B.IA.LEGAL

SCP 0634/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 24 de septiembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
24 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
57986-2023-116-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La solicitante de tutela, denunció la lesión del debido proceso y la protección reforzada de la mujer y la niñez contra la violencia; debido a que, las Fiscales de Materia codemandadas, rechazaron su denuncia por el delito de violencia familiar o doméstica; y, el Fiscal Departamental codemandado, ratificó tal decisión, exponiéndola a una revictimización; ya que, a pesar de que ambas instancias reconocieron la existencia de los hechos denunciados, por la prueba de cargo que aportó que demostró que concurrían los indicios suficientes para una imputación; determinaron justificar estos hechos, en una falta de orientación judicial, ignorando el deber del Ministerio Público de la debida diligencia y la protección de las víctimas de violencia, conforme lo ordena la Norma Suprema y la Ley 348. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 067/2023 de 18 de agosto, cursante de fs. 870 a 893 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente con relación a Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz; y, en cuanto a la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-891/22 de 18 de octubre de 2022, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, y en los mismos términos de la Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la protección reforzada de las víctimas de violencia en razón de género, la debida diligencia y la obligación de todas las autoridades de juzgar con perspectiva de género
  2. III.2. En cuanto al rol del Ministerio Público en la atención y protección de las mujeres en situación de violencia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0634/2024-S4 Sucre, 24 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 57986-2023-116-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 067/2023 de 18 de agosto, cursante de fs. 870 a 893 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sisy Patricia Colamarino Suárez contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz; y, María del Carmen Roca Mercado y Evelin Domínguez Bernachi, ambas Fiscales de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 24 de julio de 2023, cursante de fs. 745 a 757; y, el de subsanación de 27 de igual mes y año (fs. 767 y vta.), la accionante; manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a raíz de la denuncia que interpuso por sí y en representación de sus hijos menores de edad en contra de César David Loma Núñez –ahora tercero interesado– por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica, sustracción de menor y violencia mediática, suscitado por entrevistas que dio el sindicado en dos canales de televisión donde emitió criterios ofensivos y denigrantes en desmedro de su dignidad, honra y su familia, hechos descritos y respaldados con indicación de personas, lugar y hora en los canales “SITEL y FULL TELEVISIÓN”, el 3 y 9 de marzo de 2021; así como, el ejercicio de violencia psicológica hacia sus hijos bajo amenazas y chantajes, enseñándoles a mentirle y engañarle, haciéndola ver como violenta y distorsionando la realidad, retirando a sus hijos de su colegio, el 22 de abril de 2022, bajo un operativo violento y con un fallo dejado sin efecto –Auto de Vista 214 de 5 de octubre de 2018–, para ejercer “tortura infantil”, al manifestarles que no la volverían ver, teniendo que intervenir la policía para que se los devolviese por tener ella la guarda de ellos, afectaciones avaladas por informes psicológicos, elementos probatorios y vinculación fáctica que precisó en la referida denuncia; no obstante, en vez de merecer una vigilancia adicional a sus derechos por parte de los Fiscales de Materia y del Fiscal Departamental, estos decidieron rechazar su denuncia, exponiéndola a una revictimización; al concluir que, si bien existieron los hechos de violencia mediática justificaron los mismos por falta de orientación judicial, ignorando el deber del Ministerio Público de sostener la carga de la prueba.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela, denunció la lesión del debido proceso y la protección reforzada de la mujer y la niñez contra la violencia, citando al efecto los arts. 15.II y III; y, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Resolución de Rechazo de denuncia de 8 de septiembre de 2022; y, la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-891/22 de 18 de octubre de igual año, dictando nuevas, que luego de cumplir los parámetros de actuación obligatorios, bajo la debida diligencia y la producción de prueba, den una respuesta adecuada a la denuncia que presentó.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Consta acta de suspensión de 1 de agosto de 2023, cursante a fs. 774 y vta., debido a la falta de notificación a las partes. Celebrada la audiencia virtual el 18 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 850 a 869; presentes la solicitante de tutela acompañada de su abogado, la representación del Fiscal Departamental codemandado; así como, el tercero interesado con su abogado; y, ausentes las Fiscales de Materia codemandadas; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, por sí misma y mediante su abogado, se ratificó in extenso en los términos expuestos en su demanda de acción de amparo constitucional; y, ampliándolos, señaló que: a) Con el actuar de las autoridades demandadas se incurrió en violencia institucional; dado que, dieron una respuesta inadecuada en desmedro de la protección de las mujeres que sufren violencia, en franco desconocimiento de la Ley 348 –Ley Integral para Garantizar a Las Mujeres una Vida Libre De Violencia, de 9 de marzo de 2013–, los tratados internacionales de lucha contra la violencia de género; y, la debida diligencia, bajo la cual el Ministerio Público está obligado a recabar la carga probatoria; b) Los hechos denunciados fueron reconocidos por las autoridades demandadas, demostrando que existían los indicios suficientes para una imputación; c) Fue notificada cuatro meses después con la Resolución Jerárquica ahora cuestionada; y, d) La violencia en estos casos se vuelve reiterativa cuando se le exige como mujer víctima que demuestre todas las amenazas y hostigamiento por sí sola, revictimizándola pese a la clara desventaja ante su agresor, quien la ha insultado, amenazado y denigrado ante sus hijos, vecinos, en el colegio de los menores, entre otros entornos, pretendiendo consolidar una autoridad sobre ella y hacerla ver como una mala madre.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, por informe escrito presentado el “21” –siendo lo correcto 18– de agosto de 2023, cursante de fs. 808 a 820, ratificado en audiencia; manifestó que: 1) La impetrante de tutela interpuso esta acción de defensa, a raíz de la denuncia que planteó; alegando que, desde que se divorció de su ex marido –Cesar David Loma Núñez–, la actitud de éste se tornó obsesiva hacia ella, hasta el punto de denunciarla por violencia familiar de supuestas agresiones que ella ocasionaría a sus dos hijos de 9 y 10 de años de edad, investigación que concluyó con una resolución fiscal de rechazo de denuncia de 28 de septiembre de 2018, dictada en su favor (de la solicitante de tutela), que dentro de esa investigación se hubiese concluido el diagnóstico del síndrome de "alienación parental" en sus hijos, siendo estos inducidos por su ex marido a mentir en su contra, donde incluso en su perjuicio se hubiere publicado en medios televisivos –SITEL y FULL TELEVISION– que su persona era violenta, que no permitía a su ex marido ver a sus hijos porque solo le interesaba su dinero, y que sus hijos dormían con gente desconocida, catalogándola como una mujer inmoral; además que, el 22 de abril de 2022, su ex marido se constituyó a la Unidad Educativa de sus hijos llevando en mano el Auto de Vista 214; por el que, la Jueza de Familia modificaría el régimen de visita de su padre, procediendo éste a retirar a sus hijos hasta las 17:00, cuando los devuelve a las Oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, firmando un acta de entrega a favor de la accionante, hechos considerados por la misma como actos de violencia psicológica contra sus hijos que vivirían alarmados y en zozobra, asumiendo una actitud de temor viviendo bajo la amenaza de su padre de no volver a ver a su madre; pudiendo todo ello, repercutir en el desarrollo de su personalidad, y generarles problemas psicológicos; 2) La Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-891/22, no solo ha realizado la descripción fáctica de lo denunciado; sino que, también realizó la descripción de todos los elementos de convicción arrimados en el cuaderno de investigación acumulados durante la investigación hasta el momento de emitir la referida decisión jerárquica, contando con la debida fundamentación de hecho y derecho, dándole el valor legal a los elementos de convicción considerados útiles, necesarios y pertinentes, con relación al hecho investigado; así como, las citas legales del caso concreto en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes; por lo que, no ha existido vulneración o restricción alguna al derecho del debido proceso en ninguna de sus vertientes; más al contrario, de forma clara y precisa se valoró de manera objetiva e integral los diferentes elementos de convicción del cuaderno de investigación, como las entrevistas psicológicas que se les practicó a los menores de edad; así como, a la hoy impetrante de tutela donde claramente se ha determinado que éstos no presentan o mostraron ningún indicador que denote que los mismos estuvieron sufriendo alguna violencia psicológica; por lo que, los argumentos vertidos por la solicitante de tutela se encuentran alejados no solo del razonamiento natural y la lógica; sino también, de la verdad material y formal; 3) La resolución jerárquica cuestionada, se encuentra enmarcada dentro de los alcances de la Norma Suprema, el adjetivo penal, la Ley 1173 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra La Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres de 3 de mayo de 2019– y la Ley 348; y, en resguardo de lo previsto por el art. 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), máxime si de los fundamentos resueltos se tiene que las objeciones de rechazo de denuncia conforme a los arts. 304 y 305 del Código de Procedimiento Penal (CPP), faculta a la denunciante a reabrir el caso, según los alcances del art. 304 inc. 3) del mismo cuerpo legal; 4) Del análisis minucioso del cuaderno de investigación; se tiene que, existe un problema de comunicación entre ambas partes y que por el rompimiento del vínculo conyugal, la Jueza de Familia dispuso un régimen de visitas, las mismas que han generado una serie de conflictos, viéndose involucrados los dos hijos menores; así también, a través de los informes psicológicos realizados a éstos y a su madre, se logró establecer que los menores tienen una buena relación con ambos padres, que si bien es cierto la familia paterna ha tratado de manipular a los menores, tal cual se ha podido constatar en obrados, dicha situación puede ser ventilada en el proceso de guarda en consideración de que no puede constituirse un tipo penal, que vaya a desvalorizar el estado psico-emocional de los dos menores y de su madre; mas al contrario, al existir una decisión de la Jueza competente, es allí donde deben hacer conocer todos estos hechos, por el bien superior de los menores y la buena relación de los dos padres; en cuyo marco, no se ha podido demostrar con hechos concretos que exista violencia psicológica dirigida a dañar la integridad física ni mucho menos psicológica de la denunciante o de sus hijos; ya que, en definitiva, de todos los antecedentes recolectados no se ha evidenciado la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal de violencia familiar o doméstica, según lo establece la Ley 348, con relación a que la acción ilícita debe ser repetitiva o reiterada que cause daño psicológico o físico en la víctima, que le impidan realizar sus actividades de manera normal; por lo que, objetivamente es evidente la ausencia de elementos probatorios que posibiliten hacer viable la existencia del delito de violencia familiar o doméstica; y, 5) En el caso específico la accionante manifiesta y reclama una falta de protección del Estado; sin embargo, no debe olvidarse que la necesidad debe ir acompañada con la solicitud de la parte que se siente en situación de necesitar una protección, por las instancias pertinentes; empero, en la presente acción tutelar no se especificó cuáles son esos requerimientos que fueron desconocidos por el Estado; por lo que, no se puede aducir simple y llanamente que el Estado tiene dicho deber si no se le especifica la necesidad de otorgársele unas u otras medidas que conlleven a la satisfacción de la víctima como parte de los grupos vulnerables. María del Carmen Roca Mercado y Evelin Domínguez Bernachi, Fiscales de Materia, a través de informe escrito presentado el “21” –siendo lo correcto 18– de agosto de 2023, cursante de fs. 821 a 829; manifestaron que: i) La Resolución de Rechazo de denuncia de 8 de septiembre de 2022, fue notificada el 16 de igual mes y año; por lo que, el plazo de seis meses para interponer esta acción de defensa se encuentra vencido; y, ii) No se cumplió con los presupuestos para que la vía constitucional realice una nueva interpretación de la legalidad ordinaria, careciendo además de carga argumentativa.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

César David Loma Núñez, mediante su abogado, en audiencia; indicó que: a) La impetrante de tutela considera como elementos de violencia las solicitudes de modificación de guarda de menor y la reducción de asistencia familiar; b) Si bien la Ley 348, protege a las mujeres víctimas de violencia; ello, no implica que todo proceso que se inicie por ésta lleve a una imputación y posterior condena; c) Las resoluciones ahora cuestionadas concluyeron correctamente que no existían los suficientes indicios para emitir una imputación formal; d) No es posible la revisión de la legalidad ordinaria al no haberse cumplido con los presupuestos exigidos al efecto, es decir, la carga argumentativa y el nexo de causalidad pertinente; y, e) Los informes psicológicos referidos no establecieron daños psicológicos a la denunciante ni a sus hijos, siendo los actos señalados solo producto del dolor de no poder compartir con ellos, tratándose simplemente de desacuerdos entre padres por el régimen de visita de sus hijos.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 067/2023 de 18 de agosto, cursante de fs. 870 a 893 vta., concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-891/22, de confirmación de rechazo, ordenando que se proceda a la aplicación de los principios y reglas convencionales, constitucionales y legales expuestas en el fallo constitucional, para el análisis y proceso de la denuncia de violencia interpuesta por la solicitante de tutela por su condición de mujer; declarando improcedente esta acción de defensa contra las Fiscales de Materia codemandadas; ello, conforme a los siguientes fundamentos: 1) Conforme a las normas internacionales, para hacer frente a la violencia contra la mujer, la respuesta adecuada de las autoridades judiciales y del Ministerio Público es la aplicación de los principios de la debida diligencia, protección a las víctimas, perspectiva de género y sensibilidad en la investigación y por ultimo una reparación integral; así, con el objetivo de materializar esos principios, existen obligaciones concretas que deben ser cumplidas por el Ministerio Público, debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, es decir, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres y no dejar la responsabilidad de demostrar judicialmente a ellas mismas la violencia sufrida; de igual manera, los principios y las normas expuestas, disponen que la prueba debe ser recolectada por el Ministerio Público, que todo estudio, dictamen, peritaje y en general toda la prueba necesaria para la demostración del hecho de violencia debe ser producida por dicha instancia, bajo el principio de la debida diligencia; finalmente, es regla en este tipo de procesos penales por violencia contra la mujer, la prohibición expresa de abandonar la investigación, pues el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es adecuado con el derecho protegido de las mujeres a vivir sin violencia, rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, porque ella no fue diligente o dejar los hechos para supuestos arreglos en el ámbito familiar o incluso a los jueces familiares, porque la violencia contra la mujer, afecta bienes que superan el orden privado, siendo un problema de estructura de la sociedad que busca mantener patrones de desigualdad basada en el género por su incidencia gravísima para la sociedad; por todo ello, el Estado tiene la obligación de erradicarla, como se ha consagrado en la Norma Suprema; 2) Bajo esos parámetros; se tiene que, la accionante informa que ha presentado denuncia contra actos de violencia cometidos por su ex marido en su contra y de sus dos hijos menores de edad, tipificando los mismos como violencia familiar o doméstica, sustracción de un menor y violencia mediática, explicando que presentó una relación de los hechos denunciados y prueba de los mismos; empero, las autoridades demandadas a su turno, dictaron resolución de rechazo, vulnerando con ello sus derechos al debido proceso y a no sufrir violencia como mujer; lo que se traduce en un nuevo acto de violencia, esta vez institucional; en ese marco, según los principios ya desarrollados, se tiene que, la respuesta del Ministerio Público materializada en la Resolución de Rechazo de Denuncia de 8 de septiembre de 2022, dictada por las Fiscales de Materia codemandadas; así como, la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-891/22, emitida por el Fiscal Departamental codemandado, no cumplieron con los deberes impuestos por los principios de defensa del derecho a vivir sin violencia consagrado a favor de las mujeres por el art. 15.II de la CPE, pues el rechazo a la denuncia de la impetrante de tutela no ha tomado en cuenta la prueba presentada –declaraciones realizadas por el denunciado en entrevistas televisivas, para demostrar la violencia mediática sufrida que afectaba su dignidad de mujer y madre; Informes de 2 de junio de 2022, mediante el cual la funcionaria Teresa Sonia Silva Cuéllar, comunicó que el 22 de abril del año indicado, fue inducida a error por César David Loma Núñez, para el acto de sustracción de los menores; dictamen pericial que diagnosticó alienación parental de Karina Gadea de 18 de abril de 2019; Informe psicológico de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, que afirmó la existencia de sometimiento a violencia a la solicitante de tutela durante su vida matrimonial; e, Informe Social elaborado por Zelma Alfaro Camacho, Trabajadora Social, que afirma que sufrió la violencia denunciada–, bajo los parámetros de debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia denunciada; 3) No obstante, que la propia denunciante presentó prueba de la violencia cometida contra ella y sus hijos, los fiscales ahora demandados dictaron resolución de rechazo y posterior ratificación del mismo, en un acto de abdicación del proceso penal, absolutamente prohibido para los casos de violencia contra la mujer, excusando dicho rechazo en una supuesta falta de orientación judicial en el proceso de guarda; afirmando que: “...es cierto y evidente que el padre de los niños fue a los medios de prensa, con el fin de tener a sus hijos nuevamente en su hogar, sin embargo la falta de orientación judicial ha desencadenado estos episodios que podían haber sido resueltos en el proceso que se tiene instaurado de guarda legal...” (sic), lo que ciertamente se constituye en un acto lesivo de su derecho al debido proceso y a no sufrir violencia por su condición de mujer; dado que, una denuncia de violencia contra la mujer, no puede ser rechazada bajo el argumento de que aquello tenía que arreglarse en el proceso familiar, cuando las reglas de persecución de este tipo de delitos impelen a la persecución penal sin posibilidades de desistimiento o abandono por parte del Ministerio Público aún si la víctima no presentara pruebas, es decir, no sea diligente por sí misma; puesto que, la violencia contra la mujer no es un delito de índole privado ni puede solucionarse de otro modo; ya que, la tolerancia es otro tipo de violencia contra las mujeres; 4) A la luz de la norma precedente, se constata que se retardó, obstaculizó y negó el acceso a la justicia penal, existiendo una evidente violencia institucional, que revictimizó a la denunciante a raíz de la respuesta inadecuada, carente de sensibilidad y deshumanizada del Ministerio Público; y, 5) Lo expresado no quiere decir que se esté afirmando la culpabilidad del denunciado ahora tercer interesado, sino que los argumentos del rechazo de la denuncia, demuestran una actitud deshumanizada y discriminatoria por parte del Ministerio Público; puesto que, una denuncia por violencia como la presente, requiere de una atención conforme a los parámetros de defensa del derecho a vivir sin violencia de las mujeres que ya fueron expuestos, mismos que proscriben la claudicación del proceso penal por violencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados; se establece lo siguiente: II.1. Consta Requerimiento Fiscal de Rechazo de Denuncia de 8 de septiembre de 2022, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a raíz de la denuncia interpuesta por Sisy Patricia Colamarino Suárez –hoy accionante–, por sí y en representación de sus dos hijos de nueve y diez años de edad en contra de César David Loma Núñez –ahora tercero interesado–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; por medio del cual, María del Carmen Roca Mercado y Evelin Domínguez Bernachi, Fiscales de Materia –hoy codemandadas–, determinaron rechazar la referida denuncia (fs. 726 a 737 vta.). II.2. Mediante Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-891/22 de 18 de octubre de 2022, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz –ahora codemandado–, resolvió la objeción planteada por la ahora impetrante de tutela contra el Requerimiento Fiscal de Rechazo de Denuncia de 8 de septiembre de igual año, disponiendo ratificar la decisión objetada (fs. 690 a 710).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La solicitante de tutela, denunció la lesión del debido proceso y la protección reforzada de la mujer y la niñez contra la violencia; debido a que, las Fiscales de Materia codemandadas, rechazaron su denuncia por el delito de violencia familiar o doméstica; y, el Fiscal Departamental codemandado, ratificó tal decisión, exponiéndola a una revictimización; ya que, a pesar de que ambas instancias reconocieron la existencia de los hechos denunciados, por la prueba de cargo que aportó que demostró que concurrían los indicios suficientes para una imputación; determinaron justificar estos hechos, en una falta de orientación judicial, ignorando el deber del Ministerio Público de la debida diligencia y la protección de las víctimas de violencia, conforme lo ordena la Norma Suprema y la Ley 348. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la protección reforzada de las víctimas de violencia en razón de género, la debida diligencia y la obligación de todas las autoridades de juzgar con perspectiva de género

Tomando en cuenta la relevancia transcendental de la temática de exordio, este Tribunal, mediante su Sala Plena en la Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo; instituyó que: “La violencia de género se constituye en un flagelo a los derechos humanos y un problema social de gran magnitud, debido a su considerable incidencia y riesgo respecto a las secuelas físicas y psicológicas a consecuencia de la misma; así como, el alto costo social que representa para toda la sociedad, lamentablemente a lo largo de los años, el incremento de esta – principalmente contra las mujeres–, se ha visto reflejado en el aumento de feminicidios en Latinoamérica y en particular en Bolivia, delito que se instituye en el último eslabón de las diversas formas de violencia contra las mujeres. El Estado boliviano, en respuesta ante esta grave problemática que aqueja a nuestra sociedad, estableció un marco normativo que tiene por objeto la prevención, investigación, sanción y erradicación de este tipo de violencia, entre cuyas disposiciones, se tiene a la propia Norma Suprema, la cual en su art. 15.II y III, estipula que: ‘II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así

como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado’. Así, emergente de sus obligaciones convencionales; así como, los derechos fundamentales y garantías constitucionales plasmados en su Ley Fundamental, el Estado Boliviano, emitió normativa específica para la prevención, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género y generacional; entre ellas, la ‘Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia’ (Ley 348); la cual, dispone: ‘ARTÍCULO 2. (OBJETO Y FINALIDAD). La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).

I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la

erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. (…) ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores: (…) 11. Informalidad. En todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. ARTÍCULO 5. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). (…)

II. Las autoridades y servidores públicos de todos los Órganos,

Instituciones Públicas, Entidades Territoriales Autónomas y la sociedad civil, tienen la obligación de hacerla cumplir, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa. III. No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos establecidos en la presente Ley. ARTÍCULO 7. (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma enunciativa, no limitativa, se consideran formas de violencia: 1. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. 2. Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. 3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. 4. Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen. 5. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. 6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer.

7. Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer. 8. Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos anticonceptivos seguros. 9. Violencia en Servicios de Salud. Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. 10. Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir. 11. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos. 12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior. 13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer.

Entiéndase lo establecido en el Artículo 7 de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. 14. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de personal de instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido.

15. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. 16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de elección sexual. 17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres. ARTÍCULO 9. (APLICACIÓN). Para la aplicación de la presente Ley, los Órganos del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas e Instituciones Públicas, en el marco de sus competencias y responsabilidades respectivas, deberán: (..) 5. Articular los instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales vinculadas, para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. ARTÍCULO 47. (APLICACIÓN PREFERENTE DE DERECHO). En caso de conflicto o colisión entre derechos individuales y colectivos, se dará preferencia a los derechos para la dignidad de las mujeres, reconocidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley. ARTÍCULO 80. (MEDIDAS DE SEGURIDAD). La autoridad judicial en ejecución de sentencia, cuando se hayan dispuesto sanciones alternativas, aplicará las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, y a sus hijas e hijos o su núcleo familiar. ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: (…) 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. ARTÍCULO 87 (DIRECTRICES DE PROCEDIMIENTO). En todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos, se aplicarán las siguientes directrices: (…) 4. Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres’. En el mismo sentido, este Tribunal en la SCP 0248/2021-S4 de 10 de junio, estableció que la violencia contra la mujer es también una ofensa a la dignidad humana y que ‘…en el sistema constitucional boliviano, la dignidad humana tiene una doble dimensión, de un lado, se constituye en un valor supremo (art. 8.II de la CPE), sobre el que se asienta el Estado Social y Democrático de Derecho y, del otro, en un derecho fundamental (arts. 21.2 y 22 de la Norma Suprema), a través del cual toda persona tiene la facultad de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana; por tanto, la violencia y en particular la violencia contra la mujer, «…es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres»’; en virtud de lo cual, el precitado fallo constitucional instituyó la posibilidad de la tutela post mortem del derecho a la dignidad en casos vinculados a la violencia de género; determinando que: ‘…la admisibilidad y consideración de acciones de amparo constitucional en caso de fallecimiento de los accionantes, se dará únicamente cuando la acción u omisión que generó la vulneración de los derechos reclamados de tutela tengan vinculación íntima con las razones de su fallecimiento; más aún, cuando la lesión de derechos denunciada se suscite en casos de violencia de género, la tutela post mortem es posible, y dichos derechos no solo deben ser valorados en su dimensión subjetiva sino también en su dimensión objetiva, que busca evitar la reiteración de conductas lesivas a derechos fundamentales y garantías constitucionales, enmarcándolas en los roles y límites establecidos por la Norma Suprema y los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales; garantizando el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la citada Ley Fundamental’. Así también, la misma SCP 0248/2021-S4, sobre el acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, remitiéndose al marco convencional respectivo; señaló que: ‘…con el objetivo de garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial, en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada del 4 al 6 de marzo de 2008, se aprobó las «Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad», los beneficiarios de estas reglas, consideradas personas en situación de vulnerabilidad son aquellas que «por su razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico»; refiriendo a su vez, respecto a la victimización, que:

«(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa. (11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta. (12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito»’.

Por ello, en el marco normativo y jurisprudencial desarrollado previamente, se advierte la relevancia primordial de la protección de las víctimas de violencia de género en todas las etapas del proceso penal; más aún, cuando se trate víctimas de violencia feminicida –en el entendido de que el término víctima abarca de igual manera a la familia directa de aquellas personas que fallecieron a raíz de dicho ilícito–, definida como ‘…la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo’ (art. 7.2 de la Ley 348); dado que, éstas se encuentran en condición de vulnerabilidad para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización, intimidación o represalias al momento de que la persona que cometió el delito sea puesta en libertad; puesto que, esta vulnerabilidad procede de las circunstancias de la infracción penal.

Ante esta situación de vulnerabilidad, la SCP 0152/2021-S4 de 17 de mayo, entre otras, ha remarcado la obligación de juzgar con perspectiva de género y la debida diligencia en los casos de violencia de género y generacional; así como, la aplicación preferente de la Ley 348, con base en la normativa nacional y convencional emitida al efecto; señalando que: ‘La violencia contra la mujer, y más aún cuando se trata de víctimas niñas, niños o adolescentes, se reviste de primordial atención para todas las instancias del Estado, que es el llamado a prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia de género y generacional, en todas sus especies…

(…)

En este contexto, sobre el deber de los Estados respecto a la debida diligencia, especialmente en casos de violencia en razón de género la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en el caso González y otras («Campo Algodonero») Vs. México[1].; estableció que:

(…)

254. Desde 1992 el CEDAW estableció que ‘los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas’. En 1993 la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los Estados a ‘[p]roceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares’ y lo mismo hizo la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. En el 2006 la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la ONU señaló que ‘[t]omando como base la práctica y la opinio juris […] se puede concluir que hay una norma del derecho internacional consuetudinario que obliga a los Estados a prevenir y responder con la debida diligencia a los actos de violencia contra la mujer’»’.

Así también, respecto a la debida diligencia en los casos de violencia de género; se tiene que: ‘En el marco de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), ha determinado que la violencia contra la mujer es una manera de impedir que se ejercite en libertad e igualdad los derechos que se reconocen a las mujeres, lo cual implica que el Estado es responsable no solo de sus actos, sino también de particulares. Entonces el aparato estatal cuando no instituye los mecanismos para proteger a las mujeres y sin la debida diligencia, incumple no solo sus obligaciones internacionales sino un mandato constitucional, conforme a lo comprendido por el bloque de constitucionalidad y el carácter de aplicación preferente de los instrumentos internacionales en la materia, cuando consignan una protección más enfática que la Norma Fundamental. Asimismo, debe prevenirse, investigarse, castigarse y repararse con la debida diligencia los delitos efectuados contra mujeres, sean éstos perpetrados por agentes estatales o por particulares, generando las condiciones aptas para denunciar estos ilícitos, reclamar el respeto de los derechos de las mujeres, optimizando la respuesta de la justicia penal ante hechos de violencia contra la mujer. La debida diligencia que debe ejecutarse desde todos los niveles del Estado, también se encuentra prevista en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la cual a través de lo dispuesto en su art. 7, indica entre otras obligaciones, que se debe prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia la violencia contra la mujer, además de incluir en la legislación doméstica las normas penales, civiles, administrativas y de cualquier otra naturaleza para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En el ordenamiento jurídico boliviano la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia «Ley 348», se han tipificado delitos penales en razón de género, para la prevención de estos ilícitos, determinando incluso, en el marco de lo establecido en el art. 3.I de la citada ley, que el Estado Boliviano tiene la prioridad de erradicar la violencia hacia las mujeres’.

En ese contexto; y, bajo el entendido de que, la administración de justicia, recae en las distintas jurisdicciones establecidas por el art. 179 de la Ley Fundamental, este Tribunal emitió el ‘Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género Interseccional para la Jurisdicción Constitucional’, dirigido al personal vinculado a la jurisdicción constitucional, desde sus máximas autoridades hasta los foros judiciales relacionados a la tutela de derechos y protección de garantías, quienes son responsables de actuar con la debida diligencia y compromiso que demanda la interpretación y aplicación de la perspectiva de género en todo asunto en el que se identifiquen brechas de marginalidad, vulnerabilidad o desigualdad; mismo que tiene como finalidad concretar en la práctica jurisdiccional la igualdad y género en estrados judiciales; mediante la adopción de esta medida institucional positiva tendiente a evitar que, por cuestiones de género, no se materialicen los derechos fundamentales, peor cuando la ciudadanía se vea imbuida en procesos judiciales, se concentra la triada de justicia constitucional, mujeres y género. A su vez, el Órgano Judicial, dentro del cual se encuentra la jurisdicción ordinaria, ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los Jueces, como actores que ejercen el rol del Estado, a la hora de lograr el procesamiento y sanción efectiva de la violencia de género, mediante Acuerdo de Sala Plena 126/2016 de 22 de noviembre, del Tribunal Supremo de Justicia; el Acuerdo SP.TA. 23/2016 de 23 de noviembre, del Tribunal Agroambiental; y, el Acuerdo 193/2016 de 16 de noviembre, del Consejo de la Magistratura; aprobó el ‘Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género’, que se constituye en un instrumento para los administradores de justicia, que tiene la finalidad de promover el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y garantizar el juzgamiento desde una visión de igualdad de género como elemento esencial y de cumplimiento obligatorio. De este modo, con base en la normativa y jurisprudencia desglosada previamente; se concluye que, con la finalidad de materializar los presupuestos de protección a las víctimas de violencia de género, mediante el cumplimiento del marco legal citado supra, no como una mera obligación sino principalmente porque a través de ellos, las mujeres y las víctimas de violencia en general, sometidas a un estado de vulnerabilidad, encuentran el valor justicia y se restituye su dignidad humana, logrando de este modo trascender del ámbito individual repercutiendo a la restitución de los valores de la sociedad en su conjunto, en el marco del vivir bien, el Estado boliviano, tiene la obligación de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, en todas sus instancias; más aún, en los procesos judiciales, donde mediante el procesamiento y sanción efectiva de los autores de estos delitos, se materializa la potestad de impartir justicia delegada por el pueblo boliviano a las autoridades jurisdiccionales competentes; aspecto que, no se encuentra restringido a una fase procesal, sino de forma permanente; debiendo por ello, las autoridades de todas las instancias y de todas las jurisdicciones reconocidas por la Ley Fundamental, juzgar siempre con perspectiva de género y en el marco de la debida diligencia a objeto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género’” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).

III.2. En cuanto al rol del Ministerio Público en la atención y protección de las mujeres en situación de violencia

Conforme al marco normativo nacional y convencional detallado previamente, el Estado Boliviano, ha emitido normativa específica para la prevención, atención, protección y reparación de las víctimas; entre ellas, la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” (Ley 348); la cual, estipuló en su art. 61, respecto a la persecución penal, resaltando el rol del Ministerio Público en la lucha contra la violencia hacia la mujer; fundando que: “Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción. 4. Dirigir la investigación de las instancias policiales responsables de la investigación de delitos vinculados a la violencia hacia las mujeres, definiendo protocolos y criterios comunes de actuación, a fin de uniformar los procedimientos, preservar las pruebas y lograr un registro y seguimiento de causas hasta su conclusión, generando estadísticas a nivel municipal, departamental y nacional.

5. Coordinación de los criterios de actuación de las diversas instancias de recepción de denuncias de casos de violencia hacia las mujeres, para lo cual la o el Fiscal General del Estado emitirá las correspondientes instrucciones. 6. Elaboración y presentación semestral a la o el Fiscal General del Estado, para su consolidación a nivel departamental y nacional, un informe sobre los procedimientos aplicados y las actuaciones practicadas por el Ministerio Público en materia de violencia contra las mujeres y casos que comprometan sus derechos. 7. Requerir la asignación de patrocinio legal estatal a la mujer en situación de violencia carente de recursos económicos. 8. Requerir la interpretación o traducción cuando sea necesaria y disponer la asistencia especializada, evitando toda forma de revictimización. 9. Cuando corresponda, disponer el ingreso de las víctimas directas e indirectas de delitos que atenten contra su vida, su integridad corporal o su libertad sexual a la Unidad de Atención y Protección a Víctimas y Testigos de Delitos. 10. Remitir una copia de las resoluciones de rechazo y los requerimientos conclusivos a la o el Fiscal Departamental en investigaciones de oficio y presentar ante el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE, sus informes semestrales, con detalle de todas las causas atendidas, desagregadas al menos por sexo, edad y tipo de delito” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Asimismo en el art. 94 de la citada Ley, respecto a la responsabilidad del Ministerio Público, se establece que: “Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.

La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo” (las negrillas y subrayado fueron agregados). Es así que, en observancia a la normativa nacional e internacional descrita supra, la Fiscalía General del Estado, en su Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y miembros del Ministerio Público, Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP), aprobó mediante Resolución FGE/RJGP/DPVT 01/2014 de 8 de septiembre, el “Protocolo y Ruta Crítica Interinstitucionales para la Atención y Protección a Víctimas, en el Marco de la Ley Nº 348: Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, que en su Tercera Parte denominada “Procedimiento de Atención, Protección y Reparación a Víctimas de Acuerdo a la Ruta Crítica Interinstitucional”, en su Segunda Fase, establece el procesamiento que debe seguirse en los casos de violencia, que entre otros, determina los siguientes pasos iniciales a seguir: i) Partiendo del análisis de los hechos producidos, si los mismos se encuentran descritos en los arts. 7, 83, 84, y 85 de la Ley 348, éstos se constituyen en delitos; determinándose como instancias receptoras de denuncias la Policía Boliviana y el Ministerio Público –art. 42.I de la citada Ley–; ii) En la etapa preliminar de la investigación: a) Cuando el procesamiento del caso sea ante la policía, la autoridad policial realizará un informe, el cual será puesto a conocimiento del Ministerio Público dentro del plazo de ocho horas en caso de existir personas arrestadas o aprehendidas, tal situación debe constar en informe y remitirse al Ministerio Público –art. 227 del Código de Procedimiento Penal (CPP)–; y, en los casos sin aprehendidos, el informe deberá presentarse en el plazo de veinticuatro horas –art. 298 del adjetivo penal–, haciendo hincapié en que el o la funcionario (a) policial NO deberá exigir a la víctima la presentación de certificados médicos, informes psicológicos o cualquier otra formalidad para recibir la denuncia, –art. 86.9 de la Ley 348– y por ningún motivo negará el auxilio y apoyo a la víctima, alegando falta de competencia por no ser parte de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV); bajo responsabilidad penal; y, b) Cuando el procesamiento del caso ante el Ministerio Público, éste podrá tener conocimiento por cuatro vías: remisión de la instancia promotora de la denuncia, de la FELCV u otras instancias policiales, remisión o derivación por instituciones públicas o privadas o denuncia de personas particulares; y, presentación directa de la denuncia verbal o escrita, o querella por parte de la víctima; en las tres primeras, el o la Fiscal de Materia: 1) Analizará el informe de los hechos denunciados para la consiguiente apertura de investigación cuando corresponda o en su defecto, cuando el hecho no constituya delito o sea de acción privada se aplicará el art. 55 de la LOMP; asimismo, cuando no exista relación fáctica clara o no exista los elementos necesarios para tomar una decisión, en aplicación del parágrafo II del precepto citado, se otorgará el plazo de veinticuatro horas para subsanarlo prioritariamente. A este efecto, se deberá tener en cuenta el principio de informalidad y el principio de accesibilidad – arts. 86.9 y 4.11 de la Ley 348, respectivamente–; 2) Dispondrá fundadamente medidas de protección y solicitará la homologación judicial correspondiente conjuntamente el inicio de investigaciones Para la adopción de medidas de protección, y en caso de ser necesario, el o la Fiscal de Materia requerirá se le remita información complementaria, sin perjuicio de que pueda disponer de las medidas de protección necesarias, atendiendo las circunstancias del hecho y situación de la víctima; 3) Emitirá en el requerimiento las directrices de investigación a la FELCV o en su caso a otro u otra funcionario (a) policial en ausencia del personal de la FELCV, para el desarrollo de sus labores investigativas de conformidad al art. 295 del CPP; 4) En caso de que la víctima no cuente con patrocinio legal, requerirá a la instancia promotora de denuncia, se proporcione a la víctima el asesoramiento legal correspondiente. En caso que la víctima no haya sido remitida por una Instancia Promotora de Denuncia, requerirá a la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UPAVT) el apoyo y la asistencia a la víctima; 5) Ejercerá la persecución penal, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, Ley Orgánica del Ministerio Público, Protocolo para la Persecución de Delitos contra la Libertad Sexual y Violencia en Razón de Género y el Protocolo de Actuaciones Mínimas; 6) Podrá realizar sugerencias de investigación junto al informe que se remite a plataforma para la distribución de la causa al o la Fiscal Especializado (a); y, 7) En el desarrollo de diligencias investigativas, las funciones de contención, preparación, y acompañamiento deben ser llevadas de forma continua y transversal durante todo el proceso por los y las funcionarios (as) de las Instancias Promotoras de Denuncia; funciones que deben realizarse de forma paralela al accionar del Ministerio Público y la FELCV en el desarrollo de las diligencias investigativas; entre las que, se tiene: la entrevista informativa, valoración a realizarse por el o la médico forense, reconocimiento de persona, además del seguimiento de la víctima en los actos preliminares de la investigación y la intervención psico-socio-legal. De la normativa descrita supra, es preciso resaltar, que el legislador ha impregnado del principio de la debida diligencia, a las actuaciones investigativas en denuncias de violencia de género; así también, lo ha entendido la SCP 0005/2020-S4 de 14 de enero, que entre otras, sostuvo que: “En el marco constitucional y convencional expuesto, tenemos que la violencia ejercida contra la mujer en razón de género, al traducirse más de la veces en la lesión del derecho fundamentalísimo a la vida, los derechos a la integridad personal y a la dignidad, precisamente por las circunstancias y frecuencia con la que los hechos violentos se producen, se constituye en un problema que debe ser afrontado por el Estado, sus dependencias y representaciones de manera debida, célere y responsable. En mérito a ello, en Bolivia una norma específica destinada a la erradicación de la violencia contra la mujer en razón de género, se constituye en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348 de 9 de marzo de 2013), respecto a la cual la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, efectuó una precisa exposición de su aplicación en los procesos judiciales o administrativos en los que se investigue este tipo de denuncias, que se hace necesario citar a continuación: En el citado fallo constitucional, previa referencia a la importancia del estándar de la debida diligencia que debe guiar la actuación de las diferentes instituciones y órganos del Estado, asumió lo siguiente: ‘…se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. (…) La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

Precisada que fue la problemática planteada, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, a través de Requerimiento Fiscal de Rechazo de Denuncia de 8 de septiembre de 2022, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a raíz de la denuncia interpuesta por Sisy Patricia Colamarino Suárez –hoy accionante–, por sí y en representación de sus dos hijos de nueve y diez años de edad en contra de César David Loma Núñez –ahora tercero interesado–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; por medio del cual, María del Carmen Roca Mercado y Evelin Domínguez Bernachi, Fiscales de Materia –hoy codemandadas–, determinaron rechazar la referida denuncia (Conclusión II.1.); luego, por Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-891/22, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz –ahora codemandado–, resolvió la objeción planteada por la impetrante de tutela contra el Requerimiento Fiscal de Rechazo de Denuncia de 8 de septiembre de igual año, disponiendo ratificar la decisión objetada (Conclusión II.2.). En ese contexto, la solicitante de tutela, denunció la lesión del debido proceso y la protección reforzada de la mujer y la niñez contra la violencia; debido a que, las Fiscales de Materia codemandadas, rechazaron su denuncia por el delito de violencia familiar o doméstica; y, el Fiscal Departamental codemandado, ratificó tal decisión, exponiéndola a una revictimización; ya que, a pesar de que ambas instancias reconocieron la existencia de los hechos denunciados, por la prueba de cargo que aportó que demostró que concurrían los indicios suficientes para una imputación; determinaron justificar estos hechos, en una falta de orientación judicial, ignorando el deber del Ministerio Público de la debida diligencia y la protección de las víctimas de violencia, conforme lo ordena la Norma Suprema y la Ley 348. Ahora bien, identificada la problemática planteada; y, desarrollado que fueron los antecedentes remitidos a este Tribunal, corresponde efectuar el análisis respectivo, de la siguiente manera:

III.3.1. En cuanto a la actuación de María del Carmen Roca

Mercado y Evelin Domínguez Bernachi, Fiscales de Materia, hoy codemandadas

Al respecto, corresponde inicialmente aclarar que, la revisión excepcional de las decisiones asumidas por la jurisdicción ordinaria, se efectúa en la vía constitucional a partir de la última resolución pronunciada; en razón a que, ella tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía; por ello, el estudio de la presente acción de defensa, se enmarcará solamente en la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-891/22; correspondiendo por ello, denegar la tutela solicitada, en relación a las nombradas Fiscales de Materia.

III.3.2. Respecto a Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal

Departamental de Santa Cruz, ahora codemandado

Sobre este punto, la accionante; denunció que la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-891/22, emitida por dicha autoridad jerárquica, ratificó tal decisión, exponiéndola a una revictimización; puesto que, a pesar de reconocer la existencia de los hechos denunciados, por la prueba de cargo que aportó que demostró que concurrían los indicios suficientes para una imputación; determinaron justificar estos hechos, en una falta de orientación judicial, ignorando el deber del Ministerio Público de la debida diligencia y la protección de las víctimas de violencia, conforme lo ordena la Norma Suprema y la Ley 348.

En ese contexto, corresponde inicialmente, desarrollar los fundamentos esgrimidos en la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-891/22 (Conclusión II.2.), ahora cuestionada, siendo estos los siguientes: i) Del análisis minucioso del cuaderno de investigación; se tiene que, existe un problema de comunicación entre ambas partes, y que además a través del rompimiento del vínculo conyugal, la Jueza dispuso un régimen de visitas, las mismas que de alguna manera han generado una serie de conflictos, viéndose involucrados los dos hijos menores; ii) A través de los informes psicológicos realizados a los menores; así como, a Sisy Patricia Colamarino Suárez, se llega a establecer que los primeros tienen una buena relación con ambos padres; y que, si bien es cierto que la familia del padre ha tratado de manipular a los menores, tal cual se ha podido constatar en obrados, dicha situación puede ser ventilado en el proceso de guarda, en consideración a que no puede constituirse en un tipo penal, que vaya a desvalorizar el estado psicoemocional de los dos menores y de su madre; más al contrario, al existir una decisión de la Jueza competente, es ahí donde deben hacer conocer todos estos hechos, por el bien superior de los primeros y la buena relación de ambos padres, que tienen como mismo fin que sus hijos tengan un buen desarrollo psicoemocional; iii) No se ha podido demostrar con hechos concretos que exista una violencia psicológica dirigida a dañar la integridad física ni mucho menos psicológica de la denunciante o sus hijos, fruto de una relación de doce años de convivencia de sus padres; iv) De los antecedentes recolectados no se ha evidenciado la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal de violencia familiar o doméstica, que prevé que la acción ilícita debe ser repetitiva o reiterada, que cause daño psicológico o físico en la víctima y que le impidan a ésta realizar sus actividades de manera normal, debiendo considerarse que ante la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal indicado, no corresponde la emisión de una imputación formal; v) Por todos los fundamentos antes expuestos; se concluyó que, la Fiscal de Materia al haber emitido la Resolución de Rechazo de Denuncia de 8 de septiembre de 2022, a favor del denunciado, realizó una correcta valoración de los antecedentes recabados durante la investigación; vi) El 22 de abril del año citado, Sisy Patricia Colamarino Suárez, fue a buscar a sus hijos como de costumbre a su Colegio, pero se entera que los mismos habían sido sacados por su padre en horas de la mañana, el mismo que argumentó que tenía un fallo que disponía que los menores debían continuar bajo su tutela; por lo que, cuando la denunciante averiguó si existía una resolución en relación a lo manifestado, en el juzgado le refirieron que no había ninguna orden, lográndose establecer con hechos concretos que el denunciado el mismo día retorna a los niños con la madre, situación respaldada con el acta de entrega realizada en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; vii) Después del divorcio, ambos padres tuvieron desavenencias con relación al régimen de visita que tenía el padre; toda vez que, en algunas oportunidades la mamá no podía entregar a los menores, situación que provocaba que sea notificada por los funcionarios de la referida Defensoría, por incumplimiento al régimen de visita; y que, según refieren los informes evacuados por los psicólogos que entrevistaron a los menores, cuando el padre los llevaba a su domicilio, les quitaba el celular para que no tengan contacto con su madre, además que les sacaba fotos, situación que también ha generado una serie de conflictos y denuncias entre ambos progenitores; viii) Es cierto y evidente que el padre de los niños fue a los medios de prensa, con el fin de tener a sus hijos nuevamente en su hogar; sin embargo, la falta de orientación judicial ha desencadenado estos episodios que podían haber sido resueltos en el proceso que se tiene instaurado de guarda legal, en consideración a que este tipo de procesos no produce estado, es decir, que puede ser modificado en cualquier momento por el bien superior de los niños; ix) Según los elementos indiciarios, los niños no tienen ningún trauma provocado por problemas psicológicos, debido a agresiones de parte del padre; de la misma manera, tampoco la madre tendría ninguna afectación psicológica; ya que, si bien es cierto que existen problemas con relación al régimen de visitas los mismos, estos deben ser ventilados ante la Jueza de Familia, y, no así en un proceso penal, en consideración al principio de ultima ratio, tal como se ha fundamentado líneas arriba; por lo que, corresponde ratificar la resolución fiscal de rechazo de denuncia; y, x) En el caso concreto, se tiene que los indicios y elementos colectados en la investigación no han sido confrontados con un estudio pericial que determine en la victima el daño psicológico y secuelas, como consecuencia del hecho denunciado, siendo insuficientes los elementos para subsumir la conducta denunciada; en consecuencia, no existen los elementos constitutivos del tipo penal denunciado de violencia familiar o doméstica, imponiéndose la aplicación de los principios de presunción de inocencia ante la duda razonable a favor del sindicado, que debe darse en todas las etapas del proceso. Ahora bien, para confrontar los fundamentos del fallo jerárquico cuestionado desglosados supra con la problemática planteada, debemos establecer previamente que conforme lo instituido por el entendimiento contenido en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, el Estado en todas sus instancias debe velar por la protección reforzada de las víctimas de violencia en razón de género, bajo la debida diligencia; a partir de lo cual, todas las autoridades tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género; en cuyo marco, con la finalidad de materializar los presupuestos de protección a las víctimas de violencia de género, mediante el cumplimiento del marco legal respectivo, no como una mera obligación sino principalmente porque a través de ellos, las mujeres y las víctimas de violencia en general, sometidas a un estado de vulnerabilidad, encuentran el valor justicia y se restituye su dignidad humana, logrando de este modo trascender del ámbito individual repercutiendo a la restitución de los valores de la sociedad en su conjunto, en el marco del vivir bien, el Estado boliviano, tiene la obligación de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, en todas sus instancias; más aún, en los procesos judiciales, donde mediante el procesamiento y sanción efectiva de los autores de estos delitos, se materializa la potestad de impartir justicia delegada por el pueblo boliviano a las autoridades jurisdiccionales competentes; aspecto que, no se encuentra restringido a una fase procesal, sino de forma permanente; debiendo por ello, las autoridades de todas las instancias y de todas las jurisdicciones reconocidas por la Ley Fundamental, juzgar siempre con perspectiva de género y en el marco de la debida diligencia a objeto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género; aspectos que, son vinculantes de igual modo al rol del Ministerio Público en la atención y protección de las mujeres en situación de violencia, ordenando la Ley 348, a partir de esto, que ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; pues, será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En ese contexto, de la revisión de los fundamentos esgrimidos en la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-891/22; se observa que, entre los hechos reconocidos, se identifica que el 22 de abril de 2022, el denunciado retiró del colegio a los menores con un fallo que no se encontraba vigente, retornándolos en el mismo día; así también, se tiene los informes evacuados por los psicólogos que entrevistaron a los menores, en los que señalaron que, cuando el denunciado llevaba a su domicilio a estos, les quitaba el celular para que no tengan contacto con su madre; así como, que era cierto y evidente que el padre de los niños fue a los medios de prensa, “con el fin de tener a sus hijos nuevamente en su hogar”; debiéndose aquello, a una “falta de orientación judicial” que desencadenó estos episodios que podían haber sido resueltos en el proceso que se tiene instaurado de guarda legal; y, finalmente, que los indicios y elementos colectados en la investigación no fueron confrontados con un estudio pericial que determine en la víctima el daño psicológico. A partir de esto; se evidencia que, al determinar ratificar el rechazo de denuncia, la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-891/22, justificó los elementos fácticos denunciados en divergencias por la guarda de los menores, las declaraciones televisivas en “falta de orientación judicial”; y, que no se realizó un estudio pericial que determine daño psicológico en la víctima; en virtud de lo cual, se advierte una falta de cumplimiento de la protección reforzada y la aplicación de la debida diligencia vinculada a la obligación del Ministerio Público de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con la situación de violencia, además de resaltar un omisivo análisis de los hechos denunciados, bajo el irracional fundamento de que todas las acciones denunciadas deberían dirimirse en el proceso de guarda de los menores, lo que va en desmedro de la protección reforzada que el Estado debe otorgar a las víctimas de violencia, conforme lo previsto por la Ley 348; correspondiendo por ello, conceder la tutela impetrada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 067/2023 de 18 de agosto, cursante de fs. 870 a 893 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente con relación a Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz; y, en cuanto a la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-891/22 de 18 de octubre de 2022, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, y en los mismos términos de la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Bolivia tenía el 2018, la tasa más alta de feminicidio en Sudamérica, con 2,3 muertes por cada 100 mil mujeres. Boletín Vida libre de violencia.

2 “Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género Interseccional para la Jurisdicción Constitucional”, 2021, pág. 49, Tribunal Constitucional Plurinacional.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0634_2024-S4.pdf · páginas 1 a 28.

Huella digital del PDF (SHA-256): e63601962c1f9e7d021671045816947f31ab671e83a75cc87d3c97d5f59f4a6f

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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