Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 13 de agosto de 2024
Concede en parte la tutela
La parte accionante, a través de su representante legal, alegó la vulneración de sus derechos a la dignidad, a una vejez digna, con calidad y calidez humana, debido proceso, en sus elementos de falta de fundamentación y motivación de resoluciones judiciales, y de aplicación inadecuada de las normas judiciales, a no sufrir maltrato, abandono, violencia y discriminación y al derecho a la propiedad; toda vez que, el Auto 23-24 emitido por la autoridad judicial accionada, dentro del proceso judicial de declaración de interdicción seguido en su contra, presenta los siguientes defectos en su contenido: i) La demanda fue admitida sin ninguna prueba del estado de la salud mental de Nancy Cortez Vda. de Terrazas; ordenando evacuen un informe a objeto de determinar el grado de incapacidad de la demandada, disponiendo oficiar a CONALPEDIS, anticipando así criterio sobre tal situación; ii) Designó como tutor ad liten al propio demandante, prohibido por el art. 58 del CFPF; y, iii) Ordenó la anotación preventiva de treinta y nueve inmuebles de su propiedad en el 50%, y la retención del 40% de los fondos de dos de sus cuentas bancarias, retenciones salariales, entre otros, sin considerar su condición de adulta mayor, poniendo así en riesgo su salud y subsistencia. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
1° CONFIRMAR en parte la Resolución de 02/2024 de 12 de marzo, cursante de fs. 214 a 219, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, con respecto al debido proceso en sus componentes de falta de fundamentación y motivación de resoluciones judiciales y de aplicación inadecuada de las normas judiciales, vinculado a los derechos a la dignidad, a una vejez digna, con calidad y calidez humana, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR en lo referido a los derechos a no sufrir maltrato, abandono, violencia y discriminación y a la propiedad. 3° Llamar la atención a Carlos Oswaldo Patiño Hidalgo, Juez Público Civil y Comercial Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0637/2024-S3 Sucre, 13 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 63592-2024-128-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/2024 de 12 de marzo, cursante de fs. 214 a 219, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Alberto López Quelca en representación legal de Nancy Cortez de Terrazas contra Agapito Quiroga Padilla, Juez Público de Familia Decimosexto del departamento de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 15 y 19, ambos de febrero de 2024, cursantes de fs. 156 a 164 vta., y 167 a 168 vta.; la accionante a través de su representante legal, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso de declaratoria judicial de interdicción, identificado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70479538 seguido por Carlos Alberto Terrazas Cortez contra su persona, el Juez accionado emitió el Auto 23-24 de 9 de enero de 2024, admitiendo la referida demanda formulada por el hijo de su mandante -hoy accionante-, citó el art. 434 inc. g) del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; ordenando se evacue un informe a objeto de determinar el grado de incapacidad de la demandada, disponiendo al efecto se oficie al Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS); asimismo, designó como tutor ad litem al propio demandante -tercer interesado- y ordenó contra la ley y el Estado de derecho, la anotación preventiva de treinta y nueve bienes inmuebles en el 50%, la retención del 40% de fondos de dos cuentas bancarias.
Lo determinado por la autoridad accionada en la Resolución precitada, conllevo a la aplicación de disposiciones legales de manera inadecuada, puesto que no efectuó fundamentación y motivación alguna, sobre las medidas dispuestas, tampoco consideró su condición de persona adulta mayor, poniendo en riesgo la salud y subsistencia de la hoy impetrante de tutela.
Señaló como lesionados sus derechos a la dignidad, a una vejez digna, con calidad y calidez humana, debido proceso, en sus elementos de falta de fundamentación y motivación de resoluciones judiciales, y de aplicación inadecuada de las normas judiciales, a no sufrir maltrato, abandono, violencia, discriminación y derecho a la propiedad, citando los arts. 21.2 y 22; 56.I, 67.I, 68.II, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia ordenar: a) La restitución de los derechos constitucionales vulnerados; b) La nulidad del Auto 23-24 de 9 de enero de 2024 y todos los oficios que sean consecuencia de su incumplimiento y ejecución; y, c) Oficie a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el levantamiento y suspensión definitivas de la retención de fondos; así como a la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) y Tránsito, sobre la cancelación definitiva de la anotación preventiva dispuesta sobre los bienes inmuebles y muebles.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de marzo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 205 a 213 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante legal, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; añadiendo que: 1) Interpuso la presente acción de amparo constitucional contra el Auto 23-24 de 9 de febrero de 2024 pronunciado dentro del proceso de declaratoria judicial de interdicción, planteado por Carlos Alberto Terrazas Cortez, ante la afectación de la impetrante de tutela en su condición de persona adulta mayor, con más de ochenta y dos años de edad, quien como consecuencia de las medidas cautelares, vio mermados sus ingresos, puesto que vive de los alquileres de sus inmuebles, no pudiendo disponer de sus recursos económicos, al haberse dispuesto la retención sus fondos, determinación que no podía impugnarse de acuerdo a lo dispuesto por el art. 277 del CFPF; 2) Cumplió con todos los requisitos de admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, formulada del plazo establecido por cuanto la notificación con la Resolución cuestionada fue el 14 de febrero de 2024, respondiendo a la demanda el 21 del mes y año señalados; 3) La autoridad accionada, en calidad de Juez Público de Familia, dictó un auto arbitrario, abusivo e ilegal, al admitir la demanda al margen de lo dispuesto por el art. 59 del CFPF; toda vez que, el actor no presentó ningún certificado médico o informe pericial clínico, que pusiera en duda la salud mental de la hoy accionante, quien se encontraba en óptimas condiciones, consiguientemente no adjuntó ninguna prueba que denotara tal situación, por el contrario a sola petición el Juez accionado ordenó realicen esa prueba; 4) Por otra parte, decidió oficiar a CONALPEDIS, y ratificar la prueba pericial presentada, anticipando criterio sobre su estado mental, cuando debió esperar la respuesta a la demanda y la que pudieron efectuar los terceros interesados, pero no lo hizo; 5) Sumándose a tales transgresiones, el nombrar como tutor al demandante; vale decir, al propio actor, pese a la prohibición establecida en el art. 58 de la precitada norma, que señala que el demandante no podrá ser designado tutor; 6) En cuanto a las medidas cautelares, efectuó una mala interpretación del art. 283 del CFPF; puesto que, el caso sería una acción de carácter personal no de derecho real; por lo que, no podía ordenar la anotación preventiva de los treinta nueve inmuebles de su propiedad; y la retención de fondos, aplicaba para asistencia familiar y no para este tipo de proceso; y, 7) Se presentó certificado médico de un profesional Psiquiatra que estableció su perfecto estado de salud mental, así como un informe de auditoría de su expediente clínico en similar sentido, lo que respalda la solicitud de nulidad del acto lesivo y la emisión de una nueva resolución ajustada a derecho.
Agapito Quiroga Padilla, Juez Público de Familia Decimosexto del departamento de Santa Cruz, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 172 a 173.
Carlos Alberto Terrazas Cortez, por intermedio de su abogado, en audiencia manifestó: i) El Auto 23-24, cuestionado a través de la presente acción de defensa fue emitido por el Juez Público de Familia Decimosexto del departamento de Santa Cruz, el domicilio de la demandada en dicho proceso se encuentra en la capital al igual que del Juez accionado, por lo que estarían rompiendo la regla sobre la competencia y el juez natural al que tiene derecho toda persona; ii) Efectuaron una cita inadecuada de la SCP 0055/2013 de 11 de enero, cuando la aplicable al caso es la SCP 0008/2024 de 26 de enero, por cuanto si bien el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la protección reforzada de las personas adultas mayores, ello no significó suplir la diligencia de éstas, como ocurrió en el caso, en el que la parte accionante pretende reabrir etapas del proceso de ejecución coactiva con sumas de dinero, que antes de la interposición de la acción de defensa se encontraban consolidadas por dejadez de la parte demandada, al no hacer uso de los mecanismo legales idóneos; iii) Respecto al art. 277 del CFPF citado por el impetrante de tutela, el mismo fue declarado inconstitucional a través de la SCP 0020/2022 de 27 de abril; por lo que, operaba la subsidiariedad; y, iv) Por otra parte los arts. 283 y 284 del citado código, no refieren a una fase de valoración probatoria, en la que el Juez tenga que hacer un antejuicio y una pre valoración probatoria, a fin de determinar una interdicción, antes de establecer una medida cautelar, cuando estas solo buscaban resguardar el patrimonio y las decisiones de la demandada, quién si no estaba de acuerdo con las mismas, tenía la vía expedida para impugnar el Auto 23-24, a través del recurso de reposición conforme el art. 368 del CFPF, a resolverse mediante un Auto Interlocutorio, respecto del cual también podía plantear recurso de apelación en efecto diferido, de conformidad al art. 371 de igual norma, inobservando de esta manera el mandato contenido en el art. 129 de la CPE, por cuanto no agotaron la vía impugnatoria en el proceso de origen, ni hicieron uso de los recursos que la propia norma les franqueaba, dejando precluir su derecho, buscando burlar a la justicia constitucional e instrumentalizarla. Jorge Antonio Terrazas Cortez, con el uso de la palabra en audiencia, se adhirió y ratificó lo manifestado por el abogado de su hermano Carlos Alberto Terrazas Cortez, indicando que la demanda fue presentada debido a que su hermana Jean Carla Terrazas Cortez, estaría disponiendo de los bienes de su madre, aprovechando su situación de vulnerabilidad, y en resguardo de los bienes de esta, presentaron la demanda a fin de que el Juez de Familia resuelva conforme a derecho la situación. Jean Carla Terrazas Cortez, por intermedio de su abogado, en audiencia sostuvo su intervención en los mismos términos efectuados por la parte accionante, respecto del Auto 23-24, como acto lesivo de derechos de Nancy Cortez de Terrazas. El Departamento de Asistencia y Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a través de la abogada Maria Aurelia Choque López, con el uso de la palabra, ratificó lo manifestado por la parte accionante; toda vez que, las vulneraciones se produjeron respecto a una persona de la tercera edad, pues en las demandas que como institución realizan, el Juez antes de la admisión de este tipo de procesos, solicita el carnet de incapacidad mental o psiquiátrica o un informe pericial, por lo que el Juez accionado habría incurrido en error, al poner como tutor al demandante y en violencia económica por parte de los familiares de la accionante, solicitando concedan la tutela.
El Juez Público Civil y Comercial Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2024 de 12 de marzo, cursante de fs. 214 a 219, concedió la tutela impetrada, disponiendo: a) "...dejar sin efecto el Auto 23-24 de 9 de enero de 2024, ordenando el levantamiento de todas las medidas emergentes de dicho Auto; por lo que, por Secretaria de este despacho se emitan los respectivos oficios ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero para que se levanten y se dejen sin efecto la retención de fondos en el porcentaje referido en la citada determinación Judicial; asimismo, se oficie o se franquee testimonio judicial a Derechos Reales para el levantamiento de la anotación preventiva dispuesta por el Auto anulado, sea en el plazo de 24 horas computables a partir del pronunciamiento de la presente Resolución b) Se ordena a la autoridad judicial ahora accionada, emitir nueva resolución aplicando los presupuestos de los arts. 67.1 y 68 de la CPE, así como motivando su determinación en la jurisprudencia constitucional referente al enfoque diferencial e intersecciones de las personas adultas mayores, precautelando en todo momento los derechos de la parte demandada dentro del proceso que dicha autoridad conoce; c) Se notifique al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, para que, dentro del proceso o solicitud de declaración judicial de interdicción, a través de su unidad o repartición de defensa de los derechos del adulto mayor, se apersone ante la autoridad jurisdiccional demandada, a fin de precautelar los derechos del adulto mayor; y, d) Se ordena a la autoridad jurisdiccional demandada, velar en todo momento la prevalencia de los derechos del adulto mayor y en efecto se observe lo dispuesto por el art. 58 del Código de las Familias, aplicando dicha disposición legal de manera amplia, favorable y no restrictiva en favor de los derechos del adulto mayor" (sic). Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Al constituirse la accionante persona de la tercera edad, parte del grupo de protección prioritaria, atinge especial atención a las pretensiones realizadas; vale decir, así como existe en la jurisprudencia constitucional la teoría del estándar más alto de protección, también se tendría la teoría o enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores, como la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, el mismo Tribunal, en sus entendimientos sostiene que tratándose de los derechos del adulto mayor deberá prestarse especial énfasis o mayor atención, considerando que requieren definitivamente una protección constitucional reforzada; 2) Respecto de la supuesta falta de fundamentación del Auto 23-24, la autoridad judicial accionada, dispuso “Se designa según la naturaleza del proceso como tutor ad litem de la señora NANCY CORTEZ VDA. DE TERRAZAS al señor CARLOS ALBERTO TERRAZAS CORTEZ” (sic); seguidamente, en atención al otrosí 2°, sin ninguna argumentación y motivación que justifique su decisión, dispuso la anotación preventiva en un 50% de los inmuebles identificados con los siguientes folios reales: “7.01.1.99.0003978, 7.01.1.99.0154854, 7.01.1.99.0154903, 7.01.1.99.0154908, 7.01.1.99.0154883, 7.01.1.99.0154879, 7.01.1.99.0154919, 7.01.1.99.0154920, 7.01.1.99.0154902, 7.01.1.99.0154865, 7.01.1.99.0154916, 7.01.1.99.0154917, 7.01.1.99.0154900, 7.01.1.99.0154863, 7.01.1.99.0154928, 7.01.1.99.0154929, 7.01.1.99.0154899, 7.01.1.99.0154862, 7.01.1.99.0154909, 7.01.1.99.0154910, 7.01.1.99.0154898, 7.01.1.99.0154857, 7.01.1.99.0154855, 7.01.1.99.0154940, 7.01.1.990154901, 7.01.1.99.0154856, 7.01.1.99.0154859, 7.01.1.99.0154878, 7.01.1.99.0154904, 7.01.1.99.0154905 7.01.1.99.0154880, 7.01.1.99.0154881, 7.01.1.99.0154882, 7.01.1.06.0107399, 7.01.1.06.0107399, 7.01.1.06.0094299, 7.01.1.05.0010792, 7.01.1.05.0017479, a 7011990036031, 7.01.1.99.0000491” (sic); en el mismo apartado, citando el art. 286 del CFPF, dispuso retener el 40% a nombre de la demandada ahora accionante de las cuentas bancarias 40223714 y 4062068039; 3) La Resolución cuestionada carecería de motivación o justificación; puesto que, para la validez de una determinación o decisión judicial, más aun sobre un derecho fundamental o garantía, la autoridad judicial estaba obligada a motivar y justificar las medidas que incidan en el ejercicio de derechos, en el caso particular, con mayor razón debió motivar la decisión, al afectar derechos fundamentales del adulto mayor; es decir, para que la decisión tenga validez es necesaria la suficiente carga argumentativa, en la medida que la persona afectada comprenda y entienda por qué adoptaron tal determinación en relación a sus bienes, extremo que en el caso no ocurrió, porque al disponer la anotación preventiva de los inmuebles y la retención de fondos, no contó con ninguna argumentación o justificación, lo que en definitiva devendría en ilegal, arbitraria y lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales de la accionante, como ser el debido proceso en su elemento motivación y fundamentación; 4) En el Auto 23-24, la autoridad judicial nombró tutor ad litem (a los efectos jurídicos) a Carlos Alberto Terrazas Cortez, no obstante su condición de actor, prohibido por el art. 58 del CFPF, infringió una vez más el derecho al debido proceso, puesto que no justificó la decisión adoptada; tampoco hizo referencia al enfoque diferencial o interseccional respecto a los derechos de una persona adulta mayor, cuando lo correcto era que la autoridad jurisdiccional, indefectiblemente acogiera estos criterios a fin de garantizar y precautelar los derechos de la demandada; y respecto al derecho la propiedad de la accionante, sería evidente que el Juez de la causa adoptó medidas tendientes a limitar el ejercicio pleno del mismo, sin una debida justificación y motivación; y, 5) La autoridad judicial debió motivar sus decisiones a partir de los arts. 67.I y 68 de la CPE, que garantizan los derechos del adulto mayor; extremo obviado por la autoridad judicial accionada, resultando evidente la vulneración de los derechos al debido proceso y a la propiedad de la parte accionante; por lo que, correspondería conceder la tutela impetrada.
Mediante Auto Constitucional 197/2024-CA/S de 23 de julio, se dispuso el adelanto de sorteo, en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 9 de enero de 2024, Carlos Alberto Terrazas Cortez, presentó demanda de declaración de interdicción contra su madre Nancy Cortez Vda. de Terrazas (fs. 128 a 136). II.2. A través de Auto 23-24 de 9 de enero, emitido por Agapito Quiroga Padilla, Juez Público de Familia Decimosexto del departamento de Santa Cruz, la referida demanda es admitida, en los siguientes términos: “VISTOS: La demanda de la Declaratoria de Interdicción de Fs. 123 a 130 de obrados, presentada por CARLOS ALBERTO TERRAZAS CORTEZ contra NANCY CORTEZ VDA. DE TERRAZAS documentos que la sustentan, y cumplidos con los requisitos previstos en los Arts. 259 de la Ley No. 603, con la competencia dispuesta la L.O.J. se ADMITE la misma en cuanto hubiere lugar a derecho, conforme a los Art. 434 Inc. G), del Código de las Familias y del Proceso Familiar, TRASLADO a la demandada NANCY CORTEZ VDA. DE TERRAZAS para que conforme el Art. 437 conteste en el término de cinco días. Pudiendo presentar excepciones en el plazo de 3 días, en caso de no ser contestada la misma se aplicará lo que dispone el Art. 266 de la Ley No. 603. Conforme el Art. 266 de la Ley No. 603, del Código de las Familiar y del Proceso Familiar, de advierte a la parte demandada que en caso de no contestar se le designará un abogado defensor de oficio. Se ordena según la naturaleza del proceso, se evacue un informe a objeto de determinar el grado de incapacidad del demandado, para lo cual deberá oficiarse al CONALPEDIS y la ratificación de la prueba pericial que se tiene adjunta al presente proceso. Se designa según la naturaleza del proceso como tutora Ad Liten de la señora NANCY CORTEZ VDA. DE TERRAZAS al señor CARLOS ALBERTO TERRZAS CORTEZ, quien deberá prestar juramento de posesión en día y hora hábil de oficina del presente despacho judicial Art. 63 de la Ley No. 603.- Al Otrosí 1º.- Se tiene presente a conocimiento de la parte Al Otrosí 2º.- Se tiene presente y se dispone la anotación preventiva de los bienes inmuebles en el 50% de siguiente que se encuentra registrado en D.D.RR. bajo la matricula computarizada N° 7.01.1.99.0003978, 7.01.1.99.0154854, 7.01.1.99.0154903, 7.01.1.99.0154908, 7.01.1.99.0154883, 7.01.1.99.0154879, 7.01.1.99.0154919, 7.01.1.99.0154920, 7.01.1.99.0154902, 7.01.1.99.0154865, 7.01.1.99.0154916, 7.01.1.99.0154917, 7.01.1.99.0154900, 7.01.1.99.0154863, 7.01.1.99.0154928, 7.01.1.99.0154929, 7.01.1.99.0154899, 7.01.1.99.0154862, 7.01.1.99.0154909, 7.01.1.99.0154910, 7.01.1.99.0154898, 7.01.1.99.0154857, 7.01.1.99.0154855, 7.01.1.99.0154940, 7.01.1.990154901, 7.01.1.99.0154856, 7.01.1.99.0154859, 7.01.1.99.0154878, 7.01.1.99.0154904, 7.01.1.99.0154905, 7.01.1.99.0154880, 7.01.1.99.0154881, 7.01.1.99.0154882, 7.01.1.06.0107399, 7.01.1.06.0107399, 7.01.1.06.0094299, 7.01.1.05.0010792, 7.01.1.05.0017479, a 7011990036031, 7.01.1.99.0000491, Que corresponde conforme a procedimiento que se tenga acreditado a nombre de la demandada, Por secretaria como se solicita ofíciese. 1.- a lo solicitado se tiene presente dese cumplimiento conforme al Art. 286 de la Ley 603, se retiene el 40% a nombre de la demandada de las cuentas N° 40223714 y 4062068039 (...)...” (sic [137 y vta.]).
La parte accionante, a través de su representante legal, alegó la vulneración de sus derechos a la dignidad, a una vejez digna, con calidad y calidez humana, debido proceso, en sus elementos de falta de fundamentación y motivación de resoluciones judiciales, y de aplicación inadecuada de las normas judiciales, a no sufrir maltrato, abandono, violencia y discriminación y al derecho a la propiedad; toda vez que, el Auto 23-24 emitido por la autoridad judicial accionada, dentro del proceso judicial de declaración de interdicción seguido en su contra, presenta los siguientes defectos en su contenido: i) La demanda fue admitida sin ninguna prueba del estado de la salud mental de Nancy Cortez Vda. de Terrazas; ordenando evacuen un informe a objeto de determinar el grado de incapacidad de la demandada, disponiendo oficiar a CONALPEDIS, anticipando así criterio sobre tal situación; ii) Designó como tutor ad liten al propio demandante, prohibido por el art. 58 del CFPF; y, iii) Ordenó la anotación preventiva de treinta y nueve inmuebles de su propiedad en el 50%, y la retención del 40% de los fondos de dos de sus cuentas bancarias, retenciones salariales, entre otros, sin considerar su condición de adulta mayor, poniendo así en riesgo su salud y subsistencia. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 1487/2022-S2 de 16 de noviembre señaló: “En virtud a las previsiones contenidas en los arts. 129 de la CPE; 53.1 y 3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario; es decir, es viable solo en la medida en que el impetrante agote previamente a su interposición, todos los medios ordinarios o administrativos previstos por el ordenamiento jurídico en salvaguarda de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales; y, únicamente ante la persistencia de la lesión, podrá formularla; estando constreñido por ende, a reclamar los actos ilegales u omisiones indebidas que considera vulneran sus derechos, inicialmente a la autoridad o persona que los dictó y en su caso, si es viable, impugnarlos ante la instancia superior, para abrir la competencia de la jurisdicción constitucional.
No obstante lo anotado, además del daño irreparable e irremediable instituidos en el art. 54.II del CPCo, como supuestos que dan lugar a ingresar al análisis de fondo de la acción de amparo constitucional, prescindiendo de su naturaleza subsidiaria; la jurisprudencia constitucional ha determinado también excepciones a dicha característica en supuestos en los se vean involucrados derechos fundamentales de grupos vulnerables que cuentan con una protección constitucional reforzada, a través de la Norma Suprema y diversos instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; teniéndose dentro de estos casos como ejemplos, a las mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes, niños, niñas y adolescentes, minorías étnica o raciales y adultos mayores, entre otros. En ese marco, en cuanto a las personas de la tercera edad y la prescindencia del carácter subsidiario de la acción de tutela de examen cuando es planteado por una persona que es parte de dicho grupo de atención prioritaria; la SCP 1631/2012 de 1 de octubre, entre muchas otras posteriores, determinó que en dichos casos, no es viable exigirles el cumplimiento del principio de subsidiariedad; abriéndose en consecuencia, la competencia de este Tribunal para efectuar el estudio de fondo respectivo en relación a los actos demandados de ilegales en la acción de amparo constitucional” (las negrillas nos pertenecen).
De lo precitado la SCP 0669/2018-S2 de 17 de octubre sostuvo: "La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señalando en su artículo 67.I que: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”. Por su parte, el art. 68 del citada Ley Fundamental, refiere:
Ι. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores.
Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su art. 5 señala: Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros. En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, la Ley General de las Personas Adultas Mayores en su art. 3, establece los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran: 1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores. 2. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad (...). De igual forma, en el Capítulo Segundo, art. 5.b. y c. de la citada Ley, se reconocen los derechos y garantías de las personas adultas mayores; entre ellos, el derecho a una vejez digna, garantizado, entre otras medidas, por un desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia; y, por la promoción de la libertad personal en todas sus formas. A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, ha establecido que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, “...dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”.
Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere:”…La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas' busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado (las negrillas fueron añadidas).
La Sentencia 0468/2019-S2 de 9 de julio estableció: “Respecto al contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, desarrolló las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, ya sea judicial, administrativa o cualesquier otra, que resuelva un conflicto o una pretensión: “a) El sometimiento manifiesto a la Constitución Política del Estado, conformada por: a.1) La Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, a.2) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia de los principios de constitucionalidad y de legalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes, que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; d) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad; posteriormente, a través de la SCP 0100/2013 de 17 de enero, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; cual es: e) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la obligación que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. (...) En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa”.
La parte accionante, a través de su representante legal, alegó la vulneración de sus derechos a la dignidad, a una vejez digna, con calidad y calidez humana, debido proceso, en sus elementos de falta de fundamentación y motivación de resoluciones judiciales, y de aplicación inadecuada de las normas judiciales, a no sufrir maltrato, abandono, violencia y discriminación y al derecho a la propiedad; toda vez que, el Auto 23-24 de 9 de enero de 2024, emitido por la autoridad judicial accionada, dentro del proceso judicial de declaración de interdicción seguido en su contra, presenta los siguientes defectos en su contenido: a) La demanda fue admitida sin ninguna prueba del estado de la salud mental de Nancy Cortez Vda. de Terrazas; ordenando evacuen un informe a objeto de determinar el grado de incapacidad de la demandada, disponiendo al efecto oficiar a CONALPEDIS, anticipando así criterio sobre tal situación; b) Designó como tutor ad litem al propio demandante, prohibido por el art. 58 del CFPF; y, c) Ordenó la anotación preventiva de treinta y nueve inmuebles de su propiedad en el 50%, y la retención del 40% de los fondos de dos de sus cuentas bancarias, retenciones salariales, entre otros, sin considerar su condición de adulta mayor, poniendo así en riesgo su salud y subsistencia. La problemática planteada en el caso que se examina, emerge de la demanda de declaración de interdicción presentada por Carlos Alberto Terrazas Cortez contra su madre Nancy Cortez Vda. de Terrazas -hoy peticionante de tutela- el 9 de enero de 2024 (Conclusión II.1), la misma que radicó en el Juzgado de Familia Decimosexto del departamento de Santa Cruz; a cuyo efecto a fue emitido el Auto 23-24, por el que el titular de ese despacho judicial Agapito Quiroga Padilla -ahora accionado-, admitió, la referida demanda (Conclusión II.2). Ahora bien, sobre con base en los hechos fácticos evidenciados en Conclusiones y conforme a lo sustentado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo constitucional, este Tribunal ingresará al fondo de la problemática planteada, por cuanto el caso involucra a una persona adulta mayor, habiéndose determinado que en los referidos casos, no es viable exigir el cumplimiento del principio de subsidiariedad; abriéndose en consecuencia, la competencia para efectuar el estudio de fondo en relación a los actos demandados de ilegales en la acción de amparo constitucional analizando si existió o no la lesión alegada por la impetrante de tutela; y en razón a la protección constitucional reforzada que le asiste a la impetrante de tutela como adulta mayor, perteneciente a un grupo vulnerable de la sociedad. Al respecto, del contenido de la Resolución cuestionada, se advierte que el Auto 23-24 si bien fue emitido al tenor de las competencias y facultades que le otorga la norma al Juez accionado, en el marco jurídico establecido por el art. 434 inc. g) del CFPF al tratarse de un proceso extraordinario, admitiendo la demanda y corriéndola en traslado para que conforme el art. 437 de la citada norma, la demandada conteste en el término de cinco días, entre otros actos que hacen a este tipo de procesos; como el solicitar informe a objeto de determinar el grado de incapacidad de la impetrante de tutela; no es menos evidente, que al nombrar como tutor ad litem de la prenombrada a Carlos Alberto Terrazas Cortez, lo hizo contraviniendo lo establecido por el art. 59 del CFPF, a saber: “La demanda de interdicción puede ser promovida por la o el cónyuge, aun cuando esté divorciada o disuelto el vínculo, o una o un pariente en cualquier grado de parentesco de la persona en situación de declararla interdicta, o personas colectivas que tengan como finalidad la asistencia social. El actor no podrá ser designado tutor”. Por otra parte, el accionado en el Otrosí Segundo del Auto 23-24, dispuso la anotación preventiva de treinta nueve bienes inmuebles de propiedad de la accionante en el 50%; disponiendo igualmente la retención del 40% de las cuentas bancarias 40223714 y 4062068039, determinaciones que fueron dispuestas en el marco de la facultades otorgadas por la precitada norma a la autoridad judicial (arts. 233 a la 286 del CFPF); sin embargo, lo dispuesto al respecto, no ha sido justificado de manera fundamentada por el Juez de la causa, que en el caso ameritaba, al tratarse de un situación que involucra a una persona adulta mayor, pero además por las connotaciones familiares que un proceso de esta naturaleza conlleva, entre otras consideraciones propias del caso, como la magnitud del patrimonio y los riesgo de su manejo. Advirtiéndose que en esta parte de la Resolución confutada, la autoridad accionada, se apartó de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; relativos a los mandatos judiciales contenidos en los arts. 67 y 68 de la CPE, respecto de las personas adultas mayores; por cuanto a través del mismo debió alcanzar el convencimiento de las partes, que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia y los principios, así como la observancia del principio dispositivo, que implica la obligación que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos; puesto que, si bien se trataba de un primer actuado el proceso en cuestión, compelía su motivación y justificación. Se puede inferir que las determinaciones de la Resolución cuestionada causaron afectaciones a la peticionante de tutela, quien se vio en la necesidad de recurrir a la justicia constitucional en demanda de su tutela; no obstante, que como lo señaló el abogado del tercer interesado (actor en el proceso de origen), la resolución pudo ser cuestionada dentro del mismo proceso a través de los recursos de reposición o apelación, circunstancia que fue superada en aplicación de lo dispuesto por el art. 54.II del Código Procesal Constitucional (CPCo) y lo establecido por la jurisprudencia constitucional en relación a la excepción a la subsidiariedad por la vulnerabilidad de este grupo de la sociedad que merecen un trato preferencial en el acceso a determinados derechos, debido a la desventaja en la que se encuentran, ello a partir de un enfoque diferenciado e interseccional del adulto mayor. Concluyendo que, el Auto 23-24, infringió el debido proceso, en sus elementos de falta de fundamentación y motivación de resoluciones judiciales, y de aplicación inadecuada de las normas judiciales; estos vinculados a los derechos a la dignidad, a una vejez digna, con calidad y calidez humana; empero, no así en lo relativo a no sufrir maltrato, abandono, violencia y discriminación y el derecho a la propiedad, de la impetrante de tutela, correspondiendo concederse la tutela de manera parcial; puesto que, no fueron acreditados los extremos referidos a maltrato, abandono, violencia y discriminación y el derecho a la propiedad, disgregación que no fue considerada por el Juez de garantías. Otras consideraciones
Resuelta la problemática planteada, este Tribunal dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, considera necesario efectuar algunas consideraciones con relación a la tramitación de esta acción de defensa. Señalada la audiencia de consideración y resolución de la presente acción tutelar, esta fue suspendida en dos oportunidades, es así que, si bien la acción de amparo constitucional fue presentada el 15 de febrero de 2024, la audiencia y resolución de la misma se dio el 12 de marzo del mismo año, a casi un mes de su presentación, contraviniendo lo previsto en el art. 129.III de la CPE, y la priorización que merecen los casos que involucran a persona adultas mayores. La presente acción de defensa fue resuelta el 12 de marzo de 2024, y recién se remitió a este Tribunal el 23 de abril del mismo año -constancia de courier de fs. 221-, es decir, con posteridad al plazo de veinticuatro horas establecido en los arts. 129.IV de la CPE y 38 del CPCo. Finalmente, una vez concedida la tutela por el Juez de garantías, no correspondía a la indicada autoridad disponer ‘‘... por secretaria de este despacho se emitan los respectivos oficios ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero para que se levanten y se dejen sin efecto la retención de fondos en el porcentaje referido en la citada determinación Judicial; asimismo, se oficie o se franquee testimonio judicial a Derechos Reales para el levantamiento de la anotación preventiva dispuesta por el Auto anulado, sea en el plazo de 24 horas computables a partir del pronunciamiento de la presente Resolución" (sic); toda vez que, esa determinación le atinge al Juez de la causa -hoy accionado-. Por lo expuesto, corresponde llamar la atención al Juez de garantías, a fin de en futuras actuaciones -dentro del marco de sus respectivas competencias y funciones- observen a cabalidad la normativa procesal-constitucional y de manera especial la naturaleza expedita y rápida que rige la tramitación y resolución de acciones de esta naturaleza, que tiene en su esencialidad dogmática el resguardo a derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, actuó de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
1° CONFIRMAR en parte la Resolución de 02/2024 de 12 de marzo, cursante de fs. 214 a 219, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, con respecto al debido proceso en sus componentes de falta de fundamentación y motivación de resoluciones judiciales y de aplicación inadecuada de las normas judiciales, vinculado a los derechos a la dignidad, a una vejez digna, con calidad y calidez humana, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR en lo referido a los derechos a no sufrir maltrato, abandono, violencia y discriminación y a la propiedad. 3° Llamar la atención a Carlos Oswaldo Patiño Hidalgo, Juez Público Civil y Comercial Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSC. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0637_2024-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 43e7b3596b4f48c15b2e792417d28a1b4690a24a037f4aa2b7427e0fa110d6db
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