria, emitiéndose en consecuencia la Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria U.A.J./A.G.J. 26/2023 de 10 de octubre, que confirmó el memorándum de agradecimiento de servicios (Conclusiones II.3 y II.4).

Inconforme con tal determinación la ahora peticionante de tutela promovió recurso jerárquico, emitiéndose finalmente la Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de diciembre de 2023, a través de la cual el ahora demandado dispuso, confirmar la Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria U.A.J./A.G.J. 26/2023 de 10 de octubre, manteniendo incólume el Memorándum de agradecimiento de servicios URRHH 491/2023 de 7 de septiembre (Conclusiones II.5 y II.8). Con esos antecedentes, corresponde ingresar al análisis de fondo de las problemáticas planteadas, considerando en todo momento la situación de vulnerabilidad del menor de edad con discapacidad y lo previsto por el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional que estableció de manera general que las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera. Entonces, a efectos de sistematizar adecuadamente la presente resolución que, por pedagogía constitucional, se partirá analizando la segunda problemática presentada por la peticionante de tutela, referente a la fundamentación y motivación de la resolución jerárquica, para posteriormente, analizar la primera problemática presentada; teniendo entonces que:

III.6.1.Respecto a la segunda problemática

La accionante alega que se incurrió en motivación arbitraria, ya que, sin justificación ni razonabilidad alguna, se apartó de los estándares más altos de protección a los menores de edad con discapacidad, omitiendo considerar y por tanto fundamentar y motivar su decisión en relación a la condición de su hijo, ejecutando para ello, un test de proporcionalidad como exigen los estándares internacionales más altos.

a) A efectos de evaluar la presente problemática, se analizará en primera instancia, si la resolución ahora cuestionada, cumple con el principio de congruencia como elemento del debido proceso; principio que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional entiende que: La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes.

Dicho ello, en el presente caso, es evidente que la solicitante de tutela al ser removida del cargo que ejercía en el Hospital de Poconas, dependiente del SEDES de Chuquisaca, recurrió tal determinación a través del recurso de revocatoria, mismo que, al ser negado, fue nuevamente impugnado vía recurso jerárquico; anunciando en este momento procesal lo siguiente:

Finalmente, Señor Gobernador, comunicó a su autoridad que tengo un hijo de nombre NNN de 2 años y 2 meses de edad, que actualmente está en evaluación Psicológica y de acuerdo a diagnóstico médico clínico aseveran que tendría autismo, todo dependerá de las evaluaciones que están a punto de terminar. En caso de concretarse está ingrata noticia haré conocer esta situación al SEDES Ch. con documentos que acrediten la discapacidad. En consecuencia, informo este antecedente para que su autoridad pueda tomar todos los recaudos de esta situación que atinge a toda mi familia, por el posible mal estar de mi niño.” En resolución de tal recurso jerárquico, se observa que la autoridad ahora demandada en suma señaló:

a) Aclara que, los funcionarios que tienen calidad de provisorios, no son titulares de derechos conforme el art. 7-II del EFP y que no es necesario agotar un proceso disciplinario para su destitución, pues tales prerrogativas son reconocidas tan solo a los servidores públicos incorporados a la carrera administrativa tal cual lo determina el art. 41 del mismo cuerpo legal, en ese sentido los provisorios no gozan de inamovilidad laboral al no haber sido su ingreso a la función pública resultado de procesos de reclutamiento o selección de personal; y en el caso de la accionante, desde su nombramiento -como ella misma reconoce- como Jefe de la Unidad de RR.HH. dependiente del SEDES de Chuquisaca, hasta su agradecimiento a través de memorándum 491/2023 de 7 de septiembre, aclarando que la misma no ingresó a prestar servicios a través de convocatoria pública o examen de competencia; es decir, no fue parte de un proceso de reclutamiento o selección de personal; por lo que, su ejercicio de funciones obedece a una decisión de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la institución, ya que como ella misma señala, fue invitada por el Director Técnico del SEDES de Chuquisaca en un cargo de estricta confianza. Agrega, que conforme la SCP “0526/2016”, se estableció que para dar lugar al despido justificado de los servidores públicos provisorios no se requiere ningún procedimiento, pues simplemente se les comunicará el cese de sus funciones sin necesidad de invocar la comisión de falta alguna; b) No corresponde la fundamentación o motivación del memorándum, ya que la ahora accionante, ingresó a trabajar a un cargo jerárquico como funcionaria de libre nombramiento, y al ser funcionaria provisoria su retiro puede ser inmediato; aclarando además que la SC 1068/2011-R de 11 de julio, expresó claramente que los funcionarios de libre nombramiento son provisorios, infiriéndose de ello, que sus funciones son temporales o provisionales, estableciendo finalmente que el derecho a la inamovilidad laboral no es un derecho absoluto y que no es aplicable en el ámbito administrativo cuando se trata de funcionarios provisorios o de libre nombramiento que tienen características de ser cargos de confianza y especialidad; c) La recurrente prestó funciones de confianza y nivel jerárquico durante las gestiones 2018 y 2019 siendo posteriormente transferida en la gestión 2020 a prestar funciones administrativas, como Responsable de Personal del Hospital de Poconas, conforme de la revisión de antecedentes; por lo que, tampoco podría argüir tener antigüedad que pretende invocar erradamente para tratar de beneficiarse con la antigüedad que solo corresponde a los cargos administrativos; teniendo que la recurrente no fungió como funcionaria de carrera; ya que, el memorándum de agradecimiento de servicios no constituye un acto ilegal que haya afectado sus derechos, habiendo actuado la MAE del SEDES de Chuquisaca conforme a las atribuciones conferidas por ley a tiempo de disponer de su cargo y en consecuencia al determinar su alejamiento no se demostró lesión alguna; d) Se concluye que Marinela Fátima Polo Hurtado, tenía calidad de funcionaria provisoria; por lo que, el acto administrativo que se pretende dejar sin efecto y sobre el cual se origina la presente pretensión no lesionaron derecho alguno; En ese marco y toda vez que, la presente Resolución debe manifestarse en el fondo, bajo el carácter informal del procedimiento administrativo, para el caso concreto se advierte que, la recurrente no ha demostrado tener la calidad de funcionaria de carrera, por el contrario al contar con la calidad de servidora pública provisoria, solo corresponde la comunicación del cese de sus funciones sin invocar la comisión de ninguna falta; así mismo respecto a la Resolución de Revocatoria recurrida, goza de la motivación por remisión suficiente para crear convicción de que lo decidido en ella tiene la fundamentación necesaria; por lo que, el Director Técnico del SEDES de Chuquisaca, autoridad que resolvió el recurso de revocatoria ahora recurrido, actuó en dicho recurso bajo los preceptos normativos aplicables y habría interpretado correctamente la norma al caso de autos. (Conclusión II.8).

Entonces, como se observa, en su recurso jerárquico, la ahora accionante manifestó de forma expresa se tome en cuenta la situación de su hijo menor de edad a quien en aquel momento estaba siendo evaluado a efectos de establecer si el mismo padecería de autismo como un tipo de discapacidad; pese a dicha solicitud, la autoridad ahora demandada (conforme se puede evidenciar de la resolución descrita previamente) omitió tomar en cuenta tal solicitud, emitiendo finalmente la Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de diciembre de 2023, por la cual ratificó el agradecimiento de servicios sin emitir pronunciamiento alguno sobre este agravio.

Por lo descrito, se puede establecer con certeza que la autoridad ahora demandada incumplió con la obligación de dar respuesta a la consideración de situación de su hijo menor de edad, yendo en contra, por ende, del principio de congruencia que conforme lo desarrollado, exige exista plena correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, correspondiendo sobre este punto conceder la tutela solicitada.

b) Ingresando al análisis de fundamentación y motivación de la resolución, se debe considerar previamente, que conforme el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, se entiende que la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Dicho ello, el primer aspecto que la autoridad ahora demandada debió tomar en cuenta a efectos de fundamentar adecuadamente su resolución, es que, el Estado atribuye a todas las autoridades, tanto judiciales como administrativas, el deber de garantizar el interés superior del menor de edad; manifestando el art. 60 de la CPE que “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

Sin embargo, como se vio en el anterior acápite III.6.1.b., la autoridad judicial ahora demandada, omitió plenamente considerar el alegato presentado por la ahora impetrante de tutela respecto a la situación de su hijo menor de edad con discapacidad, y por ende desvió la fundamentación de su resolución a aspectos concernientes a los funcionarios provisorios y la falta de derechos que estos tendrían; incurriendo en una evidente arbitrariedad, pues pese a manifestarse plenamente la situación de vulnerabilidad del menor de edad con discapacidad hace caso omiso a la solicitud específica de la peticionante de tutela.

Entonces, el deber de la autoridad demandada al momento de fundamentar y motivar su resolución, debió superar cualquier formalismo o legalismo y a partir de un enfoque interseccional, debió considerar prioritariamente la situación del menor de edad con discapacidad, aunque este fuera un simple anuncio, pues como se observa, esta omisión en la argumentación conllevó a que la madre vea afectada su situación laboral, pese a que posteriormente pudo contar con elementos como el Informe Psicológico de 25 de octubre de 2023, emitido por Mirna Márquez Mendoza, Psicóloga Clínica, quien determinó que el hijo menor de edad de la ahora solicitante de tutela dentro de la escala de Autismo “C.A.R.S.” habría obtenido una puntuación de 41, lo que indica presencia de un autismo “medianamente moderado” y el Informe Médico “Revalidado por la Caja Nacional de Salud” (sic) de 14 de noviembre de 2023, por el cual Raquel Moreno Lora, Neuróloga Infantil certificó que el menor de edad, hijo de la ahora accionante, de dos años y un mes de edad se encontraría con un diagnóstico de “Trastorno Autista, Trastorno Hipotónico Sensorial, Cambios Conductuales”.

Por ende, la autoridad ahora demandada, ante el anuncio de una posible lesión a los derechos de una persona con discapacidad, pudo servirse de los medios legales, como el establecido por el art. 62 de la Ley 2341, que le permite en etapa de recursos aperturar un periodo de prueba; o pudo servirse también de cualquier otro método que conlleve a garantizar la efectividad de los derechos del menor de edad tomando en cuenta la informalidad que rige el análisis de los derechos de grupos vulnerables.

En este punto, es pertinente aclarar, que no puede hablarse de una lesión al principio de verdad material como manifiesta la impetrante de tutela al momento de relatar los hechos que motivan la acción, ya que los elementos que acreditarían la situación de discapacidad del menor de edad, no fueron adjuntos en el planteamiento del recurso jerárquico, pero pese a ello, como se señaló, debió considerarse la solicitud realizada por la peticionante de tutela, en la cual pedía se considere la situación de su hijo menor de edad, cuyo diagnóstico sería próximamente confirmado.

Por lo descrito, al ser evidente la falta de fundamentación y motivación de la resolución, corresponde conceder la tutela respecto a la presente problemática.

III.6.2. Respecto a la primera problemática

La solicitante de tutela alega que, el ahora demandado, no cumplió con reincorporarle a sus funciones, pese a conocer la condición de discapacidad y vulnerabilidad de su hijo, que fue anunciada de manera textual en su recurso jerárquico, sin tomar en cuenta la protección reforzada con la que cuenta al haber sido diagnosticado con autismo; asumiendo una decisión manifiestamente arbitraria ya que omite aplicar el marco constitucional y convencional que protegen a los niños con discapacidad y que por ende, garantizan la estabilidad laboral de sus padres; manifestando por ello, un trato discriminatorio que impide el derecho a la vida digna de su hijo; aun cuando la discapacidad de su hijo fue acreditada por informe médico revalidado por la CNS de 14 de noviembre de 2023.

A efectos de ejecutar un debido análisis, se dividirá el análisis de la presente problemática en dos partes; analizando primero el deber de reincorporación a la ahora accionante a su fuente laboral; y, la segunda en relación si es que la conducta del ahora demandado, puede considerarse discriminatoria; así, se tiene que:

a) Sobre el primer aspecto, se tiene que el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, estableció que las personas que tienen bajo su guarda y protección a una persona con discapacidad tienen garantizado su derecho a la inamovilidad laboral; ello, en correspondencia y sustento del nuevo modelo constitucional que establece que los derechos fundamentales son directamente aplicables por mandato del art. 109.I de la CPE; además, se debe tomar en cuenta que dentro del marco de los arts. 13.IV y 256.I de la referida Ley Fundamental, los derechos de este grupo poblacional, deben ser interpretados a la luz del bloque de constitucionalidad, buscando una interpretación y aplicación progresiva y garantista en favor de este sector social considerado vulnerable; en ese entender, el contenido de instrumentos internacionales que conforman el mencionado bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 del Texto Constitucional; como, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); buscan proscribir actuaciones contrarias contra las personas con discapacidad.

Dicho ello, y conforme lo evaluado en el acápite previo, es evidente que la autoridad ahora demandada, no consideró la situación de vulnerabilidad del menor de edad con discapacidad, pese a que este fue anunciado en el recurso jerárquico de la impetrante de tutela; y, por ende, tal autoridad al ratificar el agradecimiento de servicios lesionó la garantía que otorga el Estado a los padres de personas con discapacidad otorgándoles la inamovilidad laboral aun cuando sean funcionarios de libre nombramiento.

Además de ello, es evidente que la decisión asumida va en contra de la protección reforzada que otorga el Estado a los menores de edad y conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, donde se especificó que es un deber de toda autoridad dirigir sus actuaciones considerando primordialmente el interés superior del niño; aspecto que, comprende garantizar la preminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia; situación que, no fue considerado ya que se debió tomar en cuenta la protección reforzada.

Por lo descrito, respecto al pedido de reincorporación a las funciones de la peticionante de tutela, se establece que el actuar del ahora demandado, debió considerar lo establecido por el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que le otorga a la ahora solicitante de tutela inamovilidad laboral al tener un hijo con discapacidad; aspecto que se acredita con la documental descrita en las Conclusiones II.6 y II.7 del presente fallo constitucional; correspondiente a un Informe Psicológico e Informe Médico por los cuales se estableció que el menor de edad se encontraría con un diagnóstico de trastorno Autista medianamente moderado, además de trastorno hipotónico sensorial y cambios conductuales; elementos que si bien no fueron presentados con el recurso jerárquico, fueron debidamente anunciados y por ende, la autoridad demandada debió responder a dicho anuncio en consideración a la situación de vulnerabilidad del menor de edad o en su caso la citada autoridad ahora demandada, cuando ya fue advertida la posible lesión a los derechos de una persona con discapacidad, pudo servirse de los medios legales, que establece el art. 62 de la Ley 2341, que le permite en etapa de recursos aperturar un periodo de prueba; o también pudo servirse también de cualquier otro método que conlleve a garantizar la efectividad de los derechos del menor de edad tomando en cuenta la informalidad que rige el análisis de los derechos de grupos vulnerables; sin embargo, con su decisión expresada en la Resolución Administrativa Gubernamental CH/ 520 de 11 de diciembre de 2023, -el cual resuelve el recurso jerárquico planteado por la ahora accionante-, fue conducente a una motivación arbitraria ya que sustentó su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricos; por lo que, la autoridad demandada no podía cesar de sus funciones a la impetrante de tutela, mediante una decisión arbitraria; puesto que, dicha medida no solo afecta al trabajador, sino a su entorno familiar y de manera particular a la persona con discapacidad que se encuentra a su cargo. En ese contexto, y ante la evidente presencia de la documentación esta instancia constitucional -Informe Psicológico de 25 de octubre de 2023 y el Informe Médico de 14 de noviembre del citado año-(Conclusiones II.6 y II.7); por tales aspectos, no se puede dejar pasar estos elementos observados y en aplicación del principio de verdad material, se comprueba que la peticionante de tutela tiene un hijo menor con discapacidad, que si bien la prueba presentada por la solicitante de tutela y la misma tampoco fue compulsada por la parte ahora demandada; esta instancia constitucional en mérito a la progresividad de los derechos y garantías constitucionales comprenden que es necesario garantizar el derecho a la inamovilidad laboral de la madre con hijo con discapacidad; por ello, corresponde disponer su reincorporación laboral por haberse vulnerado dicho derecho; en consecuencia corresponde otorgar la tutela solicitada.

b) Ahora bien, sobre la acusación de que la autoridad ahora demandada hubiera incurrido en trato discriminatorio impidiendo su derecho a la vida digna de su hijo, aun cuando la discapacidad de su hijo fue acreditada por informe médico, sobre este aspecto se debe tomar en cuenta la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, que sobre el punto señaló:

…todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos…

Conforme a lo descrito en el art. 5 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación -Ley 045 de 8 de octubre de 2010-; la cual, en su definición establece que el acto de discriminación debe tener un objetivo o resultado de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional; además el art. 14.II de la CPE prohíbe y sanciona todo tipo de discriminación.

De la compulsa de la Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de diciembre de 2023, se establece que la conducta de la autoridad demandada no podía responder a un actuar doloso o que tenga alguna intención de cometer algún acto de discriminación ya que no contaba con los elementos que acreditaban la situación del menor; es decir, no se puede hablar de discriminación cuando el demandado, no conocía siquiera la situación de discapacidad del menor; por lo que, su conducta está orientada a su omisión de su actuar con responsabilidad, además la parte accionante no ha demostrado de qué forma la autoridad demandada hubiese anulado o menoscabado el reconocimiento, goce o ejercicio de las condiciones de igualdad de sus derechos; de lo expuesto, no se puede considerar lo alegado por la madre del menor.

En ese entendido, en relación a la acusación en contra de la autoridad demandada, de que hubiese incurrido en un acto de discriminación y de lo compulsado, corresponde denegar la tutela solicitada.

Finalmente, respecto a los petitorios de la impetrante de tutela, es pertinente establecer que:

1) Corresponde dejar sin efecto la Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de diciembre de 2023, al haberse evidenciado una incorrecta fundamentación y motivación de la misma, conforme se desarrolló previamente;

2) Se debe determinar la reincorporación a su fuente laboral, más el pago de sueldos devengados y todos los beneficios sociales que correspondan ya que como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el estado garantiza la inamovilidad laboral de personas que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; y, en el presente caso, al haberse evidenciado a través de los Informes Psicológico y Médico (Conclusiones II.6 y II.7) que el menor de edad se encuentra con el diagnóstico de autismo, que la madre del mismo y ahora peticionante de tutela, se encuentra dentro de dicha categoría.

3) De conformidad a lo descrito por los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2, es pertinente establecer que se constituye en deber del estado garantizar en todo momento y de forma prioritaria, la situación de los menores de edad y las personas con discapacidad; otorgándoles el deber a las autoridades judiciales de actuar con la debida diligencia cuando se trate de resolver aspectos que puedan afectar derechos fundamentales de los mismos; razón por la cual, es pertinente que la autoridad demandada ejecute programas de capacitación para los funcionarios de su dependencia sobre temas de protección reforzada a menores de edad y personas con discapacidad a partir de los enfoques diferenciales; ello, con la finalidad de prevenir se incurra en actos que pudieran resultar lesivos para su desarrollo íntegro.

4) Corresponde dar lugar a la indemnización solicitada por la solicitante de tutela, ello, conforme lo descrito en la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, la cual refiere que: “La indemnización; esta medida de reparación es una de las más comunes utilizadas por la Corte IDH, se refiere a una compensación económica tanto por los daños materiales como por los inmateriales que haya sufrido la víctima, como consecuencia de la vulneración de un derecho humano”; por lo tanto, esta medida responde principalmente a actos, por parte del Estado responsable, de desagravio de los daños, tanto morales como al proyecto de vida, ocasionados a consecuencia de una violación de derechos humanos; por lo que se establece la posibilidad de sancionar a autoridades o personas demandadas, entendiéndose que al determinarse que sus acciones u omisiones fueron las que dieron lugar a que la accionante erogue gastos y otros, los cuales deben ser repuestos.

Finalmente, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las resoluciones asumidas dentro las acciones constitucionales conforme al art. 203 de la CPE y arts. 16 y 17 del CPCo, son de cumplimiento obligatorio por las partes procesales y su ejecución es inmediata; lo cual, conlleva a que en el caso presente, la parte demandada, este impelida a dar cumplimiento total, efectivo, cabal e inmediato a lo dispuesto en la presente resolución constitucional pudiendo la Sala Constitucional, conforme dispone el indicado art. 17 del CPCo, ejecutar las siguientes acciones a efectos de garantizar el cumplimiento de la presente: i) Requerir la intervención de la fuerza pública, ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda, iii) Imponer 20La SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, en FJ III.4 Las medidas de reparación anotadas deben ser aplicadas por todos los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco del control de convencionalidad, lo que significa que la reparación prevista en el art. 113.I de la CPE, que fue referida precedentemente, debe ser comprendida dentro de los parámetros establecidos por la Corte IDH que, conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014 de 4 de noviembre y a los principios de favorabilidad y progresividad -arts. 13 y 256 de la CPE-contiene el estándar más alto de protección al derecho de reparación; en ese sentido, debe acogerse lo desarrollado por la Corte IDH, que señala que la reparación integral implica:

1) La restitución; esta medida resulta ser la que debería devolver a la víctima a una situación idéntica a la que se encontraba antes de sufrir alguna vulneración a sus derechos; 2) La indemnización; esta medida de reparación es una de las más comunes utilizadas por la Corte IDH, se refiere a una compensación económica tanto por los daños materiales como por los inmateriales que haya sufrido la víctima, como consecuencia de la vulneración de un derecho humano; 3) La rehabilitación; en casos en los que la Corte IDH aplica esta medida de reparación, señala que: “…es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas de las violaciones establecidas en la presente Sentencia…”; por ende, las medidas de reparación serán destinadas a los daños inmateriales, principalmente a los morales y físicos que vaya a sufrir la víctima como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos; 4) La satisfacción; esta medida tiende a generar en la víctima un sentimiento de reconocimiento positivo como consecuencia de los daños que pudiere haber sufrido por la violación de sus derechos humanos. Al respecto, Martín Beristaín señala: “Las medidas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos de desagravio; las sanciones contra perpetradores; la conmemoración y tributo a las víctimas”. En resumen, estas medidas corresponden principalmente a actos, por parte del Estado responsable, de desagravio de los daños, tanto morales como al proyecto de vida, ocasionados a consecuencia de una violación de derechos humanos; y, 5) La garantía de no repetición; esta medida, principalmente, está dirigida a mitigar los daños colectivos. Así por ejemplo, con la tipificación de algún delito, se genera en toda la sociedad, de alguna manera, un sentimiento de confianza hacia el Estado, en el sentido de tener cierta seguridad que no se repetirán circunstancias que originen violaciones de derechos humanos.

multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, finalmente; iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley conforme determina el art. 127 de la CPE. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 117/2024 de 15 de julio, cursante de fs. 243 a 246 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso, a la estabilidad laboral, a la vida digna y sin discriminación, disponiendo:

a) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa Gubernamental CH/520 de 11 de diciembre de 2023, debiendo emitirse una nueva en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su notificación con esta resolución constitucional si es que la situación de la impetrante de tutela no hubiera sido ya subsanada por efectos de la Resolución de la Sala Constitucional.

b) La reincorporación de la peticionante de tutela al mismo cargo más el pago de sueldos devengados y demás beneficios sociales.

c) La autoridad demandada debe ejecutar programas continuos de capacitación para los funcionarios de su dependencia sobre temas de protección reforzada a menores de edad y personas con discapacidad a partir de los enfoques diferenciales; aspecto que, a su cumplimiento deberá ser informado a la Sala Constitucional.

d) Se debe indemnizar a la ahora accionante, por el daño generado con su desvinculación laboral, debiendo la Sala Constitucional considerar tal aspecto en ejecución de sentencia.

2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la presunta discriminación generada por la autoridad demandada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

4 Al respecto el FJ III.2 señala: “En torno a la naturaleza jurídica del proceso penal juvenil, convergen posiciones encontradas; algunos autores se muestran de acuerdo en señalar que se trata de un auténtico proceso de naturaleza penal, materialmente sancionador-educativo, tanto en procedimiento como en las medidas aplicables al menor. No obstante dicha apreciación, es importante destacar que en efecto, penal es la causa que da origen al procedimiento, la que emergió de la comisión de delitos tipificados por el Código Penal, cometidos por ciudadanos mayores de doce y menores de dieciséis años de edad, y penal, es también su consecuencia, porque se materializa en la imposición coactiva de medidas privativas o restrictivas de derechos fundamentales; sin embargo, dicho proceso, al mismo tiempo es especial, habida cuenta que el sujeto, objeto de su procesamiento, es un adolescente que goza de específica protección de la Constitución y de las normas vigentes nacionales como internacionales; y especiales son las medidas penales que pudieran aplicarse, dado que persiguen la finalidad educativa y resocializadora”

5 El FJ III.2 señala: “concluye que por este principio, entendido como el conjunto de acciones tendientes a resguardar y por ende a garantizar por parte del Estado el desarrollo integral y el acceso a una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a la niñez y adolescencia alcanzar el máximo bienestar posible, es obligación de todos los administradores de justicia, quienes tienen el deber de sustanciar una causa en la que se encuentren involucrados la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, se deberá reforzar su protección frente a otros derechos”.

6 El art. 9 del CNNA señala: ARTÍCULO 9. (INTERPRETACIÓN). Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables.

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación.”

15 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.

16 La SCP 0385/2018-S2 de 25 de julio, en su FJ III.1 señaló: “El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar las vulneraciones a los derechos, en especial a la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación, que se entrecruzan e influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad, que se interaccionan en múltiples y a menudo simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación.”

17 La SCP 0607/2016 de 30 de mayo, en su FFJJ III.4 sobre el principio de la verdad material indico que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha pronunciado sobre los principios Estado boliviano, como es entre otros, el de “la verdad material”, señalando en la SCP 886/2013 de 20 de junio, a ser citada en lo pertinente que: “El principio de ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho y que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE, que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de 'verdad material', debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional. De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos. Es así que a través de este principio, el justiciable logra una efectiva tutela de sus derechos.”

18 El art. 5 de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, define la discriminación como “…toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional.”

19 El art. 14.II de la Constitución Política del Estado, refiere que: “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0641_2024-S1.pdf · páginas 1 a 44.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0cd7ed4a1d8c1265ee4fd314f8758859036ef7099757a49b96c23c859f47deb4

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