Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de abril de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos motivación de las resoluciones judiciales, igualdad procesal, congruencia, valoración integral de la prueba, y de los principios objetividad, legalidad, probidad, verdad material y celeridad; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, el Fiscal de Materia asignado a la causa emitió Resolución Fiscal de Sobreseimiento; sin embargo, impugnada esta determinación, la Fiscal Departamental demandada: i) Emitió Resolución Jerárquica de manera extemporánea y considerando únicamente los argumentos de la impugnación al sobreseimiento, sin la debida motivación; y, ii) Omitió valorar prueba colectada durante la investigación, como son las dos querellas presentadas sobre el mismo hecho que fueron rechazadas, los depósitos que evidencian que se canceló a los querellantes, incluso más de lo que se les debía, y el dictamen de auditoría que prueba dichos pagos, entre otros; todo ello, lesionando el principio de verdad material. Ante ello, la autoridad demandada señaló que: 1) La Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/339-2023 se encuentra debidamente fundamentada y motivada, y, el hecho de que este criterio no sea compartido con los accionantes, no significa que exista una lesión de derechos; y, 2) Existe un análisis integral, valorativo, interpretativo e intelectivo de todos los elementos de convicción, en cumplimiento del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 47/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 179 a 187 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0632/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 55972-2023-112-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 47/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 179 a 187 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erick Ocampo Linares, Isabel del Carpio Borda de Ocampo y Sergio Ocampo del Carpio contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija.
Por memoriales presentados el 19 y 24 de mayo de 2023, cursantes de fs. 147 a 157; y, 162 a 163, los accionantes manifestaron lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, el Fiscal de Materia emitió Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 6 de marzo de 2023, bajo el argumento de que el hecho investigado no constituía delito, razón por la que tres de los querellantes, Javier Lorenzo Rojas Tejerina, Blanca Adela Tejerina Caballero y Willma Flores Portal, impugnaron esta decisión, pidiendo de forma extraña e incoherente una revocatoria parcial y, luego, una revocatoria total del sobreseimiento. Ante ello, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija -ahora demandada-, quien recibió la impugnación el 23 de marzo de 2023, emitió la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/339-2023 de 10 de abril, recién el 17 de mayo de 2023, es decir, luego de un mes y tres semanas, cuando el plazo de resolución es de cinco días, vulnerando el principio de celeridad.
Asimismo, emitió una resolución incoherente, donde solo tomó en cuenta los argumentos de impugnación, sobrepasando sus propias facultades como fiscal jerárquica al conminar al Fiscal de Materia, que ya emitió un criterio como director de la investigación, para que se desdiga y cometa prevaricato, debido a que supuestamente no valoró pruebas, cuando la valoración probatoria corresponde al juez y no al fiscal, quien solo investiga y establece la presunción de probabilidad de autoría. La Fiscal Departamental -ahora demandada- omitió arbitrariamente valorar prueba ofrecida de su parte y recabada por el Fiscal de Materia, lesionando el principio de verdad material que exige una correcta apreciación de los medios aportados en el proceso; así, no valoró: a) Las dos desestimaciones de querella emitidas por la Fiscalía Departamental de Tarija, que determinaron la inexistencia de delito en la relación fáctica de la denuncia, las cuales sí fueron valoradas en primera instancia al haber sido parte importante de la investigación; b) Los comprobantes de depósitos que evidencian que se canceló a los querellantes más de lo que se les debía, con lo cual, la autoridad demandada ha falseado la verdad al no reconocer los pagos realizados; y, c) El dictamen de auditoría, contrastado con los depósitos bancarios que demuestran que se ha cancelado mucho más de lo que supuestamente se adeudaba.
Denunciaron la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos motivación de las resoluciones judiciales, igualdad procesal, congruencia, valoración integral de la prueba, y de los principios objetividad, legalidad, probidad, verdad material y celeridad; citando al efecto los arts. 115, 117 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/339-2023, manteniendo firme la Resolución Fiscal de Sobreseimiento emitida por el Fiscal de Materia; sea con costas y costos.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 174 a 178 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.
Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija, por informe escrito cursante de fs. 171 a 173, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en base a lo siguiente: 1) La Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/339-2023 se encuentra debidamente fundamentada y motivada, y el hecho de que este criterio no sea compartido con los accionantes, no es motivo para considerar que exista carencia de motivación y fundamentación; 2) Sobre las peticiones de las partes que ameritan ser resueltas, la doctrina establece que la identidad de la resolución debe medirse entre el fallo y lo que se pide, y no entre lo resuelto y lo argumentado, pues la obligación del juez no comprende la respuesta a todas las argumentaciones de los justiciables, más aún cuando estas son impertinentes, vagas o redundantes; y, 3) Los impetrantes de tutela no identificaron el derecho y/o garantía que hubiese sido suprimido o restringido, su acción carece de carga argumentativa limitándose a señalar preceptos legales del Código Penal, Código de Procedimiento Penal y de la Constitución Política del Estado, así como citar jurisprudencia que no es vinculante al caso.
Roberto Carlos Ribera Fariñas, en su condición de coimputado en el proceso penal de origen, en audiencia a través de su abogado, solicitó se conceda la tutela impetrada, expresando que: i) La Resolución Fiscal de Sobreseimiento menciona el “AS Nº 134/2012” referido a un caso de estafa agravada a ser ventilado en la esfera de un incumplimiento contractual y no en la vía penal, lo cual conjuntamente las desestimaciones de querella y la prueba arrimada por los ahora accionantes no fueron tomados en cuenta por la Fiscal Departamental demandada, quien se limitó a indicar que en su condición de imputados no habrían adjuntado documental sobre la conciliación previa realizada con Ronald Javier Fernández y Silvana Candia Flores -terceros interesados-, lo cual no sería evidente porque esta prueba consta en el cuaderno de investigación, habiendo sido presentada por los impetrantes de tutela; y, ii) Cotejadas la Resolución Fiscal de Sobreseimiento con la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/339-2023, se tiene que la Fiscal Departamental no tomó en cuenta todos los elementos de convicción que sirvieron para la emisión de la primera, a pesar de detallar todos los elementos colectados durante la investigación, que tendrían que haber ameritado un pronunciamiento. Jorge Alfredo Romero Torrejón, Javier Lorenzo Rojas Tejerina, Ronald Javier Fernández, Silvana Candia Flores, Willma Flores Portal y Blanca Adela Tejerina Caballero, como querellantes en el proceso penal seguido contra los accionantes, solicitaron en audiencia se deniegue la tutela impetrada, indicando que: a) No resulta evidente la omisión de valoración de las desestimaciones de la querella, mismas que ya fueron consideradas por el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio 30/2022 de 10 de junio, cuando rechazó in limine un incidente de cosa juzgada en base a dicha documental; por lo que al introducir elementos que ya fueron valorados, se pretende generar confusión; y, b) Con relación a la afirmación del tercero interesado de que no se tomó en cuenta el acuerdo conciliatorio -se entiende suscrito con Ronald Javier Fernández y Silvana Candia Flores- que no fue objetado, no implica que tenga que valorarse a efectos del tipo penal, pues un documento conciliatorio no puede conllevar un análisis de las acciones de la investigación por no tener esta característica, sino más bien un acuerdo por el cual se devuelve a algunas de las víctimas lo que se les adeuda.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 47/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 179 a 187 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) La jurisprudencia constitucional estableció que la fundamentación, motivación y valoración de la prueba de las resoluciones que ratifiquen o revoquen un sobreseimiento no pueden ser analizadas en sede constitucional, salvo que se trate de cuestiones de procedimiento y la decisión sea ininteligible, lo cual no ocurre con la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/339-2023, en cuyo punto “Análisis Jurídico y Valoración” se advierte la razón de la decisión; y, 2) Con relación a que la referida Resolución Jerárquica fue emitida un mes y tres semanas después, revisado el art. 324 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, el mismo establece el plazo de diez y no cinco días; consiguientemente, siendo que la impugnación fue contestada el 28 de marzo de 2023, ingresó la causa a despacho al día siguiente, momento en que empezó a correr el plazo, descontando feriados, este fenecía el 10 de abril de igual año, fecha en que fue emitida la Resolución confutada; es decir, dentro del plazo previsto en la ley.
El abogado de los accionantes, solicitó complementación señalando que no se pronunció sobre el primer componente referido a la falta de motivación y congruencia del fallo. En respuesta, la Sala Constitucional, mediante Auto Complementario 114/2023 de 26 de mayo, declaró no ha lugar la solicitud de complementación de los impetrantes de tutela, señalando que fueron claros en sus argumentos.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 192 a 194).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por Jorge Alfredo Romero Torrejón, Javier Lorenzo Rojas Tejerina, Ronald Javier Fernández, Silvana Candia Flores, Wilma Flores Portal y Blanca Adela Tejerina Caballero -ahora terceros interesados- contra Sergio Ocampo del Carpio, Erick Ocampo Linares e Isabel del Carpio Borda de Ocampo -ahora accionantes- y Roberto Carlos Ribera Fariñas -también tercero interesado- por la presunta comisión del delito de estafa agravada, signado con número 6021020620000111, se emitió Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 6 de marzo de 2023, dictada por José Gustavo Valeriano Poma, Fiscal de Materia, en base a la causal prevista en el art. 323.3 del CPP, esto es que el hecho denunciado no constituye delito (fs. 17 a 22 vta.). II.2. Cursa memorial de impugnación contra la Resolución Fiscal de Sobreseimiento, presentado el 24 de marzo de 2023 por Javier Lorenzo Rojas Tejerina, Blanca Adela Tejerina Caballero y Wilma Flores Portal -terceros interesados-, solicitando la revocatoria parcial de la misma en relación a los ahora accionantes y no así respecto del coimputado Roberto Carlos Rivera Fariñas, quien ya concilió previamente junto con las otra presuntas víctimas Javier Fernández y Silvana Candia; asimismo, las presuntas víctimas Javier Lorenzo Rojas Tejerina y Blanca Adela Tejerina Caballero -terceros interesados- solicitaron la revocatoria total en tanto no conciliaron con ninguna de los cuatro imputados (fs. 23 a 30 vta.); y, el memorial de contestación presentado por los hoy impetrantes de tutela el 28 de igual mes y año, solicitando la ratificación de la Resolución Fiscal de Sobreseimiento y el archivo de obrados, así como el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra (fs. 31 a 35). II.3. Mediante Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/339-2023 de 10 de abril, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija -ahora demandada-, revocó la Resolución Fiscal de Sobreseimiento emitida en la referida causa, e invocando el art. 324 párrafo cuarto del CPP, ordenó al Fiscal de Materia presente acusación formal en el plazo de diez días (fs. 139 a 141 vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos motivación de las resoluciones judiciales, igualdad procesal, congruencia, valoración integral de la prueba, y de los principios objetividad, legalidad, probidad, verdad material y celeridad; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, el Fiscal de Materia asignado a la causa emitió Resolución Fiscal de Sobreseimiento; sin embargo, impugnada esta determinación, la Fiscal Departamental demandada: i) Emitió Resolución Jerárquica de manera extemporánea y considerando únicamente los argumentos de la impugnación al sobreseimiento, sin la debida motivación; y, ii) Omitió valorar prueba colectada durante la investigación, como son las dos querellas presentadas sobre el mismo hecho que fueron rechazadas, los depósitos que evidencian que se canceló a los querellantes, incluso más de lo que se les debía, y el dictamen de auditoría que prueba dichos pagos, entre otros; todo ello, lesionando el principio de verdad material. Ante ello, la autoridad demandada señaló que: 1) La Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/339-2023 se encuentra debidamente fundamentada y motivada, y, el hecho de que este criterio no sea compartido con los accionantes, no significa que exista una lesión de derechos; y, 2) Existe un análisis integral, valorativo, interpretativo e intelectivo de todos los elementos de convicción, en cumplimiento del art. 73 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el alcance y efecto de una revocatoria de sobreseimiento, la SCP 0267/2015-S3 de 26 de marzo, hizo referencia a los efectos de la ratificatoria y de la revocatoria de sobreseimiento, concluyendo que “…entre los efectos de una ratificatoria de sobreseimiento se encuentra el impedimento para un nuevo procesamiento penal a la persona sobreseída por el mismo hecho (art. 32 del CPP), pues lo contrario lesionaría la garantía de la persecución penal única; es decir, tiene efectos similares a una sentencia absolutoria aunque no son equivalentes; por lo que, a objeto de dar protección a los derecho de la víctima el análisis de la justicia constitucional respecto a la fundamentación debe ser intensa.
Por el contrario, el efecto de la revocatoria de sobreseimiento no es en absoluto similar a una sentencia condenatoria ni contiene los mismos resultados, ya que pronunciada la misma por el Fiscal Departamental, el Fiscal de Materia deberá emitir acusación formal delimitando el objeto del proceso al identificar a los posibles autores del hecho presuntamente delictuoso y los hechos que se deben probar en juicio; por otra parte, el procesado es la contraparte y ejerce su derecho a la defensa, pudiendo demostrar ampliamente en juicio si la acusación del fiscal es errónea, siendo en ese entendido el juez un tercero imparcial, quien luego de valorar la prueba de cargo y de descargo producida en juicio, emitirá un pronunciamiento al respecto; por otro lado, la revisión sobre la fundamentación por la justicia constitucional, en este tipo de casos, solo podrá realizarse cuando las incongruencias de tal magnitud sean evidentes; empero, de ninguna manera corresponderá revisar la contundencia o no de las pruebas consideradas por un Fiscal Departamental para emitir una acusación, pues la emisión de una acusación atinge exclusivamente al Ministerio Público bajo responsabilidad (art. 166 del CP)” (las negrillas nos corresponde).
Expuesta la problemática planteada, corresponde analizar cada denuncia, a fin de verificar si evidentemente existieron las lesiones alegadas. i) Con relación a la motivación y congruencia de la Resolución Fiscal jerárquica y la supuesta extemporaneidad en su emisión La Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/339-2023 de 10 de abril, dictada por la Fiscal Departamental de Tarija ahora demandada, revocó la Resolución Fiscal de Sobreseimiento con la atribución del art. 324 párrafo cuarto del CPP, alegando que existen documentos privados de 10 de agosto de 2016, 27 de septiembre de 2016, y 18 y 24 de octubre de 2017, todos de reconocimiento de deuda; pruebas testificales de Jorge Alfredo Romero Torrejón, Javier Lorenzo Rojas Tejerina y Ronald Javier Fernández, quienes refieren haber entregado dineros incluso sin documentos de por medio, por la confianza que tenían con el imputado -se entiende, Sergio Ocampo del Carpio- por una amistad desde la niñez y por ser compañeros de curso; de igual manera, el caso de la testigo Silvana Candia Flores, esposa del testigo Ronald Javier Fernández, quien por la confianza de la amistad entre los dos últimos confió su dinero a él y los coimputados en sumas que van desde los Bs150 000.- (ciento cincuenta mil bolivianos), Bs100 000.- (cien mil bolivianos) y Bs460 000.- (cuatrocientos sesenta mil bolivianos) para sus licitaciones. En el mismo sentido, las declaraciones detalladas de Wilma Flores Portal, Blanca Adela Tejerina, Valeria Ángela Guerra Barea y Vladimir Carlos Fernández; el oficio de 7 de noviembre de 2022, emitido por el Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.); así como el oficio de 22 de marzo de 2021, emitido por el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de Tarija; prueba en virtud de la cual se puede inferir el beneficio económico indebido logrado por los encausados al convencerlos de la inversión de dinero en la empresa ‘“EXCEL SYSTEM, SANTI POINT’” (sic), de lo que se extrae que, a criterio de la autoridad demandada, existían suficientes elementos para considerar que se habían obtenido ventajas económicas a través de engaños. Ahora bien, la acción de amparo constitucional se limitó a invocar diferentes sentencias que conceptualizan la falta de fundamentación y motivación; sin embargo, no se explica cómo la referida jurisprudencia es aplicable al caso; es decir, los impetrantes de tutela no establecen si existe un cargo no resuelto, si existe una contradicción en la resolución, etc., de forma que se pretende, con la mera invocación de falta de fundamentación, que esta Sala, de oficio, ingrese a revisar el trámite, aspecto que no es posible realizar por la justicia constitucional. Por otra parte, respecto a la presunta extemporaneidad en la emisión de la Resolución Jerárquica, que los peticionantes de tutela vinculan con el principio de celeridad, al señalar que la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/339-2023 fue emitida de manera extemporánea; es decir, fuera del plazo establecido en el tercer párrafo del art. 324 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; este Tribunal, en reiteradas ocasiones, ha establecido que las cuestiones procesales, como la dilación en la emisión de sus resoluciones por parte de los Fiscales Departamentales, son aspectos que deben ser denunciados ante el Juez que ejerce el control de derechos y garantías a cargo de la causa. En este sentido, la SCP 0907/2023-S3 de 11 de agosto, citando el entendimiento de la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, estableció que: “‘…el control jurisdiccional que puede efectuarse respecto a los Fiscales de Distrito -ahora Fiscales Departamentales- incluso de manera posterior a la ratificatoria de una resolución de sobreseimiento únicamente puede referir al procedimiento como por ejemplo omisiones en la notificación a las partes procesales, dilación en la emisión de la correspondiente resolución, entre otras, que incidan directamente en derechos fundamentales y garantías constitucionales pero de ninguna manera a los argumentos o a la fundamentación invocados por la autoridad fiscal superior jerárquica de forma que para la impugnación a una indebida interpretación de legalidad, la errónea valoración probatoria o una omisión valorativa, no es necesario agotar previamente al planteamiento del amparo constitucional el control jurisdiccional, por lo que previo cumplimiento de requisitos establecidos en la jurisprudencia, corresponde de forma directa su activación”’ (las negrillas pertenecen al texto original). Por lo cual, en relación a esta denuncia corresponde denegar la tutela solicitada.
ii) Respecto al cuestionamiento a la actividad valorativa de la prueba
Sobre esta problemática en particular, los accionantes señalan que la autoridad fiscal jerárquica valoró la prueba fuera de los criterios de razonabilidad y equidad, así como de las reglas de la sana crítica (lógica, experiencia, psicología y razonabilidad), omitiendo arbitrariamente la prueba de descargo y aquella recabada por el propio Fiscal de Materia, quien evaluó los contratos de préstamo y los pagos realizados a los querellantes, sobre lo cual constan reportes bancarios remitidos en virtud a requerimientos fiscales, así como el dictamen de auditoría que sirvieron para determinar que no existió perjuicio en las víctimas y que, por el contrario, estas obtuvieron “cuantiosas” ganancias; asimismo, que omitió los dos pronunciamientos sobre las dos desestimaciones de la querella emitidas por la propia Fiscalía Departamental, que determinaron la inexistencia del delito y que fueron valoradas por el Fiscal de Materia que emitió la Resolución Fiscal de Sobreseimiento, prescindiendo así del principio de verdad material, que implica una valoración probatoria más allá de lo formal, haciendo una apreciación ponderada de dicha prueba de descargo y otras pruebas que ni siquiera se tomaron en cuenta. Al respecto, debe recordarse que la valoración de la prueba corresponde a las autoridades ordinarias y, de manera excepcional, puede la justicia constitucional revisar dicha valoración; en este sentido, la SC 0033/2025-S2 de 24 de febrero sistematizó la jurisprudencia existente a través del cumplimiento de los siguientes requisitos: “…1) De manera individualizada identificar qué pruebas fueron valoradas al margen de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, o en su caso, fueron producidas pero eran ilícitas, 2) Cómo la valoración o falta de valoración produjo lesión a derechos y garantías tutelados por la acción de amparo constitucional; y, 3) Que la prueba tiene incidencia o relevancia constitucional en la resolución final de forma que su producción o su no valoración podrían haber cambiado la forma de la decisión del caso -SC 0685/2006-R de 17 de julio-”, condiciones que los peticionantes de tutela no cumplieron. En efecto, y siendo que la denuncia refiere a que los accionantes, bajo el argumento de que participaban en diferentes licitaciones, fueron adquiriendo equipos al crédito, los que fueron pagados hasta, según dicen los denunciantes, ganarse su confianza, obteniendo ingentes cantidades de crédito, entonces esta Sala no puede determinar la relevancia constitucional de la prueba; es decir, determinar si los pagos efectuados hacen o no a la estafa, es decir, a la estrategia que indican las supuestas víctimas de ganarse su confianza, y tampoco se explica cómo la auditoría desvirtuaría el delito, por lo que la mera invocación de elementos probatorios, como sucede en el presente caso, no obliga a esta Sala a que anule obrados, pues conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en su caso, los accionantes pueden hacerlos valer ante el Juez o Tribunal de juzgamiento.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 47/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 179 a 187 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0632_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4d5e96ee26979e5757919575674f84ffbbcf778efd065efc013429968c6960a0
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