Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral, al trabajo y a una fuente laboral estable; toda vez que, mediante Resolución del Honorable Consejo Facultativo RCF 197/2024 10 de diciembre, se disminuyó su carga horaria de dedicación exclusiva de ciento sesenta horas a ochenta; designando a otra persona para asumir la parte restante, reducción que implicó una disminución salarial, constituyéndose dicho acto en despido indirecto, vulnerando los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral, del cual goza en su condición de madre de un hijo menor de edad con discapacidad; por lo que, solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: i) La protección efectiva e inmediata del derecho al trabajo y a la inamovilidad laboral; garantizando el trabajo como docente a dedicación exclusiva y como Responsable del Área Agroambiental Laboral y Administrativa de la Dirección de Interacción Social Facultativa y Consultorio Jurídico Popular dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS; ii) La restitución de sus ciento sesenta horas de carga horaria; y, iii) Sea con la imposición de costas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución SC2-CBB-AAC-010/2025 de 31 de enero, cursante de fs. 253 a 257 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral y a una fuente laboral estable, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la parte demandada, conforme las atribuciones establecidas en las normas internas de la UMSS restituya y/o viabilice el trámite para la restitución a Sandra Betty Rodríguez Ramírez, las 160 horas/mes como docente a dedicación exclusiva en el cargo de Responsable del Área Agroambiental Laboral y Administrativa de la Dirección de Interacción Social Facultativa y Consultorio Jurídico Popular dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la cita universidad. 3° DENEGAR respecto a la imposición de costas, por ser excusable.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0635/2025-S3 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 71113-2025-143-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC-010/2025 de 31 de enero, cursante de fs. 253 a 257 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sandra Betty Rodríguez Ramírez, contra Hernán Soria Camacho, Decano y Presidente; Fernando Viscarra Prudencio, Director Académico; Antonio Sánchez Carranza y Oscar Aquino Ledezma, Docentes; Eddy Joel Franco Soliz, Luis Fernando Escobar Carvajal, Melanie Meliza López Fernández; y, Nazareth García Cargas; Estudiantes, Consejeros Universitarios, respectivamente; Ivana Dubravcic, Wendel Henry Alvarado, Juan Marcos Terrazas Rojas, Daniela Villalpando Monje y Cesar Villarroel, Docentes; Álvaro Carballo Torrez, Lin Delia Oporto Llangue, Jade Tola Rodríguez y Marco Antonio Berrios Vargas; Estudiantes, Consejeros Facultativos, respectivamente, todos del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
Por memoriales presentados el 13 y 17 de enero de 2025, cursantes de fs. 47 a 51 vta. y 54 a 55, respectivamente, la accionante expresó lo siguiente:
Se desempeñó como funcionaria de la UMSS, en el Consultorio Jurídico Popular desde el 19 de noviembre de 2007, labor que desarrolló de manera ininterrumpida y eficiente por más de diecisiete años; el 6 de febrero de 2024, mediante Resolución Rectoral 132/2024, se la ratificó como Responsable del Área Agroambiental, Laboral y Administrativa de la Dirección de Interacción Social Facultativa y Consultorio Jurídico Popular, cargo que ha ejercido con dedicación exclusiva y resultados satisfactorios. Sin embargo, durante la gestión 2024, su persona fue víctima de acoso laboral reiterado, situación que fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, entidad que declaró probado dicho acoso y ordenó la cesación inmediata de tales conductas. Pese a la intervención administrativa favorable, el 6 de enero de 2025, fue notificada con la Resolución Facultativa 197/2024 de 10 de diciembre, que disminuyó su carga horaria de dedicación exclusiva de ciento sesenta horas a ochenta; designando a otra persona para asumir la parte restante, esta reducción implicó una disminución salarial directa, pasando de percibir un sueldo mensual de Bs24 977.- (veinticuatro mil novecientos setenta y siete) a la suma de Bs11 470.- (once mil cuatrocientos setenta) -monto que fue modificado en el memorial de subsanación a Bs20 295.- (veinte mil doscientos noventa y cinco bolivianos), aclarando que la afectación salarial sería de Bs4 220.- (cuatro mil doscientos veinte bolivianos)-, constituyéndose dicho acto en despido indirecto, vulnerando el derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral, del cual goza en su condición de madre de un hijo menor de edad con discapacidad; por lo que, gozaría de protección reforzada del Estado amparada por la normativa constitucional y legal vigente. Ante esos hechos, realizó una denuncia ante el Rector de la UMSS máxima autoridad de la Universidad, solicitando la restitución de sus derechos laborales y la aplicación de la garantía de inamovilidad laboral, emitiéndose el informe legal A.L. 3596/2024 de 19 de diciembre y carta de 8 de enero de 2025 dirigida a la autoridad demandada, pidiendo se respete la garantía de inamovilidad laboral; empero, dicha recomendación y solicitud no fue cumplida ni acatada. Por lo expuesto, consideró vulnerados los derechos constitucionales que le asisten como madre de un hijo con discapacidad, no pudiendo afectarle ni disminuirle sus derechos laborales, lo que motivó la interposición de la presente acción de amparo constitucional. Respecto al principio de subsidiariedad, señaló que la Constitución Política del Estado otorga protección especial a madres y personas con discapacidad lo que implica que la vía constitucional de amparo puede ser ejercida en primera instancia, sin requerir el agotamiento previo de otras vías ordinarias o administrativas, atendiendo la naturaleza urgente y especial de los derechos vulnerados.
Denunció la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo y a una fuente laboral estable, citando al efecto los arts. 46.1 y 2; y, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: a) La protección efectiva e inmediata de los derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral; garantizando el trabajo como docente a dedicación exclusiva y como Responsable del Área Agroambiental Laboral y Administrativa de la Dirección de Interacción Social Facultativa y Consultorio Jurídico Popular dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS; b) La restitución de sus ciento sesenta horas de carga horaria; y, c) Sea con la imposición de costas.
Celebrada la audiencia pública el 31 de enero de 2025, según consta en acta cursante de fs. 250 a 252 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó íntegramente los argumentos de su memorial de la acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que: 1) Le redujeron 80 horas académicas, con argumentos fuera de la realidad, reduciendo su salario, lo que afecta al tratamiento de su hijo, pues se ausenta a Estados Unidos (EE.UU.) donde el menor de edad recibe tres atenciones médicas al año; 2) Las normas constitucionales, legales e internacionales garantizan el derecho de inamovilidad laboral de las personas que tengan a cargo una persona con discapacidad; al igual que la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0703/2024-S4 de 10 de octubre; y, 3) Por lo expuesto, solicitó se conceda la tutela ante la vulneración de sus derechos la estabilidad laboral, a la vida, a la salud y a la inamovilidad laboral, y se le restituyan las ciento sesenta horas académicas como dedicación exclusiva que fue respetado por anteriores autoridades universitarias y se deje sin efecto, la Resolución del Honorable Consejo facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas, emitida por los accionados.
Hernán Soria Camacho, Decano y Presidente; y, Fernando Viscarra Prudencio, Director Académico, ambos, del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, a través de su abogado, en audiencia, señalaron que: i) La demanda se basó esencialmente en la Resolución del Honorable Consejo Facultativo 197/2024, que, según la parte accionante, habría afectado derechos adquiridos como madre a cargo de un hijo con discapacidad, así como denuncias de acoso laboral; no obstante, dicha Resolución se dictó conforme a la normativa interna de la UMSS y en atención a las recomendaciones emitidas por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB); en sentido, de fomentar la investigación académica mediante la asignación de docentes a tiempo exclusivo; en ese marco, se aprobó el desdoblamiento de cargas horarias, asignando a la accionante una carga de ochenta horas académicas; ii) La referida asignación se adoptó en ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en el art. 32 de la CPE, que incluye la facultad de designar personal y administrar recursos, citando también el art. 129 del Estatuto Orgánico de la UMSS y los arts. 9 y 11 del Reglamento de la Carga Horaria, Incompatibilidades, Asistencia y Remuneración del Personal Docente de la UMSS, que otorgan atribuciones al Honorable Consejo Facultativo para designar docentes a tiempo completo o exclusivo con base en solicitudes del Consejo de Carrera; iii) La accionante fue designada como docente a invitación, modalidad que se caracteriza por su temporalidad, sin generar derechos laborales adquiridos; por lo que, no se habría vulnerado su derecho a la estabilidad o inamovilidad laboral; iv) Los demandados no ostentan legitimación pasiva, dado que la Resolución cuestionada aún no causó estado, pues requiere refrenda del Rector de la UMSS; en tal sentido, sostuvo que no se trata de un acto administrativo definitivo, y que la decisión final sobre la situación de la docente corresponde a la máxima autoridad universitaria; en ese sentido, al no tratarse de un acto definitivo, la impetrante de tutela debió activar los recursos administrativos pertinentes, como el revocatorio o jerárquico, antes de acudir a la vía constitucional; v) Se refirió a la Resolución Ministerial (RM) 1417/2024 y una conminatoria favorable a la solicitante de tutela en el marco de una denuncia por acoso laboral; en virtud de la cual, el funcionario denunciado fue rotado; sin embargo, sostuvo que la accionante confunde este proceso con la actual acción constitucional; ya que, la referida Resolución Ministerial fue objeto de impugnación en sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, vi) Finalmente precisó que no se habría demostrado un nexo causal claro entre el accionar de los ahora demandados y la supuesta vulneración de derechos alegada, y que no se identificó ningún acto concreto lesivo a sus derechos por parte de los mismos, solicitando la denegatoria de tutela; puesto que, no existe derecho absoluto y que el ámbito constitucional no es competente para definir aspectos vinculados al régimen laboral universitario. Daniela Villalpando Monje, Secretaria Ejecutiva de la Asociación de Docentes miembro del Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, mediante informe escrito de 27 de enero de 2025, cursante de fs. 242 a 245, manifestó que: a) La acción parte de una confusión entre los derechos laborales ordinarios y el régimen universitario especial que rige la docencia a dedicación exclusiva en la UMSS, conforme al art. 11 del Reglamento de la Carga Horaria, Incompatibilidades, Asistencia y Remuneración del Personal Docente de la UMSS, la dedicación exclusiva es una modalidad de designación temporal y anual, sujeta a invitación del Honorable Consejo Facultativo y refrendo del Rectorado, careciendo de los efectos de un contrato laboral indefinido; b) La normativa universitaria distingue entre la docencia ordinaria y la dedicación exclusiva, puesto que la carga a dedicación exclusiva no genera estabilidad laboral ni inamovilidad, incluso en casos de maternidad o cuidado de personas con discapacidad, ya que no se trata de un régimen laboral ordinario, en ese marco, la docente accionante mantiene su estabilidad como docente extraordinaria, pero no puede reclamar estabilidad respecto a una modalidad especial como la dedicación exclusiva; c) El art. 93 de la Constitución Política del Estado garantiza la autonomía universitaria, que faculta a la UMSS a organizar su régimen académico conforme a su normativa interna; en ese sentido, la decisión de modificar la carga horaria de la accionante se enmarca en esa competencia legítima y no vulnera derechos fundamentales; d) La pretensión de fondo de la impetrante de tutela radicaba en el reconocimiento de una estabilidad laboral indefinida como docente a dedicación exclusiva, lo cual contravienen el carácter temporal y académico de dicha modalidad, que tiene como finalidad promover la investigación y la docencia con proyectos específicos que deben ser aprobados y evaluados periódicamente por el Honorable Consejo Facultativo; por lo que, la solicitud de restitución de las ciento sesenta horas era improcedente; puesto que, esta decisión académica fue tomada dentro las competencias exclusivas del referido Honorable Consejo Facultativo, establecidas en el Reglamento Universitario; asimismo, era contraria a la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio; e) La presente acción es improcedente por incumplir con el principio de subsidiariedad del amparo constitucional; puesto que, no se ha agotado la vía administrativa interna, dado que la resolución del Honorable Consejo Facultatito no ha sido aún refrendada por el Rectorado, conforme al art. 9 del Reglamento, tampoco se ha acudido al Consejo Universitario, que tiene competencia para conocer en apelación y no se presentó denuncia ni reclamación ante el Ministerio de Trabajo u otra instancia externa, situación por la cual al no haberse consolidado un acto administrativo definitivo ni agotado las vías ordinarias, no procede la vía constitucional; y, f) El Informe A.L. 3596/2024 no se podía interpretar como un respaldo a la posición de la accionante, puesto que se limitó a señalar que la designación y nombramiento de docentes era atribución exclusiva del Honorable Consejo Facultativo de forma anual, régimen jurídico distinto a la docencia ordinaria, y que la RM 1417/2024 no versa sobre la estabilidad laboral de la impetrante de tutela, sino sobre una resolución de acoso laboral dirigida a su inmediato superior; y, que no existe una rotación o cambio de la situación laboral de la nombrada, ya que las invitaciones son anuales y efectuadas por el referido Consejo; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela solicitada. Juan Marcos Terrazas Rojas, Docente miembro del Consejo Facultativo del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, mediante informe escrito de 24 de enero de 2025, según consta a fs. 241, señaló que si bien es parte del Concejo no participó de la aprobación ni la emisión de la Resolución Facultativa 197/2024 de 10 de diciembre de 2024, careciendo de legitimación para ser accionado. César Villarroel, Docente del Consejo Facultativo del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, en audiencia a través de su abogado; señaló lo siguiente: 1) Respecto al derecho a la vida alegado por la accionante, el mismo no es tutelable a través de la acción de amparo constitucional, existiendo mecanismos más adecuados para su protección; puesto que, la justicia constitucional no tiene competencia para declarar derechos, especialmente respecto a autoridades públicas, conforme a lineamientos del Tribunal Constitucional Plurinacional; 2) Manifestó que no existe prueba suficiente que acredite la vulneración del derecho a la inamovilidad laboral de la accionante, señalando que existen documentos que refutan tal alegato y que, en todo caso, la controversia debe ser dirimida por las instancias laborales competentes, tales como la Jefatura Departamental de Trabajo y la jurisdicción laboral ordinaria, así como las máximas autoridades universitarias, citando la SCP 0562/2017-S2, que establece que la inamovilidad laboral en contratos a plazo fijo debe resolverse en la instancia laboral y que dicha garantía no alcanza a funcionarios públicos; 3) Conforme al Reglamento de la Carga Horaria, Incompatibilidades, Asistencia y Remuneración del Personal Docente de la UMSS y al régimen jurídico universitario, la accionante funge como docente a invitación anual en dedicación exclusiva, cuya designación es prerrogativa del Honorable Consejo Facultativo; y, 4) La Resolución del Consejo Facultativo es revisable mediante recurso jerárquico ante el Rector o vía el Ministerio de Trabajo y la jurisdicción ordinaria; por lo expuesto, solicitó la denegatoria de la tutela en relación a la inamovilidad laboral, dado que la accionante dispone de medios idóneos para la defensa de sus derechos mediante los recursos administrativos y jurisdiccionales correspondientes. Oscar Aquino Ledezma, Docente del Consejo Universitario del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, en audiencia, manifestó que: i) Las designaciones y la asignación de carga laboral de la accionante y otros docentes, no se ajustan al Reglamento de dedicación exclusiva; ii) Por informe emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) establece que no se admiten cargas a medio tiempo, y que la resolución en cuestión implicaría una carga a medio tiempo, lo que contravendría la dedicación exclusiva; iii) La accionante tiene aproximadamente quince años de docencia a dedicación exclusiva; por lo que, la Resolución del Consejo Facultativo debería ser revisada y tratada nuevamente; y, iv) La Resolución cuestionada no cuenta aún con la firma del Rector, requisito procedimental necesario, y aclaró que la referida autoridad no tendría derecho de veto sobre las decisiones adoptadas por la Facultad de Derecho en cuanto a la elección de docentes y autoridades. Antonio Sánchez Carranza, Docente del Consejo Universitario del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, en audiencia, indicó adherirse al informe de los demandados. Eddy Joel Franco Soliz, Estudiante del Consejo Universitario del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, en audiencia refirió que: a) La bancada estudiantil decidió ante el Consejo Universitario impugnar la Resolución del Consejo Facultativo cuestionada, alegando la inexistencia de votación nominal en su aprobación; y, b) Solicitaron al Tribunal el acceso a las actas correspondientes a la sesión en la que se emitió dicha Resolución y a todo lo actuado en el Consejo Facultativo relacionado con ese acto. Luis Fernando Escobar Carvajal, Estudiante del Consejo Universitario del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, en audiencia refirió: 1) Su respaldo a lo expresado previamente por el representante estudiantil que lo antecedió; y, 2) Reiterando que la Resolución del Consejo Facultativo fue aprobada de manera arbitraria y “a su gusto”, sin respetar los procedimientos establecidos. Nazareth García Cargas, Estudiante suplente del Consejo Universitario del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, en audiencia manifestó lo siguiente: i) La Facultad de Derecho cuenta con normativa interna aplicable en materia de carga horaria y remuneraciones docentes, la cual no habría sido observada en la emisión de la Resolución Facultativa cuestionada; por lo que, dicha resolución aún debía ser ratificada por el Rector, conforme a lo establecido por el art. 9 del Reglamento de la Carga Horaria, Incompatibilidades, Asistencia y Remuneración del Personal Docente de la UMSS, y que la carga por dedicación exclusiva debía ascender a ciento sesenta horas mensuales y no ochenta horas, previa convocatoria pública basada en méritos, lo cual no se habría cumplido en el caso de la accionante; ii) La normativa específica del área del Consultorio Jurídico exige requisitos particulares, como una antigüedad mínima docente, que tampoco se habrían verificado; y, iii) Finalmente, afirmó que el procedimiento para asignar dicha carga horaria no se ajustó a la legalidad y que en la Universidad existirían obstáculos estructurales que impiden a los afectados ejercer plenamente sus derechos; por lo que, consideró que la Resolución debía ser anulada. Lin Delia Oporto Llangue, Estudiante Consejera Facultativa del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS manifestó adherirse plenamente a lo expresado por sus compañeros estudiantes, solicitando que se realice una nueva convocatoria para los docentes involucrados. Melanie Meliza López Fernández, Estudiante del Consejo Universitario del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, en audiencia se ratificó de igual manera a los argumentos expuestos por los estudiantes que le precedieron. Jade Tola Rodríguez, Estudiante Consejera Facultativa del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS manifestó adherirse a lo expuesto por los estudiantes.
lvana Dubravcic y Wendel Henri Alvarado, Docentes; Álvaro Carballo Torrez y Marco Antonio Berrios Vargas; Estudiantes del Consejo Facultativo del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, respectivamente, no presentaron informe escrito alguno, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 149, 66, 70 y 96.
Jinky Jubithsa Irusta Ulloa, en representación de Fundación Kallpa, de forma independiente sin que sea convocado presentó memorial con encabezado de Amicus Curiae, el 24 de enero de 2025, cursante de fs.116 a 117 vta., señalando que: a) La Fundación Kallpa es una organización sin fines de lucro que defiende los derechos laborales y previene el acoso laboral; en ese sentido, en mayo de 2024, la accionante solicitó servicios legales y psicológicos tras denunciar acoso laboral en la UMSS, desde entonces, la Fundación ha brindado asistencia psicológica para mitigar los efectos de dicho acoso; b) En enero de 2025, la solicitante de tutela denunció una nueva vulneración de derechos, esta vez por la reducción arbitraria de su carga horaria mediante la Resolución Facultativa 197/2024, pese a su condición de madre de un menor con discapacidad, siendo que esta reducción de carga laboral implica disminución salarial y pérdida de funciones, afectando su salud emocional y vulnerando derechos adquiridos, lo cual la Fundación considera una forma de acoso laboral renovado; y, c) La UMSS vulneró el derecho a la inamovilidad laboral de la accionante, madre de un menor con discapacidad, al reducirle su carga horaria sin causa legal ni debido proceso, contrariando a los arts. 46 y 49 de la CPE, la Ley de la Personas con Discapacidad y el DS 29608 de 18 de junio de 2008 y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0614/2012 de 23 de julio y 0457/2017-S3 de 26 de mayo, se trataría de un acto discriminatorio que afecta su estabilidad y salud; en consecuencia, solicitó se conceda la tutela en favor de la accionante y se le restituya al cargo que ocupaba y sus derechos laborales.
Carolina Fernández Almendras, se adhirió al informe presentado por Daniela Villalpando Monje cursante de fs. 242 a 245, desarrollado líneas arriba.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución SC2-CBB-AAC-010/2025 de 31 de enero, cursante de fs. 253 a 257 vta., denegó la tutela solicitada con base a los siguientes fundamentos: 1) La parte accionante no acreditó haber interpuesto el recurso de apelación ante el Honorable Consejo Universitario contra la Resolución Facultativa 197/2024, tal como lo establece de manera expresa el art. 39 inc. 23 del Estatuto Orgánico de la UMSS, que confiere a dicho Consejo la competencia para conocer y resolver en grado de apelación las reclamaciones contra resoluciones emitidas por los Consejos Facultativos, este incumplimiento implica una clara transgresión del principio de subsidiariedad consagrado en el art. 129.I de la CPE, así como en el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), los cuales establecen que la acción de amparo constitucional, tiene carácter subsidiario y solo procede cuando se haya agotado previamente los recursos ordinarios y medios legales previstos en el ordenamiento jurídico para la defensa y protección de los derechos fundamentales; 2) Aunque la accionante alegó una reducción de carga horaria y salario, lo cierto es que continúa desempeñando funciones como docente; por lo que, no se constató un despido arbitrario ni una cesación laboral, lo que impide considerar que exista una afectación directa e irreparable al derecho a la inamovilidad laboral; 3) La controversia planteada respecto a la reducción de carga horaria y funciones, y si este constituye un caso de despido indirecto, debe ser resuelto por la jurisdicción laboral ordinaria, conforme a la Ley General del Trabajo, la Ley 1468, y su Reglamento, en cumplimiento a la jurisprudencia constitucional desarrollada en las SSCC 1580/2011-R y 1337/2003-R, que estableció que la acción de amparo no puede sustituir a los mecanismos ordinarios disponibles para resolver conflictos de naturaleza laboral; y, 4) Dado que la accionante mantiene su cargo y tiene disponibles recursos administrativos y judiciales para la defensa de sus derechos, y al no haberse acreditado la existencia de un perjuicio irreparable, requisito indispensable para la procedencia de una acción de tutela constitucional directa; determinó denegar la tutela impetrada.
Por memorial presentado el 19 de febrero de 2025 (fs. 288 a 290 vta.), ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la accionante solicitó adelanto de sorteo, al encontrarse involucrados derechos de personas con discapacidad; a lo cual, la Comisión de Admisión de este tribunal a través del AC 105/2025-CA/S de 11 de marzo, cursante de fs. 291 a 294, dispuso ha lugar la referida solicitud, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante R.C.F. 108/07 de 16 de noviembre de 2007, Ana María Fernández y Freddy Simón, Presidenta y Secretario del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS designaron a Sandra Rodríguez Ramírez -accionante- como Responsable del Consultorio Jurídico Área Laboral, Agrario, Administrativo, y Responsable de la Defensoría Pública y Agraria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas a dedicación exclusiva con carácter ad Interina (fs. 5)
II.2. A través de R.C.F. 008/09 de 3 de abril de 2009, Ana María Fernández y Edgar Álvarez Soria, Decana y Secretario del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, aprobaron la ratificación de la accionante como docente a dedicación exclusiva a partir del 2 de enero de 2009, como Responsable del Área de Defensa Pública y Agraria, unidad dependiente del Consultorio Jurídico Popular, quien goza de inamovilidad y estabilidad laboral (fs. 7). II.3. Por R.C.F. 043/09 de 8 de diciembre de 2009, Ana María Fernández y Edgar Álvarez Soria, Decana y Secretario Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, ratificó a la accionante como docente a dedicación exclusiva en Consultorio Jurídico a partir del 2 de enero hasta concluir la gestión 2010 (fs. 6) II.4. Cursa R.R. 120/2011 de 18 de marzo emitida por el Rector y Secretario General de la UMSS, designando a la accionante como docente a dedicación exclusiva a partir de 3 de enero de 2011 (fs. 8). II.5. Consta R.R. 367/12 de 28 de junio de 2012 emitida por el Rector y Secretario de la UMSS; por la cual, se designó a la accionante como docente a dedicación exclusiva por la gestión 2012 (fs. 9). II.6. Se tiene R.R. 203/13 de 22 de abril de 2013, emitida por el Rector y Secretario General de la UMSS, a través de la cual, se designó a la accionante como docente a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas durante la gestión 2013 (fs. 10). II.7. Mediante R.R. 444/17 de 16 de mayo de 2017, emitida por el Rector y Secretario General de la UMSS, resolvió designar a la accionante como docente a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas por la gestión 2017 (fs. 11). II.8. Por R.R. 152/18 de 27 de febrero de 2018, emitida por el Rector y Secretaria General ai de la UMSS, resolvió designar a la accionante como docente a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018, en el Consultorio Jurídico Popular (fs. 12). II.9. A través de la Resolución del H. Consejo Facultativo 106/2018 26 de noviembre, Irma Ivanovic Corrales, Karen Isabel, Presidenta y Secretaria del Honorable Consejo Facultativo ratificaron a la accionante como docente a dedicación exclusiva a partir de 2 de enero al 21 de diciembre de 2019 en el área Agroambiental Laboral y Administrativa de la Dirección de Consultorio Jurídico Popular (fs. 13 a 14). II.10. Mediante RR 326/19 de 2 de abril de 2019, emitida por el Rector y Secretaria General a.i. de la UMSS, resolvió designar a la accionante como docente a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas a partir del 2 de enero al 21 de diciembre de 2019, en el área Agroambiental Laboral y Administrativa de la Dirección del Consultorio Jurídico Popular (fs. 15). II.11. Por RR 560/2020 de 26 de octubre, Juan Ribs del Prado y Carmen Quiroz Gómez, Rector y Secretaria General a.i. de la UMSS, refrendó la Resolución Ministerial que aprobó el nombramiento de la accionante como docente a dedicación exclusiva para el área de Agroambiental Laboral Administrativa de la Dirección de Consultorio Jurídico Popular para la gestión 2021 (fs. 16 y vta.). II.12. Cursa R.R. 132/24 de 6 de febrero de 2024, emitida por el Rector y Secretario General de la UMSS, por el cual, designaron a la accionante como docente a dedicación exclusiva en el cargo del Área Laboral de la Dirección de Interacción Social Facultativa y Consultorio Jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas por la gestión 2024 (fs. 19). II.13. Consta Resolución del Honorable Consejo Facultativo RCF 197/2024 de 10 de diciembre, emitida por el Presidente del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS; por la cual, resolvió designar a la accionante como Responsable del Área Laboral y Agrario con carga horaria de ochenta horas al mes, a partir del 2 de enero al 31 de diciembre de 2025 (fs. 21 a 22). II.14. Mediante Informe A.L. 3596/2024 de 19 de diciembre, dirigido al Rector y Presidente del Honorable Consejo Universitario de la UMSS, el Asesor Legal de dicha entidad universitaria haciendo referencia al caso de la accionante refirió que la misma goza de inamovilidad y estabilidad laboral como docente a tiempo parcial con cuarenta y ocho horas/mes de carga horaria desde la gestión 2005 en el marco de lo previsto por el art. 2-V de la Ley 977 de 26 de septiembre de 2017, situación que en el presente caso excepcionalmente, debido a la vigencia de la RM 1417/2024 se considera que también alcanza al ítem de dedicación exclusiva , más allá que, conforme a normativa universitaria los nombramientos o designaciones tiene carácter anual y está condicionada a la decisión de los Honorables Consejos Facultativas, ello por aplicación del principio de jerarquía normativa; lo que no implica la ruptura o afectación de la autonomía universitaria; por lo que, las autoridades administrativas al momento de emitir la Circular 14/2024 debieron aplicar la excepción antes que la regla en los alcances de la SCP 0697/2022-S3 de 4 de julio (fs. 25 a 26 vta.) II.15. Cursa Carnet de identidad y de Discapacidad del menor de edad hijo de la accionante (fs. 2 a 3).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral, al trabajo y a una fuente laboral estable; toda vez que, mediante Resolución del Honorable Consejo Facultativo RCF 197/2024 10 de diciembre, se disminuyó su carga horaria de dedicación exclusiva de ciento sesenta horas a ochenta; designando a otra persona para asumir la parte restante, reducción que implicó una disminución salarial, constituyéndose dicho acto en despido indirecto, vulnerando los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral, del cual goza en su condición de madre de un hijo menor de edad con discapacidad; por lo que, solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: i) La protección efectiva e inmediata del derecho al trabajo y a la inamovilidad laboral; garantizando el trabajo como docente a dedicación exclusiva y como Responsable del Área Agroambiental Laboral y Administrativa de la Dirección de Interacción Social Facultativa y Consultorio Jurídico Popular dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS; ii) La restitución de sus ciento sesenta horas de carga horaria; y, iii) Sea con la imposición de costas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, estableció que: “…si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado... Entendimiento que fue confirmado en la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre respecto a la protección del interés de los más frágiles como es el sector de las personas con discapacidad. En suma, las personas con discapacidad y quienes tengan bajo su cuidado a dichas personas, pueden acudir directamente ante la justicia constitucional, haciendo abstracción del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional” (las negrillas corresponden al texto original [entendimiento reiterado en la SCP 1090/2023 de 13 de noviembre]).
Al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, establece que: “A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere, porque por una parte amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por otra, reconoció el bloque de constitucionalidad en el art. 410 de la Norma Suprema, integrando a los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos al texto constitucional. Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental. Así, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional de manera expresa y extensa, una sección destinada a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70, señala: Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado.
2. A una educación y salud integral gratuita.
3. A la comunicación en lenguaje alternativo.
4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.
5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.
Por su parte, el art. 71 de la CPE prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna´. En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales. En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano. En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril[6], tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley”. (Las negrillas corresponden al texto original). Jurisprudencia reitera en la SCP 0697/2022-S2 de 4 de julio.
En el presente caso, la impetrante de tutela, activa la jurisdicción constitucional, denunciando la vulneración de sus derechos fundamentales a la inamovilidad laboral, al trabajo y a una fuente laboral estable, añadiendo además que es madre de un menor con discapacidad; pretendiendo le sean restituidos ochenta horas académicas y por ende el salario de Bs24 977.- y se le reconozca y garantice su condición de docente a dedicación exclusiva y como Responsable del Área Agroambiental Laboral y Administrativa de la Dirección de Interacción Social Facultativa y Consultorio Jurídico Popular dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, que considera fueron desconocidos por los demandados a momento de emitir la Resolución del Honorable Consejo Facultativo RCF 197/2024 de 10 de diciembre, en menoscabo de los derechos que le asisten como madre de un menor de edad con discapacidad. Con carácter previo, es preciso aclarar respecto a la subsidiariedad alegada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; en el presente caso, la accionante afirmó tener bajo su dependencia a un hijo con discapacidad, al respecto la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional señaló que si bien la acción de amparo constitucional es subsidiaria por naturaleza; sin embargo, en algunos casos se debe realizar una flexibilización al mismo en supuestos que involucren a personas con discapacidad o a quienes se encuentren bajo su cuidado por tratarse de un grupo vulnerable que merece especial protección estatal; por lo que, la decisión de la referida Sala Constitucional no se adecua a la jurisprudencia emitida por este Tribunal, careciendo el mismo de sustento jurídico constitucional. De igual manera, respecto a la falta de legitimación pasiva alegada por parte de algunos demandados, miembros del Honorable Consejo Facultativo, cabe señalar que no adjuntaron prueba fehaciente que acredite su dimisión con la Resolución RCF 197/2024 de 10 de diciembre; asimismo, conforme a la jurisprudencia constitucional aplicable a entes colegiados numerosos, la exigencia de dirigir la acción contra la totalidad de quienes integran el órgano que asumió la decisión fue flexibilizada a fin de evitar que dicha carga se convierta en una barrera para el acceso inmediato a la justicia, permitiendo la notificación al representante legal o a quienes asumieron defensa sin que ello genere indefensión, tal como lo establecieron, entre otras, la SC 0447/2010-R de 28 de junio, la SCP 0222/2017-S1 de 24 de marzo y la SCP 0812/2018-S2 de 3 de diciembre; por lo que, en ese marco y de manera coherente con el carácter sumarísimo de la acción de amparo constitucional; y ante la posible afectación indirecta de los derechos de una persona con discapacidad, corresponde ingresar analizar el fondo de la problemática planteada. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes desarrollados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que la ahora accionante fue designada, mediantes diferentes Resoluciones, como docente a dedicación exclusiva en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por las autoridades de la UMSS, desde las gestiones 2007 hasta la 2025, aclarando en la Resolución emitida en la gestión 2023, que tenía una carga horaria de 160 horas, misma que en la RCF 197/2024 de 10 de diciembre fue reducida a 80 horas/mes, conforme la documentación adjuntada por la accionante, hecho que fue no negado por la parte demandada. Asimismo, se tiene que mediante Informe A.L. 3596/2024 de 19 de diciembre, dirigido al Rector y Presidente del Honorable Consejo Universitario de la UMSS, el Asesor Legal de dicha entidad universitaria haciendo referencia al caso de la accionante refirió que por Resolución RCF 51/2023 de 29 de diciembre, resolvió ratificar a la accionante como docente a dedicación exclusiva en el cargo de Responsable – Área Laboral con 160 horas, designación que fue ratificada mediante Resolución Rectoral RR 132/24 de 6 de febrero de 2024; de la misma forma, mediante RM 1417/24 de 3 de diciembre de 2024, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conminó a la UMSS a través de sus representantes legales a ordenar el cese de toda forma de acoso laboral; de la misma manera, manifestó que la nombrada goza de inamovilidad y estabilidad laboral como docente a tiempo parcial con cuarenta y ocho horas/mes de carga horaria desde la gestión 2005, en el marco de lo previsto por el art. 2-V de la Ley 977 de 26 de septiembre de 2017; situación que en el presente caso excepcionalmente, debido a la vigencia de la RM 1417/2024 se considera que también alcanza al ítem de dedicación exclusiva, más allá que, conforme a normativa universitaria los nombramientos o designaciones tiene carácter anual y está condicionada a la decisión de los Honorables Consejos Facultativas, ello por aplicación del principio de jerarquía normativa; lo que no implica la ruptura o afectación de la autonomía universitaria; por lo que las autoridades administrativas al momento de emitir la Circular 14/2024 debieron aplicar la excepción antes que la regla en los alcances de la SCP 0697/2022-S3 de 4 de julio. En ese contexto, la accionante presentó carnet de discapacidad de su hijo menor de edad, que acredita la discapacidad intelectual grave que padece; asimismo, por Certificado Médico cursante a fs. 276 del expediente, la profesional médico que lo suscribe refiere que por las condiciones médicas del menor, este no es capaz de realizar sus actividades cotidianas, no come ni se viste solo, es totalmente dependiente en su vida cotidiana; por lo que, requiere del apoyo de sus padres y de un equipo médico multidisciplinario para su rehabilitación. Ahora bien, conforme la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad, no pudiendo alterar las condiciones de la relación laboral como la reducción del salario, toda vez que, ello no solo afecta al trabajador sino a la persona dependiente con discapacidad. Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que la accionante al haber acreditado tener un hijo con discapacidad goza de inamovilidad laboral; aspecto que era de conocimiento de la UMSS y reconocido por dicha entidad, conforme se evidencia del informe emitido por la unidad de Asesoría Legal de la referida casa superior de estudios, en la que refiere que la nombrada goza de inamovilidad y estabilidad laboral como docente a tiempo parcial con cuarenta y ocho horas/mes de carga horaria desde la gestión 2005, y realizando un análisis de la relación laboral de la accionante emergente de las diferentes Resoluciones Administrativas en las que se la designa también como docente a dedicación exclusiva, contrastado con la norma constitucional, infraconstitucional, jurisprudencia constitucional, las normas internas de la Universidad y la RM 1417/2024, que ordenó cese toda forma de discriminación contra la ahora solicitante de tutela, determinó que el derecho de inamovilidad laboral también alcanza al ítem de dedicación exclusiva, aspecto que debía ser tomado en cuenta por las autoridades demandadas antes de efectuar la reducción de la carga horaria a la ahora solicitante de tutela, resguardo de los derechos que le asisten por tener bajo su dependencia un hijo con discapacidad y en aplicación del principio de jerarquía normativa y no implica la ruptura o afectación de la autonomía universitaria. En ese sentido, el derecho de inamovilidad laboral del cual goza la solicitante de tutela, conlleva también la obligación para la UMSS de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de ese derecho no pudiendo alterar las condiciones de la relación laboral como la reducción del salario; toda vez que, ello no solo afecta a la accionante sino que deriva la lesión al ejercicio de los derechos de su hijo con discapacidad, quien conforme el citado informe médico es totalmente dependiente en su vida cotidiana y requiere no solo del apoyo de sus padres sino de todo un equipo médico multidisciplinario para su rehabilitación, tratamiento que como indica la solicitante de tutela debe acceder de forma particular; aspecto que significa erogación de dinero, que es destinado de su salario. Conforme lo expuesto, la Resolución RCF 197/2024 de 10 de diciembre, que dispuso la reducción de carga horaria a 80 horas/mes, afectando el salario de la accionante, sin que exista un justificativo o se le haya iniciado un proceso en el que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa de la misma, se constituye en un acto arbitrario, que lesiona el derecho de inamovilidad laboral de la impetrante de tutela; correspondiendo, en consecuencia, conceder la tutela impetrada. Por último, con fines aclarativos, es preciso señalar que si bien la protección del derecho de inamovilidad laboral no es absoluto, sino se encuentra condicionado al comportamiento del trabajador, este debe ser debidamente acreditado y probado; en ese sentido, si la parte demandada considera pertinente la reducción de horas a la accionante debe previamente iniciar un proceso administrativo en el que se garantice la participación de la nombrada, se respete el debido proceso, el derecho a la defensa e igualdad de las partes, a la impugnación y a una resolución fundamentada y motivada y no a través de resoluciones unilaterales y arbitrarias. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución SC2-CBB-AAC-010/2025 de 31 de enero, cursante de fs. 253 a 257 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral y a una fuente laboral estable, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la parte demandada, conforme las atribuciones establecidas en las normas internas de la UMSS restituya y/o viabilice el trámite para la restitución a Sandra Betty Rodríguez Ramírez, las 160 horas/mes como docente a dedicación exclusiva en el cargo de Responsable del Área Agroambiental Laboral y Administrativa de la Dirección de Interacción Social Facultativa y Consultorio Jurídico Popular dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la cita universidad. 3° DENEGAR respecto a la imposición de costas, por ser excusable. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0635_2025-S3.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9d069551b647caec48cc80cbb928033af9e30e81a0b5b33f94f2b4a1a9894d2c
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