Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 18 de julio de 2023
Concede la tutela
El accionante, señaló como lesionados sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia; y, a una respuesta pronta y efectiva; ya que, encontrándose detenido preventivamente; y con sentencia condenatoria de primera instancia, a la fecha de presentación de la acción de libertad, se encuentra imposibilitado de interponer incidente de cesación a su detención preventiva; toda vez que, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, no remitió el cuaderno de control jurisdiccional que contiene el legajo de las últimas actuaciones procesales al Tribunal de Sentencia Penal Quinto del mismo distrito judicial –Tribunal de turno por vacación judicial de fin de gestión–, alegando que el impulso procesal le corresponde a la parte en especial en el copiado de piezas procesales para su envió; y además, que la remisión de obrados al Tribunal de turno solo se efectúa con detenidos que no tienen sentencia. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 15/2021 de 14 de diciembre, cursante de fs. 15 vta. a 19, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de la acción de libertad innovativa, respecto a María Jackeline Soriano Rivero, Ernesto Guardia Escobar y Carlos Fremiot Mendienta Terrazas, todos Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0639/2023-S4 Sucre, 18 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 47500-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 15/2021 de 14 de diciembre, cursante de fs. 15 vta. a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Romer Alberto Linares Soria en representación sin mandato de Cristian Aliendre La Fuente contra María Jackeline Soriano Rivero, Ernesto Guardia Escobar y Carlos Fremiot Mendienta Terrazas, todos Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el 16 de diciembre de 2021, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Encontrándose detenido preventivamente por efectos de la audiencia cautelar de 27 de agosto de 2017, a la fecha se encuentra imposibilitado de interponer incidente de cesación a su detención preventiva; toda vez que, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, no remite el cuaderno de control jurisdiccional que contiene el legajo de las últimas actuaciones al Tribunal de turno (Tribunal de Sentencia Penal Quinto del mismo distrito judicial).
El impetrante de tutela, señaló como lesionados su derecho al debido proceso, al acceso a la justicia; y, a una respuesta pronta y efectiva, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, que en el día se remita ante el Tribunal de Turno el cuaderno de control jurisdiccional que contiene las resoluciones cautelares y demás obrados de su caso; del mismo modo solicita “se multe” a la autoridades accionadas “en el monto de Bs. 10.000,00 a cada una por la dilación ocasionada” (sic); asimismo, dicha multa se empoce al Consejo de la Magistratura por este hecho; consecuentemente se remita copia de la acción tutelar al file personal de cada una de las autoridades hoy demandadas.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15 vta., presente el impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato; y ausentes las autoridades jurisdiccionales demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, en audiencia manifestó y puntualizó los siguientes argumentos: a) Es evidente que se encuentra con detención preventiva desde el 2017 hasta la fecha; del mismo modo, resulta cierto también que se encuentra sentenciado; sin embargo, dicha sentencia no se encuentra ejecutoriada; motivo por el cual, se interpusieron diversos recursos legales, entre ellos apelación y recurso de casación inclusive; es por ello, que se emitieron respuesta a cada uno de ellos, no siendo evidente lo alegado por los ahora demandados respecto de que, no puede plantearse cesación a la detención preventiva si se tiene sentencia condenatoria, más por el contrario y si ésta no está ejecutoriada se tiene viabilidad para interponer este incidente; b) En ese marco se intentó plantear nuevamente un incidente de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz de turno en ese momento; más sin embargo, no pudo efectuarse este actuado; debido a que, el Tribunal de Sentencia Quinto (del mismo distrito judicial), no remitió antecedentes ante el referido Tribunal de turno, alegando que correspondía al impetrante de tutela la solicitud de provisión de fotocopias al efecto de su remisión; c) Por el informe presentado ante la Jueza de garantías por parte de las autoridades demandadas, se tiene claramente el incumplimiento de la obligación de enviar el legajo de las medidas cautelares efectuadas; para que, este dé conocimiento de lo obrado ante el Tribunal que se encontraba de turno, consecuentemente este extremo debió considerarse y no aguardar que se envié otro memorial para que pueda efectivizarse la remisión cuestionada.
María Jackeline Soriano Rivero, Ernesto Guardia Escobar y Carlos Fremiot Mendienta Terrazas, todos Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, presentan informe conjunto cursante a fs. 13 y vta. de obrados, y en el mismo señalan: 1) El hoy accionante Cristhian Aliendre La Fuente, cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de feminicidio, habiéndoselo condenado a treinta años de presidio sin derecho a indulto; 2) El hoy impetrante de tutela por un principio recursivo, interpuso apelación en contra de la determinación ut supra señalada; en virtud de ello, se remite el expediente original ante la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, en fecha 23 de octubre de 2020, sin que a la fecha el expediente haya sido devuelto; 3) De lo expuesto, queda demostrado que conforme las etapas del proceso el mismo se encuentra en el estadio de recursos y el expediente original ha sido remitido al Tribunal de alzada con la apelación restringida que fuera interpuesta por el hoy solicitante de tutela; 4) Como es de conocimiento general, quien solicita la cesación a la detención preventiva, tiene la carga de la prueba; motivo por el cual, la defensa debió solicitar a este Tribunal la remisión del legajo ante el Tribunal de Sentencia Penal Quinto, del mismo modo señalan que “como tribunal solo se remite al tribunal de turno los procesos con detenidos que no tienen sentencia. Sin embargo con la finalidad de viabilizar la solicitud de cesación se remiten las copias legalizadas al Tribunal 5to de Sentencia en lo Penal de la Capital” (sic); 5) En el otrosí segundo de su informe señalan y adjuntan documental que refiere la remisión de lo solicitado ante el Tribunal de Sentencia Penal Quinto.
La Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de Garantías por Resolución 15/2021 de 14 de diciembre, cursante de fs. 15 vta., a 19; denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: La parte accionante solicitó la remisión de actuados procesales a los efectos, de interponer un incidente de cesación a la detención preventiva; a tal efecto, por el informe presentado por las autoridades demandadas, se puede evidenciar –a la fecha de presentación de la acción tutelar– la remisión de los solicitado al Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz; a este efecto, se habría cumplido con las circulares 28 y 29 del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, que dispuso la remisión de antecedentes de procesos con “detenidos” al Tribunal de turno (por la vacación judicial anual); motivo por el cual, las autoridades hoy demandadas no vulneraron derechos ni garantías constitucionales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa copia del libro diario del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, que refiere la remisión de obrados ante la Sala Social Primera –del mismo distrito judicial, no se aprecia la fecha por ser una copia borrosa. (fs. 11). II.2 Corre en obrados impresión fotográfica del registro diario del Tribunal de Sentencia citado up supra; en el que, se aprecia un sello (sin fecha y hora por ser borrosa e ilegible) del Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz. (fs. 12).
El accionante, señaló como lesionados sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia; y, a una respuesta pronta y efectiva; ya que, encontrándose detenido preventivamente; y con sentencia condenatoria de primera instancia, a la fecha de presentación de la acción de libertad, se encuentra imposibilitado de interponer incidente de cesación a su detención preventiva; toda vez que, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, no remitió el cuaderno de control jurisdiccional que contiene el legajo de las últimas actuaciones procesales al Tribunal de Sentencia Penal Quinto del mismo distrito judicial –Tribunal de turno por vacación judicial de fin de gestión–, alegando que el impulso procesal le corresponde a la parte en especial en el copiado de piezas procesales para su envió; y además, que la remisión de obrados al Tribunal de turno solo se efectúa con detenidos que no tienen sentencia. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La doctrina y la jurisprudencia, han determinado una clasificación de los tipos de acción de libertad según su finalidad, entre éstas, la de pronto despacho y la innovativa; mismas que fueron desarrolladas, entre otras, en la SCP 0685/2018-S4 de 25 de octubre, señalando que: “El habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos (SCP 0011/2014 de 3 de enero).
La aludida SCP 0011/2014 también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad’. Dicho razonamiento también debe ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del demandado haya sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
A su vez, la citada SCP 0400/2020-S4, refiriendo a la SCP 1307/2014 de 30 de junio, al respecto señaló que: “Para el caso, resulta pertinente anotar que conforme al art. 126.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ): ‘El Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia, en la programación de sus vacaciones, deberán garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias; por consiguiente, cada representación departamental a tiempo de fijar el periodo de las vacaciones judiciales, debe designar al personal de turno tanto jurisdiccional como administrativo, a fin de no interrumpir de forma total la administración de justicia; con mayor razón, si los despachos judiciales en materia penal asumen el conocimiento de causas con detenido, a ese efecto es el juez de turno el encargado de resolver las peticiones relacionadas con un determinado caso, mas esa labor la podrá efectuar siempre que se le remitan los antecedentes, para así determinar lo que en derecho corresponda, mientras dure la vacación judicial.
De lo fundamentado en la presente acción tutelar, así como de la revisión de los escasos antecedentes puestos a conocimiento de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia que la autoridad que tenía a su cargo el control jurisdiccional del proceso seguido por el Ministerio Público contra Armando Mamani Arauz, Alcalde Municipal de Pailón -hoy accionante- por la supuesta comisión del delito de peculado, signado con código ‘IANUS 701199201245549’, era el Juez Decimoprimero de Instrucción en lo Penal de Villa Primero de Mayo del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-; en consecuencia, establecida la fecha de las vacaciones judiciales por el Tribunal Departamental de Justicia, era su deber y obligación remitir el caso al juez de turno designado, a efecto de permitir la absolución y/o conocimiento relativo a las incidencias del citado proceso; empero, tal obligación no fue cumplida por la autoridad demandada, pues en el listado de expedientes que sí fueron remitidos, no figura la causa referida.
Al no obrar de tal manera, en sentido de remitir todos los procesos a su cargo que se tramitaban con detenido, se colocó al accionante en una situación incierta, generando que el mismo no pueda efectuar ninguna petición, menos poder resolverse los aspectos relativos a la prosecución de la causa, generando que su derecho de acceso a la justicia se vea restringido, debido a que la autoridad jurisdiccional no tiene a su disposición los antecedentes del proceso, impidiéndole materializar el derecho a la defensa que en el caso va relacionado con el derecho a la libertad, al que tiene acceso el accionante, máxime si se evidencia que se encuentra con detención preventiva.
(…) Cabe precisar, que los Magistrados de este alto Tribunal, conocen la realidad que atraviesan algunas autoridades judiciales, que cuentan con una extremada carga procesal, incluso no cuentan con todo el personal subalterno; sin embargo, tales aspectos no pueden constituir un óbice para cumplir las disposiciones administrativas que se acuerdan ante la inminente puesta en marcha de las vacaciones judiciales, desconociéndose el principio de celeridad que debe caracterizar al proceso penal, ello considerando la calidad de los derechos que se encuentran en potencial riesgo, situación que amerita una consideración prioritaria”.
En esa misma línea se ha pronunciado también la SC 0013/2006-R de 4 de enero, cuando sostuvo que: “En el caso sometido a examen, la omisión de remisión del cuadernillo de investigación por parte del Juez recurrido al Juzgado que quedó de turno durante la vacación judicial colectiva, deviene en una demora injustificada para la consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva del recurrente constituyéndose en una causa que incide directamente en el ejercicio de su derecho a la libertad de locomoción, por cuanto por ello, ese pedido no podrá ser considerado sino después de las vacaciones judiciales, lo que retrasa en forma infundada el tratamiento y resolución de esa solicitud toda vez que el juez cautelar tiene la obligación de remitir todos los expedientes cuyos procesos cuenten con personas detenidas, al Juzgado de turno durante las vacaciones judiciales, el no hacerlo constituye una omisión que, en este caso, perjudica al actor que se ve impedido de obtener una resolución sobre su situación jurídica, extremo que acarrea la necesidad de otorgar la tutela impetrada, sin que pueda argüirse para su denegatoria, cual lo hace el Juez del recurso, que el actor no presentó solicitud alguna de remisión del cuaderno de investigaciones a la autoridad hoy demandada, pues, como se tiene dicho, es obligación de ésta remitir todos los casos que cuenten con detenidos para cualquier eventualidad que pudiera presentarse en el transcurso de las vacaciones judiciales colectivas”.
La jurisprudencia citada, estableció que, el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia, en la programación de sus vacaciones, deben garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias; por consiguiente, cada representación departamental a tiempo de fijar el periodo de las vacaciones judiciales, están obligados a designar al personal de turno, a fin de que no se interrumpa de forma total la administración de justicia; en ese antecedente los despachos judiciales en materia penal que asumen el conocimiento de causas con detenidos, ante la inminencia de la entrada en vacación judicial, deben remitir esas causas al juez de turno a fin de que éste resuelva las peticiones relacionadas con un determinado caso. (las negrillas son nuestras)
En la presente acción de libertad, el impetrante de tutela; a través de su representante sin mandato, alegó lesionados sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia y a una respuesta pronta y efectiva; toda vez que, los Jueces demandados, no remitieron el cuadernillo de control jurisdiccional correspondiente de su proceso penal, ante el Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz; mismo que, se encontraba de turno durante la vacación judicial de la gestión 2021; ante el cual, pretendía solicitar en la vía incidental cesación a la detención preventiva que pesaba sobre este. Identificada la problemática planteada y la pretensión del solicitante de tutela, que motivaron la interposición de esta acción de defensa, es necesario efectuar una síntesis de los antecedentes del proceso penal; en el que, se habrían suscitado las actuaciones hoy cuestionadas como lesivas de derechos hoy reclamados vía acción de libertad; de lo que se tiene, que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Cristian Aliendre la Fuente –hoy accionante–, por la presunta comisión del delito de feminicidio; a decir del mismo, y de la revisión de antecedentes, desde el 27 de agosto de 2017, se encuentra con detención preventiva; durante el desarrollo del proceso penal en sus diferentes etapas, en fecha 23 de diciembre de 2019, se emite sentencia y se lo condena a cumplir una pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto; ante ello, interpuso los medios recursivos previstos por ley, y a la fecha de presentación de la acción de libertad, su causa penal se encuentra en plena tramitación del recurso de casación; por ende, aún no se encuentra ejecutoriada. Asimismo, mediante instructivos el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al estar establecido el receso de las labores judiciales para la gestión 2021, emitió las circulares 28 y 29; por las cuales, se ordenó la remisión de memoriales y procesos en materia penal a los asientos judiciales de turno en causas con detenidos. (Acápite I.2.3. Resolución). Por su parte, las autoridades demandadas, en su informe presentado en esta acción tutelar; refirieron que, como Tribunal solo remitieron todos los procesos con “detenidos que no tienen sentencia” (sic), entendiendo que de los procesados que tenían “sentencia”, los expedientes no deberían ser remitidos ante el Tribunal de turno; más sin embargo, para viabilizar la solicitud –a la fecha de la audiencia de la presente acción tutelar– remitieron copias legalizadas del expediente ante el Tribunal de turno, considerando que no se tenía el original por estar el proceso en etapa de recursos; y además, haberse remitido el mismo en alzada; por lo que, corresponde señalar que de la revisión de obrados y los documentos adjuntos señalados ut supra cursantes a fs. 11 y 12, no se tiene constancia alguna de notificación o fecha específica de remisión, situación que obliga a este Tribunal Constitucional Plurinacional, a asumir que la fecha de remisión expresada se da recién a momento del desarrollo de la presente acción de defensa. En ese contexto, el objeto procesal de la problemática planteada radica precisamente en la falta de remisión de los antecedentes del cuaderno procesal, ante el Tribunal de turno, por parte de las autoridades demandadas; en el proceso penal que enfrenta el hoy demandado; mismo que, pretendió interponer un incidente de cesación a su detención preventiva, justamente dentro del período de las vacaciones judiciales de la gestión 2021; empero, dicha remisión recién a la fecha de interposición de esta acción tutelar, fue efectivizada. Ahora bien, respecto a la problemática identificada, sobre el hecho de no haber remitido el expediente –por la vacación judicial– al Tribunal de turno con la celeridad que el caso ameritaba, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo Constitucional; estableció que, el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia, en la programación de sus vacaciones, deben garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias; por consiguiente, cada representación departamental a tiempo de fijar el periodo de las vacaciones judiciales, deben designar al personal de turno, con la finalidad de que no se interrumpa de forma total el servicio de justicia, velando que los despachos judiciales en materia penal que asumen el conocimiento de causas con detenidos, ante la inminencia de la entrada en vacación judicial, deben remitir esas causas al Juez de turno; a fin de que, éste resuelva las peticiones relacionadas con un determinado caso, durante la vacación judicial. En el caso en examen, las autoridades demandadas al no remitir los antecedentes del proceso seguido contra el impetrante de tutela, al Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz (de turno), pese a estar privado de su libertad con detención preventiva, no dio cumplimiento a las Circulares referidas y la jurisprudencia constitucional glosada, en franco desconocimiento del principio de celeridad que debe caracterizar al proceso penal; ello, considerando la calidad de los derechos que se encuentran en riesgo. De todo lo precedentemente expuesto, se constata que las autoridades demandadas, al no haber remitido el legajo del proceso del accionante al Tribunal de turno; tal como, se dispuso en la Circular emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, incumplieron la disposición administrativa señalada y con esos hechos amenazaron el derecho a la libertad; por cuanto, no se garantizó la posibilidad de atender cualquier solicitud al respecto; y, vulneraron el principio de celeridad; pues, de haberse remitido la causa de conformidad a dichas Circulares, el solicitante de tutela hubiera tenido la posibilidad de presentar una eventual solicitud de cesación de la detención preventiva, ante el Tribunal designado para permanecer de turno durante la vacación judicial; empero, al no haber actuado de esa forma, amenazaron la lesión de los derechos enunciados; razón por la cual, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, corresponde conceder la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad innovativa. Se aclara que, en la presente causa al haberse concedido la tutela impetrada, tiene únicamente como efecto el asegurar el acceso oportuno a la justicia del ahora accionante; y no así, un pronunciamiento sobre el fondo de su situación jurídica –libertad–; pues, esta corresponderá ser considerada por la autoridad jurisdiccional, conforme a los datos del proceso y circunstancias de los hechos que son el motivo de la persecución penal. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 15/2021 de 14 de diciembre, cursante de fs. 15 vta. a 19, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de la acción de libertad innovativa, respecto a María Jackeline Soriano Rivero, Ernesto Guardia Escobar y Carlos Fremiot Mendienta Terrazas, todos Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0639_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1dc0f2217109a135bb86e57d259211a4d4f68d6d7e883dab8af82ee365b3166f
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