B.IA.LEGAL

SCP 0633/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 24 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
24 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
52087-2022-105-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia, derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada, al resolver el recurso de jerárquico, se avocó a realizar citas de Leyes y Decretos Supremos, omitiendo pronunciarse sobre los argumentos centrales presentados por la recurrente en el recurso de revocatoria; específicamente, no abordó la vulneración de los arts. 38 inc. b) del Reglamento Interno de Personal (Aprobado mediante Resolución del Consejo Técnico de SEDES Chuquisaca); y, 9 del DS 25233 (Organización, Atribuciones y Funcionamiento de los Servicios Departamentales de Salud), referidos a las atribuciones del Director Técnico de SEDES Chuquisaca; los cuales, establecen el requisito de una evaluación previa y un informe técnico para la destitución de funcionarios de salud. Además, la autoridad desconoció el derecho a la estabilidad laboral de la recurrente, quien contaba con un nombramiento indefinido, y no tomó en cuenta su estado de salud y el principio de protección al trabajador. En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0161/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 300 a 303, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada por Nohely Alejandra García Trujillo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. Los funcionarios públicos provisorios
  3. III.3. Los servidores públicos provisorios no cuentan con estabilidad laboral y pueden ser retirados sin que medie excusa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0633/2024-S4 Sucre, 24 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 52087-2022-105-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0161/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 300 a 303, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nohely Alejandra García Trujillo contra Damián Condori Herrera, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 1; y, 41 a 53, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue designada inicialmente en el Hospital Gíneco Obstétrico y posteriormente trasladada al Hospital San Juan de Dios de Camargo dependiente del Servicio Departamental de Salud (SEDES), mediante Memorándum CITE: U.RRHH 181/2018 de 1 de junio, con el ITEM 10027 a tiempo completo y de manera indefinida; por lo que, su designación no corresponde a ningún otro tipo de empleo en el sector de salud; sin embargo, de manera arbitraria y sin justificación alguna, mediante Memorándum CITE: URRHH 919/2021 de 25 de noviembre, le agradecieron sus servicios en el cargo que venía desempeñando, como médico especialista en ginecología obstétrica del referido hospital. Ante dicha determinación, 16 de diciembre de 2021 encontrándose dentro de plazo, interpuso recurso de revocatoria, que mereció la Resolución Administrativa (RA) DIR.SEDES-CH. 004/2022 de 10 de enero; la cual, sin la debida fundamentación, confirmó el Memorándum CITE: URRHH 919/2021.

Ante lo cual, el 25 de enero de 2022, interpuso recurso jerárquico, por falta de fundamentación y falta de congruencia de la resolución de revocatoria; emitiéndose en consecuencia, la Resolución Administrativa Gubernamental CH/114 de 26 de abril, dictada por Damián Condori Limachi, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca –ahora demandado–, confirmando la RA DIR.SEDES-CH. 004/2022, considerándola como funcionaria provisoria, sin sustento legal que amerite lo referido; no se pronunció respecto al agravio denunciado por su parte, con relación a la vulneración de los arts. 38 inc. b) del Reglamento Interno de Personal (Aprobado mediante Resolución del Consejo Técnico de SEDES Chuquisaca); y, “num. 9 del Manual de Organización, Funciones y Descripción de Puestos, referida a las atribuciones del Director Técnico de SEDES Chuquisaca” (sic) –siendo lo correcto art. 9 del Decreto Supremo (DS) 25233 de 27 de noviembre de 1998 (Organización, Atribuciones y Funcionamiento de los Servicios Departamentales de Salud)–, normas especiales que establecen que ningún funcionario de salud puede ser destituido o exonerado de sus funciones sin previa evaluación e informe técnico, sean estos de carrera administrativa; manifestando que, su persona prestó servicios por más de cuatro años como funcionaria de planta con carácter indefinido y sujeta a evaluación; por lo tanto, para que proceda su despido debió haberse realizado una evaluación previa del desempeño de sus funciones, lo que no se hizo; asimismo, refirió que al privarle de su fuente de trabajo se le suprime del derecho de acceso al seguro social para asistir a sus controles periódicos respecto a su salud, que fue puesto en conocimiento de las autoridades superiores antes de su despido. Argumentado que una vez acreditado el agotamiento de la vía administrativa, al haberse emitido la Resolución Administrativa Gubernamental CH/114, por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad, y no existiendo un superior jerárquico sobre dicha autoridad, interpuso la presente acción de defensa, que abre la competencia de la vía constitucional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La solicitante de tutela consideró como lesionados el debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia, y sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto, los arts. 14, 18, 35, 36, 37, 46.I, 48.II, 49.II y III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se disponga la restitución a su fuente de trabajo como Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Juan de Dios de Camargo, con el ITEM 10027, en calidad de funcionaria pública indefinida, conforme a lo establecido en el art. 5.2 del Decreto Supremo (DS) 28909 de 6 de noviembre de 2006; b) El pago de haberes devengados y todos sus derechos sociales; c) Hacer uso de sus vacaciones correspondientes a la gestión 2021; d) Se dejen sin efecto las siguientes resoluciones: Resolución Administrativa Gubernamental CH/114 de 26 de abril de 2022, RA DIR.SEDES-CH. 004/2022 de 10 de enero; y, el Memorándum CITE: URRHH 919/2021 de 25 de noviembre; y, e) Se mantenga subsistente el Memorándum CITE: U.RRHH 181/2018 de designación de funciones.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Consta acta de 28 de noviembre de 2022, cursante a fs. 277 vta.; por la cual, se reprogramó la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, debido al fallecimiento del Vocal perteneciente a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, ante la imposibilidad de convocar a otro Vocal; siendo que, mínimamente se debe tener conocimiento del expediente un día antes de la presente audiencia. Celebrada la audiencia virtual el 13 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 289 a 299 y vta., presentes la accionante asistida por su abogado, la autoridad demandada a través de su representante legal; y, ausente el tercero interesado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó los términos de su demanda de acción de amparo constitucional; y, ampliándolos en audiencia manifestó lo siguiente: 1) El DS 28909 en su art. 4.5 establece que: “...Los derechos y deberes de los trabajadores en salud sin discriminación de ninguna naturaleza gozan de esos derechos y deberes; y, el art. 5.2 el trabajador se refiere a los tipos de trabajadores y no existe la figura de trabajador provisorio lo que ilegalmente sustentan en el recurso jerárquico tratando de justificar el despido injustificado…” (sic); 2) En el memorándum no se hace referencia a ningún justificativo para el despido; cuando el art. 38 del Reglamento Interno de Personal aprobado mediante Resolución de Consejo Técnico del SEDES Chuquisaca menciona que: “…no procede la destitución de funcionarios de carrera o servidores públicos a través de decisiones discrecionales y unilaterales de la autoridad del SEDES”(sic); y, 3) Se vulneró el debido proceso en su elemento fundamentación; debido a que, lo único que contienen tanto la resolución que resolvió el recurso jerárquico como el de revocatoria, son simplemente citas legales sin ninguna argumentación que resuelva los agravios reclamados.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Damián Condori Herrera, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito de 21 de noviembre de 2022, cursante de fs. 252 a 256 vta., y en audiencia, señaló lo siguiente: i) De antecedentes se advirtió que la accionante, ingresó a trabajar al SEDES Chuquisaca el 3 de marzo de 2014, establecido así en el Memorándum de designación CITE: URRHH 159/2014, de acuerdo al Convenio con CRIADA I Departamental, como primer año de residencia médica con estipendio, habiendo sido designada en la especialidad de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Gíneco Obstétrico dependiente del SEDES Chuquisaca; posteriormente, mediante Memorándum MS/ASSO/389/2017 de 27 de abril, fue designada en el Hospital San Juan de Dios del municipio de Camargo, a objeto de que cumpla servicio social obligatorio en calidad de médico especialista en Ginecología y Obstetricia durante el año calendario, desde el 2 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018; consiguientemente, por Memorándum CITE: U.RRHH 181/2018, fue designada con el referido cargo, en el hospital San Juan de Dios de Camargo, con el ITEM 10027; y, por Memorándum CITE: URRHH 919/2021, el Director Técnico del SEDES Chuquisaca agradeció sus servicios; ii) Referencias que evidencian la condición laboral de la solicitante de tutela en la entidad pública de salud; como servidora pública provisoria, al no haber accedido a la fuente laboral mediante procedimientos establecidos en los arts. 18.I incs. a) y b) de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP), DS 26115 de 16 de marzo de 2001; y, 37 incs. a) y b), 38 inc. a) del Estatuto del Trabajador en Salud de Bolivia –DS 28909–; los cuales, establecen el procedimiento legal para el reclutamiento y selección de personal y consecuente ingreso a la función pública, procedimiento que debe efectuarse en base al mérito, capacidad, aptitud, antecedentes laborales y atributos personales; habiéndosele agradecido sus funciones, como a todo funcionario público provisorio, sin mayor formalidad y sin la necesidad de realizar explicación alguna; iii) No puede aludirse que se vulneró el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad jurídica y al debido proceso; y, iv) La Resolución Administrativa Gubernamental CH/114 de 26 de abril de 2022, se encuentra conforme a lo dispuesto por el art. 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) –Ley 2341 de 23 de abril de 2002–, con relación a las formas de resolución de los recursos administrativos.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Winsor Mendoza Moya, Ginecólogo Obstetra, no asistió a la presente audiencia de consideración de la acción de defensa, ni presentó escrito alguno, pese a haber sido notificado conforme a la diligencia, cursante a fs. 275.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 0161/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 300 a 303, denegó la tutela impetrada, en razón de no encontrar la relevancia constitucional, bajo los siguientes fundamentos: a) La accionante, no accedió a través de los mecanismos establecidos para la estabilidad laboral, los cuáles exigen que se siga un proceso o se explique las causales de desvinculación; y, b) La situación sería distinta, si la impetrante de tutela se encontrase protegida por alguno de los supuestos de las causales de inamovilidad, o bien aún siendo personal provisorio, contaría con una protección reforzada; si bien adjuntó un certificado médico que explica el tipo de enfermedad y diagnóstico que no está familiarizado en el sistema de salud boliviano, no existen elementos suficientes, de que la misma fuese de gravedad para dar lugar a la protección reforzada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Memorándum CITE: U.RRHH 181/2018 de 1 de junio, emitido por Limber G. Soruco Loayza, Director Técnico de SEDES Chuquisaca, designó a Nohely Alejandra García Trujillo –hoy solicitante de tutela–, como Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Juan de Dios de Camargo, dependiente de la citada entidad pública de salud, con el ITEM 10027, tiempo completo (fs. 7). II.2. Por nota de 31 de octubre de 2018, los médicos Eugenia Gonzáles Toledo Médica y Alfredo Thomson Neurólogo, ambos del Instituto de Neurociencias Médicas Fundación Favaloro; refieren haber realizado seguimiento a la ahora impetrante de tutela, por “Distonía tarea específica” (sic [fs. 6]). II.3. Consta Certificado Médico de 14 de diciembre de 2021, emitido por Ángel Alberto Solís Soto, Médico Neurólogo, con Matrícula Profesional S-1449 Ch-1804; quien diagnosticó que la accionante sufre de Calambre del escribiente refractario (Distonía de la escritura [fs. 3]). II.4. Cursa Memorándum CITE: URRHH 919/2021 de 25 de noviembre, emitido por Director Técnico y el Jefe de Recursos de Humanos (RR.HH.), ambos del SEDES Chuquisaca; por el cual, agradecen sus servicios como Médico Especialista en Ginecología Obstetricia del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Camargo; recepcionado por la solicitante de tutela, el 2 de diciembre de igual año (fs. 8). II.5. A través de memorial presentado el 16 de diciembre de 2021, Nohely Alejandra García Trujillo –ahora impetrante de tutela–, formuló recurso de revocatoria, impugnando el Memorándum CITE: U.RRHH 181/2018, y argumentando que su designación fue definitiva, considerándose funcionaria de planta, que los anteriores Directores Técnicos y Jefes de RR.HH., conocían sobre su estado de salud; y, a mediados del 2017 también puso en conocimiento de sus inmediatos superiores del Hospital San Juan de Dios de Camargo, que al no existir una causa justa como consecuencia de un proceso administrativo interno, no podría ser despedida; motivos por los que, solicitó se revoque la decisión asumida y se disponga su reincorporación al puesto que ocupaba antes de la emisión del precitado Memorándum (fs. 32 a 35 vta.). II.6. El Director Técnico del SEDES Chuquisaca, mediante Resolución Administrativa (RA) DIR.SEDES-CH. 004/2022 de 10 de enero, pronunciada en resolución del recurso de revocatoria formulado por la ahora accionante, confirmó en su integridad el Memorándum de agradecimiento de servicios, por tratarse de una determinación enmarcada en la normativa legal vigente; ya que, la recurrente no tenía condición de funcionaria de carrera, de acuerdo al Estatuto del Trabajador en Salud de Bolivia y de la carrera funcionaria (fs. 14 a 18). II.7. Por memorial presentado el 25 de enero de 2022, la solicitante de tutela formuló recurso de jerárquico, impugnando la RA DIR.SEDES-CH. 004/2022, arguyendo que los puntos denunciados como lesionados, no fueron resueltos; habiéndose, realizado simplemente transcripciones de innumerables normas, sin hacer una relación entre los hechos y la norma. No se explicó ni fundamentó porque no es considerada funcionaria de carrera; toda vez que, existen otras vías legales para acceder a ser funcionaria de carrera; tampoco, se pronunció respecto a la enfermedad grave que viene atravesando, constituyéndose en una persona con discapacidad, por ende inamovible de su puesto de trabajo; omisiones, que vulneran el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; por lo que, solicitó revocar la resolución impugnada; y consecuentemente, dejar sin efecto el Memorándum CITE: URRHH 919/2021, disponiendo su inmediata reincorporación a su mismo cargo (fs. 36 a 40). II.8. Mediante Resolución Administrativa Gubernamental CH/114 de 26 de abril, Damián Condori Herrera, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca –hoy autoridad demandada–, confirmó la RA DIR.SEDES-CH. 004/2022; y en consecuencia, el Memorándum de agradecimiento de servicios de 25 de noviembre de 2021 (fs. 9 a 12 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia, derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada, al resolver el recurso de jerárquico, se avocó a realizar citas de Leyes y Decretos Supremos, omitiendo pronunciarse sobre los argumentos centrales presentados por la recurrente en el recurso de revocatoria; específicamente, no abordó la vulneración de los arts. 38 inc. b) del Reglamento Interno de Personal (Aprobado mediante Resolución del Consejo Técnico de SEDES Chuquisaca); y, 9 del DS 25233 (Organización, Atribuciones y Funcionamiento de los Servicios Departamentales de Salud), referidos a las atribuciones del Director Técnico de SEDES Chuquisaca; los cuales, establecen el requisito de una evaluación previa y un informe técnico para la destitución de funcionarios de salud. Además, la autoridad desconoció el derecho a la estabilidad laboral de la recurrente, quien contaba con un nombramiento indefinido, y no tomó en cuenta su estado de salud y el principio de protección al trabajador. En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el marco de la temática, la SCP 1002/2023-S4 de 5 de diciembre; puntualizó que: “Con relación a estos elementos integrantes del debido proceso, la SCP 0280/2019-S2 de 24 de mayo señala que, el derecho a una resolución fundamentada y motivada, fue desarrollado en reiteradas oportunidades por la jurisprudencia constitucional; así uno de sus antecedentes se sienta en el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclaró que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso: “…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, se precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, se da: 1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 2) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue complementada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero que entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que la jurisprudencia (…) debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado;

consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.”

III.2. Los funcionarios públicos provisorios

La SC 1133/2010-R de 27 de agosto, efectuando una diferenciación entre las clases de servidores públicos estableció que: “El art. 4 del EFP define al Servidor Público como: ʽServidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración’, es decir, que toda persona individual que preste servicios en relación de dependencia en una entidad sometida al ámbito de competencia del Estatuto del Funcionario Público, indistintamente de su jerarquía o calidad será considerada servidor o funcionario público.

Respecto de la condición de funcionarios provisorios el art. 71 de la misma norma, señala: ‘Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7° de la presente Ley. El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional’, en ese sentido, la diferencia entre servidores públicos de carrera y provisorios, radica en que los servidores de carrera además de los derechos establecidos en el art. 7 parágrafo I, tienen derecho a la carrera administrativa y estabilidad laboral, inspirada en los principios de reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad, entre otras a impugnar, en la forma prevista en el Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos, las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios.

Los arts. 12, 13 y 14 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 2027, de 27 de octubre de 1999 del Estatuto del Funcionario Público, también prevé las clases de servidores públicos, su distinción entre servidores públicos de carrera y provisorios, así como los derechos que tiene cada uno por su condición de carrera o provisorio”.

Por su parte, la SCP 1435/2012 de 24 de septiembre, refiriéndose específicamente a la diferencia existente entre los funcionarios provisorios y los de carrera administrativa, estableció el siguiente entendimiento: “…la diferencia entre ambos radica en las previsiones por los arts. 7.II y 71 de la indicada norma legal, que rige el sistema de administración de personal en las entidades públicas. En síntesis, el servidor público de carrera, es aquel que independientemente de gozar de los mismos derechos que los demás previstos en el art. 7 del EFP, tiene derecho a la inamovilidad laboral y en su caso a impugnar toda determinación relacionada con su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios; de otra parte, el art. 57 del DS 26115 de 16 de marzo de 2001, dispone quienes son los funcionarios reconocidos en la carrera administrativa, estableciendo para ello requisitos como el cumplimiento de determinada cantidad de años de servicio ininterrumpidos, registro en la Superintendencia del Servicio Civil y la renuncia voluntaria a su cargo.

Los servidores públicos provisorios gozan de los mismos derechos establecidos en el art. 7.I EFP; empero, no pueden impugnar las resoluciones que impliquen su remoción; es decir no gozan de la inamovilidad laboral. Otra diferencia consiste en que al servidor público de carrera se le deberá especificar la falta por la cual es destituido de su fuente laboral previo el inicio de un proceso administrativo interno, en cambio, a los servidores públicos provisorios, simplemente se les comunicará el cese de sus funciones sin invocar la comisión de ninguna falta por lo que tampoco se les iniciará proceso administrativo interno. La jurisprudencia constitucional, precisó que si para el retiro de un funcionario provisorio se invocare una causal, ello conlleva la realización de un proceso previo y en su caso el derecho a la impugnación de ese acto administrativo.

Cabe referir, que el art. 12 del Reglamento del EFP DS 25749 de 20 de abril de 2000, prevé las clases de servidores públicos, en funcionarios electos, designados, de libre nombramiento y de carrera.

De la jurisprudencia señalada, se infiere que un funcionario público provisorio al no haber sido incorporado a la carrera administrativa, para ser removido o destituido de su cargo, no necesita ser sometido a un previo proceso, al no haber ingresado con exámenes de competencia o concurso de méritos; a no ser que la causa de su desvinculación laboral sea atribuida al incumplimiento de las funciones que se le encomendó, en cuyo caso si es necesario un proceso administrativo previo. En ese mismo orden normativo, el art. 18 del DS 26115, establece que el reclutamiento de personal, procura atraer candidatos idóneos a la Administración Pública. Se fundamenta en los principios de mérito, competencia y transparencia, garantizando la igualdad de condiciones de selección. Se realizará mediante convocatorias internas y externas.

La selección proveerá a la entidad pública, el personal idóneo y capaz de contribuir eficientemente al logro de los objetivos institucionales, y en cuanto a sus modalidades estableció que puede ser por invitación directa o por convocatoria pública, ya sea interna o externa.

Por su parte, el Estatuto del Trabajador en Salud de Bolivia (DS 28909) en su art. 37 en cuanto al reclutamiento de personal dispuso lo siguiente: “Todo reclutamiento se llevará a cabo a través de convocatorias públicas. Convocatoria Pública: puede ser interna o externa, inicialmente, se deben realizar convocatorias internas en la propia institución. En caso de no existir candidatos dentro de la institución que reúnan los requerimientos exigidos para el puesto, se deberá proceder a la convocatoria externa. La convocatoria será efectuada por la autoridad ejecutiva de la organización que requiera el personal”.

III.3. Los servidores públicos provisorios no cuentan con estabilidad laboral y pueden ser retirados sin que medie excusa

La SCP 1001/2015-S2 de 14 de octubre, sobre la temática precisó: “…si bien la accionante fue contratada temporalmente y su designación respondía a una necesidad institucional en tanto sea convocado dicho puesto a concurso de méritos o examen de competencia; es decir, a una apropiada forma de reclutamiento y selección, adecuándose al procedimiento establecido en el Estatuto del Funcionario Público, para acceder a la carrera administrativa, y a lo dispuesto igualmente en el Estatuto del médico empleado y la carrera funcionaria, así como al Reglamento del SEDES, dicha condicionante no guarda relación en absoluto al motivo que dio paso a su destitución, pues no puede considerarse como una falta o vulneración de los derechos invocados, el hecho de que no se haya cumplido con esa condicionante, como alega la parte accionante, habida cuenta que era de su conocimiento la temporalidad de su contratación y los motivos de su retiro no se debieron a la convocatoria a concurso de méritos o examen de competencia, como se pretende hacer ver.

La relación precisada, nos lleva a determinar que, dada su condición de servidora pública provisoria, las denuncias que trae a colación vía acción de amparo constitucional, como el retiro intempestivo o la ausencia de explicación sobre el mismo, no se encuentran amparadas por normativa alguna; por consiguiente, los demandados al emitir el memorándum (…) no representa elemento que pueda vulnerar los derechos de la accionante, pues a diferencia de lo que ocurre con los servidores públicos de carrera, los provisorios no cuentan con estabilidad laboral y pueden ser retirados sin que medie excusa, o se invoque la comisión de alguna falta, extremo que no resulta viable, debido a la relación jurídica que mantienen con la entidad.

De lo anterior se concluye que la ahora accionante al tener la condición de funcionaria provisoria, de acuerdo al art. 71 del EFP, no goza de los derechos de los funcionarios de carrera, consiguientemente, el referido Memorándum 022/2014, no representa una medida ilegal o arbitraria, de comisión u omisión, que haya vulnerado los derechos de la impetrante de tutela” (las negrillas son añadidas).

Razonamiento constitucional que rige para los servidores públicos para luego arribar a la conclusión de que los funcionarios provisorios no cuentan con estabilidad laboral y pueden ser retirados sin que medie excusa; dado que, no ejercen los mismos derechos que un funcionario de carrera, –entre ellos, el de estabilidad laboral– pudiendo por tal motivo, ser retirado sin que medie excusa, se invoque la comisión de alguna falta o se le otorgue explicación sobre causal de despido o remoción.

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente fundamentación y congruencia, al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada, al resolver el recurso de jerárquico, se avocó a realizar citas de Leyes y Decretos Supremos, omitiendo pronunciarse sobre los argumentos centrales presentados por la recurrente en el recurso de revocatoria; específicamente, no abordó la vulneración de los arts 38 inc. b) del Reglamento Interno de Personal (Aprobado mediante Resolución del Consejo Técnico de SEDES Chuquisaca); y, 9 del DS 25233 (Organización, Atribuciones y Funcionamiento de los Servicios Departamentales de Salud), referida a las atribuciones del Director Técnico del SEDES Chuquisaca, los cuales establecen el requisito de una evaluación previa y un informe técnico para la destitución de funcionarios de salud. Además, la autoridad desconoció el derecho a la estabilidad laboral de la recurrente, quien contaba con un nombramiento indefinido, y no tomó en cuenta su estado de salud y el principio de protección al trabajador. La clasificación de la trabajadora como funcionaria provisoria, sin cumplir los requisitos establecidos en el DS 26115, resulta arbitraria y carente de fundamento legal. En consecuencia, el despido se llevó a cabo de manera discrecional, arbitraria y unilateral, vulnerando los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral y a un debido proceso.

Previo a ingresar al análisis de fondo de lo demandado, resulta necesario delimitar la problemática que será desarrollada a continuación. En ese orden, se deja expresa constancia que el mismo, se referirá en exclusiva a la Resolución Administrativa Gubernamental CH/114, emitida por el Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca –ahora autoridad demandada–, por ser la autoridad jerárquica que con su actuación cerró la vía administrativa mediante la consideración y resolución del recurso jerárquico planteado por Nohely Alejandra García Trujillo –hoy impetrante de tutela–, impugnando la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria DIR.SEDES-CH. 004/2022; por la que, el Director Técnico del SEDES Chuquisaca, confirmó el Memorándum CITE: URHH 919/2021, de agradecimiento de servicios.

Una vez identificada la problemática, corresponde a continuación, analizar los antecedentes adjuntos al expediente, de donde se evidencia que la accionante, fue designada inicialmente en el Hospital Gineco Obstétrico; y posteriormente, trasladada al Hospital San Juan de Dios de Camargo, mediante Memorándum CITE: U.RRHH 181/2018, con el ITEM 10027 a tiempo completo y de manera indefinida, en la especialidad de médica en ginecología y obstetricia; y despedida injustamente de su puesto de trabajo en el referido Hospital, sin ninguna razón justificable, según consta en el Memorándum CITE: URRHH 919/2021.

Ante dicha determinación, interpuso recurso de revocatoria, que confirmó el citado Memorándum a través de la RA DIR.SEDES-CH. 004/2022; contra la que, interpuso recurso jerárquico, resuelto por la autoridad demandada; la cual, emitió la Resolución Administrativa Gubernamental CH/114, confirmando la resolución de revocatoria, bajo el argumento que la impetrante de tutela era una funcionaria provisional; y por lo tanto, no goza de sustento legal; y, lesiona los arts. 38 inc. b) del Reglamento Interno de Personal (Aprobado mediante Resolución del Consejo Técnico de SEDES Chuquisaca); y, 9 del DS 25233 (Organización, Atribuciones y Funcionamiento de los Servicios Departamentales de Salud) referida a las atribuciones del Director Técnico del SEDES Chuquisaca, que exigen una evaluación previa antes de despedir a los empleados administrativos de carrera.

En ese orden, examinado el memorial de recurso jerárquico interpuesto contra la RA DIR.SEDES-CH. 004/2022, se establecen como motivos del mismo, los siguientes:

1) No se explicó ningún fundamentó del por qué no fue considerada como funcionaria de carrera; simplemente se concluyó que, por el hecho de no haber ingresado a prestar sus servicios a la institución, a través de convocatoria, concurso de méritos o examen de competencia, no sería considerada con tal; sin embargo, en ningún lugar del fallo recurrido se menciona, tal como ella sostuvo en su recurso, que existen otras formas legales de adquirir dicha condición, conforme a la normas señaladas en su recurso de revocatoria; y, 2) No se pronunció respecto a la enfermedad grave que viene atravesando, constituyéndose en una persona con discapacidad; por ende, inamovible de su puesto de trabajo, vulnerando el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; debido a que, se le condenó a la sanción más grave de destitución, sin indicar qué norma infringió.

Resolviendo el recurso jerárquico interpuesto por la accionante, la autoridad demandada emitió la Resolución Administrativa Gubernamental CH/114 de 26 de abril de 2022, notificada a la precitada el 28 de igual mes y año, bajo los siguientes fundamentos:

i) Respecto a no haberse considerado que la recurrente era funcionaria de carrera; se sostuvo que, no gozaba de estabilidad laboral y/o inamovilidad laboral al ser una funcionaria de libre remoción; toda vez que, la misma ingresó a trabajar al SEDES Chuquisaca, el 3 de marzo de 2014, así se estableció en el Memorándum de designación CITE: URRHH 159/2014, del que se desprende que la Dirección Técnica de la citada entidad pública de salud, a través de la Unidad de RR.HH., comunicó a la precitada, que de acuerdo al Convenio con CRIADA I Departamental de primer año de residencia médica con estipendio, fue designada en la especialidad de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Gineco Obstétrico dependiente del SEDES Chuquisaca. Asimismo, mediante Memorándum MS/ASSO/389/2017, se la designó para cumplir sus funciones en el Hospital San Juan de Dios del municipio de Camargo, a tiempo de cumplir el servicio social obligatorio en calidad de médico especialista en Ginecología y Obstetricia, durante el año calendario establecido por el Ministerio de Salud y Deportes desde el 2 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018.

De otro lado; se advierte que, mediante Memorándum CITE: U.RRHH 181/2018, fue designada en el cargo de médico especialista de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Juan de Dios de Camargo, dependiente del SEDES Chuquisaca, con el ÍTEM 10027. El 25 de noviembre de 2021, el Director Técnico de la referida entidad pública de salud, a través de Memorándum CITE: URRHH 919/2021, agradeció sus servicios prestados como médico especialista en Gíneco Obstetricia, del señalado Hospital.

De lo mencionado, se evidencia que, su condición laboral en el SEDES Chuquisaca, es como servidora pública provisoria; puesto que, de la revisión y lectura de todos los antecedentes, la misma no accedió a su fuente laboral mediante los procedimientos establecidos en los arts. 18.I inc. a) y b) de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP) DS 26115; y, 37 incs. a) y b) y 38 inc. a), ambos del Estatuto del Trabajador en Salud de Bolivia (DS 28909); los cuales, establecen el procedimiento legal para el reclutamiento y selección de personal y consecuente ingreso a la función pública, procedimiento que debe efectuarse en base al mérito, capacidad, aptitud, antecedentes laborales y atributos personales establecidos en las Normas Básicas indicadas.

Independientemente de su fuente de remuneración, la impetrante de tutela, tiene condición de funcionaria pública provisoria; por tal motivo, el cese de sus funciones; así como, de todos los funcionarios públicos provisorios es simplemente de comunicación; es decir, sin mayor formalidad más que la decisión de la MAE y tampoco es necesario enunciar explicación alguna, aspecto que se cumplió al cursar el Memorándum de agradecimiento a la ahora recurrente, el 25 de noviembre de 2021.

Por lo señalado, no puede aludirse vulneración del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad jurídica ni al debido proceso; debido a que, como se mencionó precedentemente, para su destitución como servidora pública provisoria únicamente es necesario la comunicación sobre el cese de sus funciones; en ese sentido, se advierte que la RA DIR.SEDES-CH. 004/2022 emitida por el Director Técnico del SEDES Chuquisaca, se encuentra conforme a lo dispuesto por el art. 61 de la LPA.

Entonces, al no haber ingresado ni incorporado la recurrente a la carrera administrativa, tal cual establecen los arts. 37 inc. a) y b), y 38 inc. a), ambos del Estatuto del Trabajador en Salud de Bolivia, le resta legitimidad; y por lo mismo, su recurso de revocatoria fue desestimado; ii) Con relación a la lesión de su derechos a la salud, de la revisión de las documentales cursantes en obrados; se advierte que, no existe documentación alguna que acredite que su persona hubiera presentado alguna calificación de discapacidad que hubiera sido provocada por el padecimiento de la citada enfermedad a efectos de considerársele como persona que goza del derecho a la estabilidad laboral; es decir, a conservar su puesto de trabajo y estar protegida de despidos arbitrarios e injustos; por lo tanto, se concluye que la solicitante de tutela no cumplió con los requisitos exigidos para ser considerada como persona que gozaría de inamovilidad laboral, como ella aduce; y, iii) Finalmente, respecto a la falta de fundamentación y congruencia de la resolución; si bien la autoridad administrativa, no realizó una explicación ampulosa sobre la situación y circunstancias invocadas en el recurso revocatoria, no es menos cierto que dicha decisión fue asumida en base a la normativa legal vigente nombrada en dicha Resolución; en consecuencia, la transcripción de disposiciones legales, son aplicables al caso en concreto; toda vez que, las mismas estipulan procedimiento y las vías correspondientes a efectos de ingresar a la carrera administrativa dispuesta en la Constitución Política del Estado.

Ahora bien, dentro del marco señalado, corresponde recordar que conforme se ha expuesto en los Fundamentos Jurídicos precedentes, el debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo; así como, los presupuestos normativamente preestablecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones; asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del mismo como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir o impugnar, entre otros; entonces, cada autoridad al dictar una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma; pues, cuando el Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, toma una decisión de hecho no de derecho, vulnerando de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; asimismo, la tutela judicial efectiva tiene como contenido esencial, el libre acceso al proceso, los derechos de defensa, al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, a la ejecución de las Sentencias y resoluciones ejecutoriadas y el acceso a los recursos previstos por Ley.

Ahora bien, ingresando al contraste entre los agravios denunciados por la ahora accionante en su recurso jerárquico y los Fundamentos Jurídicos contenidos en el fallo ahora impugnado, es posible arribar a las siguientes conclusiones:

En cuanto al primer extremo denunciado, la autoridad demandada detalló la modalidad de contratación de los servicios de la ahora accionante:

a) Memorándum de designación CITE: URRHH 159/2014 de 3 de marzo, en la especialidad de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Gineco Obstétrico dependiente del SEDES Chuquisaca (Convenio con CRIADA I Departamental de primer año de residencia médica con estipendio); b) Memorándum MS/ASSO/389/2017 de 27 de abril, para desempeñar en el Hospital San Juan de Dios de Camargo en la especialidad de Ginecología y Obstetricia para cumplir el servicio social obligatorio en calidad de médico especialista en ginecología y obstetricia durante el año calendario establecido por el Ministerio de Salud y Deportes desde el 2 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018;

c) Memorándum CITE: U.RRHH 181/2018, designándola como médico en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Juan de Dios de Camargo dependiente del SEDES Chuquisaca, con el ÍTEM 10027; y, d) Memorándum CITE: URRHH 919/2021 de 25 de noviembre, de agradecimiento de servicios.

Concluyendo con ello que, su condición era de servidora pública provisoria, porque la misma nunca accedió a su fuente laboral mediante procedimientos establecidos en los arts. 18.I incs. a) y b) del DS 26115; y, 37 incs. a) y b), y 38 inc. a) ambos del Estatuto del Trabajador en Salud en Bolivia; motivo por el cual, es posible desvincularla sin enunciar explicación alguna. De lo manifestado, se evidencia que la autoridad demandada, explicó de manera adecuada y correcta, que la forma en la que, los funcionarios o servidores públicos ingresan a la carrera administrativa, es por concurso de méritos y examen de competencia, tal como se tiene determinado en el art. 37 del Estatuto del Trabajador en Salud en Bolivia; el cual, establece que el reclutamiento de personal se llevará a cabo a través de convocatorias públicas, que pueden ser internas o externas, normas concordantes con la contenidas en el referido Estatuto, en cuyo art. 23 establece de igual modo, que los procesos de reclutamiento de personal en las entidades públicas comprendidas en el alcance de dicho Estatuto, estarán fundados en los principios de mérito, competencia y transparencia, a través de procedimientos que garanticen la igualdad de condiciones de selección. Procesos que conforme establece su parágrafo II deberán ser realizados mediante convocatorias internas y externas. Pues la selección de los funcionarios de carrera y consiguiente ingreso a la función pública, conforme complementa el art. 24 de la misma norma, se realizará sobre la base de su capacidad, idoneidad, aptitud y antecedentes laborales y personales, previo cumplimiento de los procesos de reclutamiento establecidos en el mismo cuerpo normativo y disposiciones reglamentarias aplicables.

Normas glosadas, de donde se concluye que, la única forma de incorporación y permanencia a la carrera es mediante convocatoria pública, y todos estos forman parte de la administración conforme a sus propias disposiciones. En ese orden, la emisión de varios y distintos Memorándums en favor de la impetrante de tutela, con sus propias características, no pueden constituir de modo alguno, el ingreso a la carrera, por las razones anotadas, lo que consolida a la accionante en su calidad de funcionaria provisoria, y aunque hasta cierto modo, goza de los mismos derechos establecidos en el art. 7.I del Estatuto del Funcionario Público (EFP) – Ley 2027 de 27 de octubre de 1999–; sin embargo, no puede oponerse a su desvinculación; dado que, a diferencia de los funcionarios de carrera, no goza de inamovilidad laboral. Por lo mismo, no resulta evidente, tal como señaló la solicitante de tutela que existan otros modos de ingreso a la carrera judicial; y por lo mismo, su destitución solo debe ser comunicada, como ocurrió en el caso analizado, porque la precitada nunca fue incorporada a la carrera administrativa, y no necesita ser sometida a un previo proceso; pues, su retiro no se encuentra vedado por normativa alguna, a no ser que medie una causal que deba ser demostrada; lo que no ocurrió en el caso analizado; puesto que, de la lectura de los argumentos del Memorándum CITE: URRHH 919/2021, la Dirección Técnica y la Unidad de RR.HH. del SEDES Chuquisaca, tomó la determinación de agradecer los servicios prestados como médico especialista en ginecología obstetricia del Hospital San Juan de Dios del municipio de Camargo; disponiendo que en función a ello, haga entrega en el día de todos los activos y documentación a su cargo, y de igual forma presente en el lapso de treinta días, su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, por cesación del cargo; es decir, sin que medie motivo alguno para haber asumido dicha determinación. Por las razones anotadas, se evidencia que la autoridad demandada, realizó un correcto análisis de la normativa y jurisprudencia vigente, arribando a la conclusión correcta y ajustada a derecho, habiendo explicado tales extremos, de manera suficiente, dado que tal como entendió y fue demostrado precedentemente, la mencionada, no goza de los derechos de los funcionarios de carrera.

Sobre el segundo agravio expuesto sobre inamovilidad por enfermedad, se evidencia que la solicitante de tutela, en efecto y tal como se le indicó en la Resolución impugnada, no se acreditó que la enfermedad que padece la misma, le provocó alguna discapacidad, al no haberse adjuntado el certificado al efecto, ningún documento que acredite tal discapacidad; por lo que, no se incurrió en falta o errónea fundamentación.

Finalmente, sobre lo reclamado en la presente acción de defensa, en sentido que la autoridad demandada no abordó la vulneración de los artículos 38 inc. b) del Reglamento Interno de Personal (Aprobado mediante Resolución del Consejo Técnico de SEDES Chuquisaca); y, 9 del DS 25233 (Organización, Atribuciones y Funcionamiento de los Servicios Departamentales de Salud), referida a las atribuciones del Director Técnico del SEDES Chuquisaca, los cuales establecen el requisito de una evaluación previa y un informe técnico para la destitución de funcionarios de salud; corresponde señalar a la accionante que no es un hecho reclamado expresamente a tiempo de la interposición del recurso jerárquico; por lo tanto, considerando que las acciones de amparo constitucional se rigen; entre otros, por el principio de subsidiariedad, correspondía a la parte impetrante de tutela reclamar dicho extremo, previamente ante la instancia administrativa, al no haberlo hecho, impide que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda resolver dicho agravio.

En consecuencia, en el marco del análisis realizado de forma precedente; se advierte que, la Resolución Administrativa Gubernamental CH/114, cumplió con las exigencias y requerimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional mencionada en el Fundamento Jurídico III.1; contando por lo tanto, de la debida fundamentación y congruencia requerida en todo fallo que ingrese al análisis del fondo de la cuestión principal; por cuanto se evidenció que la misma, en lo que respecta a sus propias alegaciones, atendió los agravios identificados en el recurso de jerárquico, cuestionamientos que también fueron expresados por la parte impetrante de tutela en la presente acción tutelar, emitiendo un criterio argumentativo puntual y fundado sobre ellos; evidenciándose argumentos y conclusiones, que denotan el cumplimiento de las exigencias requeridas, a fin de que la Resolución cuestionada contenga una clara exposición de los motivos y las razones específicas que sustenten su determinación; correspondiendo denegar la tutela impetrada con relación al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0161/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 300 a 303, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada por Nohely Alejandra García Trujillo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0633_2024-S4.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1b7dc9ba4a8153631b061452d7ed46f95dbb87369e7c85486619a8564e60a7a5

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