Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 9 de octubre de 2024
Concede en parte la tutela
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes a la defensa y a recurrir; toda vez que, dentro el proceso ordinario de reivindicación que sigue contra María Concepción Rojas Quisbert de Lozano, el Juez demandado en suplencia legal, incurrió en la siguientes ilegalidades: 1) Emitió el Auto Interlocutorio de 29 de abril de 2022, disponiendo la remisión de la excusa formulada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava de la Capital del departamento de La Paz en consulta al Tribunal ad quem “…después de un mes y medio donde se ha emitido bastantes criterios quiere sanear la causa cuando ya se había convalidado y ninguna de las partes a observado la legitimidad del nuevo juzgador” (sic); y, 2) Formuló recurso de reposición contra el referido Auto Interlocutorio; empero, el proceso fue remitido ante el Tribunal ad quem, sin resolver dicho recurso. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: i) El derecho a la tutela judicial efectiva; ii) La garantía general del debido proceso y el derecho a la defensa; iii) Sobre la normativa aplicable y el trámite de la excusa; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 173/2022 de 6 de julio, cursante de fs. 243 a 247 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2° Disponiendo que el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del departamento de La Paz, resuelva el recurso de reposición interpuesto por Wilfredo Bernardo Fernández Muñecas, siempre y cuando el mismo no haya sido ya resuelto como emergencia de la determinación de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 3° Llamar la atención a José Ángel Carvajal Cordero, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, ante la ausencia de emisión de la resolución del recurso de reposición en el plazo establecido para el efecto. 4° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos a la defensa y a recurrir.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0639/2024-S1 Sucre, 9 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 52583-2023-106-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 173/2022 de 6 de julio, cursante de fs. 243 a 247 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilfredo Bernardo Fernández Muñecas contra José Ángel Carvajal Cordero, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memoriales presentados el 7 y 14 de junio de 2022, cursante de fs. 16 a 21; y, 23 a 25, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso ordinario de reivindicación caratulado “Fernández c/ Rojas”, tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del departamento de La Paz, el Juez demandado en suplencia legal, emitió el Auto Interlocutorio de 29 de abril de 2022, mediante el cual dispuso la remisión de una excusa en consulta al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinación que le fue notificada el 1 de junio del mismo año; por lo que, el 6 de igual mes y año, dentro de plazo formuló recurso de reposición, y al realizar el seguimiento, el personal de apoyo jurisdiccional, le informó que el proceso fue remitido al Tribunal ad quem, ante lo cual su persona manifestó que no podían remitir el expediente “porque estaba en plazo de por impugnar la resolución” (sic), y entrevistándose con el Juez demandado, éste le manifestó “¿Y que tiene? Procedimiento es pues, además solo es consulta” (sic), es decir, se remitió la consulta al superior en grado, cuando su persona presentó un recurso de reposición, lesionando su derecho al debido proceso en sus vertientes a la defensa y a recurrir; puesto que no se respetó los plazos procesales de orden público y de cumplimiento obligatorio, ya que existe un recurso de reposición en pleno trámite.
Denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes a la defensa y a recurrir, citando al efecto los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 núm. 2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia “dejar sin efecto la remisión de CONSULTA hasta que no se tramite el recurso de reposición planteado” (sic).
Celebrada la audiencia (virtual) el 6 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 237 a 242, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: a) El Tribunal ad quem hizo conocer al Juez demandado que debe terminar todos los trámites previa realización de la consulta, “…aspecto que los estoy dando a conocer meramente por un seguimiento de causa…” (sic); y, b) La consulta realizada por la autoridad demandada fue realizada fuera del plazo, ya que debe ser realizada en el día; empero, el “juez accionado en la presente acción después de un mes y medio donde se ha emitido bastantes criterios quiere sanear la causa cuando ya se había convalidado y ninguna de las partes a observado la legitimidad del nuevo juzgador” (sic); y, c) La parte contraria “va a presionar para que el expediente se vaya al juzgado 28 donde es muy importante que lo sepan la Dra. Jhovana Mallea ha expresado mediante una resolución que me odia expresamente señala que me odia y espero que el informe que le hayan emitido a su autoridad este esa resolución porque por más que el expediente regrese al juzgado 28, en la vertiente del principio del juez natural se estaría violando ya que no puedo ser juzgado por una autoridad que me odia se quiere forzar una figura de consulta para que me juzguen por una autoridad expresamente que ha dicho que me odia eso es inadmisible ante cualquier instancia procesal” (sic).
José Ángel Carvajal Cordero, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Vigésimo Noveno, mediante memorial presentado 6 de julio de 2022, cursante de fs. 234 a 236, manifestó lo siguiente: 1) El proceso ordinario de reivindicación fue tramitado ante el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Octavo de la Capital del mismo departamento, a cargo de la Jueza Yobana Magui Mallea Miranda, quien admitió la demanda por Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2021, y llevó la audiencia preliminar; empero, mediante Auto Interlocutorio de 29 de abril de 2022 se excusó por la causal cuarta inserta en el art. 347 del Código Procesal Civil (CPC); es decir, enemistad, odio y resentimiento, alegando que el peticionante de tutela le habría iniciado un proceso ante el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción sin fundamento alguno; por lo que, el proceso fue remitido al Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del mismo departamento, que fue providenciado el 23 de marzo del señalado año, que refiere “‘…Al Juzgado en conocimiento de partes a los fines de ley, con las formalidades que requiere el caso…’, providencia que NO ha sido notificada a las partes hasta la fecha” (sic); 2) El 29 de abril de 2022, su autoridad emitió el Auto Interlocutorio por el cual vía saneamiento procesal dispuso se regularice el procedimiento de la excusa, debiendo elevarse en revisión ante la autoridad jerárquica superior; 3) Fue designado en suplencia legal del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del referido departamento en varias oportunidades, de acuerdo a los Memorándums 545/2022 de 29 de marzo, del 28 al 31 del mismo mes y año; 564/2022 de 1 de abril, del 1 al 7 de igual mes y año; 592/2022 de 11 de abril, del 8 al 14 del referido mes y año; 635/2022 de 19 de abril, del 18 al 24 del citado mes y año; 678/2022 de 25 de abril, del 25 de abril al 1 de mayo; y, 700/2022 de 3 de mayo, del 3 de mayo al 31 de octubre del indicado año; es decir, que las suplencias legales en las primeras cinco oportunidades fueron por días, y le indicaron que el titular se hallaba con baja médica debiendo reincorporarse en forma breve; por lo que, dejaba las providencias a consideración y decisión de la autoridad competente, y recién por Memorándum 700/2022 fue designado en suplencia legal por cinco meses seguidos, lo que obligó a su autoridad a que se haga cargo “NO eventualmente del despacho” (sic), sino que la suplencia del cargo era de forma permanente; por lo que, empezó con el saneamiento y regularización de procedimientos aplicados en los proceso de dicho Juzgado; 4) Se advirtió la remisión del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Octavo de la Capital del señalado departamento, radicando la causa mediante providencia de 23 de marzo de 2022, la cual no fue notificada a las partes; empero, presentaron varios memoriales con solicitudes de mero trámite como ser copias legalizadas, que fueron providenciadas de forma legal y que no ingresaban al fondo de la causa, y recién cuando un tercero Daniel Alfonso Rojas Cahupaza solicitó se admita su intervención de coadyuvante, fue que se dispuso el saneamiento de la excusa, emitiendo el Auto Interlocutorio de 29 de abril del señalado año, referente a la consulta en correcta aplicación del art. 349 del CPC; toda vez que, las simples providencias emitidas no se pronunciaron sobre este trámite y la radicatoria no se encontraba notificada; por lo que, consideró que debía aplicarse los procedimientos previstos para la excusa observada; puesto que, los argumentos y fundamentos de la excusa resultan insuficientes, y no existe prueba alguna de la causal de resentimiento u odio invocada por la Jueza de la causa, ya que: “En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas a la autoridad judicial después de que hubiere comenzado a conocer el asunto” (sic), además la solicitud de consulta es una facultad privativa de la autoridad que estimare ilegal o insuficiente la excusa; 5) El recurso de reposición planteado por el solicitante de tutela fue providenciado en el plazo legal con el traslado; sin embargo, fue el propio accionante quien no impulsó la comunicación procesal, “nótese que hasta la fecha dicho traslado siendo notificado, por lo que a efectos de imprimir los tramites de rigor, se ha dispuesto la inmediata notificación, con llamada de atención a la Oficial de Diligencias que no cumple sus funciones conforme dicta la norma” (sic); 6) La consulta fue remitida al superior en grado en el plazo determinado por el art. 349 del CPC, que señala “…en el día…”, situación que fue mal interpretada por el impetrante de tutela, que no observó el carácter imperativo del plazo otorgado por la propia norma; 7) El Tribunal ad quem devolvió antecedentes porque se habría omitido la remisión de algunas piezas esenciales del proceso, subsanando en el día dicha observación; empero, “…nuevamente devuelve el cuaderno determinando se resuelva un recurso pendiente, disposición que también se ha decretado cúmplase y se ha dispuesto las notificaciones para la preclusión de plazo de respuesta y emisión de resolución correspondiente” (sic); y, 8) Por las puntualización desarrolladas, se advierte que la acción de defensa no observa el principio de ultima ratio; toda vez que, el peticionante de tutela presentó solicitudes y no gestionó su trámite conforme procedimiento, operando la subsidiariedad; toda vez que, el Tribunal de alzada, ya dispuso se cumpla con los trámites procesales de la fase recursiva del recurso de reposición; es decir, que el supuesto derecho lesionado ya mereció protección o providencia propia y que se encuentra en plena ejecución.
María Concepción Rojas Quisbert Vda. de Lozano a través de su representante legal en audiencia virtual expreso que: i) El petitorio de la acción tutelar formulada es impreciso y no existe ninguna acción u omisión denunciada en concreto; ii) No se cumplió con el principio de subsidiariedad; toda vez que, si existe una acción u omisión que se constituye en el acto material de remitir los actuados pertinentes ante el Tribunal ad quem , esta actividad también puede ser impugnada y puesta a conocimiento del Juez demandado, a efecto que emita pronunciamiento al respecto; por lo que, llama la atención que los actos denunciados en ningún momento fueron puestos a conocimiento del Juez demandado; iii) En la presente causa existe sustracción de materia por hechos sobrevinientes, puesto que la presunta lesión de derechos ya no existe; y, iv) El recurso de reposición no suspende la actividad procesal; razón por la que, solicitó se deniegue la tutela; y exhorte al Juez demandado a remitir la consulta en el día; puesto que genera incertidumbre respecto a que juzgado le corresponderá resolver la causa.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 173/2022 de 6 de julio, cursante de fs. 243 a 247 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La excusa como instituto procesal garantiza la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional, y la autoridad judicial que advierta a priori la resolución de excusa y considere que esta es ilegal, la remitirá al superior en grado en el día para que se verifique la legalidad o no de este acto procesal, hecho que sucedió así sea defectuosamente por parte de la autoridad demandada debido a varias razones, como ser la remisión del proceso del Juzgado de origen al Juzgado siguiente en orden y número, y la designación del Juez demandado en suplencia legal, que generaron que la autoridad demandada haya decidido remitir los antecedentes de la excusa de forma aparentemente extemporánea, “…pero esta Sala Constitucional en el fondo, no observa la gravedad de este asunto, observa la ausencia de prolijidad de la autoridad hoy accionada, porque promovido que fue el recurso de reposición, corresponda o no corresponda, era monopolio exclusivo de la autoridad jurisdiccional pronunciarse al respecto, y pronunciarse implica el acto natural de la autoridad jurisdiccional respecto a una suerte pretensional, la autoridad jurisdiccional no puede omitir pronunciarse a cualquier tipo de solicitud, ahora esta solicitud no se ha corrido en traslado y es un serio antecedente ver que no solo la actitud tardía de la autoridad jurisdiccional sino además, las reiteradas veces que la autoridad ad quem le devuelve antecedentes para que enmiende actos o adjunte actos procesales y en apariencia hasta este momento el accionante tiene un fumus boni iuris en su favor, porque en efecto, tramite o no tramite, conceda o no conceda, resuelva como deba resolver la autoridad jurisdiccional, una cuestión puesta a su conocimiento no puede dejar de ser resuelto…” (sic); y, b) El acto identificado como lesivo fue sucedido con otros actos procesales, no solo de las partes, sino de la autoridad jurisdiccional, “…como ser las instrucciones de la autoridad superior para la enmienda en remisión…”, lo que no implica convalidación; puesto que, en caso de autos opera la teoría de los actos propios, ya que el solicitante de tutela se apersonó ante el Tribunal ad quem, donde denunció las irregularidades en similares argumentos a los traídos en revisión a esta instancia constitucional, “…considerando los argumentos del accionante, el accionante le ha hecho saber a la Sala Civil Quinta que existe un recurso de reposición no resuelto, el Vocal de la Sala Civil Quinta ordena la remisión de esos antecedentes ausentes en el cuaderno que se ha remitido en revisión a la Sala para considerarlos en su momento (…) que entre tanto la propia jurisdicción en el último dispositivo procesal que se emita respecto a la causa, ya en conocimiento de la Sala Civil Quinta, en ese momento cuando se emita ese tipo de acto procesal recién la Jurisdicción Constitucional podría ingresar a cuestionar los argumentos que hayan sido labrados por la autoridad jurisdiccional ordinaria, esto es subsidiariedad, absolutamente, la autoridad jurisdiccional de apelación, de revisión, la Sala Civil Quinta, tomando en consideración todos los argumentos del ahora accionante, demandante en sede civil, ha entendido que para su análisis debe remitirse a los antecedentes que se extrañan, (…) la Sala Civil quiere conocer en contexto la situación que el hoy accionante reiteradamente ha exhibido en los documentos que se ven, en los actos procesales de su fuero y de la autoridad jurisdiccional, pero remitidos como han sido ante la autoridad en revisión, la propia autoridad en revisión tiene la oportunidad, en caso de que sucediese, de enmendar la situación, por eso estamos fuera del universo de acción de la jurisdicción ordinaria, es la jurisdicción ordinaria a quien debe darse la oportunidad de pronunciarse al respecto, en tanto no suceda, mal podrá la jurisdicción Constitucional ingresar a cuestionar, ingresar a observar argumentos que pueden ser sugestivos, pero que sin embargo, deben ser conocidos por quien se encuentra en la atribución legal de resolverlos” (sic).
Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa demanda ordinaria de reivindicación de 22 de noviembre de 2020, formulada por Wilfredo Bernardo Fernández Muñecas -ahora accionante-contra María Concepción Rojas Quisbert de Lozano -ahora tercera interesada-(fs. 39 a 48 vta.), la cual fue admitida por Yobana Magui Mallea Miranda, Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava de la Capital del departamento de La Paz, a través del Auto Interlocutorio de 13 enero 2021 (fs. 49 y vta.); celebrándose la audiencia preliminar el 9 de febrero de 2022 (fs. 50 a 53 vta.). II.2. Consta Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2022, mediante el cual, la Jueza de la causa se excusó del conocimiento de proceso ordinario de reivindicación, por la causal de enemistad, odio o resentimiento de la autoridad judicial con alguna de las partes o sus abogados, conforme establece el art. 347.4 del CPC, disponiendo la remisión de obrados al Juez siguiente en número (fs. 56 y vta.), en cumplimiento a dicha determinación, se remitió el expediente mediante Oficio de 21 de marzo del señalado año, ante Robert Patty Arispe, Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constando sello de recepción de 22 de marzo del mismo año, y mereciendo el decreto de 23 del citado mes y año, que señala “Al Juzgado en conocimiento de partes a los fines de Ley y con las formalidades que requiere el caso” (sic [fs. 69 y vta.]). II.3. A través de Memorándum 635/2022 de 19 de abril, dirigido a José Ángel Carvajal Cordero, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora autoridad demandada-, Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó que:
Habiendo presentado baja médica el Sr. Juez de Juzgado Público Civil y Comercial 29° de la Capital, Dr. Robert Patty Arispe, por disposición de esta Presidencia y a los fines de lo establecido en el Art. 68 de la Ley del Órgano Judicial modificada por la Ley 348, su autoridad servirá suplir esas funciones por los días 18 al 24 de abril del año en curso (sic [fs. 35]).
II.4. Por memorial presentado el 18 de abril de 2022, el impetrante de tutela solicitó copias legalizadas de los últimos veinte actuados del expediente (fs. 66), mereciendo el decreto de 20 de abril del citado año, mediante el cual, el Juez demandado en suplencia legal, dispuso que:
En atención a lo peticionado, conforme al Art. 101 del código Procesal Civil por secretaria del juzgado extiéndase las fotocopias legalizadas solicitando previa notificación la parte adversa y demás formalidades de ley (sic [fs. 66 vta.]). II.5. Mediante Memorándum 700/2022 de 3 de mayo, el Juez demandado nuevamente asumió la suplencia legal del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del departamento de La Paz, a partir del 3 de mayo al 31 de octubre de 2022 (fs. 33). II.6. Cursa memorial presentado el 28 de abril de 2022, por Daniel Alfonso Rojas Cahupaza, quien solicitó la admisión de su intervención como tercer coadyuvante dentro del proceso ordinario de reivindicación (fs. 81 a 82 vta.), ante lo cual, el Juez demandado en suplencia legal, por Auto Interlocutorio de 29 de abril del mencionado año, señaló lo siguiente:
…Que se ha designado suplencia legal de este despacho judicial por Memo No. 700/2022del Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia, hasta el mes de octubre del año en curso, en consecuencia, corresponde vía saneamiento regularizar todos los procesos que se encontraban en suplencia temporal de 5 días y que debían ser resueltos por el titular del Juzgado. En ese sentido, se advierte que por auto de fs. 441 la autoridad judicial del Juzgado Público y comercial 28 de la capital, funda y presenta EXCUSA del conocimiento de esta causa por la causal 4 del art. 347 Ley 439 es decir enemistad, odio o resentimiento con alguna de las partes o sus abogados, situación que para esta autoridad no se encuentra debidamente justificada por lo que en aplicación del art. 349 del mismo cuerpo legal, se eleva al Tribunal Departamental de Justicia en grado de consulta, a cuyo efecto elévese fotocopias necesarias en el día y sea con nota de atención. Con relación al memorial que antecede, previamente córrase noticia de partes la solicitud que antecede, para su pronunciamiento expreso (sic [fs. 83]). II.7. Mediante proveído de 3 de junio de 2022, Iván Edgar Ordoñez Quijarro, Vocal de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, observó lo siguiente:
De la revisión de antecedentes, se tiene que en el presente legajo no se encuentran todas las actuaciones necesarias para hacer una debida compulsa de antecedentes, a tal efecto, por el Juzgado de origen adjúntese los actuados procesales que se extraña, entre auto de excusa de 15 de marzo de 2022 emitido por la Dra. Yobana M. Mallea Miranda – Juez Público Civil y Comercial 28 de la Capital y el memorial de fs. 467, es decir deberá adjuntarse las fojas faltantes entre las fojas 441 al 467, una vez adjuntado se dispondrá lo que en derecho corresponda (sic [fs. 116]). II.8. A través de memorial presentado el 6 de junio de 2022, el peticionante de tutela formuló recurso de reposición contra el Auto Interlocutorio de 29 de abril del mismo año, ya que la autoridad judicial debió observar la excusa en el día; es decir, el 23 de marzo del señalado año; puesto que, existe cargo de recepción del Auxiliar y decreto emitido por el Juez titular, ambos de dicha fecha (fs. 85 a 92), mereciendo el decreto de 7 de junio del citado año, que refiere: “El recurso de reposición planteado por la parte demandada córrase en TRASLADO de la parte demandada” (sic [fs. 93]). II.9. Asimismo, por memorial presentado el 6 de junio de 2022, el solicitante de tutela hizo conocer al Juez demandado que fue notificado el 1 del mismo mes y año, con el Auto Interlocutorio de 29 de abril del citado año, ante lo cual formuló recurso de reposición; empero, se remitió la consulta el 1 de junio del referido año, sin resolver dicho recurso (fs. 94 a 95), mereciendo el decreto de 7 de igual mes y año, que refiere: “El memorial que antecede en conocimiento de la parte contraria” (sic [fs. 96]). II.10.Mediante memorial presentado el 8 de junio de 2022, el accionante peticionó a la aludida Sala Civil que se disponga: “LA REMISIÓN DE ACTUADOS AL JUZGADO 29 PUBLICO CIVIL HASTA QUE SE CUMPLA Y TRÁMITE EL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL AUTO DE CONSULTA PLANTEADO POR MI PERSONA” (sic [fs. 107 a 109]); mereciendo el decreto de 10 de junio del mismo año, que señala:
De la revisión del “Libro de Bajas de ciudad de La Paz”, se tiene que el proceso caratulado WILFREDO BERNARDO FERNÁNDEZ MUÑECAS c/ MARÍA CONCEPCIÓN ROJAS QUISBERT DE LOZANO, ha sido devuelto al Juzgado de origen en fecha 7 de junio de 2022, antecedentes del proceso no se encuentran en esta Sala Civil, sin perjuicio remítase el presente memorial y sea en el día (sic [fs. 110]). II.11.A través de memorial presentado el 13 de junio de 2022, el impetrante de tutela señaló al Juez demandado que:
…puso en conocimiento de la Sala Civil Quinta, todas las irregularidades que se estaba cometiendo con respecto a la remisión del expediente sin haberse tramitado mi recurso de reposición, violando mi derecho a recurrir las decisiones judiciales y asimismo violando mi derecho de defensa, ahora al realizar seguimiento de la causa, me entero que la Sala Civil 5ta observo su remisión de la CONSULTA, por lo que pido a su autoridad suspenda toda remisión de CONSULTA, hasta que se tramite mi recurso de reposición al AUTO DE CONSULTA, todo en el marco del respeto de mis derechos constitucionales (sic [fs. 134]).
Mereciendo decreto de 15 de junio de 2022, mediante el cual, el Juez demandado, señaló que:
Informe por secretaria si ya se devolvió cuaderno de consulta elevada a la Sala Civil Quinta y se proveerá lo que corresponda, de acuerdo al informe de la auxiliatura de fs. y en su caso consulte directamente a la Secretaria de Cámara de la Sala Civil Quinta (sic [fs. 134 vta.]).
Mediante Oficio 59/2022 de 14 de junio, se remitió obrados ante la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constando sello de recepción de igual fecha a horas 15:48 (fs. 135 a 136). II.12.A través de Informe 03/2022 de “13 de Junio de 2022”, Edwin Freddy Chalco Quispe, Auxiliar del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del departamento de La Paz, manifestó lo siguiente:
De la revisión del “Libro de Altas y Bajas” del Juzgado Público Civil y Comercial 29° de la ciudad de La Paz se puede constatar que se elevó en una primera instancia en grado de CONSULTA a la Sala Civil Quinta en fecha 02 de junio de 2022 donde mencionada Sala Civil Quinta nos devuelve el cuaderno de consulta con las observaciones de fecha 07 de junio de 2022 y que una vez devuelto el cuaderno de consulta a este despacho judicial este fue subsanado en cuanto a las observaciones realizadas y una vez subsanado con el envió de las piezas pertinentes se habría remitido NUEVAMENTE a la Sala Civil Quinta en Grado de Consulta en fecha 14 de junio de 2022, sin embargo nuevamente por otra observación de la Sala Civil Quinta nos remitieron el cuaderno de consulta en fecha 23 de junio de 2022 (sic [fs. 117]).
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes a la defensa y a recurrir; toda vez que, dentro el proceso ordinario de reivindicación que sigue contra María Concepción Rojas Quisbert de Lozano, el Juez demandado en suplencia legal, incurrió en la siguientes ilegalidades: 1) Emitió el Auto Interlocutorio de 29 de abril de 2022, disponiendo la remisión de la excusa formulada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava de la Capital del departamento de La Paz en consulta al Tribunal ad quem “…después de un mes y medio donde se ha emitido bastantes criterios quiere sanear la causa cuando ya se había convalidado y ninguna de las partes a observado la legitimidad del nuevo juzgador” (sic); y, 2) Formuló recurso de reposición contra el referido Auto Interlocutorio; empero, el proceso fue remitido ante el Tribunal ad quem, sin resolver dicho recurso. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: i) El derecho a la tutela judicial efectiva; ii) La garantía general del debido proceso y el derecho a la defensa; iii) Sobre la normativa aplicable y el trámite de la excusa; y, iv) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0547/2022-S1 de 6 de julio; y, 0764/2023-S1 de 11 de julio; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
Al respecto, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define al derecho a la tutela judicial efectiva como el derecho fundamental de contenido complejo que confiere a toda persona el poder jurídico de promover, en defensa de sus derechos e intereses legítimos, la actividad de los órganos jurisdiccionales que desemboque en una resolución fundada en derecho tras un procedimiento justo, sea o no favorable a las pretensiones formuladas por las partes, y a que la resolución se cumpla. En cuanto al marco normativo de dicho derecho, cabe señalar que, la Constitución Política del Estado dentro de su estructura dogmática si bien no establece explícitamente el derecho a la tutela judicial efectiva, es preciso considerar que el art. 115.I determina que “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” lo que implica la posibilidad de que toda persona, pueda acudir ante los tribunales a formular pretensiones o defenderse de ellas, a obtener un fallo y a que el mismo sea cumplido y ejecutado, contenido normativo que se adecua al núcleo duro del derecho a la tutela judicial efectiva. La jurisprudencia constitucional en relación al derecho a la tutela judicial efectiva, a través de la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, fue estableciendo que dicho derecho se encuentra compuesto por:
…1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho (las negrillas son agregadas).
Consecuentemente, nuestra jurisprudencia constitucional, de manera expresa sostuvo que el derecho a la tutela judicial consiste básicamente en el derecho de acceso libre a la jurisdicción, que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas por las partes, la cual sea cumplida y ejecutada. Ahora bien, para ser precisos y comprender de mejor manera el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, es necesario remitirnos al trabajo de investigación realizado por Ignacio José Cubillo López, Profesor de la Universidad de Córdoba de España en el cual si bien se procedió a estudiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España, estableciendo que este derecho se halla compuesto por: a) El derecho de acceso a la jurisdicción para plantear peticiones de tutela o formular pretensiones; b) El derecho a obtener una respuesta fundada en derecho; c) El derecho a que la resolución sobre el fondo del asunto sea motivada y fundada en derecho; d) El derecho a que la resolución de fondo sea congruente con las pretensiones; e) El derecho a los recursos; f) El derecho a que durante el proceso se observen sin quiebra los principios jurídicos de audiencia e igualdad; g) El derecho a que los actos de comunicación procesal se practiquen de forma correcta; h) El derecho a la tutela cautelar durante los procesos declarativos; i) El derecho a la intangibilidad e invariabilidad de las resoluciones firmes; y, j) El derecho a la ejecución forzosa de las sentencias de condena, cuando no exista un cumplimiento voluntario de las mismas; a partir de la base dada en la SCP 1478/2012, se extractará únicamente lo expresado respecto a tres elementos considerados esenciales por nuestra jurisprudencia; así tenemos: a) En relación al derecho al acceso a la jurisdicción que comprende el derecho de toda persona a ser parte de un proceso y poder promover en el marco de la actividad jurisdiccional se señaló que:
…todos los ciudadanos tienen un derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, han de tener la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales y de formular ante ellos peticiones de tutela, y que estas solicitudes tengan una respuesta judicial que esté fundada en Derecho, aunque sea de inadmisión. Ni el Legislador debe establecer requisitos o condiciones para el acceso a la jurisdicción que sean irracionales o excesivos o desproporcionados respecto del fin que cumplan (que, por supuesto, ha de ser legítimo); ni los tribunales han de interpretar estos requisitos legales de forma restrictiva para el acceso a la jurisdicción, sino que, al contrario, habrán de ajustarse al llamado «principio pro actione», que exige analizar las causas legales de inadmisión de la demanda de una forma que sea razonable y favorable al ejercicio de la acción, permitiendo la subsanación de los defectos existentes, siempre que sea posible. Ahora bien, esta regla no debe llevarse al extremo, sino que ha de entenderse en su justa medida, como trata de precisar, entre otras muchas, la STC 218/2009, de 21 de diciembre.
b) En lo concerniente al derecho a un pronunciamiento, se sostuvo que:
Expresa esta doctrina jurisprudencial, por todas, la STC 134/2008, de 23 de octubre (FJ 2), donde se afirma que: «el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 CE, en su dimensión de derecho a obtener una resolución judicial fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos. Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia…
(…)
Y continúa poco después: «No basta, pues, con obtener una respuesta motivada, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria. Y una resolución judicial puede tacharse de arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentación, la misma no es expresión de la administración de justicia sino simple apariencia de la misma por ser fruto de un mero voluntarismo judicial o expresar un proceso deductivo irracional o absurdo (SSTC 148/1994, de 12 de mayo, FJ 4; 244/1994, de 15 de septiembre, FJ 2; 54/1997, de 17 de marzo, FJ 3; 160/1997, de 2 de octubre, FJ 7, y 173/2002, de 9 de octubre FJ 6)». En esta sentencia, el TC estimó que hubo violación del artículo 24.1 de la CE porque la resolución objeto del recurso de amparo contenía formalmente una argumentación jurídica, pero era solo aparente, ya que expresaba un proceso deductivo irracional. Y otro tanto sucedió en otras resoluciones, paralelas a la anterior, como son las SSTC 262/2015, de 14 de diciembre; 240/2015, de 30 de noviembre; 239/2015, de 30 de noviembre; y 222/2015, de 2 de noviembre.
…La respuesta judicial sobre el fondo y fundada a que tienen derecho los justiciables también ha de ser congruente con sus pretensiones, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, los tribunales deben ofrecer una completa respuesta sobre las pretensiones concretas deducidas en el proceso, y no sobre otras distintas, de manera que el fallo judicial se adecue al objeto procesal perfilado por las partes. c) Respecto al derecho a la ejecución de las resoluciones, constituida en una cuestión de vital importancia para la efectividad del Estado.
El derecho a la ejecución como derecho fundamental reconocido en el artículo 24.1 de la CE se traduce principalmente, según la jurisprudencia constitucional, en el derecho a que la sentencia obtenida sobre el fondo del asunto, fundada y congruente, sea ejecutada «en sus propios términos». Esto tiene apoyo en la concreción legal que se realiza en el artículo 18.2 de la LOPJ, cuyo tenor literal recordamos ahora: «Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos. Si la ejecución resultare imposible, el Juez o Tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará en todo caso la indemnización que sea procedente en la parte en que aquélla no pueda ser objeto de cumplimiento pleno…». En consecuencia, el órgano jurisdiccional encargado de la ejecución tiene que utilizar todos los medios razonables que estén a su alcance para hacer efectivo el contenido de la sentencia de que se trate; para ello, tendrá que remover los obstáculos que la parte ejecutada presente a la hora de cumplir con la prestación a la que se le haya condenado. El tribunal de la ejecución tiene así la obligación de acordar las medidas que sean precisas para ese fin –en coherencia con el derecho fundamental de carácter prestacional del que estamos tratando– y será él quien decida qué actuaciones serán las más adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales que sean aplicables; en caso de que no se emplee la diligencia debida, se producirá una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva de la parte ejecutante. En este sentido, nos parece muy expresiva la STC 251/1993, de 19 de julio (FJ 3), en la que se afirma:
«El derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma, cuando ello sea legalmente exigible. El contenido principal del derecho consiste, pues, en que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual contradicción por terceros (SSTC 32/1982, fundamento jurídico 2º; 125/1987, fundamento jurídico 2º; 153/1992, fundamento jurídico 4º)». Y poco más adelante se añade (dentro del mismo FJ 3): «No es cometido de este Tribunal la determinación de cuáles sean las decisiones que, en cada caso, hayan de adoptarse para la ejecución de lo resuelto, pero sí deberá vigilar, cuando de la reparación de eventuales lesiones del derecho a la tutela judicial se trate, que ésta no sea debida a una decisión arbitraria ni irrazonable, ni tenga su origen en la pasividad o desfallecimiento de los órganos judiciales para adoptar las medidas necesarias que aseguren la satisfacción de ese derecho (SSTC 125/1987, fundamento jurídico 2º; 167/1987, fundamento jurídico 3º; 148/1989, fundamento jurídico 3º; 153/1992, fundamento jurídico 4º)». Ahora bien, por lo expresado, se tiene que en definitiva los elementos básicos del derecho a la tutela judicial efectiva dan cuenta de la complejidad pues se observa que para la materialización de este derecho no basta como el acceso a la jurisdicción o el cumplimiento de previsiones normativas, sino que se impone la obligación estatal de brindar una solución de controversias expresada en una tutela o protección eficaz.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1438/2022-S1 de 8 de diciembre; y, 0521/2023-S1 de 31 de mayo; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar el carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como las SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 0902/2010-R de 10 de agosto; y, 0533/2011-R de 25 de abril, entre otras; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 902/2010-R, y las SSCC 0981/2010-R de 17 de agosto, 1145/2010-R de 27 de agosto; asimismo, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012 de 4 de junio, 2493/2012 de 3 de diciembre, 0903/2019-S4 de 16 de octubre; y, 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otras, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional; en ese sentido, configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos:
En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones. Configuración, contenido o alcance que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. En el contexto antes señalado, como uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la CPE, que tiene dos connotaciones: la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, por ello en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional. En sintonía con esta disposición, la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SC 0657/2010-R de 19 de julio, señaló:
Respecto al debido proceso consagrado como garantía constitucional en el art. 16 de la CPE abrg. y art. 115.II de la CPE vigente; y como derecho humano en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este Tribunal ha entendido, en su uniforme jurisprudencia, como “el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (…) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (SSCC 418/2000-R y 1276/2001-R), siendo entendido el derecho a la defensa y presunción de inocencia en el orden constitucional, como instituto integrante de la garantía del debido proceso, los cuales son aplicables también en el ámbito administrativo sancionatorio. En ese contexto, corresponde señalar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad. Al respecto la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, respecto al debido proceso, señaló en su Fundamento Jurídico III.5, que se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado en una triple dimensión, derecho, garantía y principio, y que éste:
…no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso. El derecho al debido proceso, consagrado en la Norma Suprema, se encuentra en armonía con los instrumentos internacionales de los cuales es signatario el Estado Boliviano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en sus arts. 8.2 incs. b), c), d), e) y f); 7; 9; 10; 24; 25; y, 27 que lo determina como un derecho humano; asimismo, está contemplado en el art. 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, pues incluyen procedimientos administrativos de toda orden; entendimiento, que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio, que determinó una importante doctrina jurisprudencial. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas, y conforme a la jurisprudencia constitucional, sufrió una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir, que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. En ese entendido, concluimos afirmando que el ámbito normativo de nuestro país, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión: Derecho, Garantía y Principio; el cual es un derecho de aplicación inmediata, vinculada a todas las autoridades judiciales o administrativas, constituyéndose en una garantía de legalidad procesal.
El art. 120.I de la CPE, señala que: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 8.1 prevé que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Al respecto, sobre la excusa y recusación, el art. 27 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que seran causas de excusa y recusación para magistradas y magistrados, las y los vocales, juezas y jueces:
1. El parentesco con alguna de las partes, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o el derivado de los vínculos de adopción; 2. Tener relación de compadre, padrino o ahijado, proveniente de matrimonio o bautizo con alguna de las partes; 3. Tener amistad íntima, enemistad u odio con alguna de las partes, que se manifestaren por hechos notorios y recientes. En ningún caso procederá la excusa o recusación por ataques u ofensas inferidas al magistrado, vocal o juez después que hubiere comenzado a conocer el asunto; 4. Ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, excepto de las entidades bancarias y financieras;
5. La existencia de un litigio judicial pendiente con alguna de las partes;
6. La interposición de un litigio para inhabilitar a la magistrada o magistrado, vocal, jueza o juez; 7. Haber sido abogado, mandatario, testigo, perito o tutor en el proceso que debe conocer; 8. Haber manifestado su opinión sobre la pretensión litigada y que conste en actuado judicial, excepto en los actuados conciliatorios; y 9. Ser o haber sido denunciante o querellante contra una de las partes, o denunciado o querellado por cualquiera de éstas con anterioridad a la iniciación del litigio.
Por su parte, el Código Procesal Civil, señala que:
ARTÍCULO 347. (CAUSAS DE RECUSACIÓN). Son causas de recusación:
1. El parentesco o relación conyugal de la autoridad judicial con alguna de las partes, sus abogados o mandatarios, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o el derivado de los vínculos de adopción. 2. La relación de compadre, padrino o ahijado de la autoridad judicial con alguna de las partes, proveniente de matrimonio o bautizo. 3. La amistad íntima de la autoridad judicial con alguna de las partes o sus abogados, que se manifestare por trato y familiaridad constantes. 4. La enemistad, odio o resentimiento de la autoridad judicial con alguna de las partes o sus abogados, que se manifestare por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas a la autoridad judicial después de que hubiere comenzado a conocer el asunto.
5. La condición de la autoridad judicial de acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, excepto de las entidades bancarias y financieras. 6. La existencia de un litigio pendiente de la autoridad judicial con alguna de las partes, siempre que no hubiere sido promovido expresamente para inhabilitar al juzgador. 7. La condición de la autoridad judicial como abogado, mandatario, testigo, perito o tutor en el proceso que deba conocer.
8. Haber manifestado criterio sobre la justicia o injusticia del litigio que conste en actuado judicial; antes de asumir conocimiento de él. 9. Los beneficios importantes o regalos recibidos por la autoridad judicial de alguna de las partes. 10. La denuncia o querella planteada por la autoridad judicial contra una de las partes, o la de cualquiera de éstas contra aquel, con anterioridad a la iniciación del litigio. ARTÍCULO 348. (OBLIGACIÓN DE EXCUSA).
La excusa no procede a pedido de parte. II. Decretada la excusa, la autoridad judicial remitirá obrados originales de inmediato al llamado por Ley.
III. En caso de excusa de todos los vocales de un Tribunal Departamental o de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente, no obstante haberse excusado, convocará a los suplentes en el orden establecido por la Ley.
IV. Será nulo todo acto o resolución pronunciada después de la excusa.
ARTÍCULO 349. (EXCUSA OBSERVADA).
asumir conocimiento y proseguir los trámites de la causa. II. El superior en grado dictará resolución en el plazo de seis días, sin recurso ulterior.
ARTÍCULO 350. (EXCUSA DECLARADA ILEGAL).
I. Si la excusa fuere declarada ilegal, la autoridad superior dispondrá la devolución de los obrados a la autoridad judicial que se hubiere excusado ilegalmente, quien reasumirá la competencia y además se impondrá multa de tres días de haber. II. Si la excusa fuere declarada legal, se impondrá multa a la autoridad judicial consultante.
III. Las excusas declaradas ilegales tendrán la responsabilidad disciplinaria señalada en la Ley.
De la normativa desarrollada en forma precedente, se establece que la excusa dentro de un proceso en materia civil se constituyen en el medio legal establecido para que una autoridad jurisdiccional por decisión propia se separe en la primera actuación del conocimiento del proceso, debido a las distintas causas que pudieran afectar su imparcialidad como juzgador, ello conforme a cualquiera de las causales de recusación establecidas, debiendo excusarse de oficio en su primera actuación, aclarando que la excusa no procede a pedido de parte, y una vez decretada la misma, el Juez quedara inhibido de conocer la causa y la remitirá de inmediato al llamado por ley; consiguientemente, si la autoridad judicial a cuyo conocimiento pase el proceso estimare ilegal la excusa, la elevará en consulta, en el día, ante el superior en grado, con copias autenticadas de las piezas pertinentes, sin perjuicio de asumir conocimiento y proseguir los trámites de la causa; por lo que, el superior en grado dictará resolución en el plazo de seis días, sin recurso ulterior, ya sea declarándola ilegal, supuesto en el que la autoridad superior dispondrá la devolución de los obrados a la autoridad judicial que se hubiere excusado ilegalmente, quien reasumirá la competencia y además se impondrá la multa de tres días de haber; o por el contrario, si la declara legal se impondrá multa a la autoridad judicial consultante.
El solicitante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes a la defensa y a recurrir; toda vez que, dentro el proceso ordinario de reivindicación que sigue contra María Concepción Rojas Quisbert de Lozano, el Juez demandado en suplencia legal, incurrió en la siguientes ilegalidades: 1) Emitió el Auto Interlocutorio de 29 de abril de 2022, disponiendo la remisión de la excusa formulada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava de la Capital del departamento de La Paz en consulta al Tribunal ad quem “…después de un mes y medio donde se ha emitido bastantes criterios quiere sanear la causa cuando ya se había convalidado y ninguna de las partes a observado la legitimidad del nuevo juzgador” (sic); y, 2) Formuló recurso de reposición contra el referido Auto Interlocutorio; empero, el proceso fue remitido ante el Tribunal ad quem, sin resolver dicho recurso. Identificadas las problemáticas traídas en revisión, resulta necesario conocer el contexto del cual emergen las mismas; en tal sentido, de las Conclusiones a las que se arribaron en el presente fallo constitucional, se tiene que el accionante presentó demanda ordinaria de reivindicación el 22 de noviembre de 2020, la cual fue admitida por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava de la Capital del departamento de La Paz, a través del Auto Interlocutorio de 13 enero 2021, celebrándose la audiencia preliminar el 9 de febrero de 2022 (Conclusión II.1); sin embargo, por Auto Interlocutorio de 15 de marzo del mismo año, la referida Jueza se excusó del conocimiento de proceso, por la causal de enemistad, odio o resentimiento de la autoridad judicial con alguna de las partes o sus abogados, disponiendo la remisión de obrados ante el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del mismo departamento, constando sello de recepción de 22 de marzo del citado año, y mereciendo el decreto de 23 de igual mes y año, que señala “Al Juzgado en conocimiento de partes a los fines de Ley y con las formalidades que requiere el caso” (sic [Conclusión II.2]); por Memorándum 635/2022 de 19 de abril, el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del aludido departamento -ahora autoridad demandada- fue designado en suplencia legal de su similar Vigésimo Noveno, del 18 al 24 de abril del referido año (Conclusión II.3); y ante el memorial presentado el 18 de abril del citado año por el impetrante de tutela solicitando copias legalizadas de los últimos veinte actuados del expediente, el Juez demandado en suplencia legal, emitió el decreto de 20 de abril del mismo año, otorgando lo peticionado (Conclusión II.4); posteriormente, a través de Memorándum 700/2022 de 3 de mayo, el Juez demandado nuevamente asumió suplencia legal de su similar Vigésimo Noveno a partir del 3 de mayo al 31 de octubre de 2022 (Conclusión II.5); por memorial presentado el 28 de abril del señalado año, Daniel Alfonso Rojas Cahupaza, solicitó la admisión de su intervención como tercer coadyuvante dentro del proceso ordinario de reivindicación, ante lo cual, el Juez demandado en suplencia legal, emitió el Auto Interlocutorio de 29 de abril del citado año, señalando que corresponde vía saneamiento procesal regularizar el trámite de la excusa presentada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava de la Capital del indicado departamento, elevándola en consulta ante el Tribunal ad quem (Conclusión II.6); y mediante proveído de 3 de junio del referido año, la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, observó que no se encontraban todas las actuaciones necesarias, ordenando se adjunte el Auto de excusa, entre otros (Conclusión II.7); por memorial presentado el 6 de junio del señalado año, el peticionante de tutela formuló recurso de reposición contra el Auto Interlocutorio de 29 de abril del mencionado año, señalando que el Juez demandado debió observar la excusa en el día; es decir, el 23 de marzo de 2022, puesto que existe cargo de recepción del Auxiliar y decreto emitido por el Juez titular, ambos de dicha fecha, mereciendo el decreto de 7 de junio del mismo año, que corrió en traslado dicho recurso a la parte demandada (Conclusión II.8); asimismo, por memorial presentado el 6 de junio del citado año, el solicitante de tutela hizo conocer al Juez demandado que fue notificado el 1 del mismo mes y año, con el Auto Interlocutorio de 29 de abril del referido año, contra el cual formuló recurso de reposición; empero, se remitió la consulta el 1 de junio de 2020, sin resolver dicho recurso, mereciendo el decreto de 7 de igual mes y año, que refiere: “El memorial que antecede en conocimiento de la parte contraria” (sic [Conclusión II.9]); por lo que, mediante memorial presentado el 8 de junio de 2022, el accionante peticionó a la aludida Sala Civil que se disponga: “LA REMISIÓN DE ACTUADOS AL JUZGADO 29 PUBLICO CIVIL HASTA QUE SE CUMPLA Y TRÁMITE EL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL AUTO DE CONSULTA PLANTEADO POR MI PERSONA” (sic); mereciendo el decreto de 10 de junio del citado año, que refiere que el proceso fue devuelto al Juzgado de origen el 7 de junio del mencionado año (Conclusión II.10); y a través de memorial presentado el 13 de junio del señalado año, el impetrante de tutela señaló al Juez demandado que se “enteró que la Sala Civil 5ta observó su remisión de la CONSULTA, por lo que pido a su autoridad suspenda toda remisión de CONSULTA, hasta que se tramite mi recurso de reposición…” (sic), mereciendo el decreto de 15 de junio del señalado año, que refiere: “Informe por secretaria si ya se devolvió cuaderno de consulta elevada a la Sala Civil Quinta y se proveerá lo que corresponda, de acuerdo al informe de la auxiliatura de fs. y en su caso consulte directamente a la Secretaria de Cámara de la Sala Civil Quinta” (sic), remitiendo obrados ante la aludida Sala Civil, mediante Oficio 59/2022 de 14 de junio, constando sello de recepción de igual fecha a horas 15:48 (Conclusión II.11); finalmente, a través del Informe 03/2022 de “13 de Junio de 2022”, el Auxiliar del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del mismo departamento, manifestó lo siguiente: “De la revisión del ‘Libro de Altas y Bajas’ del Juzgado Público Civil y comercial 29° de la ciudad de La Paz se puede constatar que se elevó en una primera instancia en grado de CONSULTA a la Sala Civil Quinta en fecha 02 de junio de 2022 donde mencionada Sala Civil Quinta nos devuelve el cuaderno de consulta con las observaciones de fecha 07 de junio del mismo año y que una vez devuelto el cuaderno de consulta a este despacho judicial este fue subsanado en cuanto a las observaciones realizadas y una vez subsanado con el envío de las piezas pertinentes se habría remitido NUEVAMENTE a la Sala Civil Quinta en Grado de Consulta en fecha 14 de junio de 2022, sin embargo nuevamente por otra observación de la Sala Civil Quinta nos remitieron el cuaderno de consulta en fecha 23 de junio de 2022” (sic [Conclusión II.12]).
Ahora bien, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados por el peticionante de tutela son evidentes y si en efecto el Juez demandado actuó apartándose de la normativa vigente; en ese sentido, se tiene: Sobre la primera problemática El solicitante de tutela denuncia que el Juez demandado en suplencia legal al emitir el Auto Interlocutorio de 29 de abril de 2022, dispuso la remisión de la excusa formulada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava de la Capital del departamento de La Paz en consulta al Tribunal ad quem “…después de un mes y medio donde se ha emitido bastantes criterios quiere sanear la causa cuando ya se había convalidado y ninguna de las partes a observado la legitimidad del nuevo juzgador” (sic).
Al efecto, debemos remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, que señala que la excusa dentro de un proceso en materia civil se constituyen en el medio legal establecido para que una autoridad jurisdiccional por decisión propia se separe en la primera actuación del conocimiento del proceso, debido a las distintas causas que pudieran afectar su imparcialidad como juzgador, ello conforme a cualquiera de las causales de recusación establecidas, debiendo excusarse de oficio en su primera actuación, aclarando que la excusa no procede a pedido de parte, y una vez decretada la misma, el Juez quedará inhibido de conocer la causa y la remitirá de inmediato al llamado por ley; consiguientemente, si la autoridad judicial a cuyo conocimiento pase el proceso estimare ilegal la excusa, la elevará en consulta, en el día, ante el superior en grado, con copias autenticadas de las piezas pertinentes, sin perjuicio de asumir conocimiento y proseguir los trámites de la causa; por lo que, el superior en grado dictará resolución en el plazo de seis días, sin recurso ulterior, ya sea declarándola ilegal, supuesto en el que la autoridad superior dispondrá la devolución de los obrados a la autoridad judicial que se hubiere excusado ilegalmente, quien reasumirá la competencia y además se impondrá la multa de tres días de haber; o por el contrario, si la declara legal se impondrá multa a la autoridad judicial consultante. En ese contexto, de la Conclusión II.2 de este fallo constitucional, se tiene que la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava de la Capital del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2022 se excusó del conocimiento del proceso ordinario de reivindicación interpuesto por el accionante, y en cumplimiento a dicha determinación, se remitió el proceso por Oficio de 21 de igual mes y año, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del mismo departamento, constando sello de recepción de 22 de idéntico mes y año, y mereciendo el decreto de 23 del citado mes y año, por parte del Juez titular que refiere: “Al juzgado en conocimiento de partes a los fines de Ley y con las formalidades que requiere el caso” (sic); posteriormente, a través de Memorándum 635/2022 de 19 de abril, el Juez demandado fue designado en suplencia legal de su similar Vigésimo Octavo, y ante el memorial presentado por el impetrante de tutela el 18 de abril de 2022, referente a la solicitud de fotocopias legalizadas de los últimos veinte actuados procesales del expediente, el Juez demandado en suplencia legal, emitió el decreto de 20 de abril del señalado año, otorgando lo peticionado previa notificación a la parte adversa; posteriormente, conforme el Memorándum 700/2022 de 3 de mayo, el Juez demandado nuevamente fue designado en suplencia legal de su similar Vigésimo Octavo, de 3 de mayo al 31 de octubre del citado año, y ante la solicitud de tercería formulada mediante memorial presentado el 28 de abril del referido año, la autoridad demandada emitió el Auto Interlocutorio de 29 del mismo mes y año, señalando:
…Que se ha designado suplencia legal de este despacho judicial por Memo No. 700/2022del Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia, hasta el mes de octubre del año en curso, en consecuencia, corresponde vía saneamiento regularizar todos los procesos que se encontraban en suplencia temporal de 5 días y que debían ser resueltos por el titular del Juzgado. En ese sentido, se advierte que por auto de fs. 441 la autoridad judicial del Juzgado Publico y comercial 28 de la capital, funda y presenta EXCUSA del conocimiento de esta causa por la causal 4 del art. 347 Ley 439 es decir enemistad, odio o resentimiento con alguna de las partes o sus abogados, situación que para esta autoridad no se encuentra debidamente justificada por lo que en aplicación del art. 349 del mismo cuerpo legal, se eleva al Tribunal Departamental de Justicia en grado de consulta, a cuyo efecto elévese fotocopias necesarias en el día y se con nota de atención. Con relación al memorial que antecede, previamente córrase noticia de partes la solicitud que antecede, para su pronunciamiento expreso (sic). En ese contexto, de los antecedentes del proceso ordinario de reivindicación se puede evidenciar que, la Jueza de la causa se excusó del conocimiento del mismo mediante el Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2022, remitiéndose el proceso ante el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constando sello de recepción de 22 de igual mes y año, y emitiendo el Juez titular el decreto de 23 del mismo mes y año, disponiendo se ponga a conocimiento de las partes tal aspecto; posteriormente, conforme manifestó el propio Juez demandado fue designado en suplencia legal de dicho Juzgado en seis oportunidades, y en concordancia con tal extremo, se tiene que conforme el Memorándum 635/2022 de 19 de abril, el Juez demandado fue designado por primera vez en suplencia legal del Juzgado Vigésimo Noveno, del 18 al 24 de abril del citado año, tiempo en el cual asumió el control jurisdiccional del referido proceso, ya que ante la solicitud de copias legalizadas de los últimos veinte actuados del expediente efectuada por parte del peticionante de tutela mediante memorial presentado el 18 de abril de 2022, el Juez demandado en suplencia legal emitió el decreto de 20 de idéntico mes y año, otorgando lo solicitado previa notificación a la parte adversa, advirtiéndose que en dicho momento procesal, la autoridad judicial demandada tomó conocimiento de la causa y en consecuencia, debió observar la excusa formulada por su similar Vigésima Octava y elevarla en consulta, en el día, ante el superior en grado, con copias autenticadas de las piezas pertinentes, sin perjuicio de asumir conocimiento y proseguir los trámites de la causa; toda vez que, si bien, no es la autoridad titular del Juzgado Vigésimo Noveno; sin embargo, fue designado en suplencia legal del mismo, constituyéndose en la autoridad de control jurisdiccional a cargo del proceso radicado en dicho Juzgado; sin embargo, tal extremo no aconteció, puesto que fue recién en la última designación en suplencia legal, conforme manifestó el propio Juez demandado, y de conformidad al Memorándum 700/2022 de 3 de mayo, que se determinó nuevamente la suplencia legal del 3 de mayo al 31 de octubre de 2022, oportunidad en la cual, mediante memorial presentado el 28 de abril del mismo año, Daniel Alfonso Rojas Cahupaza solicitó la admisión de su intervención como tercer coadyuvante, mereciendo el Auto Interlocutorio de 29 de abril del citado año, mediante el cual, recién en vía de saneamiento procesal dispuso la remisión de la excusa en consulta ante el Tribunal ad quem; es decir, después de haber asumido la suplencia legal del indicado Juzgado en seis oportunidades, habiendo transcurrido desde la radicatoria del proceso ordinario de reivindicación en el Juzgado Vigésimo Noveno un mes y seis días, lapso en el cual, se reitera que la autoridad demandada asumió la suplencia legal en seis oportunidades, convalidando las actuaciones procesales desarrolladas en el proceso y providenciando las solicitudes de las partes; por lo que, la remisión en consulta de la excusa resulta extemporánea, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada al respecto. Respecto a la segunda problemática El solicitante de tutela denuncia que formuló recurso de reposición contra el Auto Interlocutorio de 29 de abril de 2022 emitido por el Juez demandado en suplencia legal; empero, el proceso fue remitido ante el Tribunal ad quem, sin resolver dicho recurso. Previo a ingresar al análisis de la presente problemática, corresponde precisar que los miembros de la Sala Constitucional señalaron que, el accionante se apersonó ante el Tribunal ad quem, donde denuncio las irregularidades en similares argumentos a los traídos en revisión a esta instancia constitucional, ya que “ …considerando los argumentos del accionante, el accionante le ha hecho saber a la Sala Civil Quinta que existe un recurso de reposición no resuelto, el Vocal de la Sala Civil Quinta ordena la remisión de esos antecedentes ausentes en el cuaderno que se ha remitido en revisión a la Sala para considerarlos en su momento (…) que entre tanto la propia jurisdicción en el último dispositivo procesal que se emita respecto a la causa, ya en conocimiento de la Sala Civil Quinta, en ese momento cuando se emita ese tipo de acto procesal recién la Jurisdicción Constitucional podría ingresar a cuestionar los argumentos que hayan sido labrados por la autoridad jurisdiccional ordinaria, esto es subsidiariedad, absolutamente, la autoridad jurisdiccional de apelación, de revisión, la Sala Civil Quinta, tomando en consideración todos los argumentos del ahora accionante, demandante en sede civil, ha entendido que para su análisis debe remitirse a los antecedentes que se extrañan, (…) la Sala Civil quiere conocer en contexto la situación que el hoy accionante reiteradamente ha exhibido en los documentos que se ven, en los actos procesales de su fuero y de la autoridad jurisdiccional, pero remitidos como han sido ante la autoridad en revisión, la propia autoridad en revisión tiene la oportunidad, en caso de que sucediese, de enmendar la situación, por eso estamos fuera del universo de acción de la jurisdicción ordinaria, es la jurisdicción ordinaria a quien debe darse la oportunidad de pronunciarse al respecto, en tanto no suceda, mal podrá la jurisdicción Constitucional ingresar a cuestionar, ingresar a observar argumentos que pueden ser sugestivos, pero que sin embargo, deben ser conocidos por quien se encuentra en la atribución legal de resolverlos” (sic); sin embargo, de la revisión del informe presentado por la autoridad demandada (fs. 234 a 236), se tiene que, fue el propio Juez demandado quien reconoció que el Tribunal ad quem devolvió antecedentes porque se habría omitido la remisión de algunas piezas esenciales del proceso, subsanando en el día dicha observación; empero, “…nuevamente devuelve el cuaderno determinando se resuelva un recurso pendiente, disposición que también se ha decretado cúmplase y se dispuesto las notificaciones para la preclusión de plazo de respuesta y emisión de resolución correspondiente” (sic), inobservando que conforme se tiene del decreto de 7 de junio de 2022, dicha autoridad judicial demandada dispuso: “El recurso de reposición planteado por la parte demandada córrase en TRASLADO de la parte demandada” (sic [Conclusión II.8]), evidenciándose que, si bien, los Vocales de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ordenaron la devolución del trámite de consulta de la excusa a efecto de que previamente se resuelva el recurso de reposición formulado por el impetrante de tutela; sin embargo, hasta el 6 de julio del señalado año, fecha de celebración de la audiencia de consideración de esta acción tutelar, dicho recurso se encuentra pendiente de resolución, razón por la cual corresponde ingresar al análisis de fondo de la presente problemática. En este punto, si bien, el peticionante de tutela no demandó como lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva; empero, siendo que en el fondo solicita se resuelva el recurso de reposición interpuesto, se concluye que se refiere como lesionado dicho derecho, y en aplicación del principio iura novit curia esta justicia constitucional analizará el mismo. Ahora bien, corresponde remitirnos a la jurisprudencia inserta en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que el derecho a la tutela judicial efectiva no solo conlleva el derecho de acceder a la jurisdicción sino también comprende el derecho a lograr un pronunciamiento fundado en derecho que podría ser de inadmisión al encontrarse supeditado al cumplimiento de requisitos procesales legalmente establecidos, o en su caso favorable o adverso, constituyéndose en una garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad, ya que implica que la resolución contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles fueron los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, y que la motivación este fundada en derecho; es decir, que el pronunciamiento esté fundamentado y motivado; por lo que, el pronunciamiento que resuelva el fondo debe ser congruente con las pretensiones, denotando con ello una respuesta completa sobre las pretensiones concretas deducidas en el proceso y no sobre otras distintas. En ese marco jurisprudencial, conforme se señaló precedentemente, se tiene que el 6 de junio de 2022, el solicitante de tutela interpuso recurso de reposición contra el Auto Interlocutorio 29 de abril del mismo año, que remitió en consulta la excusa formulada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava de la Capital del departamento de La Paz ante el Tribunal ad quem; sin embargo, conforme manifestó el propio Juez demandado, la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz “…nuevamente devuelve el cuaderno determinando se resuelva un recurso pendiente, disposición que también se ha decretado cúmplase y se dispuesto las notificaciones para la preclusión de plazo de respuesta y emisión de resolución correspondiente” (sic), advirtiéndose que hasta la fecha de audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional -6 de julio de 2022-, el Juez demandado no resolvió dicho recurso, pretendiendo justificar la ausencia de pronunciamiento, con la determinación de haberse dispuesto las notificaciones para la preclusión de plazo de respuesta y emisión de resolución correspondiente, inobservando que dicho aspecto ya fue determinado mediante el decreto de 7 de junio del señalado año, que refiere “El recurso de reposición planteado por la parte demandada córrase en TRASLADO de la parte demandada” (sic), extremo que lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva del accionante puesto que, no existe pronunciamiento alguno al recurso de reposición interpuesto por el impetrante de tutela el 6 de junio de 2022, inobservando que corrido en traslado el mismo, tenía el plazo de tres días para ser respondido, y con la contestación o sin ella, correspondía al Juez demandado en suplencia legal dictar resolución sin más trámite, de donde se colige que en el presente caso transcurrió un mes, ocasionando así la incertidumbre respecto a la pretensión del peticionante de tutela; consiguientemente, el Juez demandado, incurrió en la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de derecho a obtener una resolución judicial fundada en derecho, sea favorable o adversa, la cual se constituye en una garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad, ya que permite conocer cuáles son los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, lo que conlleva la garantía que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, y no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error; puesto que, para la materialización del derecho a la tutela judicial efectiva no basta con el acceso a la jurisdicción o el cumplimiento de previsiones normativas, sino que se impone la obligación estatal de brindar una solución de controversias expresada en una tutela o protección eficaz; por lo que, ante la ausencia de pronunciamiento en cuanto al recurso de reposición interpuesto por el solicitante de tutela, corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, corresponde señalar que conforme a la jurisprudencia inserta en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados, e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido; a fin de que puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos; en ese entendido, en el presente caso de autos, se advierte que el accionante efectivizó su derecho a la defensa al interponer su recurso de reposición, razón por la cual, no se advierte la restricción o lesión del mismo; asimismo, en cuanto al derecho a recurrir o la garantía de la doble instancia o impugnación, se tiene que el mismo permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, posibilitando que se reclamen aspectos específicos que consideran injustos a sus pretensiones, fundamentando las omisiones que afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa; en ese sentido, tampoco se advierte la lesión del derecho a recurrir; toda vez que, el impetrante de tutela únicamente interpuso recurso de reposición, el cual tiene por objeto que la propia autoridad judicial advertida de su error, modifique, deje sin efecto o anule la determinación asumida; es decir, que dicho recurso no será elevado en revisión ante la autoridad jerárquica superior; por lo que, no se advierte la lesión del mismo, correspondiendo denegar la tutela al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 173/2022 de 6 de julio, cursante de fs. 243 a 247 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2° Disponiendo que el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del departamento de La Paz, resuelva el recurso de reposición interpuesto por Wilfredo Bernardo Fernández Muñecas, siempre y cuando el mismo no haya sido ya resuelto como emergencia de la determinación de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 3° Llamar la atención a José Ángel Carvajal Cordero, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, ante la ausencia de emisión de la resolución del recurso de reposición en el plazo establecido para el efecto. 4° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos a la defensa y a recurrir. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 Diccionario Panhispánico del Español Jurídico disponible en el enlace https://dpej.rae.es/lema/derecho-a-la-tutela-judicial- efectiva
2 Disponible en el siguiente enlace https://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/1531/1880
3 El Tribunal Constitucional de España a través de la STC 218/2009, de 21 de diciembre, sostuvo: “…Dada la trascendencia que para la tutela judicial tienen estas decisiones de denegación de acceso a la jurisdicción, su control constitucional ha de realizarse de forma especialmente intensa: más allá de la verificación de que no se trata de resoluciones arbitrarias, manifiestamente
irrazonables o fruto de un error patente, tal control procede a través de los criterios que proporciona el principio pro actione, entendido no "como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan", sino como "la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican…”
4 El art. 254.III del CPC, establece que: “El recurso planteado por escrito será corrido en traslado con plazo de tres días, con la contestación o sin ella, se dictará resolución sin más trámite”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0639_2024-S1.pdf · páginas 1 a 27.
Huella digital del PDF (SHA-256): b2c7adad49d4b50f019344cef1519b94ff68eec48159275464deb16a03d34547
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →