Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de abril de 2026
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud de su hija menor de edad AA; toda vez que, el GAD de Beni incumplió con la cancelación oportuna de los últimos cuatro meses del subsidio de lactancia reconocido a su favor y la de su hija; empero, no obstante haber presentado su solicitud formal de pago, la referida entidad omitió proceder con su pago en efectivo, adeudándole la suma de Bs8 000.-, afectando la nutrición, formación física y psicológica de la menor, así como su condición de madre lactante. Por su parte, la autoridad demandada señala que la impetrante de tutela no cumplió con el principio de subsidiaridad, y que en el fondo no puede realizar el pago en efectivo, sino en especie por disposición del art. 21 del Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 055/2023 de 17 de julio, cursante de fs. 44 a 47 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la autoridad demandada o la que se encuentre en ejercicio como Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, en el plazo de veinte días a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional, proceda a cancelar a Claudia Paola Sotto Aramayo los cuatro subsidios de lactancia devengados en favor de su hija AA, a razón de Bs2 000.- cada uno, haciendo un total de Bs8 000.- en dinero efectivo, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera realizado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0640/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57496-2023-115-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 055/2023 de 17 de julio, cursante de fs. 44 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Claudia Paola Sotto Aramayo contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Beni.
Por memorial presentado el 7 de julio de 2023, cursante a fs. 1 y 20 a 22 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
El GAD del Beni, en su calidad de entidad empleadora, incumplió con la entrega oportuna y mensual de los últimos cuatro subsidios de lactancia correspondientes a su hija AA; no obstante, pese a haber presentado una solicitud formal de pago, la referida entidad omitió proceder con su pago en efectivo, adeudándole la suma de Bs8 000.- (ocho mil bolivianos); omisión que afecta la nutrición, formación física y psicológica de su hija, así como su condición de madre lactante.
Denunció la lesión de sus derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud de su hija menor de edad AA; citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 45 y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, ordenando: a) La cancelación retroactiva de las asignaciones familiares correspondientes a cuatro subsidios de lactancia, haciendo un total de Bs8 000.- en el plazo de tres días; y, b) Se condene al pago de costas procesales, daños y perjuicios por la no entrega oportuna del subsidio y poner en riesgo la vida, salud, alimentación y seguridad social de su hija y su persona como madre.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 41 a 43, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de amparo constitucional.
José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del GAD de Beni, mediante informe escrito cursante de fs. 35 a 36 vta., y en audiencia de garantías, a través de sus representantes legales, solicitó se deniegue la tutela, refiriendo que: 1) La acción de defensa debe ser declarada improcedente por subsidiariedad; 2) Conforme a la Nota de Comunicación Interna D.BL.PS 222/2022 de 26 de julio, emitida por la Directora de Bienestar Laboral del GAD de Beni, se informó acerca del adeudo de asignaciones familiares a la servidora pública; y, 3) El art. 21 inc. a) de la Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre, prohíbe otorgar el subsidio de lactancia en dinero.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, por Resolución 055/2023 de 17 de julio, cursante de fs. 44 a 47 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que, en el plazo de veinte días a partir de su legal notificación, al Alcalde demandado proceda al pago de los cuatro subsidios de lactancia devengados en favor de la accionante, a razón de Bs2 000.- por mes, haciendo un total de Bs8 000.- en dinero efectivo, por no haberse cancelado oportunamente dicha asignación familiar, sin costas por ser excusable. Tal determinación se dio con base en los siguientes fundamentos: i) Corresponde abstraerse del principio de subsidiariedad, por tratarse de derechos vinculados a la seguridad social de un menor de edad; ii) El empleador no puede excusarse en procedimientos internos de la administración para incumplir derechos fundamentales; y, iii) Al advertirse el incumplimiento oportuno en la entrega en especie, procedía el pago retroactivo en dinero conforme la Resolución Ministerial 1676 de 22 de noviembre de 2011.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 52 a 54).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Formulario DS-08 de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares, emitido el 23 de mayo de 2022 por la Caja de Salud CORDES, que reconoce a Claudia Paola Sotto Aramayo -ahora accionante- el derecho a percibir doce asignaciones familiares de lactancia en favor de la menor AA, desde el 9 de junio del referido año hasta el 10 de mayo de 2023 (fs. 8). II.2. Mediante certificación de 26 de junio de 2023, emitida por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), se refiere que se efectivizaron ocho subsidios de lactancia en favor de la impetrante de tutela, quedando pendientes cuatro subsidios equivalentes a la suma de Bs8 000.- (fs. 13).
II.3. A través de nota presentada el 25 de julio de 2022, dirigida a Franz Muñoz Viruez, Secretario Departamental de Justicia del GAD de Beni, la peticionante de tutela solicitó de pago asignaciones familiares pendientes (fs. 11 y vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud de su hija menor de edad AA; toda vez que, el GAD de Beni incumplió con la cancelación oportuna de los últimos cuatro meses del subsidio de lactancia reconocido a su favor y la de su hija; empero, no obstante haber presentado su solicitud formal de pago, la referida entidad omitió proceder con su pago en efectivo, adeudándole la suma de Bs8 000.-, afectando la nutrición, formación física y psicológica de la menor, así como su condición de madre lactante. Por su parte, la autoridad demandada señala que la impetrante de tutela no cumplió con el principio de subsidiaridad, y que en el fondo no puede realizar el pago en efectivo, sino en especie por disposición del art. 21 del Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, en su fundamento jurídico III.4 estableció que: "Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como esencialmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa”.
En esa misma línea de razonamiento, la SCP 0780/2025-S3 de 18 de julio y la SCP 0914/2025-S3 de 12 de agosto, ambas pronunciadas en casos análogos al presente y también tramitadas contra el mismo GAD del Beni, reafirmaron que la subsidiariedad no es exigible cuando están involucrados menores de edad en el marco del régimen de asignaciones familiares.
El art. 45.III de la CPE dispone que el régimen de seguridad social cubre, entre otras contingencias, las asignaciones familiares; por su parte, el art. 48.I de la referida Norma Suprema instituye que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio.
En cuanto al régimen de asignaciones familiares, el Decreto Supremo (DS) 3546 de 1 de mayo de 2018 modificó el art. 25 del DS 2892 de 1 de septiembre de 2016, incorporando el inciso c), referido al “Subsidio de Lactancia”, consistente en la entrega de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2 000.- por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida, prestación que debe ser pagada por los empleadores.
Sobre el alcance y la obligatoriedad de estas prestaciones, la jurisprudencia establecida en la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial de la SCP 0134/2014 de 10 de enero, señaló que: “...siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza su efectivo cumplimiento (...) corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador”.
La jurisprudencia constitucional estableció una regla clara sobre la forma de pago de los subsidios devengados que no fueron entregados oportunamente; en ese sentido, la SCP 1228/2022-S1 de 14 de octubre, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0396/2024-S1, 0523/2025-S4, 0780/2025-S3 y 0914/2025-S3, señaló que: “...una primera reflexión, que implica que es posible la entrega de subsidios devengados prenatal y lactancia en dinero cuando la solicitud se efectúa luego o después de que el hijo nacido vivo cumplió un año de edad, esto en virtud al principio de oportunidad, puesto que la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias que le corresponden a la madre o padre progenitor, genera vulneración de los derechos constitucionales primarios del hijo menor de un año (...), siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría la finalidad específica del subsidio (...). Consiguientemente, (...) corresponde su pago en especie -prenatal y lactancia- y en dinero -natalidad- cuando el pedido se haya efectuado antes de que el hijo nacido vivo cumpla un año de vida; y, cuando la solicitud sea efectuada después de que el hijo nacido vivo tenga un año cumplido, es posible el pago de los tres subsidios en forma monetaria; (…); esto en correspondencia con los principios de oportunidad y favorabilidad respecto de los derechos involucrados y la progresividad de los derechos constitucionales, en resguardo del interés superior del niño y niña”.
Por otra parte, de la revisión del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares, aprobado por Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre, el art. 35 inciso a) establece lo siguiente: "En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las Asignaciones Familiares de manera oportuna, el pago de los subsidios adeudados en especie o en dinero según corresponda se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes”.
Con carácter previo al análisis de fondo, es preciso señalar que, en virtud de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este Tribunal estableció que, en materia de asignaciones familiares directamente vinculadas a la vida y a la salud de un menor de edad, no es exigible el agotamiento previo de las vías administrativas; basta con formalizar el reclamo a la entidad y que esta no otorgue una respuesta oportuna; en ese caso, corresponde prescindir del principio de subsidiariedad y aperturar, de manera excepcional, el ámbito de protección de la justicia constitucional. Precisado el anterior punto, de los antecedentes que cursan en obrados se tiene que, conforme al Formulario DS-08 de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares, emitido por la Caja de Salud CORDES el 23 de mayo de 2022, se reconoció a la accionante el derecho a percibir doce subsidios de lactancia en favor de su hija AA, desde el 9 de junio del referido año hasta el 10 de mayo de 2023; asimismo, se tiene la certificación del SEDEM de 26 de junio de 2023, que acredita que únicamente se efectivizaron ocho de esos doce subsidios, quedando pendientes los cuatro últimos, equivalentes a Bs8 000.- (Conclusiones II.1 y II.2). Al respecto, este Tribunal razona, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que la autoridad demandada tenía la obligación legal de otorgar las asignaciones familiares de manera oportuna y diligente, más aún cuando la impetrante de tutela, el 23 de julio de 2022, ya exigió el pago de las asignaciones familiares pendientes (Conclusión II.3), obligación que no puede ser incumplida bajo ningún tipo de justificación administrativa o presupuestaria; al ser las asignaciones familiares, en este caso el subsidio de lactancia, una garantía del Estado y, por tanto, su cumplimiento obligatorio, conforme a los arts. 45.III y 48.I de la CPE. Finalmente, con relación al argumento de la entidad demandada respecto a la prohibición de pago en dinero contenida en la Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre, este Tribunal considera que corresponde el pago en dinero efectivo, en razón de que la hija de la accionante, al momento de la presentación de esta acción de amparo constitucional, el 3 de julio de 2023, ya tenía un año y casi dos meses de edad, al haber nacido el 10 de mayo de 2022; por lo que se aplica la primera reflexión de la regla jurisprudencial desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es decir: “…cuando la solicitud sea efectuada después de que el hijo nacido vivo tenga un año cumplido, es posible el pago de los tres subsidios en forma monetaria…”; más aún cuando, de la revisión del art. 35 inc. a) de la Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021, se advierte que se permite el pago en efectivo ante el incumplimiento oportuno de las asignaciones familiares, como en este caso del subsidio de lactancia, por parte del empleador; en tal situación, corresponde conceder la tutela impetrada. Respecto a la solicitud de pago de costas y costos formulada por la accionante, no corresponde su consideración por ser excusable. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 055/2023 de 17 de julio, cursante de fs. 44 a 47 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la autoridad demandada o la que se encuentre en ejercicio como Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, en el plazo de veinte días a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional, proceda a cancelar a Claudia Paola Sotto Aramayo los cuatro subsidios de lactancia devengados en favor de su hija AA, a razón de Bs2 000.- cada uno, haciendo un total de Bs8 000.- en dinero efectivo, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera realizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0640_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): e49cec5c81eb4967ebc1dd4a0269632f9cad7d6e4dcaed0453a7ec353039d0ec
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