Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 13 de agosto de 2024
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad; puesto que, luego de haberse sometido a la salida alternativa de procedimiento abreviado, en la que se dictó la Sentencia Condenatoria, solicitó el beneficio de la suspensión condicional de la pena; sin embargo, varias audiencias señaladas fueron suspendidas -en más de cinco oportunidades- sin tomar en cuenta las medidas necesarias para su celebración, incurriendo en dilaciones indebidas e injustificadas, durante dos meses, desde entonces y si bien la Jueza ahora accionada ordenó la conminatoria al Fiscal de Materia, ese actuado procesal no cursa en obrados y al contrario demuestra su actuación negligente y arbitraria, que genera la continuidad de su privación de libertad hasta la interposición de la presente acción de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35 de 11 de agosto de 2022, cursante de fs. 36 a 40, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicita, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el plazo de veinticuatro horas de haber sido notificada con este fallo constitucional, señale audiencia de consideración de la suspensión condicional de la pena formulada por Alex Villarroel Zeballos, realizando su celebración sin incurrir en dilación alguna, salvo que por el transcurso del tiempo ese acto procesal ya hubiese sido efectuado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0640/2024-S3 Sucre, 13 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49709-2022-100-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 35 de 11 de agosto de 2022, cursante de fs. 36 a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Cristina Viruez Soto en representación sin mandato de Alex Villarroel Zeballos contra Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 10 de agosto de 2022, cursante de fs. 7 a 12, manifestó que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alex Villarroel Zeballos -accionante-, a denuncia de Daniela Belén Quintanilla Veizaga -víctima-, por la comisión del delito de robo agravado, se dictó la Sentencia -29/2022 de 9 de junio- con una pena de presidio de tres años, al ser este su único delito cometido, cumpliendo con los requisitos previstos en el art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se acogió al beneficio de la suspensión condicional de la pena; no obstante, las audiencias de consideración de su petitorio fueron suspendidas en más de cinco oportunidades, transcurriendo alrededor de dos meses -se entiende hasta la interposición de esta acción de defensa- desde la presentación de la referida solicitud. En ese sentido, conforme el Acta de audiencia de consideración de la suspensión condicional de la pena de 7 de julio de 2022, la Jueza ahora accionada suspendió la audiencia por la inasistencia del Fiscal de Materia, y señaló una nueva audiencia para el 13 de igual mes y año, incurriendo en una dilación indebida de siete días. A pesar de ello, al momento de la celebración de la citada audiencia fue suspendida nuevamente por las mismas razones, sin tomar en cuenta que en el Ministerio Público rige el principio de unidad;
por consiguiente, se programó otra audiencia para el 26 de dicho mes y año; es decir, para trece días después; sin embargo, esa audiencia tampoco fue instalada; debido a que, la Jueza hoy accionada se encontraba con licencia autorizada por Recursos Humanos (RR.HH.) del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en efecto la Secretaria del referido Juzgado indicó que en razón a que la Jueza ahora accionada se encontraba con licencia dejó señalada una nueva audiencia para el 1 de agosto del citado año, a las 11:00 horas, es decir nuevamente suspendió la audiencia sin instalarse; empero, de manera incongruente cursa en el expediente un Acta de suspensión condicional de la pena como si se hubiese instalado, indicando que se suspendió por la inasistencia de la parte civil o víctima y de su abogado patrocinante; por lo que, se señaló otra audiencia para el 1 de agosto de 2022, a las 11:00 horas, demostrando con ello las dilaciones indebidas y el incumplimiento de lo previsto en el art. 113 del CPP. El 1 de agosto de 2022, la Jueza hoy accionada, nuevamente suspendió la audiencia por la inasistencia del Fiscal de Materia; por lo que, en dicho acto procesal se citó a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, alegando que el Ministerio Público se rige por el principio de unidad y para la audiencia el Fiscal de Materia se encontraba legalmente notificado; además que, la presencia de la víctima es potestativa y que la audiencia de consideración de la suspensión condicional de la pena se suspendió en cuatro oportunidades por las mismas razones y en efecto solicitó que se celebre la audiencia. En consecuencia, la Jueza ahora accionada de manera arbitraria e incongruente, resolvió suspender nuevamente la referida audiencia; debido a que, la defensa no presentó en físico la citada Sentencia Constitucional, incurriendo con ello en una dilación indebida; de igual manera, la Jueza hoy accionada, ordenó que se conmine al Fiscal de Materia para que informe cuál fue el motivo de su inasistencia, suspendiendo de esta manera la audiencia para el 9 de agosto de 2022, a las 9:30 horas, y al momento de su celebración, la Jueza hoy accionada sin fundamentar ni motivar denegó la mencionada solicitud en virtud a que la indicada Sentencia Constitucional no es análoga al caso concreto, por ello la Jueza ahora accionada nuevamente suspendió la audiencia para que se celebre el 16 del citado mes y año, a las 11:00 horas. Frente a esa determinación, su abogada vía complementación y enmienda solicitó que se fije audiencia, tal como establece el procedimiento penal dentro de las cuarenta y ocho horas y se conmine al representante del Ministerio Público su asistencia, en efecto la Jueza hoy accionada resolvió ordenar mediante oficio la conminatoria e indicó que debido a su recarga laboral no señaló audiencia dentro de ese plazo; el cual, corresponde para las audiencias de cesación de la detención preventiva; sin embargo, ese actuado procesal no cursa en obrados y al contrario demuestra su actuación negligente y arbitraria; por lo que, hasta la interposición de esta acción tutelar no se resolvió su situación jurídica y permanece privado de libertad.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 120, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se ordene a la Jueza ahora accionada que en el día se celebre la audiencia de suspensión condicional de la pena.
Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, no remitió informe alguno, ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, pese a su citación cursante a fs. 16.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 35 de 11 de agosto de 2022, cursante de fs. 36 a 40, concedió la tutela solicitada, conminando a la Jueza ahora accionada a celebrar la audiencia señalada para el 16 de agosto de 2022, a las 11:00 horas; bajo los siguientes fundamentos: a) En el caso de autos se tienen ocho señalamientos de audiencia para consideración de la suspensión condicional de la pena y siete suspensiones por diferentes motivos, por inasistencia de la parte solicitante, por falta de notificaciones y por inasistencia del Fiscal de Materia, así como de la parte civil o víctima; b) Los arts. 113.II y 314.II del CPP, establecen que la autoridad judicial debe señalar audiencia en el plazo de veinticuatro horas planteado cualquier tipo de incidente, debiendo celebrar la misma en el plazo de tres días, no pudiendo suspenderse la audiencia en ningún caso conforme a las modificaciones realizadas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; y, c) Las suspensiones advertidas vulneran la previsión del art. 113 del indicado Código; puesto que, la inasistencia del Fiscal de Materia o de la parte civil o víctima no resultan ser óbices para la instalación de la audiencia, evidenciando con ello, la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado con el derecho a la libertad del accionante.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso el sorteo conforme al orden correlativo de las acciones traslativas o de pronto despacho clasificadas a la Sala voluntaria o piloto; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, según orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 4 de julio de 2022, ante Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, Alex Villarroel Zeballos -hoy accionante-, solicitó señalamiento de audiencia virtual de consideración de la suspensión condicional de la pena, mereciendo decreto de la misma fecha, por el cual se señaló audiencia presencial para el 7 de julio de 2022 a las 9:30 horas (fs. 25 y 26). II.2. Cursa Acta de audiencia pública de consideración de la suspensión condicional de la pena instalada el 7 de julio de 2022, por la Jueza ahora accionada, quien suspendió la misma por la inasistencia del Fiscal de Materia, la parte civil o víctima y su abogado patrocinante; señalando una nueva audiencia para el 13 del indicado mes y año a las 11:00 horas (fs. 2). II.3. Consta Acta de audiencia de consideración de la suspensión condicional de la pena instalada el 13 de julio de 2022, por la Jueza hoy accionada, quien suspendió la audiencia por la inasistencia del Fiscal de Materia, el accionante, la parte civil o víctima y su abogado patrocinante, programando una nueva audiencia para el 26 del mencionado mes y año a las 14:00 horas (fs. 3 vta. y 4 vta.). II.4. Por Acta de audiencia de consideración de la suspensión condicional de la pena instalada el 26 de julio de 2022, la Jueza ahora accionada, suspendió la misma por la inasistencia del Fiscal de Materia, la parte civil o víctima y su abogado patrocinante, señalando nueva audiencia para el 1 de agosto de 2022 a las 11:00 horas (fs. 5). II.5. Mediante Acta de audiencia de consideración de la suspensión condicional de la pena instalada el 1 de agosto de 2022, la Jueza hoy accionada, suspendió dicho acto procesal por la inasistencia del Fiscal de Materia, la parte civil o víctima y su abogado patrocinante, programándola para el 9 de igual mes y año a las 9:30 horas (fs. 29 y vta.). II.6. Cursa Acta de audiencia de consideración de la suspensión condicional de la pena instalada el 9 de de agosto de 2022, por la Jueza ahora accionada, quien suspendió nuevamente la misma por inasistencia del Fiscal de Materia, la parte civil o víctima y su abogado patrocinante, señalando nueva audiencia para el 16 del mismo mes y año, a las 11:00 horas; por lo que, al finalizar la audiencia la abogada del accionante solicitó que se conmine a través del Fiscal Departamental al Fiscal de Materia y que la audiencia sea señalada en el plazo de cuarenta y ocho horas, en respuesta al primer punto se tuvo presente y con relación al segundo punto se indicó que ya se tienen audiencias programadas con anterioridad y que no es una audiencia de cesación a la detención preventiva para que se señalase en el plazo de cuarenta y ocho horas; por consiguiente, se mantuvo la fecha señalada (fs. 30 y 31).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad; puesto que, luego de haberse sometido a la salida alternativa de procedimiento abreviado, en la que se dictó la Sentencia Condenatoria, solicitó el beneficio de la suspensión condicional de la pena; sin embargo, varias audiencias señaladas fueron suspendidas -en más de cinco oportunidades- sin tomar en cuenta las medidas necesarias para su celebración, incurriendo en dilaciones indebidas e injustificadas, durante dos meses, desde entonces y si bien la Jueza ahora accionada ordenó la conminatoria al Fiscal de Materia, ese actuado procesal no cursa en obrados y al contrario demuestra su actuación negligente y arbitraria, que genera la continuidad de su privación de libertad hasta la interposición de la presente acción de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0310/2023-S3 de 24 de abril, reiterando jurisprudencia constitucional, estableció que: «La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas”» (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0191/2019-S3 de 30 de abril, estableció que: “El art. 178.I de la CPE, señala que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en el principio de celeridad; por lo que, ante la ausencia de una disposición legal que fije un plazo en el que deba realizarse la audiencia de suspensión condicional de la pena, se debe aplicar los arts. 22, 23.I y 180.I de la Norma Suprema; y, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), relativas a la libertad y celeridad. Al caso, la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional entre diversos fallos reiterados como la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, estableció que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho…’. Siguiendo con el análisis, podemos advertir que la premisa anterior es incumplida en la práctica judicial, ya que al no existir en la ley un plazo determinado para resolver la solicitud de suspensión condicional de la pena, es menester que la frase ‘plazo razonable’, deba ser definida como un término brevísimo, de cinco días hábiles como máximo, siempre y cuando el imputado se encuentre privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la suspensión condicional de la pena, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss. de la CPE), bajo el argumento de existencia de ‘sobrecarga procesal’ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad. De igual forma, ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la suspensión condicional de la pena de una persona privada de su libertad, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento. Respecto al perdón judicial” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad; puesto que, luego de haberse sometido a la salida alternativa de procedimiento abreviado, en la que se dictó la Sentencia Condenatoria, solicitó el beneficio de la suspensión condicional de la pena; sin embargo, varias audiencias señaladas fueron suspendidas -en más de cinco oportunidades- sin tomar en cuenta las medidas necesarias para su celebración, incurriendo en dilaciones indebidas e injustificadas, durante dos meses, desde entonces y si bien la Jueza ahora accionada ordenó la conminatoria al Fiscal de Materia, ese actuado procesal no cursa en obrados y al contrario demuestra su actuación negligente y arbitraria, que genera la continuidad de su privación de libertad hasta la interposición de la presente acción de libertad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se evidencia que, mediante memorial presentado el 4 de julio de 2022, ante Jueza hoy accionada, el accionante, solicitó señalamiento de audiencia virtual de consideración de la de suspensión condicional de la pena, mereciendo el decreto de la misma fecha, a través del cual se señaló audiencia para el 7 de julio de 2022 a las 9:30 horas (Conclusión II.1.); por lo que, una vez instalada la audiencia fue suspendida en razón a la inasistencia del Fiscal de Materia, la parte civil o víctima y su abogado patrocinante, señalando una nueva audiencia para el 13 del indicado mes y año a las 11:00 horas (Conclusión II.2.). En consecuencia, se instaló dicha audiencia y nuevamente la Jueza ahora accionada determinó su suspensión por inasistencia del Fiscal de Materia, el accionante, la parte civil o víctima y su abogado patrocinante, programando una nueva audiencia para el 26 del mencionado mes y año a las 14:00 horas (Conclusión II.3.). Seguidamente en la fecha indicada se celebró la audiencia y también fue suspendida, por la inasistencia del Fiscal de Materia, la parte civil o víctima y su abogado patrocinante, señalando una nueva audiencia para el 1 de agosto de 2022 a las 11:00 horas (Conclusión II.4.); por lo que, se procedió a la instalación de esa audiencia; empero, la Jueza hoy accionada nuevamente suspendió dicho acto procesal por la inasistencia del Fiscal de Materia, la parte civil o víctima y su abogado patrocinante, programándola para el 9 de igual mes y año a las 9:30 horas (Conclusión II.5.).
Seguidamente, el 9 de agosto de 2022, se instaló la audiencia de suspensión condicional de la pena; sin embargo, la Jueza ahora accionada, suspendió nuevamente la misma, debido a la inasistencia del Fiscal de Materia, la parte civil o víctima y su abogado patrocinante, señalando una nueva audiencia para el 16 de del mismo mes y año a las 11:00 horas. Al finalizar la audiencia la abogada del accionante solicitó que se conmine a través del Fiscal Departamental al Fiscal de Materia y que la audiencia sea señalada en el plazo de cuarenta y ocho horas, en respuesta al primer punto se tuvo presente y con relación al segundo punto se indicó que ya se tienen audiencias programadas con anterioridad y que no es una audiencia de cesación de la detención preventiva para que se señalase en el plazo de cuarenta y ocho horas, por ello se mantuvo la fecha señalada (Conclusión II.6.). En ese contexto, se evidencia que ante la solicitud de audiencia virtual de suspensión condicional de la pena presentada por el accionante el 4 de julio de 2022, la Jueza ahora accionada señaló audiencia para el 7 de igual mes y año; sin embargo, esta fue suspendida para el 13 de del citado mes y año; y, a partir de ello en cinco oportunidades más se fueron suspendiendo dichas audiencias por varios motivos, señaladas para el 26 de igual mes y año, para el 1, 9 y 16 de agosto del citado año, ello significó que desde la solicitud de audiencia virtual de suspensión condicional de la pena -4 de dicho mes y año- hasta la interposición de la presente acción tutelar -10 de agosto de ese año-, a pesar que la Jueza hoy accionada fue señalando nuevas fechas y horas de audiencias, estas no se celebraron, permitiendo con ello que transcurriese un mes y seis días de dilación indebida e injustificada; puesto que, el proceso debió conducirse en virtud a la realización oportuna del trámite procesal correspondiente y no suspenderse las mencionadas audiencias en reiteradas oportunidades por casi las mismas razones. Bajo esas circunstancias, en el presente caso se concluye que las audiencias señaladas para resolver la solicitud de consideración de la suspensión condicional de la pena, fueron suspendidas por la Jueza ahora accionada, por más de cinco oportunidades sin tomar en cuenta las medidas necesarias para su celebración; por lo que, la mencionada Jueza hoy accionada incidió en un acto contrario a la celeridad procesal que debe imprimirse a los trámites judiciales vinculados con la situación procesal del privado de libertad -accionante-, del cual puede depender su libertad; puesto que, no resulta permisible que la audiencia de consideración de la suspensión condicional de la pena sea programada para una fecha distante a la presentación de su solicitud, constituyéndose en un acto dilatorio indebido en la resolución de la situación jurídica del accionante, más aún, cuando dicho beneficio es una medida adoptada por la política criminal, siendo esta suplementaria a la condena de corta duración impuesta contra el accionante y si resulta pertinente podría cumplirla en libertad bajo determinadas limitaciones y condiciones de observancia obligatoria; por cuanto, si bien la norma adjetiva penal de forma expresa no señala un plazo para efectuar el correspondiente verificativo, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, la Jueza ahora accionada debió celebrar la audiencia de consideración de la suspensión condicional de la pena, en un plazo razonable, el cual sería máximo de cinco días hábiles de conocida la solicitud, al no hacerlo, vulneró los derechos alegados por la parte accionante en la presente acción tutelar, y conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde considerar la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho que se constituye en un mecanismo procesal idóneo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad, tal como sucedió en el presente caso; por ello, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35 de 11 de agosto de 2022, cursante de fs. 36 a 40, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicita, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el plazo de veinticuatro horas de haber sido notificada con este fallo constitucional, señale audiencia de consideración de la suspensión condicional de la pena formulada por Alex Villarroel Zeballos, realizando su celebración sin incurrir en dilación alguna, salvo que por el transcurso del tiempo ese acto procesal ya hubiese sido efectuado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0640_2024-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 166990a8daf7e00a91494c11973e3b7e8d3a072aec2b1530c138df6d215dc76e
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