Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Cuarta Especializada · 18 de julio de 2023
Concede la tutela
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció como lesionado su derecho a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad, a la verdad material y a la “retardación de justicia”; debido a que, la autoridad demandada, incumplió con lo determinado en el mandamiento de libertad de 2 de marzo de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, que disponía la libertad pura y simple; encontrándose ilegalmente detenido, hasta la presentación de esta acción tutelar. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 18/2022 de 6 de marzo, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Santa Cruz; en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad de acción de libertad traslativa y pronto despacho, ordenando a la autoridad demandada a atender y resolver la solicitud correspondiente al accionante, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0640/2023-S4 Sucre, 18 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de Libertad Expediente: 47505-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 18/2022 de 6 de marzo, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Aldryn Mauricio Roca Azurduy en representación sin mandato de Juan Pablo Ángel Loza Macoina contra Nicanor Curcuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”.
Por memorial presentado el 5 de marzo de 2022, cursante de fs. 12 a 14, el accionante, a través de su representante sin mandado, manifestó los siguientes argumentos:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de robo agravado y tenencia y porte de arma; el 10 de diciembre de 2020, se determinó su detención preventiva por noventa días; sin embargo, el 25 de junio de 2021, el Director Funcional de las Investigaciones del Ministerio Público, emitió la Resolución Fiscal Conclusiva de sobreseimiento en su favor; y el 1 de julio de igual año, el Ministerio Público presentó Resolución Conclusiva de Sobreseimiento ante el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz. En virtud a tales actuados, el 21 de febrero 2021, presentó solicitud de cesación a su detención preventiva, señalándose audiencia para el 2 de marzo de igual año; instancia en la que, se dispuso su libertad pura y simple al existir sobreseimiento en su favor, ordenando que se libre el correspondiente mandamiento de libertad;
notificándose al Director del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, con dicho mandamiento, el 3 de igual mes y año a las 09:10; sin embargo, no se dio curso a lo dispuesto; pues, según se enteró de manera extraoficial, bajo el argumento de que, en el mandamiento de detención se consignó Juan Pablo Loza Macoine y en el mandamiento de libertad, como Juan Pablo Ángel Loza Macoine, violentando su derecho constitucional de verdad material; así como, el Reglamento del Régimen Penitenciario, al no otorgar celeridad a su solicitud en el mismo día, ocasionando una indebida privación de su libertad.
La parte accionante, denunció como lesionado el derecho a la libertad, a la “dilatación” indebida y retardación de justicia; así como, los principios de celeridad, de verdad material; citando al efecto, los arts. 14.III, 115.II, 119.II y 256.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene que en el día se dé cumplimiento al mandamiento de libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 22, presente la parte accionante; y, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó los argumentos de su demanda de acción de libertad y ampliándola, manifestó lo siguiente: a) Extraoficialmente conoció que, no se le otorgó la libertad porque el mandamiento de libertad estaba incompleto, al no haberse consignado su tercer nombre “Ángel” en el mismo; extremo que, constituye un impedimento para obtener su libertad; b) Es de conocimiento del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo; así como, del Director del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” que el solicitante de tutela no cuenta con ningún carnet ni certificado de nacimiento, debido a situaciones personales, documentación que no se le exigió para detenerlo; c) Existe precedentes en la “SCP 0087/2018-S2”; en la que se estableció que, los mandamientos deben ser cumplidos por los Centros Penitenciarios conforme prevé el art. 39 de la Ley Especial del Régimen Penitenciario; y, d) Dentro de las facultades que tiene todo Gobernador de un Centro Penitenciario, antes de ejecutar cualquier mandamiento, está la de revisar que la persona no tenga ningún pendiente; además, de verificar que el mandamiento sea auténtico, en el presente caso, no existe un error de identidad, simplemente existe un error de forma.
Nicanor Curcuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, ni remitió informe escrito alguno, pese a su citación vía WhatsApp cursante a fs. 18.
El Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 18/2022 de 6 de marzo, cursante de fs. 22 a 25, concedió en parte la tutela impetrada, ordenando que en el plazo de veinticuatro horas, el Gobernador y/o Director del Centro de Rehabilitación Palmasola Santa Cruz, informe de manera escrita y formal al accionante, la observación realizada por su parte, para que dicha situación sea puesta a conocimiento del Juzgado a cargo del control jurisdiccional de la causa, y el mismo pueda resolver conforme a la documentación pertinente; bajo los siguientes fundamentos: 1) La instancia competente para resolver esta situación, es el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, que tiene el control jurisdiccional de dicha causa; y, 2) Por intermedio del accionante; se establece que, la observación se hubiese hecho conocer de forma verbal, incumpliendo el principio de celeridad establecido en la Constitución Política del Estado, era obligación de los funcionarios públicos, informar de la situación de forma expresa y por escrito, a efectos de solucionar la observación en el Juzgado de la causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Formulario de Declaración de 9 de diciembre de 2020; en el que, Juan Pablo Ángel Loza Macoina –hoy accionante– decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio, firmando dicho documento junto al investigador asignado al caso y el abogado defensor de oficio (fs. 2). II.2. Cursa mandamiento de detención preventiva de 10 de diciembre de 2020, emitido por el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, ordenando la detención preventiva a Juan Pablo Loza Macoine (fs. 4). II.3. Mediante Resolución Administrativa (RA) SERECI.SCZ/DDSRC/R.A.I. 34/2022 de 19 de enero, emitida por la Directora departamental en suplencia legal del Servicio de Registro Cívico (SERECI) de Santa Cruz; se determinó, autorizar la inscripción de partida de nacimiento con apellido materno convencional y filiación probada paterna de: Juan Pablo Ángel Loza Macoina –ahora impetrante de tutela–, al haberse comprobado la inexistencia de partida de nacimiento (fs. 7 a 8). II.4. Mediante Certificación de Permanencia y Conducta de 16 de febrero de 2022, emitido por el Director del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, se hace conocer que el impetrante de tutela, no registra sanción disciplinaria en transgresión a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001– (fs. 5). II.5. Consta Mandamiento de Libertad de 2 de marzo de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, por el que se ordena al Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, ponga en libertad inmediata a Juan Pablo Ángel Loza Macoina (fs. 11).
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció como lesionado su derecho a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad, a la verdad material y a la “retardación de justicia”; debido a que, la autoridad demandada, incumplió con lo determinado en el mandamiento de libertad de 2 de marzo de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, que disponía la libertad pura y simple; encontrándose ilegalmente detenido, hasta la presentación de esta acción tutelar. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0885/2022-S4 de 22 de julio, señaló que: “‘El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertadʹ. En ese entendido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ʽ…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad ʹ. Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con el 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas; un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, establecido en el art. 23.I de la Norma Suprema” (las negrillas pertenecen al texto original).
Al respecto, la SCP 0099/2016-S1 de 15 de enero, reiterando el entendimiento asumido por la SCP 0657/2012 de 2 de agosto, respecto a los deberes que tienen los directores de los centros penitenciarios, cuando reciben un mandamiento de libertad, manifestó lo siguiente: “'…tratándose de mandamientos de libertad, el art. 39 de la LEPS, señala que cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, mientras que el funcionario que incumpla esa disposición será pasible a la responsabilidad penal y disciplinaria que corresponda; por lo tanto los encargados de las prisiones a momento de recibir un mandamiento de libertad emanado de autoridad competente, están obligados a su cumplimiento inmediato, para no vulnerar los derechos y garantías del detenido; empero, deberán analizar también, de manera inmediata y sin que ello origine una demora indebida: a) Si existen o no otros mandamientos contra el imputado; y, b) Determinar si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, para lo cual deberán solicitar sin dilación alguna la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mismo. Reglas que no son limitativas, pues al margen de velar porque se respeten los derechos y garantías del detenido, tienen también la alta responsabilidad que les asigna la ley, de evitar que el interno que estuviese detenido por orden de otras autoridades se evada, burlando a la justicia, lo que le generaría igualmente responsabilidad. En ese sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, ha señalado que: «…el art. 39 de la LEPS, cuando señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…»′" (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció como lesionado su derecho a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad, a la verdad material y a la retardación de justicia; debido a que, la autoridad demandada, incumplió con lo determinado en el mandamiento de libertad de 2 de marzo de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, que disponía la libertad pura y simple; encontrándose ilegalmente detenido, hasta la presentación de la acción tutelar –5 de marzo de 2022–. Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación, abordar el tema en estudio, originado por la presunta dilación procesal que hubiera sido ocasionada por la autoridad ahora demandada, en el incumplimiento de lo dispuesto en el mandamiento de libertad. En ese contexto, de la revisión de antecedentes aparejados al expediente de acción de libertad, se constata que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de robo agravado y tenencia y porte de arma; el 9 de diciembre de 2020, mediante formulario de declaración, decidió acogerse al derecho de guardar silencio, emitiéndose el 10 de igual mes y año, mandamiento de detención preventiva en su contra, en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, por noventa días; sin embargo, el 25 de junio de 2021, el Fiscal de Materia, emitió la Resolución Fiscal Conclusiva de sobreseimiento y el 1 de julio de igual año; y, el Ministerio Público presentó la Resolución Conclusiva de Sobreseimiento al Juzgado de Instrucción Penal Séptimo, en favor del ahora solicitante de tutela.
Por memorial presentado al pre nombrado Juzgado, el 21 de febrero de 2022, solicitó cesación a la detención preventiva, señalándose audiencia para el 2 de marzo de igual año; acto procesal en el que, se dispuso la libertad pura y simple del hoy accionante, al haberse presentado sobreseimiento en su favor. En ese orden, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante mandamiento de libertad, se ordenó al Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, ponga inmediatamente en libertad al impetrante de tutela, habiendo sido notificada dicha autoridad, el 3 de igual mes y año a las 09:10; sin que, hasta la fecha de la presentación de esta acción tutelar –5 de marzo de 2022–, se le hubiera puesto en libertad. Ahora bien, previo a ingresar al análisis de fondo, debe considerarse la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuyo tenor determina que el mecanismo idóneo para la reclamación de derechos fundamentales, cuando éstos hubieren dilatado el trámite procesal sin razón suficiente, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que tiene como propósito evitar lesiones o agravios causados por acciones u omisiones indebidas que tienen vinculación con el principio de celeridad; en tal situación, el agraviado puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional interponiendo la acción de libertad, para que el Tribunal de garantías en el fondo resuelva conforme la normativa vigente. Se evidencia asimismo, en antecedentes de la presente acción tutelar, que cursa un mandamiento de detención preventiva de 10 de diciembre de 2020, en el que se consigna al impetrante de tutela como: Juan Pablo Loza Macoine (dos nombres); asimismo, el mandamiento de libertad de 2 de marzo de 2022; en el que, se le consigna; Juan Pablo Ángel Loza Macoina (tres nombres); de la revisión de antecedentes también se evidencia documentación de trámite administrativo, que frente a la inexistencia de partida de nacimiento del solicitante de tutela, se emitió RA SERECI.SCZ/DDSRC/R.A.I. 34/2022, de Inscripción de Partida de Nacimiento el 19 de enero de 2022; aproximadamente un año y un mes tras haber sido detenido; acreditándose que el hoy accionante, cuando fue detenido, no contaba con un certificado de nacimiento, menos un documento de identidad y cuando se emitió el mandamiento de libertad, ya se contaba con la Resolución por la que se determinó su identidad definitiva; también se puede verificar que en el formulario de declaración de 9 de diciembre, se le consignó como “Juan Pablo Ángel”. Por lo señalado, resulta menester remitirnos a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en cuyo tenor establece que, los encargados de los Centros Penitenciarios a momento de recibir un mandamiento de libertad emanados de autoridad competente, se hallan obligados a su inmediato cumplimiento, para no vulnerar los derechos fundamentales y garantías constitucionales del detenido; sin embargo, se encuentran obligados a analizar de manera inmediata y sin demora si existen o no otros mandamientos en contra del imputado; además, de verificar la autenticidad del mismo; para lo cual, deben solicitar sin ninguna dilación, la información correspondiente y revisar los registros antes de su efectiva materialización. Bajo ese entendido; se tiene que, la autoridad demandada, no agotó de manera inmediata, todos los medios para la verificación de los datos contenidos en el mandamiento de libertad; ya sea verificando los antecedentes del ahora impetrante de tutela, cursantes en sus archivos, y/o solicitar información al Juzgado Penal Séptimo, donde radica la causa, a efectos de dar curso inmediato a la orden o a solicitar su complementación en caso de ser necesario; sin embargo, se limitó a incumplir a lo ordenado, a lo que se añade que guardó completo silencio; dado que, no dio a conocer al ahora solicitante de tutela, la razón de su comportamiento, contraviniendo con su obligación legal. Por todo lo manifestado y fundamentado; se evidencia que, la autoridad demandada, incumplió con el principio de celeridad que repercutió directamente en el derecho a la libertad del accionante; constituyendo ello, dilación indebida; por tanto, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 18/2022 de 6 de marzo, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Santa Cruz; en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad de acción de libertad traslativa y pronto despacho, ordenando a la autoridad demandada a atender y resolver la solicitud correspondiente al accionante, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0640_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): c2fedde13988b497ea45f6b3bf1daf103dd5dffbc6caf235d4909fa54a5334b0
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