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SCP 0632/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
46983-2022-94-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; alegando que, concluida la audiencia de medidas cautelares que amplió el plazo de su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio emitido el 8 de abril de 2022, contra el cual interpuso recurso de apelación incidental de manera oral en ese mismo acto procesal, la demandada no remitió los antecedentes del expediente ante el Tribunal de alzada conforme lo previsto por el art. 251 del CPP, habiendo transcurrido más de setenta y dos horas hasta el momento de presentación de este mecanismo de defensa, conculcando de esa forma sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 21 a 27 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la aludida Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial
  2. III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Del trámite del recurso de apelación incidental en medidas cautelares
  4. III.4. El principio de celeridad en la administración de justicia
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0632/2023-S2 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46983-2022-94-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 12/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 21 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristian Paco Pillco contra Jhynmena Singuri Pacara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de abril de 2022, cursante de fs. 3 a 4, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia sexual comercial, el 8 de abril de 2022, se celebró la audiencia de consideración de control de plazo de duración de su detención preventiva, en la cual se dispuso la ampliación de veinte días más; por lo que, presentó recurso de apelación incidental, que debió ser remitido en alzada dentro de las veinticuatro horas; empero, no ocurrió así; ya que, a la fecha de la interposición de la acción tutelar transcurrieron setenta y dos horas, y el acta del referido verificativo no fue transcrito, siendo esta una función de la Secretaria demandada, así como, el envío del respectivo expediente, de la resolución y las demás piezas procesales para su valoración en segunda instancia; aspectos vinculados al principio de celeridad que debe ser tomado en cuenta cuando existe un privado de libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad, citando al efecto el art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, ordenando elevar obrados de inmediato más el acta de la audiencia que amplió su detención preventiva y la grabación de la misma en Disco Compacto (CD), debiendo señalar audiencia en alzada en el plazo que establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 12 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 18 a 20 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de esta acción tutelar, y ampliándolo manifestó que, la norma constitucional protege su libertad, y su reclamo fue sustentado en sentencias constitucionales plurinacionales; por lo que, solicitó celeridad.

I.2.2. Informe de la demandada

Jhynmena Singuri Pacara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, mediante informe escrito de 12 de abril de 2022, cursante de fs. 16 a 17, señaló que: a) Respecto a la falta de remisión del expediente por más de setenta y dos horas, tal aspecto fue erróneo; ya que, conforme al “Art. 130”, se computarán días hábiles, teniendo plazo para enviar el Auto Interlocutorio hasta el 11 del citado mes y año; y, b) No cumplió con el envío de la causa en veinticuatro horas debido a la excesiva carga procesal; en razón a que, dejó el expediente en una fotocopiadora; ya que, no podía enviar el original; debido a que, la representante del Ministerio Público y el accionante continuaban presentando memoriales.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí, no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 13.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 12/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 21 a 27 vta., concedió la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La Secretaria demandada tenía veinticuatro horas para remitir los antecedentes conforme los arts. 251 y 130 del CPP, al no hacerlo vulneró el mandato de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que modificó respecto a la elaboración de actas por parte de los secretarios; puesto que, estas ya no deben ser ampulosas y se debe adjuntar un CD para dar celeridad, aspecto que también fue incumplido por la prenombrada; 2) El argumento de la demandada fue mal fundamentado y fuera del marco legal, carente de sustento probatorio, de donde se evidenció la negligencia de la misma; y, 3) En la SCP 0002/2019-S3 de 15 de enero, se estableció que la legitimación pasiva alcanza al secretario de un juzgado; y en el caso concreto, también tuvo responsabilidad el Juez de la causa por no controlar a su personal en el cumplimiento de los plazos procesales.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de garantías de 12 de abril de 2022, en la cual, mediante secretaría de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, se informó sobre la asistencia de los sujetos procesales; evidenciándose la ausencia de la demandada y de la representante fiscal; estando presente el accionante, quien amplió los argumentos de la acción tutelar (fs. 18 a 20 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; alegando que, concluida la audiencia de medidas cautelares que amplió el plazo de su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio emitido el 8 de abril de 2022, contra el cual interpuso recurso de apelación incidental de manera oral en ese mismo acto procesal, la demandada no remitió los antecedentes del expediente ante el Tribunal de alzada conforme lo previsto por el art. 251 del CPP, habiendo transcurrido más de setenta y dos horas hasta el momento de presentación de este mecanismo de defensa, conculcando de esa forma sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial

El art. 83 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que las servidoras o servidores de apoyo judicial son: La conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la auxiliar o el auxiliar; y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y obligaciones se hallan previstas en la precitada norma. Sobre este tema, la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio, sostuvo que: “A efectos de determinar la legitimación pasiva en las acciones de libertad, de los servidores de apoyo judicial, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional en primera instancia, estableció que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados; dado que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, limitando sus funciones a acatar las órdenes o instrucciones de la autoridad judicial; sin embargo, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció una excepción en los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial, situación en el cual la autoridad jurisdiccional se deslinda de responsabilidad; posteriormente, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, efectuando una modulación de la línea jurisprudencial en relación al razonamiento asumido en el precitado fallo, amplió un supuesto, estableciendo que también cuentan con legitimación activa, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; argumentando que: ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. …este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida…’. Entendimiento que fue reiterado por la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero” (énfasis y subrayado añadidos). De lo señalado, queda claramente establecido que los servidores de apoyo judicial tienen legitimación pasiva, en caso de concurrir los siguientes supuestos: i) En aquellos casos en los que cometan excesos contradiciendo o incumpliendo la determinación de la autoridad judicial; y, ii) Cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen derechos fundamentales de las personas.

III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció que: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas y subrayado corresponden al texto original).

III.3. Del trámite del recurso de apelación incidental en medidas cautelares

En cuanto al tópico, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, indicó que: “El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal. Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación” (las negrillas nos corresponden). Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0062/2014 de 3 de enero y 0017/2016-S1 de 6 de enero. En ese sentido, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, señaló que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…”.

III.4. El principio de celeridad en la administración de justicia

La SCP 1442/2022-S2 de 8 de noviembre, refirió que: “…el art. 180.I de la CPE señala que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’. Por su parte, el art. 178.I de la Norma Suprema, refiere que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’. En concordancia con la mencionada norma, el art. 115.II de la Ley Fundamental determina que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; de donde se establece que la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas; toda vez que, las personas que intervienen en los procesos, esperan una decisión oportuna de su situación jurídica, máxime si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determinó que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. La SC 0105/2003-R de 27 de enero, sostuvo que: ‘Las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R, entre otras, establecen que el principio de celeridad procesal (…) impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo debería ser cumplido estrictamente’. Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’” (el resaltado y subrayado corresponden al texto original).

III.5. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; alegando que, concluida la audiencia de medidas cautelares que amplió su plazo de detención preventiva mediante Auto Interlocutorio emitido el 8 de abril de 2022, contra el cual interpuso recurso de apelación incidental de manera oral en ese mismo acto procesal, la demandada no remitió los antecedentes del expediente ante el Tribunal de alzada conforme lo previsto en el art. 251 del CPP, habiendo transcurrido más de setenta y dos horas hasta el momento de presentación de este mecanismo de defensa, conculcando de esa manera sus derechos.

De la revisión de los antecedentes, una vez instalada la audiencia de garantías por secretaría de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, se informó que la autoridad demandada no se hizo presente; empero, se dio lectura al informe que remitió; por otra parte, en el mismo acto procesal, el peticionante de tutela a través de su abogado manifestó que: “…siendo que el día de ayer, lunes (…) preguntar si se ha remitido algún actuado con respecto a la audiencia de fecha 8, no se había remitido ningún actuado…” (sic); “…pedimos la celeridad del proceso y se remita los actuados realizados en fecha 8, en la audiencia de control jurisdiccional…” (sic [Conclusión II.1]). En ese entendido, al constituirse la Secretaria demandada en personal de apoyo jurisdiccional, es necesario establecer respecto a la misma acerca de su legitimación pasiva en la presente acción de defensa, que conforme a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, los supuestos en los que los servidores de apoyo judicial tendrán legitimación pasiva, son: a) En aquellos casos en los que cometan excesos contradiciendo o incumpliendo la determinación de la autoridad judicial; y, b) Cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen derechos fundamentales de las personas; por lo que, dentro del presente proceso, se cuestiona que la Secretaria demandada incumplió con su obligación de transcribir el acta de audiencia y remitirla junto a sus antecedentes al superior en grado para que se resuelva el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante; ya que, la misma refirió que el acta aún no estaba elaborada, y la Ley 1173, señala en su art. 56 como un deber y obligación de los secretarios: “…Controlar, a través del sistema informático de gestión de causas, el cumplimiento de los plazos procesales, debiendo informar oportunamente a la jueza, juez o tribunal antes de su vencimiento…”, así como, en el art. 120 que indica: “Las secretarias y los secretarios serán los encargados de redactar la constancia del acta y ésta carecerá de valor sin su firma, sin perjuicio de responsabilidad personal”; adecuando la demandada su conducta al segundo supuesto, la cual al haber incumplido sus obligaciones en el desempeño de sus funciones como Secretaria posee legitimación pasiva, correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Ahora bien, del análisis del presente caso y de su revisión se advierte que la denuncia que realiza el impetrante de tutela respecto a la vulneración de su derecho invocado, con relación a que la Secretaria demandada incumplió el plazo legal para la remisión de los antecedentes del legajo procesal al Tribunal de alzada a fin de que se resuelva su recurso de apelación incidental; se advierte que el Auto Interlocutorio que determinó la ampliación de su detención preventiva fue dictado el 8 de abril de 2022, y en ese mismo acto judicial impugnó ese fallo; siendo que, la aludida personal de apoyo judicial no elevó tal actuado ni obrados en el plazo previsto por la norma, y que a decir de la prenombrada, este retraso fue debido a la carga procesal, sobrepasando el lapso de tiempo determinado por ley, que de acuerdo al art. 130 del CPP, este será computable en días hábiles a excepción de aquellos que se refieran a medidas cautelares; en razón a ello, dicha servidora pública provocó con su omisión de envío de los antecedentes y la elaboración del acta de audiencia, relacionadas a sus deberes, una afectación al derecho que denuncia el accionante, habiendo causado una demora en la remisión de la impugnación formulada al superior en grado, más aún al tratarse de un privado de libertad, cuando debió asumir una actitud diligente y cumplir eficazmente las obligaciones inherentes a sus funciones, observando los plazos procesales y realizando un buen desempeño en sus labores. Bajo ese entendido, conforme establece el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el fin de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Así como, el entendimiento del Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, establece que cuando el recurso de apelación incidental sea planteado de manera oral en audiencia y/o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo el tribunal de alzada el plazo de setenta y dos horas para resolverlo; lo contrario, significaría una dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad. Respecto al principio de celeridad, expresado en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, en las que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, teniendo el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible. Por lo que, en aplicación de lo expresado precedentemente, se evidencia lo reclamado por el peticionante de tutela; ya que, la demandada al no haber remitido los antecedentes del proceso penal al superior en grado en tiempo pertinente, incumplió el plazo previsto en la normativa legal vigente, inobservó sus atribuciones, e imposibilitó que se resuelva de manera oportuna el recurso de apelación incidental, generando una demora injustificada; siendo su labor evitar que cualquier acto en el desempeño de sus funciones, conlleve a una dilación en el tratamiento de solicitudes que estén relacionadas con el derecho a la libertad, causando vulneración al mismo; debido a que, existe una vinculación directa con el citado derecho, causando una retardación indebida en lo concerniente a la situación jurídica del impetrante de tutela, quien se encuentra privado de libertad; por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho, cuya finalidad es acelerar los trámites judiciales y administrativos cuando existen dilaciones indebidas, en trámites invocados por privados de libertad como en el presente caso. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 21 a 27 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la aludida Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0632_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5a9cffa30ed224e4a51299aa00611cea9e779b78201140ded76bc2875853765d

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