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SCP 0632/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53756-2023-108-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado al derecho a la libertad, en sus elementos de debida motivación y fundamentación, puesto que, el Vocal demandado declaró improcedente el recurso de apelación incidental y confirmó el rechazo de la solicitud de cesación de detención preventiva, sin tomar en cuenta que la declaración de los testigos en la audiencia de juicio oral, desvirtúa el único peligro de obstaculización activo para mantener su detención. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0632/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53756-2023-108-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 10/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Moisés Ponce de León Birbuet en representación sin mandato de Iván Willy Cuentas Llanque contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda y Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de febrero de 2023, cursante de fs. 1 y 10 a 15, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el caso ORU 1603505, seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de peculado y otros, en audiencia y mediante Resolución 774/2018 de 22 de octubre, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro, se dispuso su detención preventiva ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1 y 2; y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Posteriormente, solicitó la cesación de la detención preventiva, realizándose la audiencia el 17 de enero de 2023, en la que se pronunció la Resolución 030/2023 de la misma fecha, la cual, con deficiente fundamentación, denegó lo solicitado, señalando que no se presentaron nuevos elementos, sin considerar que, mediante las declaraciones testificales producidas en el juicio oral, se desvirtuó la existencia del único riesgo procesal que permanecía subsistente, previsto en el art. 235.1 del CPP, puesto que las personas que participaron en el caso en el que se secuestró el dinero que motiva el proceso, señalaron que dicho dinero se encontraba precintado y que no se siguió la cadena de custodia.

Interpuesto el recurso de apelación, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, confirmó la Resolución impugnada, sin considerar los argumentos expuestos, vulnerando el deber de motivación y fundamentación, así como la prohibición de sustentar la detención preventiva en meras suposiciones.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, vinculado a la libertad y a los elementos de motivación, fundamentación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga la nulidad de la Resolución 30/2023 del Juzgado Cuarto de Sentencia y del Auto de Vista 31/2023 de la Sala Penal Segunda, disponiéndose la emisión de una nueva resolución debidamente fundamentada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 14 de febrero de 2023, según consta en acta, cursante a fs. 26 a 28, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante ratificó su demanda.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no asistió a la audiencia ni presentó informe, constando su legal notificación a fs. 21.

Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia, manifestó lo siguiente: a) El 17 de enero de 2023, fue considerada la solicitud de cesación de la detención preventiva dispuesta en la etapa cautelar y habiéndose realizado otras audiencias con el mismo fin, quedó subsistente solamente el riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del CPP; y, b) Se rechazó la cesación de la detención preventiva debido a que no se presentaron mayores elementos que puedan desvirtuar dicho riesgo procesal, porque en la etapa cautelar, se advirtió que Iván Willy Cuentas Llanque, conocía el paradero del dinero que presuntamente hubiera sido sustraído o alterado, conforme se establece en la Resolución 774/2018 de 22 de octubre, suscrita por Iván Quezada Hinojosa; es decir, si bien se hizo referencia a las declaraciones de tres testigos que habrían sido presentados en audiencia de juicio oral, sin embargo el despacho judicial no advirtió que se hubiera desvirtuado ese riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del CPP, motivo por la cual se rechazó la cesación solicitada, decisión que fue apelada y confirmada por la Sala Penal Segunda mediante Auto de Vista 31/2023 de 25 de enero.

I.2.3. Resolución

Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 10/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 29 a 32, denegó la tutela solicitada, exponiendo los siguientes fundamentos: 1) Examinado el Auto de Vista 31/2023, en la parte identificada como Fundamentos de la Resolución, se advierte que la autoridad inferior señaló que al presente, no se conoce el paradero de aquellos dineros que habrían sido cambiados o adulterados por el imputado en la causa penal, puesto que era el custodio de los mismos y en consecuencia, concluyó que el imputado podía ocultar, modificar o suprimir dichos elementos de prueba; 2) La autoridad de alzada entendió que esos eran los razonamientos que debieron ser cuestionados con nuevos elementos de juicio, sin embargo, en apelación lo único que se dijo es que, en el caso no había cadena de custodia o que el paquete no habría sido alterado; pero esas razones no se encontraban como argumentos a tiempo de establecerse los riesgos procesales, de manera que, al no haberse tratado el caso en dicho sentido y siguiendo una línea de conducta en casos similares, las alegaciones expuestas en apelación no son posibles de tutelar; 3) Agregó que, al encontrarse el proceso en pleno desarrollo del juicio oral, como el testimonio del policial Jaime Buendía, no era posible anticipar juicios de valor o pedir a la Jueza de la causa, adelantar juicio de respecto a esos testigos antes de dictarse sentencia; y, 4) La autoridad demandada dio cabal respuesta a la problemática que fue de su conocimiento, señalando que así hayan declarado testigos de descargo en el juicio, el pretender valorar así sea en materia cautelar.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de peculado, mediante Auto Interlocutorio 030/2023 de 17 de enero, con relación al único riesgo procesal subsistente previsto en el art. 235.1 del CPP, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Oruro, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva (fs. 2 a 7). II.2. Por Auto de Vista 31/2023 de 25 de enero, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora solicitante de tutela y confirmó la Resolución 30/2023 de 17 de enero (fs. 8 a 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado al derecho a la libertad, en sus elementos de debida motivación y fundamentación, puesto que, el Vocal demandado declaró improcedente el recurso de apelación incidental y confirmó el rechazo de la solicitud de cesación de detención preventiva, sin tomar en cuenta que la declaración de los testigos en la audiencia de juicio oral, desvirtúa el único peligro de obstaculización activo para mantener su detención. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, reafirmando lo señalado por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea en cuanto a la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, estableció lo siguiente: «El Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP» [el resaltado es añadido].

III.2. Análisis del caso concreto

Con carácter previo a delimitar la problemática planteada por la parte accionante, corresponde dejar expresa constancia de que el análisis que efectuará este Tribunal Constitucional Plurinacional se referirá al Auto de Vista 31/2023 de 25 de enero, pronunciado por el Vocal demandado, debido a que es el pronunciamiento de la autoridad de alzada que, al conocer la apelación incidental, revisó los fundamentos expuestos por la Jueza del proceso y tenía competencia para subsanarlos o corregirlos.

Establecido lo anterior, en la presente acción de defensa se denunció que el Vocal demandado no se pronunció respecto a los argumentos planteados por el ahora solicitante de tutela al interponer el recurso de apelación impugnando el Auto Interlocutorio 030/2023 de 17 de enero, mediante el cual la Jueza de la causa denegó la solicitud de cesación de la detención preventiva. Así, el Auto de Vista 31/2023 de 25 de enero, al pronunciarse sobre el agravio referido a que en el Auto impugnado no se habría efectuado una correcta valoración, que existirían simples presunciones y que no fueron considerados nuevos elementos de juicio, como las declaraciones de los testigos de descargo producidas en la audiencia de juicio oral, señaló lo siguiente: i) En observancia del art. 398 del CPP, el Tribunal de apelación solamente abre su competencia para resolver los agravios planteados; en ese entendido, se debe emitir pronunciamiento respecto de los alcances del art. 235.1 de la norma procesal penal; sobre este aspecto, debe referirse a nuevos elementos de juicio y se aplica el principio de inversión de la carga probatoria, toda vez que el imputado tiene la obligación de acreditar sus afirmaciones; tomando en cuenta que cuando se adoptó ese riesgo procesal, la Jueza del proceso consideró el grado de participación que tendría el solicitante de tutela, quien era custodio del dinero que habría sido cambiado o adulterado, cuyo paradero se desconoce, razón por la cual podría ocultar, modificar o suprimir dichos elementos de prueba. ii) Dicho razonamiento debía ser desvirtuado mediante nuevos elementos de juicio, conforme al principio de inversión de la carga de la prueba; al respecto, en la audiencia de apelación, la parte apelante señaló que no había cadena de custodia o que no se hubiese alterado el paquete sobre los dineros o el precinto, esas razones no estaban como argumento cuando se adoptó el riesgo de obstaculización; a manera de ejemplo, indicó que no se hizo referencia a la cadena de custodia, ni a que el policía Jaime Buendía habría indicado que no se alteró el paquete, de modo que no existía esa vinculación.

iii) Independientemente de ello, sostuvo que, al encontrarse el proceso en audiencia de juicio oral y antes de dictarse sentencia, no era posible exigir la valoración de las declaraciones de los testigos de descargo, puesto que ello implicaría anticipar criterio sobre el fondo del litigio sobre la valoración previa de la prueba testifical.

iv) Respecto de los demás argumentos, indicó que el Tribunal de apelación en sus resoluciones, aplica lo que se llama el principio del juicio predecible por el que todos deben ser tratados de igual manera; de forma que cuando se señala, “en este caso ya han declarado los testigos y por lo tanto, ya no correspondería la aplicación del art. 235.1 del CPP”, razonó que los riesgos procesales persisten incluso hasta antes de la ejecutoria de la sentencia, conforme se señala en el art. 233 de la norma procesal penal.

Establecidos los fundamentos del Auto de Vista 31/2023 de 25 de enero, en contraste con la denunciada vulneración del debido proceso vinculado al derecho a la libertad, por indebida fundamentación y motivación, porque no fueron considerados sus argumentos al resolver la apelación incidental formulada contra el Auto Interlocutorio 030/2023 de 17 de enero, pronunciado por la Jueza del proceso y en el contexto de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se concluye lo siguiente: En el recurso de apelación incidental, cuyos fundamentos fueron glosados en el Auto de Vista 31/2023, se denunció que la Jueza del proceso, no realizó una correcta valoración, que sustentó su decisión en meras presunciones y que no consideró nuevos elementos de juicio, como las declaraciones de los testigos de descargo producidas en la audiencia de juicio oral. En respuesta, la Resolución confutada en la presente acción de defensa el Vocal demandado, estableció que la valoración de las declaraciones testificales prestadas en el curso de la audiencia del juicio oral, no resultaba posible, por cuanto ello implicaría obligar a la Jueza de la causa a anticipar criterio antes de dictar sentencia; asimismo, señaló que los elementos de prueba que deben aportarse para desvirtuar los riesgos procesales, debían estar directamente vinculados con los motivos que determinaron la orden de detención, criterio sobre los que el accionante no desarrolló ningún argumento señalando únicamente que, existe falta de fundamentación y motivación por no haberse considerado sus alegatos.

En consecuencia, se concluye que el Auto de Vista 31/2023 de 25 de enero, cumple con la motivación de los fallos judiciales, las cuales se encuentran vinculadas al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, puesto que permite conocer las razones en que se funda y se encuentra fundada en derecho, exponiendo igualmente, las razones que sustentaron la convicción del Vocal demandado; por consiguiente, corresponde denegar la tutela constitucional solicitada.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0632_2026-S3.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): ad30dbb61f449a59f59b5d6646688e127daeb42e066ebd33692ec2086c37b3de

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