B.IA.LEGAL

SCP 0638/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 18 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
18 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
47493-2022-95-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos, de legalidad, de celeridad, y pro homine, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, ante su solicitud de cesación a su detención preventiva (21 de marzo de 2022), el Juez demandado, programó audiencia para tal efecto; empero, la misma fue suspendida con un justificado no valedero y contradictorio; además, sin señalar nuevo verificativo hasta la fecha de presentación de su acción tutelar (14 de abril de 2022); asimismo, mediante memoriales de 23 y 30 de marzo del citado año, reitero nuevamente su petición de cesación a su detención preventiva; sin embargo, la citada autoridad, supeditando su obligación, omitiría y se rehusaría a señalar dicho verificativo; por lo que, estaría indebidamente privado de su libertad por más de diez meses, pese a existir resolución de sobreseimiento emitido a su favor, y haber sobrepasado el cumplimiento de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 14 de abril, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; es decir, únicamente en cuanto al señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva; y, exhortar a la autoridad judicial demandada, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales..

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Celeridad y audiencia para considerar el beneficio de cesación a la detención preventiva. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0638/2023-S4 Sucre, 18 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 47493-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2022 de 14 de abril, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alejandro Andrés Ortega Castillo en representación sin mandato de Kevin Rodrigo Molina Divico contra Gregorio Merlo chura, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de abril de 2022, cursante de fs. 17 a 24; el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público, por el presunto delito de violación agravada; el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz –ahora demandado–, de forma continua se rehusaría y rechazaría, señalar audiencia de consideración de modificación de su detención preventiva, en total desconocimiento de los alcances del art. 239 numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres −Ley 1173 de 3 de mayo de 2019−; toda vez que, existiría nuevos elementos que deberían ser valorados por la citada autoridad, referente al Sobreseimiento 01/2022 de 18 de febrero, dispuesto a su favor, y puesto que habrían trascurrido más de nueves meses de su detención preventiva; pese que, a través de tres memoriales, solicitó el señalamiento de audiencia de cesación y modificación de dicha medida, fundando su requerimiento conforme a los arts. 239 del Adjetivo Penal, y 115.I, 116.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); primer artículo señalado, que establecería de forma inequívoca, que el acto procesal para tal efecto, se debería programar dentro de las veinticuatro horas; por lo que, denunciaría que existiría vulneraciones a sus derechos constitucionales, como el debido proceso, lesión a los principios de legalidad y celeridad; y por consiguiente, sus derechos a la libertad, y locomoción; puesto que, estaría ilegalmente privado de su libertad por más de diez meses, pese a existir un sobreseimiento emitido a su favor; además, al advertirse que dicho verificativo debió de señalarse sin ninguna condición, vulnerando el principio de legalidad, debido proceso y pro homine, el Juez demandado, mediante proveído de “1 de marzo de 2022”, supeditó su obligación de señalar audiencia, manifestando que: “con los antecedentes obtenidos se fijará la audiencia de cesación solicitada” (sic). Asimismo, pese que la autoridad demandada, ante su solicitud de 21 de marzo de 2022, por decreto de 22 de igual mes y año, señaló dicho verificativo de forma virtual, para el 23 del citado mes y año, a las 15:30; sin embargo, cuando ingresó a la plataforma virtual de la citada audiencia, fue sorprendido que la misma se suspendió; puesto que, conforme al informe del Secretario del referido Juzgado, el Juez demandado indicó que el referido acto procesal se suspendería por falta de conexión, que no le permitía ingresar a la misma; pese que el aludido Secretario, estando en el despacho judicial de la autoridad demandada, ingresó sin ninguna dificultad a dicho verificativo, constituyéndose como hechos contradictorios; además, el citado funcionario, al manifestarle que en el día, se le notificaría con el nuevo señalamiento de audiencia; sin embargo, hasta la fecha, no se fijó dicho acto procesal; por lo que, de esa forma atentarían contra sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, manteniéndole ilegalmente detenido e indebidamente procesado; puesto que, hasta la fecha (13 de abril de 2022), y estando con un sobreseimiento emitido a su favor, no se señaló audiencia; más aún, que al existir los memoriales de 18 de febrero, 23 y 30 de marzo del citado año, donde solicitó audiencia para el cese de la detención preventiva, mandamiento de libertad, y por tercera vez requirió el acto procesal para el cese de dicha medida; empero, el Juez demandado, mediante proveído de “1 de marzo de 2022”, sin la debida fundamentación y motivación, en la parte infine, señaló que: “Por lo antecedentes señalados la Sra. Fiscal informe a este despecho judicial la nota de remisión de la fecha y hora de recepción en la Fiscalía Departamental de La Paz, (adjunte una copia de remisión), con los antecedentes obtenidos se fijará la audiencia de cesación solicitada” (sic); omitiendo de esa forma, lo establecido en los arts. 113.II, y 239 numerales 1 y 2 del CPP.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos, de legalidad, de celeridad, y pro homine vinculado con su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 8.II, 13.I, 22, 23.I y III, 115.I, 116.I, 117, 119.II, 178 y 180 de la CPE; 1, 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 1 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se les conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, el Juez demandado: a) Dicte un “NUEVO AUTO INTERLOCUTORIO” (sic), en previsión de los arts. 239 y 250 del CPP; b) Convoque a una audiencia para considerar su situación jurídica, tomando en cuenta el art. 239 numerales 1 y 2 del citado Código; c) (En audiencia) emita mandamiento de libertad a su favor, o en su defecto señale dicho verificativo, dentro de las cuarenta y ocho horas, inclusive habilitando días y horas inhábiles.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 14 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 32, presentes el impetrante de tutela asistido por su abogado, y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela, a través de su abogado, en audiencia, ratificó de forma íntegra su demanda de acción tutelar, y ampliándola, manifestó que: 1) Según a lo establecido en el art. 125 de la CPE, estaría indebidamente procesado; toda vez que, se encontraría con detención preventiva en el Centro Penitenciario de “San Pedro” de La Paz, conforme a la Resolución 39/2021 de 2 de junio, por más de diez meses; 2) En virtud a ello, interpuso esta acción de defensa contra el Juez demandado; puesto que, al haberse presentado el 18 de febrero de 2022 la Resolución de Sobreseimiento 01/2022, a la citada autoridad; conforme a ello, solicitó en diferentes oportunidades al mismo, audiencia para la modificación de su detención preventiva, fundando su petición en los arts. 239 numerales 1 y 2 del CPP, y 115, 116 y 119 de la CPE; debiendo por consecuencia, señalarse el acto procesal requerido, dentro de las cuarenta y ocho horas; 3) Pese que, por decreto de 22 marzo de igual año, se fijó audiencia virtual para el 23 del aludido mes y año; sin embargo, al ingresar a la plataforma virtual, la misma fue suspendida, que por informe del Secretario del Juzgado, quien ingresó sin ninguna dificultad a dicho acto procesal, le manifestó que la autoridad demandada, suspendió la misma, porque no podía ingresar a la plataforma virtual por falta de conexión; hechos contradictorios, al estar dicho funcionario en el mismo despacho del Juez demandado; asimismo, debería de programarse con un nuevo señalamiento de audiencia; empero, hasta la fecha no se fijó dicho verificativo; 4) El 23 del mes y año prenombrado, solicitó la emisión de un mandamiento de libertad, ante la existencia de la Resolución de Sobreseimiento 01/2022, misma que no fue impugnado, conforme al primer informe que pronunció el Fiscal de Materia, y que al encontrarse por más de diez meses con detención preventiva, estaría vencido, sobrepasado y cumplido el plazo dispuesto con dicha medida; sin embargo, la autoridad demandada, mediante decreto (no señala la fecha), señalo que: “va a verificar la situación jurídica del imputado” (sic), justificando de esa forma a pronunciarse sobre lo requerido, y menos fijar el nuevo acto procesal, cuando tenía la obligación el mismo de señalar la misma ante la audiencia suspendida; 4) Ante las negativas de sus solicitudes, el 30 de marzo de 2022, por tercera vez, requirió se fije día y hora de audiencia, para la consideración de la cesación de su detención preventiva; empero, la autoridad demandada, mediante proveído de 1 de igual mes y año, sin una debida fundamentación ni motivación, supeditó su solicitud de audiencia, misma que debió ser programada dentro de las cuarenta ocho horas; omitiendo y vulnerando de esa forma, lo establecido en los art. 113.II y 239 numerales 1 y 2 del Adjetivo Penal; y, 5) Conforme a ello, el Juez demandado, no solo incumplió sus funciones, en una franca retardación de justicia, sino lesionó su derecho a la libertad, previsto en los arts. 23, 115, 116 y 117 de la Norma Suprema; por lo que, solicitó se le conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se emita el mandamiento de libertad a su favor, o en su defecto la autoridad demandada, convoque a audiencia de cesación y modificación de su detención preventiva, dentro de las cuarenta y ocho horas, inclusive habilitando días y horas inhábiles.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Gregorio Merlo chura, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 14 de abril de 2022, cursante de fs. 28 a 29, y ratificándose en audiencia la misma, manifestó que: i) Ante el proceso penal seguido contra el accionante, por el presunto delito de violación con agravante de una menor de quince años, mediante Resolución 39/2021, dispuso la detención preventiva del mismo; conforme a ello, realizó la respectiva conminatoria de requerimiento conclusivo al Ministerio Público; por lo que, al habérsele presentado el 21 de febrero de idéntico año prenombrado, la Resolución de Sobreseimiento 01/2022, haciendo el control jurisdiccional, solicitó al Fiscal de Materia, informe si las partes fueron legalmente notificados con la citada Resolución; ii) Ante su reiteración de dicho requerimiento, el 23 de marzo de igual año antes referido, y con el objeto de cumplir con el art. 324 del CPP, sobre si la partes fueron debidamente notificados con la precitada Resolución de Sobreseimiento; mediante memorial de igual fecha, la Defensoría de la Niñez, le hizo conocer que los padres de la víctima habrían impugnado dicha Resolución; iii) El presente proceso penal, al ser de conocimiento público, se apersonaron y harían seguimiento, las Activistas de Mujeres Creando, la Junta de Vecinos de Palos Blancos, y un Diputado Nacional; por otra parte, La Fiscal de Materia asignada al caso, al efectuar sobreseimientos a favor de violadores de niñas y niños, fue destituida de sus funciones, dentro de otros casos; iv) Conforme a los arts. 323 y 324 del CPP, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales; la resolución conclusiva de sobreseimiento emitida por el Fiscal de Materia, de manera imprescindible, debería contar con el pronunciamiento del Fiscal de Distrito, en los casos que dicha resolución haya sido impugnada o de oficio cuando no exista parte querellante, y recién estaría permitido el juez, tomar la decisión de disponer la libertad del imputado; por lo que, según al “formulario RCIER 001”, el 7 de abril del mismo año prenombrado fue presentado la impugnación del presente caso, y a la fecha (14 de igual mes y año), no se tendría ningún resultado de la misma, por estar en el plazo que señalaría el procedimiento; v) Se debería tomar en cuenta, lo establecido en el protocolo con perspectiva de género, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Tribunal Constitucional Plurinacional, recomiendan el tratamiento en hechos, donde se encuentran inmersas víctimas de violencia sexual, más aun de menores de edad como en el presente caso; por lo que, el impetrante de tutela, pretendería conseguir su libertad irrestricta, sin asegurar mínimamente su presencia en el proceso; lo cual no sería posible; puesto que, tendría conocimiento que Resolución de Sobreseimiento 01/2022 dispuesta a su favor, fue impugnado por los padres de la víctima; y, vi) Ante lo manifestado, se evidenciaría que no lesionó los derechos del accionante; toda vez que, no se encontraría ilegalmente perseguido, o indebidamente procesado, o privado de su libertad, al existir una estructura cautelar, que responde a un fin exclusivamente instrumental, cuyo objeto es la averiguación de la verdad en el desarrollo del proceso, y la aplicación de la ley; razones por las cuales, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 07/202 de 14 de abril, cursante de fs. 33 a 35, “otorgó” la tutela solicitada, disponiendo que dentro del término de cuarenta y ocho horas, el Juez demandado, debería de señalar día y hora, para la consideración de cesación a la detención preventiva; determinación asumida con base a los siguientes fundamentos: a) Ante las diferentes solicitudes de cesación a su detención preventiva, realizado por el impetrante de tutela, y al estar el mismo privado de su libertad, la autoridad demandada, debió obrar con un criterio diferente que no afecte el derecho a la libertad del mismo; puesto que, tenía que realizar la audiencia de cesación de manera oportuna, cumpliendo con los plazos procesales señalados en la Ley 1173, respecto a la cesación de la detención preventiva, y conforme al art. 239 numerales 1 y 2 del CPP, para su consideración; b) La autoridad demandada, más allá de las providencias que hubiera emitido, previamente debió señalar dentro del plazo de cuarenta y ochos, la consideración de la cesación a la detención preventiva, en cumplimiento del art. 130 del Adjetivo Penal, relacionado con el art. 239 del citado Código; y, c) En el presente caso, se evidenciaría el incumplimiento de los plazos procesales, por el Juez demandado, vulnerando de esa forma el derecho a la libertad, mediante un procedimiento pronto y oportuno; más aún, en la audiencia de esta acción tutelar, la autoridad demandada, no señaló si fijó día y hora de consideración de la cesación a la detención preventiva; extremos, que lesionarían los principios a la seguridad jurídica, a la defensa y legalidad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 21 de marzo de 2022, ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz –ahora demandado–, Kevin Rodrigo Molina Divico –hoy accionante–, dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación con agravante, estando con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; solicitó se emita mandamiento de libertad, o en su defecto se señale audiencia para el cese de dicha medida; adjuntado a la misma la Resolución de Sobreseimiento 01/2022, y otros (fs. 2 y vta.). II.2. En respuesta al requerimiento señalado, por providencia de 22 de marzo de 2022, la autoridad demandada, señaló audiencia virtual de consideración a la cesación de la detención preventiva, para el 23 de igual mes y año, a las 15:30 (fs. 4). II.3. Mediante escrito presentado el 23 de marzo de 2022, a las 16: 30, ante el Juez demandado, el accionante solicitó se emita mandamiento de libertad; en razón que, el acto procesal programado en la referida fecha a las 15:30, fue suspendido de manera injustificada y no se señaló día y hora de la nueva audiencia (fs. 3 y vta.). II.4. Por Auto Interlocutorio 17/2022 de marzo, la autoridad demandada, ante la Resolución de Sobreseimiento 01/2022, emitida a favor del impetrante de tutela, dispuso que el Ministerio Publico, informe en el día, si las partes fueron notificadas con la citada Resolución, y si se remitió ante la autoridad de la Fiscalía Departamental de La Paz, conforme a los arts. 323 numeral 3 y 324 del CPP (fs. 6). II.5. En respuesta al escrito de 23 de marzo de 2022, el Juez demandado, por decreto de 24 del citado mes y año; señaló que, al no tener conocimiento sobre la legal notificación a la parte denunciante, conforme al cuaderno de control jurisdiccional, al efecto una vez concluida las formalidades que prevé los arts. 323 y 324 del CPP (fs. 4), y contando con los resultados de la impugnación, fijará la situación jurídica del accionante (fs. 5). II.6. Mediante memorial presentado el 1 de abril de 2022, a las 16: 30, ante la autoridad demandada, el solicitante de tutela, pidió por tercera vez se fije día y hora de audiencia, para la consideración de su cesación a la detención preventiva (fs. 7 a 8). II.7. En respuesta al requerimiento mencionado, por providencia de “1 de marzo” de 2022”, la autoridad demandada, señaló que, según al escrito de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Resolución de Sobreseimiento 01/2022, fue impugnado el 17 del aludido mes y año, por los progenitores de la víctima, en conformidad del art. 324 del CPP; disponiendo que, la Fiscal de Materia, informe sobre la nota remisión a la Fiscalía Departamental de La Paz, estableciendo la fecha y hora de recepción de la misma, y adjuntando la referida nota de remisión; y conforme a ello, determinó que, obteniendo dichos antecedentes, fijará la audiencia de cesación solicitada.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos, de legalidad, de celeridad, y pro homine, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, ante su solicitud de cesación a su detención preventiva (21 de marzo de 2022), el Juez demandado, programó audiencia para tal efecto; empero, la misma fue suspendida con un justificado no valedero y contradictorio; además, sin señalar nuevo verificativo hasta la fecha de presentación de su acción tutelar (14 de abril de 2022); asimismo, mediante memoriales de 23 y 30 de marzo del citado año, reitero nuevamente su petición de cesación a su detención preventiva; sin embargo, la citada autoridad, supeditando su obligación, omitiría y se rehusaría a señalar dicho verificativo; por lo que, estaría indebidamente privado de su libertad por más de diez meses, pese a existir resolución de sobreseimiento emitido a su favor, y haber sobrepasado el cumplimiento de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto la SCP 0696/2019-S4 de 28 de agosto, señaló que: “‘El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertadʼ”. En ese entendido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con el 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas; un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, establecido en el art. 23.I de la Norma Suprema (las negrillas son nuestras).

III.2. Celeridad y audiencia para considerar el beneficio de cesación a la detención preventiva. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0266/2019-S4 de 16 de mayo, efectuando un análisis sobre la celeridad que debe regir la tramitación concerniente a la audiencia referida al exordio, y en alusión a la jurisprudencia previa desarrollada sobre la misma, sostuvo que: “La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, indica que: ‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal. (…)

De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud. En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’. Además, cabe resaltar que el art. 239 del CPP, (…) establece los plazos procesales para la consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva,… (…)

…debe tenerse presente que la celeridad en la atención de este tipo de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad personal de los procesados, ha motivado la modificación de la indicada norma por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que reduce el plazo de cinco días arriba citado a cuarenta y ocho (48) horas; modificación que si bien aún no se encuentra vigente dada la vacatio legis establecida en la Disposición Final Primera de la citada Ley, resulta pertinente a los fines de establecer que la voluntad del legislador se ha abocado a reducir aún más los plazos para la consideración de solicitudes de modificación de medidas cautelares para maximizar el principio de celeridad con relación a la situación jurídica de los procesados privados de libertad” Complementando el análisis del espíritu de la Ley 1173, conviene hacer hincapié en el objeto de la misma, que es procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas

En el entendido de que, en la fecha que se suscitaron los hechos de esta acción de defensa, ya se encontraba en plena vigencia la precitada Ley, es menester resaltar que ésta, no solo acortó los plazos de señalamiento de audiencia del art. 239 del adjetivo penal, en el caso concreto, de cinco a dos días (48 horas), sino que también ha previsto cambios en la sustanciación de las audiencias –incluida la de cesación a la detención preventiva–, y en las notificaciones en general; por lo que, siempre en observancia del principio de celeridad, y la necesaria interpretación sistemática y exegética de la norma, para la tramitación de este tipo de actos procesales, necesariamente se debe acatar los siguientes artículos del adjetivo penal: Artículo 113. (AUDIENCIAS).

I. Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal.

En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este Código, autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuanto esté prevista la realización de audiencias orales. En el juicio y en las demás audiencias orales, se utilizará como idioma el castellano, alternativamente, mediante resolución fundamentada, la jueza, el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio. Si alguna de las partes, los jueces o los declarantes no comprenden con facilidad el idioma o la lengua utilizada, la jueza, el juez o tribunal nombrará un intérprete común. Cuando alguna de las partes requiera de un intérprete en audiencia, comunicará esta circunstancia con la debida antelación a la autoridad jurisdiccional, debiendo ofrecerlo o solicitar la designación de uno de oficio. II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código.

Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia.

Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro.

Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento.

La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación.

La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes.

Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

En la presente acción de libertad, el impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que: ante su solicitud de cesación a su detención preventiva (21 de marzo de 2022), el Juez demandado, programó audiencia para tal efecto; empero, la misma fue suspendida con un justificado no valedero y contradictorio; además, sin señalar nuevo verificativo hasta la fecha de presentación de su acción tutelar (14 de abril de igual año prenombrado); asimismo, mediante memoriales de 23 y 30 de marzo del citado año, reitero nuevamente su petición de cesación; sin embargo, la citada autoridad, supeditando su obligación, omitiría y se rehusaría a señalar dicho verificativo; por lo que, estaría indebidamente privado de su libertad por más de diez meses, sobrepasado el cumplimiento de su detención preventiva, pese a existir resolución de sobreseimiento emitido a su favor.

Identificada la problemática planteada y la pretensión del accionante, que motivaron la interposición de esta acción de defensa, es necesario efectuar una síntesis de los antecedentes del proceso penal de origen, en el que se habrían suscitado las actuaciones hoy cuestionadas de lesivas de derechos vía acción de libertad; de donde se tiene que, dentro del proceso penal seguido en contra de Kevin Rodrigo Molina Divico –hoy impetrante de tutela–, a instancia del Ministerio Público, por el presunto delito de violación con agravante; al estar el mismo con detención preventiva en el Centro Penitenciario de “San Pedro” de La Paz, por disposición de la Resolución 39/2021 de 2 de junio; mediante memorial de 21 de marzo 2022, solicitó al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz –ahora demandado–, emita mandamiento de libertad, o en su defecto se señale audiencia para el cese de dicha medida, adjuntado a la misma la Resolución de Sobreseimiento 01/2022, y otros; en virtud a ello, la citada autoridad, por providencia de 22 de igual mes y año, señaló audiencia virtual de consideración a la cesación de la detención preventiva, para el 23 del citado mes y año, a las 15:30 (Conclusiones II.1 y II.2); posteriormente, por escrito de la aludida fecha, a las 16: 30, el solicitante de tutela pidió al Juez demandado, se emita mandamiento de libertad; en razón que, el acto procesal programado en la referida fecha para las 15:30, fue suspendido de manera injustificada y no se señaló día y hora de la nueva audiencia; en ese ínterin, mediante Auto Interlocutorio 17/2022, la autoridad demandada, ante la Resolución de Sobreseimiento 01/2022, emitida a favor del impetrante de tutela, dispuso que el Ministerio Publico, informe en el día, si las partes fueron notificadas con la citada Resolución, y si se remitió la misma, ante la autoridad de la Fiscalía Departamental de La Paz, conforme a los arts. 323 numeral 3 y 324 del CPP; en base a ello, el Juez demandado, por decreto de 24 del citado mes y año, dando respuesta al escrito del accionante mencionado precedentemente; señaló que, al no tener conocimiento sobre la legal notificación a la parte denunciante, conforme al cuaderno de control jurisdiccional, al efecto una vez concluido las formalidades que prevé los arts. 323 y 324 del Adjetivo Penal (fs. 4), y contando con los resultados de la impugnación (se entiende contra la Resolución de Sobreseimiento 01/2022), fijará la situación jurídica del mismo (Conclusiones II.3, II.4 y II.5). Nuevamente, mediante memorial de 1 de abril de 2022, a las 16: 30, el impetrante de tutela, solicitó por tercera vez a la autoridad demandada, fije día y hora de audiencia, para la consideración de su cesación a la detención preventiva; misma que tuvo respuesta, por el Juez demandado, por decreto de “1 de marzo” de 2022”, señalando que, según al escrito de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Resolución de Sobreseimiento 01/2022, fue impugnado el 17 del aludido mes y año, por los progenitores de la víctima, en conformidad del art. 324 del Código Procesal Precitado; por lo que, dispuso que, la Fiscal de Materia, informe sobre la nota remisión a la Fiscalía Departamental de La Paz, estableciendo la fecha y hora de recepción de la misma, y adjuntando la referida nota de remisión; y conforme a ello, determinó que, obteniendo dichos antecedentes, fijará la audiencia de cesación solicitada (Conclusiones II.6 y II.7).

Por último, se tiene lo manifestado por la autoridad demandada, en su informe presentado en esta acción tutelar, donde refirió que, ante la conminatoria de requerimiento conclusivo al Ministerio Público, el 21 de febrero de 2022, se le presentó la Resolución de Sobreseimiento 01/2022, emitida a favor del accionante; sin embargo, haciendo el control jurisdiccional del proceso, solicitó a la Fiscal de Materia, informe si las partes fueron legalmente notificadas con la citada Resolución; y, ante su reiteración el 23 de igual mes y año, y con el objeto de cumplir con el art. 324 del CPP, sobre si las partes fueron debidamente notificadas con la precitada Resolución de Sobreseimiento; mediante memorial de igual fecha, la Defensoría de la Niñez, le hizo conocer que los padres de la víctima habrían impugnado dicha Resolución; asimismo, conforme a los arts. 323 y 324 del mismo Código Procesal prenombrado, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, la resolución conclusiva de sobreseimiento emitida por el Fiscal de Materia, de manera imprescindible, debería contar con el pronunciamiento del Fiscal de Distrito; por lo que, según al “formulario RCIER 001”, el 7 de abril de 2022 fue presentado la impugnación del presente caso, y a la fecha (14 de igual mes y año), no se tendría ningún resultado de la misma, por estar en el plazo que señalaría el procedimiento; y, ante ello, no sería posible considerar la libertad irrestricta del accionante, por tener conocimiento el mismo, de dicha impugnación (Antecedentes I.2.2). Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal; toda vez que, de acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el artículo precitado, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva; empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del referido artículo, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos; sino, solo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud. En ese entendido, conforme a lo expuesto en la presente acción tutelar, se advierte que, el accionante adjuntando la Resolución de Sobreseimiento 01/2022, emitido a su favor, y poniendo en conocimiento que habría sobrepasado el tiempo de su detención preventiva, dispuesta por la Resolución 39/2021, solicitó mediante memorial de 21 de marzo de 2022, la emisión del mandamiento de libertad, o en su defecto se señale audiencia para la consideración del cese de dicha medida; de lo cual, se tuvo la providencia de 22 de igual fecha, donde el Juez demandado, señaló audiencia virtual de consideración de la citada medida, para el 23 del citado mes y año, a la 15:30; empero, según lo manifestado por el impetrante de tutela, al ingresar a la plataforma virtual de dicho verificativo, el Secretario del referido Juzgado, le informó que la misma fue suspendida, porque la autoridad demandada no pudo ingresar al referido acto procesal por falta de conexión, hecho contradictorio, porque el precitado funcionario, encontrándose en el mismo despacho judicial de la aludida autoridad, ingresó sin ningún problema; y, pese que le manifestaron que en el día le notificarían con el nuevo señalamiento de audiencia, hasta la fecha no se fijó dicho acto procesal; al respecto, si bien el Juez demandado, ante la precitada solicitud de cesación a la detención preventiva (21 de marzo de 2022), dentro del plazo de cuarenta ocho establecido en el art. 239 del CPP, fijó audiencia; sin embargo, no conforme art. 113 del citado Código; toda vez que, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sostuvo que, efectuada la notificación de los sujetos procesales, ningún motivo excepto los fuerza mayor o caso fortuito, constituye o justifique la suspensión de la audiencia; en ese entendido, en el caso concreto, habiéndose cumplido con las diligencias de notificación de señalamiento de audiencia (23 de marzo de igual año precitado), el merituado justificativo no se constituía en un motivo valido que justifique la suspensión dispuesta por el Juez demandado; además, cuando se advierte que el acto procesal señalado precedentemente, fue suspendido sin instalación previa, cuando la normativa vigente –art. 113 del CPP– es expresa al determinar que la autoridad judicial en ningún caso podrá disponer la suspensión de las audiencias sin su previa instalación; por lo cual, no resultaría suficiente, el justificativo de la autoridad demandada, y la falta de instalación previa, para no celebrar la misma, constituyéndose por el contrario en una primera dilación indebida que vulnera los derechos de quien solicita la cesación; asimismo, –según el accionante– suspendido dicho acto procesal, la autoridad demandada, no fijó nuevo verificativo hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa; es decir, además la suspensión ilegal, no procedió a fijar nueva fecha de audiencia, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes, previsto en el art. 113 del CPP; por lo que, se constituiría como una segunda dilación. De igual manera, ante las solicitudes de 23 de marzo y 1 de abril de 2022, donde el accionante respectivamente, requirió la emisión del mandamiento de libertad, ante la suspensión de manera injustificada del acto procesal señalado y no se señalamiento de la nueva audiencia; y, reiterando se fije día y hora de del acto procesal, para la consideración de su cesación a la detención preventiva; ante dichas solicitudes, el Juez demandado, mediante providencias de 24 de marzo y “1 de marzo” de 2022 respectivamente, justificó la falta de señalización de dicho verificativo, al no contar con el informe del Ministerio Público, sobre si se remitió a la autoridad de la Fiscalía Departamental de La Paz, la Resolución de Sobreseimiento 01/2022, misma que fue impugnado por los padres de la víctima, y que al obtener dichos antecedentes recién programaría la audiencia requerida; al respecto, conforme al citado Fundamento Jurídico, la solicitud de un detenido o privado de libertad debe tramitarse, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales, sin que implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino que, sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa; es decir, en el caso concreto, el hecho de que se obtenga o no información del Ministerio Público, sobre la remisión de la Resolución de Sobreseimiento 01/2022, ante la instancia superior, o sobre el resultado de la impugnación contra la misma, por parte de la víctima, no imposibilitaría que el Juez demandado, pueda señalar la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva requerida por el impetrante de tutela; puesto que, dichos aspectos serán dilucidados en el acto procesal solicitado, y donde la autoridad demandada, podrá analizar los mismos, y dispondrá lo que corresponda en derecho; por lo que, la citada autoridad, al no fijar dicho verificativo, dentro del plazo el plazo de cuarenta ocho horas, establecido por el art. 239 del CPP, en cuanto a las solicitudes de 23 de marzo y 1 de abril de 2022, donde en la primera dejó transcurrir siete días, y en la segunda trece días hasta la presentación de esta acción tutelar (13 de igual mes y año), se constituirían de esa manera en una tercera y cuarta dilación; que trajo como consecuencia ineludible, la afectación no solo del derecho a la libertad personal del accionante; sino, colocándole al mismo en una total incertidumbre de su situación jurídica, como también la lesión del goce de otros derechos (debido proceso, acceso a la justicia pronta y oportuna).

En este sentido, la conducta asumida por el Juez demandado, además de suspender el acto procesal programado, sin las condiciones establecidas en la norma adjetiva penal, y el no haber señalado nueva audiencia de consideración a la cesación de la detención preventiva del solicitante de tutela, dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP, resulta contrario al principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180.I de la CPE, y los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; 8.1 de la CADH; 14.3 inc. c) del PIDCP; en consonancia, con el 30.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); consiguientemente, por lo expuesto, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde conceder la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tipología de la acción de libertad, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas.

Finalmente corresponde aclarar que la concesión de tutela impetrada, únicamente se encuentra dentro del ámbito de protección de una justicia pronta y oportuna a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a fin del cumplimiento de los plazos procesales establecidos en el art. 239 del CPP en cuanto al señalamiento de una audiencia de cesación a la detención preventiva, sin que exista pronunciamiento alguno respecto del fondo de la situación jurídica del accionante respecto de su libertad, decisión que corresponde ser asumida por la autoridad ordinaria que conoce de la causa, quien en el caso presente debe asumir una determinación que garantice una protección efectiva y reforzada de la victima de los hechos motivo de procesamiento, pues conforme lo manifestado por la propia autoridad demandada en su informe de descargo, al pertenecer la víctima a un grupo vulnerable merece una protección reforzada, que asegure la protección de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 14 de abril, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; es decir, únicamente en cuanto al señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva; y, exhortar a la autoridad judicial demandada, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales..

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0638_2023-S4.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 94533d557d0aeb0cf8c75c81f949cb9e86312cd049728fb3f22d21cfd1ca2e7f

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