Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 26 de septiembre de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación -en su afectación insuficiente, indebida y arbitraria- y congruencia -en su dimensión de incongruencia interna y externa “[c]itra petita”-; y, al acceso a la justicia, así como al principio de seguridad jurídica, en razón a que, de forma indebida: a) En la Resolución FDLP/ARVM/R-287/2022: 1) Pese a las incongruencias y falta de fundamentación contenidas en la Resolución de Rechazo de querella 147/2021, que solo hizo descripciones doctrinales de los delitos querellados, pero no señaló respecto a cada uno de los denunciados por cuál de las causales establecidas en el art. 304 del CPP se emitió la misma, estas no fueron reparadas, impidiendo igualmente aplicar con precisión lo dispuesto en la última parte del citado precepto procesal penal; 2) Aún de que denunció que, de los seis lineamientos investigativos establecidos en la Resolución FDLP/WEAL/R 973/2021 -emitida ante la objeción a un anterior rechazo-, tres no se ejecutaron; no existió respuesta ni referencia en el análisis del caso concreto, dejando en incertidumbre si de haberse realizado dichas diligencias de investigación, se habría constatado la existencia del hecho delictivo, la participación de las personas procesadas, así como su responsabilidad penal; 3) No se pronunció sobre por qué no es aplicable el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 256/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 245 a 251 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, ante la constatada vulneración a la congruencia en su dimensión externa citra petita u omisiva, o ex silentio como componente del debido proceso, conforme a los razonamientos y alcances desarrollados en la presente sentencia constitucional plurinacional;
2° Dejar sin efecto las Resoluciones FDLP/ARVM/R- 287/2022 y FDLP/ARMV/S-55/2022, ambas de 25 de enero, debiendo el Fiscal Departamental de La Paz -hoy accionado- emitir nuevos pronunciamientos, subsanando los defectos omisivos advertidos en el presente fallo constitucional;
3° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la denunciada lesión a los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación -en su quebranto por insuficiente, indebida y arbitraria- y congruencia -en su matiz de incongruencia interna-; y, al acceso a la justicia, así como al principio de seguridad jurídica, por las razones inhibitorias expuestas ut supra; y,
4° Exhortar a Blanca Isabel Alarcón Yampasi y René Oscar Delgado Ecos, Vocales; y, Patricia Yati Mita Puma, Secretaria, todos de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0638/2024-S2 Sucre, 26 de septiembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 52582-2023-106-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 256/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 245 a 251 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Víctor Orlando Quispe Aduviri contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de julio de 2022, cursante de fs. 114 a 133, el accionante manifiesta lo siguiente:
Como antecedentes refiere que, a través de Informe de acción directa de 21 de diciembre de 2020, funcionarios policiales se constituyeron en la calle Iris, número 1055 de la zona Mercedario de la ciudad de El Alto -del departamento de La Paz-, advirtiendo que, en dicho inmueble se encontraban menores de edad y extranjeros, quienes se encontraban siendo explotados laboralmente y en condiciones infrahumanas, y que dicho establecimiento estaba a cargo de Nelson Javier Condori Mamani -ahora tercero interesado-; por lo que, el Fiscal de Materia procedió a imputar al mencionado por los delitos de falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas; y, engaño en productos industriales; tercero interesado que siendo puesto a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Cuarto -de El Alto del departamento de La Paz- se le aplicaron las medidas cautelares respectivas; posteriormente, su persona como denunciante solicitó la ampliación de la investigación contra Juana Condori Mamani, Limbert Llanquichoque Condori, Ronald Edgar Mamani Achocalla, Pablo Reynaldo Quispe Callisaya, Ariel José Quispe Tola, René Ramos Mamani, Boriz Ángel Conde Quispe, Nelson José Torrez Barrón y Felipe Condori Castañeta -hoy terceros interesados-, por los mismos ilícitos penales.
Refiere que, no obstante las pruebas aportadas, la representación fiscal emitió la Resolución de Rechazo 10/2021 de 5 de abril, con los siguientes criterios: “…El Acuerdo de Cartagena emitido por la Comunidad Andina de Naciones-CAN, del cual es parte el Estado boliviano, reguló el régimen sobre Derechos de autor y Derechos conexos en su Artículo 154 donde se estableció que ‘el derecho exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente’, lo que implicaría que en el sistema boliviano los derechos son exclusivos una vez que se encuentran registrados en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), no pudiendo recaer la protección cuando la solicitud de registro se encuentre en trámite o la misma se encuentra en oposición frente a otras marcas” (sic); y, que, no habría demostrado con elementos suficientes y necesarios la autoría de los delitos denunciados; contra tal determinación por memorial de 15 de abril de 2021 interpuso objeción en la que, indicó que, no se consignó a Felipe Condori Castañeta -ahora tercero interesado-, ocasionando que el mencionado sea favorecido; que la fundamentación fue errónea toda vez que, la protección de los derechos de autor se rige por el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), que en su Capítulo 7 establece la Prelación y Reivindicación de Prioridad; y, que el citado Fiscal de Materia se basó en el referido Acuerdo de Cartagena, obviando la Ley de Derechos de Autor -boliviana- también remarcó que, la petición para el registro de marca fue realizada el 13 de mayo de 2019, que de los treinta y cinco elementos colectados ninguno fue fundamentado de manera adecuada en dicha Resolución; que los sindicados eran dependientes de su persona y con pleno conocimiento de que la actividad que realizaban era ilegal continuaron con la misma; y, oponiéndose a las conclusiones, remarcó el hecho de que no existe ningún óbice u obstáculo legal para la continuación del proceso -penal-, pidiendo se revoque dicha Resolución de Rechazo.
Señala que, es importante que se tome en cuenta que el SENAPI incurrió en un grave error que le causó perjuicio; en razón a que, la Resolución Administrativa (RA) 204/2020 de 30 de noviembre, estableció: “SEGUNDO.- CONCEDER, la solicitud de la marca ‘PREFORTE PRETENSADOS Y HORMIGONES S.A. (...) a nombre de VICTOR ORLANDO QUISPE ADUVIRI” (sic); lo que, se constituye en un error al ser su marca “…ADHERE FORTE A CEMENTO COLA AF QUIMINDIBERO…” (sic); por ello, presentó memorial el 10 de febrero de 2021, explicando esta confusión, que no debería causarle ningún perjuicio, pero sí lo hizo, debido a que la parte contraria argumentó, debido a este error, que el trámite respecto a la protección de su marca estaría inconcluso; cuando la indicada institución por Auto de 12 de febrero de 2021, procedió a realizar la corrección respectiva.
Continua refiriendo, que ante esa objeción que formuló se emitió Resolución FDLP/WEAL/R 973/2021 -de 21 de julio- por la que, se indicó que, la conducta ilícita empleada con relación a la elaboración del producto ‘“Cemento Cola”’ bajo el denominativo “…DURA FORTE o ULTRA FORTE…” (sic), así como sus envolturas, llevan a la confusión con el producto “ADHERE FORTE” por sus similitudes; por lo que, existiría conexión competitiva de estos productos; hecho que debería ser esclarecido, ya que su marca está constituida legalmente ante la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA), además de tener el registro correspondiente ante el SENAPI, mencionado en sus fundamentos que no advertía que las marcas “…DURA FORTE o ULTRA FORTE…” (sic), se encontrasen legalmente constituidas, si su producción o distribución estarían dentro del marco legal, pero ello también debería ser investigado para llegar a la verdad material; que de los indicios colectados se infiere que no se propusieron ni materializaron actos investigativos conducentes a la averiguación de los hechos denunciados, estableciendo de esta manera, la ausencia de actos de investigación; sin considerar que esta situación era de entera responsabilidad de la Dirección Funcional de la Investigación y que los mismos deberían ser subsanados a través de una prolija investigación, y, que si bien, el Fiscal de Materia a cargo de la investigación, expidió requerimientos fiscales dirigidos a diferentes instituciones, estos no fueron conducentes al esclarecimiento del hecho denunciado, disponiendo la realización de seis actos investigativos para llegar a la verdad material del hecho denunciado, tales como: a) Recepcionar la declaración informativa ampliatoria de su persona, con la finalidad de recabar más información en cuanto al hecho denunciado y la afectación que le produjo; b) Inspección técnica ocular advirtiendo las medidas de bioseguridad y que debía realizarse en las oficinas del SENAPI, para consultar el estado del trámite para el registro de su marca, que iba a tener la finalidad de verificar si los denunciados tendrían una marca inscrita en dicha institución; c) Requerimiento Fiscal al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a efectos de que informe con referencia al “...valor del impuesto agregado e Impuesto de utilidades de las empresas...” (sic), presentados desde el registro del contribuyente Empresa Química Industrial Iberoamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) representada por su persona, ello, con el propósito de cuantificar el monto con el que fue perjudicado por la venta del producto imitado, pues los denunciados trabajaron con la marca más de dos años; d) Requerimiento Fiscal a FUNDEMPRESA, sobre la existencia de la inscripción o registro por parte de la razón social “…ULTRA FORTE o DURA FORTE…” (sic); e) Requerimiento Fiscal al SENAPI sobre la existencia de inscripción o registro por parte de la indicada razón social u otro denominativo registrado a nombre de Juana Condori Mamani, Nelson Javier Condori Mamani y Edwin Condori Mamani; y, f) Requerimiento Fiscal a la antes mencionada Empresa, con la finalidad de que informe si Limbert Llanquichoque -Condori- y Ronald -Edgar- Mamani Achocalla fueron parte de la misma, la fecha de su ingreso, retiro, cargo y funciones que desempeñaron. Al respecto, enfatiza que, solo se cumplieron los actos investigativos contenidos en los incisos d), e) y f), sin que los demás sean considerados por Reynaldo Chambi Gutiérrez, Fiscal de Materia a cargo de la investigación ni en las -ahora impugnadas- Resoluciones FDLP/ARMV/R- 287/2022 y FDLP/ARVM/S- 55/2022 -ambas de 25 de enero-, en las que no se justificó de forma alguna cómo y bajo qué fundamento los actos pendientes de realizarse, ya no ameritaban ejecutarse.
Sostiene que, a raíz de lo resuelto en la Resolución FDLP/WEAL/R 973/2021, el antes mencionado Fiscal de Materia emitió las Resoluciones de Rechazo de querella 147/2021 de 14 de octubre; y, 169/2021 -de 16 de noviembre- de sobreseimiento, ante ello, en la objeción que formuló sobre el determinado rechazo concluyó que: no se tiene demostrado que los sindicados hubieran adecuado su conducta a los ilícitos investigados; y, que la competencia para establecer la titularidad de la marca aún se encontraría vigente, su persona expresó que, contiene incongruencias y falta de fundamentación que tampoco fueron reparadas en la Resolución FDLP/ARVM/R- 287/2022 -ahora impugnada-; puesto que, como se advierte de su lectura, solo hizo descripciones doctrinales de los delitos querellados, pero no señaló en el desarrollo de los mismos y respecto a cada uno de los denunciados, por cuál de las causales establecidas en el art. 304 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se emitió el rechazo, lo que constituye en falta de fundamentación al no expresar con precisión cuál sería la norma aplicable al caso, tal es así que la referida Resolución de Rechazo en el punto PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES, estableció que se emite en aplicación del precitado precepto procesal en sus incisos 3) y 4); sin embargo, en el POR TANTO señaló que, se fundaría en lo dispuesto en el inciso 1), es decir, sin especificar en cuál de las tres modalidades -causales- se adecuaría el rechazo; extremos que denotan con claridad que la Resolución de rechazo de querella 147/2021, es carente de la debida fundamentación, además de tener incongruencia interna; ante cuyas falencias, interpuso objeción con base a los siguientes agravios, que no merecieron pronunciamiento alguno o se resolvieron de manera infundada, sin motivación ni congruencia en la Resolución Jerárquica FDLP/ARVM/R- 287/2022:
1) Denunció que de los seis lineamientos establecidos en la Resolución FDLP/WEAL/R 973/2021, tres no se ejecutaron, concretamente la inspección ocular y el requerimiento al SIN; al respecto, en la indicada Resolución Jerárquica no existe respuesta, porque si bien se mencionó ello en el punto II.2; sin embargo, en el punto II.4 del análisis del caso concreto, no hay referencia alguna ni pronunciamiento sobre ese agravio, lo cual tiene relevancia constitucional, pues al omitir pronunciamiento sobre el mismo, deja en incertidumbre si de haberse realizado las diligencias de investigación que fueron ordenadas con anterioridad, se habría constatado tanto la existencia del hecho delictivo, la participación de las personas procesadas así como su responsabilidad penal;
2) Argumentó que, no era correcto obviar o no aplicar el derecho de autor, ya que el art. 2 de la Ley de Derecho de Autor -Ley 1322 de 13 de abril de 1992-, establece: ‘“El derecho de autor nace con la creación de la obra sin que sea necesario su registro y depósito”’ (sic), lo que implica que, desde que puso en el mercado el producto que es de su creación “Cemento Cola Adhere Forte…” (sic), su nombre y marca estarían protegidos, lo que, concuerda con el registro realizado en FUNDEMPRESA y el SIN, lo que fue debidamente acreditado.
Sobre este punto, la Resolución Jerárquica FDLP/ARVM/R- 287/2022, si bien consignó el planteamiento del referido agravio, en el análisis del caso, tampoco se pronunció sobre por qué no es aplicable el art. 2 de la Ley 1322 y en los términos que planteó, sino que, en una actitud evasiva, se remitió a un Informe evacuado por el Director del Derecho de Autor y Derechos conexos del SENAPI, indicando que, el trámite de registro de su marca estaría siendo conocido por la Dirección de Propiedad Intelectual, y que por tanto, al no tramitarse el registro de la misma en la referida Dirección del Derecho de Autor y sí en la de Propiedad Intelectual ‘“mal podría manifestarse que los sindicados afectaron algún derecho intelectual del querellante”’ (sic); afirmación que es absurda y con motivación arbitraria, toda vez que, efectuó una simple deducción con argumentos retóricos y evasivos a partir de dónde se realizó su trámite de registro de marca para determinar si hay o no la comisión de delitos; además que, “...es hasta risible, pues estando mi marca tramitada en su registro, la Dirección de Propiedad Intelectual, indica que no se afectó ningún derecho ‘intelectual’ de mi persona como querellante...” (sic), debiéndose mencionar que, su marca involucra desde el diseño de las letras, colores y formas, que evidentemente son un diseño artístico, situación que no fue referida en absoluto ni tampoco sobre los derechos conexos, limitándose a indicar que, para tratarse de derechos de autor necesariamente debe versar sobre una obra literaria, artística, musical, científica, televisiva o cinematográfica, soslayando fundamentar sobre el derecho marcario, cuando no se puede afirmar que una marca, con todos los elementos mencionados, no es una obra del ingenio de carácter original, lo que decanta además en una motivación arbitraria, pues se centra en argumentos retóricos y no explicó por qué una marca no puede ser un bien jurídico objeto de protección para la Ley penal en el ilícito de delitos contra la propiedad intelectual; y, se eludió mencionar el art. 3 de la “…LEY GENERAL SOBRE MARCAS Y REGISTROS INDUSTRIALES…” (sic), de 15 de enero de 1918, que prevé: “(...) no podrán usarse como marcas las que ofrezcan parecido con marcas anteriormente registrados, induciendo a confusión. Las simples variaciones de leras o detalles, conservando la semejanza del conjunto, quedan incluidas en esta prohibición” (sic);
3) Como agravio mencionó que, el 13 de mayo de 2019 hizo la solicitud de inscripción de Registro de marca en el SENAPI, lo que derivó en que mediante RA 204/2020 se le conceda ese derecho; y, el 12 de febrero de 2021 dispuso el registro de la marca “…ADHERE FORTE A CEMENTO COLA AF QUIMINDIBERO S.A…” (sic), a favor de su persona, ratificada por RA DPI/OPO/REV 044/2021 -no cita fecha-, existiendo prelación respecto a la protección de su derecho ante terceros, ya que nadie registró su petición de registro de marca antes del 13 de mayo de 2019.
Este punto fue totalmente omitido en el fallo jerárquico -cuestionado-, ya que ni siquiera se lo mencionó como elemento de agravio; lo cual tiene relevancia constitucional puesto que, de haberse considerado la prelación del registro de su marca ante terceros, como indicó el informe señalado del SENAPI, que concedió el derecho sobre su marca, a través de la referida RA 204/2020, resultaría que en efecto el ilícito -penal- se cometió, puesto que, desde la creación la marca nació el derecho intelectual sobre ella y por lógica consecuencia estaría dentro del ámbito de protección y de sanción del tipo penal de delitos contra la propiedad intelectual.
4) Un aspecto importante que hizo hincapié en el memorial de objeción, es que, el Fiscal de Materia antes de emitir la Resolución de Rechazo, debía pedir a la Investigadora asignada al caso que eleve el informe conclusivo de la fase preliminar correspondiente, pero al contrario desconoció el Informe emitido por el indicado funcionario policial de 17 de septiembre de 2021 por intermedio del Jefe de la División Económico Financiero de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), que señaló la probabilidad de participación y autoría en el presunto delito de falsificación y aplicación de marcas y contraseñas, fraude comercial y engaño en productos comerciales de Juana Condori Mamani, Limbert Llanquichoque -Condori- y Ronald -Edgar- Mamani Achocalla -ahora terceros interesados-.
Al respecto, si bien el fallo jerárquico consignó en la relación de antecedentes que formuló ese agravio, en el análisis del caso concreto no fue resuelto; y, a contrario, no consideró que, en la prueba aportada (fotografía del producto original y el imitado) las similitudes entre ambas bolsas eran “mínimas”; sin embargo, no indicó sobre la base de qué elementos señaló que las diferencias son notorias o en qué radica dicha distinción entre ambas, sobre el particular, es necesario mencionar el art. 193 del Código Penal (CP).
Así tampoco, se pronunció sobre la utilización ilegal del “QR” encontrado en las bolsas, tal como estableció el antes referido Informe de 17 de septiembre de 2021; no obstante, no motivó por qué no consideró ni le asignó estimación alguna al elemento del “QR”, pese a mencionarlo.
5) Objetó que, el Fiscal de Materia ignoró el Informe asignado como NI/SNP/DGE/DPI/ASD 0964/2021 SNP/2021-08168 de 14 de septiembre, en el que claramente se evidencia la comisión del hecho delictivo; también manifestó que, las Empresas DURA FORTE y ULTRA FORTE no están registradas “...y que, peor aún Juana Condori sería la titular” (sic); y, que su Empresa QUÍMICA INDUSTRIAL IBEROAMERICANA S.R.L., cuenta con razón social.
No obstante, la Resolución Jerárquica cuestionada obvió dicho agravio al no pronunciarse positiva ni negativamente sobre el mismo, consistente en las groseras omisiones del Fiscal de Materia a momento de valorar los hechos y determinar que no correspondía proseguir con la investigación.
6) El rechazo se produjo en virtud al art. 304 del CPP, pero sobre cada una de situaciones -causales- no hubo fundamentación motivada, haciendo más énfasis en los delitos contra la propiedad intelectual, pero los denunciados también cometieron otros ilícitos -penales- por lo que se amplió la investigación.
7) Como último argumento de la objeción al rechazo, manifestó que, la comercialización de los productos denominados “…ULTRA FORTE y DURA FORTE…” (sic), fueron puestos en el mercado de manera pública, engañando al público consumidor como si fuesen de su marca “ADHERE FORTE”, lo que se evidencia a simple vista observando ambas envolturas, además de haberse presentado fotografías de ello; sin embargo, en cuanto al -a la presunta comisión del- delito de fraude comercial, el fallo fiscal jerárquico, carece de sustento o debida fundamentación , toda vez que, existe similitud entre las bolsas utilizadas por los denunciados y aquellas que son de sus productos, generando la adecuación al tipo penal al estarse engañando al comprador, debiéndose considerar el art. 235 del “CPP” -lo correcto es CP-; por lo que, el engaño radica en la visible semejanza de ambas bolsas, lo que deriva en que el comprador se confunda y crea que está adquiriendo su producto, que goza de prestigio y confianza.
Resalta que, todos estos extremos impiden saber cuál de los incisos del art. 304 del CPP, son la base de la indicada Resolución de Rechazo; circunstancia que no fue subsanada en instancia jerárquica, que no permite igualmente aplicar con precisión lo dispuesto en la última parte del citado precepto procesal penal, todo lo que, se traduce en la emisión de una resolución de Rechazo y Jerárquica carentes de fundamentación, motivación y congruencia externa e interna, con inobservancia de las reglas previstas en la ley; lo cual, no le permite tener acceso a la justicia.
Por otra parte, el Fiscal de Materia dictó Resolución de Sobreseimiento 169/2021 -de 16 de noviembre-, que básicamente replicó párrafos íntegros de la antes objetada Resolución de Rechazo “287/2021”; razón por la que, presentó la impugnación correspondiente, bajo la siguiente exposición de agravios, que de igual manera fueron resueltos con arbitrariedad:
Manifestó que el hecho está sustentado en el art. 2 de la Ley 1322, impugnando la ausencia de aplicación del derecho de autor por parte del referido Fiscal de Materia; que es el tronco del derecho a la propiedad intelectual y precisamente todo lo que se está investigando se subsume a ese precepto legal, punto sobre el cual argumentó que, dicho derecho de autor nace con la creación de la obra “ADHERE FORTE Cemento Cola” (sic), no siendo necesario su registro, depósito ni ninguna otra formalidad, para obtener la protección reconocida por la citada Ley, lo que significa que, desde que puso en el mercado el producto que es de su creación, el mismo está protegido, aspectos demostrados con el registro FUNDEMPRESA y SIN, lo que fue debidamente acreditado con documentales obtenidas mediante requerimiento fiscal -no señala data-, también indicó que, 13 de mayo de 2019 hizo la solicitud de inscripción de registro de marca en el SENAPI, existiendo prelación ante terceros, derivando en la RA 204/2020, ratificada mediante Resolución de 12 de febrero de 2021, lo que fue nuevamente ratificado por RA DPI/OPO/REV 044/2021, que le concedieron ese derecho; sin embargo, la Resolución FDLP/ARVM/S- 55/2022, no dio explicación sobre la no aplicación de la Ley de Derecho de Autor, limitándose a copiar el Informe del SENAPI.
Refiere que, sobre el otro agravio que manifestó en el memorial de impugnación al sobreseimiento, que consistió en la prelación, el desconocimiento del art. 35 del Capítulo VII del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI y que el Fiscal de Materia interpretó solamente el art. 154 de la “Decisión Andina” y no aplicó el art. 140 “de la ley antes citada...” (sic); el fallo jerárquico no emitió pronunciamiento alguno, sin que exponga las razones que sustenta esta omisión. También, expuso como agravio que hubo desconocimiento total del Informe de 17 de septiembre de 2021, que emitió la Investigadora asignada al caso; y, que ‘“...existían actos pendientes a resolverse por la autoridad jerárquica en cuanto a la ampliación por otros delitos que constituyen el principal de esta objeción...” (sic), respecto a lo que, no se emitió pronunciamiento alguno.
Respecto a la fundamentación de la Resolución de Sobreseimiento -169/2021-contenida en los puntos cuarto y sexto, que fue impugnada, tampoco se emitió ningún pronunciamiento ni razones de esa omisión.
El impetrante de tutela alega la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación -en su afectación insuficiente, indebida y arbitraria- y congruencia -en la dimensión de incongruencia interna y externa “[c]itra petita”-; y, al acceso a la justicia, así como al principio de seguridad jurídica, sin efectuar cita constitucional y/o convencional que los contengan.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Resolución FDLP/ARVM/S- 55/2022, que resolvió la impugnación al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento; y, la Resolución FDLP/ARVM/R-287/2022, que resolvió a la Resolución de Rechazo -de querella-; ordenando que la autoridad fiscal accionada dicte “una nueva Resolución”, debidamente motivada, fundamentada y congruente.
Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 240 a 244 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de defensa.
Ante la pregunta efectuada por la Vocal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto a que se habría planteado -por los ahora terceros interesados- oposición al registro -de marca-efectuada por el impetrante de tutela y que incluso estuviera pendiente un recurso de revocatoria, el abogado del nombrado señaló que, en audiencia de garantías no se están dilucidando los elementos que atañen al proceso penal o el referente a la propiedad intelectual en el SENAPI, sino lo que se pretende es determinar si hubo o no congruencia en las Resoluciones Jerárquicas cuestionadas o si están fundamentadas o no; empero, que la oposición fue dilucidada y esos elementos serán valorados en la causa penal de origen o dentro del proceso que se está suscitando en el SENAPI.
William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 139 a 140 vta., señaló que: i) Se debe considerar la SC 0685/2006-R de 17 de julio; ii) Respecto a que se transgredió el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia en la emisión de las Resoluciones Jerárquicas FDLP/ARVM/R- 287/2022 y FDLP/ARVM/S- 55/2022, el accionante no determinó de manera coherente la supuesta vulneración al mismo; iii) Las señaladas Resoluciones Jerárquicas fueron emitidas en cumplimiento a lo establecido en los arts. 305 y 324 del CPP (modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173 -de 3 de mayo de 2019-), habiendo considerado las Resoluciones inferiores, la objeción e impugnación contra las mismas, pero sobretodo los antecedentes del cuaderno de investigación; iv) Con relación a que no se habría realizado la inspección técnica ocular, así como que tampoco se habría diligenciado el requerimiento -fiscal-dirigido al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el impetrante de tutela se limitó a señalar que, faltan efectuar dichos actuados investigativos; empero, no especificó cómo es que estos podían llegar a dilucidar el hecho denunciado, además en la investigación se realizó la audiencia de inspección técnica ocular en el lugar que se hubiese cometido el mismo; v) En cuanto a que no se valoró el Informe Conclusivo emitido por la Investigadora asignada al caso, se debe tomar en cuenta que, para la emisión de las Resoluciones Jerárquicas -cuestionadas- se consideraron cada uno de los antecedentes y elementos materiales cursantes en el cuaderno de investigación, conforme el art. 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, lo que conllevó a ratificar la Resolución de Rechazo y el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de referencia, estableciendo los motivos y razones suficientes por las cuales se tomaron esas decisiones; por lo que, cuentan con el debido proceso; vi) La solicitud efectuada por el peticionante de tutela, carece de argumento efectivo a ser considerado y no cumplió con los requisitos mínimos requeridos por la jurisprudencia constitucional; vii) No se advierte la vulneración a los derechos invocados; más aún, cuando se basó la acción tutelar en aspectos forzados que no condijeron con el fondo de la investigación; viii) Impetró que se omitan argumentaciones fácticas adicionales a las expuestas en el memorial de la presente acción de defensa, así como se desestime cualquier ampliación o complementación de vulneración de derechos y garantías constitucionales; toda vez que, un razonamiento contrario implicaría la inestabilidad del derecho a la defensa y transgresión al principio de igualdad de las partes, como estableció la SC 0348/2011-R de 7 de abril; y, ix) Solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Nelson Javier Condori Mamani y Juana Condori Mamami, apersonándose, así como adjuntando documentación por memoriales cursantes a fs. 143 y vta. y 204 a 209 vta.; y, a través de su abogada en audiencia de garantías, manifestaron que: a) La presente acción de defensa carece de fundamentación fáctica y jurídica; b) El accionante no demostró a qué prueba idónea se refiere y que hubiera efectuado un cambio en la conclusión tanto de rechazo como de sobreseimiento; c) En las Resoluciones Jerárquicas cuestionadas la prueba fue valorada, fundamentada y analizada, d) Conforme a la certificación emitida por el abogado del SENAPI, de 18 de enero de 2021, se tiene que la solicitud de registro de marca del ahora impetrante de tutela se encontraba en proceso de oposición; por tanto, pendiente de agotamiento en la vía administrativa, aspecto que fue tomado en cuenta por el Ministerio Público; e) La certificación de 25 de enero de 2021, estableció claramente que la solicitud de signo distintivo “…ADHERE FORTE A CEMENTO COLA…” (sic), se la realizó en protección de colores en escala de grises y no como “…ADHERE FORTE Y ULTRA FORTE…” (sic), que ha estado utilizando colores diferentes como el amarillo y verde, respecto a los que no se solicitó el uso exclusivo, siendo falso lo señalado por el peticionante de tutela; f) Se tienen Informes de 27 de enero de 2021; -NI/SNP/DGE/DPI/AMSD- 0027/2021 de 4 de marzo; -INF/SNP/DGE/DPI- 0226/2021 de 6 de abril; “007/2021” de 23 de abril; 0094-2021 de 2 de julio; -NI/SNP/DGE/DPI/ASD- 0104/2021 de 5 agosto; y, -NI/SNP/DGE/DPI/ASD- 0964/2021 SNP/2021-08168 de 14 de septiembre; también formulario de solicitud de registro del ahora accionante, que contraponen lo afirmado por el nombrado dentro de esta acción tutelar; por lo que, la Resolución Jerárquica cuestionada que confirmó el sobreseimiento se enmarcó en la SCP 0648/2018-S2 de 15 de octubre; g) En cuanto a la Resolución Jerárquica que confirmó la Resolución de Rechazo de Querella 147/2021, se consideraron los Informes -INF/SNP/DGE/DADC- 0057/2021 de 5 de agosto y -NI/SNP/DGE/DPI/ASD- 0964/2021 SNP/2021-08168; h) El hoy impetrante de tutela dentro del proceso penal no cumplió con el Auto Supremo (AS) 184/2016 de 8 de marzo; i) El peticionante de tutela no señaló con claridad en qué consiste la congruencia interna y externa, que además fue cumplida en los fallos fiscales cuestionados; y, j) Solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Felipe Condori Castañeta, apersonándose mediante escrito cursante a fs. 159; y, por intermedio de su abogado en audiencia de garantías, señaló que: 1) Tiene discapacidad visual del 46%; 2) Fue quien primero denunció el hecho que fue investigado; 3) No se llegó a demostrar que el ahora accionante habría establecido la identidad que reclama; 4) El Ministerio Público actuó bajo el principio de objetividad, por lo que no vulneró ningún derecho ni garantía constitucional del nombrado; y, 5) Impetró se deniegue la tutela solicitada.
Ronald Edgar Mamani Achocalla, René Ramos Mamani, Ariel José Quispe Tola, Pablo Reynaldo Quispe Callisaya, Limbert Llanquichoque Condori, Nelson José Torrez Barrón y Boriz Ángel Conde Quispe, no presentaron memorial alguno ni asistieron a la audiencia de garantías pese a sus notificaciones cursantes a fs. 214, 221, 223; y, 234 a 239.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 256/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 245 a 251 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Contra las Resoluciones Jerárquicas cuestionadas no existe otro medio o recurso de impugnación; por lo que, se abre la vía constitucional, que fue interpuesta dentro del plazo establecido en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE); ii) La Resolución FDLP/ARMV/R-287/2022 cumple con la estructura necesaria, toda vez que hizo una relación de los antecedentes del hecho investigado, estableció los fundamentos jurídicos que la sostienen, los de la Resolución de Rechazo, la objeción a la misma y en el punto II.4 análisis del caso y “III” -siendo lo correcto II-.5 realizó las conclusiones, efectuando el desarrollo con relación a los tipos penales investigados relacionados con el fraude comercial, engaño en productos comercial y contra la propiedad intelectual, haciendo el examen de los informes emitidos por el SENAPI, fotografías y otras documentaciones como certificaciones, la última referente a la Certificación 0122-2021 -no cita fecha- emitida por la Directora de Propiedad Intelectual del SENAPI; conforme a lo cual, advirtió que los sindicados -hoy terceros interesados- no hubieran incurrido en el delito de fraude comercial con relación al supuesto taller clandestino y considerar que de acuerdo a los antecedentes de la investigación los mismos trabajan con el ahora accionante, de esta manera efectuó la relación de los hechos que fueron debidamente analizados; por lo que, cumplió con la motivación y fundamentación; iii) En cuanto a la Resolución FDLP/ARMV/S- 55/2022, también observó la estructura de forma al señalar los antecedentes de relevancia jurídica del hecho investigado, la Resolución de Imputación Formal, fundamentos jurídicos de la Resolución del Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento e impugnación al mismo, para en el acápite II.3 Análisis del Caso Concreto hacer una relación de los fundamentos y en el punto 2 referirse a los tipos penales que fueron denunciados y los elementos probatorios; iv) Sobre la posibilidad de revisar la falta de motivación reclamada, el accionante no señaló ni efectuó contraste con los agravios que hubiera planteado y que no hubiesen sido debidamente resueltos; por tanto, se considera que, se hubiese cumplido en ambas Resoluciones Jerárquicas con la debida fundamentación, motivación y congruencia; y, con relación a la incidencia constitucional tampoco explicó cuál sería esta, en caso de dejar sin efecto tales decisiones y la autoridad fiscal accionada pueda asumir otra determinación, cuando en forma clara y concreta se señaló la aplicación de la norma específica del art. 147 de la -Decisión 486 de la Comunidad Andina (CAN) de 14 de septiembre de 2000-; y, v) El peticionante de tutela observó la falta de congruencia externa e interna; sin embargo, no estableció qué se hubiese incumplido, cuando conforme a la SCP 1083/2014 de 10 de junio, se advierte que en las precitadas Resoluciones Jerárquicas no se incurrió en incongruencia.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de Víctor Orlando Quispe Aduviri -hoy accionante- contra Nelson Javier Condori Mamani, Juana Condori Mamani, Limbert Llanquichoque Condori, Ronald Edgar Mamani Achocalla, Pablo Reynaldo Quispe Callisaya, Ariel José Quispe Tola, René Ramos Mamani, Boriz Ángel Conde Quispe, Nelson José Torrez Barrón y Felipe Condori Castañeta -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión de los delitos de falsificación, aplicación indebida de marcas y contraseñas y otros, por Resolución de Rechazo de Querella 147/2021 de 14 de octubre, Reynaldo Chambi Gutiérrez, Fiscal de Materia, dispuso rechazar la querella “... A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:
CONDORI MAMANI, LIMBERT LLANQUICHOQUE 1. JUANA CONDORI, RONALD EDGAR MAMANI ACHOCALLA, POR EL DELITO DE FALSIFICACION Y APLICACIÓN INDEBIDA DE MARCAS Y CONTRASEÑAS, ART. 193 DEL CODIGO PENAL, FRAUDE COMERCIAL, ART. 235 DEL CODIGO PENAL, ENGAÑO EN PRODUCTOS INDUSTRIALES, ART. 236 Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL ART. 262 CODIGO PENAL. 2. PABLO REYNALDO QUISPE CALLISAYA, ARIEL JOSE QUISPE
TOLA, RENÉ RAMOS MAMANI, BORIZ ANGEL CONDE QUISPE y NELSON JOSE TORREZ BARRON por el delito de FALSIFICACION Y APLICACIÓN INDEBIDA DE MARCAS Y CONTRASEÑAS Y ENGAÑO EN PRODUCTOS INDUSTRIALES, PREVISTO EN EL ART. 193 Y 236 DEL CODIGO PENAL. 3. NELSON JAVIER CONDORI MAMANI, por el delito de FRAUDE
COMERCIAL, ART. 235 CODIGO PENAL Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL ART. 362 DEL CODIGO PENAL” (sic [fs. 53 a 61]); determinación ante la cual, por memorial presentado el 27 de octubre de 2021, el prenombrado querellante formuló objeción (fs. 62 a 73); siendo resuelta a través de Resolución FDLP/ARVM/R- 287/2022 de 25 de enero, emitida por Aly Rosario Venegas Miranda, entonces Fiscal Departamental de La Paz, en suplencia legal, que en lo central, ratificó dicha decisión fiscal objetada (fs. 74 a 82).
II.2. Mediante Resolución de Sobreseimiento 169/2021 de 16 de noviembre, el antes referido Fiscal de Materia resolvió: “DECRETA el SOBRESEIMIENTO de los imputados:
1) NELSON JAVIER CONDORI MAMANI, por el delito de FALSIFICACION Y APLICACIÓN INDEBIDA DE MARCAS Y CONTRASEÑAS, Art. 193 del Código Penal y ENGAÑO EN PRODUCTOS INDUSTRIALES, previsto en el Art. 236 del Código Penal. 2) FELIPE CONDORI CASTAÑETA, por el delito de ENCUBRIMIENTO, ART.
171 DEL CODIGO PENAL, EN RELACION A LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, ENGAÑO EN PRODUCTOS INDUSTRIALES, FALSIFCACION Y APLICACIÓN INDEBIDA DE MARCAS Y CONTRASEÑAS, Y FRAUDE COMERCIAL, previsto en el Art. 362, 236, 235 y 193 del CODIGO PENAL, respectivamente” (sic [fs. 83 a 90 vta.]). Resolución que fue impugnada por el hoy peticionante de tutela (fs. 91 a 99); siendo resuelta por Resolución FDLP/ARVM/S- 55/2022 de 25 de enero, por la antes referida Fiscal Departamental, actuando en suplencia legal, determinando, en lo central, ratificarla (fs. 101 a 112).
El accionante denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación -en su afectación insuficiente, indebida y arbitraria- y congruencia -en su dimensión de incongruencia interna y externa “[c]itra petita”-; y, al acceso a la justicia, así como al principio de seguridad jurídica, en razón a que, de forma indebida: a) En la Resolución FDLP/ARVM/R-287/2022: 1) Pese a las incongruencias y falta de fundamentación contenidas en la Resolución de Rechazo de querella 147/2021, que solo hizo descripciones doctrinales de los delitos querellados, pero no señaló respecto a cada uno de los denunciados por cuál de las causales establecidas en el art. 304 del CPP se emitió la misma, estas no fueron reparadas, impidiendo igualmente aplicar con precisión lo dispuesto en la última parte del citado precepto procesal penal; 2) Aún de que denunció que, de los seis lineamientos investigativos establecidos en la Resolución FDLP/WEAL/R 973/2021 -emitida ante la objeción a un anterior rechazo-, tres no se ejecutaron; no existió respuesta ni referencia en el análisis del caso concreto, dejando en incertidumbre si de haberse realizado dichas diligencias de investigación, se habría constatado la existencia del hecho delictivo, la participación de las personas procesadas, así como su responsabilidad penal; 3) No se pronunció sobre por qué no es aplicable el art. 2 de la Ley 1322, sino que en una actitud evasiva, se remitió a un Informe emitido por el Director del Derecho de Autor y Derechos conexos del SENAPI, para efectuar una afirmación que es absurda al realizar una simple deducción con argumentos retóricos y evasivos a partir de dónde se realizó su trámite de registro de marca para determinar si hay o no la comisión de delitos, cuando además su marca involucra desde el diseño de las letras, colores y formas, que evidentemente son un diseño artístico, situación que no fue referida en absoluto ni tampoco sobre los derechos conexos, limitándose a indicar que, para tratarse de derechos de autor necesariamente debe versar sobre una obra literaria, artística, musical, científica, televisiva o cinematográfica, soslayando fundamentar sobre el derecho marcario, cuando no se puede afirmar que una marca, con todos los elementos mencionados, no es una obra del ingenio de carácter original, a más de centrarse en argumentos que no explicaron por qué una marca no puede ser un bien jurídico objeto de protección para la Ley penal en el ilícito de delitos contra la propiedad intelectual; y, eludió mencionar el art. 3 de la “…LEY GENERAL SOBRE MARCAS Y REGISTROS INDUSTRIALES…” (sic); 4) Omitió considerar el agravio referido a que el 13 de mayo de 2019 efectuó la solicitud de inscripción de Registro de marca en el SENAPI, lo que derivó en que mediante RA 204/2020 se le conceda ese derecho; y, el 12 de febrero de 2021 dispuso el registro de la marca “…ADHERE FORTE A CEMENTO COLA AF QUIMINDIBERO S.A…” (sic), a favor de su persona, ratificada por RA DPI/OPO/REV 044/2021 -no cita fecha-, existiendo prelación ante terceros; 5) No resolvió el agravio en el que hizo hincapié en que antes de emitirse la Resolución de Rechazo debía pedirse a la Investigadora asignada al caso eleve el informe conclusivo de la fase preliminar; contrariamente, tampoco consideró que en la prueba aportada consistente en la fotografía del producto original y el imitado existían similitudes ni indicó sobre la base de qué elementos señaló que las diferencias son notorias o en qué radica dicha distinción entre ambas, considerando el art. 193 del CP; tampoco, se pronunció sobre la utilización ilegal del “QR” encontrado, tal como estableció el Informe -investigativo policial-de 17 de septiembre de 2021, ni motivó por qué no consideró ni le asignó estimación alguna a ese elemento; 6) No se pronunció positiva ni negativamente sobre las groseras omisiones del Fiscal de Materia a momento de valorar los hechos y pruebas tal como el Informe NI/SNP/DGE/DPI/ASD 0964/2021 SNP/2021-08168 que evidencia la comisión del hecho delictivo, y que las Empresas “DURA FORTE y ULTRA FORTE…” (sic), no están registradas y su Empresa QUIMICA INDUSTRIAL IBEROAMERICANA S.R.L., cuenta con razón social; y, 7) No consideró que, la comercialización de los productos denominados “…ULTRA FORTE y DURA FORTE…” (sic), fueron puestos en el mercado de manera pública, engañando al consumidor como si fuesen de su marca “ADHERE FORTE”; y, b) Ante la Resolución de Sobreseimiento 169/2021 que replicó párrafos íntegros de la mencionada Resolución de Rechazo, presentó la impugnación correspondiente, exponiendo agravios, que de igual manera fueron resueltos con arbitrariedad en la Resolución FDLP/ARMV/S- 55/2022, por cuanto: i) Manifestó que el hecho está sustentado en el art. 2 de la Ley 1322, impugnando la ausencia de aplicación del derecho de autor por parte del Fiscal de Materia; que es el tronco del derecho a la propiedad intelectual y precisamente todo lo que se está investigando se subsume a ese precepto legal, cuyo derecho nace con la creación de la marca “ADHERE FORTE Cemento Cola” (sic), no siendo necesario su registro, depósito ni ninguna otra formalidad, para obtener la protección reconocida por la citada Ley, también indicó que, el 13 de mayo de 2019, hizo la solicitud de inscripción de registro de marca en el SENAPI, existiendo prelación ante terceros; sin embargo, no explicó sobre la inaplicación de la Ley de Derecho de Autor, limitándose a copiar el Informe del SENAPI; ii) No se pronunció sobre la prelación, el desconocimiento del art. 35 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI y la sola interpretación del art. 154 del “Acuerdo de Cartagena” -Decisión 486 de la CAN-; y, iii) Tampoco emitió pronunciamiento sobre el desconocimiento del Informe de 17 de septiembre de 2021, que emitió la Investigadora asignada al caso; ni que existían actos pendientes investigativos ordenados en un anterior fallo jerárquico, sin que justifique por qué ya no ameritaban ejecutarse; y, sobre los puntos cuarto y sexto de la Resolución impugnada.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre este elemento constitutivo del debido proceso, en sus distintas dimensiones de aplicación, la SCP 0439/2022-S3 de 23 de mayo, precisó que: ”La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto.
En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita. Por ser de interés al presente caso nos referiremos a la incongruencia por citra petita, llamada también omisiva o ex silentio, que se produce al omitir la decisión de un asunto cuya resolución formó parte de la contienda, falta de pronunciamiento que puede ser total o parcial.
Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)” (las negrillas nos corresponden).
Delimitado como se tiene precedentemente el objeto procesal que motiva la activación de esta vía de constitucional tutelar, es necesario efectuar el desarrollo de una cuestión procesal-constitucional previa. En este sentido, es pertinente señalar que si bien esta acción de defensa se interpuso contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, cuando las Resoluciones FDLP/ARVM/R- 287/2022 y FDLP/ARMV/S-55/2022 ambas de 25 de enero -hoy cuestionadas- fueron emitidas por Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal Departamental en suplencia legal, corresponde reconocer la legitimación pasiva de la prenombrada autoridad fiscal accionada, considerando los lineamientos jurisprudenciales genéricos que establecen:“…cuando el funcionario o autoridad ya no ocupa el cargo en el que se encontraba cuando ocasionó la lesión al derecho o garantía; en estos casos, la demanda debe dirigirse contra la persona que en el momento de la presentación de la acción, se encuentra desempeñando esa función, a quien sólo le alcanzarán las responsabilidades institucionales, más no así las personales, si las hubiere” (SC 1557/2010-R de 11 de octubre). Efectuada esta aclaración cabe ingresar a resolver las problemáticas antes identificadas. Respecto a la Resolución FDLP/ARVM/R- 287/2022 -punto a) del objeto procesal- El impetrante de tutela alega que, en la emisión de la Resolución FDLP/ARVM/R- 287/2022, se hubiese incurrido en las siguientes actuaciones y omisiones indebidas, que incidirían en la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación -en su afectación insuficiente, indebida y arbitraria- y congruencia -en su dimensión de incongruencia interna y externa “[c]itra petita”-; y, al acceso a la justicia, así como al principio de seguridad jurídica. En este marco de reclamación constitucional corresponde inicialmente contextualizar el mismo, precisando los antecedentes procesales y fiscales que le conciernen. Así, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de Víctor Orlando Quispe Aduviri -hoy accionante- contra Nelson Javier Condori Mamani, Juana Condori Mamani, Limbert Llanquichoque Condori, Ronald Edgar Mamani Achocalla, Pablo Reynaldo Quispe Callisaya, Ariel José Quispe Tola, René Ramos Mamani, Boriz Ángel Conde Quispe, Nelson José Torrez Barrón y Felipe Condori Castañeta -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión de los delitos de falsificación, aplicación indebida de marcas y contraseñas y otros, por Resolución 147/2021 de 14 de octubre, Reynaldo Chambi Gutiérrez, Fiscal de Materia, dispuso rechazar la querella “... A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:
4. JUANA CONDORI MAMANI, LIMBERT LLANQUICHOQUE
CONDORI, RONALD EDGAR MAMANI ACHOCALLA, POR EL DELITO DE FALSIFICACION Y APLICACIÓN INDEBIDA DE MARCAS Y CONTRASEÑAS, ART. 193 DEL CODIGO PENAL, FRAUDE COMERCIAL, ART. 235 DEL CODIGO PENAL, ENGAÑO EN PRODUCTOS INDUSTRIALES, ART. 236 Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL ART. 262 CODIGO PENAL. 5. PABLO REYNALDO QUISPE CALLISAYA, ARIEL JOSE QUISPE TOLA, RENÉ RAMOS MAMANI, BORIZ ANGEL CONDE QUISPE y NELSON JOSE TORREZ BARRON por el delito de FALSIFICACION Y APLICACIÓN INDEBIDA DE MARCAS Y CONTRASEÑAS Y ENGAÑO EN PRODUCTOS INDUSTRIALES, PREVISTO EN EL ART. 193 Y 236 DEL CODIGO PENAL. 6. NELSON JAVIER CONDORI MAMANI, por el delito de FRAUDE COMERCIAL, ART. 235 CODIGO PENAL Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL ART. 362 DEL CODIGO PENAL” (sic); determinación ante la cual, por memorial presentado el 27 de octubre de 2021, el prenombrado querellante formuló objeción; siendo resuelta a través de Resolución FDLP/ARVM/R 287/2022 de 25 de enero, emitida por Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal Departamental de La Paz, en suplencia legal, que en lo central, ratificó dicha decisión fiscal objetada (Conclusión II.1).
Ahora bien, por secuencia de efecto procesal de la labor de control de constitucionalidad en su faceta tutelar, a desarrollarse, es pertinente asumir como premisa inicial de abordaje de contrastación y subsecuente resolución la alegada incongruencia externa en su dimensión citra petita u omisiva o ex silentio.
En este sentido y a los fines de la comprobación de observancia o no de dicho componente de debido proceso en el presente caso, es imperioso remitirse a los aspectos que sobre el mismo fueron reclamados por el accionante dentro de esta acción de defensa, siendo estos los descritos precedentemente y que se encuentran vinculados a los siguientes presuntos actos lesivos que contendría la Resolución Jerárquica cuestionada: Aún de que denunció que, de los seis lineamientos investigativos establecidos en la Resolución FDLP/WEAL/R 973/2021 de 21 de julio -emitida ante la objeción a un anterior rechazo-, tres no se ejecutaron; no existió respuesta ni referencia en el análisis del caso concreto, dejando en incertidumbre si de haberse realizado dichas diligencias de investigación, se habría constatado la existencia del hecho delictivo, la participación de las personas procesadas así como su responsabilidad penal -punto 2-; no se pronunció sobre por qué no sería aplicable el art. 2 de la Ley 1322, sino que en una actitud evasiva, se remitió a un Informe emitido por el Director del Derecho de Autor y Derechos conexos del SENAPI -punto 3-; omitió considerar el agravio referido a que el 13 de mayo de 2019, efectuó la solicitud de inscripción de Registro de marca en el SENAPI, lo que derivó en que mediante RA 204/2020 de 30 de noviembre, se le conceda ese derecho; y, el 12 de febrero de 2021 dispuso el registro de la marca “…ADHERE FORTE A CEMENTO COLA AF QUIMINDIBERO S.A…” (sic), a favor de su persona, ratificada por RA DPI/OPO/REV 044/2021 -no cita fecha-, existiendo prelación ante terceros -punto 4-; no resolvió el agravio en el que hizo hincapié en que antes de emitirse la Resolución de Rechazo debía pedirse a la Investigadora asignada al caso eleve el informe conclusivo de la fase preliminar; contrariamente, tampoco consideró que en la prueba aportada consistente en la fotografía del producto original y el imitado existían similitudes ni indicó sobre la base de qué elementos señaló que las diferencias son notorias o en qué radica dicha distinción entre ambas, considerando el art. 193 del CP; menos aún, se pronunció sobre la utilización ilegal del “QR” encontrado, tal como estableció el Informe -investigativo policial- de 17 de septiembre de 2021, ni motivó por qué no consideró ni le asignó estimación alguna a ese elemento -punto 5-; y, no se pronunció positiva ni negativamente sobre las groseras omisiones del Fiscal de Materia a momento de valorar los hechos y pruebas tal como el Informe NI/SNP/DGE/DPI/ASD 0964/2021 SNP/2021-08168 de 14 de septiembre, que evidencia la comisión del hecho delictivo, y que las Empresas “DURA FORTE y ULTRA FORTE…” (sic), no están registradas y su Empresa QUÍMICA INDUSTRIAL IBEROAMERICANA S.R.L., cuenta con razón social -punto 6-. En coherencia a la denunciada deficiencia omisiva en la que se hubiese incidido en el fallo jerárquico antes mencionado y ahora cuestionado, en los puntos detallados, cabe remitir el análisis al contenido de la objeción formulada por el ahora impetrante de tutela contra la Resolución de Rechazo de querella 147/2021, siendo los agravios deducidos, en cuanto a los aspectos extrañados en esta acción tutelar, los siguientes:
a) En la Resolución FDLP/WEAL/R 973/2021 que revocó la Resolución de Rechazo 10/2021 de 5 de abril, ignorada y desconocida premeditamente en el fallo objetado, en el acápite II.3 Análisis de Caso Concreto, numeral 4, textual y concretamente señaló: “Por consiguiente se evidencia que no se dispuso la realización de actuados investigativos para llegar a la verdad material del hecho denunciado, tal cual se ha pronunciado el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional No. 0797/2010-R de 10 de agosto que señalo: Durante el proceso de recolección de elementos de prueba, el Ministerio Público debe agotar cuanto sea pertinente para la investigación, en función de cumplir con su propósito de promover la acción de la justicia, para perseguir la sanción al autor de la comisión de un delito, no pudiendo omitir la recolección y compulsa de aquella prueba que tenga relación con los hechos denunciados, que conduzca a demostrar la responsabilidad del imputado o acusado” (sic). Estableciendo cinco lineamientos que debía cumplir el Director Funcional de la investigación, que se encuentran pendientes.
Lo único que tenía que hacerse era dar cumplimiento a las cinco actividades complementarias dispuestas en el referido fallo jerárquico;
b) Causa estupor el actuado de la autoridad fiscal inferior -en grado-, ante el desconocimiento de la -Ley de Derecho de Autor-, que es de carácter público, conforme establece el art. 108.1 de la CPE. En el presente caso, el hecho investigado está sustentando en el art. 2 de la Ley 1322; de esta manera, cómo se puede decir que, en el caso de autos, no se aplica el derecho de autor, si es el tronco de lo que es el derecho de la propiedad intelectual y todo lo que se está investigando se subsume a este precepto legal. El derecho de autor nace con la creación de la obra “…ADHERE FORTE Cemento Cola…” (sic), no siendo necesario su registro, depósito ni ninguna otra formalidad para obtener la protección reconocida por la indicada Ley, lo que significa que, desde que puso al mercado el producto de su creación esta protegido, siendo un hecho demostrado, además con el registro de FUNDEMPRESA y SIN, no obstante que su derecho está protegido desde su creación; es decir, desde la parte ideal hasta su materialización, que es la puesta en el mercado para su comercialización. c) El 13 de mayo de 2019 efectuó la solicitud de inscripción de registro de marca en el SENAPI, existiendo prelación ante terceros; consiguientemente, cumplió con las formalidades de ley; dicha institución mediante RA 204/2020, concedió ese derecho, además que hizo la respectiva aclaración por Resolución de 12 de febrero de 2021, disponiendo el registro de la marca “…ADHERE FORTE CEMENTO COLA AF QUIMINDIBERO S.A…” (sic) a su favor, motivando a que la misma sea objeto de recurso de revocatoria del representante de “…PREFORTE PRETENSADOS Y HORMIGONES SA…” (sic), teniéndose la RA DPI/OP/REV 044/2021 de 8 de abril; por la que, se le concedió nuevamente tal derecho, siendo impugnada por recurso jerárquico. Nadie tiene registrada en las oficinas del SENAPI su solicitud de marca antes del 13 de mayo de 2019;
d) Las normas procesales son de cumplimiento obligatorio; por ello, conforme el art. 79.I de la Ley 260, antes de emitir la resolución de rechazo o de imputación, el Fiscal de Materia deberá pedir al -investigador- asignado al caso, eleve el correspondiente informe conclusivo de la fase preliminar, para luego emitir la resolución respectiva en función a la conminatoria que le anoticie el “Juez Cautelar”; empero, se desconoció tal precepto legal, así como el Informe de 17 de septiembre de 2021, emitido por la -Investigadora- asignada al caso vía el Jefe de la División Económicos y Financieros de la FELCC;
e) “...su autoridad cierra los ojos...” (sic), al Informe NI/SNP/DGE/DPI/ASD 0964/2021 SNP/2021-08168, en el que claramente se evidencia la comisión delictiva que denunció; y, f) Existe memorial presentado de su parte, con varias tomas fotográficas, en las que se evidencia que las personas respecto a quienes fue ampliada la investigación, se dan a la tarea de comercializar en vía pública los productos con el denominativo de “…DURA FORTE Y ULTRA FORTE…” (sic), respecto a las cuales no se pronunció.
Conocidos los agravios deducidos y estimados omitidos en su consideración y pronunciamiento, corresponde conocer los argumentos contenidos en la Resolución FDLP/ARVM/R- 287/2022 -ahora cuestionada-, así se tiene: 1) En el punto II.2 Objeción a la Resolución de Rechazo, estableció que, el objetante, manifestó que: i) No se dispuso la realización de los actuados sugeridos por la autoridad jerárquica; ii) El presente caso está sustentado en el art. 2 de la Ley 1322, por lo que, mal manifestó el Fiscal de Materia que no se aplica el derecho de autor, además que dicho derecho está debidamente protegido por el SENAPI, ya que ninguno de los “imputados” tienen solicitud de registro y/o marca debidamente inscrito, por lo cual estarían utilizando indebidamente su marca ‘“Adhere Forte”’; iii) Se desconoció el Informe emitido por la Investigadora asignada al caso de 17 de septiembre de 2021; iv) No se encuentra motivada ocasionándole inseguridad jurídica, puesto que, en el transcurso de la investigación se acreditó la participación de los sindicados y la existencia del hecho querellado; y, v) La comercialización de los productos denominados “…Ultra Forte y Dura Forte…” (sic), son puestos de manera pública en el mercado, engañando al público consumidor. 2) En el acápite II.4 Análisis del Caso Concreto:
a) Citando los arts. 193 y 362, ambos del CP y su configuración legislativa, así como los antecedentes del hecho denunciado, -la autoridad accionada- refirió, que, de acuerdo a la revisión de los antecedentes no se logró establecer de forma infalible que los sindicados Nelson Javier Condori Mamani, Juana Condori Mamani, Limbert “Lanquichoye” -Condori- y Ronald -Edgar- Mamani Achocalla, hubieran adecuado su accionar al delito de fraude comercial, si bien se hizo mención a que en el lugar del hecho se procedió a la intervención donde presuntamente se estaba realizando la elaboración de productos falsos (cemento cola), se debe considerar que tal extremo no fue corroborado, ya que no se demostró que los productos que se encontraron en el lugar del hecho sean falsos; además, por las fotografías adjuntadas por el querellante indicando que serían evidencia de la existencia de productos plagiados, se debe tener presente que la simple manifestación de tal hecho no puede ser precedente para fundar que los sindicados adecuaron su accionar al delito de fraude comercial, considerando que en el transcurso de la investigación no se verificó que hubieran en lugar público puesto a la venta un producto diferente al que se ofrece; al respecto, cursan las declaraciones testificales de: Adelia Bernarda Condori Mamani, quien refirió: ‘“(...) este producto Adhere Forte y Ultra Forte, no son imitados, porque no llevan el mismo logotipo, el color lo llevaran porque todos los cementos colas llevan el mismo color y las empresas me vienen a ofrecer similares productos y ninguno se está imitando (...)”’ (sic); y, de Simona Rosa Condori Mamani, quien señaló: ‘“(...) esos productos denunciados no son iguales, ya que llevan distintos nombres, colores y logotipos diferentes (...)”’ (sic); aseveraciones por las cuales se advierte que, los productos que el querellante manifestó que son falsos no lo son, sino que pertenecerían a otra empresa, en este caso a la presunta empresa del sindicado Nelson Javier Condori Mamani y con relación a ello de acuerdo a la Certificación 0122-2021 emitida por Cecilia Rodríguez Ayllon, Directora de Propiedad Industrial del SENAPI, existiría la solicitud de registro de las marcas "Ultra Forte" y "J&J Santiaguito Dura Forte Cemento Cola" a nombre del referido, denotándose que también poseería una empresa con la distribución de productos para la industria; y, si bien al momento de la intervención realizada al inicio de la investigación se encontró en el supuesto taller clandestino a los sindicados, se debe considerar que de acuerdo a los antecedentes de la investigación los mismos trabajaban para Nelson Javier Condori Mamani, extremo que no puede ser usado para indicar que los cosindicados, hubieran sido participes del hecho denunciado, dado que no se demostró que hubieran comercializado un producto diferente al original; más aún, cuando de acuerdo al Informe Técnico del registro del lugar del hecho y las actas de colección de indicios de materiales se verificó la existencia de bolsas con inscripción “Dura Forte”; bolsas de código “QR” e incluso se colectaron bolsas de nylon con inscripción “…Dura Forte-Cemento Cola…” (sic), bolsa plástica color blanco conteniendo bolsas con Inscripción “…Dura Forte y Ultra Forte…” (sic), bolsas de color blanco con verde y blanco con azul con inscripción “…Dura Forte y Ultra Forte…” (sic), con y sin contenido, con y sin código QR, entre otros objetos como máquinas y material de trabajo; no lográndose evidenciar la presunta falsificación del producto perteneciente al querellante, siendo que el precintado tendría registrada la marca “…Adhere A Cemento Cola Af Quimindibero (mixta)…” (sic), y no así
“…Dura Forte o Ultra Forte…” (sic), tal cual se señala en el Expediente 209067, mediante el cual se resolvió conceder la solicitud de la marca “…Adhere Forte A Cemento Cola Af Quimindibero (mixta)…” (sic); así también, por el Informe NI/SNP/DGE/DPI/ASD 0964/2021 SNP2021-08168, emitido por Mauricio Rodrigo Mancilla Irigoyen, Responsable de Signos Distintivos el 14 de septiembre de 2021, se tiene que la empresa “…Adhere Forte A Cemento Cola Af Quimindibero (mixta)…” (sic), a la fecha no tiene ninguna Patente de invención, Patente de Modelo de Utilidad o Diseño Industrial, en consecuencia, no tiene fórmulas de preparación de su producto registrado; de ahí que, al no haberse demostrado plenamente la existencia de la comercialización de una cosa por otra, ni el engaño de inducir a otro a creer y tener certeza de lo que no es, en este caso engañar a los consumidores entregándoles una cosa por otra, resulta prudente sostener que, de acuerdo a los antecedentes de la investigación no se puede subsumir la conducta de los sindicados al ilícito penal de fraude comercial. b) Asimismo, con relación a los delitos contra la propiedad intelectual, se establece que los elementos de convicción acumulados en el cuaderno de investigación son insuficientes para determinar que los sindicados: Nelson Javier Condori Mamani, Juana Condori Mamani, Limbert “Lanquichoye” -Condori- y Ronald -Edgar-Mamani Achocalla hubieran adecuado su conducta al indicado delito, esto debido que, si bien el querellante hizo mención a que se encontraban comercializando sus productos ‘“Cemento Cola con el diseño Adhere Forte”’ (sic), que se encuentra registrado en las oficinas del SENAPI y por ello de acuerdo al derecho de autor ese sería su derecho intelectual, indicando que Nelson Javier Condori Mamani y Juana Condori Mamani serían los plagiadores de todos sus productos e incluso refirió que se evidenció la fabricación y la mezcla de los aditamentos que se utilizaban en su producto denominado ‘“Cemento Cola”’; y, que para engañar al mercado utilizaron las bolsas con denominativo ‘“Adhere Forte”’ en el que se puede evidenciar signos y siglas que han sido suplantadas, causando así confusión y engaño, puesto que se usó los mismos colores (verde y amarillo), que se encuentran registrados en la referida institución por el querellante; no obstante, se debe considerar que el ilícito penal citado protege la propiedad intelectual, siendo el objeto material del delito una ‘“obra literaria, artística, musical, científica, televisiva o cinematográfica”’ (sic), lo cual no se advierte en la investigación, puesto que si bien se manifestó que los sindicados falsificaron la marca ‘“Cemento Cola con el diseño Adhere Forte”’ (sic), perteneciente al querellante, se debe considerar que una marca es cualquier tipo de signo característico que sirve para distinguir productos o servicios, no siendo considerada una creación artística, literaria o científica; motivo por el cual, no se puede referir que con ánimo de lucro, en perjuicio ajeno hubieran reproducido, plagiado, distribuido y/o publicado una obra literaria, artística, musical, científica, televisiva o cinematográfica sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual; al respecto, se debe tener presente el Informe E-SNP/2021-09507 INF/SNP/DGE/DADC 0057/2021 DADC 48 de 5 de agosto, emitido por Carlos Alberto Soruco Arroyo, Director de Derecho de Autor y Derechos Conexos del SENAPI, en el que se señaló: ‘“(...) la Dirección de Derechos de Autor Derechos Conexos del SENAPI, es la encargada de conocer lo referido a solicitudes de registros de obras literarias, artísticas y científicas, además de los contratos y otros actos que versan sobre el derecho de autor y los derechos conexos (...)”’ (sic); y, ‘“...como señala el artículo 1 de la Ley 1322 ‘... regulan el régimen de protección del derecho de los autores sobre las obras del ingenio de carácter original, sea de índole literaria, artística o científica....’, e incluso indicó que ‘...el Tramite de solicitud de marca con publicación 209067 no se es tramitando en la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el mismo se encuentra en la Dirección de Propiedad Industrial”’ (sic); por lo que, mal podría manifestarse que los sindicados afectaron algún derecho intelectual del querellante; más aún cuando del antes referido Informe NI/SNP/DGE/DPI/ASD 0964/2021 SNP 2021-08168, se tiene que la “Empresa Adhere Forte A Cemento Cola Af Quimindibero (mixta)…” (sic), a la fecha no tiene solicitada ninguna Patente de Invención, Patente de Modelo de Utilidad o Diseño Industrial, en consecuencia no tiene fórmulas de preparación de su producto registrado; de tal manera que, de acuerdo a los extremos manifestados por el querellante y del análisis realizado a los antecedentes de la investigación no se tiene una base fáctica objetiva para que el Ministerio Público prosiga con la investigación por el ilícito penal de Delitos contra la Propiedad Intelectual, dado que no se tiene documentación idónea que demuestre que los sindicados hubieran incurrido en la comisión del mismo. c) Se debe considerar que, igualmente la investigación fue dirigida contra Juana Condori Mamani, Limbert Llanquichoque Condori, Ronald Edgar Mamani Achocalla, Pablo Reynaldo Quispe Callisaya, Ariel José Quispe Tola, René Ramos Mamani, Boriz Ángel Conde Quispe y Nelson José Torrez Barrón por -la presunta comisión de-los delitos de falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas y engaño en productos industriales; sin embargo, no se ha establecido los elementos necesarios para determinar que hayan incurrido en dichos ilícitos penales, dado que de la revisión de los antecedentes de la investigación no se logra advertir que, se los hubiera encontrado comercializando productos con la marca “…Adhere A Cemento Cola Af Quimindibero (mixta)…” (sic), del que sería titular el querellante; por lo que, no se puede inferir que los sindicados falsificaron la marca registrada del referido, considerando que en el lugar del hecho no se colectó las bolsas con la marca registrada del mismo, que si bien se adjuntaron fotografías de la marca producto supuestamente falso y el original, se debe considerar que en estas existen diferencias que son notorias y si bien el querellante hizo mención a que los signos y siglas fueron suplantadas y que se usó los mismos colores (verde y amarillo) que están registrados en el SENAPI a su nombre; al respecto, es pertinente también señalar que, del Informe emitido por la Directora de Propiedad Intelectual de dicha institución, se advierte que, el referido querellante solicitó el registro compuesto por las palabras ‘“Adhere Forte a Cemento Cola Af Quimindibero”’ (sic), en escala de grises; también debe tomarse en cuenta que mediante la Certificación No. 0122-2021 emitida por la indicada Directora, se tomó conocimiento que, también existiría la solicitud de registro de las marcas ‘“Ultra Forte”’ y ‘“J&J Santiaguito Dura Forte Cola Cemento Cola”’ (sic) a nombre de Nelson -Javier- Condori Mamani, denotándose que las, bolsas colectadas en el lugar del hecho con inscripción “…Dura Forte y Ultra Forte…” (sic), pertenecerían a la Empresa del precitado, no lográndose advertir la falsificación de marcas ni la aplicación a objetos distintos a aquellos que debían ser aplicados; de ese modo, al no tenerse elementos de convicción que demuestren incuestionablemente que los sindicados hubieran falsificado la marca “Adhere Forte a Cemento Cola Af Quimindibero" (sic), se establece la falta de elementos de convicción que, precisen su participación en el hecho puesto a conocimiento del Ministerio Público. d) Con relación al delito de engaño en productos industriales, tampoco se cuenta con elementos documentales que demuestren que Juana Condori Mamani, Limbert Llanquichoque Condori, Ronald Edgar Mamani Achocalla, Pablo Reynaldo Quispe Callisaya, Ariel José Quispe Tola, René Ramos Mamani, Boriz Ángel Conde Quispe y Nelson José Torrez Barrón hubieran puesto en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan a engaño sobre su origen, procedencia, cantidad o calidad, considerando que en el cuaderno de investigación no se cuenta con elementos indiciarios que demuestren los extremos manifestados por el querellante; de tal manera que al no haberse acreditado la falsificación del producto del nombrado y menos la presunta comercialización de un producto diferente al que se ofreció, que dicho producto sea de menor calidad o cantidad; y al no tener suficientes elementos de convicción que acrediten la existencia del hecho investigado, no resulta prudente la prosecución de la presente investigación contra los precitados, dado que en la presente investigación no se tienen suficientes elementos indiciarios que demuestren que los mencionados sindicados adecuaron su conducta a delitos investigados, lo cual hace inviable la persecución penal por parte del Ministerio Público; razón por la cual resulta prudente la ratificatoria de la Resolución de Rechazo. e) Concluyendo en que, se verifica que, el pronunciamiento emitido por el Fiscal de Materia es inadecuado al pretender el rechazo de la denuncia -querella- de conformidad con el art. 304.1 del CPP; cuando por los antecedentes descritos, por el fundamento de análisis desarrollado y habiendo evaluado de manera integral los elementos de convicción colectados durante el desarrollo de la investigación, se advirtió la insuficiencia de estos, siendo lo correcto ratificar el rechazo de la denuncia querella conforme el art. 304.3 del adjetivo penal.
De la necesaria glosa efectuada precedentemente, a objeto del conocimiento de la expresión de agravios planteados en la objeción por el ahora accionante -reclamados en su omisión de pronunciamiento dentro de esta acción de defensa- y de los fundamentos de la Resolución Jerárquica hoy confutada, que determinó resolver ratificar la Resolución de rechazo de querella objetada, se advierte que, ab initio se precisaron genéricamente los reclamos de afectación deducidos, lo que se replicó en el contenido del armazón analítico desarrollado, el cual si bien es amplio, no respondió expresamente y de manera individual y concreta respecto a los agravios concernientes a: los actos investigativos que faltarían en su ejecución establecidos en la Resolución FDLP/WEAL/R 973/2021 -emitida ante la objeción a un anterior rechazo-; la extrañada aplicación del art. 2 de la Ley 1322; la solicitud de inscripción de registro de marca en SENAPI de 13 de mayo de 2019 y las determinaciones administrativas emitidas en su efecto y/o vinculadas a tal petición, así como los subsecuentes efectos que derivarían en la prelación ante terceros; la reclamada omisión de solicitud de informe conclusivo de la fase preliminar a la Investigadora asignada al caso, así como el Informe de 17 de septiembre de 2021, emitido por la mencionada en los alcances denunciados como agraviantes. A partir de lo cual y conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que resalta la iimperatividad de que en toda resolución judicial, fiscal y administrativa debe existir la necesaria correspondencia entre lo pedido por las partes y resuelto, se puede afirmar en que, a tiempo de dictarse la Resolución jerárquica objeto de contrastación constitucional, se incurrió en la inobservancia del debido proceso en su componente congruencia en la dimensión de incongruencia externa citra petita u omisiva, o ex silentio en los puntos de agravio advertidos abstraídos de pronunciamiento; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada en cuanto a este tópico del examen constitucional abordado, en los alcances establecidos y extrañados.
Por otra parte, con relación a los agravios referidos a la omisión de pronunciamiento sobre el Informe NI/SNP/DGE/DPI/ASD 0964/2021 SNP/2021-08168 de 14 de septiembre; y, las tomas fotográficas aportadas como elementos de convicción que demostrarían los actos ilícitos en lo que hubiesen incurrido los denunciados y el acto material de su presunta comisión; de la revisión al contenido del fallo jerárquico cuestionado se evidencia que emitió pronunciamiento al respecto, por lo que, no es acogible la denunciada incongruencia sobre tales planteamientos de agravio. En este contexto y establecido el alcance del reproche constitucional sobre la evidenciada incongruencia externa citra petita u omisiva, o ex silentio, en un efecto de secuencia de reparación de dicho defecto fiscal, las denuncias relacionadas con la presunta conculcación al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación -en su afectación insuficiente, indebida y arbitraria- y congruencia -en su dimensión de incongruencia interna; y, al acceso a la justicia, así como al principio de seguridad jurídica, que se hubiese generado en la actividad propia en sede fiscal, en este estadio y como consecuencia de la necesaria previa subsanación de las irregularidades omisivas advertida, decantan en la intrascendencia de verificación constitucional, por lo que, al respecto corresponde denegar la tutela impetrada, con la aclaración que sobre estos elementos del debido proceso, no se ingresó al análisis de fondo, ni pronunciamiento alguno, por las razones fáctico procesales de consecuencia constitucional explicadas precedentemente. Con relación a la Resolución FDLP/ARVM/S- 55/2022 -punto b) del objeto procesal- El accionante alega que, ante la Resolución de Sobreseimiento 169/2021 que replicó párrafos íntegros de la antes mencionada Resolución de Rechazo, presentó la impugnación correspondiente, exponiendo agravios, que de igual manera fueron resueltos con arbitrariedad en la Resolución FDLP/ARMV/S- 55/2022, por cuanto: 1) Manifestó de su parte que el hecho está sustentado en el art. 2 de la Ley 1322, impugnando la ausencia de aplicación del derecho de autor por parte del Fiscal de Materia; que es el tronco del derecho a la propiedad intelectual y precisamente todo lo que se está investigando se subsume a ese precepto legal, cuyo derecho nace con la creación de la marca “ADHERE FORTE Cemento Cola” (sic), no siendo necesario su registro, depósito ni ninguna otra formalidad, para obtener la protección reconocida por la citada Ley, también indicó que el 13 de mayo de 2019, hizo la solicitud de inscripción de registro de marca en el SENAPI, existiendo prelación ante terceros; sin embargo, el Ministerio Público no explicó sobre la inaplicación de la Ley de Derecho de Autor, limitándose a copiar el Informe del SENAPI; 2) No se pronunció sobre la prelación, el desconocimiento del art. 35 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI y la sola interpretación del art. 154 del “Acuerdo de Cartagena” -Decisión 486 de la CAN-; y, 3) Tampoco emitió pronunciamiento sobre el desconocimiento del Informe de 17 de septiembre de 2021, que emitió la Investigadora asignada al caso; ni que existían actos pendientes investigativos ordenados en un anterior fallo jerárquico, sin que justifique por qué ya no ameritaban ejecutarse; y, sobre los puntos cuarto y sexto de la Resolución impugnada; lo cual incidiría en la lesión de derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación -en su afectación insuficiente, indebida y arbitraria- y congruencia -en su dimensión de incongruencia interna, externa citra petita-; y, al acceso a la justicia, así como al principio de seguridad jurídica. Al respecto, y conforme se tiene en el expediente constitucional, cursa Resolución de Sobreseimiento 169/2021 de 16 de noviembre, por la que, se resolvió: “DECRETA el SOBRESEIMIENTO de los imputados:
1) NELSON JAVIER CONDORI MAMANI, por el delito de FALSIFICACION Y APLICACIÓN INDEBIDA DE MARCAS Y CONTRASEÑAS, Art. 193 del Código Penal y ENGAÑO EN PRODUCTOS INDUSTRIALES, previsto en el Art. 236 del Código Penal. 2) FELIPE CONDORI CASTAÑETA, por el delito de ENCUBRIMIENTO, ART. 171 DEL CODIGO PENAL, EN RELACION A LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, ENGAÑO EN PRODUCTOS INDUSTRIALES, FALSIFCACION Y APLICACIÓN INDEBIDA DE MARCAS Y CONTRASEÑAS, Y FRAUDE COMERCIAL, previsto en el Art. 362, 236, 235 y 193 del CODIGO PENAL, respectivamente” (sic). Resolución que fue impugnada por el hoy peticionante de tutela, siendo resuelta por Resolución FDLP/ARVM/S- 55/2022, por la antes referida Fiscal Departamental, actuando en suplencia legal, determinando, en lo central, ratificarla (Conclusión II.2).
Realizada esta precisión contextualizadora y siendo que el planteamiento de presunta lesividad tiene entre sus componentes la alegada lesión al debido proceso en su componente de congruencia, corresponde absolver con precedencia este cuestionamiento constitucional, para lo cual, inicialmente es pertinente precisar los argumentos de agravio expuestos en el memorial de impugnación formulado por el ahora peticionante de tutela en correlación con los puntos reclamados como omitidos dentro de esta acción de defensa relacionados con: la falta de pronunciamiento sobre la prelación, el desconocimiento del art. 35 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Intelectual del SENAPI y la sola interpretación del art. 154 del “Acuerdo de Cartagena” -Decisión 486 de la CAN- (punto b.ii) del objeto procesal); y, tampoco emitió pronunciamiento sobre el desconocimiento del Informe de 17 de septiembre de 2021, que emitió la Investigadora asignada al caso; ni que existían actos pendientes investigativos ordenados en un anterior fallo jerárquico, sin que justifique por qué ya no ameritaban ejecutarse; y, sobre los puntos cuarto y sexto de la Resolución impugnada -punto b.iii) de la delimitación procesal-; siendo los siguientes:
i) En fecha 21 de julio de 2021, la Fiscalía Departamental de La Paz emitió la Resolución FDLP/WEAL/R 973/2021, revocando la Resolución de Rechazo 10/2021 de 5 de abril, debiendo continuar la investigación y realizar las actuaciones necesarias para el esclarecimiento del presente caso. En dicha Resolución Jerárquica, se establecieron cinco lineamientos que debía cumplir el Director Funcional de la Investigación, que se encuentran pendientes; ii) Su derecho estaba protegido desde su creación, es decir, desde la parte ideal hasta su materialización, que es la puesta en el mercado para su comercialización como “ADHERE FORTE A CEMENTO COLA AF QUIMINDIBERO” (sic), y el 13 de mayo de 2019, realizó la solicitud de inscripción de registro de marca en el SENAPI, existiendo prelación ante terceros, consiguientemente cumplió con las formalidades de ley; habiendo la referida institución, en lo central, por Resolución Administrativa 204/2020 concedido ese derecho, además de la respectiva aclaración de 12 de febrero de 2021. Se desconoció el art. 35 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI y el Fiscal de Materia se dio a la tarea de querer interpretar el art. 154 de la “…Decisión Andina en propiedad intelectual 486…” (sic); iii) Se desconoció el Informe de 17 de septiembre de 2021, emitido por la Investigadora asignada al caso; iv) En el punto Cuarto de la Resolución de Sobreseimiento, se señaló que, por la falta de registro formal de la marca “…ADHERE FORTE A CEMENTO COLA AF QUIMINDIBO…” (sic), no cumple con esa calidad de oficialidad, no concurriendo los hechos denunciados; empero, sin establecer cuál la base y sustento legal interpretativo para soslayar de manera encubierta que el trámite se encuentra en oposición, dejando de lado el art. 2 de la Ley 1322; v) Respecto al punto sexto del fallo impugnado, la declaración de la testigo Adela Bernarda Mamani, permite evidenciar plenamente la comercialización del producto “ULTRA FORTE” sin estar registrado en SENAPI, menos en FUNDEMPRESA ni el SIN; y, haciendo incurrir en error al consumidor como si fuese “ADHERE FORTE”.
Ahora bien, emergente de la promoción de la impugnación en sede fiscal formulada por el querellante -ahora accionante-, la Resolución FDLP/ARVM/S- 55/2022, expuso los argumentos que siguen.
a) En el acápite II.2. Impugnación al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento, estableció los puntos de agravio expuestos por el querellante como: 1) Se le otorgó la solicitud de registro de marca “…Adhere Forte a Cemento Cola Af Quimindibero SA…” (sic); por lo cual, al no tener los sindicados otros registro, estarían utilizando indebidamente su marca sin su autorización; 2) Se tienen elementos de convicción que demuestran con probabilidad la participación y autoría de los sindicados en la -presunta- comisión de los delitos denunciados; 3) No podía dictar el sobreseimiento si se amplió la investigación por otros delitos y los mismos están bajo control jurisdiccional, más aun cuando la autoridad jerárquica solicitó el cumplimiento de actuados investigativos, mismos que no fueron promovidos por el Fiscal de Materia; 4) No se consideraron los elementos probatorios que fueron obtenidos en el transcurso de la investigación; y, 5) Se probó la participación de los sindicados en la comisión de los delitos investigados; b) En el punto II.3. Análisis del caso concreto, precisando el alcance procesal de la autoría, la configuración de los ilícitos contenidos en los arts. 171 y 193 del CP, y los antecedentes del hecho, refirió que en el cuaderno de investigación se tienen placas fotográficas donde señalan al producto original y falso, acta de declaración del querellante, Acta e Informe Técnico de registro del lugar del hecho, en el cual se observan bolsas con inscripción “Dura Forte”, bolsas de cemento cola apilado y bolsas de cemento cola con contenido, sin código “QR” y dos con código “QR”; así como también, actas de colección de indicios materiales, en las cuales se señaló que en fecha 21 de diciembre de 2020, en el lugar del hecho se colectó una bolsa de nylon color negro, conteniendo bolsas de nylon con inscripción “DURA FORE - Cemento Cola” (sic), bolsa plástica color blanco conteniendo bolsas con inscripción “…Dura Forte y Ultra Forte…” (sic), bolsas de color blanco con verde y blanco con azul con inscripción “…Dura Forte y Ultra Forte…”, con contenido y sin contenido, sin código QR entre otros objetos como máquinas y material de trabajo; siendo las documentales señaladas las que se colectaron al inicio de la investigación. Posterior a ello, en la formalización de la querella se indicó que, los sindicados se encontraban comercializando productos ‘“…Cemento Cola con el diseño Adhere Forte…”’ (sic), del que es titular, producto que se encuentra registrado en las oficinas del SENAPI y por ello de acuerdo al derecho de autor ese sería su derecho intelectual, motivo por el que refirió que de manera flagrante se verificó que Nelson Javier Condori Mamani y Juan Condori Mamani serían los plagiadores de todos sus productos; asimismo, que se evidenció la fabricación y la mezcla de los aditamentos que se utilizaban en su producto denominado ‘“Cemento Cola”’ y para engañar al mercado utilizaban las bolsas con denominativo ‘“Adhere Forte”’ en el que podría evidenciar signos y siglas que han sido suplantadas, causando así confusión y engaño, puesto que se usaron los mismos colores (verde y amarillo) que están registrados en la ante referida institución, además que a consecuencia del plagio se le generó un daño económico; al mismo tiempo, que Limbert Llanquichoque -Condori- y Ronald -Edgar-Mamani Achocalla son los principales autores de la comercialización del producto plagiado en tiendas de cerámica y ferreterías a un precio por debajo al que el querellante tiene autorizado como propio, también se colectó la declaración testifical de: “Adelia” Bernarda Condori Mamani y Simona Rosa Condori Mamani, y, cursa la Certificación No. 0003-2021 -de 18 de enero- emitida por el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, en el cual se manifestó que el querellante presentó el 13 de mayo de 2019, la solicitud de registro de marca ‘“Adhere Forte a Cemento Cola AF Quimindibero”’ (sic), -denominativa figurativa- y que dicha solicitud se encuentra con estado de proceso de oposición pendiente de agotamiento de la vía administrativa planteada por la marca “…Preforte Pretensados y Hormigones S.A…” (sic); teniéndose también la Certificación 0004-2021 -de 25 de enero-, entre otros elementos que emitió dicha institución; y, el Informe de Inspección Técnica Ocular. c) Por la compulsa efectuada a los elementos documentales señalados no se logra advertir que, Nelson Javier Condori Mamani hubiese adecuado su actuar al ilícito penal de falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas, dado que, no se logra evidenciar que, se lo hubiera encontrado comercializando productos con la marca “Adhere A Cemento Cola Af Quimindibero (mixta)…” (sic), de la que sería titular el querellante, aún de que este último manifestó que se encuentra registrado en el SENAPI.
También se debe considerar que, mediante Informe NI/SNP/DGE/DPI/ASD 0964/2021 SNP 2021-08168, emitido por el Responsable de signos distintivos, se tiene que a la fecha la Empresa “…Adhere Forte A Cemento Cola Al Quimindibero (mixta)…” (sic), no tiene solicitada ninguna patente de intervención, patente de modelo de utilidad o diseño industrial; de ahí que, mal podría inferirse que, el imputado hubiera adecuado su accionar al ilícito penal de falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas. Del mismo modo, al inicio de la investigación se adjuntaron fotografías del producto supuestamente falso y original, ante ello se debe considerar que en estos existen diferencias que son notorias; y, si bien el querellante hizo mención a que los signos y siglas fueron implantados y que se usaron los iguales colores (verde y amarillo) que están registrados en SENAPI a su nombre, al respecto, es pertinente referir que, de acuerdo al Informe emitido por la Directora de Propiedad Intelectual del SENAPI, se evidencia que, el querellante solicitó el registro de marca compuesto por las palabras ‘“Adhere Forte a Cemento Cola Af Quimindibero”’ (sic), en escala de grises. Por otra parte, se debe tener presente que el hecho investigado, fue puesto a conocimiento del Ministerio Público el 21 de diciembre de 2020, cuando el mencionado aún no tenía registrada su marca; y, en efecto, al no encontrarse registrada una marca esta se encuentra libre de uso; y, solamente un titular de marca consolidada podrá hacer efectivo lo establecido en los arts. 154 y 155 de la Decisión 486 de la CAN. No se demostró con suficientes elementos de prueba la participación del referido imputado en el hecho investigado. d) También a Nelson Javier Condori Mamani se le atribuyó -la presunta-comisión del delito de engaño en productos industriales, pero de acuerdo a los extremos manifestados por el querellante y por la revisión de los elementos documentales cursantes en el cuaderno de investigación, no se advierte que, hubiese puesto en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan a engaño sobre su origen, procedencia, cantidad o calidad; que si bien al inicio de la investigación se hizo mención a que se habría estado falsificando el producto que el querellante comercializa, se debe tener en cuenta que este extremo no fue confirmado con mayores elementos materiales que incriminen al nombrado en la comisión del indicado delito, puesto que principalmente no se logró acreditar que hubiera falsificado el producto del querellante y menos que el mismo hubiera estado comercializando un producto diferente al que se ofreció, que dicho producto sea de menor calidad o cantidad. Con relación a lo señalado, también se debe considerar al Informe NI/SNP/DGE/DPI/ASD 0964/2021 SNP/2021-08168; e) Respecto a Felipe Condori Castañeta y la posible comisión del delito de “encubrimiento” con relación a los delitos investigados, se debe considerar que la simple manifestación de que en su calidad de propietario del bien inmueble en el que se procedió a la Intervención Policial Preventiva, donde según el querellante se estaba falsificando su producto con marca, no puede ser considerado como base para demostrar que el mismo hubiera de algún modo colaborado directa o indirectamente al coimputado el hecho investigado, menos que el citado haya coadyuvado o brindado su cooperación para ejecutar un hecho ilícito, toda vez que, al haberse constatado las características y peculariedades propias de la hipótesis de la querella y la compulsa efectuada a los antecedentes de la investigación, no se logró constatar la existencia plena del hecho puesto a conocimiento del Ministerio Público y menos la participación de los sindicados en el mismo; por el que, los elementos de convicción colectados en el transcurso de la investigación son insuficientes para establecer que el referido imputado hubiera adecuado su conducta al delito investigado; f) Por otro lado, se tiene las declaraciones de: Nelson Javier Condori Mamani, Ariel José Quispe Tola, Pablo Reynaldo Quispe Callisaya, Nelson José Torrez Barrón, Boriz Ángel Conde Quispe, René Ramos Mamani, Limbert Llanquichoque Condori, Ronal Edgar Mamami Achocalla, Juana Condori Mamani y Felipe Condori Castañeta; y, g) Concluyendo en que, como resultado de la revisión de los antecedentes colectados durante el desarrollo de la investigación se estima que, los elementos de convicción son insuficientes para fundamentar una resolución de acusación formal.
A partir de esta necesaria precisión de puntos de agravio deducidos en la impugnación formulada por el ahora imperante de tutela contra la Resolución 169/2021 que determinó el sobreseimiento a favor de Nelson Javier Condori Mamani y Felipe Condori Castañeta -hoy terceros interesados- y los argumentos contenidos en el fallo jerárquico -cuestionado en esta vía constitucional-, en conexión con el alcance de lesividad planteada dentro de esta acción tutelar, se advierte que, en similar criterio de delimitación de los puntos de agravio y/o impugnación establecido en el acápite II.2, abordó en su despliegue de revisión superior jerárquica, igual composición genérica, lo que derivó en que no aborde pronunciamiento específico y concreto respecto a los siguientes aspectos de cuestionamientos formulados por el querellante -hoy accionante-: Los cinco lineamientos establecidos en la Resolución FDLP/WEAL/R 973/2021, que debía cumplirse por el Director Funcional de la Investigación; la prelación de su registro de marca; el desconocimiento del art. 35 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI y la observación a la interpretación realizada sobre el art. 154 de la “…Decisión Andina en propiedad intelectual 486…” (sic); así como, el desconocimiento del Informe emitido por la Investigadora asignada al caso de 17 de septiembre de 2021; lo que implicó la lesión del debido proceso en su componente de congruencia en su dimensión externa citra petita u omisiva, o ex silentio; debiéndose en consecuencia, conceder la tutela impetrada al respecto.
De otra parte, siguiendo con el examen constitucional, corresponde referir que en cuanto a los agravios relacionados con que: El punto cuarto de la Resolución de Sobreseimiento, se señaló que, por la falta de registro formal de la marca “…ADHERE FORTE CEMENTO COLA AF QUIMINDIBO…” (sic), la marca no cumple con esa calidad de oficialidad, no concurriendo los hechos denunciados; empero, sin establecer cuál la base y sustento legal interpretativo para soslayar de manera encubierta que el trámite se encuentra en oposición; y, el punto sexto del fallo impugnado en sede fiscal, sobre que la declaración de la testigo Adela Bernarda Mamani, permitiría evidenciar plenamente la comercialización del producto “ULTRA FORTE” sin estar registrado en SENAPI, menos en FUNDEMPRESA ni el SIN, haciendo incurrir en error al consumidor como si fuese “ADHERE FORTE”; cabe precisar que, de la revisión a la Resolución Jerárquica FDLP/ARVM/S-55/2022, se constata que los mismos merecieron pronunciamiento; por lo que, no se puede establecer como evidente la alegada carencia de respuesta.
Por otra parte, y bajo la advertida de irregularidad procesal en la observancia de la congruencia en su dimensión externa y grado de afectación omisiva, en igual lógica a la asumida ut supra -punto de análisis a), correspondiente al objeto procesal- las reclamaciones deducidas dentro de esta acción de defensa intrínsecamente relacionadas con la presunta lesión al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación -en su quebranto por insuficiente, indebida y arbitraria- y congruencia -en su matiz de incongruencia interna-; y, al acceso a la justicia, así como al principio de seguridad jurídica, en la que se hubiese incurrido en instancia jerárquica a tiempo de emitirse el fallo ahora revisado, sucumben a la necesidad de reparación de las deficiencias fiscales de índole omisiva detectadas; por lo que, en ese entendimiento su notabilidad a los fines de la verificación constitucional que pudiesen corresponderles resulta inhibida, debiéndose en su efecto denegar la protección tutelar requerida sobre los mismos, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo al respecto, por las razones explicadas precedentemente.
Resuelta la problemática planteada, este Tribunal dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, considera importante algunas verificaciones. Así, de la revisión al contenido de la Resolución constitucional dictada, se advierte que, en el punto 6.- se incorporaron los argumentos que uno de los Vocales que componen la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hubiese expresado, se entiende como fundamentación de voto, al respecto, se debe señalar que, las determinaciones asumidas como ente colegiado deben ser unificadas en el fallo dictado, por lo que, no es posible que se introduzcan criterios de sustento individual de cada integrante. Por otra parte, siendo resuelta esta acción de defensa el 17 de octubre de 2022, superados los obstáculos relacionados con la notificación a la totalidad de los identificados terceros interesados, la misma recién fue remitida en revisión el 9 de diciembre del mismo año -constancia courrier (fs. 256)-, vale decir, con posterioridad al plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 129.IV de la CPE; y, 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Razones por la que, corresponde exhortar a los Vocales de la antes señalada Sala Constitucional, a fin de que en futuras actuaciones a tiempo de plasmar los fundamentos de sus resoluciones, consideren el alcance que involucra la composición colegiada que integran; y, observen los plazos procesales-constitucionales, que se encuentran regulados en atención a la finalidad y características que rigen a este tipo de acciones de defensa; exigencia de prontitud y sumariedad que también debe ser considerada por la funcionaria de apoyo judicial que asume el cargo de Secretaria de la citada Sala Constitucional.
En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró en parte de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 256/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 245 a 251 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, ante la constatada vulneración a la congruencia en su dimensión externa citra petita u omisiva, o ex silentio como componente del debido proceso, conforme a los razonamientos y alcances desarrollados en la presente sentencia constitucional plurinacional;
2° Dejar sin efecto las Resoluciones FDLP/ARVM/R- 287/2022 y FDLP/ARMV/S-55/2022, ambas de 25 de enero, debiendo el Fiscal Departamental de La Paz -hoy accionado- emitir nuevos pronunciamientos, subsanando los defectos omisivos advertidos en el presente fallo constitucional;
3° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la denunciada lesión a los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación -en su quebranto por insuficiente, indebida y arbitraria- y congruencia -en su matiz de incongruencia interna-; y, al acceso a la justicia, así como al principio de seguridad jurídica, por las razones inhibitorias expuestas ut supra; y,
4° Exhortar a Blanca Isabel Alarcón Yampasi y René Oscar Delgado Ecos, Vocales; y, Patricia Yati Mita Puma, Secretaria, todos de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0638_2024-S2.pdf · páginas 1 a 35.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1381c4eca4f71790eda2e81e9122c7a9581d9464ef4c048e9fa48dbf890318ed
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