Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 22 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la infracción de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como la inobservancia de los principios de celeridad, transparencia, accesibilidad, inmediatez, “justicia pronta y oportuna”, eficiencia e igualdad de partes; en razón a que, mediante Resolución 52/2022, se determinó la cesación de su detención preventiva, disponiéndose medidas cautelares menos gravosas, como son su detención domiciliaria, fianza económica, arraigo, su presentación ante la autoridad judicial cada dos semanas y la prohibición de comunicarse con las víctimas y testigos; consecuentemente, a efectos de cumplir las exigencias para la materialización de su detención domiciliaria, a través de sus familiares acudió a estrados; sin embargo: 1) La Secretaria coaccionada incurrió en una conducta dilatoria demorando los trámites de arraigo, pago de fianza y la verificación de domicilio; y, 2) Por su parte, la Jueza accionada, en su condición de suplente legal, tampoco expidió mandamiento de detención domiciliaria en su favor arguyendo que no “es su caso” el proceso penal que se le sigue, cuando en su condición de suplente tiene todas las prerrogativas para dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad titular de la causa; por lo que, existe una conducta dilatoria en la materialización de la mencionada resolución vinculada con su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 22 a 25 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, únicamente en cuanto a su actuación omisiva sobre la audiencia y Resolución emitidas el 11 de marzo de 2022, por haber infringido el derecho al debido proceso e inobservado los principios de celeridad y eficiencia, vinculados con la libertad del impetrante de tutela, ordenándose a la misma que inmediatamente arrime al expediente del proceso penal seguido contra el peticionante de tutela, la Resolución 52/2022 de 11 de marzo, para que la autoridad titular de dicha causa prosiga con los trámites respectivos, siempre y cuando no lo hubiera hecho ya de forma previa a la emisión de este fallo constitucional; 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero, y los principios de transparencia, accesibilidad, inmediatez, “justicia pronta y oportuna” e igualdad de partes, conforme a los fundamentos expuestos ut supra; así como en cuanto a las demás omisiones alegadas respecto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, como se tienen explicado en los fundamentos del presente fallo constitucional; y, 3° Exhortar a Remedios Yujra Gabincha, Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0639/2023-S3 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 46880-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 22 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Ramiro Paredes Jemio en representación sin mandato de Daniel Duran Mamani contra Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero; y, Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del indicado departamento.
Por memorial presentado el 18 de marzo de 2022, cursante de fs. 13 a 16, el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y de otros, por la presunta comisión del delito de robo agravado, mediante Resolución 07/2022 de 21 de enero, se determinó su detención preventiva por seis meses, por la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y de obstaculización insertos en los arts. 234.2, 6 y 7, y 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); posteriormente, habiendo solicitado la cesación de dicha medida cautelar, se emitió la Resolución 52/2022 de 11 de marzo, a través de la que se declaró procedente su petición ordenando el cese de la medida de última ratio que le había sido impuesta, bajo la aplicación de las siguientes medidas cautelares: a) Detención domiciliaria, previa verificación de Secretaría del Juzgado para que eleve informe ante la autoridad judicial; b) Fianza económica de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos), a ser empozada en el plazo de quince días; c) Arraigo; d) Presentación ante la autoridad judicial cada dos semanas, los días lunes y miércoles de horas 08:00 a 16:00; y, e) Prohibición de comunicarse con la víctima y testigos, salvo por el abogado patrocinante con la finalidad de conciliar con la víctima para la reparación integral del daño. Estableciendo que tiene el plazo de tres días para su cumplimiento. Manifiesta que, a efectos de cumplir las exigencias para la materialización de su detención domiciliaria, sus familiares se apersonaron a estrados para realizar los trámites respectivos; sin embargo, Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora coaccionada-, no dio posibilidad de realizarlos incumpliendo sus deberes y poniendo trabas, arguyendo que de por medio existe fin de semana, que aún no se encuentra transcrita el acta de la audiencia; por lo que, no puede realizar la verificación domiciliaria, además demoró en entregarles la boleta para el empoce de la fianza económica, inclusive para ganar tiempo y evitar que salga de la cárcel exigió la presentación de documentos mediante memorial, habiendo transcurrido así una semana entera en la que la nombrada funcionaria puso trabas en perjuicio del impetrante de tutela, demostrando tener algún interés en el caso, inclusive incumplió el “Decreto del Juez” de 15 de marzo de 2022, mediante el que se dispuso que por Secretaría del Juzgado se proceda la verificación domiciliaria, con “placario” fotográfico, informe correspondiente y croquis a mano alzada, además se emita mandamiento de detención domiciliaria y se proceda “…el endose y empose del ciudadano DANIEL DURAN MAMANI en el domicilio Real acreditado” (sic). Por lo que, dicha funcionaria, no cumplió la disposición judicial, causando dilación pese, a que cumplió a cabalidad los requisitos exigidos, porque de forma abusiva hizo ir y venir a sus familiares que deben acudir desde la ciudad de Sucre para realizar los trámites. En lo que respecta a Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionada-, quien asume la suplencia legal de su similar Primero, tampoco dio curso al mandamiento de detención domiciliaria, porque no sería su caso -se entiende una causa penal inherente a su Juzgado- generando también dilación en la ejecución de la Resolución 52/2022 -que ordena la cesación de su detención preventiva-, porque la misma tiene toda la facultad legal para dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad titular de la causa.
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como la inobservancia de los principios de celeridad, transparencia, accesibilidad, inmediatez, “justicia pronta y oportuna” eficiencia e igualdad de partes;
citando al efecto los arts. 21.7 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21 vta., presentes el impetrante de tutela asistido de su abogado, así como la Jueza accionada y la Secretaria coaccionada, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su memorial de interposición de ésta acción de defensa.
Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero, en audiencia, manifestó lo siguiente: 1) Fue notificada por “presidencia” mediante WhastApp “…el día de ayer a horas 11:39 para la suplencia del día de ayer de 17 y 18 de marzo de 2022…” (sic), en ese entendido, el accionante no ha considerado que el Juez titular estaba a cargo -del proceso- hasta el 16 de marzo de 2022, entonces de haberse concedido tres días para el cumplimiento de las medidas cautelares, es dicha autoridad quien pudo haber emitido el mandamiento -se entiende de detención domiciliaria-; por lo que, mal puede alegar el impetrante de tutela que su persona como suplente tenga la dejadez o que no hubiere trabajado acorde a la prontitud y celeridad; 2) En la acción de libertad se alega que debe tramitarse la cesación, pero no hay ningún memorial de cesación de la detención preventiva, más bien existe un escrito donde se “apunta” el talonario de arraigo “y otro”, solicitando se emita mandamiento de libertad, petición que mereció la providencia de 17 del citado mes y año, estableciendo que previamente debe arrimarse la Resolución 52/2022 donde el Juez titular ordenó la cesación de la detención preventiva, ya que la misma no cursa en el expediente, porque no puede emitir un mandamiento de detención domiciliaria cuando desconoce sus fundamentos, providencia contra la que el impetrante de tutela no presentó recurso de reposición, lo que implica que no ha agotado la subsidiariedad, más bien demuestra su conformidad con lo decidido, reiterando que al no cursar en el expediente la Resolución en cuestión, como autoridad suplente legal no puede librar directamente el mandamiento de detención domiciliaria, siendo una falacia y mentira que hubiere indicado “…que no es su caso…” (sic); y, 3) Lo que sí se puede establecer es que la Secretaria coaccionada cumplió con la transcripción -del acta-, pero falta la firma del Juez de la causa, por ello no existe acto dilatorio que se pueda atribuir a su persona como suplente y que implique lesión del derecho a la locomoción o algún otro derecho o garantía, porque durante el tiempo que ejerció la suplencia cumplió a cabalidad el marco legal, la cual tuvo duración hasta el 18 del citado mes y año hasta horas 16:30; por lo que, ya no podría asumir alguna determinación más allá de ese lapso de tiempo, entonces el peticionante de tutela tendría que dirigirse al Juez titular de la causa. Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, refirió que: i) El accionante alega que no hubiere cumplido lo ordenado mediante decreto de 15 de marzo de 2022, extremo que no es evidente, porque en obediencia a dicha decisión se puede evidenciar el informe respectivo al memorial presentado por el impetrante de tutela; asimismo, la Jueza suplente legal -ahora accionada- mediante decreto de 17 del indicado mes y año, le conminó a arrimar la Resolución 52/2022 al expediente, orden que cumplió en la misma fecha, procediendo a su transcripción pero no la pudo arrimar a los antecedentes porque no lleva la firma del Juez titular de la causa, quien el martes por la tarde fue “intervenido”; por lo que, el 16 del mencionado mes y año, no fue posible realizar actuado alguno, por falta de autoridad judicial asignada; y, ii) En ningún momento se negó a cumplir alguna orden, contrariamente acató todo lo dispuesto por el Juez titular y la Jueza suplente -ahora accionada-.
La Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 05/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 22 a 25 vta., denegó la tutela solicitada sin costas, sin perjuicio de ello exhortó al peticionante de tutela presentar sus solicitudes observando el principio de lealtad procesal; decisión adoptada bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otros, por la supuesta comisión de los delitos de robo y robo agravado, el prenombrado mediante memorial de 14 de marzo de 2022, solicitó verificación domiciliaria por Secretaría, ante ello cursa la providencia de 15 de similar mes y año, emitida por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del mencionado departamento, para que la Secretaria del Juzgado proceda al verificativo impetrado y se realice el endose y empoce del imputado; bajo ese antecedente, cursa en el expediente el Informe, “placario” fotográfico y un croquis realizado por la Secretaria coaccionada, también cursa impresión de un contrato de alquiler, un formulario de información rápida de la oficina de Derechos Reales (DD.RR.); por lo que, el impetrante de tutela el 16 del mencionado mes y año, nuevamente presentó memorial indicando que subsana omisiones y adjunta documentación de respaldo, ante ello, la Jueza accionada, como suplente legal, emitió la providencia de 17 de igual mes y año, estableciendo que al constituirse como autoridad suplente, de la revisión de obrados no se tiene la “resolución señalada”; por lo que, se conmina a la Secretaria de Juzgado a efecto de pronunciarse conforme a ley; b) También cursan el certificado de depósito judicial realizado en favor del peticionante de tutela, correspondiente al empoce de Bs50 000.-, una ficha de talonario de control ante migración y el memorial de 16 del indicado mes y año presentado por el accionante, refiriendo que cumple con lo determinado en la Resolución 52/2022, protestando remitir la documentación, escrito que mereció la providencia de 17 del mismo mes y año, dictada por la Juez suplente accionada, estableciendo que se tiene presente y al no cursar la indicada Resolución en obrados ordenó a la Secretaria coaccionada arrime la misma; igualmente se tiene informe de verificativo domiciliario y de ubicación mediante la mapa Google, más las respectivas fotografías del inmueble, número de domicilio, todos emitidos por la Secretaria coaccionada el 17 del referido mes y año, informando que el impetrante de tutela ya dio cumplimiento a la verificación domiciliaria en función al decreto de “15 de marzo”, mereciendo la providencia respectiva donde se estableció que se tiene presente y se arrime a la Resolución correspondiente, asimismo se tiene acta de entrega emitida por la Dirección General de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno, donde establece que el peticionante de tutela se encuentra arraigado, constancia que también fue presentada mediante memorial de 17 del indicado mes y año, obteniendo providencia de 18 del mismo mes y año, indicando se arrime a sus antecedentes y se cumpla el decreto de “…17 de marzo de 2022…” (sic); c) También cursa la Resolución 52/2022, pero la misma no está firmada por la autoridad judicial quien supuestamente la emitió, sino solamente por la funcionaria coaccionada en su condición de Secretaria del Juzgado, debiendo tomarse en cuenta al respecto lo establecido por el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, donde no está previsto que dicha funcionaria tenga la facultad de dictar resoluciones a efecto de establecer la situación jurídico procesal del accionante; en ese entendido, si bien la Jueza accionada se encuentra en suplencia legal de su similar Primero; empero, no es la que ha dispuesto la cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela, quien reclama se emita “mandamiento de libertad” en su favor, más bien llama la atención que se haya adjuntado al expediente constitucional un mandamiento de detención domiciliaria firmado por el Juez titular del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, cuando el mismo no cursa en el cuaderno de control jurisdiccional; por lo que, no es posible basarse en meras suposiciones respecto a la supuesta obtención de cesación de la detención preventiva, ya que en el expediente del proceso penal no se advierte que dicha cesación hubiese sido efectuada por autoridad judicial correspondiente, teniendo el peticionante de tutela la carga de demostrar sus aseveraciones conforme establece la SC “300/2012”; por lo que, lo manifestado por el prenombrado no corresponde a la verdad material, porque si bien se tiene una resolución transcrita, pero no está firmada por el Juez de la causa; por lo que, trasciende solamente a aspectos subjetivos que no pueden merecer credibilidad para establecer la vulneración de algún derecho constitucional del accionante, quien tampoco hubiese recurrido la providencia; por lo tanto, no está cumplido el principio de subsidiariedad; y, d) Respecto a la actuación de la Secretaria coaccionada, si bien el impetrante de tutela reclama que la misma se hubiese negado cumplir los oficios dispuestos por la autoridad judicial, como la verificación domiciliaria; sin embargo, de los antecedentes descritos se tiene que ello no es evidente; por otra parte, tampoco se advierte algún memorial de queja presentado por el peticionante de tutela, por la supuesta negligencia u omisión en la que hubiese incurrido dicha funcionaria.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se concluye lo siguiente: II.1. Se tiene formulario de notificación con registro de arraigo de Daniel Duran Mamani -ahora impetrante de tutela-, de 15 de marzo de 2022, en mérito a la Resolución 52/2022 de 11 de marzo, emitida por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; talón de control de trámite de arraigo concerniente al prenombrado y acta de entrega de arraigo realizada el 17 del citado mes y año a horas 12:22 (fs. 9 a 11). II.2. Cursa Certificado de Depósito Judicial de fianza económica, en la suma de Bs50 000.-, realizado el 15 de marzo de 2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el peticionante de tutela (fs. 12). II.3. Se tiene el memorial presentado por el accionante el 16 de marzo de 2022 horas 10:44, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, con suma “CUMPLE LO DISPUESTO POR SU AUTORIDAD EN RESOLUCIÓN 52/2022 DE FECHA 11 03 2022, REMITE A SU DESPACHO DOCUMENTACIÓN QUE INDICA” (sic), por el que aparejó Certificado de Depósito Judicial de fianza económica por la suma de Bs50 000.- de 15 del citado mes y año, para que sea arrimado a los antecedentes del proceso penal que se le sigue (fs. 5). II.4. Cursa el memorial presentado por el impetrante de tutela, el 16 de marzo de 2022 horas 13:24, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, con suma “SUBSANA OMISIÓN Y ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO” (sic), refiriendo que corrige la omisión con relación al domicilio para el verificativo, adjuntando Información Rápida del inmueble 2014010188369, vigente a nombre de Gonzalo Raúl Oropeza Espinoza y Raquel Paola Dorado Martínez y contrato de alquiler de un departamento dúplex suscrito con la propietaria, con vigencia hasta el 19 de enero de 2023; por ello, solicitó se emita en el día mandamiento de detención domiciliaria, previo cumplimiento de la documentación respectiva (fs. 3). II.5. El peticionante de tutela, por memorial presentado el 17 de marzo de 2022 horas 15:16, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, con suma “REMITE DOCUMENTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN JUDICIAL” (sic), en observancia de la Resolución 52/2022, presentó el arraigo emitido por la Dirección General de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno, solicitando se dé cumplimiento al mandamiento de detención domiciliaria en su favor (fs. 4). II.6. Cursa Informe de Verificación Domiciliaria del imputado -hoy accionante-, de 17 de marzo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución 52/2022 (fs. 8).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la infracción de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como la inobservancia de los principios de celeridad, transparencia, accesibilidad, inmediatez, “justicia pronta y oportuna”, eficiencia e igualdad de partes; en razón a que, mediante Resolución 52/2022, se determinó la cesación de su detención preventiva, disponiéndose medidas cautelares menos gravosas, como son su detención domiciliaria, fianza económica, arraigo, su presentación ante la autoridad judicial cada dos semanas y la prohibición de comunicarse con las víctimas y testigos; consecuentemente, a efectos de cumplir las exigencias para la materialización de su detención domiciliaria, a través de sus familiares acudió a estrados; sin embargo: 1) La Secretaria coaccionada incurrió en una conducta dilatoria demorando los trámites de arraigo, pago de fianza y la verificación de domicilio; y, 2) Por su parte, la Jueza accionada, en su condición de suplente legal, tampoco expidió mandamiento de detención domiciliaria en su favor arguyendo que no “es su caso” el proceso penal que se le sigue, cuando en su condición de suplente tiene todas las prerrogativas para dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad titular de la causa; por lo que, existe una conducta dilatoria en la materialización de la mencionada resolución vinculada con su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
En relación a este tópico, la SCP 0907/2020-S3 de 17 de diciembre, citando la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, que efectuó un desarrollo sobre la connotación jurídico procesal-constitucional de la acción de libertad y sus presupuestos de activación en función a su naturaleza y alcance como medio extraordinario de defensa, precisó que: «Sobre los presupuestos de procedencia de la acción de libertad en función a su naturaleza jurídica y alcance determinado por los bienes jurídicos protegidos, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sostuvo que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.
En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.
Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”».
Al respecto, la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, señaló que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde;
(…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’.
De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos corresponden).
El impetrante de tutela alega que, que, mediante Resolución 52/2022 de 11 de marzo, se determinó la cesación de su detención preventiva, disponiéndose medidas cautelares menos gravosas, como son su detención domiciliaria, fianza económica, arraigo, su presentación ante la autoridad judicial cada dos semanas y la prohibición de comunicarse con las víctimas y testigos; consecuentemente, a efectos de cumplir las exigencias para la materialización de su detención domiciliaria, a través de sus familiares acudió a estrados; sin embargo: i) La Secretaria coaccionada incurrió en una conducta dilatoria demorando los trámites de arraigo, pago de fianza y la verificación de domicilio; y, ii) Por su parte, la Jueza accionada, en su condición de suplente legal, tampoco expidió mandamiento de detención domiciliaria en su favor arguyendo que no “es su caso” el proceso penal que se le sigue, cuando en su condición de suplente tiene todas las prerrogativas para dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad titular de la causa; por lo que, existe una conducta dilatoria en la materialización de la mencionada resolución vinculada con su libertad.
Establecido el objeto de esta acción tutelar, para ingresar al análisis del mismo, atañe contextualizar la reclamación del peticionante de tutela, en ese entendido, de lo argumentado por el prenombrado y lo descrito por el Juez de garantías en la Resolución 05/2022, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otros, por la supuesta comisión del delito de robo agravado, tramitado ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el en marco del régimen de medidas cautelares personales, mediante la Resolución 07/2022 de 21 de enero, se determinó su detención preventiva por seis meses, por la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y de obstaculización insertos en los arts. 234.2, 6 y 7, y 235.1 del CPP; posteriormente, el Juez titular del indicado Juzgado mediante la Resolución 52/2022, determinó la cesación de la detención preventiva y en su lugar dispuso las siguientes medidas cautelares: a) Detención domiciliaria, previa verificación del Secretario para que eleve informe ante la autoridad judicial; b) Fianza económica de Bs50 000.-, a ser empozado en el plazo de quince días; c) Arraigo; d) Presentación ante la autoridad judicial cada dos semanas, los días lunes y miércoles de horas 08:00 a 16:00; y, e) Prohibición de comunicarse con la víctima y testigos, salvo por el abogado patrocinante con la finalidad de conciliar con la víctima para la reparación integral del daño.
Bajo ese antecedente procesal, el impetrante de tutela denuncia una conducta dilatoria de la Jueza accionada, en su condición de suplente legal de su similar Primero y de la Secretaria coaccionada en los trámites para la efectivización de las medidas cautelares personales determinadas en la Resolución 52/2022; consecuentemente, corresponde realizar una análisis individual de la actuación de la nombrada autoridad judicial y la funcionaria de apoyo jurisdiccional, a fin de determinar si resulta evidente lo reclamado y si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada. Respecto a la actuación de la Jueza accionada.
Esta autoridad, en su informe puso de manifiesto que siendo titular del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, asumió la suplencia legal de su similar Primero -se entiende del Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del mismo departamento-, el 17 y 18 de marzo de 2022; en ese contexto, el peticionante de tutela denuncia que la Juez accionada no expidió mandamiento de detención domiciliaria en su favor arguyendo que el proceso penal que se le sigue, no “es su caso”, cuando en su condición de suplente tiene todas las prerrogativas para dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad titular de la causa en la Resolución 52/2022; por lo que, habría incurrido en una conducta dilatoria contraria a la celeridad vinculado con su libertad.
Al respecto, corresponde referir que, tal como reconoce el propio accionante, la efectivización de lo dispuesto por la Resolución 52/2022, como es la cesación de la detención preventiva y la consiguiente aplicación de la detención domiciliaria -como medida cautelar menos gravosa-, estaba reatada al previo cumplimiento de las demás medidas cautelares establecidas -se entiende las materialmente posibles antes de la efectivización del cese de la detención preventiva-, como son la fianza económica y el arraigo, así como la verificación domiciliaria, de ahí que la sola presentación de la documentación referente a estos aspectos, no puede importar el automático libramiento del mandamiento de detención domiciliaria, de forma llana y simple, ya que la autoridad judicial tiene la obligación de compulsar la documentación aparejada y de advertir que están cumplidas las condiciones impuestas, naturalmente recién podrá expedir el respectivo mandamiento con la celeridad debida al estar de por medio el derecho a la libertad.
Así, de la documentación aparejada por el propio impetrante de tutela que se encuentra descrita en las Conclusiones II.1, 2 y 6 del presente fallo constitucional, se tiene que el prenombrado una vez dictada la Resolución 52/2022, procedió -según refiere a través de sus familiares- a realizar los trámites respectivos para la verificación domiciliaria, el pago de la fianza económica y el arraigo ante la Dirección General de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno, al efecto se tiene: 1) Certificado de Depósito Judicial de fianza económica, en la suma de Bs50 000.-, realizado el 15 de marzo de 2022; 2) Formulario de notificación con registro de arraigo, talón de control de trámite de arraigo y acta de entrega de arraigo realizada el 17 del citado mes y año a horas 12:22; y, 3) Informe de Verificación Domiciliaria también de 17 del referido mes y año.
En ese orden de análisis, considerando que la Jueza accionada asumió suplencia legal de su similar Primero, solamente el 17 y 18 de marzo de 2022, se tiene que el peticionante de tutela mediante memorial presentado el 17 del citado mes y año a horas 15:16, remitió documentación referente a su arraigo, escrito que naturalmente correspondía ser atendido por la nombrada autoridad durante la suplencia legal que cumplía por el lapso indicado, dando la respuesta que corresponda dentro del plazo de ley; lo que en efecto habría ocurrido, pues conforme refirió la autoridad accionada en su informe y ratificado por la Jueza de garantías en su resolución, respondiendo al memorial del impetrante de tutela la autoridad judicial accionada emitió como respuesta el decreto de la misma fecha -17 de marzo de 2022-, donde teniendo presente la documentación aparejada dispuso que la Secretaria coaccionada, glose al expediente del proceso penal la Resolución 52/2022, para que con su resultado determine lo que corresponda, porque dicha resolución hasta ese momento no cursaba en el cuaderno procesal, decisión que no puede asumirse como una conducta dilatoria, ya que para librar el respectivo mandamiento de detención domiciliaria, al encontrarse solamente en suplencia por dos días, la autoridad accionada lógicamente estaba impelida a conocer el tenor del mencionada resolución -porque no fue dictada por su autoridad, sino por el Juez titular de la causa- y contrastarlo con la documentación presentada por el peticionante de tutela, a fin de determinar si estaban cumplidos los requisitos previos exigidos; es decir, revisando la demás documentación presentada de forma previa, y posteriormente determine si estaban cumplidas todas las condiciones fijadas en la Resolución 52/2022 para librar el respectivo mandamiento de detención domiciliaria.
Consecuentemente, no se advierte conducta dilatoria que pueda ser atribuida a la mencionada Jueza accionada vinculada con la libertad del accionante, que pueda merecer reproche en sede constitucional en el contexto del entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, y contrariamente se evidencia que la misma mientras estuvo ejerciendo la suplencia -por dos días- de su similar Primero, con la prontitud debida se pronunció conforme a los datos del proceso al planteamiento del impetrante de tutela; por lo que, respecto a esta autoridad atañe denegar la tutela solicitada.
Sobre la actuación de la Secretaria coaccionada
Conforme se tiene establecido ut supra, respecto a esta funcionaria de apoyo jurisdiccional, el peticionante de tutela alega que una vez dictada la Resolución 52/2022, sus familiares se apersonaron a estrados para cumplir con los trámites respectivos a fin de que se efectivice su detención domiciliaria; sin embargo, la prenombrada comenzó a poner una serie de trabas, indicando por un lado que de por medio existe un fin de semana, que aún no se encuentra transcrita el acta de la audiencia no puede realizar la verificación domiciliaria, además demoró en la entrega de la boleta para el empoce de la fianza económica e inclusive para ganar tiempo exigió la presentación de documentos mediante memorial, habiendo transcurrido así una semana entera en la que la prenombrada entorpeció esos trámites en su perjuicio, demostrando tener algún interés en el caso.
Al respecto, como se tiene descrito en los párrafos precedentes, el Juez titular de la causa en la Resolución 52/2022, a tiempo de ordenar la detención domiciliaria del accionante, dispuso que por Secretaría del Juzgado se proceda a la verificación -se entiende del domicilio donde el imputado cumplirá dicha medida cautelar-, y eleve un informe; a su vez, es evidente que es una función propia de la funcionaria de apoyo -ahora coaccionada-, la de expedir el respectivo formulario para el depósito de la fianza; sin embargo, al momento de la presentación de esta acción tutelar tales actuaciones ya se encontraban cumplidas, como se tiene de la documentación descrita en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, presentadas por el propio impetrante de tutela como prueba a tiempo de interponer esta acción de defensa; por lo que, independientemente de la supuesta demora en la que hubiese incurrido la prenombrada respecto a estos trámites, no se puede asumir que sean la falta de realización de esos actuados los que estuvieren generando retraso en el libramiento del mandamiento de detención domiciliaria y porque además las mismas se concretaron en su efectivización -como se tiene referido precedentemente- antes de la interposición de esta acción de defensa.
No obstante, lo que sí resulta evidente y no puede ser soslayado por este Tribunal, es que la funcionaria coaccionada, no hubiere procedido con la prontitud debida a labrar la respectiva acta de audiencia de 11 de marzo de 2022, donde se emitió la Resolución 52/2022, provocando que hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad -18 de marzo de 2022-, esa resolución no esté glosada al expediente del proceso penal seguido por el peticionante de tutela, razón por la que la Jueza accionada mediante decreto de 17 de similar mes y año, le ordenó que subsane esa situación, para que se determine lo que corresponda sobre la pretensión del accionante de que se libre el mandamiento de detención domiciliaria, extremo que no fue negado por la indicada funcionaria, quien en su informe oral presentado en la audiencia de consideración y resolución de esta acción de defensa, indicó que la mencionada Resolución ya estaba transcrita, pero faltaba la firma del Juez titular de la causa quien la emitió, lo que permite concluir que se procedió a su transcripción luego de que esa autoridad se ausentó de sus funciones y se nombró la suplente legal, de lo contrario se encontraría firmada por el Juez titular de la causa y arrimada al expediente.
De lo descrito, se evidencia la existencia de una circunstancia omisiva de la Secretaria coaccionada de cumplir con la celeridad debida su obligación establecida en el art. 94.I.4 de la LOJ, como es la de labrar las actas de audiencia y por consiguiente la resolución dictada oralmente en esa actuación procesal, omisión e incumplimiento que generó a su vez una imposibilidad de verificación de cumplimiento de los presupuestos establecidos para el libramiento del mandamiento de detención domiciliaria en favor del impetrante de tutela, ante la presentación de documentación respectiva para el efecto, tal como estableció la Jueza accionada, en suplencia legal de su similar Primero, mediante el decreto de 17 de marzo de 2022, fecha hasta la que no estaba arrimada la Resolución 52/2022 al expediente, -y tampoco lo estaría a momento de interposición de esta acción de defensa el 18 del citado mes y año-, cuando dicha Resolución fue dictada en la audiencia de 11 de similar mes y año, habiendo transcurrido más de seis días desde esa fecha, siendo en consecuencia de aplicación lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, al encuadrarse la omisión e incumplimiento de la funcionaria de apoyo jurisdiccional -ahora coaccionada-, dentro de los supuestos expresados por la jurisprudencia cuando refiere que: “…adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos cuando: (…) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; (…) si concurren alguno de estos supuestos, los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas son agregadas); advirtiéndose en el caso, la concurrencia del segundo supuesto establecido, por haberse advertido que la coaccionada incurrió en una omisión de cumplimiento de funciones inherentes a su cargo con afectación del debido proceso e inobservado los principios de celeridad y eficiencia vinculados con la efectivización de la libertad del peticionante de tutela, bajo medidas cautelares personales; por lo que, respecto a dicha funcionaria coaccionada corresponde conceder la tutela solicitada.
Finalmente, en lo que atañe a la denuncia de infracción de los principios de transparencia, accesibilidad, inmediatez, “justicia pronta y oportuna”, e igualdad de partes, vinculados al derecho a la libertad del accionante, considerando que se está concediendo tutela únicamente respecto a la Secretaria coaccionada, no se advierte cómo dicha funcionaria hubiere inobservado y contrariado tales principios; por lo que, respecto a los mismos corresponde denegar la tutela solicitada.
Resuelta como se encuentra la problemática planteada, es preciso referirse a la actuación de la Jueza de garantías en la tramitación de la presente acción de libertad, quien tuvo acceso a los antecedentes del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela que generó la interposición de dicha acción de defensa, habiendo resuelto inclusive esa acción tutelar en base a ello, como se tiene establecido en la Resolución 05/2022 que emitió; sin embargo, no remitió la documentación pertinente respecto a la indicada causa penal y que sirvió de fundamento para la decisión asumida, omitiendo cumplir con lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece el deber de enviar los antecedentes que hubiesen sido de su conocimiento, circunstancia esta que, en otra situación fáctica hubiera implicado la necesidad de suspender plazos procesales para recabar dicha documentación, pero tal incumplimiento no repercute en el caso concreto ni en la resolución de la mencionada acción de defensa, ya que bajo los principios de economía y celeridad procesal, es que la misma se resuelve en base a la documentación aparejada por el peticionante de tutela, la verificación de antecedentes efectuada por la Jueza de garantías y lo manifestado por los sujetos procesales que corroboran los elementos fáctico procesales; sin perjuicio de ello, es evidente e innegable que la Jueza de garantías incurrió en una omisión inherente al procedimiento y trámite procesal constitucional; omisión en la cual, no debe incurrirse en lo futuro. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 22 a 25 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, únicamente en cuanto a su actuación omisiva sobre la audiencia y Resolución emitidas el 11 de marzo de 2022, por haber infringido el derecho al debido proceso e inobservado los principios de celeridad y eficiencia, vinculados con la libertad del impetrante de tutela, ordenándose a la misma que inmediatamente arrime al expediente del proceso penal seguido contra el peticionante de tutela, la Resolución 52/2022 de 11 de marzo, para que la autoridad titular de dicha causa prosiga con los trámites respectivos, siempre y cuando no lo hubiera hecho ya de forma previa a la emisión de este fallo constitucional; 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero, y los principios de transparencia, accesibilidad, inmediatez, “justicia pronta y oportuna” e igualdad de partes, conforme a los fundamentos expuestos ut supra; así como en cuanto a las demás omisiones alegadas respecto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, como se tienen explicado en los fundamentos del presente fallo constitucional; y, 3° Exhortar a Remedios Yujra Gabincha, Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0639_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3b6e6da9501ec68ed8e7e0d39a066a71a796ca9a1dcac3cd3083613759b01956
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →