Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 22 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante -su madre- denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que presentados los recursos de apelación incidental contra las Resoluciones: 31/2023 de 14 de marzo, por la cual se rechazó la salida alternativa por reparación de daño solicitada por el Ministerio Público; y, la 32/2023 de igual fecha, mediante la cual se dispuso su detención preventiva: 1) El Juez y la Secretaria ahora accionados no remitieron los mismos dentro del plazo establecido por norma; 2) El Secretario de la Sala Penal Primera hoy coaccionado -en cuanto a la Resolución 32/2023-, la observó en dos ocasiones diferentes, primero, la falta de la notificación a la DNA con el memorial de 20 de marzo de 2023 y su decreto de 21 de ese mes y año; y, posteriormente, pidió la remisión del CD que contendría la grabación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, devolviendo obrados al Juzgado de origen; y, 3) El Secretario de la Sala Penal Segunda hoy coaccionado -respecto al recurso de apelación incidental de la Resolución 31/2023-, observó la falta de la “Resolución 02” citada en la audiencia de 14 de marzo de 2023. De esa manera, todos los hoy accionados ocasionaron una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución V-84/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 115 a 120 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, únicamente respecto a la dilación indebida en la tramitación del recurso de apelación incidental planteado contra la Resolución 32/2023 de 14 de marzo, ocasionado por el Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
a) Disponer que el Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de manera inmediata, imprima el trámite correspondiente a dicho recurso de apelación incidental para que el mismo sea considerado y resuelto por los Vocales de esa Sala dentro del plazo establecido por el art. 314.III del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); siempre y cuando no lo hubiese realizado por el transcurso del tiempo. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al Juez y a la Secretaria, ambos del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, el Secretario de las Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0632/2023-S3 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 55217-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución V-84/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 115 a 120 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adriana Flores Mamani en representación del menor de edad AA contra Carlos Alberto Chuquimia Chuquimia, Juez; Remedios Mamani Alvarado, Secretaria, ambos del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, Ángel Flores Medina y Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretarios de las Salas Penales Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante a través de su representante -su madre-, por memorial presentado el 18 de abril de 2023, cursante de fs. 85 a 97, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de los delitos contra la salud pública, previsto y sancionado por el art. 216 del Código Penal (CP), el cual se encuentra radicado en el Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, se lo imputó formalmente por el mencionado delito, contando con la Resolución 31/2023 de 14 de marzo, que rechazó la solicitud del Ministerio Público de salida alternativa de reparación del daño en su favor. En la misma fecha, por Resolución 32/2023 se dispuso su detención preventiva en el Centro de Reintegración Social de Varones de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, por la concurrencia de los riesgos procesales previstos por el art. 290.d y e, del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), emitiéndose el mandamiento de detención preventiva. Es así que, el 17 de marzo de 2023 formuló recursos de apelación incidental contra las Resoluciones 31/2023 y 32/2023, mediante el Sistema de Buzón Judicial, los cuales fueron recepcionados el 20 de igual mes y año en el Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, “RADICATORIA” de ambos recursos de apelación el 21 de ese mes y año, y se los “admitió” mediante Resolución de 28 del citado mes y año. Posteriormente, el Secretario de la Sala Penal Primera ahora coaccionado, mediante decreto de 3 de abril de 2023, observó que se debería adjuntar las notificaciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) con el memorial de 20 de marzo de ese año, y el decreto de 21 de igual mes y año, aclarando que en esa oportunidad no se refirió a ninguna observación en cuanto a que se adjunte el medio magnético de la grabación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares; dilatando de esa manera su situación procesal. Luego, por decreto de 13 de abril de dicho año, el mismo Secretario, observó la falta de remisión del Disco Compacto (CD) con la grabación de la audiencia de 14 de marzo de mismo año, de conformidad a lo establecido por el art. 113.IV del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 7 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. De esa manera, desde el momento de la “RADICATORIA” de los recursos de apelación incidental efectuada el 21 de marzo de 2023, hasta la presentación de la acción de libertad existe una mora procesal de veintiocho días sin remitir e impedir la radicatoria de los mismos; es decir, sin que se resuelva su situación jurídica. Una vez que se apersonaron a consultar sobre su recurso de apelación incidental, la Secretaria hoy coaccionada se limitó a mencionar que el cuaderno jurisdiccional se encontraba en despacho y que esperen quince minutos, tras los cuales a tanta insistencia sacó el citado cuaderno y refirió que nuevamente se les observó y que solo se puede entregar copias, lo que se efectuó el 14 de abril de 2023. Bajo la misma actitud dilatoria, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a través de su Secretario ahora coaccionado, por decreto de 3 de abril de 2023, observó que no se adjuntó la “Resolución 02”, respecto a la salida alternativa de reparación de daño. Es así que, desde el 21 de marzo de 2023, no se dio curso a su petición de considerar su situación jurídica de manera oportuna, originando vulneración a su derecho a la libertad y el interés superior del menor, a pesar que procedió a proveer los recaudos de ley para fotocopias y pasajes; por lo tanto, “al presente”
se materializó la conducta dilatoria de los hoy accionados, no obstante de ser un menor de edad, negándole la prioridad del interés superior del niño, niña y adolescente, no se radicaron sus recursos de apelación incidental, desconociendo los principios de informalismo en situaciones de menores de edad.
El accionante a través de su representante -su madre- denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; citando al efecto los arts. 21.7, 23, 58, 60, 61.I 115.II, 116.I, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 del Pacto de San José de Costa Rica, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos (PIDCP); 40.2 inc. b) de la Convención sobre los Derechos del Niño; y, 13 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se restablezcan las formalidades legales en la consideración de la audiencia “…DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA…” (sic), otorgando la celeridad procesal que amerite y remita los recursos de apelación incidental contra las Resoluciones 31/2023 y 32/2023 ambas de 14 de marzo, dentro de las veinticuatro horas; b) Se reparen los defectos legales denunciados en la acción de libertad y “…ESTANDO RADICADO LOS RECURSOS DE APELACIÓN INCIDENTAL DE 21 DE MARZO DE 2023…” (sic), contra las referidas Resoluciones; y, c) En aplicación de los arts. 39 y 341.I del CPP, se pronuncie sobre la responsabilidad disciplinaria y penal respecto a los ahora accionados, con la imposición de costas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 111 a 114, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) A partir del informe del Juez y la Secretaria ahora accionados, indican que el 17 y 19 de abril de 2023, remitieron la “acción tutelar”, lo que demuestra una dilación procesal; 2) La SCP 0282/2019-S2 de 24 de mayo, estableció la protección directa a menores infractores y la regla de la excepción de subsidiariedad en la acción de libertad; por lo que considerando que cuenta con dieciséis años de edad, bajo el principio de interés superior del menor puede acudir ya sea por si o mediante un tercero a efecto de la tutela judicial efectiva; 3) Se cumplió con el plazo previsto para la interposición del recurso de apelación incidental respecto a las Resoluciones 31/2023 y 32/2023, tal como establece el Código Niña, Niño y Adolescente, siendo las mismas planteadas el 17 de marzo de 2023, y admitidas el 21 de igual mes y año; posteriormente, se notificó a las partes el 22 de ese mes y año, teniendo tres días para contestar, emitiéndose “…el auto de concesión de alzada…” (sic) el 28 de dicho mes y año, fuera de plazo, remitiéndose de forma incompleta los actuados; en el informe de la autoridad judicial hoy accionada se indicó que su Juzgado no tendría sistema de grabación por ser de reciente creación; empero, el Juez y la Secretaria ahora accionados debieron disponer la grabación, transcripción y la impresión de un CD para cumplir con esa formalidad; 4) De esa manera recién el 30 de marzo de 2023, fueron remitidos los recursos de apelación a dos Salas Penales diferentes, lo que no debió ocurrir; puesto que conforme al principio de concentración debieron ser remitidos a una misma “sala”; 5) La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz devolvió el legajo remitido en cuanto al recurso de apelación incidental planteado contra la Resolución 32/2023, señalando que no se cumplió a cabalidad con los elementos fundamentales que corresponden al recurso de apelación; puesto que no se remitieron las notificaciones a la DNA, adjuntando las mismas devuelven los antecedentes; empero, posteriormente nuevamente observan la falta de la grabación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, generando “…hasta el día de hoy…” (sic) una dilación; por lo que existiría un procesamiento indebido, cuando si tenían observaciones debieron realizarlas en una sola oportunidad; 6) Con relación al Secretario de la Sala Penal Segunda hoy accionado, se remitió el recurso de apelación incidental el 30 de marzo de 2023, impugnando la Resolución 31/2023, respecto a la salida alternativa por reparación del daño, siendo devuelta haciendo referencia a la falta de remisión de la “Resolución 02”, siendo devuelta el 17 de ese mes y año; por lo que existe dilación procesal; y, 7) A pesar que ya se remitieron los recursos de apelación incidental se cometió dilación; puesto que los plazos no fueron cumplidos, los deberes formales de remisión tampoco, transcurriendo veintiocho días de dilación procesal hasta la fecha de presentación de la acción de libertad considerando el planteamiento de los recursos de apelación incidental.
Carlos Alberto Chuquimia Chuquimia, Juez; Remedios Mamani Alvarado, Secretaria, ambos del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 19 de abril de 2023 cursante de fs. 106 a 108, así como en audiencia, señalaron que: i) En el proceso penal seguido contra el accionante no se aplicaron las reglas del Código de Procedimiento Penal sino el procedimiento establecido en el Titulo III del CNNA, aplicándose únicamente de manera supletoria el procedimiento civil y laboral, de acuerdo a la Disposición Única del Reglamento del mencionado Código y el Decreto Supremo (DS) 2377 de 27 de mayo de 2015; ii) La “resolución 7/2023” de imputación formal contra el accionante por delitos de atentado contra la salud, señalando como hecho que el 12 de marzo de 2023, la víctima fue encontrada junto al nombrado quien llevó a la menor a consumir bebidas alcohólicas y fue encontrada inconsciente con diagnóstico de intoxicación con sustancias desconocidas, y a decir de la Fiscal de Materia, la menor victima ingresó a terapia intensiva, debido a que no reaccionaba; iii) En audiencia de 14 de marzo de 2023, se solicitó la salida alternativa por reparación del daño; sin embargo, al tratarse del delito de atentado contra la salud, previsto y sancionado por el art. 216 del CP, un delito doloso y que no tiene contenido patrimonial, se rechazó la salida alternativa a través de la Resolución 31/2023; iv) En la misma audiencia -14 de marzo de 2023-, se consideró la aplicación de medidas cautelares contra el accionante, en la cual a solicitud del Ministerio Público, mediante la Resolución 32/2023, se dispuso la detención preventiva del accionante; v) Ambas Resoluciones -31/2023 y 32/2023- fueron apeladas por la defensa del nombrado el 20 de marzo de 2023, decretándose las mismas el 21 de igual mes y año, y notificados los citados recursos el 22 de ese mes y año, aguardándose los tres días establecidos para la contestación, y el 28 de dicho mes y año, de oficio se ordenó la remisión de antecedentes al superior en grado, notificándose con el “auto” el 29 de marzo de 2023 y se oficia el 30 de ese mes y año; en ese sentido, se cumplieron con los plazos procesales; por lo que no es cierta la afirmación del accionante al indicar que son veintiocho días sin remitir; vi) En cuanto a las observaciones efectuadas por las Salas Penales correspondientes, se tiene que la DNA se encontraba en audiencia al igual que la víctima; y, respecto a la observación de la remisión del CD de grabación de la audiencia de 14 de marzo de ese año, en cumplimiento de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173-, se debe tomar en cuenta que ese Juzgado al ser de reciente creación aún no cuenta con la implementación del equipo de grabación en la sala de audiencias; por lo que las audiencias se desarrollan de manera presencial, implementándose los equipos para grabación; de igual manera se debe considerar que el proceso se tramita bajo el Código Niña, Niño y Adolescente, no así bajo el Código de Procedimiento Penal y la citada Ley de Abreviación Procesal Penal, teniéndose un propio procedimiento para el proceso penal con adolescentes, conforme a las previsiones de los arts. “252 m)” confidencialidad y 263 reserva de actuaciones, ambas del citado Código; por lo que al tener características especiales se tiene impedido inclusive el cargado al Sistema de actos desarrollados en audiencia; se debe tomar en cuenta que el Reglamento del Código Niña, Niño y Adolescente -DS 2377-, en su Disposición Adicional Única estableció que se aplicaran de manera supletoria las normas adjetivas civiles, laborales vigentes; por lo que no es aplicable el art. 113.IV del CPP observado; y, con relación a la observación de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que extrañó la remisión de la “Resolución 02”, se debe tomar en cuenta que esa resolución no existe, sino que solo fue mencionada por la Fiscal de Materia seguramente por un lapsus al fundamentar la reparación del daño y solicitar la extinción; vii) Las observaciones fueron remitidas un día antes de la interposición de la acción de amparo constitucional; es decir, el 17 y 19 de abril de 2023, respectivamente; viii) No cuenta con legitimación activa al no acreditarse el acto a través del cual su autoridad o personal subalterno de su Juzgado haya generado que el accionante este indebidamente privado de libertad o que su detención este más allá de los plazos establecidos por ley, tomando en cuenta que aún faltan diez días para que el Ministerio Público emita requerimiento conclusivo de la etapa investigativa que son de cuarenta y cinco días; ix) El accionante no señaló como está indebidamente procesado; puesto que al iniciarse un proceso a través de acción directa; es decir, en flagrancia, se comunicó al “Juez de la Niñez” el inicio de las investigaciones, fue sometido a medidas cautelares en audiencia a través de Resolución expresa, no existe la posibilidad de procesamiento indebido; x) Cuando el accionante alega la Convención de los Derechos del Niño se olvida de que la víctima tiene catorce años de edad, a quien le suministraron sustancias desconocidas y por su gravedad ingresó a terapia intensiva, menor de edad a quien le asiste la protección reforzada, y la aplicación del estándar más alto de protección de la norma convencional y que el mismo accionante alega y al ser menor de edad y mujer la aplicación transversal de la perspectiva de género, conforme a las previsiones de los arts. 13, 15, 256 y 410 de la CPE, la Convención de los Derechos del Niño, la “Convención Belem do Pará”, en cambio no son aplicaciones a este caso todas las normas del Código de Procedimiento Penal; xi) Al notificarse el recurso de apelación incidental a la parte adversa el 22 de marzo de 2023, y disponerse la remisión el 28 de igual mes y año, se efectuó dilación; sin embargo, el accionante no estableció que el 25 y el 26 de ese mes y año era fin de semana; por lo que el lunes 27 de igual mes y año vencía el tercer plazo; por lo tanto, no se ingresó en ninguna dilación, teniéndose que todas sus actuaciones se realizaron dentro de las veinticuatro horas; xii) En cuanto a lo referido de que no se debió sortear a distintas “salas” los recursos de apelación incidental planteados, es un aspecto superado, no se puede hacer previsiones, tomando en cuenta que ni el Juez, tampoco los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen control respecto del “sistema”, es un aspecto que esta fuera del control y no podemos atribuir a la autoridad jurisdiccional; xiii) Respecto a que “hasta la fecha” no se señaló audiencia de consideración y resolución del recurso de apelación incidental de la resolución de medida cautelar, en todo caso debió accionar contra los Vocales quienes fijan las audiencias de consideración de recurso apelación; y, xiv) Por todo lo expuesto solicitaron se deniegue la tutela. Ángel Flores Medina, Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 19 de abril de 2023, cursante de fs. 109 a 110 vta., así como en audiencia, señaló que: a) El accionante no señaló de forma expresa si interpuso la acción tutelar porque su vida está en peligro o estaría ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de su libertad, lo cual amerita la denegatoria de tutela solicitada, más aun cuando no está correctamente planteada su pretensión, tampoco se encuentra un petitorio congruente con el fundamento de hecho y de derecho; puesto que sus elementos configuradores no se encuentran identificados y fundamentados de forma adecuada, lo cual deviene en una falta de fundamentación de la acción tutelar interpuesta; b) El accionante no señaló que su vida estuviera en peligro por el incumplimiento de un acto, lo cual sería el único argumento por el cual la acción de libertad resultaría superar la barrera de la subsidiariedad; sin embargo, no existe fundamentación alguna respecto a ese aspecto; debiéndose considerar que el nombrado se encuentra procesado en calidad de adolescente con responsabilidad penal; por lo que menos se encuentra privado de su libertad de manera indebida, ya que su detención se encuentra justificada en la Resolución que impuso dicha medida; c) De lo referido se concluye que el accionante no indicó de forma precisa cuál la causal de procedencia de la acción de libertad para que se le conceda tutela; es decir, cuál de los numerales del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) alega para conseguir la tutela pretendida; d) Si bien la acción de libertad esta desprovista de formalismos, esto no implica que la parte que la solicite señale de forma precisa la causa de por qué acude en busca de tutela constitucional, misma que se constituye en extraordinaria, al contrario, realizó la enumeración de artículos de la Constitución Política del Estado que estarían siendo vulnerados; sin embargo, no explicó de manera fundada como se incurrió en dicha vulneración, incluso se afirmó el quebrantamiento de un valor constitucional previsto por el art. 8 de la CPE; e) En cuanto a la dilación referida por el accionante, no se explicó cuál es la norma jurídica que determina que exista dilación, indicando que se demoró en una supuesta devolución de antecedentes; empero, no señaló que norma jurídica determina el plazo en el que se debe devolver antecedentes; y, f) Como establece la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173-, en sus modificaciones al Código de Procedimiento Penal, se tiene que conforme al art. 113 del CPP, las audiencias serán registradas en su integridad, así como de manera audiovisual; por lo que para la consideración de un recurso de apelación se debe adjuntar la grabación de la audiencia como la resolución apelada, partes que son pertinentes para el desarrollo de las audiencias de consideración del recurso de apelación. Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 100.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución V-84/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 115 a 120 vta., concedió -parcialmente- la tutela solicitada con relación a Ángel Flores Medina y Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretarios de la Sala Penal Primera y Segunda, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que en el día informen ante los Vocales de las respectivas Salas que les corresponde resolver los recursos de apelación incidental que motivan la presente acción tutelar sobre el superabundante cumplimiento del plazo para resolver las mismas con la finalidad que sin espera de turno ingresen para su correspondiente audiencia y/o resolución; y, denegó la tutela solicitada contra el Juez y la Secretaria hoy accionados, ya que los decretos dilatorios dictados por los Secretarios de Sala hoy coaccionados, no son atribuibles a sus personas; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes remitidos se tiene que se comunicó el inicio de investigaciones contra el accionante de dieciséis años de edad, el 13 de marzo de 2023, presentándose el 14 de ese mes y año la correspondiente imputación formal contra el nombrado, por la supuesta comisión del delito de atentado contra la salud pública, previsto por el art. 216 del CP, señalándose audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares para la misma fecha a las 11:00 horas, oportunidad en la que se dictaron las Resoluciones 31/2023 y 32/2023, la primera referida a un rechazo de la solicitud del Ministerio Público de salida alternativa por reparación del daño y la segunda hace referencia a la aplicación de medidas cautelares contra el accionante, disponiéndose su detención preventiva en el Centro de Integración Social de Varones de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz advirtiéndose del acto que no se presentó ningún recurso de apelación y conforme la misma se encontraban presentes en audiencia el Ministerio Público, la DNA, el denunciante, el accionante, su progenitora y su abogado; 2) Tres días después de la mencionada audiencia, mediante buzón judicial, la defensa del accionante el 17 de marzo de 2023 -viernes-, presentó dos recursos de apelación incidental contra las citadas Resoluciones; por lo que esos recursos se remitieron al Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz el 20 del indicado mes y año -lunes-; es decir, dentro de las veinticuatro horas, y en ese mismo periodo de tiempo, el 21 de dicho mes y año, el Juez ahora accionado dispuso el traslado a las partes procesales, realizándose las notificaciones correspondientes el 22 del señalado mes y año, y el 28 del citado mes y año, se ordenó la remisión del legajo del recurso de apelación incidental debidamente diligenciado previo sorteo a las Salas Penales del referido Tribunal, para luego procederse a la remisión el 30 del referido mes y año, a la Sala Penal Segunda del citado Tribunal el recurso de apelación contra la Resolución 31/2023 y a la Sala Penal Primera del mencionado Tribunal el recurso de apelación incidental contra la Resolución 32/2023, lo cual consta por el sello de recepción de ambas Salas; 3) Posteriormente, el 3 de abril de ese año, el Secretario de la Sala Penal Primera ahora coaccionado efectuó una primera observación al cuaderno remitido, indicando que conforme a la previsión del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), se debe adjuntar las notificaciones a la DNA con el memorial de 20 de marzo de 2023 y el decreto de 21 del citado mes y año, devolviendo a ese efecto el cuaderno del recurso apelación incidental, y diez días después, el 13 de abril del mismo año, dicta otro decreto realizando una segunda observación, con base en la misma norma, ordenando que el “tribunal ad quo” adjunte el CD con la grabación de la audiencia de 14 de marzo de 2023, de conformidad con el art. 113.VI del CPP modificado por el art. 7 de la Ley 1173; por lo cual nuevamente devolvió el citado cuaderno de apelación al Juzgado de origen; 4) El 3 de abril de 2023, el Secretario de la Sala Penal Segunda ahora coaccionado observó el cuaderno de apelación que fue remitido ante dicha Sala, indicando que la Resolución 31/2023 en la que se hizo referencia a una “Resolución 02” de salida alternativa de reparación de daños, la cual no estaba adjunta; por lo que para subsanar esa observación devolvió el mismo al Juzgado de origen; 5) De lo expuesto, se tiene que el Secretario de la Sala Penal Primera hoy coaccionado dispuso la devolución de obrados al Juzgado de origen en dos oportunidades mediante decretos de 3 y 13 de abril de 2023, con el objeto de que se subsanen supuestas omisiones de forma, no obstante que a “la fecha” se tienen habilitados medios tecnológicos por los que se podía solicitar al Juzgado de origen se adjunten las piezas extrañadas sin necesidad de devolver el referido cuaderno de apelación, tampoco se podía solicitar la aplicación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, en su caso está regido por la Ley “348”, se entiende entonces que se trata de dos decretos que son netamente dilatorias y que son atribuibles a ese funcionario de apoyo jurisdiccional; 6) Respecto al Secretario de la Sala Penal Segunda ahora coaccionado, se tiene que devolvió el señalado cuaderno de apelación al Juzgado de origen para la incorporación de la “Resolución 02” que habría sido citada por el Ministerio Público; empero, que la autoridad judicial hoy accionada no la mencionó en la fundamentación de su “resolución”; consecuentemente, bajo los mismos razonamientos señalados precedentemente, también se entiende que las observaciones realizadas por el nombrado también resulta dilatoria, ya que no era necesario devolver el cuaderno de apelación para que se subsane un aspecto meramente formal; y, 7) En ese sentido, de la revisión efectuada, se constató que efectivamente el accionante fue sometido a una dilación indebida mediante las decretos que fueron emitidos por los Secretarios de las Sala Penales ahora coaccionados, ya que la ausencia de actuados u observaciones de forma, no justifican la devolución de los cuadernos de apelación al Juzgado de origen, ya que pudieron oficiar o utilizar los medios tecnológicos para que se les remitan las piezas procesales que extrañaban, y así evitar la dilación en el trámite de ambos recursos de apelación incidental, sin olvidar que cuando se trata de decretos inapropiados -art. 128 de la LOJ- el Tribunal Constitucional Plurinacional concedió tutela, así como ejemplo se tiene la SCP 0013/2015-S2 de 9 de enero, caso en el que la autoridad accionada no tomó en cuenta la celeridad que merece una resolución vinculada a la libertad personal, emitiendo decretos dilatorios que afectaron los derechos alegados por el nombrado, principalmente a la libertad. En vía de complementación, aclaración y enmienda, el accionante solicitó al Juez de garantías: i) La dirección del proceso corresponde al Juez y a la Secretaria hoy accionados, quienes debieron remitir a cabalidad y de forma completa conforme las observaciones de los Tribunales de alzada; sin embargo, no existe ningún tipo de responsabilidad para los mismos, por lo que pidió que se amplíen los fundamentos ya que ellos también incurrieron en dilación procesal; ii) Solicitó de manera expresa que se remitan antecedentes para la responsabilidad disciplinaria y penal respecto de los hoy accionados al advertirse dilación; y, iii) La imposición de costas, considerando que la madre -representante- del accionante es muy humilde. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías señaló que: a) La Resolución V-84/2023 emitida fue clara, se efectuó la relación de los actuados realizados por el Juez y la Secretaria hoy accionados, siendo evidente que la dirección del proceso le corresponde al Juez y no a la Secretaria; así como también se hizo una referencia al cómputo de plazos conforme las previsiones del art. 292 del CNNA, dejando constancia que los nombrados cumplieron sus actuaciones dentro de los plazos que establece la norma procedimental vinculada al caso concreto; b) Con relación a la imposición de responsabilidades penales, costas, daños y perjuicios, corresponde que los mismos sean considerados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión; y, c) Respecto a la solicitud de fotocopias legalizadas, por Secretaría de su Juzgado procédase a franquearse las mismas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 31/2023 de 14 de marzo, emitida por Carlos Alberto Chuquimia Chuquimia, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionado-; por la cual se rechazó la solicitud del Ministerio Público de salida alternativa de reparación del daño en favor del menor de edad AA -ahora accionante-, por no cumplir con los presupuestos del art. 302 del CNNA (fs. 5 a 6). II.2. Mediante Resolución 32/2023 de 14 de marzo, pronunciada por el Juez ahora accionado, se dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro de Reintegración Social de Varones de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (fs. 7 a 8 vta.). II.3. Por memorial presentado el 20 de marzo de 2023, ante el Juez hoy accionado; el accionante a través de su representante formuló recurso de apelación incidental contra la Resolución 31/2023 (fs. 32 a 34 vta.); dicho escrito, mereció el decreto de 21 de igual mes y año, emitido por el referido Juez, por el cual se tuvo presente el recurso de apelación incidental, y se corrió en traslado a las partes procesales (fs. 35). II.4. A través de memorial presentado el 20 de marzo de 2023, ante el Juez hoy accionado; el accionante mediante su representante planteó recurso de apelación incidental contra la Resolución 32/2023, de conformidad al art. 314.I.a del CNNA (fs. 23 a 30 vta.); mereciendo el decreto de 21 de igual mes y año, mediante el cual el Juez ahora accionado tuvo presente el recurso de apelación, y corrió en traslado a las partes procesales (fs. 31). II.5. Cursa Resolución de 28 de marzo de 2023, emitida por el Juez ahora accionado, en mérito a los recursos de apelación planteados contra las Resoluciones 31/2023 y 32/2023, las cuales fueron notificadas a las partes a efecto de que puedan responderlas, conforme se tiene establecido por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, por la cual se ordenó a la auxiliar de su Juzgado remita el legajo de apelación debidamente diligenciado “y la Secretaria” debiendo realizar el correspondiente sorteo a las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 36).
II.6. Mediante Nota de 30 de marzo de 2023, dirigida al Presidente de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el Juez hoy accionado remitió el recurso de apelación planteado por el accionante contra la Resolución 32/2023, constando la recepción de dicha Sala el 31 de igual mes y año (fs. 37 y vta.). II.7. Por Nota de 30 de marzo de 2023, dirigida a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el Juez ahora accionado remitió el recurso de apelación incidental planteado por el accionante contra la Resolución 31/2023 (fs. 41). II.8. A través del decreto de 3 de abril de 2023, pronunciado por Angel Flores Medina, Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy coaccionado-, se dispuso la devolución de obrados al Juzgado de origen, para que se adjunten las notificaciones a la DNA con el memorial de 20 de marzo de ese año y su decreto de 21 de igual mes y año (fs. 38). II.9. Mediante decreto de 3 de abril de 2023, emitido por Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora coaccionado-, se indicó que ante la verificación de antecedentes remitidos, se tiene que por Nota de 30 de marzo de igual año, se remitió el recurso de apelación planteado contra la Resolución 31/2023, misma que consideró una solicitud de salida alternativa de reparación de daño del accionante, y siendo que de la lectura del acta de la audiencia de 14 de marzo de dicho año, se tiene que se hizo referencia a la “Resolución 02”, misma que no estaba adjunta; por lo que se dispuso la devolución de obrados al Juzgado de origen para su subsanación (fs. 42). II.10. Por decreto de 13 de abril de 2023, el Secretario de la Sala Penal Primera hoy coaccionado, observó la falta del CD con la grabación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 14 de marzo del mismo año, de conformidad al art. 113.IV del CPP; por lo que dispuso la devolución de obrados al Juzgado de origen, exhortando se subsanen los aspectos observados (fs. 40). II.11. Cursa Informe presentado el 17 de abril de 2023, suscrito por Remedios Mamani Alvarado, Secretaria del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora coaccionada-, dirigido al Juez hoy accionado; por el cual se señaló que en cumplimiento a la observación efectuada por el Secretario de la Sala Penal Segunda hoy coaccionado, realizó la revisión de antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, del acta de audiencia de 14 de marzo de ese año, de la Resolución 31/2023; además consultó de forma verbal con la Fiscal de Materia, estableciendo que la “Resolución 02” extrañada no existe, sino únicamente fue mencionada por la citada Fiscal en la audiencia y que en la “Resolución apelada” no se hizo mención a la misma; en ese sentido, mediante decreto de 17 de abril de 2023, el referido Juez, tuvo presente dicho informe, y ordenó que por “auxiliatura” se remita en el día el legajo de recurso de apelación (fs. 104 y vta.). II.12. Consta decreto de 17 de abril de 2023, emitido por el Juez ahora accionado, mediante refuncionalización no contaba con sistema de grabación, implementándose “a la fecha” los equipos, mismo que en sala de audiencia no cuenta con cámara de grabación, y con la finalidad de evitar un retraso en los procesos se desarrollaron todas las audiencias de manera presencial; por lo que tampoco se proveyó de grabadora; por lo cual realizarán las adquisiciones por la unidad correspondiente. Asimismo, el proceso no se tramita bajo las reglas del Código de Procedimiento Penal menos de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173-, sino con el Código Niño Niña y Adolescente, que tiene su propio procedimiento para procesos penales con adolescentes responsables, teniendo ciertas características especiales que impiden inclusive el cargado al Sistema de actos desarrollados en audiencia; debiéndose considerar que el Reglamento del mencionado Código, DS 2377, en su Disposiciones Adicional Única, señala expresamente que se aplicaran de manera supletoria las normas adjetivas civiles, laborales vigentes. En ese sentido, se remitan antecedentes nuevamente a la mencionada Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz con nota de atención (fs. 105).
El accionante a través de su representante -su madre- denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que presentados los recursos de apelación incidental contra las Resoluciones: 31/2023 de 14 de marzo, por la cual se rechazó la salida alternativa por reparación de daño solicitada por el Ministerio Público; y, la 32/2023 de igual fecha, mediante la cual se dispuso su detención preventiva: 1) El Juez y la Secretaria ahora accionados no remitieron los mismos dentro del plazo establecido por norma; 2) El Secretario de la Sala Penal Primera hoy coaccionado -en cuanto a la Resolución 32/2023-, la observó en dos ocasiones diferentes, primero, la falta de la notificación a la DNA con el memorial de 20 de marzo de 2023 y su decreto de 21 de ese mes y año; y, posteriormente, pidió la remisión del CD que contendría la grabación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, devolviendo obrados al Juzgado de origen; y, 3) El Secretario de la Sala Penal Segunda hoy coaccionado -respecto al recurso de apelación incidental de la Resolución 31/2023-, observó la falta de la “Resolución 02” citada en la audiencia de 14 de marzo de 2023. De esa manera, todos los hoy accionados ocasionaron una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, entre otras, ratificando los entendimientos jurisprudenciales asumidos por la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisó que: ‘“ …a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”’ (las negrillas son nuestras).
La SCP 0508/2013 de 19 de abril, estableció que: «El debido proceso es un derecho reconocido en los diferentes instrumentos internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá en el año 1948, el cual dispone en su art. 18, normas relativas al debido proceso y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, acoge el referido derecho en su art. 8, en nuestro país se encuentra reconocido por el art. 115 de la CPE, en el cual el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. La jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos extendió el concepto del debido proceso adjetivo o legal entendido como la armonía que debe existir entre el proceso y la ley al debido proceso sustantivo que abarca el concepto de razonabilidad entre las leyes y actos públicos o privados con las normas y principios reconocidos por la Constitución política del Estado. A partir de la SC 1276/2001-R de 5 de diciembre, se entiende el debido proceso como "'…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…', comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que 'las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos'", refiriéndose sin duda alguna no solo al mero cumplimiento de las fases y formalidades procesales (debido proceso adjetivo) sino a la observancia de la finalidad del proceso que no puede ser otro que una decisión justa y equitativa (debido proceso sustantivo)». En ese contexto, dentro de los elementos del debido proceso, se tiene el principio de celeridad, constitucionalmente reconocido por los arts. 115 y 180 de la CPE, cuyo rango constitucional converge en su naturaleza integral de las reglas mínimas a las que debe sujetarse un proceso judicial; que implica el desarrollo del proceso en un plazo razonable, oportuno, sin dilaciones indebidas y que converja con la finalidad del proceso, siendo la base fundamental de este principio integrante del debido proceso, la necesidad de acceso efectivo a la justicia, a partir de la celeridad de la actividad procesal.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció al respecto que: “De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante -su madre- denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que presentados los recursos de apelación incidental contra las Resoluciones: 31/2023 de 14 de marzo, por la cual se rechazó la salida alternativa por reparación de daño solicitada por el Ministerio Público; y, la 32/2023 de igual fecha, mediante la cual se dispuso su detención preventiva: i) El Juez y la Secretaria ahora accionados no remitieron los mismos dentro del plazo establecido por norma; ii) El Secretario de la Sala Penal Primera hoy coaccionado -en cuanto a la Resolución 32/2023-, la observó en dos ocasiones diferentes, primero, la falta de la notificación a la DNA con el memorial de 20 de marzo de 2023 y su decreto de 21 de ese mes y año; y, posteriormente, pidió la remisión del CD que contendría la grabación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, devolviendo obrados al Juzgado de origen; y, iii) El Secretario de la Sala Penal Segunda hoy coaccionado -respecto al recurso de apelación incidental de la Resolución 31/2023-, observó la falta de la “Resolución 02” citada en la audiencia de 14 de marzo de 2023. De esa manera, todos los hoy accionados ocasionaron una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes se tiene que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de atentado contra la salud pública, el Juez ahora accionado emitió la Resolución 31/2023 que rechazó la solicitud del Ministerio Público de salida alternativa de reparación del daño en favor del nombrado, por no cumplir con los presupuestos del art. 302 del CNNA (Conclusión II.1.). En la misma fecha, la citada autoridad judicial dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro de Reintegración Social de Varones de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, mediante la Resolución 32/2023 (Conclusión II.2.). En ese sentido, el accionante por memorial presentado el 20 de marzo de 2023, formuló y corrió en traslado a las partes procesales (Conclusión II.3.). Así también, por memorial presentado el 20 de marzo de 2023, el accionante planteó recurso de apelación incidental contra la Resolución 32/2023, de conformidad al art. 314.I.a del CNNA (fs. 23 a 30 vta.); mereciendo el decreto de 21 de igual mes y año, mediante el cual el Juez ahora accionado tuvo presente el recurso de apelación incidental, y corrió en traslado a las partes procesales (Conclusión II.4.). A través de la Resolución de 28 de marzo de 2023, el Juez ahora accionado, en mérito a los recursos de apelación incidental planteados contra las Resoluciones 31/2023 y 32/2023, las cuales fueron notificadas a las partes a efecto de que puedan responderlas, conforme se tiene establecido por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, por la cual se ordenó a la auxiliar de su Juzgado remita el legajo de apelación debidamente diligenciado “y la Secretaria” debiendo realizar el correspondiente sorteo a las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.5.). Es así que, mediante Nota de 30 de marzo de 2023, el Juez hoy accionado remitió a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el recurso de apelación incidental planteado por el accionante contra la Resolución 32/2023, constando la recepción de dicha Sala el 31 de igual mes y año (Conclusión II.6.).
El Juez ahora accionado, mediante Nota de 30 de marzo de 2023, dirigido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió el recurso de apelación incidental planteado por el accionante contra la Resolución 31/2023 (Conclusión II.7.).
De esa manera, por una parte, a través del decreto de 3 de abril de 2023, el Secretario de la Sala Penal Primera hoy coaccionado dispuso la devolución de obrados al Juzgado de origen, para que se adjunten las notificaciones a la DNA con el memorial de 20 de marzo de 2023 y su decreto de 21 de ese mes y año (Conclusión II.8.). Por otra parte, el Secretario de la Sala Penal Segunda ahora coaccionado mediante decreto de 3 de abril de 2023, señaló que ante la verificación de antecedentes remitidos, se tiene que por Nota de 30 de marzo de igual año, se remitió el recurso apelación incidental planteado contra la Resolución 31/2023, misma que consideró una solicitud de salida alternativa de reparación de daño del accionante, y siendo que de la lectura del acta de la audiencia de 14 de marzo de dicho año, se tiene que se hizo referencia a la “Resolución 02”, misma que no está adjunta; por lo que se dispuso la devolución de obrados al Juzgado de origen para su subsanación (Conclusión II.9.). Mediante decreto de 13 de abril de 2023, el Secretario de la Sala Penal Primera hoy coaccionado, observó la falta del CD con la grabación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 14 de marzo del mismo año, de conformidad al art. 113.IV del CPP; por lo que dispuso la devolución de obrados al Juzgado de origen, exhortando se subsanen los aspectos observados (Conclusión II.10.). Es así que, a través del Informe presentado el 17 de abril de 2023, suscrito por la Secretaria ahora coaccionada, dirigido al Juez hoy accionado, se indicó que en cumplimiento a la observación efectuada por el Secretario de la Sala Penal Segunda hoy coaccionado, realizó la revisión de antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, del acta de audiencia de 14 de marzo de ese año, de la Resolución 31/2023, y además consultó de forma verbal con la Fiscal de Materia, estableciendo que la “Resolución 02” extrañada no existe, sino únicamente fue mencionada por la citada Fiscal en la audiencia y que en la “resolución apelada” no se hizo mención a la misma; en ese sentido, mediante decreto de 17 de abril de 2023, el nombrado Juez, tuvo presente dicho informe, y ordenó que por “auxiliatura” se remita en el día el legajo de recurso de apelación incidental (Conclusión II.11.). Finalmente, el Juez ahora accionado emitió el decreto de 17 de abril de 2023, por el que señaló las observaciones efectuadas por el Secretario de la Sala Penal Primera hoy coaccionado, se debe tener presente que su Juzgado al ser de reciente creación por la refuncionalización no contaba con sistema de grabación, implementándose a la fecha los equipos, mismo que en sala de audiencia no cuenta con cámara de grabación, y con la finalidad de evitar un retraso en los procesos se desarrollaron todas las audiencias de manera presencial; por lo que tampoco se proveyó de grabadora; recién se realizarán las adquisiciones por la unidad correspondiente. También es importante conocer que el proceso no se tramita bajo las reglas del Código de Procedimiento Penal menos de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173-, sino con el Código Niño Niña y Adolescente, que tiene su propio procedimiento para procesos penales con adolescentes responsables, teniendo ciertas características especiales que impiden inclusive el cargado al Sistema de actos desarrollados en audiencia; debiéndose considerar que el Reglamento del mencionado Código, DS 2377, en su Disposición Adicional Única, señala expresamente que se aplicaran de manera supletoria las normas adjetivas civiles, laborales vigentes. En ese sentido, se remitan antecedentes nuevamente a la mencionada Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz con nota de atención (Conclusión II.12.).
En cuanto a la Resolución 31/2023 de 14 de marzo -de rechazo de solicitud de salida alternativa por reparación del daño-
Para resolver la problemática jurídica planteada respecto a la Resolución 31/2023, corresponde considerar la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que establece que el debido proceso vía acción de libertad únicamente procede cuando concurren los siguientes presupuestos: a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, omisiones indebidas o amenazas de la autoridad pública deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Exista absoluto estado de indefensión. Consecuentemente, corresponde verificar si en el presente caso los citados presupuestos concurren o no.
En ese sentido, en cuanto al primer presupuesto, se advierte que el accionante pretende que a través de la acción de libertad, se resuelvan presuntas irregularidades del debido proceso en las que habría incurrido el Juez y la Secretaria ahora accionados al no remitir dentro del plazo establecido el recurso de apelación incidental planteado por su defensa, y que el Secretario de la Sala Penal Segunda hoy coaccionado, observó la falta de remisión de cierta documentación; por lo que devolvió obrados al Juzgado de origen; lo que ocasionaría una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica; sin embargo, el accionante no consideró que dichas denuncias no se encuentran directamente vinculadas a su derecho a la libertad o constituya una amenaza al mismo, debido a que la solicitud de salida alternativa de reparación de daño no constituye un actuado procesal mediante el cual se modifique la situación jurídica del nombrado; consecuentemente, no concurre el primer presupuesto establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional para que el derecho al debido proceso pueda ser tutelado vía acción de libertad.
En cuanto al segundo presupuesto, se advierte a partir de lo indicado por el propio accionante y los antecedentes cursantes en obrados, que el nombrado haciendo uso de su derecho a la defensa, presentó a través de su madre -ahora representante- los recursos de apelación incidental planteados justamente contra las Resoluciones 31/2023 y 32/2023; a partir de lo que se concluye que el mismo se encuentra haciendo uso de dicho derecho de forma irrestricta, ejerciendo una participación activa dentro del mencionado proceso; por lo que tampoco concurre el segundo presupuesto establecido para la procedencia de la acción de libertad por presuntas irregularidades del debido proceso.
Bajo ese contexto, corresponde que el accionante active los medios y recursos previstos en la normativa procesal penal en la vía ordinaria para el reclamo de las presuntas irregularidades del debido proceso ahora denunciadas y una vez agotados, si considera que las irregularidades denunciadas persisten, debe acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, vía idónea para la tutela del derecho al debido proceso respecto a dichas irregularidades no vinculados a la libertad.
En ese sentido, conforme a lo expuesto, al no cumplirse con los dos presupuestos concurrentes que permitan tutelar mediante esta acción de libertad las vulneraciones al debido proceso denunciadas, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada.
En cuanto a la Resolución 32/2023 de 14 de marzo -de aplicación de la medida cautelar de detención preventiva-
El accionante denunció al respecto que: 1) El Juez y la Secretaria hoy accionados no remitieron el recurso de apelación incidental planteado contra la Resolución 32/2023 dentro del plazo establecido; y, 2) El Secretario de la Sala Penal Primera ahora coaccionado, observó primero, que faltaba la notificación a la DNA con el memorial de 20 de marzo de 2023 y su correspondiente decreto; y de manera posterior observó que no se remitió el CD que contendría la grabación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, devolviendo en dos oportunidades el caso al Juzgado de origen.
Respecto al Juez ahora accionado
Bajo ese contexto, ingresando a la problemática planteada, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.2. y III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el principio de celeridad, constitucionalmente reconocido por los arts. 115 y 180 de la CPE, cuyo rango constitucional converge en su naturaleza integral de las reglas mínimas a las que debe sujetarse un proceso judicial, implica el desarrollo del proceso en un plazo razonable, oportuno, sin dilaciones indebidas y que concurra con la finalidad del proceso, siendo la base fundamental de este principio integrante del debido proceso, la necesidad de acceso efectivo a la justicia, a partir de la celeridad de la actividad procesal; más aún cuando se trate de una solicitud en la cual se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, toda autoridad jurisdiccional que la conozca tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro un plazo razonable; puesto que de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho.
En ese marco, el art. 314.II del CNNA establece la forma y los plazos para la tramitación
“I. El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones:
a) Sobre medidas cautelares o su sustitución o el sobreseimiento;
b) L a que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la investigación en casos relacionados a organizaciones criminales, asociaciones delictuosas o delitos complejos; y, c) L as que se dicten en ejecución de sentencia.
fundamentado, ante la Jueza o el Juez que dictó la resolución, dentro de los tres (3) días de notificada la misma al recurrente.
son nuestras). En ese sentido, para resolver la problemática planteada mediante esta acción tutelar, corresponde señalar que de la revisión efectuada por el Juez de garantías, se tiene que el Juez hoy accionado emitió la Resolución 32/2023, a través de la cual dispuso la detención preventiva del accionante; en ese sentido, a partir de la revisión efectuada por el Juez de garantías respecto a los antecedentes que le fueron remitidos a objeto de la resolución de la presente acción tutelar, se tiene que el accionante a través de su madre -representante-, mediante buzón judicial el 17 de marzo de 2023 -viernes-, presentó el recurso de apelación incidental contra la citada Resolución, la cual fue remitida al Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz el 20 del indicado mes y año -lunes-; es decir, al día siguiente hábil, y en ese mismo lapso, el 21 de dicho mes y año -martes-, el Juez ahora accionado dispuso el traslado a las partes procesales, realizándose las notificaciones correspondientes el 22 del señalado mes y año -miércoles-, y el 28 del citado mes y año -lunes-, dicha autoridad judicial ordenó la remisión del legajo de apelación a la Sala Penal correspondiente previo sorteo, efectuándose la remisión del mencionado recurso el 30 del referido mes y año, a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constando el sello de recepción de la citada Sala el 31 de dicho mes y año.
En ese marco, lo denunciado mediante esta acción tutelar respecto a la supuesta dilación ocasionada por el Juez ahora accionado, no resulta evidente; puesto que a partir de la revisión de los antecedentes precedentemente señalados se tiene que dicha autoridad judicial ante la presentación del recurso de apelación incidental en su Juzgado -20 de marzo de 2023-, dispuso el traslado correspondiente a las partes procesales para que dentro del plazo de tres días puedan responder dicho recurso -21 de igual mes y año-, procediéndose a las notificaciones efectuadas el 22 de dicho mes y año; por lo que considerando que existía un fin de semana de por medio, el 28 de ese mes y año, al amparo de la previsión del art. 403 y ss. del CPP, ante el vencimiento del mencionado plazo, de oficio, ordenó la remisión de obrados ante la Sala Penal correspondiente previo sorteo, consecuentemente, dio cumplimiento con la previsión del art. 314 del CNNA, el cual señala que una vez interpuesto el citado recurso por escrito, ante el Juez ahora accionado que dictó la resolución apelada, dentro de los tres días de notificada con la misma al accionante, y con la respuesta al traslado a las partes procesales o vencido el plazo para hacerlo, dicho recurso será elevado a consideración del Tribunal de alzada; correspondiendo aclarar al accionante, que conforme a la previsión del art. 292.I del CNNA, los plazos procesales son improrrogables y perentorios, corren al día hábil siguiente de practicada la notificación y vencen el último día hábil señalado; consecuentemente, dicha autoridad judicial enmarcó sus actuaciones dentro de las citadas normativas aplicables al caso concreto; por lo que no vulneró derecho alguno del accionante, correspondiendo al efecto denegar la tutela solicitada.
Sobre la Secretaria del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Muje
Corresponde señalar que la misma carece de legitimación pasiva para ser accionada en acciones tutelares, esencialmente porque no tiene competencia para asumir determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos judiciales, aunque existen ciertas excepciones en las que su acción u omisión vulnera derechos o garantías constitucionales, como se tiene establecido en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional; sin embargo, las mismas no pueden ser consideradas en el presente caso, por cuanto conforme se tiene precedentemente concluido, a partir de la revisión de los antecedentes se tiene que en la tramitación del recurso de apelación incidental planteado por el accionante contra la Resolución 32/2023, que dispuso su detención preventiva, la misma fue realizada conforme a la normativa prevista a tal efecto; por lo que la referida funcionaria de apoyo jurisdiccional no incumplió con ninguna instrucción u orden impartida de su superior en grado, en este caso el Juez ahora accionado; es así que, por parte de la citada Secretaria tampoco se vulneró ningún derecho del accionante, correspondiendo consecuentemente denegar la tutela respecto a la misma. Respecto al Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz hoy coaccionado El accionante denuncia a través de la acción de libertad que el Secretario de la Sala Penal Primera ahora coaccionado, observó primero, que faltaba la notificación a la DNA con el memorial de 20 de marzo de 2023 -recurso de apelación incidental- y su correspondiente decreto, y demanera posterior que no se remitió el CD que contendría la grabación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares. Para resolver la problemática identificada precedentemente, corresponde considerar el art. 56 del CP modificado por el art. 3 de la Ley 1173, que establece que:
“I. La jueza, el juez o tribunal será asistido con la debida diligencia en el cumplimiento d (…)
3. Emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia”.
En ese sentido, de la revisión de los antecedentes cursantes en el cuaderno procesal y de la verificación efectuada por el Juez de garantías respecto de la documentación remitida a su consideración, se advierte que el Secretario de la Sala Penal Primera ahora coaccionado, una vez recibido el recurso de apelación incidental planteado por el accionante respecto a la Resolución 32/2023, como consta en el sello de recepción de la Sala Penal Primera el 31 de marzo de 2023, a través del decreto de 3 de abril de ese año, de conformidad con lo establecido por el art. 17.I de la LOJ, dispuso la devolución de obrados al Juzgado de origen, para que se adjunten las notificaciones a la DNA con el memorial de 20 de marzo de 2023 y su decreto de 21 de ese mes y año; y, de manera posterior, el 13 de abril del citado año, mediante otro decreto observó la falta del CD con la grabación de la audiencia de 14 de marzo del mismo año, señalando el art. 113.IV del CPP modificado por el art. 7 de la Ley 1173, por lo que dispuso la devolución de obrados al Juzgado de origen, exhortando se subsanen los aspectos observados.
Bajo ese contexto, corresponde considerar que si bien los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional no cuentan con legitimación pasiva para ser demandados mediante una acción de libertad, tal como lo establece la jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.4. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; no obstante, en el presente caso, debido a los antecedentes que cursan en obrados se advierte que el Secretario de la Sala Penal Primera ahora coaccionado cuenta legitimación pasiva para ser accionado en la acción tutelar, al encontrarse dentro de una de las excepciones a dicha regla, concretamente en la prevista por el inc. b) que fue citado en el mencionado Fundamento Jurídico -que la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos-; por cuanto si bien se encuentra establecido por ley como una de sus funciones emitir providencias -56.I.3 del CPP-, lo cual en el presente caso lo hizo conforme a la previsión del art. 17.I de la LOJ, que determina que la revisión de las actuaciones procesales será de oficio; no obstante, hizo un uso excesivo de las funciones, desconociendo de esa manera sus obligaciones conferidas por ley, por cuanto emitió decretos observando en dos diferentes oportunidades el legajo de apelación respecto a la Resolución 32/2023, remitido a esa Sala Penal; de esa manera, el 3 de abril de 2023 -extrañando la notificación a la DNA con la formulación del recurso de apelación incidental y su decreto- y de manera posterior, el 13 de igual mes y año -pidiendo la remisión del CD con la grabación de la audiencia en la que se emitió la mencionada Resolución-; ocasionando una dilación innecesaria en la consideración y resolución del recurso de apelación incidental planteado, ya que tomando en cuenta la fecha de recepción del mismo en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -31 de marzo de 2023-, dejó que transcurriera el tiempo realizando observaciones que dilataron la resolución de la situación jurídica del accionante, sin que la misma sea resuelta hasta la presentación de la acción de libertad -18 de abril de ese año-, pues bien pudo advertir de la revisión correspondiente ambos extremos observados y realizar de manera conjunta una solo decreto con los requerimientos solicitados al Juzgado de origen y sin la necesidad de efectuar la devolución de obrados, tomando en cuenta que el recurrente -accionante- se trata de un menor de edad; asimismo, pudo requerir que se remitan a esa Sala Penal la documentación que consideraba necesaria a partir de cualquier medio tecnológico que coadyuve en la pronta resolución de ese recurso de apelación, considerando la condición del nombrado, quien pertenece a un grupo vulnerable al tratarse de un menor de edad y que es deber del Estado y la sociedad en su conjunto garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, extremo que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, tal como lo establece el art. 60 de la CPE.
De esa manera, conforme a lo señalado precedentemente, el Secretario de la Sala Penal Primera ahora coaccionado actuó de manera negligente, vulnerando de esa manera el derecho a la libertad del accionante vinculado a la celeridad como elemento del debido proceso -Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional-; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad de traslativa o de pronto despacho -Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional-, más aun si se considera que toda solicitud vinculada a la libertad de las personas debe ser tramitada con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos establecidos por la normativa o en un plazo razonable, un actuar contrario implica una dilación injustificada que vulnera directamente la libertad de las personas, más aun considerando en el presente caso la condición de menor de edad del recurrente -accionante-, razón por la cual se debe conceder la tutela solicitada al respecto.
Aclarar que el accionante tiene los medios o mecanismos legales correspondientes para acudir a las instancias que estime pertinentes en contra de la autoridad y funcionarios de apoyo jurisdiccional coaccionados para que se determine -en el caso que corresponda- la responsabilidad disciplinaria y penal.
Finalmente, en cuanto a la solicitud de imposición de costas, daños y perjuicios, estas no pueden ser consideradas en razón a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del CPCo. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder -en parte- la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución V-84/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 115 a 120 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, únicamente respecto a la dilación indebida en la tramitación del recurso de apelación incidental planteado contra la Resolución 32/2023 de 14 de marzo, ocasionado por el Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
a) Disponer que el Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de manera inmediata, imprima el trámite correspondiente a dicho recurso de apelación incidental para que el mismo sea considerado y resuelto por los Vocales de esa Sala dentro del plazo establecido por el art. 314.III del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); siempre y cuando no lo hubiese realizado por el transcurso del tiempo. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al Juez y a la Secretaria, ambos del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, el Secretario de las Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0632_2023-S3.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0bde4c6f25699c77909aba904b6935fb0a438a672257bbce2b957d77e4350b39
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