Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 10 de junio de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de valoración razonable de la prueba, fundamentación y motivación y a la presunción de inocencia; puesto que, la Vocal ahora accionada mantuvo la detención preventiva de ambos a través del Auto de Vista de 21 de marzo de 2023, sin realizar una debida fundamentación y motivación, respecto a: i) La relación de autoría, debido a que efectuó una apreciación fuera del marco legal sobre el certificado médico forense y afirmó que si se respondieron las interrogantes para configurar la autoría; empero, al no indicar cómo hizo falta un presupuesto importante para configurar la autoría; ii) La concurrencia del riesgo procesal de fuga, previsto por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 056/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 63 a 67 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0640/2025-S1 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 55600-2023-112-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 056/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 63 a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marco Antonio Gandarillas Flores y Álvaro Willi Marca Flores contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Los accionantes por memoriales presentados el 28 de abril y 8 de mayo de 2023, cursantes de fs. 17 a 23 y 28, manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Jhenifer Karen Vargas Castro -ahora tercera interesada- contra sus personas, por la presunta comisión del delito de violación con agravante previsto y sancionado por los arts. 308 y 310 inc. c) y d) del Código Penal (CP), se les imputó formalmente y se solicitó la aplicación de medidas cautelares de detención preventiva, pedido que fue resuelto mediante Auto Interlocutorio de 3 de marzo de 2023, disponiéndose su detención preventiva de ambos, contra dicha determinación plantearon recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto a través del Auto de Vista de 21 de igual mes y año, emitido por la Vocal hoy accionada, quien mantuvo las medidas cautelares de detención preventiva. El Auto de Vista de 21 de marzo de 2023, a pesar de revocar en parte el Auto Interlocutorio de 3 del referido mes y año, los mantiene con detención preventiva, sin que en dicho Auto de Vista se hubiese realizado una debida fundamentación y motivación, respecto a la autoría mediata atribuida a sus personas, así como de la concurrencia de los riesgos procesales; puesto que, no expresó adecuadamente una justificación razonable, cuando es necesario que las resoluciones judiciales sean debidamente motivadas y deben exponer con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan. Así se advierte que, respecto a la autoría que, la Vocal ahora accionada sostiene en el Considerando II.2. del Auto de Vista de 21 de marzo de 2023, que en la etapa investigativa la autoría solo requiere de indicios; en ese sentido, desestimó el reclamo de ambos, en el sentido de que el certificado médico forense no acreditó la comisión del delito de violación, no tenía relevancia, apreciación fuera de lo legal; puesto que, al haberse acompañado como prueba un certificado médico forense, la Vocal hoy accionada estaba obligada a valorarlo conforme a ley, así lo establece la jurisprudencia constitucional; asimismo, respecto a que no se respondió a las interrogantes de qué hicieron, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron, la citada Vocal indicó que dichas cuestiones si fueron respondidas; sin embargo, en su argumentación se refirió al delito de abuso sexual y no al de violación, tratándose de tipos penales distintos; por lo que, al no indicar cómo se hubiese cometido el hecho, se omite un presupuesto importante para configurar la autoría. Ese requisito debe sustentarse en la existencia de evidencia física y material que genere un mínimo de credibilidad que permita al Juez de primera instancia considerar razonablemente que ambos son autores o participes de la conducta delictiva que se investiga; aspecto que, en el presente caso no existe ningún indicio documental que acredite la supuesta comisión del delito de violación. Respecto al riesgo procesal de fuga previsto por el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la Vocal ahora accionada señaló que fue necesario remitirse al Auto Interlocutorio de 3 de marzo de 2023; en el cual, el Juez de primera instancia para acreditar la concurrencia de dicho riesgo procesal consideró, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “394/2018” y “001/2019” que obligan a las autoridades judiciales a que se tome en cuenta el estado de vulnerabilidad y las características de cómo habría sucedió ese hecho, siendo en el caso que, la hoy tercera interesada es mujer, por ello vulnerable ante sus personas; además, se encontraba en estado de inconsciencia, existiendo una evidente asimetría, que la puso en una situación de indefensión, siendo además estudiante de la misma carrera, concluyendo que ambos se aprovecharon de esas circunstancias, aspectos que fueron considerados como correctos por la Vocal ahora accionada, quien describe también las partes más favorables de la SCP “394/2018” y finalmente concluyó indicando que la jurisprudencia constitucional de manera taxativa establece que para la concurrencia del riesgo procesal de fuga, se debió considerar la situación de vulnerabilidad de la hoy tercera interesada frente a sus personas, así como las características del delito y la conducta exteriorizada de ambos contra la nombrada antes y con posterioridad a la comisión del delito.
De lo expuesto se coligió que la Vocal ahora accionada se basó en lo señalado por el Juez de primera instancia y en la SCP “394/2018” para acreditar el riesgo procesal de fuga; sin embargo, no es suficiente para poder sostenerlo solo una norma legal, sino que se requiere que sea probada objetivamente con medios de prueba y no con disposiciones legales y jurisprudencia; además, la situación de vulnerabilidad y la desventaja debió demostrarse con prueba; empero, en el presente caso no se demostró que riesgo estaría corriendo la hoy tercera interesada, ni de qué manera se hubiese discriminado a la nombrada; es así que, no se acreditó su actitud de poner en riesgo a la indicada; asimismo, no se acompañó prueba que acredite de qué manera la ahora tercera interesada es inferior con respecto a sus personas; es más, todos son estudiantes lo que demuestra su igualdad, solo se hace mención a la vulnerabilidad por el estado de inconsciencia sin acreditar por ningún certificado médico forense y con relación a la asimetría no existe prueba si es por la edad, condición física, intelectual u otra. Por otro lado, la jurisprudencia constitucional señala que debe considerarse la conducta exteriorizada de sus personas contra la hoy tercera interesada antes y con posterioridad al respecto no se acompañó prueba. Asimismo, no se hizo una explicación de las razones por las cuales sus personas son un peligro para la ahora tercera interesada o para la sociedad, no se consideró el concepto de efectividad de la medida cautelar, ni se consideró la situación socioeconómica desfavorable que pueda tener la nombrada, ni mucho menos se pronunció sobre la conducta exteriorizada por sus personas en contra de la indicada, como tampoco se consideró el enfoque interseccional que permite analizar la discriminación y violencia hacia la mujer. Con relación al riesgo procesal de obstaculización establecido por el art. 235.2 del CPP, la Vocal ahora accionada refiere que en el presente caso, existió una fundamentación errónea y arbitraria por parte del Juez de primera instancia, porque se estableció que sus personas estarían influenciando negativamente sobre la hoy tercera interesada a través de sus familiares; sin embargo, de la imputación formal y de lo manifestado en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 3 de marzo de 2023, no se advirtió que el Fiscal de Materia hubiese señalado la concurrencia de dicho riesgo procesal, limitándose únicamente a indicar que, por los antecedentes del proceso existiría influencia de -Marco Antonio Gandarillas Flores- sobre la ahora tercera interesada y sus familiares, porque sus personas serían amigos de la ahora tercera interesada; por lo que, fácilmente puede tomar contacto con la indicada con la finalidad de tomar represalias y se porten de manera reticente, fue el fundamento utilizado para justificar la concurrencia de ese riesgo procesal, se indicó que existían cuatro testigos quienes hubiesen compartido bebidas alcohólicas con sus personas, los cuales pidieron garantías por una denuncia anterior; sin embargo, no se advirtió que el Fiscal de Materia hubiese señalado que la hoy tercera interesada estuviese siendo influenciada por medio de sus familias; asimismo, se hizo una corrección, de “mediante sus familiares” por el de “y sus familiares” y hace mención a las declaraciones de los testigos, así se presumiría que los testigos serían familiares; por lo que, la corrección realizada no acreditó la concurrencia del riesgo procesal, porque los testigos no son familiares de la ahora tercera interesada. Ahora bien, respecto al riesgo procesal de obstaculización, señaló que no se acompañó prueba alguna que demuestre un comportamiento para entorpecer la averiguación de la verdad, tampoco se identificó claramente a qué participes, testigos o peritos amenazaron o influyeron negativamente, no existe prueba al respecto. Por otro lado, al ser “dos los imputados” debió considerarse de manera separada la concurrencia de cada riesgo procesal, estimando las características concretas que se presentaron respecto a cada persona, con la finalidad de garantizar la legalidad de la medida adoptada; empero, el Auto de Vista de 21 de marzo de 2023, solo hace mención a Marco Antonio Gandarillas Flores y no así a Álvaro Willi Marca Flores. Es así que, el Auto de Vista de 21 de marzo de 2023, no fue debidamente fundamentado, ni motivado, al no valorar de manera concreta y explícita cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de manera motivada; más aun, cuando no se puede sustentar un riesgo procesal de forma abstracta o sin elementos de convicción; toda vez que, el Tribunal de alzada está obligado a fundamentar y motivar su resolución precisando los elementos de convicción que le permitan concluir sobre la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, debiendo justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos establecidos por el art. 233 del CPP y una o varias circunstancias previstas por los arts. 234 y 235 del mismo Código.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de valoración razonable de la prueba, fundamentación, motivación y a la presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 115.II, 116.I, 117.I, 123.I, 137 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 21 de marzo de 2023, emitido por la Vocal hoy accionada; y, b) Ordenar a la referida Vocal emita un nuevo auto de vista.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 57 a 62 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de sus abogados en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestaron que: 1) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “394/2018” y “001/2019” refirieron la asimetría que existe entre las partes procesales, en virtud de que las víctimas fueron niñas menores de edad, mientras que el agresor fue mayor de edad, su profesor y la víctima la alumna, caso en el que se consolida dicha asimetría; empero, en el presente caso las partes procesales son mayores de edad y estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS); por lo tanto, no existe esa vulnerabilidad y desventaja de manera clara; y, 2) Con relación al riesgo procesal de obstaculización se señaló que sus personas a través de sus familiares estuvieran incurriendo en ese riesgo; empero, no se consideró que uno de ellos es huérfano y que la familia del otro se encuentra en España; por lo que, resulta imposible que hubiesen ejercido influencia familiar alguna.
Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 45 a 48 vta., manifestó que: i) La acción de amparo constitucional no se constituye en una instancia procesal más de revisión de resoluciones; ii) Los accionantes denuncian la falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; empero, omitieron explicar a partir de qué actuaciones y fundamentos su autoridad vulneró esos derechos, es decir, no precisaron qué razonamiento fue expresado de manera incorrecta, ni cómo debió ser debidamente motivado y fundamentado; puesto que, no basta la sola enunciación de los derechos; iii) Respecto a la probabilidad de autoría, debe señalarse que la misma solo requiere la existencia de indicios y no de pruebas objetivas, así lo establece la SC 0099/2019-S2 de 5 de abril; ya que, la determinación acerca de si los accionantes son o no autores, corresponde ser establecida en el juicio oral, público y contradictorio; asimismo, en el Auto de Vista de 21 de marzo de 2023, se dio respuesta a las cuestionantes, qué hicieron, quienes lo hicieron, cuándo lo hicieron, dónde lo hicieron y cómo lo hicieron; iv) Respecto al riesgo procesal de fuga del art. 234.7 del CPP, la SCP “394/2018” obliga no solo a las autoridades judiciales, sino también a los administrativos a que deban evaluar respecto a ese riesgo procesal; por lo que, la situación de vulnerabilidad o desventaja; en la que, se encuentra la víctima, no solo por su condición de mujer, sino por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que motivan la presente investigación, sobre el enfoque interseccional no se pronunció, porque no fueron expuestos ante su autoridad y conforme al art. 398 del CPP se encuentra limitado su pronunciamiento; v) Con relación al riesgo procesal de obstaculización del art. 235.2 del CPP, con la facultad otorgada por la SCP “0141/2012” de revisar y modificar las resoluciones impugnadas, de resoluciones de aplicación de medidas cautelares, procedió a la corrección de la construcción de dicho riesgo procesal; por lo que, no se advierte una mala fundamentación, ni motivación; vi) El hecho de que los riegos procesales no hubiesen sido fundamentados de manera individual no fue oportunamente cuestionado, pretendiendo recién en esa instancia que se considere aquello; vii) Se limitó a cumplir con la normativa nacional e internacional que reconoce y protege los derechos de la mujer como objeto de algún tipo de violencia, entre ellas la Convención Belém do Pará, normativa que es plenamente aplicable; y, viii) El Auto de Vista de 21 de marzo de 2023, se encuentra debidamente fundamentado, motivado y resultando absolutamente razonable y coherente con los antecedentes del proceso; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada.
Jhenifer Karen Vargas Castro, a través de sus abogados en audiencia manifestó que: a) Deben considerarse dos aspectos, primero que el Tribunal Constitucional Plurinacional establece claramente en qué supuestos y bajo qué circunstancias un recurso constitucional permite a los Vocales de las Salas Constitucionales, revisar prueba; y segundo, que en el caso de autos se advierten varias contradicciones e incongruencias; ya que, se alega la interseccionalidad como institución jurídica que debió ser considerada respecto de los accionantes; b) Con referencia a la subsunción del hecho al tipo penal, se debe hacer alusión a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el “caso J. Versus Perú”; en el que, se reconoce la presunción de veracidad de lo que afirma la víctima; asimismo, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional Plurinacional tienen como lineamiento, la veracidad del relato de la víctima como fundamento principal en la etapa de imposición de medidas cautelares, debido a que el delito en sí, no se comete en vía pública; por lo que, no existen testigos presenciales; c) La resolución, motivo de esta acción de defensa, implica los derechos de una mujer; en consecuencia, corresponde emitir una resolución con perspectiva de género; d) La SCP “001/2019” establece la perspectiva de género que debe asumirse en esos casos, así como el principio de interseccionalidad, los cuales fueron considerados; e) Se debe tomar encuenta lo establecido por el art. 7 de la Convención Belém do Pará, que establece la obligación de la debida diligencia y los principios de celeridad y de protección reforzada en favor de las mujeres; f) Respecto al riesgo procesal previsto por el art. 234.2 del CPP no sería evidente que los accionantes se encuentren solos, sin familiares; g) La acción de defensa fue interpuesta únicamente contra una de las Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a pesar de tratarse de un ente colegiado; h) Los accionantes se encuentran privados de libertad; por lo que, debieron interponer una acción de libertad; e, i) Esa Sala Constitucional no puede realizar una interpretación de la legalidad ordinaria, siendo dicha función propia del órgano judicial y para que pueda hacerlo debe efectuar una carga argumentativa.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 056/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 63 a 67 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Se tiene claro que los accionantes, en la presente acción de defensa denuncian la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como la omisión en la valoración de la prueba y que a raíz de esas vulneraciones se hubiese producido la restricción a la libertad de los accionantes a través de la detención preventiva, al confirmarse el Auto Interlocutorio de 3 de marzo de 2023, conforme a la naturaleza jurídica de la presente acción, llevó a concluir que los hechos denunciados debieron ser cuestionados vía acción de libertad y no mediante la presente acción de amparo constitucional, por cuanto el Auto de Vista de 21 de igual mes y año, tiene que ver con las restricciones a la libertad personal de los accionantes emergente del referido Auto Interlocutorio de detención preventiva; 2) Los derechos fundamentales alegados como vulnerados no son objeto de tutela a través de esta acción tutelar; y, 3) Conforme a lo establecido por el art. 53.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional no procederá cuando los derechos y garantías vulnerados corresponden ser tutelados mediante otro tipo de acción constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa imputación formal de 2 de marzo de 2023, dirigido al Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; por el que, se imputó a Marco Antonio Gandarillas Flores y Álvaro Willi Marca Flores -ahora accionantes-, como presuntos autores del delito de violación con agravante, previstos y sancionados por los arts. 308 y 310 inc. c) y d) del CP (fs. 11 a 15). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 3 de marzo de 2023, el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva de Álvaro Willi Marca Flores y Marco Antonio Gandarillas Flores accionantes, a cumplirse en el Centro Penitenciario San Antonio y San Sebastián Varones, respectivamente, ambos de Cochabamba, por el lapso de cinco meses, con el objeto de que el Ministerio Público concluya la etapa investigativa, manteniéndose en consecuencia la medida de detención preventiva (fs. 9 a 10 vta.). II.3. Consta acta de audiencia virtual del recurso de apelación incidental de medida cautelar de 21 de marzo de 2023 (fs. 2 y vta.); Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy accionada-, emitió Auto de Vista de igual fecha, declarando procedente en parte el recurso de apelación incidental de medidas cautelares formulado por los accionantes, en consecuencia revocó el Auto Interlocutorio de 3 del citado mes y año, solo con relación a la construcción del riesgo de obstaculización descrito por el art. 235.2 del CPP, mismo del cual se mantiene su concurrencia; empero, con base en los fundamentos descritos en ese Auto de Vista, por lo demás confirmó el Auto Interlocutorio de 10 de febrero -siendo lo correcto 3 de marzo- de 2023 (fs. 3 a 7).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de valoración razonable de la prueba, fundamentación y motivación y a la presunción de inocencia; puesto que, la Vocal ahora accionada mantuvo la detención preventiva de ambos a través del Auto de Vista de 21 de marzo de 2023, sin realizar una debida fundamentación y motivación, respecto a: i) La relación de autoría, debido a que efectuó una apreciación fuera del marco legal sobre el certificado médico forense y afirmó que si se respondieron las interrogantes para configurar la autoría; empero, al no indicar cómo hizo falta un presupuesto importante para configurar la autoría; ii) La concurrencia del riesgo procesal de fuga, previsto por el art. 234.7 del CPP, se fundamenta únicamente en lo manifestado por el Juez de primera instancia y en la SCP “394/2018”, que no es suficiente al requerirse prueba objetiva; asimismo, la vulnerabilidad, la desventaja por estado de inconciencia, y la asimetría no fueron acreditadas por ningún medio de prueba, no se explicó las razones por las cuales los accionantes son un peligro para la ahora tercera interesada o la sociedad, no se consideró el concepto de efectividad, ni la situación socioeconómica desfavorable que pudiera afectar a la nombrada, ni mucho menos se pronunció sobre la conducta exteriorizada por los accionantes contra la ahora tercera interesada, tampoco se consideró el enfoque interseccional que permite analizar la discriminación y violencia hacia la mujer; y, iii) La concurrencia del riesgo procesal de fuga, previsto por el art. 235.2 del CPP, al no acompañar prueba alguna que demuestre su comportamiento para entorpecer la averiguación de la verdad, no se identificó claramente a que participantes, testigos o peritos a los que amenazaron o influyeron. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso; b) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; c) Sobre el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la víctima o el denunciante- en delitos relacionados a violencia contra la mujer; d) Sobre el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art. 235 del Código de Procedimiento Penal-; e) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; y, f) Análisis del caso concreto.
al debido proceso
Al respecto, la SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, establece lo siguiente: «“ʽ…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradasʼ (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo‟. De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho» (las negrillas son nuestras).
La SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, señala que: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia: …se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”.
La SCP 0006/2020-S1 de 6 de marzo, establece que: “Sobre la concurrencia del riesgo procesal relativo al peligro efectivo para la víctima, contemplado en el artículo 234.7 -otrora 10- del CPP, la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, con base en lo desarrollado en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló que: Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Conforme a ello, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el anterior Fundamento Jurídico III.1 y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, considere la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante. Conforme a ello, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el art. 234.10 del CPP -peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben significar una revictimización… En esta línea, la SCP 394/2018-S2, estableció que en los casos de violencia contra las mujeres y/o en razón de género, corresponderá a la autoridad judicial, no solo considerar la concurrencia de los requisitos previstos en el art. 233 del CPP, sino la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentra la víctima o denunciante respecto al imputado, en función a las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; así como las circunstancias concurrentes al caso concreto; entre ellas, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, en el caso que pueden ser de muy variada índole, como ejemplos, amenazas de muerte, cuadró sistemático de violencia, etc., para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración sus derechos; es decir, que los elementos a valorarse no son concluyentes, dada la diferencia de los bienes jurídicos tutelados en la clasificación de los distintos tipos de violencia, pues los factores que convergen en la violencia familiar o doméstica tendrán sus propias pecualiaridades y requerirá además abordarse con la complejidad y multicausalidad de este hecho; de las que también dependerá el estándar probatorio. Con relación a ello Marina Gascón Abellan, indica que el estándar de prueba, muestra ‘el nivel de suficiencia que requiere el grado de probabilidad para tenerse como probado’; probabilidad de alcanzar elementos materialmente verificables u objetivos, que en algunos casos como la violencia de tipo psicológico o la violencia de tipo sexual consumada en la clandestinidad, se torna menos exigente, más aun cuando el proceso se encuentra en etapa de investigación, por lo que dicho estándar probatorio variará también en función a la etapa del proceso, incluida la valoración de la existencia de riesgo objetivo para la víctima de violencia, a tiempo de disponer una medida de cautelar; entre ellos, un pronóstico de peligro futuro de que la persona investigada atentará contra bienes jurídicos de la víctima, que es un presupuesto básico de la adopción de las medidas de protección y medidas cautelares en hechos de violencia. A este fin, en los casos de violencia contra las mujeres, debe considerar las particularidades propias del delito de violencia doméstica, y entre ellos varios aspectos que puede considerar en la valoración, como la existencia o no de violencia sistemática; perfil psicológico del agresor, a partir de la conducta exteriorizada por el presunto agresor antes y con posterioridad de la presunta comisión del delito, la valoración policial del riesgo, que se realiza conforme al Protocolo Policial Para la Valoración del Riesgo y Protección Policial de la Violencia contra las Mujeres ʽGenoveva Ríosʼ para la atención de casos en el marco de la Ley 348, aprobada por Resolución Administrativa de 3 de diciembre de 2014, constituye una herramienta útil para que la autoridad judicial, determine el grado de seguridad o riesgo que tiene la víctima de sufrir violencia en el futuro, y en el caso de que hubiera de sus dependientes; tomando en cuenta, la alta probabilidad de que quien fuere agresor se reintegre al seno familiar y otros elementos de prueba recabados, testifical, documental, pericial, sin sesgos de género, identificando la existencia de una relación de asimetría y situación de vulnerabilidad en la que se halle inmersa la víctima, a efecto de determinar el peligro latente contra su integridad, utilizando como técnica el test de proporcionalidad y razonabilidad. Asimismo, en delitos de violencia de género, las medidas cautelares no se constriñen únicamente a asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso, sino también la aplicación de la ley -art. 221 del CPP-, por lo que conforme a las disposiciones de la Ley 348, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos numeral 8, la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia -art. 45-, concordante con los principios establecidos en la primera parte de esta Ley, de aplicación preferente que cualquier otra norma jurídica, que señala en el Título V, “Legislación penal”, en el Capítulo III, art. 86 de la Ley 348, que establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: ‘(…)
11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas’. Por lo que, además la valoración de la prueba para determinar la conveniencia de imposición de medidas cautelares como la detención preventiva, debe efectuarse de acuerdo a la pauta hermenéutica establecida por el legislador en la imposición de medidas cautelares durante la etapa de investigación hasta la acusación formal, de dar preminencia a la protección y seguridad de la mujer inmersa en un cuadro de violencia y conforme al enfoque instrumental de las medidas cautelares en delitos de violencia contra la mujer referido a la prevención de la reiteración de los actos de violencia” .
La SCP 0493/2024-S1 de 29 de agosto, señala que: “Con relación al peligro de obstaculización, el art. 235 del CPP modificado por el art. 11 de la ley 1173, dispone que: ‘Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdadʼ ; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentran: 1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba; 2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente;
3. Que el imputado amenace o influya negativamente en jueces, fiscales y/o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia; 4. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente Artículo; 5. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación de la verdad. La parte final del referido artículo, también señala que: ‘El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad’. Con relación al peligro de obstaculización de la verdad, la SC 0225/2004-R de 14 de febrero -reiterada entre otras por la SC 0301/2011-R de 29 de marzo y la SCP 0711/2012 de 13 de agosto- señala que, la finalización de la etapa investigativa no es un argumento jurídico ni racional que permita desvirtuar el peligro de obstaculización de la verdad; toda vez que, la verdad de los hechos, saldrá a la luz cuando el último fallo dictado dentro del proceso penal sobre la culpabilidad o no del procesado, adquiere calidad de cosa juzgada material; entendimiento que se encuentra corroborado por cada uno de los presupuestos jurídicos establecidos en el art. 235 del CPP; pues no solo hacen referencia a los fiscales, sino también, a las autoridades judiciales, a otros funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia, que están obligados a colaborar con la averiguación de la verdad material; en consecuencia, el peligro de obstaculización de la verdad, no se reduce únicamente a la etapa preparatoria, sino, que puede generarse desde el inicio con la citación de la imputación formal hasta la ejecutoria de la sentencia emitida dentro del proceso penal; es decir, hasta su conclusión, cuando se agoten todas las circunstancias a través de los recurso pertinentes. Considerando que las circunstancias establecidas en el art. 235 del CPP, se constituyen en un peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad; el mismo se encuentra relacionado con la actividad investigativa del Ministerio Público, la cual, está sometida a estándares nacionales e internacionales para la protección de las víctimas de violencia sexual; y, con la materialización de dicha actividad en juicio oral, hasta la conclusión del proceso penal con una sentencia ejecutoriada; es por esta razón, que los fiscales y autoridades judiciales al momento de analizar estas circunstancias, están obligados a adoptar medidas de acción positivas, específicas y reforzadas para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, así como el deber de tomar en cuenta la condición de persona en desarrollo en caso de niñas, niños o adolescentes, tal como lo estableció la Corte IDH en el caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua; en ese marco, desde una perspectiva de género y sobre la base de lo desarrollado en el contexto del Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se debe considerar lo siguiente: i) En casos de violencia contra la mujer emerge la obligación de actuar con la debida diligencia, adoptando los mecanismos de investigación necesarios a efectos de sancionarla; ii) El deber de garantizar los derechos de una mujer víctima de violencia, adquiere especial intensidad en relación con las niñas y adolescentes; pues a la condición de mujer, la vulnerabilidad consustancial a la niñez se encuentra mayormente enmarcada y potenciada; de donde se tiene, que las niñas y adolescentes son particularmente vulnerables a la violencia; lo cual se traduce, en el deber estatal de actuar con la mayor y más estricta diligencia para proteger y asegurar el ejercicio y goce de sus derechos frente al hecho o mera posibilidad de su vulneración por actos que, en forma actual o potencial implicaren violencia por razones de género o pudieren derivar en tal violencia; surgiendo de esta forma, el deber estatal de actuar con estricta diligencia en la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes; iii) El deber de la debida diligencia en la actuación del Ministerio Público, implica que las autoridades a cargo de la investigación, la lleven delante de oficio y sin dilaciones, con determinación, eficacia y de manera seria, imparcial y efectiva, brindando confianza a las víctimas de violencia, para su protección; y, iv) El Estado debe reforzar las garantías de protección durante la investigación y proceso penal, cuando el caso se refiere a la violación sexual de una niña; para la cual, las obligaciones de la debida diligencia y la adopción de medidas de protección deben extremarse, además, las investigaciones y proceso penal deben ser dirigidos por el Estado con una perspectiva de género y niñez, con base en la condición de niña de la víctima y tomando en cuenta la naturaleza agravada de la violación sexual, así como los efectos que podrían causar en la misma; pues, de lo que se trata es de proteger sus derechos de forma integral, salvaguardando su posterior desarrollo, velando por su interés superior y evitando su revictimización; De donde se tiene que, el Ministerio Público y las autoridades judiciales, en los casos de violencia contra la mujer deben reforzar sus garantías de protección durante la investigación y el proceso penal; lo cual implica, actuar con la debida diligencia, garantizando: el acceso a la justicia de la víctima; la protección judicial efectiva por parte de sus operadores; el resguardo de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, evitando su revictimización y manejando adecuadamente las evidencias; así como, el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido; para lo cual, deben adoptar medidas o mecanismos necesarios para la averiguación de la verdad material; evitando un ambiente de impunidad, que facilite y promueva la repetición de los hechos de violencia en general; para lo cual, al tiempo de realizar el análisis del art. 235 del CPP, frente a un asunto relacionado con violencia contra la mujer, debe tomarse en cuenta los siguientes presupuestos: a) En casos de violencia contra la mujer, el peligro de obstaculización debe surgir de la información precisa y circunstanciada que el Ministerio Público aporte en la audiencia; y, de razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; no siendo una obligación para la víctima o la parte querellante aportar estos elementos probatorios; toda vez que, es el Ministerio Público quien tiene que llevar adelante de oficio las actuaciones investigativas, pues tiene la responsabilidad de asumir la carga de la prueba en hechos de violencia hacia las mujeres, y no así, la víctima o el denunciante; y, b) El Ministerio Público y las autoridades judiciales, en el marco de la debida diligencia deben evitar que se presenten cualquiera de las circunstancias establecidas en el art. 235 del CPP, que puedan obstaculizar la averiguación de la verdad o la realización del proceso; para lo cual, deben considerar lo siguiente:
b.1) Debe ser considerado como elemento objetivo y no como una mera presunción abstracta, la situación de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia sexual -u otro tipo- por la situación traumática que atravesó, afectando incluso su estabilidad psicológica y emocional; más aún, la minoridad de edad de la víctima, que en ambos casos, las hace más influenciables y manipulables a cualquier tipo de declaración;
b.2) La declaración de la víctima se constituye en un elemento probatorio fundamental para considerar la concurrencia o no de los riesgos de obstaculización, en el entendido que contenga elementos que hagan prever que el imputado obstaculizará las investigaciones; tomando como ejemplo, que la víctima declare que el imputado quiso darle plata por su silencio o que la amenazó o quiso realizar otro tipo de transacción -entre otros supuestos-;
b.3) Evitar la revictimización, tomando como ejemplo: los supuestos en los que el imputado busque a la víctima o a su familia para proponer o realizar cualquier tipo de transacción, y de esta forma, logre algún contacto que la revictimice, y al mismo tiempo, pueda influir en los mismos, generando incertidumbre, inseguridad o temor en ellos;
b.4) Si bien, el Ministerio Público debe fundar la existencia de estos riesgos procesales a través de elementos probatorios precisos y circunstanciados que otorguen razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; sin embargo, al tiempo de justificarlos no siempre resulta clara su argumentación, ante lo cual, tomando en cuenta la protección reforzada que goza la víctima de violencia, sobre la base del estándar de la debida diligencia, la autoridad judicial puede reforzar dicha argumentación en base a los antecedentes cursantes en el expediente; lo que de ninguna manera, puede ser considerado como una reforma en perjuicio;
b.5) Existen elementos objetivos y necesarios que deben ser analizados por las autoridades judiciales, a pesar que el Ministerio Público no los hubiera expuesto, para sostener la existencia de estos riesgos procesales, que de ninguna manera se consideran en presunciones abstractas, sino, tan objetivas, que la autoridad judicial pudo percatarse, a efectos de evitar la obstaculización de la investigación, como por ejemplo: el entorno social, la minoridad de edad, el grado de instrucción de la víctima y familiares, su situación económica, los copartícipes en el hecho, el lugar de los hechos, la forma en la que se encontró a la víctima, los nexos que vinculaban al agresor con la víctima, que el agresor resultó ser familiar, amistad o vecino de la misma y otros elementos que resultan necesarios para el administrador de justicia, para establecer la existencia de peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad; así como también, la existencia de actividades investigativas pendientes; y, b.6) Los administradores de justicia deben valorar de manera integral todos los elementos de convicción presentados, no debiendo limitarse a considerar que cada riesgo procesal tenga un determinado elemento de prueba; toda vez que, debe considerarse que los delitos de índole sexual son delitos que en su generalidad se consuman en silencio y sin mayor prueba que la declaración de la víctima o con escasos elementos de convicción que puedan acreditar la perpetración del delito de violencia contra la mujer -más cuando se trata de una violencia sexual-, los mismos pueden ser usados de forma integral, para sustentar una o más circunstancias que constituyen un riesgo procesal, en consideración a la protección integral que debe darse a la mujer víctima de violencia” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, señala que: “La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.
Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indica SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellos, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual: Acceso a la justicia y trato justo 4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.
En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que:
6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:
a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;
b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;
c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;
d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;
e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…)
A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: ʽ…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…ʼ .
En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:
…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental. En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento.
La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.
Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender.
Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: ʽ…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…ʼ. Asimismo, señala que esta clase de violencia:
…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre.
Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad.
Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:
(…) tanto en el ámbito público como privado (…)
El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos.
Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión.
En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado:
i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.
El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…)
Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.
En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-.
Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.
ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer .
Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…)
iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.
En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.
Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación.
iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-.
Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.
Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género.
Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:
ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)
3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas (...)
7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.
8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…).
La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.
3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción.
Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.
3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales.
4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.
5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.
8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.
15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia. En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: ‘Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres’.
Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:
Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.
En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.
La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo.
De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación;
entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que: a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;
Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.
Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material:
…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.
El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia” (el subrayado y las negrillas nos pertenecen).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de valoración razonable de la prueba, fundamentación y motivación y a la presunción de inocencia; puesto que, la Vocal ahora accionada mantuvo la detención preventiva de ambos a través del Auto de Vista de 21 de marzo de 2023, sin realizar una debida fundamentación y motivación, respecto a: 1) La relación de autoría, debido a que efectuó una apreciación fuera del marco legal sobre el certificado médico forense y afirmó que si se respondieron las interrogantes para configurar la autoría; empero, al no indicar cómo hizo falta un presupuesto importante para configurar la autoría; 2) La concurrencia del riesgo procesal de fuga, previsto por el art. 234.7 del CPP, se fundamenta únicamente en lo manifestado por el Juez de primera instancia y en la SCP “394/2018”, que no es suficiente al requerirse prueba objetiva; asimismo, la vulnerabilidad, la desventaja por estado de inconciencia, y la asimetría no fueron acreditadas por ningún medio de prueba, no se explicó las razones por las cuales los accionantes son un peligro para la ahora tercera interesada o la sociedad, no se consideró el concepto de efectividad, ni la situación socioeconómica desfavorable que pudiera afectar a la nombrada, ni mucho menos se pronunció sobre la conducta exteriorizada por los accionantes contra la ahora tercera interesada, tampoco se consideró el enfoque interseccional que permite analizar la discriminación y violencia hacia la mujer; y, 3) La concurrencia del riesgo procesal de fuga, previsto por el art. 235.2 del CPP, al no acompañar prueba alguna que demuestre su comportamiento para entorpecer la averiguación de la verdad, no se identificó claramente a que participantes, testigos o peritos a los que amenazaron o influyeron. De los antecedentes referidos precedentemente se puede evidenciar que cursa imputación formal de 2 de marzo de 2023, dirigido al Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; por lo que, se imputó a los accionantes como presuntos autores del delito de violación con agravante, previsto y sancionado por los arts. 308 y 310 inc. c) y d) del CP (Conclusión II.1.); asimismo, mediante Auto Interlocutorio de 3 de igual mes y año, el mencionado Juez, dispuso la detención preventiva de Álvaro Willi Marca Flores y Marco Antonio Gandarillas Flores accionantes, a cumplirse en el Centro Penitenciario San Antonio y San Sebastián Varones, respectivamente, ambos de Cochabamba, por el lapso de cinco meses, con el objeto de que el Ministerio Público concluya la etapa investigativa, manteniéndose en consecuencia la medida cautelar de detención preventiva (Conclusión II.2.); consta acta de audiencia virtual del recurso de apelación incidental de medida cautelar de 21 del mismo mes y año; la Vocal hoy accionada, emitió Auto de Vista de igual fecha, declarando procedente en parte el recurso de apelación incidental de medidas cautelares formulado por los accionantes, en consecuencia revocó el Auto Interlocutorio de 3 del citado mes y año, solo con relación a la construcción del riesgo de obstaculización descrito por el art. 235.2 del CPP, mismo del cual se mantiene su concurrencia; empero, con base en los fundamentos descritos en ese Auto de Vista, por lo demás confirmó el Auto Interlocutorio de 10 de febrero -siendo lo correcto 3 de marzo- de 2023 (Conclusión II.3.). Corresponde verificar si lo denunciado por los accionantes respecto al Auto de Vista de 21 de marzo de 2023, es o no evidente; por lo cual, se analizarán los razonamientos emitidos por la Vocal hoy accionada en el Considerando II, núm. 2, correspondiente al análisis del caso en concreto del citado Auto, así: Respecto a la primera problemática Sobre la probabilidad de autoría la Vocal ahora accionada, señaló que: De la declaración de la hoy tercera interesada se tiene que se identificó a ambos accionantes como presuntos autores del hecho, por cuanto señaló que despertó al lado de los nombrados y que en el reclamo de la propia víctima, también hace referencia que el accionante -Marco Antonio Gandarillas Flores- le manifestó que estaba mal y desnuda, que si fuera mala persona, le hubiese sacado fotos y videos, señalando, que la Vocal ahora accionada sostuvo que tal aspecto también permite presumir la existencia del ilícito, indicando además que el nombrado en redes sociales habría manifestado que “….lo que tengo que sacrificarme por el equipo, me la comí por una auxiliatura…” (sic) concluyendo que dichos aspectos hacen presumir el presunto hecho ilícito, resaltando que la audiencia no es un juicio oral, público y contradictorio, que en esa audiencia solo se necesita indicios de convicción para sostener cierta probabilidad de autoría. Fundamentos que para este tribunal son correctos y acertados por cuanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional citada en la SCP 0099/2019-S2 establece que “…tanto las resoluciones de primera instancia como las de apelación, deben tener una adecuada fundamentación y motivación, que cuenten con las razones por las cuales las autoridades judiciales consideran que se presentan los requisitos previstos en el art. 233 del CPP para la procedencia de la detención preventiva; por lo que, dichos aspectos deben ser considerados por las autoridades judiciales a momento de emitir un Auto, mediante el cual se disponga la medida cautelar de detención preventiva, que afecta el derecho a la libertad del imputado. Asimismo, deben considerar los mandatos constitucionales y legales que la regulan; vale decir que, esa mediada debe ser dispuesta previa verificación de los requisitos establecidos tanto por la Norma Suprema como por el código adjetivo penal. Esas condiciones están establecidas en los arts. 22 y 23 de la CPE concordantes con los arts. 7, 221, 233, 234 y 235 del CPP, así el art. 233 citado, establece que realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos:
i) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible. ii) La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. La determinación de la concurrencia del primer requisito, exige la concurrencia de un hecho definido o delimitado, esto no quiere decir que el juez tenga que tener certeza sobre su ocurrencia y la participación del imputado. Se trata que el hecho, que es objeto del proceso sobre el cual se está discutiendo la medida cautelar, esté demarcado de modo tal que dé respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué se hizo?, ¿quién lo hizo?, ¿cuándo lo hizo?, ¿dónde se hizo? y ¿cómo se hizo?, y para ello debe contarse con evidencia física y material, que genere un mínimo de credibilidad que permita al Juez inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, lo cual impide que la autoridad judicial funde su determinación en conjeturas o presunciones.
Sobre la existencia de indicios, la Corte Interamericana ha establecido que ‘deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga’. Sobre el mismo tema la Corte Europea hace referencia a sospechas razonables fundadas en hechos o información capaces de persuadir a un observador objetivo de que el encausado pudo haber cometido una infracción. La Corte Interamericana determinó que tal sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas”; de esa jurisprudencia se tiene que la etapa investigativa solo requiere de indicios y no de prueba plena que demuestre la comisión de un delito, en ese entendido en el presente caso, lo reclamado por los accionantes en el sentido de que el certificado médico forense no acreditaría la comisión del delito de violación, no tiene relevancia; puesto que, será en etapa de juicio oral, público y contradictorio que se establezca la autoría o no de los accionantes.
Ahora bien respecto al reclamo que el Juez de primera instancia realizó en el Auto Interlocutorio de 3 de marzo de 2023, para dar por concurrente la probabilidad de autoría, no se respondió a esas interrogantes ¿Qué hicieron?, ¿Cuándo lo hicieron? y ¿Cómo lo hicieron? cabe precisar que en el referido Auto Interlocutorio en el CONSIDERANDO II, segundo párrafo de manera clara el citado Juez refirió “…se puede establecer que presuntamente habría existido un hecho ilícito de violación bajo las características manifestadas por parte del Ministerio público…” (sic) características que fueron descritas por el mismo Juez al inicio del CONSIDERANDO I, de donde se puede advertir que al describir el presunto hecho ilícito ha respondido a las interrogantes que los accionantes realizaron, es así que se tiene lo siguiente: ¿Qué se hizo?, R. se habría abusado sexualmente de la víctima; ¿Quién lo hizo? R. ambos imputados, ¿Cuándo lo hicieron? R. el 22 de enero de 2022; y ¿Cómo lo hicieron? R. estando sola la hoy tercera interesada con los accionantes, perdió la conciencia, apareciendo en una habitación del departamento del coaccionante -Álvaro Willi Marca Flores-, y fue en esa habitación donde los accionantes la abusaron sexualmente, señalando además que en horas de la mañana habría despertado sin medias, ni zapatos y posteriormente sintió ardor en sus partes íntimas; en consecuencia, no resulta evidente el agravio descrito por los accionantes. De lo que se colige que, la Vocal ahora accionada manifestó que fueron correctos los argumentos expuestos por el Juez de primera instancia al estar acorde a la jurisprudencia constitucional, la cual fue citada textualmente, para luego llegar a concluir que, en la etapa investigativa solo se requeriría de indicios y no de prueba plena que demuestre la comisión del delito, en ese entendido, señala que el certificado médico forense no acredita la comisión del delito de violación, no tiene relevancia jurídica, debido a que sería en juicio oral, público y contradictorio donde se establezca la autoría. Además señala que en el Considerando I se respondió a las interrogantes que los accionantes realizaron, respondiendo cada una de las mismas. Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, puede realizarse si se cumple cualquiera de los supuestos establecidos en la jurisprudencia constitucional, los cuales permiten según sea el caso, únicamente establecer la ausencia de razonabilidad en la labor valorativa, identificar una actitud omisiva y determinar si se le dio un valor diferente a un medio probatorio.
En ese sentido, se evidencia que la Vocal ahora accionada, al señalar que no tiene relevancia, el certificado médico forense que certifica la no comisión del delito de violación, no se constituye en una valoración irracional fuera de los marcos de razonabilidad, debido a que, en la etapa preliminar del proceso penal no es posible contar con elementos de convicción que acrediten que los accionantes cometieron el delito; por el cual, se lo denuncia, sino que basta con indicios, así lo dispuso la jurisprudencia constitucional citada en la SCP 0099/2019-S2 por la Vocal ahora accionada en el Auto de Vista de 21 de marzo de 2023, como la SCP SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, señala que: “…del numeral 1 del art. 233 del CPP, debe ser interpretada y comprendida conforme a la Constitución Política del Estado, en concreto, de acuerdo a la garantía de la presunción de inocencia; habida cuenta que, la imputación formal no constituye base para determinar la culpabilidad o la inocencia del sujeto; por lo tanto, a más que la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, surja de la acreditación de una presunta participación o autoría, dicho concepto -probable autoría o participación-debe emerger de una valoración armónica e integral de elementos de juicio que sean objetivos y concretos; y no ser, el resultado de la mera imaginación del juzgador ni de la parte acusadora”
(las negrillas son nuestras), considerando que el delito; por el que, se dio inicio la investigación se constituye en una calificación provisional que durante la sustanciación del proceso será verificado; por lo cual, la existencia de probabilidad de autoría debe ser realizado a partir de la existencia del hecho y la probabilidad de participación de los accionantes en el mismo; por lo tanto, no se requiere prueba plena que demuestre el hecho denunciado para aplicar las medidas cautelares, siendo que basta con elementos que demuestren indicios; en ese entendido, en el presente caso se tiene la declaración de la hoy tercera interesada donde identificó a los dos accionantes como autores y la publicación en redes sociales de uno de los accionantes se constituye en evidencia que genera un mínimo de credibilidad que los accionantes participaron en la conducta delictiva que se investiga; consecuentemente, se debe denegar la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba. Ahora bien, respecto a que la Vocal ahora accionada afirmó que si se respondió las interrogantes para configurar la autoría; empero, no indicó cómo se hizo, afirmación que no resulta evidente, debido a que la referida Vocal desarrolló una por una las interrogantes extrañadas, realizándose incluso una exposición más amplia respecto a la interrogante, cómo lo hicieron, si bien los accionantes manifestaron que la citada Vocal al momento de responder a las interrogantes se refirió al delito de abuso sexual y no así al de violación, dicho aspecto como se expresó en el párrafo anterior no resulta estar definido, debido a constituirse en una calificación provisional; por lo tanto, la Vocal hoy accionada desplegó la exposición del estado a momento de responder la interrogante de cómo lo hizo, de la ahora tercera interesada al momento del hecho y detalles de cómo sucedió la agresión que sufrió la nombrada, de lo que se colige que, en esa parte del agravio denunciado se expusieron los razonamientos correspondientes a cada interrogante extrañada, la cual se encuentra en el marco de la jurisprudencia citada por la SCP 0099/2019-S2; en consecuencia, se debe denegar también la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación.
Con relación a la segunda problemática
Sobre el riesgo procesal de fuga establecido por el art. 234.7 del CPP, la Vocal ahora accionada señaló que: Al considerarse las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “394/2018” y “001/2019” que obligan a las autoridades judiciales que se deben tomar en cuenta el estado de vulnerabilidad y las características de cómo hubiese sucedido ese hecho, en ese sentido, el Juez de primera instancia indicó que se debe tomar en cuenta las circunstancias en las que sucedió el hecho que se investiga, destacando que la víctima es mujer, que es vulnerable ante los accionantes, el hecho de que estaba en estado de inconsciencia, la asimetría física entre ella y sus agresores, le colocó en una situación de indefensión, más por su estado de inconsciencia y su calidad de estudiante de la misma carrera, concluyendo que los accionantes se aprovecharon de dichas circunstancias.
Fundamentos que para la Sala Constitucional también son correctos; ya que, la Vocal hoy accionada, para dar por acreditado ese riesgo, se basó en jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ciertamente obliga a las autoridades judiciales el estado de vulnerabilidad y las características del hecho, por cuanto por una parte la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, señala que: “Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que: i) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante” de cuya jurisprudencia de manera taxativa establece que para la concurrencia de dicho riesgo procesal se debe considerar que en los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido por el art. 234.10 del CPP deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja; en la que, se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado, así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo, y la conducta exteriorizada contra la víctima, antes y con posterioridad a la comisión del delito; de aspectos que en el caso en cuestión consideró el Juez de primera instancia, por cuanto refirió que la víctima es mujer, el estado de inconsciencia, la asimetría entre la hoy tercera interesada y los accionantes y por último que se encontraba en situación de vulnerabilidad por el estado de inconsciencia en el que se encontraba cuando sucedió el hecho.
De lo manifestado por la Vocal ahora accionada al momento de resolver ese punto, se tiene que, evidentemente citó el análisis que realizó el Juez de primera instancia al respeto para concluir que dicho razonamiento fue correcto al basarse en la jurisprudencia de la SCP 0394/2018-S2, que establece las situaciones -la situación de vulnerabilidad o desventaja; en la que, se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado, las características del delito y la conducta exteriorizada por este, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito-que deben considerarse específicamente en casos de violencia contra la mujer, los cuales afirma fueron cumplidos al considerarse que la víctima es una mujer, el estado de asimetría entre la hoy tercera interesada y el accionante y el estado de inconsciencia; en la que, se encontraba la nombrada cuando sucedió el hecho, que generó la situación de vulnerabilidad. Se advierte objetivamente que la ahora tercera interesada de la presunta comisión del delito de violación con agravante previsto por el art. 310 del CP en sus incisos c) y d) referidos a que en la ejecución del hecho hubiesen concurrido dos o más personas y que el hecho se produjo estando la nombrada en estado de inconsciencia, es una mujer que goza de protección integral al ser presuntamente víctima de violencia sexual por parte de dos personas cuando se encontraba en estado de inconsciencia, estado que por sí solo hace entrever la asimetría y vulnerabilidad entre la hoy tercera interesada y los accionantes, así acertadamente la Vocal ahora accionada citó la jurisprudencia referida específicamente al análisis del riesgo procesal de fuga del art. 234.7 del CPP en caso de violencia contra la mujer; es decir, que se consideró el juzgamiento con perspectiva de género, conforme al Fundamento Jurídico III.5. del presente fallo constitucional, que establece los fundamentos para la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, de donde se tiene que es fundamental precautelar los derechos de la hoy tercera interesada, particularmente en delitos de violencia contra la mujer, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos; por lo que, se debe equilibrar los derechos del accionante Marco Antonio Gandarillas Flores y de la antes referida, respecto a que el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para lograr una vida libre de violencia y discriminación. Asimismo, no se puede dejar de lado que, el delito atribuido a los accionantes, por sus peculiaridades, dicho delito suele consumarse en silencio, lo que deriva en la existencia de limitados elementos de prueba; por lo que, la declaración de la ahora tercera interesada se constituye al inicio de la investigación, en una prueba que puede acreditar la comisión del delito. En ese entendido, la Vocal hoy accionada, si bien no efectuó una ampulosa exposición de motivos y normas legales, no obstante, de manera clara y concisa refirió las razones por las que se mantuvo la concurrencia de ese riesgo procesal, que fue realizado en el marco de las características del delito y la situación en la que se encuentra la víctima, en aplicación a los estándares internacionales e internos de protección de casos de violencia hacia las mujeres; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a dicho riesgo procesal. En referencia a la tercera problemática Sobre el riesgo procesal de obstaculización establecido por el art. 235.2 del CPP, la Vocal ahora accionada señaló que: La Sala Constitucional realizando una revisión minuciosa de la prueba presentada por el Ministerio Público, de la declaración del testigo Oliver Paco Salazar, estudiante de la UMSS de la Carrera de administración de empresas, quien refirió ser amigo del accionante Marco Antonio Gandarillas Flores, señaló lo siguiente “ʽ…quiero indicar que el día lunes 30 de enero de 2023 a eso de las 5 de la tarde Marco Antonio Gandarillas Flores vino a mi cuarto diciéndome PAQUITO NO TE METAS EN PROBLEMAS, a lo que respondí, que si voy a dejarme de meterme en problemas, yo ya sabía a que se estaba refiriendo, creí que me iba hacer algo por la foto que saque al celular de mi compañero Nelson (…) después me dijo que yo le pida disculpas a Jhenifer, diciendome que Jhenifer esta enojada conmigo y que ella podía denunciarme, después le dije que tenía una amiga que me estaba esperando para cocinar, de esa manera me despedí rápidamente de él. Por último, quiero pedir garantías para mi persona porque temo que Marco Gandarillas tome represalias en contra de mi, por que he prestado declaración además indicar que Marco conoce mi domicilio…”ʼ (sic). Así también, se tiene la declaración de Ronald Delgadillo Terrazas (compañero de carrera de la víctima) Karen Claudia Orellana Vargas (compañera de carrera de la ahora tercera interesada, quien se encontraba con la nombrada y los accionantes el día de los hechos), así como la propia declaración de la nombrada, quienes indicaron que temen que los accionantes tomen represalias contra sus personas; por lo que, piden garantías, de cuyas documentales claramente se puede establecer primero que el testigo Oliver Paco Salazar fue evidentemente atemorizado por el accionante Marco Antonio Gandarillas Flores, y segundo que tanto los demás testigos como la hoy tercera interesada manifiestan que sienten temor de que los accionantes asuman represalias en su contra, de lo que se puede concluir que existe prueba objetiva que acredita que los testigos y la víctima al sentir temor, fácilmente pueden ser influenciados por los imputados -accionantes-; más aun, considerando que todos ellos son compañeros de la universidad conforme manifestaron. De lo referido, se puede evidenciar que la Vocal ahora accionada, considera que concurre el riesgo procesal de obstaculización, debido a lo manifestado en las declaraciones de los testigos Oliver Paco Salazar, Ronald Delgadillo Terrazas, Karen Claudia Orellana Vargas y de la propia hoy tercera interesada; empero, principalmente por la declaración del primer nombrado quien fue directamente atemorizado por el accionante Marco Antonio Gandarillas Flores, prueba documental que acredita que los citados testigos y la víctima al sentir temor respecto a los accionantes pueden ser fácilmente influenciados; más aun, cuando son compañeros de la Universidad. Es así que, la Vocal ahora accionada identificó plenamente a los testigos, entre los que está la hoy tercera interesada, sobre los cuales los accionantes podrían influir negativamente para que informen falsamente o actúen de manera reticente, por el sentimiento de miedo que les causan los nombrados, extremos demostrados por las declaraciones de los testigos y de la víctima, esta última que se constituye en un elemento probatorio fundamental para considerar la concurrencia de dicho riesgo procesal, conforme lo dispone la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, que se constituye en prueba objetiva y cuenta con razonabilidad suficiente de que el accionante Marco Antonio Gandarillas Flores obstaculizará la averiguación de la verdad; es así que, la Vocal ahora accionada cumplió con su obligación de actuar con la debida diligencia al momento de asumir medidas reforzadas para garantizar los derechos de la mujer presunta víctima de violencia sexual, en ese sentido, justificó de manera fundamentada y motivada la concurrencia del referido riesgo procesal. Respecto a la vulneración del derecho de presunción de inocencia, de la lectura del memorial de esta acción de defensa, se evidencia que los accionantes únicamente expusieron argumentos jurídicos y jurisprudenciales; empero, no manifestaron en el caso en concreto de qué manera dicho derecho fue vulnerado, impidiendo que se pueda ingresar a su análisis; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada sobre el citado derecho. Finalmente, con referencia al reclamo realizado por los accionantes respecto que, al ser dos, el análisis de concurrencia de los riesgos procesales debió realizarse de manera separada para cada uno, se observa que dicha denuncia no fue parte de los agravios que realizaron los accionantes al momento de plantear su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 3 de marzo de 2023; por ello, conforme se tiene analizado precedentemente, la Vocal ahora accionada no tuvo oportunidad de pronunciarse; consiguientemente, no se puede efectuar un pronunciamiento al respecto, tampoco exigir tal actuación a la referida Vocal conforme señala la SCP 0708/2013 de 3 de junio al reiterar el fundamento de la SC 1086/2005-R de 12 de septiembre, indicando lo siguiente: “‘De lo dicho se concluye que la jurisdicción constitucional sólo podrá analizar aquellos actos u omisiones demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante la vía judicial o administrativa pertinente; esto es en el momento hábil de producido el agravio el cual debe ser invocado necesariamente en las subsiguientes instancias sino es reparado en la primera, a través de los medios o recursos que franquea la ley…’”. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 056/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 63 a 67 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0640_2025-S1.pdf · páginas 1 a 43.
Huella digital del PDF (SHA-256): fa32e265b6cb3b907c252a4ebf287df3a7b3cfa2ed185d68e06794ffb8ef5072
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