B.IA.LEGAL

SCP 0635/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 24 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
24 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
59909-2023-120-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a elegir y a la libertad de expresión; porque la autoridad demandada presentó ante la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, certificaciones con datos falsos para ser habilitado como candidato a la Presidencia del Club The Strongest, referidos a la certificación de ser o haber sido socio/asociado activo del Club durante cuatro años continuos; y, certificación de no tener cargos económicos pendientes con el indicado Club ni con la Federación Boliviana de Fútbol, cuya inobservancia, conllevó a que concurra a emitir su voto en una elección viciada de nulidad; de otro lado, fue expulsado del Club sin un debido proceso, del cual no obstante haber solicitado la documentación correspondiente, no le fue entregada; y, a través de diversas acciones se coartó su libertad de expresión, argumentando que serían actos atentatorios contra el Presidente del Club; ello, debido a las denuncias presentadas por las irregularidades en el acto eleccionario. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 247/2023 de 13 de noviembre, cursante de fs. 285 a 289 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de lo demandado; disponiendo la validez de los actos ejecutados por la Directiva del Club The Strongest hasta la notificación del presente fallo constitucional en cumplimiento a la Resolución 247/2023 de 13 de noviembre, emitida por la Sala Constitucional. Todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0635/2024-S4 Sucre, 24 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 59909-2023-120-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 247/2023 de 13 de noviembre, cursante de fs. 285 a 289 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Fredy William Téllez Claros contra Héctor Ramiro Montes Bernal, Presidente del Directorio y Comité del Club The Strongest.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2023, cursante de fs. 149 a 157, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 143 del Estatuto Orgánico del Club The Strongest, en noviembre de 2021 debieron llevarse a cabo las elecciones internas; a tal efecto, mediante Resolución C.E. 54/2021, emitida por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), se emitió la convocatoria correspondiente, la misma que al haber sido impugnada por uno de los asociados, motivó que, mediante Resolución C.E. 56/2021, emitida por la indicada Comisión, se dejen sin efecto las elecciones. El 29 de octubre de 2021, en Asamblea extraordinaria del indicado Club, con la presencia del Presidente de la Comisión Electoral de la FBF y a objeto de llevar adelante elecciones acordes al Estatuto del ente federativo, se modificó el Estatuto del Club, estableciendo entre otros aspectos, que: “3. Para ser Presidente y Vicepresidente es requisito tener una antigüedad mínima de 4 años continuos como asociado Activo, Honorario, Vitalicio”; y, “4. Para ser integrante del Comité Ejecutivo, es requisito tener una antigüedad mínima de 2 años continuos como asociado Activo, Honorario, Vitalicio”; requisitos que no fueron cumplidos por el candidato Héctor Ramiro Montes Bernal, incluida su plancha. Posteriormente, mediante Resolución C.E. 10/2022 de 2 de junio, la Comisión Electoral de la FBF, convocó a elecciones de Presidente y Miembros del Comité Ejecutivo/Directorio del Club The Strongest, estableciendo, entre otros requisitos: “3. Ser o haber sido socio/asociado activo del Club The Strongest, durante cuatro años continuos o discontinuos de los últimos diez años. Certificado original de información emitido por el Club The Strongest, quien deberá aclarar qué socio o asociado activo cumple con este requisito”; y, “4. No tener cargos económicos pendientes con el Club The Strongest, ni con la Federación Boliviana de Fútbol. Certificado original de información emitido por el Club The Strongest y la Federación Boliviana de Fútbol”. El requisito 3, previsto en la Resolución C.E. 10/2022, es contrario a lo establecido el Estatuto Orgánico modificado del Club, cuyo texto quedó redactado que para ser Presidente o Vicepresidente, el requisito era tener una antigüedad mínima de cuatro (4) años continuos como asociado Activo, Honorario, Vitalicio, y para ser integrante del Directorio/Comité Ejecutivo, tener una antigüedad mínima de dos (2) años continuos como asociado Activo, Honorario, Vitalicio; pues en ningún momento se determinó ser asociado activo 10 años discontinuos, conforme se tiene del acta de la asamblea de octubre de 2021. Para ser considerado un asociado activo del Club The Strongest, es un requisito contar con las cuotas de mantenimiento al día del Certificado de Participación, lo que significa cancelar al Club Bs450.- (cuatrocientos cincuenta bolivianos) mensuales, ó Bs5 400.- (cinco mil cuatrocientos bolivianos) anuales, conceptos por los cuales el Club extiende la respectiva factura de ley. En ese sentido, el ahora demandado perdió el derecho de ser asociado activo cuando dejó de pagar sus cuotas de mantenimiento del certificado de participación por las gestiones 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, conforme se establece de la certificación emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante CITE: SIN/PE(PCG/NOT/1344/2023 de 22 de junio; sin embargo, a pesar de haberse constatado que Héctor Ramiro Montes Bernal era deudor del Club y y no cumplía el requisito de ser asociado activo para ser candidato a la Presidencia del Club, extrañamente logró que se le certifique que no debe a la entidad y que es asociado activo, y con ello, ser habilitado como candidato; es decir, el ahora demandado se valió de un documento falso en su contenido, incurriendo en los delitos de falsedad de documento privado y uso de instrumento falsificado. De acuerdo al libro de ventas del Club, registrado y declarado en el Servicio de Impuestos Nacionales, Héctor Ramiro Montes Bernal no figuraba en los registros del SIN porque no pagó ni una sola cuota de mantenimiento de su certificado de participación por las gestiones 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, periodos en los que no se emitieron facturas del Club a nombre del ahora demandado; por lo que, dejó de ser asociado activo, y con ello, no cumplía el requisito para postularse a la Presidencia del Club; empero, inexplicablemente presentó un certificado como asociado activo de Club y con una antigüedad suficiente para postularse a la Presidencia; es decir, presentó certificaciones a la Comisión Electoral de la FBF, con información o datos falsos, con los cuales fue habilitado, pese a que en la realidad no cumplía con los requisitos establecidos, afectando de esa manera el trato igualitario que debía tener su persona o cualquier otro asociado con relación a un candidato ilegal. Respecto al requisito 4, que señala que los postulantes no deben tener cargos económicos pendientes con el Club y Complejo The Strongest, el ahora demandado presentó un certificado emitido por el Club, que indicaba que no debía a la institución atigrada, lo cual en los hechos no resultaba cierto, debido a que este tenía deudas por las gestiones ya indicadas, conforme se tiene del CITE: SIN/PE/PCG/NOT/1344/2023 de 22 de junio, emitido por el SIN. De acuerdo a lo establecido en el art. 10 inc. e) del Estatuto Orgánico del Club, las deudas que adquiere el Presidente en ejercicio deben ser pagadas dentro de su gestión, caso contrario, de existir algún pasivo, las deudas impagas al finalizar su gestión son consideradas una deuda personal. En el requisito 5 se exigía que los postulantes no debían tener sanción vigente por los Tribunales de Disciplina del Club The Strongest, siendo el medio de verificación una certificación emitida por el Tribunal de Disciplina y Directorio del Club; sin embargo, el Club no cuenta con dicho órgano disciplinario, sino con un Tribunal de honor, que es distinto, conforme a lo dispuesto en el art. 74 del Estatuto Orgánico del Club; entonces, al no existir un Tribunal de Disciplina, la certificación presentada por el hoy demandado, emitido por Tribunal de honor, carece de valor legal. Igualmente, de acuerdo al numeral 7 del Considerando 14avo de la Resolución C.E. 10/2022, se exigía en todos los casos, que los postulantes debían superar el examen de idoneidad de acuerdo a lo dispuesto en el Código Electoral y el Código de Ética de la FBF; requisitos concordantes con el numeral 12avo del resuelve Primero de la citada resolución, que expresa que el examen de idoneidad lo toma el Tribunal de Ética de la FBF; sin embargo, dicho Tribunal no se encontraba constituido en la FBF; consiguientemente, nadie verificó la idoneidad de los postulantes, con lo cual, el ahora demandado vulneró la norma y vició su candidatura, aprovechándose de la buena fe de la Comisión Electoral de la FBF, transgrediendo principios básicos, para llegar a ser el único candidato habilitado, utilizando documentación fraudulenta y falsificada, para finalmente ganar la elección. No obstante que acudió a la Federación Boliviana de Fútbol, solicitando que se dejen sin efecto las elecciones viciadas, porque el ahora demandado participó de las mismas con documentos fraguados, dicha entidad exigió que previamente se trámite un proceso penal. Si bien el Tribunal de Ética de la FBF es el órgano competente para conocer este tipo de denuncias por actos irregulares; empero, la FBF aún no cuenta con dicho órgano. En ese mismo sentido, tampoco es posible acudir, por principio de competencia, al Tribunal de Disciplina, porque no se encuentra tipificado en el Código de Disciplina de la FBF; ni al Tribunal de Resolución de Disputas de la Federación, porque este resuelve sobre contratos de jugadores. De otro lado, ante los varios reclamos remitidos al ahora demandado, para que entregue documentación que avale su condición de asociado activo del Club, incluido a su Directorio y/o Comité Ejecutivo, éste, el 30 de marzo de 2023, en una supuesta asamblea, designó y posesionó a su Tribunal de Honor, y ese mismo día, sin el debido proceso, decidieron supuestamente expulsarlo del Club, transgrediendo el art. 43 inc. e) del Estatuto Orgánico del Club, concordante con el art. 22 inc. e) del Reglamento del Estatuto del Club; y, a pesar de haber solicitado, mediante carta notariada, se le haga conocer el supuesto proceso en su contra, jamás se le entregó documentación alguna al respecto. Por la denuncia presentada el 26 de octubre de 2022, en contra del ahora demandado, ante la Comisión de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), por actos que transgreden el Código de Ética y el Código Disciplinario de la CONMEBOL –instancia que declinó su competencia, señalando que es un asunto interno de la FBF y que debe ser conocido por comisiones independientes creadas a tal efecto por el ente federativo, u otro órgano competente–, dicha autoridad ahora demandada restringe su derecho a la expresión señalando que atentan contra el Presidente del Club; accionar que se repite también con otros asociados del Club. Las vías de hecho en las que incurrió el ahora demandado, al haber obtenido una certificación de quien en ese entonces ejercía la Presidencia el Club y presentarlo al Órgano Electoral de la FBF, para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a la Presidencia del Club, utilizando documentos falsos, dio como resultado una elección ilegal, generando por ello la nulidad de sus actos, conforme a la previsión normativa del art. 122 de la CPE.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a elegir “en elecciones legales”, y a la libertad de expresión, citando al efecto los arts. 26, 106.II, 115; y, 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene la cesación de funciones de Héctor Ramiro Montes Bernal como Presidente y su Directorio y/o Comité Ejecutivo del Club The Strongest, anulando las elecciones llevadas a cabo en julio de 2022, por haber obtenido su habilitación de manera ilegal, incumpliendo los requisitos exigidos en el Estatuto Orgánico y Reglamento del Club, así como los establecidos por la Comisión Electoral de la FBF, debiendo la indicada Comisión, en coordinación con el Presidente del Club “de ese entonces” (sic.) de manera inmediata y sin dilaciones, realizar nuevo proceso eleccionario con mayores filtros de control.

I.2. Audiencia y resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 13 de noviembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 272 a 284 vta.; presentes la parte impetrante de tutela, al igual que el apoderado de la parte demandada, acompañados de sus correspondientes abogados; y, el tercero interesado; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolos manifestó que: a) En el cruce de información que realizó el Servicio de Impuestos Nacionales, además de certificar que no existen facturas emitidas a favor del ahora demandado en los periodos 2018 a 2022, se dan cuenta que hubo también, aparentemente, una evasión de impuestos, con daño económico al Estado y al Club The Strongest; b) La Comisión Electoral de la FBF solicitó al Directorio del Club, un informe sobre la emisión de las certificaciones establecidas como requisitos para acceder a la Presidencia o al Directorio, tomando en cuenta que había posibilidad de irregularidades, la misma que sin embargo no fue respondida; c) Se identificó la lesión al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, dado que no se pudo generar la denuncia dentro del Club y tampoco en el Tribunal de Ética de la FBF, al no existir dicho Tribunal; pero también su vulneración porque se produjo un desacato a la norma interna y externa del Club, en el último caso, correspondiente a la Federación Boliviana de Fútbol y la CONMEBOL, generando de esa manera un estado de indefensión; d) La importancia del audio presentado como prueba en la acción de amparo constitucional reside en que, cuando fue preguntado el ahora demandado sobre si él conocía de la deuda, respondió reconociendo que se le había notificado con una nota de cargo, que tenía la deuda y que había procedido a pagarla, lo que significa que al momento de recibir la certificación del Club, ya conocía que era deudor y que por lo tanto, era consciente que no coincidía con lo expresado en dicho certificado; e) En cuanto al petitorio de formulado en el memorial de acción de amparo constitucional, de que la indicada Comisión realice un nuevo proceso eleccionario con mayores filtros de control, debe ser en coordinación con las autoridades que establezca el Club The Strongest; adicionándose además la solicitud de medida cautelar de prohibición de retiro de fondos, ejecución de pagos o cobros a nombre del Club, tanto por la autoridad demandada como por el Comité Ejecutivo y Secretario General del Club; y, f) Preguntado por los Vocales de la Sala Constitucional, señaló que, en el momento de la inscripción y prestación de los requisitos ya existía el indicio de que los documentos presentados por el ahora demandado, eran falsos, habiéndose obtenido la certificación del Servicio de Impuestos Nacionales luego de un año aproximadamente.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Héctor Ramiro Montes Bernal, Presidente del Directorio y Comité Ejecutivo del Club The Strongest, a través de su apoderado Álvaro Rodrigo Guzmán Valda, en audiencia señaló que: 1) En la acción de amparo constitucional interpuesta concurre la causal de improcedencia del acto consentido, al haber participado el ahora solicitante de tutela del acto eleccionario desarrollado en el Club; 2) La acción de defensa interpuesta no cumplió con el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional plurinacional; dado que, por disposición del art. 8 del Código Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, las decisiones de la Comisión Electoral, que en el caso dio fe del proceso eleccionario desarrollado en el Club The Strongest, solo pueden ser apeladas ante la Comisión Electoral de Apelación del miso ente Federativo, sin exclusión alguna, siendo el art. 12 del mencionado cuerpo normativo, el que establece el trámite, los plazos y resolución del recurso de apelación, mecanismo que ya fue utilizado anteriormente en el proceso eleccionario; y en el cual, se emitió la Resolución C.E. 54/2022, norma que resulta concordante con lo dispuesto en el art. 56 del Reglamento del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol; 3) El accionante alega vías de hecho con el objeto de aplicar la excepción al principio de subsidiariedad, señalando como actos lesivos las certificaciones emitidas para acreditar el cumplimiento de los requisitos objetados; empero, dichas certificaciones no fueron emitidas por la parte demandada, sino por Miguel Palma Suárez, Secretario General, y Javier Hinojosa Santaya, miembro del Tribunal de Honor, ambos del Club The Strongest; de manera que, existe una falencia en la legitimación pasiva; por otra parte, dichos documentos no fueron anulados, gozando de plena eficacia, pues si el impetrante de tutela considera que existe una contradicción con lo certificado por el Servicio de Impuestos Nacionales y lo declarado en las señaladas certificaciones, debe acudir a la vía pertinente a objeto de demandar su nulidad, no siendo suficiente la indicada certificación del SIN y las alegaciones expuestas; 4) La acción de amparo constitucional fue presentada en octubre de 2023; sin embargo, la posesión de Héctor Ramiro Montes Bernal como Presidente del Club The Strongest fue en junio de 2022, habiendo en consecuencia transcurrido más de un año desde el supuesto acto lesivo de los derechos del solicitante de tutela, pues aun siendo la pretensión de la parte accionante realizar el cómputo desde la emisión de la certificación emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, cabe señalar que dicha nota fue expedida hace más de un año de interponerse la presente acción de defensa constitucional; aún ello, debe tomarse en cuenta que, las notas presentadas por el ahora impetrante de tutela al Club, haciendo conocer las mismas irregularidades, evidencian que el mismo ya tenía conocimiento de los hechos alegados, hace más de un año; por lo que, se concluye que la acción fue interpuesta fuera del plazo de los seis meses, debiendo en consecuencia denegarse la tutela por inmediatez; 5) Se acusó la lesión al derecho político de elegir; sin embargo, no se manifestó de forma clara de qué manera no ha sido elegido o ha podido elegir, al contrario, el mismo participó del sufragio; por lo que, lo acusado al respecto no tiene coherencia; 6) En cuanto al derecho a la defensa, señaló que las instancias de impugnación en la Federación Boliviana de Fútbol no se encuentran habilitadas; sin embargo, ello no puede ser responsabilidad del ahora demandado, pues en todo caso debería accionar en contra de la indicada entidad federativa; 7) Se acusó también la lesión al derecho de libertad de expresión; empero, no se ha fundamentado de qué manera se lesionaría el mismo; 8) Conforme a lo dispuesto en el art. 58 del Estatuto de la FIFA –Federación Internacional de Fútbol Asociación–, está prohibido acudir a la jurisdicción ordinaria, a menos que un reglamento específico de la misma lo permita; de manera que, el Club The Strongest, la Federación Boliviana de Fútbol y la CONMEBOL tienen una jurisdicción especial; 9) Se acusa que el ahora demandado presentó documentación falsa a la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, porque éstos no estarían respaldados con facturas; sin embargo, ello no puede significar que el documento sea falso, dado que pudo no ser declarado por el contribuyente, es decir por la anterior administración del Club, puesto que el ahora demandado pagó sus cuotas para seguir siendo socio activo, y si la administración del Club no realizó la declaración de ingreso, no significa que la certificación sea falsa, pudiendo en todo caso constituir incumplimiento de deberes formales para el contribuyente, o evasión de impuestos, o finalmente un boicot cuyo objeto sea inhabilitar candidatos, de manera que, la falsedad o no del indicado documento que debe ser declarada por la instancia jurisdiccional, no así por el Servicio de Impuestos Nacionales o la jurisdicción constitucional; 10) El solicitante de tutela no ha explicado cuál es la relevancia constitucional del caso, en el hipotético caso de que se hubiera utilizado un documento falso, es decir, de qué manera afecta al accionante o a la sociedad, en otros términos, no se ha planteado un derecho que merezca tutela constitucional; y, 11) En cuanto a la petición realizada por el impetrante de tutela, de que no se permitan utilizar los fondos del Club, que no se permita administrar los mismos; debe tomarse en cuenta que, el campeonato está a punto de concluir, por lo tanto se deben cumplir con varios compromisos, de manera que no se puede pretender crear un vacío, ya que alguien tiene que seguir administrando el Club. Con base en los citados argumentos, solicitó que se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Limbert Esteban Cardozo Huarachi, Presidente de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, en audiencia manifestó lo siguiente: i) La Comisión Electoral no suprimió ni restringió, o amenazó con suprimir o restringir los derechos del solicitante de tutela, al contrario, actuó de buena fe ante los documentos que fueron extendidos como requisitos para todos los postulantes; ii) Tampoco tomaron conocimiento de alguna denuncia respecto al tema, que bien pudo haber sido activado por el ahora accionante en el proceso electoral; y, iii) La resolución emitida por la Comisión Electoral, aprobando la convocatoria y estableciendo los requisitos de postulación, no fue apelada. Argumentos bajo los cuales, solicitó que se deniegue la tutela impetrada y se le excluya como tercero interesado.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Resolución 247/2023 de 13 de noviembre, cursante de fs. 285 a 289 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto las elecciones por las cuáles fue elegido Héctor Ramiro Montes Bernal, conservando todos sus actos, hasta que por la vía correspondiente se determine su validez o no; habilitando a quien se encontraba a la cabeza del Club The Strongest a tiempo de la realización del acto electoral anulado, retomar la dirección del Club, hasta que se realicen nuevas elecciones, bajo supervisión de la Federación Boliviana de Fútbol. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) El paso del tiempo no vuelve legales los actos, no puede volver legal una ilegalidad; de manera que, alegar inmediatez es una falacia de contenido, dado que el paso del tiempo jamás generará actos legales; y, b) De acuerdo a la nota emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, se establece que el ahora demandado no se encuentra en dicha lista, y aunque se requirió que la parte demandada presente los libros en los que se acredite el cumplimiento de sus obligaciones, la misma no fue cumplida, como tampoco se demostró a través de cualquier otro elemento probatorio el cumplimiento de tales obligaciones con el Club The Strongest, por lo que se concluye que en la causa el impetrante de tutela no cumplió lo dispuesto en el art. 16 del Estatuto Orgánico del Club, al haberse probado que no tiene la condición exigida por la indicada norma.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución C.E. 54/2021 de 23 de septiembre, la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) convocó a elecciones al cargo de Presidente y Miembros del Comité Ejecutivo/Directorio del Club The Strongest (fs. 91 a 97). II.2. Por Resolución C.E. 56/2021 de 28 de septiembre, la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, dejó sin efecto la Resolución C.E. 54/2021 “Elecciones al cargo de Presidente y Miembros del Comité Ejecutivo/Directorio del Club The Strongest”; además de exhortar al señalado Club, a cumplir determinadas recomendaciones para reencaminar el mencionado proceso eleccionario (fs. 98 a 100). II.3. A través de Testimonio 27/2021 de 29 de octubre, expedido por Patricia Trinidad Ampuero Carrillo, Notaria de Fe Pública 97 de La Paz, la Asamblea Extraordinaria de Socios del Club The Strongest autorizó y garantizó que el cuerpo colegiado que conforma la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, realice el proceso eleccionario del Club; convocar a elecciones al cargo de Presidente y Miembros del Comité Ejecutivo del Club, conforme al Código Electoral de la FBF, para noviembre de 2021; y, proponer algunos requisitos establecidos en el Anexo “A” para dichos cargos (fs. 101 a 110).

II.4. Con Resolución C.E. 10/2022 de 2 de junio, la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol convocó a elecciones para el cargo de Presidente y Miembros del Comité Ejecutivo/Directorio del Club The Strongest (fs. 111 a 119). II.5. Por nota de 9 de junio de 2022, Miguel Palma Suarez, Secretario General del Club The Strongest, en respuesta a una solicitud de certificación presentada por el ahora solicitante de tutela, respecto a si fue o es socio activo del indicado Club, remite a conocimiento del peticionante, informe evacuado por el responsable de Kardex y Atención de Socios del Complejo – Marco Guzmán (fs. 120). II.6. Mediante nota de 9 de junio de 2022, Miguel Palma Suarez, Secretario General del Club The Strongest, en respuesta a la solicitud presentada por Héctor Ramiro Montes Bernal, sobre certificación respecto a si no cuenta con cargos económicos pendientes con el indicado Club, remite a conocimiento del impetrante, informe evacuado por la responsable de Contabilidad – Financiera – Esmeica Mamani; el cual consigna que, no tiene cargos económicos pendientes con el Club The Strongest (fs. 121). II.7. A través de nota de 9 de junio de 2022, Javier Hinojosa Santalla, Tribunal de Honor del Club The Strongest, en respuesta a la solicitud presentada por Héctor Ramiro Montes Bernal, certifica que no se tiene proceso alguno en el Tribunal de Honor del Club (fs. 126). II.8. Con memorial de 26 de octubre de 2022, el hoy accionante presentó denuncia a la Presidencia y miembros de la Comisión de Ética de la CONMEBOL, por actos que transgreden el Código de Ética y el Código Disciplinario de la CONMEBOL, en las elecciones del Club The Strongest; siendo uno de los motivos, la observación realizada respecto a que Héctor Ramiro Montes Bernal y Freddy Ronald Crespo Ríos no cumplían como asociados activos del Club para postularse a la Presidencia (fs. 135 a 144 vta.). II.9. Por nota de 2 de diciembre de 2022, Rudolf Fischer, Presidente del Órgano de Instrucción – Comisión de Ética de la CONMEBOL, en repuesta a la denuncia presentada por el hoy impetrante de tutela contra el ahora demandado y Freddy Ronald Crespo Ríos, comunicó que la denuncia interpuesta es un asunto interno de la Federación Boliviana de Fútbol; por lo que, debe ser dirimido por las Comisiones Independientes creadas para tal efecto por la Federación o por el organismo competente (fs. 145 a 146). II.10. Mediante nota presentada el 4 de abril de 2023, según constancia de recepción, el hoy solicitante de tutela pidió al Club The Strongest, copia legalizada de la determinación de expulsión asumida por el Tribunal de Honor del Club, en una Asamblea de 30 de marzo de 2023 (fs. 134). II.11. A través de nota de 18 de abril de 2023, con constancia de recepción el 20 de igual mes y año, el hoy accionante, reiteró su petición realizada a través de nota de 6 de abril y 14 de abril, ambas de 2023, sobre acreditación con documentación respaldatoria de la calidad de asociados activos del Club de los miembros del Directorio; petición que fue respondida por el Secretario General del Club The Strongest, mediante nota de 26 de abril de 2023 (fs. 130 y 131). II.12. Con nota CITE:SIN/PE/PCG/NOT/1344/2023 de 22 de junio, Mario Cazón Morales, Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en respuesta a petición de informe escrito, hace conocer a Jhonny Cristian Morales Coronel, Viceministro de Política Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, información sobre personas que figuran en el libro y/o registro de compras y ventas del NIT 123147026 del Complejo Deportivo The Strongest en las gestiones 2018 a 2022 (fs. 124 a 125). II.13. Por nota de 31 de octubre de 2023, con constancia de recepción el 1 de noviembre del mismo año, el ahora impetrante de tutela solicitó al Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, dejar sin efecto las elecciones del Club The Strongest, realizadas en julio de 2022; debido a que, los postulantes no habrían cumplido los requisitos establecidos por la Comisión Electoral de la FBF, de ser asociado activo por cuatro años consecutivos (fs. 147). II.14. Mediante nota de 3 de noviembre de 2023, el Director General Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, respondió al ahora accionante que, su solicitud es extemporánea y ha precluido; y, que la Comisión Electoral no es autoridad competente para dilucidar respecto a si la documentación presentada es falsa, máxime si en ningún momento se presentó un pronunciamiento oficial (fallo judicial, resolución, sentencia, etc.) evacuado por autoridad competente que constate esos extremos (fs. 148).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a elegir y a la libertad de expresión; porque la autoridad demandada presentó ante la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, certificaciones con datos falsos para ser habilitado como candidato a la Presidencia del Club The Strongest, referidos a la certificación de ser o haber sido socio/asociado activo del Club durante cuatro años continuos; y, certificación de no tener cargos económicos pendientes con el indicado Club ni con la Federación Boliviana de Fútbol, cuya inobservancia, conllevó a que concurra a emitir su voto en una elección viciada de nulidad; de otro lado, fue expulsado del Club sin un debido proceso, del cual no obstante haber solicitado la documentación correspondiente, no le fue entregada; y, a través de diversas acciones se coartó su libertad de expresión, argumentando que serían actos atentatorios contra el Presidente del Club; ello, debido a las denuncias presentadas por las irregularidades en el acto eleccionario. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

Por disposición del art. 129.II de la CPE, el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional es de seis meses, los que deben ser computados a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, o de conocido el hecho, último supuesto que se encuentra establecido en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo).

Cabe precisar que dicho principio tiene su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), cuando tal disposición manda a los Estados miembros del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención; de manera que, al ser el Estado boliviano miembro del indicado cuerpo normativo internacional de derechos humanos, debe ser cumplido fielmente en virtud al principio “pacta sunt servanda”, que traducido español significa “lo pactado obliga”.

Sobre el principio de inmediatez, la SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció que: “…es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida”.

Sobre el mismo principio también, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, precisó que: “El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa”.

La SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, refiriéndose al plazo de inmediatez de la acción de amparo constitucional ha señalado que: “…no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aun cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución; en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘…la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo‴ (las negrillas corresponden al texto original). En ese marco, se establece que la acción de amparo constitucional es el mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales que no son tutelados por otros medios o recursos específicos; así, la rapidez del mecanismo de protección como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo máximo de seis meses para su interposición, lo cual se encuentra plasmado en el art. 129.II de la Norma Suprema, de manera que, la activación de tal mecanismo de tutela constitucional fuera del indicado plazo, simplemente conlleva a su improcedencia, sin que se permita al órgano contralor de constitucionalidad, ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

III.2. Análisis del caso concreto

En el caso de análisis, el accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a elegir y a la libertad de expresión; debido a que, la autoridad demandada hubiera presentado ante la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, certificaciones con datos falsos para ser habilitado como candidato a la Presidencia del Club The Strongest, referidos a la certificación de ser o haber sido socio/asociado activo del Club The Strongest durante cuatro años continuos; y, certificación de no tener cargos económicos pendientes con el referido Club ni con la Federación Boliviana de Fútbol, cuya inobservancia, conllevó a que concurra a emitir su voto en una elección viciada de nulidad; de otro lado, fue expulsado del Club sin un debido proceso, del cual no obstante haber solicitado la documentación correspondiente, no le fue entregada; y que, a través de diversas acciones se le habría coartado su libertad de expresión debido a las denuncias que presentó por las irregularidades en el acto eleccionario.

De la revisión de los antecedentes que se acompañan al expediente constitucional y considerando lo señalado en las conclusiones del presente fallo, se establecen como hechos relevantes para los efectos de esta resolución, los siguientes:

Mediante Resolución C.E. 54/2021 de 23 de septiembre, la Comisión Electoral de la FBF, convocó a elecciones para Presidente y Miembros del Comité Ejecutivo/Directorio del Club The Strongest; convocatoria que, debido a observaciones formuladas, fue anulada por el mismo órgano electoral a través de Resolución C.E. 56/2021 de 28 de septiembre, además de exhortar al señalado Club, a cumplir determinadas recomendaciones para reencaminar el proceso eleccionario y con ello evitar impugnaciones.

Es así que, el 21 de octubre de 2021, en una asamblea extraordinaria de socios del referido Club, se determinó autorizar y garantizar que, el cuerpo colegiado que conforma la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, realice el proceso eleccionario del Club The Strongest, además de convocar a elecciones para noviembre de 2021, para Presidente y Miembros del Comité Ejecutivo del indicado Club, conforme al Código Electoral de la FBF, y proponer ciertos requisitos establecidos en el Anexo “A” para dichos cargos; decisión del ente colegiado del Club que se vio reflejada en la Resolución C.E. 10/2022; por la cual, la Comisión Electoral de la FBF, convocó a elecciones para el cargo de Presidente y Miembros del Comité Ejecutivo/Directorio del señalado Club deportivo.

En ese sentido, los interesados en acceder a dichos puestos de dirección comenzaron a recabar la documentación exigida, entre ellos, el ahora demandado, a quien, por notas de 9 de junio de 2022, distintas reparticiones internas del Club The Strongest le extendió certificaciones sobre: su condición de socio activo Club; que no cuenta con cargos económicos pendientes con el Club; y, que no tiene proceso alguno en el Tribunal de Honor del Club; las cuales, se infiere que fueron presentadas a la Comisión Electoral para habilitarse como candidato a la Presidencia del Club, cuyo acto eleccionario fue realizado el 30 de julio de 2022, conforme al cronograma que forma parte de la Resolución C.E. 10/2022.

Ahora bien, se evidencia también que por memorial de 26 de octubre de 2022, el hoy impetrante de tutela presentó denuncia a la Presidencia y miembros de la Comisión de Ética de la CONMEBOL, por actos que transgreden el Código de Ética y el Código Disciplinario de la CONMEBOL, en las elecciones del Club The Strongest; siendo uno de los motivos, precisamente la observación realizada respecto a Héctor Ramiro Montes Bernal y Freddy Ronald Crespo Ríos, de quienes se señaló que no cumplían el requisito de ser asociados activos del Club, para postularse a la Presidencia, porque no presentaron documentación idónea y cierta para ser candidatos, debido a que las certificaciones extendidas no reflejaban la verdad, al no coincidir con las declaraciones juradas insertas en el libro de ventas registrado en el Servicio de Impuestos Nacionales; denunció que sin embargo fue rechazada por Rudolf Fischer, Presidente de la Comisión de Ética de la CONMEBOL, que mediante nota de 2 de diciembre de 2022, comunicó al hoy solicitante de tutela, que la denuncia interpuesta es un asunto interno de la Federación Boliviana de Fútbol; por lo que, debe ser dirimido por las Comisiones Independientes creadas para tal efecto por la Federación o por el organismo competente.

Ante tal comunicación de la CONMEBOL, el ahora accionante, a través de nota de 18 de abril de 2023, con constancia de recepción el 20 de igual mes y año, reiteró la petición realizada a través de las notas de 6 y 14 de abril del mismo año, sobre solicitud de que se acredite con documentación respaldatoria la calidad de asociados activos del Club The Strongest de los miembros del Directorio; petición que fue respondida por el Secretario General del Club The Strongest, mediante nota de 26 de abril de 2023. A la petición de informe escrito requerido por un legislador, el Servicio de Impuestos Nacionales, por nota CITE:SIN/PE/PCG/NOT/1344/2023 de 22 de junio, hizo conocer a Jhonny Cristian Morales Coronel, Viceministro de Política Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, información sobre personas que figuran en el libro y/o registro de compras y ventas del NIT 123147026, correspondiente al Complejo Deportivo The Strongest en las gestiones 2018 a 2022; es así que, mediante nota de 31 de octubre de 2023, con constancia de recepción el 1 de noviembre del mismo año, el ahora impetrante de tutela solicitó al Presidente de la FBF, dejar sin efecto las elecciones del Club The Strongest, realizadas en julio de 2022, señalando que los postulantes no cumplieron los requisitos establecidos por la Comisión Electoral de la FBF, de ser asociado activo por cuatro años consecutivos; la misma que, fue respondida por el Director General Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, a través de nota de 3 de noviembre de 2023, expresando que la solicitud era extemporánea y que había precluido; además que, la Comisión Electoral no era la autoridad competente para dilucidar sobre si la documentación presentada era falsa, más si en ningún momento se presentó un pronunciamiento oficial (fallo judicial, resolución, sentencia, etc.) evacuado por autoridad competente que constate esos extremos.

Ahora bien, al haber sido identificado como el acto lesivo de los derechos fundamentales alegados por el ahora solicitante de tutela, la presentación de las certificaciones para ser habilitado como candidato a la Presidencia del Club The Strongest, referidos a la certificación de ser o haber sido socio/asociado activo del Club The Strongest durante cuatro años continuos, y certificación de no tener cargos económicos pendientes con el Club, ni con la Federación Boliviana de Fútbol, acto que, según el calendario aprobado mediante Resolución C.E. 10/2022, hubiese ocurrido hasta el 11 de junio de 2022 como plazo límite, corresponde entonces realizar el cómputo de los seis meses previstos por el art. 129.II de la CPE, a partir de esa fecha, considerando que de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional es de seis meses, los que deben ser computados a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, o de conocido el hecho, último supuesto que se encuentra establecido en el art. 55.I del CPCo.

Según lo razonado en dicho Fundamento Jurídico, la acción de amparo constitucional es el mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales que no son tutelados por otros medios o recursos específicos; así, la rapidez del mecanismo de protección como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo máximo de seis meses para su interposición, lo cual se encuentra plasmado en el art. 129.II de la Norma Suprema; de manera que, la activación de tal mecanismo de tutela constitucional fuera del indicado plazo, simplemente conlleva a su improcedencia, sin que se permita al órgano contralor de constitucionalidad, ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

En ese sentido, se ha establecido que el hecho alegado como lesivo de los derechos del accionante aconteció el 11 de junio de 2022 –fecha límite de presentación de los documentos para los postulantes a Presidente y Miembros del Comité Ejecutivo/Directorio del Club The Strongest–, teniendo el ahora accionante el plazo máximo para presentar la acción de amparo constitucional hasta el 11 de diciembre de 2022, lo que no ocurrió, debido a que, la presentación de la demanda fue recién el 3 de noviembre de 2023, es decir, transcurridos más de diez meses de haber vencido el plazo de los seis meses previstos en el art. 55.I del CPCo.

Si bien el impetrante de tutela sostiene que el plazo de la inmediatez se encontraba vigente al tiempo de presentar esta acción de defensa, sosteniendo que, el acto lesivo hubiera sido verificado a través de la obtención de la certificación del SIN de 22 de junio de 2023, donde constaría que el ahora demandado no hubiera pagado sus cuotas, pues no se emitieron facturas a su nombre, tal situación –verificación, como sinónimo de comprobación– no se encuentra previsto en la norma constitucional y legal, como el supuesto que da inicio al cómputo del plazo de caducidad reglado para la acción de amparo constitucional, y aún en la hipótesis de que se hubiera señalado que fue con dicho acto que se tomó conocimiento del hecho, bajo el supuesto previsto en el art. 55.I del adjetivo constitucional, ello no resulta evidente; puesto que, de la lectura del memorial de denuncia presentado el 26 de octubre de 2022, por el hoy solicitante de tutela, ante la Presidencia y miembros de la Comisión de Ética de la CONMEBOL, se constata que ya tenía conocimiento del señalado hecho en esa fecha; por lo que, el plazo de los seis meses para interponer la presente acción de tutela fue vencido abundantemente.

Es evidente que Fredy William Téllez Claros recurrió a otras instancias propias del ámbito deportivo, denunciando sobre los actos que ahora son parte de la acción de amparo constitucional, como el memorial presentado a la Comisión de Ética de la CONMEBOL y la denuncia a la Federación Boliviana de Fútbol, las cuales rechazaron la denuncia presentada y no emitieron pronunciamiento de fondo; de modo que, tampoco pueden ser consideradas como resoluciones que resuelven el reclamo presentado.

De otro lado, señala también el ahora accionante, que fue expulsado del Club The Strongest sin un debido proceso, del cual no obstante haber solicitado la documentación correspondiente, no le fue entregada; sin embargo, se constata que el reclamo fue efectuado a través de nota de 4 de abril de 2023, con constancia de recepción de la misma fecha; por la cual, el hoy impetrante de tutela solicitó a dicho Club deportivo, copia legalizada de la determinación de expulsión que hubiera sido asumida por el Tribunal de Honor del Club, en una Asamblea de 30 de marzo de 2023; empero, no se tiene ningún reclamo posterior que acredite que la documentación no le fue remitida o finalmente que dicha resolución exista en la realidad, habiendo transcurrido en todo caso, más de los seis meses previstos para formular acción de amparo constitucional por dicho motivo, similar al entendimiento asumido en relación al primer punto ya resuelto.

Finalmente, se denunció la lesión del derecho a la libertad de expresión; empero, no se acompaña ninguna prueba o señala acto concreto alguno con el cual se hubiese violado el mismo; pues, no es suficiente alegar la lesión sin expresar cómo y con qué actos en concreto ocurrió lo denunciado, acompañando al efecto la prueba que demuestre lo afirmado.

Debe quedar establecido que la denegatoria de tutela en la presente causa no implica consolidar posibles actos contrarios a la ley; los cuales deben ser investigados por las instancias correspondientes a los efectos de establecer la existencia o no de responsabilidades y sus consiguientes sanciones; pues la acción de amparo constitucional no es un mecanismo que se encuentra abierto a la tutela de derechos de manera indefinida; toda vez que, de acuerdo a lo razonado en la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, no implica una simple y llana exigencia, sino al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario, da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela, no efectuó un correcto análisis de los antecedentes.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 247/2023 de 13 de noviembre, cursante de fs. 285 a 289 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de lo demandado; disponiendo la validez de los actos ejecutados por la Directiva del Club The Strongest hasta la notificación del presente fallo constitucional en cumplimiento a la Resolución 247/2023 de 13 de noviembre, emitida por la Sala Constitucional. Todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0635_2024-S4.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 54b547a30976ec88da490c0314847d277408b686b26b123132f45bdcb0cebcf6

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