B.IA.LEGAL

SCP 0637/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 18 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
18 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
47475-2022-95-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denunciaron la vulneración de sus derechos a libertad, a la libre locomoción, a la persecución, al indebido procesamiento en sus vertientes de motivación, fundamentación, a la defensa en sus componentes de legalidad, valoración de las pruebas y seguridad jurídica; toda vez que, al haber solicitado cesación a su detención preventiva, la autoridad ahora demandada, mediante Auto interlocutorio 40BIS/2022, confirmó dicha medida extrema, ordenando se mantenga la detención preventiva, sin fundamento alguno, además de no tomar en cuenta el contenido del art. 291.I inc. a) del CNNA; ya que, se encuentran privados de su libertad en un Centro para menores infractores, por más de los seis meses del plazo establecido en la referida norma. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 75 a 77, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Alcance de la tutela reforzada niñas, niños y adolescentes como miembros de un grupo de atención prioritaria
  2. III.2. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  3. III.3. Jurisprudencia reiterada sobre la exigencia de fundamentación de las resoluciones
  4. III.4. Cesación de la detención preventiva de adolescentes infractores en conflicto con la ley
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0637/2023-S4 Sucre, 18 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 47475-2022-95-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 75 a 77, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Camata Mamani en representación sin mandato de Richard Alfredo Cadima Ortiz, BB y CC contra Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de abril de 2022, cursante de fs. 1; y, 39 a 42 vta., los accionantes a través de sus representantes sin mandato, manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de Parricidio; el cual, se encuentra con inicio de investigación, desde el 20 de julio de 2021, radicado en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero del indicado departamento. Señalaron que, después de varias programaciones y suspensiones de audiencias, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares en la cual, mediante Auto interlocutorio 220/2021 de 16 de agosto del mismo año, la autoridad ahora demandada dispuso, su detención preventiva, por concurrir los presupuestos establecidos en los arts. 289 y 290 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); decisión que, fue objeto de “apelación”, siendo confirmada por el Tribunal de apelación a través del “auto de vista de 22 de noviembre de 2021”. Consiguientemente, el 5 de septiembre del mencionado año, el Ministerio Público interpuso el Acto conclusivo de acusación formal, sin haber presentado prueba alguna; por lo que, es observado a través de decreto de 17 de ese mes y año, una vez subsanado el mismo por la Fiscal de Materia, el 23 del citado mes y año, adjuntó las pruebas respectivas; estando, radicada con dicha acusación formal por Auto de 27 de septiembre de 2021, corriéndose en traslado a las partes, cumplidas que fueron las mismas, el 4 de noviembre de igual año, se procedió a señalar audiencia de apertura de inicio de proceso, realizándose dicho acto procesal el 18, 29 y 30, todos de noviembre de 2021; sin embargo, se fueron reprogramando y suspendiendo las mismas durante todo ese tiempo. Denunciaron que al haber solicitado cesación a la detención preventiva, impuesta a través del Auto Interlocutorio 220/2021, la Jueza hoy demandada vulneró sus derechos; mediante que, por Auto interlocutorio 40BIS/2022 de 16 de marzo, rechazó su petición, individualizando así cada uno de los agravios: a) Vulneración al principio de congruencia; siendo que, la Jueza ahora demandada señaló que, se han sobrepasado los seis meses de detención preventiva y al mismo tiempo invoca vacaciones judiciales; además que, los adolescentes gozaban de libertad al momento de imponerles la detención; tomando en cuenta, como inicio la audiencia cautelar y estando, la norma indica en cómputo a partir de la notificación con la imputación conforme el art. 291.I. inc. a) del CNNA; b) Al principio de presunción de inocencia, tratando de fundamentar la complejidad del caso; es decir, hace un fundamento sobre la directa participación de los hoy adolescentes; c) Incumplimiento al art. 203 de la CPE; toda vez que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció una línea jurisprudencial a través de la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio; en la cual, el ad quem no puede basarse sobre suposiciones; y, d) Vulneración a los principios establecidos en los arts. 291.I. inc. d); y, 288 del CNNA. En cuanto al principio de subsidiariedad en lo que respecta al presente caso, se tiene una detención preventiva como cumplimiento de una pena anticipada; lo cual, genera una vulneración a los derechos de la parte solicitante de tutela, que afectan de manera directa al derecho de libre locomoción, al estar actualmente con mandamiento de detención preventiva; extremo que, debe ser considerado al momento de valorar y resolver la presente acción tutelar.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela a través de su representante sin mandato, denunciaron como lesionados sus derechos a libertad, a la libre locomoción, a la persecución, al indebido procesamiento en sus vertientes de motivación, fundamentación, a la defensa en su componente de legalidad, valoración de las pruebas, seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 23.I y III; 116; y, 203 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga, ordenar la nulidad del Auto interlocutorio 40BIS/2022, emitido por la autoridad hoy demandada; y, que la misma, dicte una nueva Resolución donde se pronuncie en base a los principios de congruencia, motivación y fundamentación, respecto al debido proceso, a la defensa y valore las pruebas en igualdad, proporcionalidad y aplique la duda razonable el principio de favorabilidad en cuanto a su condición de adolescentes.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 8 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 74 vta., presentes los accionantes asistidos de su abogado; así como, la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los solicitantes de tutela, a través de su abogado defensor en audiencia, ratificaron íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo, indicaron lo que sigue: 1) Se debe tomar en cuenta que, a estos adolescentes se los está procesando por la presunta comisión del delito de Parricidio; es decir, por el asesinato de su abuelo; señalándose, dentro del proceso a Richard Alfredo Cadima Ortiz como autor; BB y CC cómplices; pues, no todos están en el mismo grado de participación o supuesta “paréntesis”; siendo, parte de la investigación de la acción penal, una al respecto de los adolescentes y la otra con relación a uno mayor de edad, este último en el Juzgado de Instrucción Penal Décimo del departamento de Santa Cruz; 2) Refieren que en estos momentos ya son mayores de edad y se encuentran detenidos en el Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil Nueva Vida Santa Cruz (CENVICRUZ); y, 3) Por otro lado la autoridad HOY demandada refiere que no se habría identificado el domicilio; sin embargo, que estos fueron notificados en el lugar que señalaron para tal efecto; asimismo, se estaría ventilando que por el grado de gravedad se los acusa ya como culpables, cuando no debería ser así; además, respecto de que estando en libertad influirían negativamente en el desarrollo del proceso oral, en la resolución no indica cómo o en qué forma ellos podrían obstaculizar el mismo, no se toma en cuenta que al momento de la audiencia de cesación a la detención preventiva, habrían transcurrido siete meses y más de veinte días de que se presentó la imputación formal, tampoco consideraron el cumplimiento del art. 203 de la CPE, ni la aplicación de la SCP 0354/2017-S2 de 4 de abril.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de Santa Cruz, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, manifestó que: i) Respecto al Auto interlocutorio que denegó la cesación a la detención preventiva, la misma no ha sido objeto de apelación como corresponde; siendo evidente, la deslealtad procesal por parte de la defensa de los accionantes; toda vez que, en este momento se debería estar celebrando el juicio oral público y contradictorio que se está sustanciando en el mencionado Juzgado; ii) La parte impetrante de tutela interpone la presente acción de libertad en su contra, con la finalidad de retrasar el proceso; por lo que, pide no se considere el fondo de esta acción de defensa, remitiéndose a todos los actuados que cursan en el expediente, utilizando la misma como una supuesta vulneración de derechos; y, iii) Concluyó indicando que, no es evidente que los adolescentes estén detenidos desde la imputación formal; por el cual, el Código Niña, Niño y Adolescente dispone que, se va a tomar en cuenta la detención preventiva desde la imputación, sí evidentemente hay una contra los adolescentes; sin embargo, ellos no fueron notificados; por las razones que están, en los actuados de los expedientes; aclarando que, en las diferentes audiencias que se llevaron a cabo, el mismo abogado no asistía a los adolescentes en la aplicación de medidas cautelares, evidenciándose todas esas dilaciones que se han suscitado en el transcurso del tiempo, incluso la suscrita Jueza, ha ordenado multas al abogado, además de optar en algunas oportunidades por el Servicio Nacional de Defensa Pública para seguir con el desarrollo de la audiencia.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 02/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 75 a 77, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La problemática planteada se basa en el hecho de que, mediante Auto interlocutorio 40BIS/2022, la autoridad ahora demandada rechazó la cesación a la detención preventiva, Resolución que carecería de congruencia, fundamentación y motivación, alegando vulneración al debido proceso y a la libertad, solicitando se conceda la tutela impetrada; b) Por su parte la autoridad hoy demandada; manifestó que, los adolescentes infractores no estarían privados de su libertad desde la imputación formal y que la acción de libertad tendría la finalidad de dilatar el proceso y; por la cual, pidió se deniegue la tutela solicitada; c) Al respecto, considerando el análisis de las pruebas aportadas y de lo expresado por las partes procesales, se tiene que, los solicitantes de tutela no habrían agotado las instancias de la vía ordinaria, formulando el recurso de apelación incidental ordinario conforme el art. 314.I inc. a) del CNNA, al no haber acudido a dicha instancia, implicando que no agotaron la vía idónea y expedita para que sus derechos fundamentales o garantías constitucionales sean precautelados; y, d) Por todo ello, se colige que la parte impetrante de tutela debió acudir a esa vía, a fin de que las garantías y derechos sean custodiados por el Tribunal ad quem, en razón al principio de subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Richard Alfredo Cadima Ortiz; BB y CC –ahora accionantes todos mayores de edad– por la presunta comisión del delito de Parricidio, Françoise Cecilia Barrón Márquez, Fiscal de Materia, el 20 de julio de 2021, presentó ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescente Primero del departamento de Santa Cruz, la Imputación Formal contra los mismos; radicándose la misma en dicho Juzgado el 22 de igual mes y año (fs. 2 a 7 vta.; y, 8). II.2. Mediante Auto interlocutorio 220/2021 de 16 de agosto, la Jueza hoy demandada dispuso la medida excepcional de detención preventiva para los ahora solicitantes de tutela, bajo las medidas establecidas en el CENVICRUZ, para tal efecto, ordenó librar en correspondiente mandamiento de detención preventiva en contra de los adolescentes; advirtiéndose al Ministerio Público que tiene el plazo de cuarenta y cinco días desde la denuncia para concluir su investigación; efectuada la misma, debe presentar el Requerimiento conclusivo, conforme el art. 296 del CNNA (fs. 63 a 71 vta.). II.3. Consta acta de audiencia pública celebrada el 16 de marzo de 2022, por Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de Santa Cruz autoridad hoy demandada, a objeto de resolver la cesación a la detención preventiva de los adolescentes ahora accionantes, solicitada a través de memorial presentado el 2 de marzo de ese año; alegando que, se habría vencido el plazo máximo para la detención preventiva en sus contra; la cual, tomando en cuenta desde la fecha en que se tuvo conocimiento de la imputación formal; es decir, el 30 de julio de 2021; la imposición de la medida cautelar de 16 de agosto de ese año, hasta el 16 de febrero de 2022, ha sobrepasado abundantemente este plazo; por lo que, acude al beneficio establecido por el art. 291 del Código de Procedimiento Penal (CPP); toda vez que, aún se encuentran privados de su libertad; asimismo, solicitan una medida supletoria conforme a los arts. 7 y 221 de la norma adjetiva penal; y, 288 del CNNA (fs. 51 a 53). II.4. Cursa Auto interlocutorio 40BIS/2022 de 16 de marzo, emitido por la misma autoridad ahora demandada, resolviendo la solicitud de cesación a la detención preventiva de los adolescentes hoy impetrantes de tutela, ordenando mantenerlos con detención preventiva, conforme la citada Resolución de 16 de agosto de 2021, de aplicación de la medida cautelar; advirtiéndose a las partes que cualquiera de ellas, pudieran hacer uso del recurso de apelación de la medida cautelar, contando con un plazo de tres días para plantearlo, conforme el art. 314. inc. a) del CNNA, quedando las partes en audiencia debidamente notificadas (fs. 54 a 58).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denunciaron la vulneración de sus derechos a libertad, a la libre locomoción, a la persecución, al indebido procesamiento en sus vertientes de motivación, fundamentación, a la defensa en sus componentes de legalidad, valoración de las pruebas y seguridad jurídica; toda vez que, al haber solicitado cesación a su detención preventiva, la autoridad ahora demandada, mediante Auto interlocutorio 40BIS/2022, confirmó dicha medida extrema, ordenando se mantenga la detención preventiva, sin fundamento alguno, además de no tomar en cuenta el contenido del art. 291.I inc. a) del CNNA; ya que, se encuentran privados de su libertad en un Centro para menores infractores, por más de los seis meses del plazo establecido en la referida norma. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Alcance de la tutela reforzada niñas, niños y adolescentes como miembros de un grupo de atención prioritaria

Al respecto, la SCP 0750/2022-S4 de 12 de julio, señaló: “Conforme dispone el art. 58 de la CPE: ‘Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones′, en ese contexto, el art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, al respecto refiere que: ‘Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad′. En desarrollo normativo efectuado mediante el Código Niña, Niño y Adolescente en su art. 5, señala sobre la misma temática que: ‘Son sujetos de derechos del presente Código, los seres humanos hasta los dieciocho (18) años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo: a) Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos; y b) Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años cumplidos′. Ahora bien, en análisis del mismo cuerpo normativo, respecto al sistema penal para adolescentes Libro III, en alusión a las responsabilidades y garantías, el art. 267, señala que: ‘Las disposiciones de este Libro se aplican a adolescentes a partir de catorce (14) años de edad y menores de dieciocho (18) años de edad, sindicados por la comisión de hechos tipificados como delitos′. En ese contexto, identificado el alcance de la normativa interna e internacional de protección al grupo de atención prioritaria niña, niño y adolescente y en particular de menores infractores, el art. 1 del CNNA, establece que dicho cuerpo normativo tiene ‘…por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad′. En ese marco de entendimiento sobre la necesidad de una protección reforzada, la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, sostuvo en cuanto a las niñas, niños y adolescentes que: ‘…son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado. En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: «…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos». En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…′” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

La misma Sentencia, haciendo referencia al principio de subsidiariedad excepcional del hábeas corpus, −hoy acción de libertad−, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sostuvo que: “‘(…) como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus′.

Bajo el mismo razonamiento la SCP 0482/2013 de 12 de abril, integrando la jurisprudencia en cuanto a los presupuestos procesales respecto a la subsidiariedad en la acción de libertad, señaló: ‘En los casos que se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la presente acción tutelar, previa y necesariamente se debe considerar situaciones en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad: (…) 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada′” (las negrillas son nuestras).

III.3. Jurisprudencia reiterada sobre la exigencia de fundamentación de las resoluciones

La SCP 0070/2020-S4 de 10 de julio, estableció: “En relación a los componentes del debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia, entre otros, que deben ser observados por las y los juzgadores al momento de dictar sus resoluciones. En este sentido, el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como por este Tribunal, estableció que: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia…. Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas′” (las negrillas fueron agregadas [SC 1365/2005-R de 31 de octubre]).

III.4. Cesación de la detención preventiva de adolescentes infractores en conflicto con la ley

Asimismo, señaló: “El art. 291 del CNNA, establece los presupuestos que hacen procedente la cesación de la detención preventiva de los menores y adolescentes infractores, involucrados en ilícitos penales, al señalar:

‘ARTÍCULO 291. (CESACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA). I. La detención preventiva cesará en los siguientes casos: a. Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida; b. Cuando su duración exceda el mínimo legal del tiempo que podría corresponderle en régimen abierto, de acuerdo a la proporcionalidad por la pena establecida para el delito que se juzga; c. Cuando su duración exceda de cuarenta y cinco (45) días sin acusación Fiscal, o de noventa (90) días, en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente; y, d. Cuando su duración exceda de tres (3) meses sin sentencia en primera instancia, o de seis (6) meses en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente. II. Vencidos los plazos previstos en los incisos b) y c) del presente Artículo, la Jueza o el Juez aplicará otras medidas previstas en este Código′” (el resaltado nos corresponde).

III.5. Análisis del caso concreto

Los solicitantes de tutela a través de su representante sin mandato, denunciaron la vulneración de sus derechos a libertad, a la libre locomoción, a la persecución, al indebido procesamiento en sus vertientes de motivación, fundamentación, a la defensa en sus componentes de legalidad, valoración de las pruebas y seguridad jurídica; toda vez que, al haber solicitado cesación a sus detenciones preventivas, la autoridad ahora demandada, mediante Auto interlocutorio 40BIS/2022, confirmó dicha medida extrema, ordenando se mantenga la detención preventiva, sin fundamento alguno, además de no tomar en cuenta el contenido del art. 291.I inc. a) del CNNA; ya que, se encuentran privados de su libertad en un Centro para menores infractores, por más de los seis meses del plazo establecido en la referida norma.

De antecedentes y conclusiones que constan en obrados del presente fallo constitucional se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Richard Alfredo Cadima Ortiz, BB y CC por la presunta comisión del delito de Parricidio, Françoise Cecilia Barrón Márquez, Fiscal de Materia, el 20 de julio de 2021, presentó ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescente Primero del departamento de Santa Cruz, la Imputación Formal contra los ahora impetrantes de tutela; radicándose la misma en dicho Juzgado el 22 de igual mes y año (Conclusión II.1).

Mediante Auto interlocutorio 220/2021, la Jueza hoy demandada dispuso la medida excepcional detención preventiva para los ahora solicitantes de tutela, bajo las medidas establecidas en CENVICRUZ, para tal efecto en ese acto ordenó librar en correspondiente mandamiento de detención preventiva en contra de los adolescentes; indicando al Ministerio Público que tiene el plazo de cuarenta y cinco días desde la denuncia para concluir su investigación; realizada la misma, debe presentar el Requerimiento conclusivo conforme el art. 296 del CNNA; posteriormente, el 16 de marzo de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública, celebrada por Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del citado departamento autoridad ahora demandada, a objeto de resolver la cesación a la detención preventiva de los solicitantes de tutela, solicitada a través de memorial, presentado el 2 de marzo de igual año, alegando que, se habría vencido el plazo máximo para la detención preventiva en sus contras; la cual, tomando en cuenta desde la fecha en que se tuvo conocimiento de la imputación formal; es decir, del 30 de julio de 2021; la imposición de la medida cautelar de 16 de agosto del mismo año, hasta el 16 de febrero de 2022, ha sobrepasado abundantemente este plazo procesal; por lo que, acude al beneficio establecido por el art. 291 del CPP; toda vez que, aún se encuentran privados de su libertad; asimismo, solicitan una medida supletoria conforme los arts. 7 y 221 de la norma adjetiva penal; y, 288 del CNNA; en dicho acto procesal, la autoridad ahora demandada, resolvió la referida solicitud de cesación a través del Auto interlocutorio 40BIS/2022, ordenando mantener la detención preventiva de los ahora impetrantes de tutela, conforme a la Resolución de 16 de agosto de 2021, que dispuso la aplicación de estas medidas cautelares; advirtiéndose a continuación a las partes que cualquiera de ellas, pudieran hacer uso del recurso de apelación de la medida cautelar, teniendo un plazo de tres días para plantearlo, conforme el art. 314.I inc. a) del CNNA, quedando las partes en audiencia debidamente notificadas (Conclusiones II.2 a II.4). En ese contexto, del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional se tiene que, al tratarse de un grupo de atención prioritaria, a las niñas, niños y adolescentes; los cuales, merecen por parte del Estado, y en particular de las autoridades jurisdiccionales un tratamiento jurídico proyectivo con la finalidad de garantizar sus derechos, más aun cuando se trate del procesamiento de éstos, por infracciones a la norma; por lo que, ninguna autoridad pública, en particular los Jueces y Tribunales de garantías, puedan desconocer esta situación; es decir, la tutela reforzada de sus derechos; debido a lo cual, no podrán abstenerse de conocer acciones tutelares que los involucre, precisamente en preminencia de tratamiento y protección de sus derechos. En ese sentido, la normativa interna e internacional, ha señalado con precisión que, dentro de este grupo de atención prioritaria llamada, niña, niño y adolecente, se debe contemplar a los seres humanos menores de dieciocho años.

Bajo ese entendimiento, de tutela reforzada que brinda la acción de libertad; la cual, alcanza solo a personas menores de dieciocho años edad, a quienes se debe considerar como parte del grupo de atención prioritaria niña, niño y adolescente; empero, del mismo Fundamento Jurídico se tiene que, las autoridades jurisdiccionales en resguardo de ciertos derechos, y en análisis de contextos especiales, pueden ampliar esta tutela a personas que hayan cumplido la citada edad, cuando sea completamente indispensable, para el reguardo efectivo de sus derechos, siempre que los mismos no se encuentren en colisión con otros derechos, en particular de otros miembros de este grupo de atención prioritaria; ya que, en estos casos, el celo y resguardo de los derechos de otros miembros de este grupo de atención, en particular de los menores de edad, debería prevalecer. Al respecto, en el caso de Richard Alfredo Cadima Ortiz; se advierte que, al momento de platear la presente acción tutelar, se encontraba con detención preventiva en CENVICRUZ, en virtud a la señalada Resolución de 16 de agosto de 2021, que de la referida imputación formal; se tiene que, a la fecha de interponer la presente acción de defensa, éste contaba con dieciocho años, cuatro meses y doce días; es decir, mayor de edad; por lo que, tomando en cuenta el delito que se investiga por Parricidio siendo una víctima de la tercera edad –señalado por la por la Jueza ahora demandada a través del Auto interlocutorio 40BIS/2022 (fs. 57); lo cual, no fue controvertido por la parte accionante–, existiendo por lo tanto una colisión de derechos, corresponde establecer que la tutela reforzada señalada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, no es posible aplicarla con relación al indicado accionante; y, considerando que éste cuestiona la decisión asumida por la autoridad hoy demandada con la determinación establecida en el Auto interlocutorio 40BIS/2022, que rechazó la cesación a su detención preventiva, en atención al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, previamente a activar la acción de libertad, el solicitante de tutela debe agotar los mecanismos ordinarios intra-procesales para denunciar y solicitar la restitución de sus derechos que considere amenazados y/o vulnerados, correspondiendo denegar la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada respecto a Richard Alfredo Cadima Ortiz, (fundamentos que van acorde a lo desarrollado por esta Sala en la citada SCP 0750/2022-S4). Con relación a BB y CC; se tiene que, al momento de la interposición de esta acción de defensa al igual que el primero, se encuentran con detención preventiva en el indicado Centro de menores dentro del mismo proceso penal, que de los datos de la Imputación formal; se advierte que, estos menores infractores a la fecha de presentación de esta acción de libertad, contaban con diecisiete años, ocho meses y doce días, lo cual a diferencia del primero, de acuerdo al citado Fundamento Jurídico III.1 en resguardo de la atención prioritaria del menor, se habilita la tutela reforzada en cuanto a la abstracción al principio subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad; por lo que, resulta posible en el caso de estos menores ingresar a analizar el fondo de la problemática jurídica respecto a ellos. Ahora bien, en audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada mediante memorial presentado el 2 de marzo de 2022, los acusados adolescentes ahora accionantes, habrían pedido la cesación a la detención preventiva en su contra, amparados en el art. 291.I inc. d) del CNNA, argumentando que de acuerdo a los antecedentes del proceso, sus personas se encuentran detenidos en el CENVICRUZ, desde el 16 de agosto de 2021, habiéndose realizado audiencia de aplicación de medidas cautelares; que la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, señala de que no pueden estar detenidos preventivos todo el tiempo, siendo que del 16 de agosto de 2021 al 16 de febrero de 2022, se tiene cumplido los requisitos establecidos en el Código Niña, Nino y Adolescente, bajo el principio de proporcionalidad e instrumentalidad, solicitando se les conceda la libertad; ya que, se encuentra superabundantemente vencido el plazo para la detención preventiva en sus contra; en este sentido, la autoridad ahora demandada a través del Auto interlocutorio 40BIS/2022, “negó” dicha petición, ordenando se mantenga la detención preventiva, bajo los siguientes fundamentos: 1) Respecto al plazo máximo de seis meses por pluralidad de adolescentes imputados, para que se emita sentencia en primera instancia, conforme el art. 291.I.inc.d) del CNNA; si bien, se ha cumplido este plazo para ello; sin embargo, primero se debe considerar que los plazos quedan suspendidos por las vacaciones judiciales de acuerdo a la Ley del Organización Judicial (LOJ); y segundo, se tiene que tomar en cuenta desde cuando los adolescentes ahora accionantes están detenidos; dado que, la aplicación de la medida cautelar es del 16 de agosto de 2021; empero, en ese momento ellos no estaban privados de su libertad; lo cual, para considerar la otorgación de la cesación a su detención preventiva por transcurso del plazo la parte incidentista tiene la carga de la prueba, garantizando al Sistema Judicial de que los adolescentes no van a obstaculizar la averiguación de la verdad; además de que, una persona mayor se hará responsable de ellos y que asuma el compromiso de presentarlos a todos actos procesales hasta la finalización del mismo; 2) En caso de otorgarse la libertad, concediéndoseles una medida menos gravosa, no se tiene la certeza de que cumplan esas medidas, conforme el art. 288 del citado Código; toda vez que, Ruly Cadima Ortiz, tía de los adolescentes infractores, quien estaba encargada de ellos, ahora está siendo procesada también en la jurisdicción ordinaria por este mismo hecho; por lo que, no se ha demostrado ninguna documentación de un registro domiciliario; donde es que, los adolescentes van a tener establecido su hogar; en ese entendido la SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre, ha establecido los estándares más altos en cuanto a la cesación de la detención preventiva, tomándose en cuenta los plazos procesales, conforme el art. 292 del CNN. Respecto a la vulneración alegada dentro de esta acción tutelar contra el Auto interlocutorio ahora cuestionado, se denuncia la lesión: i) Al principio de congruencia; siendo que, la Jueza hoy demandada, señaló que se han sobrepasado los seis meses de detención preventiva y al mismo tiempo invoca vacaciones judiciales y que los adolescentes gozaban de libertad al momento de imponerles la detención, tomando en cuenta como inicio la audiencia cautelar y puesto que, la norma indica en cómputo a partir de la notificación con la imputación formal conforme el art. 291.I. inc. a) del CNNA; ii) Al principio de presunción de inocencia, tratando de fundamentar la complejidad del caso; es decir, hace un fundamento sobre la directa participación de los hoy solicitantes de tutela; iii) Incumplimiento al art. 203 de la CPE; toda vez que, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció una línea jurisprudencial a través de la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio; en la cual, el ad quem no puede basarse sobre suposiciones; y, iv) Vulneración a los principios establecidos en los arts. 291.I.d) y 288 del CNNA. Respecto a) En cuanto al principio de congruencia, la autoridad ahora demandada señaló que, evidentemente se habría sobrepasado el plazo de los seis meses de la detención preventiva sin que se hubiera emitido resolución en primera instancia; sin embargo, la parte impetrante de tutela correspondiéndole la carga de la prueba, debió realizar un cómputo exacto, tomándose en cuenta desde la fecha de la notificación con la imputación formal a los menores infractores; ya que, hasta ese momento ellos se encontrarían con plena libertad; en sentido al exponer estos hechos, la autoridad hoy demandada no transgredió de manera alguna dicho principio; b) Con relación a este punto, al señalar la autoridad de que se trata de un hecho complejo; es decir, en este caso donde se investiga un hecho con supuesta participación de menores, que presuntamente hubieran sido cómplices en un ilícito que atentó contra la vida de una persona de la tercera edad, perteneciendo ambos a grupos vulnerables dentro de la sociedad, con dicho razonamiento no se advierte de que, esta autoridad demandada hubiera atentado contra la presunción de inocencia de los solicitantes de tutela; c) Al respecto no se evidencia de que, la Jueza de la causa al rechazar la cesación a la detención preventiva se hubiera basado en suposiciones como lo establece la señalada SCP 0276/2018-S2, al contrario, para tal decisión conforme al 203 de la Norma Suprema, aplicó la SCP 0685/2021-S4; por lo que, tampoco corresponde lo denunciado por la parte accionante; y, d) Como se desarrolló en el primer punto en caso de otorgarse la libertad de los menores, éstos por falta de evidencia para desvirtuar el riesgo no garantizaron que cumplirían con su presencia hasta la finalización del proceso; ya que, no se tenía constancia de un domicilio o con quien se quedarían en custodia en caso de otorgárseles la cesación a la detención preventiva.

En consecuencia, no se evidencia de que la Jueza hoy demandada hubiera incurrido en vulneración de los derechos invocados como lesionados por los accionantes BB y CC, actuando conforme lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos II.3 y II.4 del presente fallo constitucional, referente a la obligación de las autoridades de motivar y fundamentar adecuadamente sus fallos, mencionando las razones de hecho y derecho, la base de sus decisiones y aplicando la normativa especial que faculta para emitir dicho fallo; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada con relación a BB y CC. Sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, este Tribunal no puede soslayar el hecho de que los ahora impetrantes de tutela al ser parte de un grupo de protección reforzada, merecen un tratamiento diferenciado en cuanto a una tramitación de su proceso; pues, este debe ser desarrollado con la debida celeridad; por lo que, corresponde exhortar a la autoridades que se encuentren en el conocimiento del proceso ordinario, a actuar con la debida diligencia en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de estos. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 75 a 77, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0637_2023-S4.pdf · páginas 1 a 15.

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