Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 9 de octubre de 2024
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno y a la seguridad social; toda vez que, fueron despedidos de su fuente laboral en la EDMME del GAM de La Paz, sin que medie causa justificada, bajo el argumento de haber concluido sus contratos, sin considerar que han firmado más de cuatro contratos a plazo fijo y que el objeto de sus actividades en dicha entidad consistía en efectuar tareas propias y permanentes, por lo que de acuerdo al principio de primacía de la realidad material debe reconocérseles como trabajadores municipales con estabilidad laboral; motivo por el cual acudieron ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz denunciado dicha arbitrariedad, pronunciándose la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte, la Resolución 261/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 392 a 404 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER, la tutela solicitada, en los mismos términos establecidos por la Sala Constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela en lo correspondiente al pago de costas procesales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0638/2024-S1 Sucre, 9 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 52586-2023-106-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 261/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 392 a 396 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilson Zenón Atahuichi Chura, Iván Santos Poma Quispe, Roger Rolando Pinto Choquehuanca, Fernando Benedicto Calisaya Alejo, Edgar Genaro Ochoa Alavi, Patricio Laura Alvarado, Ramiro Quelca Paucara, Gonzalo Mamani Valdez y Ronal Casillo Soria contra Juan Fernando Rodríguez Quiroga, Director General Ejecutivo de la Entidad Descentralizada Municipal de Maquinaria y Equipo (EDMME) del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz.
Mediante memorial presentado el 27 de julio de 2022, cursante de fs. 239 a 256; y el de subsanación de 24 de agosto de igual y año, corriente de fs. 260 a 261, los accionantes manifestaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señalan que de forma conjunta solicitan el respeto a sus derechos fundamentales vulnerados por la EDMME del GAM de La Paz, describiendo los antecedentes de todos y cada uno, como sigue a continuación: a) Wilson Zenón Atahuichi Chura, ingresó a la entidad mediante contrato escrito, trabajó desde el 2 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021, como empleado municipal eventual, para realizar el manejo de maquinaria pesada, siendo su cargo Operador de Maquinaria "E"; desvinculado el 31 de diciembre de 2021 bajo el argumento de haber concluido el contrato; b) Iván Santos Poma Quispe, ingresó a trabajar mediante un contrato escrito, desde el 2 de agosto de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021, como empleado municipal eventual, para realizar el manejo de maquinaria pesada, siendo su cargo Operador de Maquinaria "RF"; desvinculado el 31 de diciembre de 2021 bajo el argumento de haber concluido el contrato; c) Roger Rolando Pinto Choquehuanca, fue contratado el 2 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021, como empleado municipal eventual, para realizar el manejo de maquinaria pesada, siendo su cargo Operador de Maquinaria "E", desvinculado el 31 de diciembre de 2021 bajo el argumento de haber concluido el contrato; d) Fernando Benedicto Calisaya Alejo, fue contratado el 2 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021, como empleado municipal eventual, para realizar el manejo de maquinaria pesada, siendo su cargo Operador de Maquinaria "E", desvinculado el 31 de diciembre de 2021, bajo el argumento de haber concluido el contrato; e) Edgar Genaro Ochoa Alavi, fue contratado el 2 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021, como empleado municipal eventual, para realizar el manejo de maquinaria pesada, siendo su cargo Operador de Maquinaria "E", desvinculado el 31 de diciembre de 2021 bajo el argumento de haber concluido el contrato; f) Patricio Laura Alvarado, fue contratado el 2 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021, como empleado municipal eventual, para realizar el manejo de maquinaria pesada, siendo su cargo Operador de Maquinaria "E", desvinculado el 31 de diciembre de 2021 bajo el argumento de haber concluido el contrato; g) Ramiro Quelca Paucara, fue contratado el 2 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021, como empleado municipal eventual, para realizar el manejo de maquinaria pesada, siendo su cargo Operador de Maquinaria "RF", desvinculado el 31 de diciembre de 2021 bajo el argumento de haber concluido el contrato; h) Gonzalo Mamani Valdez, fue contratado el 15 de enero hasta el 31 de diciembre, ambos de 2021, como empleado municipal eléctrico para maquinaria pesada y Operador de Maquinaria "RF, desvinculado el 31 de diciembre de 2021 bajo el argumento de haber concluido el contrato; e, i) Ronal Casillo Soria, fue contratado el 15 de enero hasta el 31 de diciembre, ambos de 2021, como ayudante de operaciones en el manejo de maquinaria pesada y operador de equipo pesado, desvinculado el 31 de diciembre de 2021 bajo el argumento de haber concluido el contrato. En conjunto, refieren que fueron despedidos de su fuente laboral de forma arbitraria, sin que medie causal de despido, puesto que firmaron más de cuatro contratos a plazo fijo, realizando tareas propias y permanentes de la entidad. Resultando de ello, que los contratos sucesivos realizados por su empleador son un fraude contra los trabajadores, porque reprimen los derechos sociales, como contar con una estructura salarial, vacaciones anuales, horas extraordinarias, bonos de antigüedad, bono "16 de Julio" y "20 de Octubre" y otros; no obstante aquello, por mandato del art. 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE) "Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos"; por lo que, la conclusión del contrato no es causal de retiro que se acomode a las causales establecidas en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Decreto Reglamentario, no pudiendo pisotear sus derechos fundamentales como el trabajo, la estabilidad laboral, la seguridad social y el salario digno. Agregan que conforme a la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, fueron incorporados bajo el ámbito de protección de la Ley General del Trabajo, debiendo aplicarse en su caso el principio de la primacía de la realidad material, puesto que sus derechos son irrenunciables, debiendo reconocérseles como trabajadores municipales con estabilidad laboral, confluyendo las características como: el tiempo, con muchos años en la institución bajo contratos camuflados o simulados; la actividad propia y permanente; tipos de contrato, habiendo suscrito los mismos "año tras año"; empero la entidad no los hizo visar por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, vulnerando sus derechos laborales; y finalmente, indicaron que son obreros y en sus funciones realizando el trabajo físico tuvieron varios accidentes, y pese a ello les exigen seguir trabajando para no perder su fuente de empleo. Refieren que no existió una conclusión de contrato, sino una ruptura abrupta de la relación laboral, más comúnmente conocida como despido abrupto; y por estar bajo la Ley General del Trabajo no correspondía estar celebrando "contratos tras contratos", siendo estos actos dolosos y engañosos que constituyen fraude a la ley y nulos de acuerdo a los arts. 4 de la LGT y 48 de la CPE. Asimismo, en todos los casos son más de cuatro contratos y años de trabajo como obreros, aplicándose la conversión de contrato -que aclaran demandarán en la vía correspondiente-. Agregan que la entidad todo el tiempo expresaría que son trabajadores contratados bajo la partida 12100, empero la partida a la que hace referencia debe cumplir ciertos requisitos, establecidos en la Resolución Administrativa (RA) 015/2013 de 7 de marzo, que indica una serie de pasos a seguir, que ninguno ha sido cumplido; en consecuencia, no es aplicable esta normativa en sus casos, no estando bajo la Ley del Estatuto del Funcionario Público ni la Partida 12100. Ahora bien, indican que acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, denunciando su despido ilegal; instancia que emitió a su favor la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/RJEC/ 024/2022 de 25 de enero, por la que conminó su inmediata reincorporación a los mismos puestos que ocupaban al momento de su despido en la EDMME del GAM de La Paz, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; determinación notificada a su empleador el 13 de febrero de 2022; empero, de manera deliberada la citada entidad municipal no dio cumplimiento a la misma, rehusándose bajo el argumento de encontrarse pendiente su recurso administrativo jerárquico. Finalmente, señalan que por el Informe J.D.T.L.P.-NTLF-VR-036/2022 de 4 de marzo, pronunciado por el Inspector de Trabajo de La Paz, sobre verificación de reincorporación laboral, se acreditó el incumplimiento a la precitada Conminatoria de Reincorporación, lo cual evidenciaría una franca lesión de sus derechos. fundamentales.
Los accionantes consideran lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno y a la seguridad social, citando al efecto los arts. 45.I, 46.1.1 y 2, 48.II y 49.III CPE; y, 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC).
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: 1) Se disponga el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/RJEC/ 024/2022 de 25 de enero, ordenando su reincorporación por estabilidad laboral, al mismo puesto que ocupaban al momento de su despido como trabajadores obreros en el manejo de equipo pesado; 2) Ordene el pago de salarios devengados, reposición del seguro social a corto y largo plazo, derecho a la salud y otros "reconocidos en el art. 10 DS. 28699" (sic); y, 3) Condene el pago de costas procesales.
Celebrada la audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de amparo constitucional, el 19 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 386 a 391 vta., produciéndose los siguientes actuados:
Los demandantes de tutela a través de su abogado, en audiencia se ratificaron en el contenido íntegro de su acción de amparo constitucional y ampliando señalaron lo siguiente: i) Pertenecían al "proyecto PROMAN" que era parte del GAM de La Paz, el mismo que cada cinco años licitaba estas maquinarias, pero a partir de 2018 empezó a tomar la dirección y cambió su razón social a EDMME con los mismos trabajadores; es decir, alrededor de ciento cincuenta a doscientas personas, de las cuales únicamente han sido despedidos ellos "10", a los cuales les denominarían sindicateros o "peruciosos" por pertenecer a la organización sindical y de alguna manera reclamar las horas de trabajo, el trato, entre otros aspectos; razón por la cual, fueron alejados de su fuente de trabajo bajo el denominativo de conclusión de la relación laboral, cuando lo correcto es llamarlo como despido injustificado, puesto que la función de la entidad es prestar servicio a la ciudadanía en cuanto al mejoramiento, mantenimientos, prevención en épocas de lluvia, entre otros; es decir, que son actividades propias del gobierno municipal indicado, no eventual ni transitorio como referiría los contratos; ii) Es de conocimiento público que los trabajos realizados por la EDMME son manuales y que requieren esfuerzo físico, efectuando labores incluso más allá de las ocho horas de trabajo, siendo considerados obreros porque además trabajarían fuera de la unidad productiva y donde requieren su intervención; por este motivo se acomodan al art. 1 de la Ley 321, al desarrollar labores manuales y permanentes estando entonces bajo la protección de la Ley General del Trabajo; y, iii) Finalmente, indicaron que existen muchas entidades descentralizadas municipales como EDMME, tal es el caso de la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses y la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios, ambas de La Paz, que al igual que en el presente caso, han despedido ilegalmente a sus trabajadores y "sus autoridades han tutelado", por lo que adjuntan las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0260/2018-S4 de 11 de junio, 0537/2018-S4 de 17 de noviembre y 0798/2021-S1 de 10 de diciembre, fallos en los que se concedió la tutela en favor de los trabajadores, correspondiendo aplicar la Resolución de Doctrina Constitucional "001/2014 de junio de 2021" (sic).
Juan Fernando Rodríguez Quiroga, Director General Ejecutivo de la EDMME del GAM de La Paz, por informe escrito presentado el 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 312 a 318, y en audiencia a través de su abogado, mencionó que: a) Fue notificado con la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/RJEC/ 024/2022, el 11 de febrero de 2022, habiendo transcurrido más de seis meses desde el supuesto incumplimiento; por consiguiente, rebasado el plazo señalado en el art. 55.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo); b) La Conminatoria descrita sustenta su decisión en normativa legal que según la línea jurisprudencial descrita en la SCP "0562/2017", no le es aplicable a entidades públicas como la EDMME; asimismo, reflejaría una postura parcial de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, puesto que no mencionaría ni valoraría objetivamente los argumentos expresados por la entidad demandada en la audiencia pública ante la instancia administrativa; c) El 2 de septiembre de ese año, plantearon un recurso jerárquico contra la RA 606-22 de 29 de agosto de 2022, que resolvió a su vez el recurso de revocatoria interpuesto de su parte, por el que se confirmó la Conminatoria impugnada, que es objeto de la presente acción de amparo constitucional, por tanto existiría una vía recursiva de impugnación administrativa que está pendiente de resolución y no ha sido concluida; por consiguiente, la admisión de esta demanda tutelar vulneraría y restringiría sus derechos en calidad de administrados a obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que han formulado dentro de un proceso de impugnación administrativa en curso y a exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del procedimiento administrativo vigente; d) En consecuencia para que proceda la presente acción constitucional debería agotarse todos los mecanismos judiciales y administrativos posibles; es decir, debería existir un acto administrativo definitivo que revoque o confirme la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/RJEC/ 024/2022; e) La pretensión de reincorporación de los accionantes se basa en un supuesto despido, cuando en realidad lo que hubo fue terminación de contrato; por otra parte la sucesión contractual que da curso a la figura de relación indefinida de trabajo por más de dos contratos sucesivos se sustenta en la normativa legal que rige en materia de la Ley General del Trabajo para el sector privado y al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional dejó claramente establecido que no aplicaría para contratos de personal eventual en el sector público "SCP 0562/2017-S2"; f) En el presente caso, no existiría un daño inminente e irreparable o la destrucción de un bien jurídicamente protegido, ni ineficacia o retardo injustificado demostrado con pruebas fehacientes; más al contrario, dicho daño ocurriría en detrimento de los recursos públicos en caso de concederse la tutela, puesto que la Conminatoria fue pronunciada de manera parcializada y sin efectuar el debido análisis de cada caso en particular; a saber, primero porque a nueve de los recurrentes se le cumplió el término de sus contratos administrativos, no existiendo ningún "retiro" ni "despido": en el caso de Gonzalo Mamani Valdez solo tiene un contrato laboral suscrito que llegó a término y no como malintencionadamente mencionó en el memorial de la demanda tutelar en aplicación del art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, que refiere a la sucesión de más de dos contratos, pretendiendo en la acción hacer aplicable el Reglamento de Contratación de Personal Eventual del Servicio Estatal de Autonomías al presente caso; g) La Autoridad de Trabajo los encasilla a todos bajo los mismos parámetros cuáles son: todos los contratos de los reclamantes se sujetan a los arts. 21 de la LGT y 2 del DL 16187; presumiendo la relación de carácter indefinido al haberse suscrito más de dos contratos sin interrupción; los contratos no contarían con el visado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, sustentó la decisión de confirmar la Conminatoria en cuestión en el precedente de la SCP 0537/2018-S4, que versa sobre la base de los Decretos Supremos 28699 de 1 de mayo de 2006 y 0495 de 1 de mayo de 2010; h) EDMME es una entidad pública descentralizada, cuyo personal de acuerdo a su norma de creación, está sujeta al Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- y normativa conexa, la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y las estipulaciones del contrato de personal eventual contratado bajo la partida presupuestaria 12100, sin fines de lucro; i) La SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio, contiene precedente legal y constitucional que aplica y sienta el precedente jurídico respecto a la suscripción de contratos sucesivos de trabajo en el sector público, en base a la normativa que rige este sector, que no da lugar a que opere la conversión de los contratos de plazo fijo a contratos indefinidos; j) Los accionantes tenían la calidad de servidores públicos bajo contratos de personal eventual y ninguno de ellos desempeñó funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo; asimismo, el argumento expuesto por los impetrantes de tutela respecto a que ostentan la calidad de obreros no es evidente, puesto que todos ellos son servidores públicos profesionales, capacitados, con licencias para manejo y operación de maquinaria y equipo pesado sofisticado, por lo que en ninguna de sus funciones está la de realizar labor física o manual; y, k) La imposición forzada de incluir a la entidad en el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo generaría costos al Tesoro General del Estado, por lo que la Conminatoria en cuestión ocasionaría daño económico al Estado; por todo lo expuesto, solicita denegar la tutela pretendida.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, a través de la Resolución 261/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 392 a 404 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo en consecuencia que la entidad demandada en el plazo de setenta y dos horas cumpla la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/RJEC/ 024/2022; determinación asumida conforme a los siguientes fundamentos: 1) Respecto al supuesto incumplimiento del principio de subsidiariedad que rige esta acción constitucional, los trabajadores ahora accionantes, ante su despido ilegal acudieron al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; instancia que pronuncio la Conminatoria descrita supra, incumplida por la parte empleadora, de ello se tendría que se encuentran habilitados para activar la justicia constitucional, sin perjuicio de los recursos administrativos que pudiera plantear la EDMME; por lo mencionado, es aplicable la excepcionalidad de dicho principio; asimismo, en cuanto a la inmediatez se tiene que la Conminatoria en cuestión fue notificada el 10 de febrero de 2022 y la acción constitucional presentada el 27 de julio de igual año, por lo que se halla dentro de los seis meses que establece el art. 55 del CPCo.; 2) Previo a ingresar al análisis del caso concreto, correspondería aclarar sobre las observaciones efectuadas por la entidad demandada en relación a que la jurisdicción constitucional no puede pronunciarse con referencia a "...si se trata de contratos a plazo determinado, a plazo indefinido..." (sic), aclarando al respecto que la Sala Constitucional no se pronunciará sobre el fondo de la situación laboral de los impetrantes de tutela por cuanto esos aspectos deben ser de conocimiento de la autoridad jurisdiccional en materia laboral; y, 3) La Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, desarrolló que las conminatorias emitidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tienen un carácter de vinculatoriedad y obligatoriedad, estableciendo la función de la justicia constitucional, el velar porque las mismas sean cumplidas y materializadas en beneficio del trabajador, por lo que al evidenciar en el caso concreto el pronunciamiento e incumplimiento de la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/RJEC/ 024/2022, correspondería pronunciarse de forma positiva a la pretensión de la parte accionante. Concluida la audiencia, la parte demandada solicitó complementación y enmienda: primero en cuanto al cumplimiento de la Conminatoria incluso con los defectos e irregularidades que conlleva, refiriéndose al trabajador que renunció y ahora está en otra repartición del mismo GAM de La Paz; igualmente respecto al trabajador que solo tenía un contrato; y segundo, se aclare si el plazo de setenta y dos horas para el cumplimiento de la determinación, también aplicaría para el pago de sueldos devengados; ante lo cual, la Sala Constitucional indicó que la Resolución de Doctrina Constitucional sentó línea jurisprudencial ordenando el cumplimiento íntegro de la determinación de la Autoridad de Trabajo, que sin perjuicio del mismo pudiera existir un acuerdo conciliatorio, no pudiendo cambiar lo trazado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/RJEC/ 024/2022 de 25 de enero, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, por la que conminó la inmediata reincorporación de Wilson Zenón Atahuichi Chura, Iván Santos Poma Quispe, Roger Rolando Pinto Choquehuanca, Fernando Benedicto Calisaya Alejo, Edgar Genaro Ochoa Alavi, Patricio Laura Alvarado, Ramiro Quelca Paucara, Gonzalo Mamani Valdez y Ronal Casillo Soria -ahora accionantes-, en los mismos puestos que ocupaban al momento de su despido en la EDMME del GAM de La Paz, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; determinación notificada a la entidad ahora demandada el 11 de febrero de 2022, conforme desprende el cargo de recepción (fs. 220 a 225). II.2. Cursa Informe J.D.T.L.P.-NTLF-VR-036/2022 de 4 de marzo, emitida por el Inspector de Trabajo de La Paz, sobre verificación de reincorporación laboral de los trabajadores ahora impetrantes de tutela, en el que se concluyó que la EDMME del GAM de La Paz no acreditó el cumplimiento de la Conminatoria descrita supra, ni canceló los salarios devengados y demás derechos sociales (fs. 238 y vta.). II.3. Ante el recurso de revocatoria interpuesto por la entidad demandada, se tiene la RA 606-22 de 29 de agosto de 2022, pronunciada por el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz a.i., por la que resuelve CONFIRMAR la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/RJEC/ 024/2022 de 25 de enero; a su vez, se tiene recurso jerárquico presentado el 2 de septiembre de 2022 (fs. 324 a 327; y, 297 a 301).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno y a la seguridad social; toda vez que, fueron despedidos de su fuente laboral en la EDMME del GAM de La Paz, sin que medie causa justificada, bajo el argumento de haber concluido sus contratos, sin considerar que han firmado más de cuatro contratos a plazo fijo y que el objeto de sus actividades en dicha entidad consistía en efectuar tareas propias y permanentes, por lo que de acuerdo al principio de primacía de la realidad material debe reconocérseles como trabajadores municipales con estabilidad laboral; motivo por el cual acudieron ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz denunciado dicha arbitrariedad, pronunciándose la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/RJEC/ 024/2022 de 25 de enero, que ordenó su reincorporación a los mismos puestos que ocupaban al momento de su despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que les correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; sin embargo, la autoridad demandada, a pesar de haber sido legalmente notificada con dicha Conminatoria, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar no ha cumplido la misma, extremo que se encuentra demostrado con el Informe J.D.T.L.P.-NTLF-VR-036/2022 de 4 de marzo, pronunciado por el Inspector de Trabajo de La Paz; ante tales circunstancias, solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia: i) Se disponga el cumplimiento de la Conminatoria descrita, ordenando su reincorporación por estabilidad laboral, al mismo puesto que ocupaban al momento de su despido como trabajadores obreros en el manejo de equipo pesado; ii) Ordene el pago de salarios devengados, reposición del seguro social a corto y largo plazo, derecho a la salud y otros "reconocidos en el art. 10 DS. 28699" (sic); y, iii) Condene el pago de costas procesales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; b) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0206/2021-S1 de 25 de junio, reiterada por la 0269/2021-S1 de 21 de julio, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:
En todos los casos en los que se denunciaron despidos ilegales, como el incumplimiento de las Resoluciones de Conminatoria de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, este despacho siempre tuvo como uno de sus principales objetivos el tratar de materializar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, disponiendo el cumplimento integral de las conminatorias de reincorporación laboral, que se vieron reflejados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0016/2018-S2 de 28 de febrero, 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, 0985/2019-S2 de 21 de octubre (cumplimiento integral de conminatoria), como también en los Votos Disidentes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/20018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-S2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre, entre otras.
Lo que implica que siempre hubo una actitud consecuente sobre la necesidad de tutelar los derechos de estabilidad laboral y al trabajo, mediante la aplicación del estándar más alto de protección tal y como lo estableció la SCP 0814/2018-S2, que sistematizó y contextualizó la línea jurisprudencial sobre este tema en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2.
Posteriormente, con el objeto de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Constitución Política del Estado, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sala Plena, a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:
a) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:
1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación; 1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional
-abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador; 1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; 1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, 1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso:
UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:
1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones… (negrillas añadidas). La Resolución de Doctrina Constitucional ratificó las líneas jurisprudenciales garantistas emitidas por este despacho por medio de sus Sentencias y Votos Disidentes, precitados anteriormente, lo que implica que la unificación de jurisprudencia vincula al mismo Tribunal Constitucional Plurinacional a materializar los derechos fundamentales de los trabajadores, aplicando los entendimientos más favorables y con el estándar más alto de protección, reconociendo que estos derechos tienen un carácter progresivo en su protección e implementación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, principios que no tienen un techo en su aplicación y que siempre se buscará la manera más efectiva de tutelar los derechos fundamentales.
laboral El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0328/2018-S2 de 9 de julio, precedida del Voto Disidente de la SCP 123/2018-S2 de 16 de abril, reiterada posteriormente por el Voto Disidente de la SCP 0348/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: El 1 de mayo de 2006 se dictó el DS 28699, que en sus arts. 10 y 11, establece la posibilidad que cualquier persona que se encuentre sometida al régimen laboral y crea que fue injustamente despedida o alejada de su fuente laboral -salvo las causas de despido previstas por el art. 16 de la LGT, pueda acudir ante el ahora Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reclamando su derecho a la estabilidad laboral o el pago de beneficios sociales; en contraposición al derogado art. 55 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, que permitía libremente rescindir los contratos de trabajo. Posteriormente, el 1 de mayo de 2010, se emitió el DS 0495, que en su Artículo Único modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 28699, señalando:
En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo (las negrillas son nuestras). Además, incluyó los parágrafos IV y V, con los siguientes textos: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (únicamente) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución”; se aclara que la palabra únicamente fue declarada inconstitucional por la SCP 0591/2012 de 20 de julio. Por su parte, el parágrafo V indica: “V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral” (las negrillas de ambos textos normativos son incorporadas); se entiende que esto ocurre en la fase de la conminatoria.
Por su parte, la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la aplicación del DS 0495, en su art. 3 refiere:
ARTÍCULO 3.- (Acciones Constitucionales). Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral (las negrillas son incorporadas). Vale decir, que ante la inobservancia del plazo para que un empleador ejecute una resolución de reincorporación de un trabajador a su fuente laboral, éste último puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional, en procura de la reparación de los derechos que considere afectados. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; efectivamente, la señalada SCP 0177/2012, tuvo el siguiente razonamiento en el Fundamento Jurídico III.3:
1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.
2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.
3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral (las negrillas nos corresponden). Por lo referido, las conminatorias de reincorporación emitidas por las jefaturas departamentales o regionales de trabajo, deben ser cumplidas de manera obligatoria, sin perjuicio que puedan ser impugnadas por el empleador o parte patronal en la vía administrativa o judicial; no obstante, mientras se suscite dicho aspecto, la conminatoria pronunciada debe ser ejecutada con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los trabajadores, otorgándoles seguridad jurídica y estabilidad laboral, siendo posible en caso de inobservancia, la formulación de una acción de amparo constitucional, para la restitución de los derechos lesionados. Por otra parte, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunciaba sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la SCP 0177/2012, aprobó la resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la SCP 1608/2012 de 24 de septiembre, entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispuso la cancelación de sueldos devengados.
No obstante, lo anotado precedentemente, la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, refirió que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, bajo el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que fue reiterado por la SCP 1130/2017-S3 de 31 de octubre, entre otras. Al respecto, posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, entre ellas, la SCP 0016/2018-S2 y la SCP 0028/2018-S2, ambas de 28 de febrero, confirmaron las Resoluciones emitidas por los Tribunales de garantías que concedieron la tutela y dispusieron la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, ambas de 15 de marzo, hizo extensiva la tutela al pago de sueldos devengados y beneficios sociales, que la ley establece desde el día de su desvinculación ilegal. Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse que una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE), es su progresividad, que implica, por una parte; que los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, no son un catálogo cerrado, sino que, de manera permanente se amplían en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprende de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la referida CPE. Por otra parte, el principio de progresividad, supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas, lo que significa que, en materia de Derechos Humanos, no corresponde la regresividad, es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos. El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2491/2012, 0210/2013, 1617/2013, entre muchas otras. Así en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló que el principio de progresividad establece la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de Derechos Humanos, en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-.
Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituye una afectación al principio de progresividad. En el marco del principio de progresividad, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; metodología, que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Conforme a lo anotado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe señalar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012, 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia del derecho al trabajo, estabilidad laboral y el derecho a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán sobre la base de los principios de, entre otros, protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.
Cabe aclarar, que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como lo indicó la jurisprudencia constitucional, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela. Por otra parte, las citadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, se pronuncian sobre los sueldos devengados y otros beneficios, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o la garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece que: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; norma constitucional que es coherente con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, y en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad- que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene varios elementos. Así, para la Corte IDH, la reparación supone la restitución integral del derecho que fue vulnerado, es decir, el restablecimiento del derecho a la situación anterior a su violación; pero también implica la adopción de otras medidas como la indemnización, que es la reparación por daños materiales físicos o mentales, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso; la rehabilitación, en los casos que corresponda, comprendiendo la atención médica y psicosocial requerida; la satisfacción pública, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad; y, las garantías de no repetición, que tienen por objeto adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de las vulneraciones a derechos. Entonces, a partir de todo lo desarrollado, se tienen las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo:
i) Procede la acción tutelar de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa;
ii) La competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajador; y, ii) La concesión de la tutela supone la adopción de medidas de reparación como la indemnización, en concreto, tratándose de incumplimiento de conminatoria de reincorporación, la cancelación de los sueldos devengados desde la desvinculación ilegal constatada por la autoridad de trabajo y demás beneficios sociales que le correspondan al trabajador.
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno y a la seguridad social; toda vez que, fueron despedidos de su fuente laboral en la EDMME del GAM de La Paz, sin que medie causa justificada, bajo el argumento de haber concluido sus contratos, sin considerar que han firmado más de cuatro contratos a plazo fijo y que el objeto de sus actividades en dicha entidad consistía en efectuar tareas propias y permanentes, por lo que de acuerdo al principio de primacía de la realidad material debe reconocérseles como trabajadores municipales con estabilidad laboral; motivo por el cual, acudieron ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz denunciado dicha arbitrariedad, pronunciándose la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/RJEC/ 024/2022 de 25 de enero, que ordenó su reincorporación a los mismos puestos que ocupaban al momento de su despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; sin embargo, la autoridad demandada, a pesar de haber sido legalmente notificada con dicha Resolución, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar no ha cumplido la misma. En cuanto al principio de inmediatez -cuestionado por la entidad demandada-; se tiene que la notificación a la EDMME del GAM de La Paz con la Conminatoria fue realizada el 11 de febrero de 2022 (fs. 220); y la presente acción fue interpuesta el 27 de julio de igual año, por lo que se advierte que se encuentra dentro de los seis meses que establece la norma. Asimismo, previo a ingresar al análisis corresponde precisar que la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 -Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales-, vigente a la fecha de emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no es aplicable al caso concreto puesto que la referida norma ingresó en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2022; y, los accionantes acudieron a la vía administrativa el 4 de enero de ese año -conforme desprende la denuncia escrita cursante a fs. 7- y la Conminatoria fue pronunciada el 25 de enero de igual año; es decir, fue emitida con anterioridad a la vigencia de la citada Ley 1468, debiendo aplicarse en consecuencia el procedimiento anterior, bajo el marco de lo previsto por la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021.
En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de este fallo constitucional, ante la denuncia de vulneración del derecho al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, por despido injustificado -sin haberse incurrido en las causales establecidas en el art. 16 de la LGT-, que derivó en la emisión de una conminatoria de reincorporación laboral por una de las Jefaturas de Trabajo del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, siendo la finalidad de la jurisdicción constitucional el resguardo de los derechos fundamentales cuando estos son amenazados, a efectos de otorgar una tutela provisional inmediata: "Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación..."; siendo en estos casos labor de la jurisdicción constitucional verificar la emisión de la Conminatoria, su notificación al empleador y su incumplimiento, debiendo en esa circunstancia disponer el cumplimento integral de la conminatoria de reincorporación laboral, sin omitir ninguna de sus determinaciones. Ahora bien, en el caso de análisis se advierte que luego del trámite administrativo fue pronunciada la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/RJEC/ 024/2022 por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, que conmina a la EDMME -entidad ahora demandada- la inmediata reincorporación de los ahora demandantes de tutela, en el mismo puesto que ocupaban al momento de su despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; notificada dicha determinación a la entidad demandada el 11 de febrero de 2022 (Conclusión II.1), la misma no fue cumplida, concordante a esto se emitió el Informe J.D.T.L.P.-NTLF- VR-036/2022, por el Inspector de Trabajo, que establece la verificación del incumplimiento de la referida Conminatoria (Conclusión II.2); renuencia que además fue confirmada en la presente acción tutelar por la misma entidad demandada que justifica el incumplimiento señalando que interpuso recursos administrativos: inicialmente recurso de revocatoria, resuelto mediante la RA 606-22 que CONFIRMA la Conminatoria impugnada; y luego recurso jerárquico presentado el 2 de septiembre de 2022, cuyo resultado no consta en antecedentes, entendiéndose que a la fecha de la audiencia de garantías se encontraba pendiente de resolución (Conclusión II.3); al respecto, corresponde señalar que conforme se estableció en la antes mencionada jurisprudencia constitucional, las conminatorias de reincorporación deben ser cumplidas de manera obligatoria, sin perjuicio que puedan ser impugnadas por el empleador o parte patronal en la vía administrativa o judicial; por consiguiente, en el caso concreto, es evidente el incumplimiento de la Conminatoria por parte de la EDMME del GAM de La Paz, que constituye la causa de vulneración de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno y a la seguridad social, denunciados por la parte accionante, que además afecta a su entorno familiar porque ese incumplimiento les priva de contar con los medios económicos indispensables para su subsistencia y de las personas bajo su dependencia, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada de forma provisional. Por otro lado, en cuanto al argumento de la parte demandada referido al contenido de la Conminatoria pronunciada por la autoridad administrativa, que a decir suyo no tomó en cuenta el precedente establecido en la SCP 0562/2017-S2, que establece que en las instituciones públicas no opera la conversión de contratos a plazo fijo por indefinidos, por cuanto la tácita reconducción se aplica al sector privado que está amparado en la Ley General del Trabajo y no procede para el sector público; al respecto corresponde señalar que la EDMME del GAM de La Paz no consideró que dichos entendimientos fueron superados a partir de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, emitida por Sala Plena de este Tribunal, que concluyó que ante la denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, a la jurisdicción constitucional estrictamente le corresponde velar por el cumplimiento de dicha conminatoria, encontrándose "...imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria"; jurisdicción ordinaria laboral que puede ser activada por el empleador con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de los trabajadores. Finalmente, de acuerdo al entendimiento asumido en la SCP 0497/2022-S1 de 4 de julio, no corresponde disponer el pago de costas, por cuanto no existe prueba que evidencie que la autoridad demandada haya actuado con dolo o temeridad. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte, la Resolución 261/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 392 a 404 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER, la tutela solicitada, en los mismos términos establecidos por la Sala Constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela en lo correspondiente al pago de costas procesales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.4, señala: “… cuando el DS 0495 y la RM 868/10, disponen una única instancia para resolver administrativamente la reincorporación del trabajador, afectan el derecho al debido proceso en su elemento de acceso a una segunda instancia, de las partes que acceden a este mecanismo de resolución de conflictos, que pueden ser el trabajador como el empleador, debiendo por ello expulsarlas del ordenamiento jurídico, para que en aplicación del debido proceso consagrado por el art. 115.II de la CPE, las partes tengan acceso a una segunda instancia administrativa en reclamo de la conminatoria a la reincorporación, sin perjuicio de la vía judicial” (las negrillas son nuestras).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0638_2024-S1.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): f22bf9cb753d50fe69110b8d633f5a5bb5238c455eb04dd76b4c307b440f0ddb
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