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SCP 0632/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 10 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
55620-2023-111-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de su derecho a la petición; toda vez que, habiendo solicitado el cambio de nombre, como propietarios nuevos, respecto del lote I, manzano “L”, con una superficie de 240.00 m, zona Teodomiro Urquiola-Villa Copacabana; empero, el GAM de Quime del departamento de La Paz no dio curso a su petición, ni respondió de manera formal y fundamentada. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se desarrollará los siguientes temas: 1) El derecho de petición; 1.i) Contenido esencial, 1.ii) Requisitos de Procedencia, 1.iii) Legitimación activa, 1.iv) Legitimación pasiva, 1.v) Plazo para emitir respuesta; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023-AC de 21 de abril, cursante de fs. 27 a 29, emitida por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Quime del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, sólo con relación al derecho a la petición, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme al razonamiento previamente expuesto.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho de petición
  2. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0632/2025-S1 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 55620-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2023-AC de 21 de abril, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nilton Flores Vargas y América Quiroz Rojas contra Rubén Laura Huanca, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Quime del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 16 de marzo y 13 de abril ambos de 2023, cursantes de fs. 17 a 20, y fs. 22 y vta., los accionantes expusieron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señalan que el 25 de enero de 2023, solicitaron el cambio de nombre, como nuevos propietarios, respecto del lote I, manzano “L”, con una superficie de 240.00 m, zona Teodomiro Urquiola-Villa Copacabana; sin embargo, su petición no mereció atención por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Quime del departamento de La Paz y cuando reclamaron a la Unidad Técnica de Catastro, verbalmente les dijeron que: “‘…para que proceda nuestro trámite, debíamos adjuntar una certificación de la Junta de Vecinos Tedomiro Urquiola-Villa Copacabana’” (sic), documento que obtuvieron y presentaron a dicha Unidad el 4 de febrero del mismo año. Al no obtener respuesta alguna y al no darse curso a su trámite, el 12 de febrero de 2023 impetraron al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Quime del citado departamento en busca de una respuesta formal y escrita, sin resultado alguno; por lo que, el 23 de igual mes y año, solicitaron a la referida autoridad se conmine al servidor público responsable de Catastro de ese municipio, a fin de que atienda su trámite; sin embargo, no dio curso a su petición de cambio de nombre, menos brindó una respuesta formal y fundamentada, acogiéndose al silencio administrativo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncian la lesión de su derecho a la petición, conforme a los arts. 14.III y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada, en el término de veinticuatro horas, atienda su solicitud de cambio de nombre, como propietarios del lote I, manzano “L”, con una superficie de 240.00 m, en la zona de Teodomiro Urquiola-Villa Copacabana de la localidad de Quime de la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, el mismo que debe consignarse en el Catastro Urbano y Planimetría correspondiente, a través de una respuesta formal y fundamentada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 21 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 25 a 26, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los solicitantes de tutela, a través de su abogado, se ratificaron en el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Rubén Laura Huanca, Alcalde del GAM de Quime del departamento de La Paz, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 24.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Quime del departamento de La Paz, mediante la Resolución 01/2023-AC de 21 de abril, cursante de fs. 27 a 29, concedió la tutela solicitada, disponiendo que “las autoridades recurridas” respondan en un plazo de setenta y dos horas, lo requerido mediante el memorial de 25 de enero de 2023, de acuerdo a sus normas internas o protocolos, de manera fundamentada, sea en forma negativa o afirmativa, conforme a los arts. 24 de la CPE y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, sobre la base de los siguientes fundamentos: a) La “SC 0833/2019-S4” refiere que para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión, al derecho de petición es exigible a.1) La existencia de una petición oral o escrita; a.2) La falta de respuesta material en tiempo razonable; y, a.3) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; así, analizados los antecedentes y la norma administrativa, se establece el cumplimiento de dichos presupuestos, teniéndose una petición escrita, una omisión de respuesta en tiempo moderadamente razonable y conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo y lo señalado por su Reglamento, Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, que en su art. 36 señala: “…La autoridad administrativa - ejecutiva resolverá la procedencia o improcedencia de la solicitud dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación…” (sic); y, b) Existe una diferencia entre el derecho de petición y una pretensión que puede contener una demanda o un recurso de impugnación dentro de un proceso administrativo, “…en consecuencia no puede ser tratada bajo los alcances del derecho de petición si no corresponde que el procedimiento administrativo sea observado con todo lo que le incumbe…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el memorial de 25 de enero de 2023, dirigido a Rubén Laura Huanca, Alcalde del GAM de Quime del señalado departamento, por el cual los ahora accionantes solicitaron cambio de nombre en el Catastro Urbano y Planimetría, como propietarios del lote I, manzano “L”, con una superficie de 240.00 m, de la zona Teodomiro Urquiola-Villa Copacabana, de la localidad de Quime, provincia Inquisivi del citado departamento (fs. 12 y vta). II.2. Consta el memorial de 12 de febrero de 2023, dirigido al Alcalde ahora demandado, por el cual los ahora impetrantes de tutela solicitaron respuesta escrita, refiriendo “…pedimos a su autoridad por la unidad tecina de catastro de nuestro municipio de Quime, emita un informe escrito señalando los motivos fundamentados por los cuales no será posible mi solicitud de tramite de fecha 25 de enero de 2023” (sic [fs. 13 y vta.]). II.3. Cursa el memorial de 23 de febrero de 2023, dirigido al mencionado Alcalde, por el cual los ahora demandantes de tutela indicaron “reiteración pedimos a su autoridad (…) CONMINE AL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE CATASTRO EMITA INFORME ESCRITO…” (sic), respecto de su solicitud de trámite de 25 de enero del mismo año o en su caso proceda al cambio de nombre conforme a la solicitud realizada (fs. 14 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de su derecho a la petición; toda vez que, habiendo solicitado el cambio de nombre, como propietarios nuevos, respecto del lote I, manzano “L”, con una superficie de 240.00 m, zona Teodomiro Urquiola-Villa Copacabana; empero, el GAM de Quime del departamento de La Paz no dio curso a su petición, ni respondió de manera formal y fundamentada. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se desarrollará los siguientes temas: 1) El derecho de petición; 1.i) Contenido esencial, 1.ii) Requisitos de Procedencia, 1.iii) Legitimación activa, 1.iv) Legitimación pasiva, 1.v) Plazo para emitir respuesta; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho de petición

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0730/2019-S2 de 28 de agosto de 2019, asumió el siguiente entendimiento:

El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando que: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición. En ese sentido, se abordarán las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: a) Contenido esencial; b) Requisitos de procedencia; c) Legitimación activa; d) Legitimación pasiva; y, e) Plazo para emitir respuesta.

III.1.1. Contenido esencial

La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: 1) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; 2) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; 3) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, 4) Argumentada; 1El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 2La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 3La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 4La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 5La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.

Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se dá curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).

vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

III.1.2. Requisitos de procedencia

La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición: …a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) La formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) Que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) Que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable; y, d) Se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado-busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: i) La existencia de una petición oral o escrita; y, ii) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: a) Ausencia de respuesta formal; b) Falta de respuesta material; c) Inexistencia de argumentación-motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, d) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.

III.1.3. Legitimación activa

Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero.

III.1.4. Legitimación pasiva

En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia realizó el siguiente desarrollo: La referida SC 218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas. Sobre el particular, es necesario mencionar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, sostuvo que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R, precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre, determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 de 25 de febrero y 0083/2015-S3 de 10 de igual mes, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor. Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconocieron su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando que: “…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…”. En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: 1) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, 2) Las personas particulares.

III.1.5. Plazo para emitir respuesta

La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: i) En el término establecido por ley; y, ii) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.

III.3. Análisis del caso concreto

Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de su derecho a la petición; toda vez que, habiendo solicitado el cambio de nombre, como propietarios nuevos, respecto del lote I, manzano “L”, con una superficie de 240.00 m2, zona Teodomiro Urquiola-Villa Copacabana;

empero, el GAM de Quime del departamento de La Paz no dio curso a su petición, ni respondió de manera formal y fundamentada.

De antecedentes se tiene que los demandantes de tutela mediante el memorial de 25 de enero de 2023, dirigido al Alcalde ahora demandado, solicitaron cambio de nombre en el Catastro Urbano y Planimetría, como propietarios nuevos, en relación al lote I, manzano “L”, con una superficie de 240.00 m, de la zona Teodomiro Urquiola-Villa Copacabana, de la localidad de Quime, provincia Inquisivi del departamento de La Paz (Conclusión II.1). De igual manera los impetrantes de tutela el 12 de febrero de 2023, presentaron un memorial a la misma autoridad, solicitando respuesta escrita, refiriendo “…pedimos a su autoridad por la unidad tecina de catastro de nuestro municipio de Quime, emita un informe escrito señalando los motivos fundamentados por los cuales no será posible mi solicitud de tramite de fecha 25 de enero de 2023” (sic [Conclusión II.2]). Asimismo, el 23 de febrero de 2023, los ahora accionantes presentaron un memorial al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Quime de dicho departamento, por el cual “reiteración pedimos a su autoridad (…) CONMINE AL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE CATASTRO EMITA INFORME ESCRITO…” (sic) respecto de su solicitud de trámite de 25 de enero del mismo año o en su caso proceda al cambio de nombre conforme a la solicitud realizada (Conclusión II.3). Ahora bien, la problemática jurídica versa en la falta de respuesta pronta y oportuna al cambio de nombre en el Catastro Urbano y Planimetría, como propietarios del lote I, manzano “L”, con una superficie de 240.00 m, de la zona Teodomiro Urquiola-Villa Copacabana, de la localidad de Quime, provincia Inquisivi del departamento de La Paz

De antecedentes se tiene que, la autoridad demandada no presentó informe alguno ni desvirtuó de forma alguna la falta de respuesta pronta y oportuna a la petición realizada por el impetrante de tutela; es decir, no se evidencia respuesta a las solicitudes realizadas por los ahora impetrantes de tutela mediante memoriales de 25 de enero y, 12 y 23 de febrero todos de 2023. En ese orden de ideas, de los antecedentes remitidos a este Tribunal, lo expresado en la demanda y en la audiencia de consideración de la acción tutelar que se revisa, así como lo descrito en Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que en efecto, los demandantes de tutela presentaron ante la parte demandada, solicitud de cambio de nombre en el Catastro Urbano y Planimetría, como propietarios del lote I, manzano “L”, con una superficie de 240.00 m, de la zona Teodomiro Urquiola-Villa Copacabana, de la localidad de Quime, provincia Inquisivi del departamento de La Paz; empero, no se evidencia que la autoridad demandada realizara una contestación con prontitud y dentro de un plazo razonable, incumpliéndose con los requisitos del núcleo esencial del derecho a la petición y su alcance desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Así, al haberse vulnerado el derecho a la petición de los accionantes, corresponde conceder la tutela. Por lo expuesto, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, actuó correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023-AC de 21 de abril, cursante de fs. 27 a 29, emitida por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Quime del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, sólo con relación al derecho a la petición, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme al razonamiento previamente expuesto. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

6 El FJ III.1, indica: “…el derecho de petición puede ser ejercido por toda persona de manera individual o colectiva, con el único requisito de la identificación de peticionario; es decir, puede ser ejercido por una persona física o por una persona colectiva, en este último supuesto, en cualesquiera de las formas reconocidas por la Constitución Política del Estado o la Ley”.

7 El FJ III.3, refiere: “Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano” (las negrillas son agregadas). 8El FJ III.2, indica: “…es lógico que, de no dirigirse la petición a la autoridad pertinente, la misma al no tener oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente -siendo que este derecho no implica la otorgación de una respuesta positiva, sino formal, escrita y oportuna-, por falta de conocimiento de la solicitud, no puede atribuírsele una supuesta transgresión del derecho ni del mandato constitucional que lo contiene”.

9 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 10El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas). Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0632_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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