B.IA.LEGAL

SCP 0633/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53767-2023-108-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, alegando que la Jueza demandada, mediante Auto de 25 de noviembre de 2022, aprobó la liquidación por la suma de Bs208 800.- (doscientos ocho mil ochocientos bolivianos) y dispuso la emisión del correspondiente mandamiento de apremio, sin que previamente hubiera emitido pronunciamiento respecto de las observaciones formuladas a la liquidación de asistencia familiar mediante memorial de 22 del citado mes y año; en mérito a ello, solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga: a) La restitución inmediata de su derecho a la libertad, con la reparación de los defectos legales denunciados; b) La nulidad de las actuaciones procesales que considera contrarias a derecho, a partir de la presentación de la liquidación de asistencia familiar que, a su criterio, carece de legitimación activa por falta de personería, dejando sin efecto todos los actuados procesales vinculados a la misma; y, c) Se deje sin efecto el mandamiento de apremio y se ordene la celebración y señalamiento de audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 11 de febrero, cursante de fs. 231 vta. a 234 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad emergente de los procesos familiares sobre asistencia familiar
  2. III.2. El incidente de nulidad en el Código de las Familias y del Proceso Familiar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0633/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53767-2023-108-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 01/2023 de 11 de febrero, cursante de fs. 231 vta. a 234 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eva Céspedes Alejo en representación sin mandato de César Céspedes Alejo contra María René Iñiguez Araujo, Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de febrero de 2023, cursante de fs. 208 a 216, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el año 2010, el accionante suscribió un acuerdo conciliatorio con su exesposa, Karina Castro Cuba, mediante el cual se fijó una asistencia familiar de Bs600.- (seiscientos bolivianos) en favor de sus tres hijos menores de edad; posteriormente, el 26 de enero de 2016, a solicitud de la madre, se promovió un incidente de incremento de asistencia familiar, determinándose un monto de Bs1 450.- (mil cuatrocientos cincuenta bolivianos) mensuales. Años más tarde, el 17 de noviembre de 2022, fue notificado en la ciudad de Sucre, mediante Comisión Instruida, con una planilla de liquidación por la suma de Bs208 800.- (doscientos ocho mil ochocientos bolivianos), supuestamente adeudada por incumplimiento en el pago de asistencia familiar; en tal sentido, en ejercicio de su derecho a la defensa, el 22 del mismo mes y año, dentro del plazo legal de tres días previsto por la normativa aplicable, presentó memorial de observación a la referida liquidación, planteando tres aspectos centrales: a) La planilla de liquidación habría sido elaborada con falsedad, mala fe y vulneración del principio de verdad material, por cuanto contenía errores en el cálculo, desconociendo el acuerdo conciliatorio y otras actuaciones cursantes en el expediente; asimismo, sostuvo que, si bien no efectuó pagos a través del juzgado, cumplió con la asistencia familiar de manera directa a favor de sus hijos, incluyendo el pago de colegiaturas, extremos que solicitó sean verificados mediante las declaraciones de sus hijos y requerimientos dirigidos a la unidad educativa correspondiente; b) Existía falta de legitimación activa de la demandante, toda vez que sus dos hijas mayores de edad contaban con veinticinco y veinte años, respectivamente, por lo que su madre carecería de legitimación para efectuar dicho cobro, correspondiendo que la autoridad judicial le otorgue el plazo de tres días para subsanar tal observación y, en su caso, se tenga por no presentada la liquidación de pensiones; y, c) Correspondía la cesación de la asistencia familiar respecto de su hija mayor, quien contaba con veinticinco años de edad, razón por la cual legalmente ya no correspondía continuar con dicho pago, considerando además que siempre estuvo pendiente de sus hijos, especialmente de ella, quien incluso residía con él en la ciudad de Sucre, donde le brindaba apoyo conforme a sus posibilidades. Sin embargo, el 23 de noviembre de 2022, la parte demandante presentó un memorial solicitando la aprobación de la planilla de liquidación, petición que fue atendida de manera inmediata, emitiéndose el Auto de 25 del mismo mes y año, mediante el cual se aprobó la liquidación por Bs208 800.- (doscientos ocho mil ochocientos bolivianos) y se dispuso la expedición del correspondiente mandamiento de apremio, sin que previamente existiera pronunciamiento alguno respecto de las observaciones formuladas por el accionante. Posteriormente, el 27 de enero de 2023, fue notificado con el Auto de 25 del mismo mes y año, mediante el cual la autoridad judicial observó aspectos formales de su memorial de 22 de noviembre de 2022; empero, únicamente respecto de la solicitud de cesación de asistencia familiar, omitiendo pronunciarse sobre la observación a la planilla de liquidación y la alegada falta de legitimación de la demandante; ante dicha situación, subsanó lo requerido y, además, el 1 de febrero de 2023 presentó un nuevo memorial reiterando sus observaciones y solicitando pronunciamiento expreso sobre los puntos omitidos. No obstante, las reiteradas actuaciones procesales y el seguimiento constante efectuado dentro de la causa -incluyendo múltiples apersonamientos ante el juzgado-, la autoridad judicial no emitió resolución alguna respecto de las observaciones planteadas; asimismo, advirtió que el memorial de observación fue tramitado en un expediente separado (NUREJ al que se adicionó el sufijo “-1”), desvinculándolo indebidamente del proceso principal en el que se aprobó la referida liquidación. Finalmente, el 7 de febrero de 2023, cuando se constituyó al domicilio de sus hijos con la finalidad de cumplir con la asistencia familiar, fue aprehendido en ejecución del mandamiento de apremio librado por la suma de Bs208 800.-(doscientos ocho mil ochocientos bolivianos), quedando privado de libertad en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí. En ese contexto, sostiene que su privación de libertad se produjo en un estado de absoluta indefensión, toda vez que la autoridad judicial aprobó la planilla de liquidación sin considerar ni resolver las observaciones oportunamente presentadas, entre ellas aspectos sustanciales como la falta de legitimación de la demandante, la mayoría de edad de las beneficiarias y la indebida aplicación retroactiva del monto incrementado de Bs1 450.- (mil cuatrocientos cincuenta bolivianos) a periodos anteriores a la gestión 2016.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: 1) La restitución inmediata de su derecho a la libertad, con la reparación de los defectos legales denunciados; 2) La nulidad de las actuaciones procesales que se encuentren fuera del marco legal, a partir de la presentación de la liquidación de asistencia familiar que, a su criterio, carece de legitimación activa por falta de personería, dejando sin efecto todos los actuados procesales vinculados a la misma; y, 3) Se deje sin efecto el mandamiento de apremio y se ordene la celebración y señalamiento de audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia el 11 de febrero de 2023, conforme consta en el Acta cursante de fs. 228 a 234 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante representado a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su memorial y ampliando expresó lo siguiente: i) No fueron considerados los pagos directos que efectuó desde el año 2010, tales como el pago de colegiaturas de sus tres hijos, los cuales incluso superaban el monto inicialmente fijado como asistencia familiar; ii) Asimismo, solicitó la cesación de la asistencia familiar respecto de su hija mayor de veinticinco años; sin embargo, la autoridad judicial no emitió pronunciamiento sobre dicho extremo ni sobre las observaciones formuladas, enterándose recién al momento de su detención que el 25 de noviembre de 2022 se había emitido mandamiento de apremio en su contra, sin que previamente se hubieran resuelto tales cuestiones; iii) El 7 de febrero de 2023, cuando acudió, como era habitual, a entregar personalmente la asistencia familiar a sus hijos, fue aprehendido en ejecución del referido mandamiento, sin que siquiera se hubiera considerado que una de sus hijas -quien vive con él desde hace más de dos años- tuviera conocimiento o hubiese autorizado el uso de su nombre; iv) La autoridad judicial no aplicó el principio de proactividad, puesto que no adoptó las medidas necesarias para lograr una solución justa, pronta y efectiva del conflicto; v) Se vulneró su derecho a la defensa, dejándolo en estado de indefensión al no emitirse pronunciamiento respecto de la observación formulada a la planilla de liquidación; y, vi) La jurisprudencia constitucional ha establecido que no puede librarse mandamiento de apremio sin resolver previamente las observaciones formuladas a la liquidación, situación que no aconteció en su caso.

I.2.2. Informe de la parte demandada

María René Iñiguez Araujo, Jueza Pública de Familia Primera del departamento de Potosí presentó informe escrito cursante de fs. 224 a 227, donde manifestó que: a) Dentro del proceso de divorcio se practicó la liquidación de asistencia familiar conforme al art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), la cual fue debidamente notificada al obligado, quien contaba con el plazo de tres días para formular observaciones; b) Al haber vencido dicho plazo sin que se hubiera presentado una observación válida, se aprobó la liquidación conforme a derecho, intimándose el pago correspondiente y advirtiéndose la posibilidad de embargo y emisión de mandamiento de apremio; c) Se cumplieron todos los plazos legales previstos, teniendo el obligado -ahora accionante- pleno conocimiento del proceso y de su obligación de asistencia familiar; d) El accionante interpuso una demanda de cesación de asistencia familiar; sin embargo, equivocó la vía procesal, pues intentó introducir observaciones a la liquidación y cuestionamientos sobre la personería de la demandante dentro de un trámite de resolución inmediata, cuando tales aspectos debían plantearse en el expediente principal; e) Respecto a la supuesta falta de legitimación, indicó que, revisado el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), la demandante contaba con el Poder Notarial 0233/2016 -que adjuntó a su informe- para representar a su hija mayor, por lo que tenía legitimación para presentar la liquidación; f) El obligado fue conminado a pagar u observar la liquidación; no obstante, no cumplió ninguna de dichas actuaciones dentro del plazo legal, razón por la cual se emitió el mandamiento de apremio; g) La acción de libertad se sustenta en aspectos de carácter formal y no de fondo, pretendiendo suplir mediante una acción constitucional la falta de ejercicio oportuno de los recursos legales previstos por el ordenamiento jurídico; h) Enfatizó que la asistencia familiar es una institución de interés social y que su cumplimiento no puede diferirse por ningún recurso o procedimiento, añadiendo que el obligado no realizó depósitos judiciales durante varios años; i) La negligencia de las partes no puede ser suplida por la autoridad judicial bajo el principio de proactividad, especialmente cuando se trata de una obligación de cumplimiento inmediato; y, j) No se vulneró derecho alguno del accionante, puesto que éste no ejerció oportunamente los mecanismos legales correspondientes y su detención se encuentra ajustada a derecho, por lo que solicitó se deniegue la acción de libertad y continúe recluido hasta el pago de la deuda. 1.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/2023 de 11 de febrero, cursante de fs. 231 vta. a 234 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) El procedimiento legal fue observado en su integridad, toda vez que el obligado fue debidamente notificado y contaba con la posibilidad de pagar u observar la liquidación dentro del plazo de tres días, sin haber acreditado oportunamente descargos o pagos mediante depósitos judiciales; por ello, la autoridad judicial actuó conforme a derecho al aprobar la planilla y emitir el mandamiento de apremio; 2) Las solicitudes formuladas por el accionante no fueron presentadas dentro del proceso principal, circunstancia que dio lugar a la apertura de otro proceso y derivó en un error administrativo que no resulta atribuible a la autoridad judicial; asimismo, señaló que las normas en materia familiar son de orden público, de carácter social y de cumplimiento obligatorio, habiendo la Jueza accionada considerado la prueba presentada y las observaciones formuladas, siendo el error atribuible a quien efectuó la distribución de la causa; 3) La observación a la planilla principal fue separada del proceso y registrada como una nueva causa, debido a que el memorial contenía como pretensión principal la cesación de la asistencia familiar y no la observación a la liquidación, produciéndose un error administrativo que dio lugar a la formación de otro expediente; en ese contexto, concluyó que no correspondía conceder la tutela impetrada; 4) La asistencia familiar constituye una obligación de carácter social y de cumplimiento inmediato, que no puede ser diferida por incidentes o recursos, por lo que la negligencia del obligado en el cumplimiento de sus deberes no puede ser suplida por la autoridad judicial; y, 5) Al no evidenciarse vulneración de derechos fundamentales vinculados con la libertad personal, concluyó que la privación de libertad del accionante deriva de un procedimiento legalmente tramitado, correspondiendo denegar la tutela solicitada.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la Sentencia 3/2010 de 14 de enero, mediante la cual la Jueza de Partido de Familia Primera de la Capital del departamento de Potosí declaró probada la demanda de divorcio interpuesta por César Céspedes Alejo contra Karina Isabel Castro Cuba, por la causal de separación libre, consentida y continuada por más de dos años (fs. 65 a 67). II.2. Mediante memorial de 27 de enero de 2016, Karina Isabel Castro Cuba y Nurca Mariana Céspedes Castro promovieron incidente de incremento de asistencia familiar y solicitaron la elaboración de una planilla de liquidación, argumentando que el obligado incumplió con dicha obligación por más de cinco años. Asimismo, solicitaron se libre orden instruida, debido a que el demandado residía en la ciudad de Sucre (fs. 91 a 93 vta.); posteriormente, por memorial de 1 de marzo de 2016, César Céspedes Alejo respondió al incidente planteado (fs. 118 a 119). II.3. Por acta de audiencia de asistencia familiar y en el Auto de 15 de marzo de 2016, la Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de Potosí homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, disponiendo que el demandado deposite mensualmente la suma de Bs1 450.- (mil cuatrocientos cincuenta bolivianos) en la Unidad de Depósitos Judiciales (fs. 128 a 129). II.4. A través de memorial de 22 de agosto de 2022, Karina Isabel Castro Cuba presentó planilla de liquidación de asistencia familiar contra el ahora impetrante de tutela, alegando que éste incumplió con los depósitos correspondientes en favor de sus hijos durante un periodo de diez años (fs. 182). II.5. Cursa memorial de 22 de noviembre de 2022, dirigido al Juzgado Público de Familia Primero del departamento de Potosí, presentado por César Céspedes Alejo, bajo la suma de: i) Falta de personería; ii) Solicitud de cesación de asistencia familiar; y, iii) Observación a la planilla de liquidación (fs. 206 a 207 vta.). II.6. Conforme se advierte del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), correspondiente al NUREJ 200903209-1, la demanda de cesación de asistencia familiar interpuesta por César Céspedes Alejo contra Karina Isabel Castro Cuba fue sorteada al Juzgado Público de Familia Primero de la Capital del departamento de Potosí (fs. 205).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, alegando que la Jueza demandada, mediante Auto de 25 de noviembre de 2022, aprobó la liquidación por la suma de Bs208 800.- (doscientos ocho mil ochocientos bolivianos) y dispuso la emisión del correspondiente mandamiento de apremio, sin que previamente hubiera emitido pronunciamiento respecto de las observaciones formuladas a la liquidación de asistencia familiar mediante memorial de 22 del citado mes y año; en mérito a ello, solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga: a) La restitución inmediata de su derecho a la libertad, con la reparación de los defectos legales denunciados; b) La nulidad de las actuaciones procesales que considera contrarias a derecho, a partir de la presentación de la liquidación de asistencia familiar que, a su criterio, carece de legitimación activa por falta de personería, dejando sin efecto todos los actuados procesales vinculados a la misma; y, c) Se deje sin efecto el mandamiento de apremio y se ordene la celebración y señalamiento de audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad emergente de los procesos familiares sobre asistencia familiar

La SCP 0337/2025-S3 de 8 de mayo, reitero la SSCCPP 0797/2019-S2 de 11 de septiembre que señaló que:

«En el diseño constitucional previsto en el art. 125 de la CPE, la acción de libertad constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz, idóneo y oportuno que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción y el derecho a la vida, para que el accionante logre la tutela a su vida cuando se encuentre en peligro; el cese de la persecución indebida, en caso de que exista persecución ilegal o indebida; el restablecimiento de las formalidades legales, cuando exista procesamiento ilegal o indebida; o la restitución de la libertad, ante la evidencia de privación de libertad indebida, destacando la jurisprudencia constitucional, su naturaleza no subsidiaria, cuyo procedimiento se encuentra caracterizado por el informalismo, la inmediatez, la sumariedad, la generalidad y la inmediación.

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional expresó la imperiosa necesidad de establecer criterios de coordinación que impidan el desbordamiento, la intromisión de los límites de su competencia y la emisión de las decisiones contradictorias, entre la funciones de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, disciplinados por los principios y valores constitucionales con la finalidad de promover actuaciones jurisdiccionales en los marcos de razonabilidad y equilibrio, en ese entendido el Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.

En el marco precedentemente citado, el desarrollo jurisprudencial sistematizo la subsidiariedad excepcional generando subreglas al respecto y fijando supuestos concernientes principalmente a casos derivados de procesos penales; sin embargo, en casos derivados de procesos familiares sobre peticiones de asistencia familiar, pueden alcanzar a restringir el derecho a la libertad física con la ejecución del mandamiento de apremio, previa aprobación de la liquidación de asistencia familiar y el cumplimiento de los requisitos de legalidad material y formal ampliamente explicitado en la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre, ejecución que puede ser realizada por funcionarios policiales o servidores públicos que la autoridad judicial comisione o encargue su ejecución.

En ese contexto, las eventuales denuncias de lesión al derecho fundamental a la libertad personal en la ejecución del mandamiento de apremio por el incumplimiento del pago de asistencia familiar deben ser conocidas por el juez público de familia, quien es la autoridad competente para la consideración y resolución de las cuestiones de fondo y cuestiones incidentales como las mencionadas denuncias que deben ser resueltas en la vía incidental prevista en la normativa procesal de familia, aún en el periodo de vacación judicial colectiva, lapso de tiempo en el cual no puede suspenderse la ejecución de los 4 4El FJ III.1.2 señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. …

…el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se e podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (las negrillas nos pertenece).

5 5La jurisprudencia constitucional que sistematiza la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, fijando los supuestos derivados de procesos penales, se encuentran en la SCP 0381/2018-S2 de 24 de julio, SCP 0548/2018-S2 de 25 de septiembre, SCP 0088/2019-S2 de 5 de abril, entre otros.

6 El FJ III.2 refiere: “…la libertad individual no está concebida como un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; sino, que el propio texto constitucional establece la posibilidad de su limitación, siempre y cuando, esté establecida por una ley, que determine los requisitos materiales y formales para la privación de libertad, que en materia familiar…”.

7 7El Código de las Familias y del Proceso Familiar, establece en su Libro Segundo, Título Segundo, Capítulo Tercero, art. 255 y siguientes, disposiciones generales respecto al procedimiento para la tramitación y resolución de cuestiones incidentales en el proceso familiar.

mandamientos de apremio y cuya atención y control debe estar a cargo de juzgados de familia de turno, acordados y programados por los Tribunales Departamentales de Justicia, entendimiento establecido en la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre.

Por los razonamientos expuestos puede concluirse en especie, el ordenamiento procesal en materia familiar establece el medio de defensa idóneo para reparar de manera urgente, pronta y eficaz, la presunta lesión del derecho a libertad ilegalmente restringido durante la ejecución del mandamiento de apremio por incumplimiento de asistencia familiar, tramitada en la vía incidental ante el juez público de familia dentro del proceso de petición de asistencia familiar; por lo que, la acción de libertad no puede activarse de manera directa e inmediata, sino, agotando el medio intraprocesal ante el juez de familia en la vía incidental» (las negrillas pertenecen al texto original).

III.2. El incidente de nulidad en el Código de las Familias y del Proceso Familiar

Con relación al incidente de nulidad en materia de asistencia familiar, vinculado a la emisión del mandamiento de apremio, cabe reiterar lo establecido en la SCP 0149/2023-S1 de 29 de marzo que:

«…en relación a las reglas de las nulidades procesales, las mismas se encuentran establecidas en los arts. 248 al 251 del citado Código, en cuanto a los incidentes y su tramitación, se tiene establecido el marco procesal en los arts. 255 al 257 de la indicada norma procedimental; en ese contexto, el mencionado art. 248 señala las reglas de nulidad procesal, indicando que: ‘I. Todo acto procesal será válido cuando ha logrado su finalidad y eficacia prevista, siempre y cuando no cause de manera directa indefensión. II. La autoridad jurisdiccional tiene la responsabilidad de declarar de oficio la nulidad de actos procesales expresamente previstos en la Ley’ En ese sentido el art. 249, establece la subsanación de defectos formales; toda vez que: ‘I. Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por la Ley, siempre y cuando hayan logrado su finalidad. II. No podrá declararse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. Constituye confirmación tácita el no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil’. Asimismo, el art. 251 previene la extensión de la nulidad, en el sentido que: ‘I. Los otros actos procesales que resulten afectados con la declaración de nulidad, serán de igual manera declarados nulos, de oficio.

II. La nulidad de un acto específico no afecta a otros que sean independientes, ni impide que se produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo. III. La autoridad judicial a tiempo de fundamentar su decisión, deberá especificar si la nulidad declarada de un acto procesal afecta a otros actos anteriores o posteriores al acto nulo’. Por su parte, los arts. 255 y 256 del precitado cuerpo normativo, previenen de forma respectiva que: ‘Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada’. Asimismo, se estableció que en la tramitación de los incidentes se observen las siguientes determinaciones: ‘…a) Los incidentes serán resueltos en audiencia; b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación; c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato; y, d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite’. Finalmente, el art. 257 de la norma en estudio, prevé que: ‘El planteamiento de incidentes no interrumpirá la tramitación del proceso’. En relación al incidente de nulidad, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, que si bien fue emitida dentro de una acción de amparo constitucional; sin embargo, sus razonamientos se hacen perfectamente aplicables para la resolución del presente caso; en ese sentido, la indicada decisión constitucional dejó entendido que: ‘El incidente es una cuestión que difiere del asunto principal de un juicio, pero que guarda relación con él, es un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez o tribunal deben resolver a través de una sentencia interlocutoria o de un acto; su característica principal es que se lo tramita de manera paralela al proceso principal’. En ese orden, en la SC 0788/2010-R de 2 de agosto, se refirió lo siguiente: ‘…conforme se tiene señalado en los fundamentos expuestos en el punto precedente, es posible y hasta una obligación procesal de quien considere que dentro de un proceso judicial, así esté ejecutoriado, se han lesionado las normas de orden público, y por tanto, sus derechos fundamentales previstos como garantías judiciales, como es el debido proceso y el derecho a la defensa, interponga el incidente de nulidad, demostrando en el mismo su indefensión y por ende lesión de derechos fundamentales, y una vez agotada la vía incidental y en su caso la apelación, de persistir la supuesta ilegalidad, puede acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional’. De lo mencionado se puede colegir que el incidente de nulidad es una figura jurídica de aplicación al ámbito jurisdiccional, instancia ante la cual, previo a acudir a la vía constitucional deberá demandarse la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar (…)’. Asimismo, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, que también fue emitida dentro de una acción de amparo constitucional, siendo factible la aplicación de los entendimientos asumidos en ella, estableció que:

(…) En cuanto a la nulidad de los actos procesales, complementando el entendimiento establecido en la SC 0731/2010-R 26 de julio, en la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional afirmó: ’…el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad. (…) En conclusión, el incidente de nulidad se activa en presupuestos excepcionales, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en la jurisprudencia constitucional; pudiendo ser interpuesto en cualquier etapa del proceso, inclusive en la fase posterior a la ejecutoria del fallo, ante la autoridad donde se produjo la irregularidad; y en caso de considerar que las lesiones alegadas persisten, corresponderá plantear contra dicha resolución, el recurso de apelación o de alzada, agotando de esa manera las vías idóneas de impugnación intraprocesal, y en caso de no obtener una resolución favorable que repare sus derechos vulnerados, entonces recién quedará expedita la jurisdicción constitucional; empero, una vez agotados los mecanismos de reclamación en la vía ordinaria; como se señaló, la cosa juzgada pierde su valor cuando fue el resultado de vulneración de derechos y garantías’. En lo que respecta a las nulidades procesales, la SCP 0832/2016-S3 de 9 de agosto, expresó que: ‘…se encuentran reservadas únicamente a casos extraordinarios expresamente establecidos en la ley, generalmente relacionados a una indefensión absoluta provocada a las partes procesales o a terceros con interés legítimo y que generen una situación injusta de cosas respecto a la cual los jueces no pueden quedar indiferentes. Para ello todo juez debe tener la capacidad de identificar desde un inicio los actuados u omisiones, que en el futuro podrían provocar una nulidad e impedir que los mismos se desarrollen inadvertidamente hasta llegar a consumarse (…)’. En relación al incidente de nulidad, entendido como una cuestión accesoria y de tramitación paralela al desarrollo de un proceso judicial principal, la jurisprudencia constitucional, refiere que cualquiera de las partes o un tercero con interés legítimo que intervienen dentro de esos procesos, así éste se encuentre ejecutoriado y en el que se hubieren lesionado normas de orden público y por tanto sus derechos fundamentales previstos como garantías judiciales, tales como el debido proceso y a la defensa, con carácter previo a acudir a la vía constitucional, deben interponer el incidente de nulidad, demostrando la indefensión sufrida y consecuentemente la lesión de tales derechos, agotando al mismo tiempo la vía recursiva en la instancia ordinaria…».

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso concreto, el accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, alegando que la autoridad judicial, mediante Auto de 25 de noviembre de 2022, aprobó la liquidación de asistencia familiar por Bs208 800.- (doscientos ocho mil ochocientos bolivianos) y dispuso la emisión del mandamiento de apremio, sin emitir previamente pronunciamiento respecto de las observaciones formuladas mediante memorial de 22 de noviembre de 2022, referidas, entre otros aspectos, a la falta de personería de la demandante, la cesación de la asistencia familiar respecto de su hija mayor de edad y los cuestionamientos efectuados a la planilla de liquidación. Esa omisión generó su privación de libertad mediante la ejecución del referido mandamiento de apremio. Identificado el acto lesivo, corresponde remitirse a los antecedentes del caso, donde se evidenció que: i) El año 2010, mediante acuerdo conciliatorio homologado judicialmente, se fijó asistencia familiar en favor de sus tres hijos que se encontraban en custodia de su expareja; ii) posteriormente, el 27 de enero de 2016, se promovió incidente de incremento, estableciéndose el monto de Bs1 450.- (mil cuatrocientos cincuenta bolivianos) mensuales, homologado por la autoridad judicial el 15 de marzo de 2016, oportunidad en la que, además, se dispuso que el pago se realice en la Unidad de Depósitos Judiciales; iii) el 22 de agosto de 2022, la parte beneficiaria presentó planilla de liquidación por asistencia devengada (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4); iv) el accionante fue notificado el 17 de noviembre del citado año y, el 22 del mismo mes, presentó memorial observando dicha liquidación, la personería de la demandante y solicitando la cesación de la asistencia familiar respecto de una de las beneficiarias (Conclusión II.5); y, v) ante el incumplimiento del pago, la autoridad judicial aprobó la planilla y ordenó la emisión del mandamiento de apremio, que fue ejecutado el 7 de febrero de 2023. En este contexto, corresponde remitirse al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que reiteró la jurisprudencia de este Tribunal e indicó que, si bien la acción de libertad constituye un mecanismo de defensa inmediato y no subsidiario por regla general, excepcionalmente no puede activarse cuando el ordenamiento jurídico prevé un medio de defensa idóneo, urgente y eficaz para reparar la presunta lesión del derecho a la libertad. El referido Fundamento Jurídico también precisó que esta subsidiariedad excepcional resulta aplicable a los procesos familiares derivados del incumplimiento de asistencia familiar, en los cuales la ejecución del mandamiento de apremio puede restringir la libertad física del obligado. Así, estableció que las denuncias relacionadas con la legalidad de la ejecución del mandamiento de apremio deben ser conocidas por el Juez Público de Familia, mediante la vía incidental prevista por la normativa procesal familiar, por ser dicha autoridad la competente para resolver las cuestiones de fondo e incidentales que se susciten dentro del proceso. En el presente caso, de los antecedentes se advierte que el accionante, mediante memorial de 22 de noviembre de 2022, formuló observaciones respecto de la liquidación de asistencia familiar y, además, planteó la falta de personería de la demandante y la cesación de la asistencia familiar respecto de su hija mayor de edad (Conclusión II.5). Sin embargo, estos cuestionamientos no fueron resueltos antes de la aprobación de la liquidación y la emisión del mandamiento de apremio. Ahora bien, la irregularidad denunciada se encuentra vinculada con actos y actuaciones desarrollados dentro del propio proceso familiar, cuya legalidad podía ser cuestionada ante la autoridad jurisdiccional que conocía la causa, pues, conforme a los arts. 248 y 249 del CFPF, relativos a la nulidad procesal, concordantes con los arts. 255 y 256 del mismo cuerpo normativo, referidos a los incidentes, anotados en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el accionante contaba con la posibilidad de promover el correspondiente incidente de nulidad, a efectos de cuestionar el Auto de 25 de noviembre de 2022, alegando que fue emitido sin que previamente se hubieran resuelto las observaciones formuladas contra la liquidación. Por consiguiente, el defecto procesal denunciado -consistente, según el accionante, en que su memorial de 22 de noviembre de 2022 habría sido tramitado como una demanda de cesación de asistencia familiar y no como una observación a la planilla, omitiéndose resolver esta última antes de aprobar la liquidación y disponer el apremio- no constituía una cuestión ajena a la competencia de la jurisdicción familiar, sino una actuación susceptible de ser revisada y, de corresponder, reparada mediante los mecanismos de saneamiento y nulidad previstos por la normativa procesal familiar y, en su caso, anulada por la propia autoridad judicial mediante los mecanismos ordinarios. En consecuencia, si el accionante consideraba que la aprobación de la liquidación y la consecuente emisión del mandamiento de apremio se produjeron con inobservancia de las reglas procesales y en lesión de su derecho a la defensa, correspondía que acudiera previamente a la vía incidental de nulidad ante la jurisdicción familiar, mecanismo que resultaba idóneo para que la autoridad competente examine la existencia del defecto denunciado, determine su trascendencia y, de corresponder, deje sin efecto los actuados afectados.

Consecuentemente, no corresponde que la jurisdicción constitucional ingrese directamente a determinar si la autoridad judicial debió o no aprobar la liquidación, ni si correspondía resolver previamente las observaciones formuladas por el accionante, puesto que dicha determinación corresponde, en primera instancia, a la jurisdicción familiar mediante los mecanismos procesales previstos por ley. Asimismo, el hecho de que el accionante se encontrara privado de libertad como consecuencia de la ejecución del mandamiento de apremio no elimina la subsidiariedad excepcional, pues precisamente la SCP 0797/2019-S2 reconoce que, aun frente a una restricción de libertad derivada del incumplimiento de asistencia familiar, las cuestiones relativas a la legalidad del apremio deben ser sometidas al conocimiento del juez de familia mediante la vía incidental, siempre que dicho mecanismo sea idóneo y eficaz para reparar la lesión denunciada. En consecuencia, al advertirse que el accionante contaba con un mecanismo intraprocesal idóneo para cuestionar el Auto de 25 de noviembre de 2022 y los actos que derivaron de este, corresponde aplicar la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de los agravios planteados. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 11 de febrero, cursante de fs. 231 vta. a 234 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, en el FJ III.3, expresó: “…no requiere del agotamiento previo de medios o recursos, para acudir ante la autoridad competente que actúa como tribunal de garantías, en busca de la tutela al derecho a la libertad física y/o de locomoción y hasta la vida misma, si está afectada por la amenaza, restricción o supresión a la libertad” (las negrillas nos corresponde).

2 2La jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0862/2014 de 8 de mayo, explicita sucintamente las características del procedimiento de la acción de libertad.

3 Respecto a la razonabilidad y equilibrio de las actuaciones entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria, la SC 0080/2010-R citado por la SCP 0406/2015-S2 de 20 de abril, SCP 1121/2017-S2 de 23 de octubre, entre otros, expresó: “'…todo acto de las entidades que administran justicia, deben sujetarse a los principios y valores constitucionales, a los que también está sujeto este Tribunal Constitucional, de tal manera que debe evitar cualquier intromisión, pero también conflicto o tensión con otras jurisdicciones, como es la ordinaria, debiendo en todo caso actuar dentro de los márgenes de razonabilidad y equilibrio'” (las negrillas fueron añadidas).

8 La SCP 0828/2018 de 10 de diciembre, sistematizó y delineó el entendimiento jurisprudencial expresando que no puede suspenderse la ejecución de los mandamientos de apremio en el periodo de vacación judicial colectiva, librados por el incumplimiento de la asistencia familiar, en cuyo mérito los Tribunales Departamentales de Justicia deber acordar y programar el funcionamiento de juzgados de turno con el fin de conocer y resolver quejas y denuncias de presuntas lesiones de derechos y evitar eventuales vulneraciones de derechos durante la ejecución de mandamientos de apremio, modulando el entendimiento expresado en las SSCC 0141/2001-R de 15 de febrero, 0105/2005-R de 1 de febrero, 2417/2010-R de 19 de noviembre y 1943/2011-R de 28 de noviembre y en la SCP 2416/2012 de 22 de noviembre, entre otras, respecto a la suspensión de la ejecución de los mandamientos de apremio durante el periodo de vacación judicial colectiva.

9 “…las eventuales denuncias de lesión al derecho fundamental a la libertad personal en la ejecución del mandamiento de apremio por el incumplimiento del pago de asistencia familiar deben ser conocidas por el juez público de familia…”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0633_2026-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6a16e2e992d8724eda8f9d444fe08274db91c82f1ded08598b37269c0ffdc8c0

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →