B.IA.LEGAL

SCP 0636/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
55212-2023-111-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al principio non bis in ídem, por parte de las autoridades demandadas que emitieron la Resolución Ministerial 1002/22 de 31 de agosto de 2022, al no considerar las pruebas de reciente obtención presentadas, resolviendo el recurso jerárquico sin pronunciarse sobre el agravio expuesto en el que acusó que el Sumariante no examinó ni resolvió los cinco agravios consignados en su recurso de revocatoria, además de incurrir en errónea interpretación de la legalidad ordinaria sobre el art. 85.I inc. j) del Reglamento Interno de Personal de la CGE. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 12 de abril, cursante de fs. 815 a 820 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme lo expuesto en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia relacionada con el debido proceso y la fundamentación y motivación de las resoluciones en sede administrativa
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0636/2025-S3 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 55212-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 55/2023 de 12 de abril, cursante de fs. 815 a 820 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Ariel Arenas Pérez contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, Gonzalo Omar Zambrana Ávila, Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 2 y 21 de marzo de 2023, cursantes de fs. 277 a 298; y, 301 a 306 vta.; el accionante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el periodo comprendido entre el 21 de mayo al 20 de octubre de 2018, la Gerencia Nacional de Recursos Humanos (GNRH) de la Contraloría General del Estado (CGE), emitió respecto a su persona (que en ese entonces desempeñaba las funciones de Supervisor en la Subcontraloria de Servicios Legales) tres informes técnicos que reportaron minutos de atraso en marcados, recomendando la remisión de los antecedentes a la Autoridad Sumariante de la entidad para su procesamiento. La citada gerencia en base a un periodo de corte generó reportes denominados “Mes de pago de sueldos” (sic); sin embargo, de manera unilateral, arbitraria y carente de sustento legal aplicó ese periodo de corte para el cómputo de los minutos de atraso de los servidores públicos de la CGE; Por ejemplo, para reportar los minutos de atraso en el marcado de asistencia del “…mes de pago de sueldos de agosto 2028, consideró las marcadas desde el 21 de julio hasta el 20 de agosto…”. Dicho periodo de corte aplicado al cómputo de minutos de atraso es un ejercicio que no cuenta con respaldo legal alguno, tampoco tiene sustento normativo a nivel institucional, ni toma en cuenta que toda medida disciplinaria respecto al cumplimiento del horario laboral, está estrechamente vinculada al pago de la remuneración del servidor público por los días efectivamente trabajados y es de ese salario de donde se deducen los descuentos por los minutos de atraso en los que pudo haber incurrido. En base al Informe Técnico CGE/GNRH/430/2018 de 3 de septiembre, se inició en su contra un proceso administrativo interno que dio lugar al pronunciamiento de la Resolución Final del Proceso Administrativo Interno AS-WVV 09/2018 de 15 de octubre, que dispuso la sanción de suspensión temporal sin goce de haberes por diez días. Determinación que fue impugnada a través de la interposición del recurso de revocatoria expresando cinco agravios, emitiéndose la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV 09/2018 de 19 de noviembre, confirmó a su predecesor. Posteriormente, como consecuencia del recurso jerárquico planteado se dictó la Resolución Ministerial 237/19 de 15 de marzo de 2019, que anuló obrados hasta la emisión de la Resolución de Recurso de Revocatoria. En cumplimiento a dicha determinación nuevamente se pronunció la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV-RR 03/2019 de 27 de marzo, sin que ninguno de los cinco agravios expuestos fueran atendidos ni resueltos, confirmando en todas sus partes la Resolución Final del Proceso Administrativo interno AS-WVV 09/2018 de 15 de octubre. Dentro de plazo interpuso recurso jerárquico, donde solicitó que al resolver el recurso se repare la vulneración de los derechos conculcados anulando obrados con la finalidad que el Sumariante resuelva en resguardo del debido proceso y emita una resolución debidamente motivada y fundamentada, respecto a todos los agravios expuestos en el recurso de revocatoria. Recurso que fue concedido por el Sumariante mediante Auto de 4 de abril de 2019, por ante la Dirección General de Servicio Civil disponiendo la remisión del expediente. A través de la Nota CITE: MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-URLel-0364-CAR/19 de 30 de octubre de 2019, Shirley Jazmín Pérez Velásquez, Directora General del Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dirigida al Sumariante de la CGE, acusa recepción del recurso jerárquico y con la finalidad de contar con mayores elementos de convicción requirió se remita: “Base normativa u otro instrumento o justificativo, para la aplicación del ‘corte administrativo’ en relación al control de asistencia a la entidad, para los servidores públicos de la Contraloría General del Estado. Base normativa u otro instrumento o justificativo, en relación al ‘corte administrativo’ que se toman en cuenta para los descuentos que se realizan en las planillas salariales de cada mes percibido por los servidores públicos de la Contraloría General del Estado, en el entendido que se computarían desde el día 20 de un mes, hasta el día 20 del mes siguiente” (sic).

En respuesta William Vega Vargas, Sumariante de la CGE, mediante nota de 21 de noviembre de 2019, aclaró que el objeto y causal del proceso, se funda en el parágrafo I, inc. j) del art. 85 del Reglamento Interno de Personal de la CGE y como norma aplicable para lo requerido. Añadió que la autoridad sumariante no remitió la documentación requerida por que dicha normativa no existe. Refiere que tres años después, fue notificado con el Decreto de Radicatoria MTEPS/VESCYCOOP/DGSC/URLel/RD/25/2022 y el Auto de Admisión de Recurso Jerárquico MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RD-AA-18/2022 ambos de 20 de julio de 2022, indicando en el acápite tercero: “…se insta a la autoridad recurrida a remitir dentro del periodo probatorio aperturado: ‘(…) iii) Base normativa o informe pormenorizado sobre la aplicación del ‘corte administrativo’ en relación al control de asistencia de los servidores públicos de la CGE’” (sic). En esta oportunidad, ni el sumariante ni la CGE atendieron el requerimiento de información formulada por el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas. Dentro del término probatorio el 28 de julio de 2022, presentó pruebas con las cuales demostró que ya fue procesado y sancionado por los minutos de retraso por los meses de agosto y septiembre de 2018, por otro sumariante de la CGE, e incluso al haber adquirido firmeza el fallo, se procedió a la ejecución de la sanción. Por lo que en caso de proseguir el proceso sometido a recurso jerárquico que comprende también minutos de retraso de marcado por días del mes de agosto de 2018, se lesionaría el principio non bis in ídem. A través de la Resolución Ministerial 1002/22 de 31 de agosto de 2022, se confirmó totalmente la Resolución Final del Proceso Administrativo Interno AS-WVV 09/2018 de 15 de octubre, en total incongruencia, puesto que la resolución impugnada en su recurso jerárquico fue la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV-RR 03/2019 de 27 de marzo. Por ello el 7 de septiembre de 2022, solicitó aclaración y complementación, disponiéndose por Auto de 22 de similar mes y año, la improcedencia de su solicitud. La Resolución Ministerial 1002/22, no evaluó los argumentos ni las pruebas de reciente obtención, no fueron recibidas o admitidas, pese a que fueron presentadas posterior a la apertura del término de prueba y con anterioridad a la emisión de la citada Resolución, por lo que debieron ser examinadas en atención al principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; no se aclaró los motivos por que las pruebas no fueron recibidas o admitidas como tampoco expusieron los fundamentos que podrían sustentar su no consideración. La valoración de sus pruebas hubiera incidido a su favor, puesto que la instancia jerárquica pudo haber advertido que la Comunicación Interna CGE/GNRH/CI-0150 de 14 de febrero de 2015, único instrumento en el que justificó la aplicación del corte administrativo la GNRH, no tuvo respaldo legal ni gozaba de valor normativo.

La Resolución Ministerial 1002/22, tácitamente reconoció como válido el cómputo de minutos de atraso con base al corte administrativo tantas veces observado y no citó norma legal que respalde tal afirmación. Se resolvió el recurso jerárquico sin pronunciarse sobre el agravio expuesto en el numeral dos en el que acusó que el Sumariante no examinó ni resolvió los cinco agravios consignados en su recurso de revocatoria presentado el 7 de noviembre de 2018; tampoco emitieron criterio sobre la vinculatoriedad de las sentencias constitucionales invocadas; incurrieron en errónea interpretación de la legalidad ordinaria sobre el art. 85.I inc. j) del Reglamento Interno de Personal de la CGE que dispone como causal de inicio de proceso interno “…la acumulación de 135 minutos o más de atraso dentro de un mes” (sic); no pudo ser interpretado para definir la comprensión de la expresión “dentro de un mes”, no basta con afirmar como lo hizo la Resolución Ministerial en su Considerando (5) numeral 2 que: “…el mencionado artículo no señala específicamente que se deberá computar el mes completo, al contrario establece que el atraso debe estar ‘dentro de un mes’” (sic), afirmación que no tiene sustento legal alguno, ni es el resultado de una argumentación lógica-jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al principio non bis in ídem, citando al efecto los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada disponiendo: a) Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 1002/22, que las autoridades demandadas resuelvan su recurso jerárquico debiendo pronunciarse expresamente sobre los agravios expuestos en sus numerales 1 y 2 de su recurso de revocatorio; y, b) Resuelvan nuevamente su recurso jerárquico debiendo adoptar en la aplicación del art. 85.I inc. j) del Reglamento Interno de Personal de la CGE, una interpretación razonable recurriendo al efecto, a los criterios normativos legales vigentes que regulan el cómputo del tiempo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 809 a 814 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de su apoderada en audiencia de garantías virtual manifestó que: 1) La Resolución Ministerial 1002/22 se encuentra debidamente fundamentada, habiéndose realizado una revisión y análisis de los documentos que cursan en el expediente administrativo, el accionante fue sometido a un proceso interno dentro su institución en aplicación del Reglamento Interno de Personal de la CGE, la misma establece de forma clara las sanciones por los constantes atrasos del ahora accionante y el mismo tuvo pleno conocimiento de las sanciones aplicables ante su incumplimiento; 2) El Reglamento Interno de Personal de la CGE, establece la modalidad del cómputo de atraso en el ingreso a la institución, así el art. 76 señala que acumulados treinta minutos de tolerancia al mes, se aplicaran descuentos del haber básico mensual de treinta y uno a cuarenta y cinco minutos acumulados en el mes, medio día de haber, de cuarenta y seis a sesenta minutos, un día de haber, así sucesivamente; por otro lado, el inc. J) parágrafo I del art. 85 del citado reglamento establece como causal de inicio de proceso interno la acumulación de 135 minutos o más por atraso dentro de un mes, sancionando con multa de 20 % del haber básico, suspensión temporal hasta treinta días calendario o destitución. Bajo ese marco la GNRH de la CGE emitió la Comunicación Interna 0150/2015 de 4 de febrero, que de manera clara comunicó al personal de la Contraloría: “El cómputo de los atrasos, así como las sanciones establecidas en los artículos mencionados se aplicarán una vez concluido el periodo de corte establecido por la GNRH el mismo comprende del 21 del mes anterior al 20 del mes en curso” (sic); 3) El peticionante de tutela al formar parte de la CGE, se encontraba sometido a la normativa interna y demás regulaciones de la entidad, si consideraba que se vulneró sus derechos, pudo activar los medios de impugnación de la normativa administrativa para dejar sin efecto la Comunicación interna 0150/2015; por otro lado, todo servidor público bajo la dependencia del Estado, debe desempeñar sus funciones regido por los principios establecidos en el art. 232 de la CPE que prevé que la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad entre otros; en el caso presente de los antecedentes del proceso administrativo, por los constantes y reiterados atrasos, demostró de manera clara y evidente el incumplimiento a lo establecido en la Norma Suprema; 4) La autoridad Sumariante de la CGE consideró para el análisis y fundamentación de la Resolución Final del Proceso Administrativo, lo señalado en el Informe Técnico, respecto a la sumatoria de minutos de atraso dentro los meses de junio, julio y agosto de 2018, en cumplimiento al Comunicación interna 0150/2015, por lo que los fundamentos expresados en el recurso de revocatorio fueron debidamente considerados, valorados y analizados por la entonces autoridad sumariante de la CGE; 5) La Resolución Ministerial 1002/22 objeto de amparo, fue emitida en resguardo de los derechos del accionante, realizando una revisión integra de los antecedentes, verificó que el Reglamento Interno de Personal de la CGE se enmarque en el inc. f) del art. 21 del Decreto Supremo (DS) 23318-A modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001; por lo que la facultad de imponer sanciones no deviene únicamente del reglamento de la CGE, sino de la Ley 1178 y el DS 23318-A; y, 6) La supuesta doble sanción aludida por el impetrante de tutela no es evidente, ya que este fue sancionado a través de la Resolución 056/2018 de 30 de noviembre, por el periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2018, por acumulación de 537 minutos de atraso y la Resolución Final del Proceso Administrativo 09/2018 de 15 de octubre, determinó responsabilidad administrativa, por el periodo del 21 de julio al 20 de agosto de 2018, por lo que no existió la doble sanción alegada, correspondiendo denegar la tutela solicitada. Gonzalo Omar Zambrana Ávila, Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 309.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Nora Herminia Mamani Cabrera, Contralora General del Estado a.i., a través de su representante legal mediante informe escrito presentado el 11 de abril de 2023, cursante de fs. 800 a 808, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: i) En lo que respecta a la CGE, asumimos que la pretensión del accionante es dejar sin efecto el registro que existiría en el sistema CONTROLEC, en cuanto a la resolución ejecutoriada que dispuso la suspensión del funcionario; en tal sentido, aclarar que la disposición inmersa en el art. 27 de la Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) –Ley 1178 de 20 de julio de 1990- expresa que todas las entidades públicas, así como las autoridades sumariantes que conocen procesos administrativos y emiten resoluciones que adquieren ejecutoria, tienen la obligación de registrar los procesos y determinaciones asumidas ante la CGE; ii) En el presente caso, la autoridad sumariante emitió la Resolución Final del Proceso Administrativo Interno AS-WVV 09/2018, que fue confirmada por la Resolución Ministerial 1002/22 y estando ejecutoriada esta última resolución, la sanción adquirió firmeza por lo que se notificó a la CGE para su registro en el sistema CONTROLEC, y al tratarse de un ex servidor público la sanción de suspensión no se efectivizo; iii) La Resolución Ministerial 1002/22 fue pronunciada el 31 de agosto de 2022, que fue notificada al accionante el 2 de septiembre de igual año, y el 7 del referido mes y año, presentó su renuncia al cargo de Inspector dependiente de la CGE, posteriormente fue notificado con la improcedencia de la complementación y enmienda solicitada, lo que significa que la suspensión de Carlos Ariel Arenas Pérez, no surtió efecto en virtud a la renuncia presentada; antecedentes que deben ser considerados en la presente acción de defensa a efecto de establecer si existe relevancia constitucional para analizar el fondo de la acción; iv) La determinación que se vaya a tomar no tendría ningún efecto en cuanto a la situación del accionante, porque como se señaló el mismo presentó su renuncia al cargo que ejercía en la CGE; por otro lado, asumiendo que la pretensión del peticionante de tutela radica sobre el registro en la CGE, sobre ello existen los mecanismos establecidos para solicitar la eliminación del registro sea por medio de la baja o exclusión que se encuentra regulados en los instrumentos normativos de la Contraloría en cuanto a los requisitos y oportunidades de su presentación; y, v) Finalmente, respecto al cómputo de los días para considerar el atraso, el Reglamento Interno de Personal de la CGE señala que para el cómputo de los minutos de atraso y establecer las sanciones pecuniarias u otras que correspondan, deberá darse dentro de un mes de ejercicio de las funciones, aspecto que fue aclarado por la Gerencia Nacional de Recursos Humanos, en el entendido de que el cómputo se realiza del 20 de un mes al 20 del siguiente mes, tal como se hizo y procedió en el caso del accionante, es así como se considera para el procesamiento de todos los servidores públicos de la CGE, ya que una vez que se establecen sanciones relacionadas a atrasos, este tiene que efectivizarse con el descuento incorporado en las planillas respectivas de sueldos que tiene un plazo para presentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 55/2023 de 12 de abril, cursante de fs. 815 a 820 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) No estableció cual fuera la trascendencia para analizar la apertura de plazo extraordinario que reclamó el accionante en el memorial de amparo constitucional, ya que de antecedentes se observó que el recurso jerárquico y revocatorio fueron atendidos por las autoridades en su momento oportuno, analizando el fondo de los argumentos planteados; la otorgación o no de mayor plazo para activar el recurso jerárquico, independientemente del análisis abordado por la autoridad sumariante respecto al hecho de no proceder esa ampliación de plazo, se advierte que la Resolución Ministerial 1002/22 ingresó al análisis de fondo del recurso; en consecuencia, no se evidencia que se hubiera generado un quiebre o afectación del derecho de impugnación o la doble instancia, por lo que ese reclamo carece de relevancia constitucional; b) Remitiéndose al recurso jerárquico el accionante planteó que la autoridad sumariante no se hubiera pronunciado en relación a todos los agravios expuestos en el recurso de revocatoria, de la revisión del recurso a más de hacer referencia, no identificó cuales fueron los agravios omitidos de consideración. En consecuencia, el reclamo vinculado a la Resolución Ministerial 1002/22 carece de la necesaria y suficiente carga argumentativa relacionada con el recurso jerárquico; ya que a partir de ese recurso el peticionante de tutela tenía la facultad de hacer conocer a la MAE del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, todo el yerro en que hubiese incurrido la autoridad sumariante, pero conforme se evidenció del pliego de recurso jerárquico, ese argumentó no está precisado, entonces cuál fuera la trascendencia que pudiese provocar la no atención a todos los argumentos planteados en el recurso de revocatoria. Sin embargo, se observa de los antecedentes materiales, no se establece cuales fueron esos agravios que fueron omitidos en su análisis; c) Respecto al ofrecimiento de prueba que no hubiera sido analizada, se observa que la Resolución 56/2018, así como la Resolución Ministerial 358/2019, ya fueron ofrecidas en calidad de pruebas en el proceso administrativo, fueron parte inicialmente de una Resolución Ministerial y la Resolución Final del Proceso Administrativo Interno, y conforme se evidenció estos fueron objeto de análisis por la autoridad ahora demandada; d) El peticionante de tutela en su recurso jerárquico se limitó al hecho de expresar un doble procesamiento y que no se atendió los reclamos efectuados en su recurso de revocatoria; note el accionante independientemente del análisis efectuado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, esta Sala Constitucional se encuentra impedida de analizar si el análisis asumido, vinculado al cálculo del cómputo de atrasos que realizó la CGE estuviese acorde al ordenamiento jurídico o no, pues tiene a bien reiterar que el pliego de recurso jerárquico no dio el suficiente insumo para que el Ministerio citado asuma un lineamiento en uno u otro sentido; por lo que es inviable por parte de la justicia constitucional un análisis vinculado a la correcta o incorrecta interpretación del art. 85.I inc. j) del Reglamento Interno de Personal de la CGE; y, e) Si bien el accionante en la acción de amparo constitucional cumple con la carga argumentativa que se requiere para su análisis, este debe remontarse a lo plasmado en el recurso jerárquico y de manera directa no se puede asumir su análisis, a no ser que en el desarrollo de ese proceso se haya efectuado una afectación grosera y evidente al derecho a la defensa o la igualdad de las partes, aspectos que no se evidenciaron en el presente caso. En vía de explicación, complementación o enmienda, la parte accionante manifestó que requirió en su acción de amparo constitucional el examen excepcional sobre la valoración de la prueba de reciente obtención presentada el 10 de agosto de 2022, no con relación al memorial de presentación de prueba que examinaron en audiencia. La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, refirió que es evidente que el 10 de agosto de 2022 presentó memorial de prueba de reciente obtención consistente en instructivo para el formato y presentación de documentos de la CGE; instructivo, tipología contenido y formato de instrumentos normativos y formularios; y, pliego probatorio que hubiera sido omitido por la autoridad demandada. La Sala constitucional se remite nuevamente a los antecedentes, ya que tanto el Auto de admisión del recurso jerárquico y el Decreto de radicatoria ambos de 20 de julio de 2022, otorgaron un plazo de seis días hábiles a las partes para el ofrecimiento de prueba, así se tiene que el 10 de agosto de igual año, el accionante presentó prueba, apartándose del plazo otorgado, en consecuencia conforme los principios que rigen a la administración pública de acuerdo al art. 4 de la Ley 2341 de 23 de abril de 2002, no es pertinente la complementación en el fondo, por cuanto se estableció que la prueba fue presentada fuera del plazo aperturado por el Auto de admisión del recurso jerárquico.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno AS-WVV 09/2018 de 6 de septiembre, sobre contravención del art. 85 inc. j) del Reglamento Interno de Personal de la Contraloría General del Estado en el que habría incurrido el servidor público Carlos Ariel Arenas Pérez -ahora accionante- Supervisor “C” dependiente de la Subcontraloria de Servicios Legales de la CGE, por la acumulación de 253, 208 y 320 minutos de atrasos durante los meses de junio, julio y agosto de 2018 respectivamente (fs. 269 a 270 vta.). II.2. Resolución Final del Proceso Administrativo Interno AS-WVV 09/2018 de 15 de octubre, que resolvió declarar la existencia de responsabilidad administrativa contra el servidor público Carlos Ariel Arenas Pérez, por haber contravenido en tres ocasiones consecutivas el art. 8 inc. d) de la Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y los arts. 17 inc. i), 21, 30, 76 y 85.I inc. j) del Reglamento Interno de Personal de la Contraloría General del Estado, al haber acumulado 253, 208 y 320 minutos de atrasos durante los meses de junio, julio y agosto de 2018; disponiendo como sanción la suspensión temporal sin goce de haberes de diez (diez) días del cargo de Supervisor “C” dependiente de la Subcontraloria de Servicios Legales de la CGE (fs. 262 a 264). II.3. Cursa Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV-RR 03/2019 de 27 de marzo, dictado dentro el proceso administrativo interno seguido contra Carlos Ariel Arenas Pérez, el cual resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución Final del Proceso Administrativo Interno AS-WVV 009/2018 (fs. 154 a 155 vta.). II.4. Mediante memorial de 4 de abril de 2019, Carlos Ariel Arenas Pérez, planteó recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV-RR 03/2019 de 27 de marzo, ante la Autoridad Sumariante de la CGE (fs. 147 a 149). II.5. Por Auto MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RD-AA 18/2022 de 20 de julio, Gonzalo Omar Zambrana Ávila, Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, resuelve admitir el recurso jerárquico interpuesto el 4 de abril de 2019 por Carlos Ariel Arenas Pérez contra la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV-RR 03/2019, disponiendo la apertura de término de prueba de seis días hábiles comunes a las partes (fs. 101 a 102 vta.). II.6. Cursa diligencia de notificación de 20 de julio de 2022, con el Decreto de Radicatoria y el Auto MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RD-AA 18/2022, practicada en el domicilio procesal, firmando la recepción Carlos Ariel Arenas Pérez (fs. 98). II.7. A través del memorial de 10 de agosto de 2022, el peticionante de tutela, presentó al Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, prueba de reciente obtención entre ellos Instructivo para el Formato y Presentación de Documentos de la Contraloría General del Estado; Resolución Final de Proceso Administrativo Interno AS/FHH/056/2018 de 30 de noviembre; y Resolución Ministerial 358/19 de 24 de abril de 2019 (fs. 41 a 95 vta.). II.8. Cursa Resolución Ministerial 1002/22 de 31 de agosto de 2022, pronunciado por Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social y Gonzalo Omar Zambrana Ávila, Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, que resolvieron el recurso jerárquico interpuesto el 4 de abril de 2019 por Carlos Ariel Arenas Pérez contra la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV-RR 03/2019, que confirmó en todas sus partes la Resolución Final del Proceso Administrativo Interno AS-WVV 09/2018; determinando en el por tanto: “…CONFIRMAR TOTALMENTE la Resolución Final del Proceso Administrativo interno AS-WVV N° 09/2018 de 15 de octubre de 2018 emitido por la entonces Autoridad sumariante de la Contraloría General del Estado, que determina la existencia de responsabilidad administrativa contra el servidor público CARLOS ARIEL ARENAS PÉREZ” (sic [fs. 23 a 27]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al principio non bis in ídem, por parte de las autoridades demandadas que emitieron la Resolución Ministerial 1002/22 de 31 de agosto de 2022, al no considerar las pruebas de reciente obtención presentadas, resolviendo el recurso jerárquico sin pronunciarse sobre el agravio expuesto en el que acusó que el Sumariante no examinó ni resolvió los cinco agravios consignados en su recurso de revocatoria, además de incurrir en errónea interpretación de la legalidad ordinaria sobre el art. 85.I inc. j) del Reglamento Interno de Personal de la CGE. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Jurisprudencia relacionada con el debido proceso y la fundamentación y motivación de las resoluciones en sede administrativa

Consiguientemente el Tribunal Constitucional Plurinacional, adopto las apreciaciones del tribunal anterior mediante la SCP 0275/2012 de 4 de junio, haciendo referencia al debido proceso y la motivación de las resoluciones administrativas señalando que: «La SC 1289/2010-R de 13 de septiembre, expresando que: "La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso '…exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'.

(…) Por su parte la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, ha dispuesto que: “La jurisprudencia constitucional ha establecido, que la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas”.

En relación a la garantía del debido proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que no sólo es exigible a nivel judicial, sino también es de obligatorio cumplimiento por toda autoridad que ejerza funciones de carácter jurisdiccional en sede administrativa. En este sentido ha señalado: "De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo.... Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 'juez o tribunal competente' para la 'determinación de sus derechos', esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". El debido proceso es una garantía constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es también aplicable a los procesos sancionatorios en sede administrativa, dentro los cuáles se deba decidir respecto a la existencia o no de faltas disciplinarias, que con mayor razón deberá observarse en segunda instancia, con el objeto de garantizar en revisión un fallo justo, razonable y equitativo, que proporcione certeza al administrado respecto a la decisión asumida.

(…)

Esta impronta característica de la doble instancia, es aplicable también al derecho administrativo sancionatorio cuando así corresponda, otorgando al administrado la posibilidad de controvertir una decisión inicial, para en definitiva poder enmendar los errores o distorsiones en la aplicación de la normativa en primera instancia. La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa.

La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en que grado estas omisiones o distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es obligación ineludible de la instancia de alzada.

(…) La motivación de las resoluciones administrativas, es un deber ineludible del tribunal o autoridad de segunda instancia, que por delegación se le asigna la tarea de enmendar, cuando correspondiere las vulneraciones de derechos surgidas en el tribunal o autoridad de origen. La motivación de las resoluciones debe ser comprensible, puntual, concreta y en todos los casos lógica, incluyendo el análisis de todos los aspectos relacionados al asunto principal y de aquellos otros derivados del eje central en cuestión (mínima petita), correspondiendo efectuarse una relación de causalidad estrecha entre los hechos y la normativa inherente al caso específico. Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. (…) En conclusión, corresponde afirmar rotundamente, que la ausencia de una suficiente y adecuada motivación en las resoluciones de segunda instancia, efectivamente vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa, impidiendo que la tutela jurisdiccional administrativa sea cierta, dando lugar al extremo inaceptable de la arbitrariedad, aclarándose que la obligación de motivar las resoluciones no significa que las decisiones adoptadas necesariamente deban satisfacer al administrado, lo que si es trascendental, es que la decisión sea justificada y versé sobre la totalidad de los aspectos contenidos en el memorial de impugnación, permitiendo que el imperio de la justicia constitucional garantice el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales para el “Vivir Bien”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

En la presente acción de defensa el accionante denuncia la lesión de sus derechos a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al principio non bis in ídem, por parte de las autoridades demandadas que emitieron la Resolución Ministerial 1002/22 de 31 de agosto de 2022, sin considerar las pruebas de reciente obtención presentadas, resolviendo el recurso jerárquico sin pronunciarse sobre el agravio expuesto en el que acusó que el Sumariante no examinó ni resolvió los cinco agravios consignados en su recurso de revocatoria; e incurriendo en errónea interpretación sobre el art. 85.I inc. j) del Reglamento Interno de Personal de la CGE. Conforme los antecedentes que ilustran el expediente se colige que a Carlos Ariel Arenas Pérez -hoy accionante- como servidor público en el cargo de Supervisor “C” dependiente de la Subcontraloria de Servicios Legales de la CGE, mediante el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno AS-WVV 09/2018, se le inicio proceso por contravención del art. 85 inc. j) del Reglamento Interno de Personal, en el que habría incurrido por la acumulación de doscientos cincuenta y tres, doscientos ocho y trescientos veinte minutos de atrasos durante los meses de junio, julio y agosto de 2018 respectivamente (Conclusión II.1). A se efecto, la Autoridad Sumariante de la CGE, pronunció la Resolución Final del Proceso Administrativo Interno AS-WVV 09/2018 de 15 de octubre, resolviendo declarar la existencia de responsabilidad administrativa contra el peticionante de tutela, por haber contravenido en tres ocasiones consecutivas el art. 8 inc. d) de la Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público y los arts. 17 inc. i), 21, 30, 76 y 85.I inc. j) del Reglamento Interno de Personal de la CGE, al haber acumulado doscientos cincuenta y tres, doscientos ocho y trescientos veinte minutos de atrasos durante los meses de junio, julio y agosto de 2018; disponiendo como sanción la suspensión temporal sin goce de haberes de diez (diez) días del cargo de Supervisor “C” dependiente de la Subcontraloria de Servicios Legales de la CGE (Conclusión II.2). Determinación que fue confirmada mediante la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV-RR 03/2019 de 27 de marzo (Conclusión II.3). En tal circunstancia, el impetrante de tutela interpuso el recurso jerárquico mediante memorial de 4 de abril de 2019, contra la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV-RR 03/2019 (Conclusión II.4). Como se advierte el Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas admitió el recurso jerárquico a través del Auto MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RD-AA 18/2022 de 20 de julio, disponiendo la apertura de término de prueba de seis días hábiles comunes a las partes; Auto que fue notificado al accionante en la misma fecha (Conclusiones II. 5 y 6). Posteriormente, por escrito de 10 de agosto de 2022, (Conclusión II.7) el peticionante de tutela, presentó al Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, prueba de reciente obtención entre ellos Instructivo para el Formato y Presentación de Documentos de la Contraloría General del Estado; Resolución Final de Proceso Administrativo Interno AS/FHH/056/2018 de 30 de noviembre; y Resolución Ministerial 358/19 de 24 de abril de 2019.

Finalmente, se pronunció la Resolución Ministerial 1002/22, por Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social y Gonzalo Omar Zambrana Ávila, Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas -ahora demandados- los que resolvieron el recurso jerárquico interpuesto el 4 de abril de 2019 por Carlos Ariel Arenas Pérez contra la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV-RR 03/2019, que confirmó en todas sus partes la Resolución Final del Proceso Administrativo Interno AS-WVV 09/2018; determinando en el por tanto: “…CONFIRMAR TOTALMENTE la Resolución Final del Proceso Administrativo interno AS-WVV N° 09/2018 de 15 de octubre de 2018 emitido por la entonces Autoridad sumariante de la Contraloría General del Estado, que determina la existencia de responsabilidad administrativa contra el servidor público CARLOS ARIEL ARENAS PÉREZ” (Conclusión II.8). En el caso concreto se advierte del análisis del memorial de recurso jerárquico planteado por el accionante contra la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV-RR 03/2019, el mismo expresa como agravios: “1° En el primer considerando, último párrafo indica erradamente el Sumariante que: ‘no debió otorgarse un plazo adicional en razón de distancia para interponer recurso jerárquico a Carlos Ariel Arenas Pérez que tiene como domicilio la ciudad de La Paz, lugar de la sede de la citada Dirección General’ (…). Es este sentido, mi persona al encontrarse domiciliada en la ciudad de La Paz y la Autoridad Sumariante que conoció la causa en la ciudad de Cochabamba, expresamente debió disponer que se tenían a favor del procesado los 5 días adicionales a efecto de la presentación del eventual recurso jerárquico, ello en aplicación del artículo 21, parágrafo III de la Ley N° 2341…” (sic). Como segundo agravio expone: “2° Con relación a la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV-RR N° 03/2019 de 27 de marzo de 2019, al igual que su precedente, en su página 3 indica que, la Resolución del Proceso Administrativo Interno AS-WVV N° 009/2018, no ocasiona ningún agravio, sino por el contrario, es beneficiosa al recurrente, pues fue procesado con un proceso y no con tres ‘y por 20 días en lugar de 30’, asimismo, indica que la sanción no es agravio si se considera que el recurrente es ‘reincidente en la falta’, finalizando con un lacónico ‘por la inexistencia de agravios, resulta infundado el recurso revocatorio interpuesto…’. Como puede advertirse, las simples afirmaciones que integran la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV 09/2018 de 19 de noviembre de 2018, de ninguna manera atienden conforme a derecho ninguno de los cinco acápites en los que se expuso los agravios en el Recurso de Revocatoria presentado por mi persona el pasado 7 de noviembre, más al contrario vulnera flagrantemente mi derecho a la defensa y al debido proceso al no haberse emitido una resolución fundada y motivada...” (sic). En el Otrosí 1° de su memorial de recurso jerárquico el accionante refirió que: “Alternativamente, ratificando in extenso todos los agravios contenidos en el recurso de revocatoria de 7 de noviembre de 2018…” (sic). En ese orden de cosas se contrastará los agravios expuestos por el peticionante de tutela con la Resolución Ministerial 1002/22 que dio respuesta al recurso jerárquico planteado contra la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV-RR N° 03/2019, así se tiene que: “1. Respecto al primer agravio señalado por el recurrente se tiene que (…) ‘ANULAR obrados hasta la emisión de la Resolución del Recurso de Revocatoria AS-WVV N° 09/2018 de 19 de noviembre de 2018, por medio del cual la Autoridad Sumariante de la Contraloría General del Estado, William Vega Vargas, determinó otorgar el plazo de 10 días hábiles por distancia al interesado para la interposición del Recurso jerárquico respectivo’ (sic) (…). En este entendido, señalar que el parágrafo II del artículo 33 del Decreto Supremo N° 26319, establece que: ‘El recurso jerárquico deberá ser interpuesto por el interesado ante la misma autoridad administrativa que dictó el recurso de revocatoria conteniendo mínimamente lo señalado en el Artículo 22 del presente Decreto, dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación o de vencido el plazo para dictar el recurso de revocatoria’ 2. Respecto al segundo agraviante señalado por el recurrente se debe establecer que conforme a la Resolución Final de Proceso Administrativo Interno AS-WVV 09/2018 de 15 de octubre de 2018 emitido por la entonces Autoridad sumariante de la Contraloría general del Estado (…). La mencionada Resolución es fundada en el Informe Técnico CGE/GNRH/430/2018 de 03 de septiembre de 2018, con base al Reporte de Recursos Humanos que establece: ‘Al respecto, en cumplimiento a lo señalado en los Autos de Rechazo emitidos por la autoridad competente en cuanto al conteo de minutos de atraso dentro de un mes, se tiene que de la sumatoria realizada del 01 de 30 de junio de 2018, el servidor público habría acumulado un total de 253 minutos de atraso y del 01 al 20 de agosto un total de 320 minutos de atraso (…)’. Asimismo, se detalla una tabla comparativa en minutos de atraso de acuerdo al periodo de corte establecido para pago de sueldos (…).

Que, en ese entendido, se puede evidenciar que la entonces Autoridad Sumariante consideró para el análisis y fundamentación de la Resolución Final del Proceso Administrativo interno AS-WVV 09/2018 lo señalado en el Informe Técnico CGE/GNRH/430/2018 de 03 de septiembre de 2018 respecto a la sumatoria de minutos de retraso dentro de un mes de junio, julio y agosto (hasta el 20). Respecto a la observación del recurrente sobre que la sanción correspondiente el mes de agosto del 2018 no es congruente y no tiene sustento legal siendo que el Reglamento Interno de Personal de la Contraloría General del Estado en el inciso j) del artículo 80 señala que para el inicio de un proceso interno se deberá acumular ciento treinta y cinco minutos o más de atraso dentro de un mes. Es menester señalar que el mencionado artículo no señala específicamente que se deberá computar el mes completo, al contrario, establece que el atraso debe estar ‘dentro de un mes’ en el entendido que el cómputo fue realizado del 1 al 20 de agosto de 2018 y el mismo sobrepaso superabundantemente los ciento treinta y cinco minutos, se concluye que la tipificación realizada por la entonces autoridad Sumariante de la Contraloría General del Estado fue correcta. 3. Si bien es cierto que la entonces Autoridad Sumariante de la Contraloría General del Estado señaló que el recurrente habría contravenido en tres ocasiones consecutivas el inciso j) del artículo 85 del mencionado Reglamento (…). En la Resolución de Recurso de Revocatoria AS-WVV 09/2018 de 19 de noviembre de 2018, la entonces Autoridad Sumariante aclaró que: ‘Que, la Resolución Final del Proceso Administrativo Interno AS-WVV N° 009/2018, no ocasiona ningún agravio al recurrente, por el contrario resulta beneficiado, debido a que en lugar de ser procesado por tres veces consecutivas como razona, fue procesado con un proceso y por 20 días en lugar de 30, cuando el presupuesto exigido para la apertura del proceso es de 135 minutos o más de atrasos dentro de un mes conforme establece el inciso j) del artículo 85 del citado Reglamento Interno de Personal’ (sic). En esa lógica, se entiende que la entonces Autoridad Sumariante en el marco del principio de economía procesal acumuló en un solo proceso interno las contravenciones del recurrente conforme lo establece la Resolución final de Proceso Administrativo Interno AS-WVV 09/2018 de 15 de octubre de 2018. 4. (…) En este contexto, el Reglamento Interno de Personal de la Contraloría General del Estado en su artículo 86 señala que: ‘La autoridad sumariante competente de la Contraloría General del Estado aplicará, según la gravedad de la falta, las sanciones de multa hasta un veinte (20%) del haber básico mensual; suspensión temporal hasta un máximo de treinta (30) días calendario; o destitución’.

En ese sentido, la entonces Autoridad Sumariante en uso de competencia señaló que la sanción es la suspensión temporal sin goce de haberes de diez (diez) días del cargo de Supervisor “C” dependiente de la Subcontraloria de Servicios Legales de la Contraloría General de Estado. 5. Sobre la supuesta doble sanción que el recurrente arguye ya habría sido sancionado por el mes de agosto de 2018 (…) En tanto, las supuesta doble sanción por la misma contravención aseverado por el recurrente no es correcta, en el entendido que en el presente caso se pretende sancionar la sumatoria de la acumulación de los minutos de retraso del 1 al 20 de agosto de 2018, y no así como el recurrente arguye que correspondiese a todo el mes, más en el entendido que el recurrente hubiese sido sancionado por la Resolución Final de Proceso Administrativo Interno N° AS/FHH-056/2018 de 30 de noviembre de 2018, referente a su acumulación de atrasos del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2018” (sic). Como se observa de lo precedente, las autoridades demandadas en la emisión de la Resolución Ministerial 1002/22 dieron respuesta a los agravios expuestos en el recurso jerárquico planteado por el peticionante de tutela, así también absolvieron los cuestionamientos sobre la respuesta a los agravios extrañados en el recurso de revocatoria, resolución que absuelve punto por punto de manera fundamentada y motivada cada agravio, explicando las razones de la decisión asumida por la Autoridad Sumariante que determinó la responsabilidad administrativa del accionante y la sanción impuesta; asimismo, la Resolución cuestionada contiene normativa legal vigente que sustenta su decisión, por lo que no se advierte la falta de fundamentación o motivación denunciada; en tal sentido, conforme la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo Constitucional se debe tomar en cuenta que: “…La motivación de las resoluciones administrativas, es un deber ineludible del tribunal o autoridad de segunda instancia, que por delegación se le asigna la tarea de enmendar, cuando correspondiere las vulneraciones de derechos surgidas en el tribunal o autoridad de origen. La motivación de las resoluciones debe ser comprensible, puntual, concreta y en todos los casos lógica, incluyendo el análisis de todos los aspectos relacionados al asunto principal y de aquellos otros derivados del eje central en cuestión (mínima petita)” (SCP 0275/2012); consecuentemente, se tiene que la Resolución Ministerial 1002/22 contiene una estructura conforme establece la línea jurisprudencial describiendo los motivos de su determinación de confirmar la Resolución Final del Proceso Administrativo Interno que concluyó con la existencia de responsabilidad administrativa del accionante por contravenir el art. 85.I inc. j) del Reglamento Interno de Personal de la CGE, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 12 de abril, cursante de fs. 815 a 820 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme lo expuesto en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0636_2025-S3.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8115c807aefb053968d13a0eb561af32f01a827d32c9abded3b75225b07bcda1

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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